jueves, 21 de junio de 2018

Los partícipes necesarios del terror

Procesan y detienen a tres ex oficiales que participaron de la logística del centro clandestino Sheraton

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por el juez Rafecas. Integraron la organización responsable de tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas.

Por Ailín Bullentini

Sheraton funcionó entre 1976 y 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable. 

Un ex oficial del área de Personal, otro de Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1 durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos” para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y ordenó su captura bajo prisión preventiva.

Ricardo Pascual fue oficial de Personal del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978 y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los mismos”, planteó el juez.

Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte, fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1 entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas, transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad, asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.

La investigación judicial comprobó “la íntima relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley, conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.

En ese sentido, los procesamientos “completan un poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa: “En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos para que todo aquello suceda”, analizó.  

Justicia tardía

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton –el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar. 

Esos casos, justamente, fueron los primeros en ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy, quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad; el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume. 

“Llaman la atención todos los hechos relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de tormentos y al menos tres homicidios. 

La abogada de la familia Carri destacó: “A más de una década de la reapertura del proceso de justicia sobre los hechos de la dictadura, hay investigaciones que recién están llegando a la etapa del debate oral y público. Estamos hablando no solo de hechos a analizar sino de víctimas y familiares de víctimas que décadas y décadas después de batallar recién  ahora empiezan a obtener un poco de justicia”. 

miércoles, 30 de mayo de 2018

La justicia francesa confirmó la extradición del represor Mario Sandoval

Por el secuestro y desaparición de Hernán Abriata, la justicia francesa falló en favor de la extradición a la Argentina de Mario Alfredo Sandoval, ex oficial de la Policía Federal acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Carlos Loza, compañero de cautiverio de la víctima en la ESMA, dio detalles de la resolución. Por Liliana Giambelluca para ANRed. Fotos: Reinaldo Ortega

Luego de la tradicional ronda de los jueves de las Madres Línea Fundadora en Plaza de Mayo, Carlos Loza, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), dio la noticia de la extradición a la Argentina del expolicía Mario Alfredo Sandoval, “uno de los genocidas de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”, dijo. A media mañana de ese día, la Corte de Casación de Paris dio lugar a la solicitud de la justicia argentina por la participación del represor en el secuestro y desaparición del estudiante de arquitectura Hernán Abriata, en 1976.

“Esta lucha de casi 42 años no es individual, sino de un colectivo muy grande, pero debemos reconocer el esfuerzo de Betty, la madre de Hernán, ella tiene 91 años de edad, tenía pensado venir pero estaba muy emocionada. Ella es un ejemplo de la lucha de las madres”, destacó Loza, quien compartió cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con el joven Abriata.

También resaltó la lucha de toda la familia de Hernán y de su esposa Mónica Dittmar, y el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y de Adolfo Pérez Esquivel “que siempre están con nosotros”. Aunque “han pasado seis años (del pedido del juez Torres), hoy tenemos la posibilidad de que el genocida sea extraditado y juzgado en nuestro país y reciba la condena que se merece”.

En favor de la extradición del represor ya se habían pronunciado la Corte de Instrucción de París, en 2014, y la Corte de Instrucción de Versalles, el 19 de octubre de 2017. El abogado del Sandoval había apelado la medida, la que fue rechazada con esta resolución.

La Corte de Casación de París es la última instancia judicial en Francia a la solicitud de extradición que realizara en marzo de 2012 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, de la ciudad de Buenos Aires. Sandoval, alias “Churrasco”, está imputado en la “Causa ESMA”, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 500 víctimas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba en esa institución de la Armada.

No obstante, el final del proceso de extradición queda en manos del Poder Ejecutivo francés, quien mediante un decreto deberá ratificar lo resuelto por la Justicia. La medida es susceptible de ser recurrida por Sandoval ante el Consejo del Estado galo.

“Ahora entramos en una fase administrativa. El gobierno debe aplicar la decisión judicial y procurar que Mario Sandoval no se escape, porque no está encarcelado”, declaró Sophie Thonon, abogada del Estado argentino, en diálogo con AFP.

Asociaciones francesas encabezadas por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), en un comunicado instaron al gobierno francés a “proceder a la firma del decreto de extradición lo antes posible”.


Carlos Loza habla en Plaza de Mayo

“Con Hernán compartimos el cautiverio y la muerte. No compartimos la vida allí”

En aquellas conversaciones entrecortadas y a media voz que Carlos Loza mantuvo con Hernán Abriata durante el cautiverio en la ESMA, hubo un compromiso: aquel que saliera con vida iba a contar lo que allí vivió, escuchó y presenció. Y así lo hizo. Loza ha sido uno de los testigos y querellantes más importantes de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio, y, junto a la familia Abriata, ha luchado de manera incansable por la extradición del genocida Sandoval.

En diálogo con ANRed, Loza manifestó que “Hoy es un día de triunfo por Hernán y por los 30 mil”, pero “esto sólo es una etapa, yo espero que Sandoval esté acá” porque “no le tenemos confianza a esta gente, ni lo que puedan hacer, él puede aparecer suicidado o escaparse porque  tiene protección en cualquier lugar del mundo”.

Loza dice que en cada paso en el camino hacia la justicia, “siempre le digo a Hernán ‘Yo no te abandoné, compañero’, porque es el compromiso que adquirí con él. Hasta el último minuto de mi vida lo voy a recordar, porque compartimos el cautiverio y compartimos la muerte. No compartimos la vida allí”.


Ciudadanos argentinos residentes en Francia en la Corte

Procedimiento “de rutina”: secuestro y desaparición  

Un Grupo de Tareas comandado por Mario Alfredo “Churrasco” Sandoval secuestró al estudiante de arquitectura Hernán Abriata, el 30 de octubre de 1976. El joven, de 25 años de edad, se encontraba junto a su esposa Mónica Dittmar en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.

Dittmar declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que los hombres llegaron al domicilio de madrugada y Sandoval, vestido con ropa de fajina color verde, se presentó con su apellido, mostró un carnet de identificación y dijo que era inspector oficial de Coordinación Federal. Agregó que el procedimiento era “de rutina” y que, al día siguiente, la familia del joven recibiría información.

Abriata fue llevado a una quinta y en noviembre a la ESMA. Allí permaneció cautivo bajo condiciones inhumanas. Los represores le habrían adjudicado el número “002”.

Varios sobrevivientes que compartieron cautiverio con el joven, en sus declaraciones testimoniales ante la Justicia mencionaron su presencia en este centro clandestino. También declararon que entre el 4 y 5 de enero de 1977 fue “trasladado” junto al matrimonio Bibiana Martini y Claudio Adur.

Desde entonces, Hernán Abriata permanece desaparecido.



Genocida argentino asesor de Sarkozy

Mario Alfredo Sandoval egresó de la Escuela de Policía Ramón L. Falcón en los 70 y a fines de los 80 se recibió de Licenciado en Seguridad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Durante la última dictadura cívico-militar tuvo el cargo de oficial subinspector de la Policía Federal con destino en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) e integró el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En 1985 se radicó en Francia y en 1994 obtuvo la ciudadanía de ese país. Con el fin de evitar su extradición a la Argentina, el represor esgrimía esta nacionalidad, obtenida muchos años después de los hechos que se le imputan.

A sus antecedentes teóricos y empíricos que llevó a su nuevo destino, le sumó especializaciones en espionaje e inteligencia en lo económico, militar y estratégico, a la vez que se contactó con instituciones académicas, políticas y empresariales. Fue encargado de misiones de la Asamblea de las Cámaras de Comercio de Francia y se desempeñó como profesor y presidente de la Asociación Internacional Francesa de la Inteligencia Económica (AIFIE).

En 2002 dictó cursos en la Escuela Superior de Guerra como delegado de la Unión Europea para las Conversaciones de Paz en Colombia, fue consejero de paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y formó parte del grupo mediador para liberar a Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC.

En 2008 fue asesor en temas de seguridad y defensa en el gobierno de Nicolás Sarkozy. En tal carácter, y como experto en estos asuntos, era invitado por distintos países a dar charlas.

Profesores del IHEAL solicitaron la extradición

Sandoval también dictó cursos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Université Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé.

En septiembre del año pasado, cuando la Corte de Apelación de Versalles dio vista al pedido de extradición a la Argentina de Sandoval, profesores del IHEAL entregaron una Carta Abierta donde se pronunciaron en favor de la extradición del genocida.

La carta, firmada por una docena de profesores, se tituló “Caso Sandoval. Solicitud favorable a la extradición” y estableció que “La acción de la justicia es indispensable para conocer la verdad y así evitar que una persona responsable de crímenes de lesa humanidad pueda enseñar en una institución pública, incompatible con la ética universitaria”. Finalmente, los profesores recordaron que “en el IHEAL, parte central de la enseñanza es recordar las dictaduras y el cumplimiento de la justicia, es por eso que sostenemos necesario que la justicia argentina pueda actuar”.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Informe Reunión Plenaria Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Reunión Plenaria EMVyJ, martes 22/5/2018

1) Las organizaciones presentes ratificamos el repudio a la represión sufrida por los trabajadores del subte y convocamos a repudiar la persecución y represión, desatada por el Gobierno Nacional y de la Ciudad, el próximo jueves 24/5 a las 15:30 hs, en la ronda de las madres en Plaza de Mayo junto a las Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora: Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen.

2) El próximo jueves 30 de mayo a las 11 hs se realizará una Conferencia de Prensa, con motivo de la audiencia que el 6 de junio se realizará en la Cámara de Casación,  para decidir si se confirma el sobreseimiento de los cuatro trabajadores de prensa detenidos después del multitudinario acto para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de setiembre del año pasado y que son perseguidos por el fiscal Moldes. Allí además el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciará el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación que suma una gran cantidad de instrumentos legales dirigidos a la represión de la protesta. La Conferencia de Prensa se realizará en el local de SIPREBA, México 441 2° "D".

3) El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, al cumplirse 6 meses del asesinato de Rafael Nahuel y exigiendo Justicia por Rafael adhiere al acto que se realizará el sábado 25 a las 16 hs frente al Monumento al Genocida Roca.

JUEVES 24 DE MAYO , 15:30 TODOS A LA RONDA DE PLAZA DE MAYO

BASTA DE REPRIMIR A LOS TRABAJADORES EN LUCHAN!!   

BASTA DE REPRESIÓN!!!!

NINGÚN DESPEDIDO!!!

NO AL AJUSTE !!!! 


AEDD en EMVyJ

miércoles, 16 de mayo de 2018

La familia Maldonado solicita Recusación de la Fiscal Avila

6 de mayo de 2018. En el día de la fecha se presentó el pedido de Recusación de la Fiscal Ávila y de Rafaela Ricono (esposa del Juez Guido Otranto) al mismo tiempo que solicitamos que se informe en detalle sobre la destrucción de las escuchas solicitadas por el Dr. Lleral.

La violencia desplegada por la señora Silvia Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el Dr. Otranto. 
Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que “eran violentos”. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo al momento de recusar a la señora Avila, que era dudoso de cuál era su interés: garantizar las condiciones para que declaren los testigos que estuvieron y/o conocieron los hechos protagonizados por Gendarmería Nacional en los que desapareció Santiago el 1 de agosto de 2017, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería proceso en la que ella es fiscal en causa 8144/2017. Ahora no quedan dudas que cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado.

La falta de ética de la señora fiscal Dra. Avila se plasma además, en contar como su secretaria a la esposa del Dr. Guido Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones. La señora Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del Dr. Otranto.

lunes, 19 de febrero de 2018

COMISIÓN por los DD HH de Trenque Lauquen a Avruj

"USTED COMO SECRETARIO DE DDHH ES UNA ESTAFA MORAL AL PUEBLO ARGENTINO, LICENCIADO AVRUJ"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, licenciado Claudio Avruj, dijo hace unos días que el reclamo nacional e internacional por Santiago Maldonado había sido "una estafa moral" al pueblo argentino. Ahora, que se cumplen 6 meses del momento en que Santiago desapareció de la faz de la Tierra para su familia y amigos, es decir medio año desde aquel 1 de agosto de 2017 en que corrió desesperado hacia las heladas aguas del río Chubut, perseguido por una tropa de gendarmes desenfrenados, es urgente expresar que el Estado todavía no explicó cuál fue su participación necesaria en los hechos que condujeron a la muerte por ahogamiento del joven solidario nacido en 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires).

Al licenciado Avruj, utilizando sus propias palabras queremos decirle que él mismo constituye, desde que asumió como secretario de DDHH, una estafa moral al pueblo argentino.

Usted, Avruj, es una estafa moral porque ha participado (junto con Lopérfido, Gómez Centurión y el mismísimo Presidente) del negacionismo que minimiza, con el objetivo de la impunidad para los genocidas, la magnitud del terrorismo de Estado.

Usted, secretario Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque fue el único funcionario que expresó acuerdo con la vergonzosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando concedió el 2x1 al genocida Muiña (al rato, al verse sacudido por las oleadas de repudio a ese fallo inmoral, Avruj retrocedió pretendiendo que olvidáramos su adhesión original a semejante beneficio para torturadores).

Usted, señor Claudio Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque incumplió los deberes de funcionario público cuando no apeló el sobreseimiento dictado por el juez Ercolini en la causa Papel Prensa, beneficiando a los dueños de la opinión pública (Magnetto, Mitre, Herrera de Noble). Por esa omisión maliciosa Avruj fue denunciado en diciembre de 2016 por el abogado Pablo Llonto, imprescindible luchador en defensa de los derechos humanos.

Usted, Avruj, como secretario de DDHH es una estafa moral al pueblo argentino porque cada vez que algún agente estatal ha estado sospechado de cometer un delito que puso en riesgo la integridad de un ciudadano reaccionó en sintonía con la ministra de Seguridad, inhabilitando la búsqueda de Verdad y Justicia.

De modo que,  señor Claudio Avruj, si se trata de plantear "estafas morales" mírese en un espejo y observe cuán grande y cuán lejos de su idoneidad le queda el cargo que, lamentablemente para el pueblo argentino, ostenta desde diciembre de 2015. Hace casi 26 meses que le estamos pagando un sueldo considerable para que usted, Avruj, haga lo contrario de lo que manda la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos.

En las antípodas de este pseudosecretario de DDHH, y avalados por casi dos décadas de trabajo ad honorem en defensa de los derechos humanos, al cumplirse seis meses de su desaparición forzada seguida de muerte, volvemos a exigir: ¡JUSTICIA PARA SANTIAGO ANDRÉS MALDONADO! 


COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 1 de febrero de 2018.