miércoles, 16 de mayo de 2018

La familia Maldonado solicita Recusación de la Fiscal Avila

6 de mayo de 2018. En el día de la fecha se presentó el pedido de Recusación de la Fiscal Ávila y de Rafaela Ricono (esposa del Juez Guido Otranto) al mismo tiempo que solicitamos que se informe en detalle sobre la destrucción de las escuchas solicitadas por el Dr. Lleral.

La violencia desplegada por la señora Silvia Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el Dr. Otranto. 
Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que “eran violentos”. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo al momento de recusar a la señora Avila, que era dudoso de cuál era su interés: garantizar las condiciones para que declaren los testigos que estuvieron y/o conocieron los hechos protagonizados por Gendarmería Nacional en los que desapareció Santiago el 1 de agosto de 2017, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería proceso en la que ella es fiscal en causa 8144/2017. Ahora no quedan dudas que cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado.

La falta de ética de la señora fiscal Dra. Avila se plasma además, en contar como su secretaria a la esposa del Dr. Guido Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones. La señora Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del Dr. Otranto.

lunes, 19 de febrero de 2018

COMISIÓN por los DD HH de Trenque Lauquen a Avruj

"USTED COMO SECRETARIO DE DDHH ES UNA ESTAFA MORAL AL PUEBLO ARGENTINO, LICENCIADO AVRUJ"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, licenciado Claudio Avruj, dijo hace unos días que el reclamo nacional e internacional por Santiago Maldonado había sido "una estafa moral" al pueblo argentino. Ahora, que se cumplen 6 meses del momento en que Santiago desapareció de la faz de la Tierra para su familia y amigos, es decir medio año desde aquel 1 de agosto de 2017 en que corrió desesperado hacia las heladas aguas del río Chubut, perseguido por una tropa de gendarmes desenfrenados, es urgente expresar que el Estado todavía no explicó cuál fue su participación necesaria en los hechos que condujeron a la muerte por ahogamiento del joven solidario nacido en 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires).

Al licenciado Avruj, utilizando sus propias palabras queremos decirle que él mismo constituye, desde que asumió como secretario de DDHH, una estafa moral al pueblo argentino.

Usted, Avruj, es una estafa moral porque ha participado (junto con Lopérfido, Gómez Centurión y el mismísimo Presidente) del negacionismo que minimiza, con el objetivo de la impunidad para los genocidas, la magnitud del terrorismo de Estado.

Usted, secretario Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque fue el único funcionario que expresó acuerdo con la vergonzosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando concedió el 2x1 al genocida Muiña (al rato, al verse sacudido por las oleadas de repudio a ese fallo inmoral, Avruj retrocedió pretendiendo que olvidáramos su adhesión original a semejante beneficio para torturadores).

Usted, señor Claudio Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque incumplió los deberes de funcionario público cuando no apeló el sobreseimiento dictado por el juez Ercolini en la causa Papel Prensa, beneficiando a los dueños de la opinión pública (Magnetto, Mitre, Herrera de Noble). Por esa omisión maliciosa Avruj fue denunciado en diciembre de 2016 por el abogado Pablo Llonto, imprescindible luchador en defensa de los derechos humanos.

Usted, Avruj, como secretario de DDHH es una estafa moral al pueblo argentino porque cada vez que algún agente estatal ha estado sospechado de cometer un delito que puso en riesgo la integridad de un ciudadano reaccionó en sintonía con la ministra de Seguridad, inhabilitando la búsqueda de Verdad y Justicia.

De modo que,  señor Claudio Avruj, si se trata de plantear "estafas morales" mírese en un espejo y observe cuán grande y cuán lejos de su idoneidad le queda el cargo que, lamentablemente para el pueblo argentino, ostenta desde diciembre de 2015. Hace casi 26 meses que le estamos pagando un sueldo considerable para que usted, Avruj, haga lo contrario de lo que manda la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos.

En las antípodas de este pseudosecretario de DDHH, y avalados por casi dos décadas de trabajo ad honorem en defensa de los derechos humanos, al cumplirse seis meses de su desaparición forzada seguida de muerte, volvemos a exigir: ¡JUSTICIA PARA SANTIAGO ANDRÉS MALDONADO! 


COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 1 de febrero de 2018.

Militares genocidas uruguayos identificados con el nazismo

Que fotito de los militares Uruguayos, asesinos y torturadores; reivindicadores del nazismo.

La imagen tomada a fines de los años setenta luego de un almuerzo con cuatro civiles invitados no identificados, muestra en el despacho del director de la Escuela de Armas del Ejército, general Alberto Ballestrino (centro), a los oficiales Luis Boan, Mario Latorre, Óscar Costa, Óscar Pereira, Perfecto Caride y Héctor Lluis, posando sonrientes junto a una bandera nazi.

lunes, 12 de febrero de 2018

No a la pena de muerte – Basta de represión- EMVyJ


No a la pena de muerte – Basta de represión

Desde mediados del año pasado, el gobierno nacional y sus socios provinciales profundizaron de manera inusitada lo que ya era, para entonces, un brutal avance represivo contra el pueblo trabajador.

Cada vez era más evidente que el gobierno de Cambiemos, decidido a imponer un ajuste brutal, afilaba sus herramientas represivas. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado marcó el inicio de una etapa todavía más descarnada, caracterizada por la enunciación de un plan orientado al establecimiento de un estado de excepción de hecho, como lo denunciamos después del fusilamiento de Rafael Nahuel. A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores organizados del campo popular, y de la cada vez mayor militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, que no dejan dudas sobre el nuevo paradigma de gobierno.

Desde el “no voy a tirar un gendarme por la ventana” hasta “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, pasando por los aportes de la vicepresidenta Michetti (“el beneficio de la duda es siempre para las fuerzas”) o del propio presidente (“hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”), se fue haciendo pública una política que tuvo un inmediato correlato con la reiterada represión a multitudinarias marchas: la del 1/9, que terminó con 31 detenidos y detenidas; la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba, seguida inmediatamente por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares en esa ciudad y las brutales represiones a las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

La lógica represiva del gobierno de Macri se plasmó en el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no supiéramos para qué lo fabricaron. Con total descaro se mezclan allí referencias y nombres de organizaciones, compañeros y compañeras en una retahíla de falsedades que pretende deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.

El poder judicial, siempre permeable a la voluntad del poder político, rápidamente se sumó a la ofensiva, con la intervención de la justicia federal en las detenciones en manifestaciones, y el uso de figuras típicamente usadas para criminalizar de modo efectivo la protesta.

Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de septiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia de represión a la protesta. A las graves imputaciones se suman, como medidas “probatorias”, recursos tecnológicos que invaden la privacidad de las personas y violentan el derecho a la expresión, a través del “ciberpatrullaje” y otras formas de recopilación y análisis de los perfiles y contenidos de las redes sociales, así como de los registros, llamadas, mensajes, chats, contactos y archivos almacenados en teléfonos celulares u otros soportes digitales. A la vez, un grupo de jueces y fiscales utilizan las resoluciones y dictámenes judiciales para exhortar al gobierno a endurecer aún más las leyes:

· El fiscal de Cámara Germán Moldes, en la causa del 1/9, reclama que se reforme el Código Penal para prohibir las excarcelaciones de personas detenidas en manifestaciones.

· El fiscal Carlo Rívolo pretende encarcelar y procesar a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por el delito de “rebelión” por la movilización del 18/12.

· El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó trabajadores de prensa que filmaron su propia detención.

· El juez Claudio Bonadío aplicó linealmente la tesis de que “la versión de las fuerzas represivas es versión de verdad” al procesar 34 personas sólo con el contenido de las actas policiales y contra la evidencia de falsedad aportada por las defensas, y mantiene a cinco de ellas en prisión desde el 14/12.

· El juez Sergio Torres persigue con la figura de “rebelión” al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y reclama al gobierno un “protocolo” de actuación policial que “reduzca al máximo el tiempo de las movilizaciones.

La lista sigue, como la causa contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de algunos de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18/12.

De la mano de este avance de la represión a la protesta y la lucha organizada, se profundizó también de manera inédita en democracia la represión contra los sectores populares, en los barrios de nuestras ciudades. Con 725 asesinatos por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención en sus primeros 721 días de gobierno, Cambiemos se ubica como el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre 1983. Y ahora, en el marco del llamado “caso Chocobar”, al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, el gobierno nacional decidió dar otro salto, de nuevo con el protagonismo central de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el Jefe de Gabinete, y, lo más simbólico, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo define todo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”, dirigido a quien horas antes había sido procesado –con enorme levedad- por fusilar a Juan Pablo Kukoc (18) por la espalda.

El presidente Macri y su primera línea de funcionarios dieron a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich. Prueba de que la orden fue comprendida es la breve pero explícita provocación que amaneció al día siguiente de la reunión del presidente con el policía fusilador en el frente del local de CORREPI: “Aguante Chocobar”, léase “Aguante el gatillo fácil”.

De infinita mayor gravedad fue el atentado perpetrado el 14 de enero contra el compañero Martín Alderete, abogado de CADEP y defensor de presos y perseguidos políticos, con una bomba incendiaria arrojada en el interior de su automóvil, sin dudas una “advertencia” a toda la militancia antirrepresiva.

El gobierno de Macri pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar. El Gobierno Nacional a través de sus declaraciones se ha declarado partidario de la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. Como además las políticas fascistas se afilan con la desmemoria y la impunidad en los últimos meses se ha “premiado” con la prisión domiciliaria a los más emblemáticos genocidas de la última dictadura. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama una campaña colectiva, con la más amplia unidad de acción, para defendernos.

Por eso, los organismos y organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, decimos:

¡No a la pena de muerte!

¡Libertad a las presas y los presos políticos!

A los genocidas la cárcel ¡ya!

Cierre de todas las causas contra luchadores y luchadoras

Basta de persecuciones y hostigamiento

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

¡Fuera Bullrich!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

10/2/2018

Ya suman 15 los represores con domiciliaria en Mar del Plata.

La cifra incluye al genocida Miguel Etchekolatz, y convierte a La Feliz en uno de los paradigmas del cambio del enfoque judicial de las causas contra el terrorismo de Estado

 Ignacio Sánchez

La domiciliaria del represor condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz en el Bosque Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata puso en alerta a los vecinos de la ciudad balnearia y a los organismos de Derechos Humanos que en la feria judicial reaccionaron con escraches y repudios, y que mañana pedirán en la Justicia de La Plata que le revoquen el beneficio (ver recuadro). Pero el arribo a esa ciudad del exhombre fuerte de la Policía Bonaerense en la dictadura completó un mapa que incluye a otros 14 genocidas condenados o con preventiva por crímenes de lesa humanidad que accedieron a la prisión domiciliaria y conviven sin custodias ni rejas, entre los vecinos y turistas de La Feliz. 

Además de Etchecolatz en Mar del Plata cumplen su prisión domiciliaria otros 14 miembros de la Policía, la Armada, Prefectura y el Ejército. El beneficio es parte del cambio de época en la Justicia. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de diciembre más de la mitad de los 1038 genocidas detenidos están excarcelados: 549 se encuentran en domiciliaria y 435 están en cárcel. 

De ellos, al menos 15 están en Mar del Plata. En marzo de 2016 Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y otros organismos escracharon a Wolk, un excomisario mayor imputado por 300 asesinatos en el Pozo de Banfield, a quien le decían "El Nazi". Vive a dos cuadras del Bosque Peralta Ramos, en calle Crocce al 3045. La causa espera el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de La Plata, pero el policía estuvo prófugo durante 20 años y fingió su muerte para escapar de la Justicia. 

El 12 de diciembre de 2014 Carlos Blas Casuccio caminó las 12 cuadras desde su casa de Bolívar N° 4819 hasta el supermercado Toledo. El fotógrafo de H.I.J.O.S, Marcelo Núñez lo registró. El TOF1 de San Martín dijo que el segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia tenía autorización. Está imputado por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos en Campo de Mayo, en el marco de la Contraofensiva Montonera.

Además de esos casos que se hicieron públicos, en la ciudad balnearia también tiene domiciliaria en una casa de calle Garay al 200 en Playa Grande, el excapitán de navío Rafael Alberto Guiñazú, excomandante de la Agrupación Buzos Tácticos y exsubjefe de la Base Naval, que recibió su primera condena a perpetua en 2012 y sumó otra en febrero de 2016 por la causa Base Naval. También el marino de inteligencia Policarpo Luis Vásquez, condenado a 14 años en 2011 por la apropiación de Evelin Bauer Pegoraro, cumple domiciliaria en Mariano Acosta al 2600, mientras espera el juicio acusado por más de 80 hechos en otro tramo de la causa Base Naval que tiene 142 víctimas. 

En un 6° piso de calle San Luis, frente a la céntrica plaza Mitre, a unas cuadras del Casino, cumple la domiciliaria el exteniente de navío Alfredo Oscar Arena, exjefe de la plana mayor del Área 400, imputado en el TOF1 de San Martín por decenas de casos en la represión en el cordón fabril de Zárate-Campana, que se encontraba dentro de la zona IV de Campo de Mayo. A siete cuadras, en un 8º piso de Córdoba al 2900, vive Ernesto Davis, que integró la Fuerza de Tareas 6 de la Armada cuando era cabo de la Agrupación Comandos Anfibios y que está acusado en la causa acumulada Base Naval, La Cueva y Subzona 15. El juicio comenzará el 24 de abril y también tendrá en el banquillo de los acusados al exoficial de Prefectura Naval Argentina, Eduardo Héctor Vega que goza de la domiciliaria en Ayacucho al 3200. 

El exjefe de la Policía Bonaerense José Clemente Forastiero cumple domiciliaria frente a playa Varesse. El policía de 88 años fue jefe de Infantería de la bonaerense y de la Unidad Regional XI de Azul entre 1977 y 1979, por lo que está siendo juzgado en el juicio Monte Pelloni II, por 31 secuestros, torturas y violaciones cometidos en ese centro clandestino de Olavarría. También está imputado en la causa "1 y 60" en La Plata. 

En Punta Mogotes, el expolicía Julio César Garachico goza del beneficio en un chalet de la calle Nápoles al 3600. Fue señalado por el desaparecido Julio López y cumple una condena a prisión perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en el juicio "La Cacha". Hacia el norte, en los acantilados, vive el exmilitar Alberto Luis Devoto, implicado en la causa Campo de Mayo por los Vuelos de la Muerte. 

El excoronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy fue jefe del área 114 y está acusado –junto a Etchecolatz– como coautor de los delitos cometidos contra 81 víctimas del centro clandestino del Circuito Camps, Brigada de San Justo, que funcionó junto a la Comisaría 1ª de La Matanza, y fue uno de los enclaves de la Operación Cóndor. El militar espera el juicio en el TOF1 de La Plata con domiciliaria en San Lorenzo al 400. Uno de sus vecinos es Alejandro Alberto Menichini, exjefe en San Justo e imputado en la misma causa y con domiciliaria en Av. Independencia al 1500. Otro excomisario de la Bonaerense, Bruno Trevisan, acusado por homicidios en causa por el centro El Infierno - Brigada de Avellaneda, en trámite en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, está con domiciliaria en la Feliz en una residencia del barrio Caisamar. Finalmente, el exagente de inteligencia del Ejército Hugo Ernesto Pabón, está preso en un departamento de Diagonal Alberdi al 2500, mientras espera ser juzgado por 18 secuestros y 16 homicidios en la causa Subzona 1/15 que comprendía nueve localidades de la región atlántica. «