miércoles, 25 de diciembre de 2013

La Anses denunció que ocho represores condenados en Neuquén perciben sus haberes jubilatorios

La delegación de Anses en Neuquén denunció ante la Fiscalía Federal que ocho ex jefes militares condenados en Neuquén por delitos de lesa humanidad, siguen percibiendo mensualmente sus haberes jubilatorios a pesar de encontrarse inhabilitados de por vida por la sentencia dictada en el año 2008 por el Tribunal Oral Federal 1

La denuncia la presentó en la Fiscalía Federal el delegado de ANSES en Neuquén, Raúl Radonich, quien en el juicio sustanciado en  2008 fue uno de los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que dio su testimonio.

La denuncia comprende a los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo.

Radonich confirmó a Télam que "detectó la irregularidad cuando uno de los condenados (se reservó el nombre) tramitó a través de un apoderado una pensión derivada por el fallecimiento de su esposa".

"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta según el artículo 19 del Código Penal", señaló.

Destacó que "esta fue la razón por la que se denegó al solicitante el beneficio de la pensión derivada y nos permitió comprobar el resto de los casos".

Precisó que "a partir de esa irregularidad se determinó con las constancias del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que todos los condenados continuaban percibiendo sus haberes jubilatorios".

Radonich giró las actuaciones al área legales de ANSES y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén para que realice las investigaciones correspondientes.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio a ocho ex militares que fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Entregaron a sus familias los expedientes de los empleados de Aerolíneas Argentinas desaparecidos

Legajos que ahora cuentan la verdad

En los documentos laborales figuraba que las víctimas estaban cesantes o que habían abandonado sus puestos de trabajo. Los documentos fueron reparados y explicitado el motivo por el que no se presentaron a trabajar: fueron secuestrados y desaparecidos.

 Por Ailín Bullentini

De repente, Amado Amadio, Juan Patricio Maroni, Ernesto Lahourcade y Ricardo Freire comenzaron a faltar a sus trabajos en Aerolíneas Argentinas. Corría octubre del ’76, mayo del ’77, junio del ’78. Ya no se reincorporaron. Hasta ayer, el final abrupto de sus relaciones de dependencia con esa empresa, que por ese entonces era, como hoy, parte del Estado nacional, se mantuvo definido como “cesante” o “abandono de puesto de trabajo”, pero sus legajos fueron “reparados” y esos motivos reemplazados por el verdadero “detenido-desaparecido” en todos los casos y entregados a sus familiares en un acto en el Ministerio de Trabajo organizado por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que contó con la presencia del presidente de la aerolínea de bandera, Mariano Recalde, y del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

“Aquí estamos para recordar, homenajear y hacer presentes”, introdujo Silvina Atensio, de la comisión responsable de la “reparación” de las verdades de Amadio, Maroni, Lahourcade y Freire. Se trata de los primeros empleados públicos cuyos legajos son sincerados y llegan luego de más de ocho años de trabajo del grupo de empleados de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que se preocupó por “restituir verdades” y conformó la comisión.

Cuando desde ese grupo se comunicaron con Susana Freire hace poco más de un mes para invitarla a recibir el legajo de su hermano Ricardo, la emoción implosionó dentro de ella. “Jamás pensé que mi hermano estuviera en el imaginario de alguien salvo en el mío”. La sorpresa también la empujó a sacar del escondite esa historia. El 1º de junio de 1978, su hermano tenía que encontrarse con Oscar Bazterrica, amigo y compañero de cuarto año de Abogacía en la UBA, y la novia en las inmediaciones del estadio en donde se inauguraba el Mundial. Oscar no llegó nunca. El día siguiente fue el último de Ricardo en Austral, en donde trabajaba. Esa noche, acompañó a los padres de su amigo y a la novia a denunciar a la policía su desaparición, pero no llevaba documentos. “Volvió a buscarlos a casa. Todavía los tengo”, señaló Susana, quien junto con sus padres no supo más nada de Ricardo. La novia de su amigo corrió la misma suerte. “Este acto es fundamental porque inicia una nueva etapa en la reparación ejercida desde el Estado: a muchos empleados públicos el mismo Estado que les daba trabajo los secuestró y los mató”, insistió Silvina Atensio.

Fresneda, en tanto, introdujo el acto en la arena política: “Estas iniciativas forman parte de una etapa de la memoria a la que no podríamos haber llegado sin antes juzgar al terrorismo de Estado”, dedujo. Recalde, más tarde, sentenció: “No podríamos estar viviendo esto si no existiese este proyecto político, si Néstor Kirchner no se hubiera plantado en la ESMA a pedir perdón en nombre del Estado a todos los argentinos”.

Para Paula Maroni, su padre, Juan Patricio, fue “producto de su época”. Nació en una familia trabajadora de Parque Chacabuco, estudió en un colegio salesiano y por medio del Movimiento católico tercermundista ingresó en Montoneros. Ella, única hija, criada entre una mamá sobreviviente del Atlético, el centro clandestino de detención porteño de donde no regresaron ni su papá ni su tío, y una abuela Madre de Plaza de Mayo, Enriqueta Maroni, sabía del empleo de su padre en Aerolíneas como una parte más del rompecabezas. Por eso, el acto de ayer la conmovió sobremanera: “Me permite saber si alguien lo conoció en esta faceta. Uno va reconstruyendo a las personas que no tiene de a partes, en función de lo que se va encontrando en la vida, así que es una reconstrucción permanente”, reveló. Pero también le duele porque la conecta con “lo irreparable” en lo personal. Desde lo colectivo, no obstante, Paula –que hoy es directora del Espacio Memoria, Verdad y Justicia–, el acto tiene otro valor porque “repara la verdad histórica, que es lo que sirve para el futuro, ya que es para toda la sociedad: mi viejo no abandonó a su hija, ni a su esposa ni su puesto de trabajo. Mi papá fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 con su esposa y llevado al Atlético”.

El legajo de Armando Amadio, trabajador de Aerolíneas, con el sello gigante de “reparado” en rojo fue entregado a Mirta Silberstein. Entre ellos no hay conexión de sangre, pero sí de historia, la única conexión que se pudo localizar a partir de Amadio. La prima de Silberstein, Silvia Kuperman, era la pareja del hijo de Armando, del mismo nombre y militancia en el peronismo. “Desaparecieron los tres juntos en 1977, la misma noche”. La pareja de su prima y Armando Amadio hijo vivían en Beccar y de esa casa se los llevó una patota que inmediatamente después fue a buscar a Armando Amadio padre. Los hombres eran hijos únicos, la descendencia de la familia desapareció con ellos.

Guillermo Lahourcade nunca imaginó que la palabra “reparación” pudiera tener un efecto tan fuerte. Su padre tenía 46 años cuando se lo llevaron de su casa, en Ramos Mejía, en donde “destrozaron todo” tras el secuestro, una historia de militancia barrial en el Peronismo de Base y trabajo gremial como delegado de Aerolíneas, en donde era mecánico. “Mi viejo era un tipo muy comprometido, siempre intentó cambiar las cosas que estaban mal, siempre creyó que el ser humano debía ser diferente. Así vivió y así murió, en su ley. No lo podía haber atropellado un auto”, reflexionó como si ese cierre lo ayudara a contener la falta. Nunca más supieron nada, salvo que a Ernesto lo secuestró un comando de Aeronáutica y que la noche que cayó su destino fue el mismo que el de otros doscientos dirigentes gremiales.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Detuvieron a 23 represores en La Plata

La orden judicial alcanzó a la antigua plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejército Nº 7.

Por: Pablo Roesler

La plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejercito Nº7 de La Plata y otros 21 militares, policías bonaerenses y federales y un grupo de civiles fueron detenidos por la justicia federal platense, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención que funcionó entre marzo y diciembre de 1976 en el cuartel de Infantería de la Policía Bonaerense, de las calles 1 y 60, en La Plata. Se trata del mismo lugar que el lunes tomó protagonismo por ser el epicentro de las protestas de la fuerza de seguridad bonaerense.

La orden de detención fue cursada por el juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, en el marco de una causa iniciada en 2003 por la denuncia del fiscal Félix Crous, en la que los uniformados y civiles se encuentran acusados por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y lesiones graves, cometidas contra 197 víctimas. En la orden de detención emitida el 3 de diciembre último, Blanco señaló que en el Cuartel "las sesiones de tortura solían realizarse en diferentes lugares", y que "a la mayoría de las víctimas se las torturaba desde la llegada al centro".

De todos los detenidos, 18 se encontraban en libertad, entre ellos, la plana mayor del Regimiento Nº7 de La Plata, cabeza del Área Militar 113, desde donde se comandó la represión sobre la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, denominada "Subzona 11". Se trata del ex oficial de Logística, capitán Héctor Reynaldo Amuchástegui; el oficial de Inteligencia, teniente Alberto Jorge Crinigan y el ex oficial de Operaciones, mayor Ismael Ramón Verón.
En la misma situación se encontraban el ex jefe de la Compañía A de esa unidad, Lucas Marcelo Castro, y el ex teniente 1° Oscar Antonio Gómez Mígenes. A esa lista se suman los jefe y subjefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Juan Rafael Pochelú y Alberto Larroca, respectivamente; y sus subalternos José Luis Benítez y Carlos Hugo Leguizamón, así como el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense, José Clemente Forastiero. Completan el grupo los oficiales Juan José Gallardo, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio, Adalberto Oscar Rincón y el ex jefe policial Juan Antonio Vidal.

Las detenciones incluyeron además a otros imputados ya detenidos en otras causas, como seis integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, involucrados en la causa por el centro clandestino "La Cacha", que comenzarán a ser juzgado el próximo miércoles 18; el condenado ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el civil vinculado a la banda paramilitar CNU, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.
Fuente: Tiempo Argentino

Detuvieron a 24 represores de La Plata


domingo, 8 de diciembre de 2013

Juicio San Luis : Una testigo reprendió a uno de los acusados

Lucy María le dijo a su secuestrador, Nelson Godoy, que nunca le perdonará el dolor que le provocó a su familia


Por primera vez un testigo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad se dirigió a uno de los acusados y le recriminó: “Todo el dolor que le provocó a mi familia no se lo voy a perdonar. Le agradezco porque después de todo lo que me hizo lo único que logró fue reafirmar mis convicciones. Quiero que sepa que lo desprecio profundamente”.

Lucy María, detenida el 23 de setiembre de 1976 en el paraje de Martín de Loyola, le lanzó estas palabras al acusado Nelson Humberto Godoy, quien fuera el jefe de la departamental Villa Mercedes de la Policía de San Luis. Ese fue el momento de mayor tensión que se vivió ayer en la sala de audiencias, tras una hora de declaración de la testigo que se desempeñaba como maestra rural en una “escuela de cartón corrugado”, según declaró, en la localidad de Martín de Loyola, ubicada al suroeste de la provincia y distante a 400 kilómetros de la capital.
 
En un momento de su extenso testimonio, que incluyó un cuarto intermedio luego de relatar de manera cronológica y precisa todo su cautiverio, Lucy dijo: “Quiero agradecer absolutamente y felicitarlo por su clarividencia al señor Godoy, porque la última vez que nos vimos me dijo que a él no lo iba a engañar. Yo le contesté que me pegara un tiro si quería. Eso lo enfureció y me golpeó y allí me dijo: ‘Nosotros algún día nos vamos a volver a encontrar’”. En ese momento el presidente del Tribunal, Marcelo Alvero, invitó a la testigo a ponerse de pie y decírselo personalmente al imputado que estaba en la sala. La mujer de 63 años y 1,60 metros de estatura se levantó del banquillo, caminó despacio y firme hasta donde se ubican los 25 acusados y micrófono en mano comenzó su discurso: “Usted ahora está sentado ahí y yo estoy acá. En este momento tiene un juicio justo con todas las garantías constitucionales que le brinda la Justicia, aunque usted no lo pueda entender. Yo no tuve ni juicio, ni defensa y nunca pude saber por qué estuve detenida”. Y le recriminó el dolor que le hizo padecer a toda su familia. Mientras la mujer detallaba todas las vejaciones a las que fue sometida y le hablaba a la cara, el ex jefe policial no le quitó la mirada a la testigo.

Nelson-Humberto-Godoy
Con la jornada de ayer se cumplió la quinta semana de audiencias del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por José María Pérez Villalobo, Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Alberto Hergott contra 29 imputados, a los que se acusa de 5 muertes, 6 desapariciones forzadas y otros delitos cometidos contra 25 sobrevivientes.

Lucy María, quien fue una de las víctimas que logró sobrevivir, dijo que estuvo detenida una semana en un hangar del sur de Mendoza: “Ahí escuchaba los motores de los aviones todos los días”, recordó. Luego la trasladaron a Villa Mercedes: “Allí me entregaron al capitán Otero que fue el que me dio la bienvenida a la V Brigada Aérea de Villa Reynolds. Luego pasé a la cárcel de mujeres y después a un calabozo de uno por dos metros en la comisaría 1ª donde quedé a disposición de Godoy, que era el que me llevaba y traía de la V Brigada". Hasta el 1 de enero de 1977 estuvo detenida ahí, desnuda, esposada y con los ojos tabicados (tapados con algodón). "Varias noches fui trasladada a la Base Aérea donde fui torturada, golpeada, violada y sometida a todo tipo de humillaciones en presencia de Godoy y de otros 10 hombres, por lo menos”.

Llegó a pesar 30 kilos y por eso la llevaron al hospital de Villa Mercedes donde “me atendió una psicóloga cordobesa, Hilda Vittar, quien me dio algunos medicamentos que nunca supe qué eran”, detalló. Cuando volvió del hospital la mantuvieron en la comisaría, donde dormía en el piso, convivía con ratas, cucarachas y un almohadón lleno de pulgas.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Comodoro Rivadavia :se inicia juicio por el secuestro y desaparición del conscripto José Luis Rodríguez

El Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del soldado José Luis Rodríguez Diéguez, ocurrido en 1976 en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento.
José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido en Sarmiento.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del conscripto José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido desde 1976, durante la última dictadura.
En esta primera audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio, hicieron sus presentaciones las partes y se preguntó a los acusados si iban a prestar declaración indagatoria, de lo que se abstuvieron por el momento, resumió el fiscal Horacio Arranz en declaraciones a Télam.
"El juicio sigue mañana, primero con declaraciones testimoniales y después con una inspección al Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, a unos 250 kilómetros de Comodoro Rivadavia", añadió.
Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento, ciudad del sur de Chubut.
Por la detención-desaparición del conscripto están procesados el general (re) Teófilo Saa, que era jefe del citado regimiento, y el mayor (re) Carlos Antonio Españadero, uno de los responsables del Batallón de Inteligencia 601 en esa época.
"Este es el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Chubut", recordó Arranz.
en el primer juicio fueron condenados responsables de la Masacre de Trelew, del 22 de agtosto de 1972, y en el segundo, los culpables del secuestro y torturas a los abogados Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, este último fallecido a raíz de los tormentos el 19 de octubre de 1976, durante la dictadura.
Integran el Tribunal para este tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chubut los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella.
Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación de destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.
Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "me trasladan Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".
Según el testimonio del padre del conscripto en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".
La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.
Durante la última dictadura fueron desaparecidos al menos 129 jóvenes conscriptos, según esttimaciones del fallecido capitán José Luis D`Andrea Mohr, quien investigó la represión terrorista de estado dentro de las instituciones militares.
En la causa por la desaparición de Rodríguez Diáguez también estaba procesado el dictador Jorge Rafael Videla, fallecido en mayo de este año.
Por falta de mérito, tampoco llegó a juicio el jefe de la compañía en la que revistaba la víctima, Luis Eduardo Tibiletti.

viernes, 29 de noviembre de 2013

San Luis: Poco a poco se van reconstruyendo las historias y apareciendo los responsables

San Luis (Perl) 28-11-13 Con la de este miércoles ya suman ocho audiencias de este segundo juicio en el que se investigan las responsabilidades que tuvieron militares, policías y civiles inculpados por delitos de lesa humanidad. El martes surgió un indicio que permitiría confirmar la participación de Carlos Pla en el secuestro de Pedro Ledesma. Allí se nombró un vehículo en el que se conducían los dos policías que vieron al entonces capitan llevar al joven secuestrado de las manos de su padre. En la víspera, durante el testimonio de Guillermina Dominga Ledesma, fue mencionado el mismo vehículo: Un Jeep de la policía. En él llegó la policía a hacer una diligencia. Ayer también hubo un testimonio de un ex policía que se retiró de la fuerza en 1992; aportó datos sobre la muerte de Vicente "Yango" Rodríguez. Por su parte, Anibal Franklin Oliveras dio testimonio de su cautiverio e hizo algunas precisiones más sobre lo que sucedía en los centros de detención y también del papel que jugaron algunas autoridades eclesiásticas. "A ustedes hay que extirparles el alma", les dijo el entonces obispo Juan Rodolfo Laise y el capellán Coscarelli les sacaba datos en la confesión y se los daba a los represores, entre otras cosas que se escucharon ayer.

Guillermina Dominga Ledesma, la hermana de Pedro, contó que el joven que continúa desaparecido desde setiembre de 1976, "era estudiante universitario y era maestro rural en una escuelita de campo en la localidad de El Recodo y en sus tiempos libres tenía una actividad extra que era teatro en la Dirección de Cultura de la provincia", y por lo genera actuaban en las plazas y en las calles, "era teatro para todos", aseguró.

Contó asimismo que Pedro Valentín, en esos años "tenía alguna militancia en la Universidad", donde era alumno en la carrera de pedagogía, "muy estudioso, le gustaba mucho la historia, la política, leía sobre esto".

Cuando le pidieron que relatara el momento de la detención, contó que fue un 20 de setiembre; "él se fue de casa estaba de noche 19:30 aproximadamente, con su novia caminando, y creo que a la hora y media, dos horas, a pocas cuadras de mi casa lo detienen en la calle San Juan". Iba acompañado de Juan Cruz Sarmiento y Raúl Cobos. Este último fue baleado en un operativo y "a Pedro se lo llevan".

"Un rato después de esto llega a casa el Ejercito, la policía, estábamos con mi madre, nos allanan la casa, nos asaltan, estaba la puerta abierta cuando entraron, dieron vuelta todo cuanto pudieron. Llegó mi padre cuando ya estaban allanando", recordó y dijo que en el procedimiento "había gente del Ejercito" y que "toda la manzana estaba rodeada" y que Segundo Ledesma "pide que lo dejen pasar, se identifica".

"Eso fue el 20 de setiembre. Pedro llevaba una chomba azul, un sueter azul en la espalda, un par de alpargatas nuevas que le había comprado yo un rato antes a pedido de él. Lo vi cuando se iba con la novia, Catalina Garraza, y me dijo ya vuelvo", rememoró. "Cuando llega mi padre le dicen que Pedro había sido detenido", recordó de aquel día en que la suerte de la familia Ledesma cambió para siempre.

En medio de su relato también hizo referencia a la búsqueda de su padre, que se dirigió con un amigo a la Comisaría Segunda, ubicada en Gobernador Alric y Sarmiento. Hasta allí concurrió con un amigo de apellido Rodríguez, pero los policías le dijeron al amigo que se fuera. Este se quedó en cercanías de la seccional "pero lo alcanza un jeep y le dice que se vaya".

En la antevíspera, otro policía de apellido Sosa, en su testimonio habló del Jeep en el que iba Luis Enriz en un momento posterior, cuando ya Pedro había sido liberado y caminaba con su padre hacia su casa cuando un 'grupo de tareas' los interceptó y se llevó al muchacho luego de golpearlos a ambos. Desde ese Jeep es donde el efectivo de guardia habría visto a Carlos Pla y Víctor Becerra en actitud sospechosa, ya que se le acercaron a un Torino en el que iban ambos represores, los que, tras decirles que se retiraran, luego entraron a una dependencia del Ejército.

Guillermina contó que "cuando a Rodríguez lo echa el jeep llega a mi casa y nos dice “No sé qué pasa se han complicado las cosas, me dijeron que tu papá se iba a demorar mucho”. Mi madre estaba fuera de sí. No sé si pasó hora y media y llegó mi papá muy asustado, le pregunté si le habían pegado o algo pero el negó todo. Estaba muy asustado, cerrando puertas, ventanas, esa noche no dijo nada, pasamos la noche sin dormir como hacían ya dos noches".

"Al otro día en presencia de un médico que controlara la salud de mi madre nos contó lo que había pasado con Pedro desde que Pla le dio la libertad en la Comisaría Segunda hasta que cuando venían caminando se dieron cuenta que un Falcon bordó los venían siguiendo pero Pedro dijo que no pasaba nada y se fueran a la casa rápido".

"Bajan del auto, lo golpearon a mi papá con un arma en la cabeza y cuando estaba tirado en el suelo pudo ver a Pla, su pierna, porque había estado con él minutos antes porque pla se lo entregó a mi hermano y pudo identificar a Becerra, aunque éste estaba encapuchado".

Esto ya era el 22 de setiembre del 76 y "hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con Pedro aunque sabemos que lo mataron porque es obvio", dijo recordando que su hermano "era alegre, tranquilo, nunca manejó un arma en su mano ni siquiera en el Ejército porque había pedido prórroga para el servicio militar".

"Pedro era colaborador con nuestros vecinos, con los niños, tenía esa actividad social de ayudar a todos los que nos necesitaban; juntaba útiles libros para sus alumnos de El Recodo", señaló y de su familia indicó que "éramos humildes pero felices y se nos terminó todo. Tuve que dejar la escuela para poder sacar a mi madre de la cama, nos costó mucho, y para que lo entendiera pasaron más de diez años", dijo entre otras cosas.

Jorge Oliveros

Jorge Oliveros era policía en el año 1976 y continuó en la fuerza hasta 1992 en que renunció. Él habló sobre otro caso que se investiga en este denominado Megajuicio. Recordó que otro efectivo de apellido Carrizo le comentó que mientras había estado de guardia había fallecido Vicente "Yango" Rodríguez.

Si bien dijo que él desconocía que a los presos políticos se les practicara tormentos en la dependencia en la que trabajaba -Investigaciones- y que tampoco sabía como interrogaban en el D2. Pero cuando le preguntaron si alguien podía haberse negado a cumplir una orden del entonces subjefe de la policía, Carlos Pla, respondió tajante: "No sé como me hubiera ido de no cumplir una orden de Pla", ya que lo describió como una persona de modales violentos, que siempre andaba armado "con una Itaka y dos revólveres". "Tuve suerte", dijo al señalar que nunca había recibido una orden directa para aplicar malos tratos.

De Ortubia Salinas -también encausado- dijo que recordaba que era escribiente, "con mucha habilidad para preguntar y volcarlo en el escrito", porque tenía "muy buena redacción", cosa que lo destacaba del resto, ya que la mayoría, incluso él, habían entrado a la fuerza policial "con séptimo grado" de la escuela.

Si bien no aportó mayores datos, en su testimonio hizo referencia a la muerte de Yango Rodríguez, quien murió en un calabozo, de muerte natural según la versión oficial de aquellos años, pero que había sido torturado terriblemente luego de su cautiverio.

Anibal Oliveras

El relato del profesor Anibal Franklin Oliveras tuvo muchas similitudes con el que había brindado en el primer juicio que se desarrolló en San Luis, aunque se detuvo en algunas particularidades.

Esta vez habló de la fisura en el esternon que todavía llevaba de recuerdo de un golpe que le dio en el pecho Carlos Pla, de otro problema que tuvo en la espalda por los golpes sufridos en la tortura y de una secuela por una otitis mal curada, que se le produjo a raíz de haber sido sumergido en 'el submarino', al que fue sometido en un centro clandestino.

Sobre ese centro clandestino, que recien pudo identificar años más tarde, dijo que se encontraba en la calle Chile y que lo descubrió producto de la casualidad, ya que cuando entró a trabajar en la Universidad Nacional de San Luis, la institución alquiló una casona a la vuelta del edificio donde actualmente se ubica el Rectorado y que allí reconoció a ese inmueble como el lugar donde había sufrido torturas en más de una oportunidad.

Oliveras aportó el nombre de cada uno de los compañeros de cautiverio que compartieron con él las celdas de la Penitenciaría y echó luz sobre algunos detenidos sobre los que habría pocas pistas o testimonios que hablen de ellos.

Estaba allí cuando el cura Coscarelli, Capellán del Ejército, descubrieron que les sacaba información durante el sacramento de la confesión y se las daba a los represores. "Cuando nos dimos cuenta, lo hablamos y le dijimos que no volviera más, porque lo íbamos a matar" y el cura no regresó, dijo.

También habló del accionar "patético" de Juan Rodolfo Laise, en una misa que se celebró el 22 de noviembre de 1976, en donde "no dijo que a nosotros tenían que extirparnos el alma", que en palabras de San Agustín se traducirían como "destrozar el cuerpo para salvar el alma".

También Oliveras reiteró lo que había dicho en el juicio anterior, con relación al entonces Secretario Federal Carlos Martín Pereyra González y al Juez Federal Eduardo Allende, que estaban "pared de por medio" de donde se torturaba en la Jefatura de Policía, y que no pudieron no escuchar los tormentos a los que eran sometidos los detenidos que eran llevados a esa oficina.
Informe: Gustavo Senn

jueves, 28 de noviembre de 2013

San Luis:Fuerte cruce entre defensas y Fiscalía por documentos del proceso

Segundo juicio

San Luis (Pelr) 27-11-13. Ayer se realizó una nueva audiencia por el segundo juicio que se les sigue a torturadores que actuaron durante la última dictadura militar en distintas ciudades y pueblos de nuestra provincia. Se escucharon más testimonios, pero la pimienta estuvo en un fuerte cruce entre las defensas y Fiscalía, sobre si se debía dar lectura o no a las actas de allanamientos confeccionadas en la época, pues se discute sobre si son legales o no, teniendo en cuenta que dichos allanamientos fueron realizados fuera de toda actuación judicial. A punto tal llegó la discusión que, el fiscal Rachid, llegó a decir que no se trataba de allanamientos sino de “asaltos de grupos armados”.

Por la mañana declararon María Ponce de Fernández, quien fue detenida por miembros de la Policía Federal, y posteriormente lo hizo Isabel Catalina Garraza, hermana de Ana María, quien ya declaró en las primeras jornadas de este mismo juicio.

Ponce de Fernández involucró en su testimonio a policías federales como Celso Juan Ángel Borzalino, Oscar Guillermo Rosello y al comisario de la Policía Federal a cargo del CCD “Delegación de la Policía Federal de San Luis”, Ricardo Norberto De María. La testigo hizo especial hincapié en Borzalino, de quien dijo que “me dio unas palizas tremendas”. El relato fue muy duro, a punto de quebrarse, cuando señaló que Borzalino le ponía la pistola reglamentaria “en la vagina”, lo que hizo que padeciera de hemorragias intensas, a tal punto que debió ser internada en el hospital local. Asimismo mencionó que había declarado ante “un juez” supuestamente federal, pero no recordó quién había sido. En línea con testimonios anteriores y con el posterior de Isabel Garraza, señaló que en abril de 1984 se presentó en la justicia para denunciar las torturas que recibió, ante la entonces fiscal Mirtha Esley, pero que ésta jamás movió el expediente.

Garraza

A su turno, Isabel Garraza -quien se quebró en dos oportunidades obligando a sendos cuarto intermedio-, señaló que fue detenida en dos oportunidades, por ser la novia de Pedro Valentín Ledesma -desaparecido por aquellas épocas-. Que la primera vez -en septiembre de 1976- la detuvieron por cuatro o cinco días; mientras que la segunda -en octubre del mismo año- fue más amplia y llegó hasta que comenzó la democracia. En su caso, responsabilizó directamente a Carlos Esteban Plá y “el japonés” Becerra, por las torturas recibidas. Sobre Becerra, dijo que cada vez que la veía le decía “con vos está todo podrido”; mientras que respecto a Plá, señaló que fue quien la interrogó y la golpeó. En una oportunidad “me vendaron los ojos”, tras lo cual la tiraron al piso de un auto, que “por el sonido del motor, era un Torino” y que la llevaron a un lugar donde tuvieron que pasar por las vías del tren, con lo que sospecha que pudo haber sido a la Granja La Amalia. Cuando comenzó a testimoniar que la bajaron del Torino, sobrevino el primer quiebre, lo que obligó al tribunal a disponer de un cuarto intermedio para que se tranquilizara, y al volver se dispuso que Garraza estuviera asistida por una psicóloga. En la continuidad de su relato, sostuvo que vendada la sumergieron en agua, lo que le causó ahogo y que después supo que esa técnica de tortura recibe el nombre de “submarino”. Al día siguiente, estando en donde funcionaba la Jefatura Central de Policía, en San Martín y Belgrano -donde actualmente funciona el MUHSAL-, se enteró que su hermana, su padre y su madre, también habían sido detenidos. “Siempre estaban (Jorge Hugo) Velázquez -ya fallecido-, Ricarte, (Celso Juan Ángel) Borzalino, Lato y (Omar) Lucero” en los interrogatorios y que Velázquez le mostró una foto de Ledesma, donde se lo veía muy golpeado y “me dijo que él lo había torturado”. También señaló haber denunciado las torturas en 1984 ante Mirtha Esley y que la visitaron dos veces para que ratificara, pero que nunca más se hizo nada.

Impunidad

Ayer hubo un hecho que indignó a familiares de los desaparecidos y torturados, además de a los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que cumple el rol de querellante y fue cuando por la pantalla se pudo ver, desde Buenos Aires, que Plá estaba en compañía de su mujer, la cual durante varios minutos se puso a hacerle todo tipo de mimos, sin que nadie del tribunal objetara algo que nunca se le ha permitido a procesados comunes.

Informe: Carlos Rubén Capella  -  carlosrcapella@yahoo.com.ar

jueves, 21 de noviembre de 2013

Desaparición de conscriptos: "Pasan los años, el dolor no se va"

Reynaldo Bignone y Santiago Riveros fueron indagados por la desaparición  de conscriptos “Pasan los años, el dolor no se va”

Se trata de los secuestros de jóvenes que estaban haciendo el servicio militar en el Colegio Militar, donde Bignone era director. Por el caso de Luis Steimberg estuvo procesado en los ’80. Nuevas pruebas y nuevos testimonios.

 Por Alejandra Dandan

Luis Pablo Steimberg fue secuestrado en agosto de 1976 mientras hacía el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación. Pablo era militante del PC. En los años ’80, su caso y el de Luis Daniel García, otro colimba, también del PC y del Colegio Militar, fueron emblemáticos porque lograron impulsar el primer procesamiento de Reynaldo Benito Bignone. Bignone había sido director del Colegio Militar en 1976, pero luego de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín gozaba de buena imagen. En enero de 1984 la Justicia lo procesó, llegó a estar detenido e incomunicado. La causa se frenó años más tarde con las leyes de impunidad y la semana pasada finalmente logró volver a ponerse en movimiento. El dictador tuvo que presentarse a indagatoria en los tribunales de San Martín convocado por la jueza federal Alicia Vence por esta causa. Con él también lo hizo Santiago Omar Riveros, entonces jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y su responsable. Los dos en este momento están detenidos por otras causas y llegaron en camión celular.

“¿Cómo te puedo explicar?”, reflexiona durante unos segundos Sara Ludmer de Steimberg, la madre de Pablo. “Pasan los años, el dolor no se va, y cada vez que surge algo nuevo a uno se le sacude el corazón, ésa es la cuestión.” Esta mujer, emblemática en la lucha de los organismos de derechos humanos, conoció la noticia del reinicio de la causa con 90 años de edad. Está convencida de que ahora sí la cosa irá para adelante. Y cuando nombra a Bignone le dice “atorrante” porque se acuerda de cómo un día intentó “calmarla”: “Era tan cínico, es tan cínico, tan infame”, dice. “Un día cuando le dije de Pablo, me dijo: ‘Se habrá ido con alguna negrita, por ahí’.” Sara cuenta que Bignone tenía a la familia bien identificada desde los primeros tiempos de búsqueda. “Porque al día siguiente ya sabíamos lo que pasaba. Fuimos a la comisaría. De ahí nos fuimos a donde estaba Bignone y a la porquería en Campo de Mayo, cuando nos dijeron: ‘no está’, nos fuimos directamente a los diarios y el único que nos quiso sacar una nota bastante importante fue Crónica’. Se arriesgaron de verdad, pero salió todo lo que nosotros dijimos.”

La causa estuvo frenada desde 1987. Empezó a reactivarse en el medio del re-impulso de los últimos años, sobre todo a partir de las declaraciones de los colimbas de aquellos años. En ese sentido, el caso tiene dos núcleos, señala Pablo Llonto, abogado querellante. Uno, por el valor simbólico que está vinculado a lo que significó en esos años el procesamiento de Bignone en la lucha contra la impunidad, y otro por lo que está aportando de nuevo sobre las características de la lógica represiva al interior del Colegio Militar. “En los primeros años ’80, Bignone todavía era un tipo de peso. Hay que acordarse que le entregó la banda a un presidente civil y su figura sólo generaba repudio de nuestra parte, para el resto del país era un presidente entregando el mando a otro presidente, tenía un peso especial. Por eso, cuando se conoce el caso Steimberg pasa a ser muy fuerte, porque el acusado era Bignone, que parecía inmaculado y que en el contexto de esta causa aparece involucrado nada menos que con un caso en el Colegio Militar”, señala Llonto. Ese es otro aspecto. La tradición militar siempre trató de decir que el Colegio Militar fue un lugar de formación, que había quedado exento de toda mancha. Ahora se saben varias cosas. Una es que antes del secuestro de Steimberg y de García fueron secuestrando a otros colimbas para dar con ellos. Y que adentro hubo grupos de tareas. “Este caso vino a romper el invicto del Colegio militar –sigue Llonto–. Está indicando que había grupos de tareas adentro, que era un lugar de secuestro, de tortura y por eso la importancia de que estas dos causas avancen después de tanto tiempo, porque permiten ver que el Colegio Militar tuvo una larga participación en la represión.” El jueves pasado, ni Bignone ni Riveros aceptaron responder preguntas durante la indagatoria. Sara no pudo ir pero en su lugar fue Marcela Steimberg, hermana de Pablo e hija de Sara. Marcela ya estaba casada cuando secuestraron a Pablo y ahora tiene poco más de sesenta años. El hecho de que ellos no hayan respondido nada en las indagatorias le parece el dato menos importante porque lo más importante fue verlos ahí. “A las diez y pico de la mañana ya estábamos en el juzgado”, dice. “Pablo (Llonto) me mostró los cuerpos del expediente que yo un poco había visto hace años, porque mi papá tenía muchas copias.” Esperaron. Marcela sabía que Bignone iba a llegar en camión celular. “¡Ahí llegan!”, escuchó. “Salimos a la calle, estábamos los dos solos, y no sé de dónde pero me acordé en ese momento de una frase que me decía mi papá, sobre todo cuando yo lloraba: ‘Miralos a los ojos, sosteneles la mirada, vas a ver que ellos no van a poder’.” Marcela hizo lo que pudo.

“¡Buenos días!”, le dijo a Bignone mientras caminaba. “Soy Marcela Steimberg. Soy la hermana de Pablo Steimberg.” Atrás, dice, “venía Riveros. Te puedo asegurar, que los dos juntos están mejor que vos y que yo. Vestidos, peinados y con bastón”. Los represores entraron por un pasillo. Se metieron en una pieza. Marcela se dio cuenta de que todavía le había quedado algo por decirle a Bignone. Le preguntó a Llonto cuál había sido el último grado con el que pasó a retiro. Y ahora sí, cuando lo vio pasar otra vez le dijo lo que tenía pendiente: “¡General! –le gritó– ¡No se olvide de contar lo que le pasó a mi hermano Luis Pablo Steimberg!” Y listo. “Yo soy diabética como mi viejo y mi hermano mayor, pero si en ese momento me hubiesen dado... no sé, a lo mejor una copa melba, no hubiese sentido la satisfacción que sentí en ese momento: porque el tipo no me pudo sostener la mirada.”

lunes, 18 de noviembre de 2013

Presentación ante la justicia por los obreros secuestrados de Molinos

Piden investigar la desaparición de obreros de Molinos Río de La Plata

Familiares de ex obreros de la planta Molinos Río de la Plata aguardan que la Justicia investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra 22 trabajadores de firma, entre ellos los integrantes de la comisión gremial, secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

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La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del juez Humberto Blanco, por Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas, hijos de los obreros Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, que solicitan actuar como querellantes con el patrocinio del abogado Javier Garín.

“Queremos que se investigue la causa en su conjunto, no como casos aislados, para tratar de establecer si existen responsabilidades civiles de los directivos de Molinos en el secuestro y desaparición de los trabajadores”, señaló Garín en diálogo con Télam al aclarar que “el denominador común en todos los casos es la pertenencia a Molinos”.

El expediente, en manos del mismo magistrado que lleva adelante la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006, se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo del fiscal Marcelo Molina, hasta tanto se defina la competencia definitiva.

En la denuncia, se solicita “se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976 y “la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”, perteneciente al grupo económico Bunge y Born.

La presentación da cuenta de los hechos “enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma” y advierte sobre “el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado”.

“Se manifiesta en amenazas a través de notas anónimas, balas depositadas en los casilleros de los trabajadores, acoso patronal y de los superiores y encargados de carácter `políciaco` con el objetivo de desarticular la acción sindical interna”, señala la denuncia.

El escrito también hace eje en la organización alcanzada por los activistas gremiales y políticos que denunciaron las maniobras de desabastecimiento de la empresa antes del golpe y los reclamos por las violaciones a las leyes laborales que protegían a los trabajadores, además de advertir sobre la “animadversión hacia los activistas” después del secuestro extorsivo de los hermanos Born por parte del grupo Montoneros, en 1974.

“De lo expuesto se permite sospechar fundadamente que este accionar represivo se vinculaba en forma directa con la militancia desplegada por los activistas en su ámbito laboral, y que la desaparición y/o eliminación de ellos convenía a la empresa, pudiendo sospecharse que habría prestado colaboración para su identificación e incluso su detención ilegal, al menos en el ámbito laboral”, sostiene el escrito.

Los operarios desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, en la vía pública mientras aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, ciudad de Avellaneda, aunque también pudo saberse que existen dos operarios pertenecientes a la planta que ocupa en Barracas.

“La forma en que fueron secuestrados demuestra que existió un plan sistemático organizado por la empresa y el sindicato (de Empleados y Obreros de la Industria Aceitera), que entregaron a nuestros familiares a las fuerzas represivas”, sostuvo Analía Fernández, cuyo padre militó en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el 6 de julio de 1976, al llegar a la planta y dirigirse hasta el lugar donde estaba el fichero para marcar el horario de ingreso, la tarjeta no estaba.

“La habían sacado para identificarlo junto a otros compañeros, hombres y mujeres, luego lo apartaron y lo llevaron a una oficina, mientras en la puerta tres micros del Ejército estaban preparados para llevarlos”, relató Fernández en base a testimonios de otros operarios que vieron a su padre por última vez.

El primer secuestro había ocurrido cinco días antes, cuando el delegado gremial Avelino Freitas es “chupado” por un grupo de tareas en Villa Corina, a las cinco de la mañana, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo.

Aunque sólo se tiene como dato que fue visto por un vecino en la Comisaría 4ª de Villa Domínico, las investigaciones de los familiares de las víctimas permitieron establecer que la mayoría  fue vista en distintos centros clandestinos de detención como “El Atlético”, “El Banco”, “Garage Azopardo” y Coordinación Federal, con excepción de los hermanos José y Juan Pasquarrosa que fueron asesinados en lo que se conoce como `Masacre de Fátima`.

La lista de los operarios que figuran en la denuncia se completa con: Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda,  y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa.

También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (F.A.P.).

Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos.


De la planta ubicada en Paseo Colón, en Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP), y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).

La hija de un obrero desaparecido llega a la Justicia movida por la "necesidad de saber la verdad"


Analía Fernández, hija de uno de los obreros secuestrados de la planta Molinos en 1976 que aún sigue desaparecido, aseguró que la decisión de presentarse ante la justicia fue “por la necesidad de saber la verdad”, después de “comprender el compromiso militante” asumido por su padre.

“Mi papá fue secuestrado cuando yo tenía dos años y desde entonces, en mi casa reinó el silencio, hasta que siendo adolescente empecé a comprender y a querer descubrir su compromiso militante”, contó la joven que durante su niñez aprendió a convivir con la palabra “desaparecido” con la esperanza de que un día su padre abriría la puerta de su casa y “aparecería”.

De lo que pudo reconstruír Analía a partir del relato de excompañeros, su padre, Francisco Fernández, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y aunque no formaba parte de la comisión interna de Molinos, participó de la lucha de los trabajadores frente a los abusos de la patronal por cuestiones laborales y políticas.

“Empecé a entender cómo funcionaba la lucha en los años `70, los trabajadores denunciaban el desabastecimiento por parte de la empresa  y las maniobras de especulación”, señaló Analía sobre una época del país en la que los grandes grupos económicos saboteaban al gobierno democrático.

Otro hecho que marcó la necesidad de conocer la verdad fue en 2008, cuando Analía dejó su muestra de sangre en la base de datos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se enteró que tiempo antes se habían exhumado más de doscientos cuerpos en un sector del cementerio de Avellaneda.

“Me di cuenta que existían lugares donde se podía encontrar respuestas y empecé a reunirme con otros hijos, a buscar familiares, encontré a un exobrero -Guido Almarás- que me habló de mi padre", explicó.

Analía, junto a Ernesto Mattaboni y Roxana Freytas, realizaron la presentación judicial para que se investiguen delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata y requirieron formar parte de la causa como querellantes como hijos de detenidos-desaparecidos.

domingo, 17 de noviembre de 2013

Juan Etchebarne está acusado de secuestrar a 28 personas vinculadas al caso del banco de Hurlingham

Seguirá detenido ex titular de la CNV
Casación Penal denegó el pedido de excarcelación del ex funcionario civil de la dictadura.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, detenido y procesado por el juez federal Daniel Rafecas por el secuestro de 28 personas. Contra cada una de ellas, usó el pretexto de que estaban siendo investigadas por "subversión económica", pero, en verdad, estaban relacionadas con la venta del Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver. La decisión, que implica que Etchebarne deberá seguir la evolución del proceso privado de la libertad, fue adoptada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala Tercera del máximo tribunal penal.
Etchebarne fue detenido en abril pasado, en el marco de la investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con él fueron procesados el ex coronel Francisco D'Alessandri, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y el agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

El juez Rafecas procesó a todos por "secuestros y el sometimiento a torturas" entre septiembre y diciembre de 1978. Las víctimas fueron conducidas al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Todas ellas pertenecían a dos grupos económicos, Chavanne y Grassi, que intervinieron en la compra del Banco de Hurlingham.
La dictadura intentaba hallar el dinero de Montoneros, y, en ese contexto, perpetraron los delitos por los que Etchebarne está detenido. La investigación, que tiene similitud con la que indaga el traspaso de Papel Prensa del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, más el Estado nacional, fue iniciada en junio de 2010.

Entre los secuestrados, están los hermanos René y Luis Grassi, dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi; Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz. Del Grupo Chavanne fueron secuestrados sus propietarios, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne; así como también la esposa de este último, Sara Duggan; su socio, Jorge Tejerina; y directivos del Banco de Hurlingham, entre ellos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. "En su carácter de presidente de la CNV fue partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos 23 personas investigadas, a su instancia, por el Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia del Banco de Hurlingham", sostiene la acusación contra Etchebarne.
Por: Tiempo Argentino

viernes, 15 de noviembre de 2013

Inés y Loli: Madres de Plaza de Mayo de Neuquén : SIEMPRE EN LA LUCHA

En 2011 Monsanto desembarcó en el país con tres plantas productoras de semillas cuya puesta en funcionamiento encuentra la fuerte resistencia de las poblaciones locales, acompañadas por grupos de ambientalistas. 

Ellos denuncian que tras la máscara de optimizar la producción de alimentos, se encuentra un plan imperialista que condena a los países latinoamericanos en beneficio de los grandes centros de poder.

 Mientras millones de personas en todo el mundo alzan sus voces, Monsanto parece tener aceitados los mecanismos para seguir funcionando, desestimando los estudios que no solo apuntan a los pesticidas, sino también al consumo de alimentos genéticamente modificados.

En las grandes ciudades compramos todos los días alimentos sin ninguna identificación de si son transgénicos o no; cuando los ambientalistas aseguran que el 70% de ellos sí lo serían. Para los detractores de Monsanto hay evidencias científicas que indican que cualquiera de estos productos reviste riesgo para la salud de quienes los consumimos. Un riesgo del cual nadie queda exento.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Carta entregada a la embajada francesa por la extradición del represor Sandoval

Hernán Abriata
Señor Embajador de Francia en Argentina

De nuestra consideración :

En nombre de la familia de Hernán Abriata, víctima del genocidio perpetrado en Argentina, y junto a personalidades y organismos de Derechos Humanos venimos a manifestar ante la Embajada de la República de Francia algunas inquietudes sobre la extradición del represor Mario Alfredo Sandoval, solicitada por el Juez Jorge Torres, titular del Juzgado de Instrucción Nº 12 de la Capital Federal de la República Argentina y que se desarrollará en París el día 9 de Octubre del presente año.

Luego de casi 37 años de reclamar por el paradero de Hernán Abriata hemos constatado que entre sus secuestradores se encontraba al Oficial de la Policía Federal Mario Alfredo Sandoval, quien en la madrugada del 30 de Octubre de 1976 fue parte del grupo de represores que secuestró a Hernán, y que allanó tanto la casa de sus padres como el domicilio en que vivía con su esposa. Posteriormente sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada reconocieron y testimoniaron haber compartido cautiverio con Hernán Abriata; existiendo sobradas constancias judiciales al respecto.

Queremos destacar el acuerdo entre Argentina y Francia en el marco de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que permite una amplia colaboración con la finalidad de extraditar a los prófugos acusados de delitos de lesa humanidad.

Es suficientemente conocida la experiencia de Francia en el sostenimiento de los juicios en su propio territorio por ciudadanos franceses contra represores de la ESMA. La relevancia y repercusión de estos juicios se acentuó ante la imposibilidad de su desarrollo en la Argentina que lo impedían las leyes de punto final y obediencia debida y, posteriormente con los indultos concedidos a los jefes militares condenados en 1985.

Con el reinicio de los juicios luego de anuladas las leyes de la impunidad, la República francesa se convirtió en querellante activo, especialmente en los casos de Alice Domon y Leonie Duquet, monjas francesas secuestradas y desaparecidas, junto a madres y familiares de desaparecidos.

Es por ello que sería totalmente contradictorio y antagónico la no cooperación en la extradición del represor Sandoval por parte de la República de Francia, ya que sería una demostración anacrónica respecto a la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento de los hechos y la condena a sus autores y por la que venimos bregando hace tanto tiempo.

Una activa política de defensa y custodia de los derechos humanos, determina la movilización de amplios sectores de la sociedad civil, y de diferentes gobiernos que no son ni quieren sentirse ajenos en este camino de justicia

La generosidad de Francia con determinados valores y el abuso de Sandoval aprovechándose de esa circunstancia para buscar impunidad de crímenes atroces en ese país, de ninguna manera debiera entenderse o sospecharse como política de ese Estado. La jurisprudencia francesa con facilidad podrá encontrar los mecanismos que reconocen el carácter continuo del delito. Por lo tanto apelamos a los valores reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición de Mario Alfredo Sandoval, quien fuera miembro del Consejo de Defensa del ex presidente Nicolás Sarkozy.

Por todo lo anterior, le solicitamos en nombre del derecho a la justicia de Hernán Abriata, la implementación de todo tipo de medidas para efectivizar la extradición del represor Sandoval, y que dicha petición sea traslada en tiempo y forma correspondiente al Señor Presidente de la República Francesa, François Hollande.

Atentamente,

Carlos Loza
Carlos Lordkipanidse
AEDD Presidente Asociación Ex detenidos desaparecidos
AEDD

ADHESIONES
FAMILIARES:
Beatriz Cantarini de Abriata- Mónica Dittmar- Juliana Abriata- Laura Abriata-Liliana Abriata- Claudia Dittmar-

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONALIDADES:

Adolfo Perez Esquivel (SERPAJ)-Pepa Noia- Nora Cortiñas- Elia Espen- Mirta Acuña de Baravalle
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Marta Vázquez Presidente) - Asociación de Ex detenidos desaparecidos (AEDD)- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)-HERMAN@S- Liga Argentina por los Derechos del Hombre- Unión por los Derechos Humanos La Plata- Luis ZAMORA- HIJOS LA PLATA- HIJOS ZONA OESTE-APEL-Cómite de Acción Jurídica (CAJ)- Hugo Blasco Secretario de Derechos Humanos CTA NACIONAL- EATIP- Liberpueblo- Secretaría de Derechos Humanos CTA Capital- WILPALA REBELDE- Area de Derechos Humanos ATE Capital- Consejo Directivo ATE Capital-Juan Carlos Capurro- Liliana Alaniz-Pablo Piatigorsky- María Adela Antokoletz- Oscar Repossi- Sonia Zukerfeld- Oscar Kuperman (PRML)- Ruben Yoquet (P.C)- Eduardo de Bianchetti (ATE)- Valeria Canoni- Mónica Gómez Picardo- Ernesto Rosemberg- José Carlos Méndez- Alina Palamarc Zuk- María José Zochi- Enrique León Villeda- Fernando Antonio Trices- Rolando Juárez- Efraín Jesús Espinoza- María Laura Ramognino- Casapueblos (Madrid)- Solidaridad Obrera (Estado español)-Jaime Pastor (Prof. Universitario)- Carlos Taibo (Prof.Universitario)- Campaña apoyo a juicios a los genocidas en Argentina- Adrián Cardozo (psicoterapeuta)- Silvia Basteiro(psicoterapeuta)- Arnold Etchebhere (médico)- Martine Silver (periodista)-

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Ordenan investigar a un ex jefe del ejército por el secuestro de tres niñas en 1973 Chile: general implicado en robo de bebés

Juan Emilio Cheyre había tenido que renunciar al Servicio Electoral al saberse del caso del hijo de un argentino.

Por: Tiempo Argentino

La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro y tortura de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro en visita (juez especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, Jaime Franco, hizo lugar a la querella en contra de Cheyre y otros dos militares.

La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad. "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.

Según las investigaciones, el ex jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975. El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.

Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.

En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973. "Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".

jueves, 12 de septiembre de 2013

Chile : Guayacán, donde ejecutaron a niños




En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra
CONOZCA: Coquimbo, donde dinamitaron a Sonia, Mario y a Germán
El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"¿Qué saben ustedes...?"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".

Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"