martes, 27 de agosto de 2013

Comenzó el juicio oral contra el perito Roberto Locles por dañar pruebas en elcaso de Mariano Ferreyra

Seis colegas contra el acusado

Locles, acusado de manipular y alterar la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, se negó a declarar. “Fue un momento bastante traumático, repentino y me quedé atónito”, planteó un perito de la policía durante su testimonio.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar ayer al perito Roberto Locles, acusado de manipular la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado por una patota ferroviaria durante una marcha. El imputado se negó a declarar y la querella que representa a Beatriz Rial, la mamá de Ferreyra, evaluó positivamente la jornada de ayer. “Los testigos probaron la acusación”, consideró uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrón. Fueron seis los testimonios de peritos que se escucharon. Otros ocho completarán la nómina el miércoles, cuando el tribunal espera poder también tomar nota de los alegatos de las partes.

Cerca de las 9.30, los jueces Gustavo Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani dieron comienzo al proceso oral que determinará si Locles es culpable o no de haber inutilizado o alterado un medio de prueba, específicamente la bala que mató a Ferreyra. El hecho sucedió cuando, contratado por la defensa del ferroviario Guillermo Uño –estuvo acusado de integrar la patota que mató a Ferreyra y recibió la absolución del Tribunal Oral Nº 21 en abril pasado–, Locles golpeó el proyectil contra una mesa, varias veces, con la aparente intención de convencer al resto de los peritos de que el plomo, antes de impactar en el cuerpo del joven, había rebotado contra la calle. El delito prevé cuatro años de prisión.

Durante la jornada de ayer declararon seis peritos que participaron de aquel momento en el que el acusado marcó la bala. Ellos labraron un acta y tomaron fotos del proyectil modificado para comunicarle el hecho a la jueza Wilma López, a cargo de la determinar lo ocurrido aquella mañana de octubre de 2010 en la que murió Ferreyra y otros tres militantes resultaron heridos. Ella luego radicó la denuncia penal contra Locles. Los cuatro peritos de la Policía Federal, Juan Leguiza, Edgardo Ríos, Matías Romero y Martín Descalzo, así como los dos profesionales aportados en aquella ocasión por el CELS, Silvia Buffarini y Diego Gómez, ofrecieron su testimonio luego de que el acusado se negara a declarar y los jueces rechazaran un pedido de nulidad de la acusación presentado por su defensa.

“Los testigos aportaron relatos que prueban lo que se venía vislumbrando en la instrucción, la acusación contra Locles”, evaluó Efrón, que comparte la querella con su colega Maximiliano Medina. Además de su representación, también participa del juicio la querella en representación de los militantes del PO heridos en las mismas circunstancias en que murió Ferreyra. La acusación está a cargo del fiscal Fernando Fiszer. Para ayer también estaban citados los dos peritos de Gendarmería, María Silvina Lastreti y Gonzalo Díaz, que participaron en aquella junta. El testimonio de Lastreti fue aportado por lectura debido a que se encuentra residiendo en el exterior. A Gómez, que fue trasladado a Neuquén, el tribunal lo citó para el miércoles.

Leguiza, quien durante la junta de peritos fue el encargado de identificar la bala ante sus colegas y de diferenciarla del resto de los plomos que estaban a disposición para manipular en caso de considerarlo necesario para evaluar hipótesis, fue el primero en declarar ayer. “Fue un momento bastante traumático, en cuestión de segundos pasó todo, fue sorpresivo, repentino y me quedé atónito”, planteó ante los jueces sobre el momento en que, según la denuncia en su contra, Locles tomó el proyectil y lo golpeó sobre la mesa en la que trabajaban. “Era la primera vez que sucedía algo así con una prueba de causa”, coincidió Romero.

Según el expediente, Locles golpeó la bala mientras decía: “¿Ven que esto no se deforma?”. En su testimonio, Descalzo lo desmintió: “Cualquier persona se da cuenta de que un proyectil de plomo desnudo se va a deformar si se hace esta operación”. “Cuando lo soltó, lo tomo y veo que tiene un brillo que antes no tenía, dejamos constancia y él se retira sin firmar, lo llamaron por teléfono, salió afuera y cuando volvió dijo que se tenía que ir y pasaría a firmar al día siguiente”, aseguró Leguiza.

Previo a la ronda de testimonios, Locles se negó a prestar declaración indagatoria y sólo dio sus datos personales: “Dentro de media hora cumplo 76”, dijo y anticipó que hablará al final del juicio. Ante la decisión, los jueces ordenaron leer la declaración que prestó en la instrucción de la causa, cuando afirmó que no tuvo voluntad de dañar la prueba. “Nunca tuve intención de hacerlo, estaba muy nervioso, con un ataque de presión y por su dureza no lo hubiese deformado”, se defendió el 1º de abril de 2011 ante el juez Alberto Baños, que lo procesó.

viernes, 23 de agosto de 2013

Mientras espera su extradición, un sacerdote prófugo vive en una parroquia de Italia

Franco Revérberi Boschi, ex capellán militar
La fiscalía de San Rafael, Mendoza, requirió su detención y el juez federal ordenó su captura internacional. La APDH de esa ciudad le pidió al Papa que interceda para que el cura "se allane al proceso judicial". Le imputan haber participado en torturas.

Uno de los prófugos por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza es el sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y actualmente, según Interpol, ejercería tareas religiosas en una parroquia de Parma, Italia, mientras se aguarda que un tribunal de ese país lleve a cabo el juicio de extradición.

La captura del sacerdote, de 75 años, fue requerida por el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado y ordenada por el juez federal de esa ciudad, Eduardo Ariel Puigdengolas.

La nacionalidad ítalo-argentina del imputado obstaculizó su detención durante el proceso judicial abierto en Italia a requerimiento del juez argentino para que se decida su captura y envío a nuestro país para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, informó a Fiscales la fiscalía federal de esa ciudad del centro de la provincia de Mendoza. Si el juicio de extradición concluye favorablemente a la petición de las autoridades argentinas, Revérberi Boschi será detenido y enviado a San Rafael para responder por los crímenes que se le imputan.

El pedido de extradición fue remitido en febrero al Ministerio de Justicia italiano y actualmente se encuentra en la Corte di Apelli di Bologna. Según se informó desde la fiscalía sanrafaelina, tanto la embajada argentina en Italia como la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación intervienen en el caso, con el objeto de lograr una resolución favorable y en el menor plazo posible al requerimiento del juez federal mendocino.

En este contexto, la filial San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dirigió a principios de este mes una nota a el Papa Jorge Bergoglio, por intermedio del Nuncio Apostólico en Argentina Monseñor Emil Paul Tscherrig, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Revérberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.

La actuación del sacerdote en el terrorismo de Estado quedó al descubierto durante el primer juicio por esos delitos que se realizó en 2010 en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael.

Durante las declaraciones testimoniales, cinco víctimas mencionaron su presencia -algunas lo describieron al detalle- durante las torturas a las que fueron sometidas principalmente en el centro clandestino de detención conocido como la "Casa Departamental".

Roberto Flores dijo que el cura no los golpeaba pero que presenciaba los suplicios infligidos a los prisioneros y que lo ha visto con una Biblia en la mano. Lo describió vestido con pantalón, camisa y zapatos negros, cuello blanco y un saco, nunca vestido de sotana. Añadió que era de tez trigueña, pelo negro y que medía aproximadamente entre 1,72 y 1,75 metros.

Por su parte, el sobreviviente Sergio Chaqui lo vio pasar en el centro clandestino, y agregó que nunca le dio consuelo espiritual.

Huego Riera, en tanto, agregó que vio al cura en Infantería con la Policía, pero no con los detenidos.

Mario Bracamonte relató que en la Departamental vio al sacerdote en cuatro oportunidades. Una tarde, dijo, hubo una golpiza y luego, como tormento, les hicieron secar el piso con el cuerpo, arrastrándose. Era invierno, cuando las temperaturas en esa ciudad suelen bajar de los -10°.

En ese momento, explicó Bracamonte, levantó la cabeza y vio a Revérberi junto al oficial de la policía mendocina, enlace con las fuerzas armadas, José Mussere; al jefe de la subárea militar 3315, mayor Luis Faustino Suárez; al capitán del Ejército, Luis Stuhldreher, quien fue interventor de la municipalidad de San Rafael; y al teniente del Ejército, Aníbal Guevara.

La víctima dijo que el sacerdote concurría al centro clandestino junto a esos cuatro personajes todas las noches y que un 9 de julio le pegaron una paliza durante cuatro horas a un sindicalista de la UOM de apellido Castro, a quien torturaban ahogándolo en un balde. En ese contexto, Bracamonte vio a Revérberi mirando la situación y cuando lo vio recibió una patada de sus captores, que lo increparon: “qué mirás, negro”.

Stuhldreher está detenido desde abril pasado por crímenes de lesa humanidad, después de dos años de estar prófugo, mientras que Guevara fue condenado a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios.

Por su parte, el testigo Ángel Di Cesare dijo que vio al prelado en varias oportunidades en el centro de San Rafael vestido con traje de combate y con armamento. Agregó que era quien bendecía las armas con las cuales torturaban a las personas.

De testigo a imputado

Durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Mendoza, Revérberi fue convocado a declarar como testigo y, tras su presentación en el debate, se produjeron los testimonios de quienes lo vieron actuando en el contexto de la represión ilegal.

Por ello, el 24 de septiembre de aquél año el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado solicitó que se le reciba indagatoria a Revérberi, pero el juez Puigdengolas rechazó el pedido y delegó la investigación en la misma fiscalía.

Casi un año después, el juez fijó fecha para la indagatoria el 10 de agosto de 2011. El acto nunca  pudo concretarse ya que, a esa altura, el ex capellán se encontraba en Italia y, desde allí, invocó razones de salud que le impedían regresar a Argentina.

Según la Policía Internacional, Interpol, el 10 de mayo de 2011, tres meses antes de que el juez dispusiera su indagatoria, el cura había dejado el país en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino final al aeropuerto internacional de Roma, con escala previa en España. Interpol también informó que el ex capellán se encontraría ejerciendo su actividad religiosa en la Parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, Parma, la ciudad donde nació el 24 de diciembre de 1937.

Tras solicitar una serie de medidas para establecer el verdadero estado de salud del imputado, la fiscalía pidió el 10 de agosto de 2012 al juez federal que dispusiera su rebeldía, ordenara su captura internacional y abriera un proceso de extradición. Esas medidas fueron dispuestas por el juez el 23 de agosto de ese año y, después de los trámtites burocráticos de rigor -paso por la Cancillería y traducción mediante al italiano-, el pedido fue remitido en febrero pasado a Italia.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Santiago del Estero: Denuncian que represores condenados usan celulares y computadoras en Colonia Pinto

Denuncia de organismos de derechos humanos sobre situaciones de privilegio e impunidad de represores detenidos.
Se hicieron presentaciones ante el Tribunal Oral Federal y el juez Federal de Santiago. Temen por la seguridad de víctimas, familiares y testigos de las causas.
Denuncian que represores condenados usan celulares y computadoras en Colonia Pinto
Los planteos fueron efectuados ante el juez federal Guillermo Molinari y el Tribunal Oral Federal.

Publicado el 18/08/2013 - Organismos de derechos humanos locales presentaron una grave denuncia ante el Tribunal Oral Federal y el juez federal de Instrucción, Guillermo Molinari, debido a que tienen información de que los represores que están recluidos en la Unidad Penitenciaria Federal de Colonia Pinto, cuentan con computadoras y celulares.

Advierten que esto les facilitaría el contacto con el exterior, lo que representa un riesgo para la seguridad de las víctimas sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas. También, la posibilidad de fugas y en ese sentido recordaron el caso del ex policía Roberto Díaz Cura, acusado por delitos de lesa humanidad, quien se encuentra prófugo desde mediados de 2011.
Cristina Torres, presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, confirmó que se realizó la presentación que también comprende un pedido de mayores controles tanto a los represores que están en Colonia Pinto, como al ex jefe de los grupos de tareas, Musa Azar Curi, quien cumple su condena en el Hospital Regional.

Torres manifestó que Azar Curi, al encontrarse en un lugar que no es una prisión, tiene mucha libertad de movimiento y contacto con el exterior. Sostuvo que si está enfermo, que directamente sea trasladado al Penal Militar de Ezeiza, que cuenta con un hospital de alta complejidad para atenderlo ante cualquier eventualidad.

Torres comentó que desde la Cárcel Federal de Colonia Pinto donde hay cerca de una decena de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, llegaron “trascendidos con respecto al uso por parte de los detenidos, de celulares y computadoras con los que tendrían posibilidad de comunicación con el exterior”.

“Me parece que esta situación tiene que ser merituada por quienes tienen responsabilidad de la custodia. Consideró que hay un “abuso de comunicación al exterior, teniendo en cuenta que son gente que no colaboró con los procesos de juzgamiento”.
Advirtió que no debe repetirse lo que pasó en San Juan, donde fugaron dos represores o “lo que pasó con Roberto Díaz”.

Sobre Azar Curi, dijo que pidieron el traslado al Penal de Ezeiza, “porque nos ha llegado información de las posibilidades que tiene él en su lugar de detención, de visitas permanentes, no porque no pueda tenerla, sino por lo que significa el manejo de información y la posibilidad de poner en riesgo la seguridad de testigos, víctimas o sus familiares, es lo que nos preocupa”, advirtió.

jueves, 15 de agosto de 2013

El represor Appiani cuestionó su expulsión de la Uader, pero la Justicia rechazó su planteo

¡¡Se siente discriminado!!

Jorge Appiani está imputado por violaciones a los derechos humanos.
La expulsión de dos represores de la dictadura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) sigue dando que hablar. Ahora fue la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la que rechazó un planteo por discriminación presentado por Jorge Humberto Appiani, imputado en la megacausa denominada Área Paraná. Appiani cursaba y había aprobado cuatro materias de la carrera de Profesorado de Historia, en el marco del Programa Educación en Contextos de Encierro que la Facultad de Humanidades dicta para internos de las unidades penales. El año pasado el Consejo Superior de la universidad dispuso “la no admisión ni permanencia de condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes”. La medida alcanzaba también al médico Hugo Mario Moyano. Tras la expulsión, Appiani acudió a la Delegación Paraná del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) argumentando que sus derechos habrían sido “vulnerados” y que la expulsión de una universidad pública significaba una “abierta violación a la ley antidiscriminatoria”, entre otros puntos.

El organismo replicó que la negativa de un docente a dictarle clases a un detenido y procesado por delitos de lesa humanidad no constituye un acto discriminatorio y dio por cerrado el caso.

Entonces el represor fue a la Justicia, donde tuvo más reveses: el juez federal Leandro Ríos desestimó la denuncia y Appiani apeló a la Cámara Federal de Apelaciones argumentando que las conclusiones del magistrado “no son producto de la lógica ni del sentido común, sino meros juicios apresurados”. Pero el tribunal que integran Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso tampoco hizo lugar a su planteo, aunque “por la inexistencia de habilidad del denunciante para deducir el recurso”, tal lo expuesto en una resolución del 3 de abril pasado. El represor interpuso entonces un recurso de casación, que también fue rechazado el 2 de mayo por el tribunal, publicó El Diario.

Así las cosas, mientras Appiani continúa con su reclamo por la vía judicial, el acceso a la universidad pública provincial le está vedado.

Appiani está detenido en una Unidad Penal Nº 1 de Paraná desde el 4 de junio de 2009. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En 2011 los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva lo acusaron como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas. La causa, que tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, está casi paralizada por las trabas que han puesto las defensas, especialmente, Appiani, en su propio nombre.

El primero en alzar la voz contra la presencia de los represores como alumnos fue Darío Velázquez, un docente de Historia, quien manifestó su preocupación por la presencia de Appiani en sus clases y pidió que se establecieran criterios para “la admisión de personas procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad”.

En la resolución del consejo superior de la Uader se argumenta, citando al ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, que “la generosidad constitucional es amplísima, pero reconoce como límite la no afectación de la existencia misma de las instituciones y la incolumidad de su naturaleza, pues es elemental función de todo texto constitucional crear instituciones y normar las condiciones para su permanencia y continuidad. Por ende, la garantía de autonomía universitaria –en consonancia con el principio de igualdad–, no puede desnaturalizarse para servir de instrumento legal que destruya la propia universidad”.

Asimismo, se remarcó en la resolución que la decisión no constituye “una sanción jurídica sino ética, lo que excluye toda disquisición filosófica sobre la fundamentación de la pena o sobre los alcances de la inhabilitación que pesa sobre los afectados, porque no hay pena alguna que fundamentar. La universidad puede otorgar premios éticos y también aplicar sanciones del mismo tipo. En nuestro caso, los involucrados participaron de un régimen que asesinó a miles de estudiantes y profesores, razón más que suficiente para aplicar la sanción ética mentada”.

El socio prófugo

Appiani, detenido en Paraná, es socio de Jorge Antonio Olivera, el ex militar que se fugó del Hospital Militar Central el 4 de julio, tres semanas después de haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos en San Juan. Ambos eran socios en un estudio jurídico frente a los tribunales porteños hasta que cayeron presos.

Como abogados lograron que la Justicia dejara sin efecto el recorte salarial a militares en actividad dispuesto por el gobierno de la Alianza; se ofrecieron para representar a kiosqueros porteños tras la sanción de una ordenanza que imponía restricciones horarias para la venta de alcohol; y promocionaban sus servicios entre los ahorristas afectados por el corralito para litigar ante las casas matrices de los bancos extranjeros que tenían filiales en el país. También se presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiendo indemnización para “los hijos de los muertos por la subversión” y promovieron causas en las que pedían investigar los asesinatos de militares, como forma de contrarrestar los juicios por la verdad.

Tras la fuga se supo que Olivera y Appiani habían constituido fideicomiso financiero para cobrar los honorarios de esos juicios que llegó a tener $9.457.804. Estando detenidos vendieron el fondo, pero la Unidad de Información Financiera (UIF) sospecha con ese dinero se habría financiado el escape y la vida de los represores prófugos.

jueves, 8 de agosto de 2013

Margarita Camus, sobreviviente, sobre los represores fugados: “celebrar el veredicto nos duró solamente veinte días”

Dos represores condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan fueron trasladados al Hospital Militar Central "Cosme Argerich", ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer una consulta médica autorizada por un juez subrogante, en plena feria judicial. Desde allí escaparon y nada más se sabe de ellos. Intentando todavía digerir esta noticia, la jueza de ejecución penal Margarita Camus, sobreviviente y querellante en la causa por la que fueron juzgados, afirmó que los organismos de derechos humanos ya habían advertido sobre algunos antecedentes que daban cuenta de la capacidad de fuga que tenían ambos militares. Además, Camus se refirió a la actuación que tuvieron Jorge Olivera y Gustavo de Marchi durante la última dictadura cívico militar. Por La Retaguardia
 Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

El 4 de julio de este año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Juan condenó a prisión perpetua por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita cometidos contra sesenta víctimas, a Jorge Antonio Olivera, Horacio Julio Nieto y Osvaldo Benito Martel . En tanto, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron 25 años y Alejandro Manuel Lazo 10 años. Tan solo veintiún días después, y sin siquiera haber escuchado los fundamentos de la sentencia, Olivera y De Marchi consiguieron fugarse.

Estaban presos en el Penal de Chimbas en San Juan y pidieron ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para hacer una consulta médica. La solicitud fue autorizada por un juez subrogante y los represores viajaron para ser atendidos en el Hospital Militar Central “Comisario Mayor. Dr. Cosme Argerich” (lleva el mismo nombre que el Hospital General de Agudos, solo que éste se llama Dr. Cosme Argerich, sin el Comisario General). Fue desde este nosocomio, ubicado sobre la calle Luis María Campos, en pleno barrio porteño de Belgrano, que Olivera y De Marchi se fugaron. Es decir, fraguaron un problema de salud para poder llegar al hospital militar y desde allí escaparse.

Margarita Camus es jueza de ejecución penal y, en tanto sobreviviente, fue querellante en el juicio que ahora tiene dos condenados fugados. En diálogo con Oral y Público, afirmó que aún se están recuperando del “mazazo” recibido: “nosotros teníamos clara conciencia de quiénes eran estos personajes, pero evidentemente minimizamos su capacidad para organizar esta fuga. No solamente nosotros, sino distintos actores y organismos que tenían la responsabilidad institucional de evitar que estas cosas pasaran. Obviamente esto ha significado toda una situación muy dura y difícil porque ha sido un juicio muy largo, de veinte meses, en el que la mayoría de las víctimas somos sobrevivientes y nos ha costado mucho en esta provincia llevar adelante el juicio. Celebrar el veredicto nos duró solamente veinte días”, se lamentó.

Sin embargo, Camus aseguró que al igual que muchas otras situaciones que les han tocado vivir, se sobrepondrán y verán cómo transformar este hecho en cuestiones concretas que sirvan para que esto no vuelva a repetirse en ningún lugar del país.

Respecto a quiénes eran y cómo actuaron De Marchi y Olivera durante el Terrorismo de Estado, Camus detalló: “De Marchi tenía el apodo de ‘El loco De Marchi’. Era un tipo arrebatado que iba en una moto Harley Davidson, y era dueño de una whiskería en San Juan, lo que también pinta su catadura moral. Cuando uno de los conscriptos que había participado del Operativo Independencia en Tucumán declaró en el juicio, contó que trabajaba con De Marchi y que después de que volvieron a San Juan él no había tenido que ir más al regimiento, sino que lo habían afectado a la whiskería para que se encargara como soldado de tareas de limpieza. De Marchi es quien el día del golpe de Estado tomó la Legislatura de la provincia y habilitó allí el primer centro clandestino de detención local, donde fueron alojados todos los presos que detuvieron las primeras horas del 24 de marzo. De Marchi es un personaje conocido en San Juan, se retiró del ejército porque tenía un sumario que le habían abierto dentro de la misma fuerza por violación y estupro, pero como era hijo de un general le dieron la posibilidad de pedir la baja. Todo esto que estoy diciendo consta en las actuaciones judiciales y es documentación producida por el propio ejército”.

En cuanto a Jorge Olivera, Camus contó que era teniente, hijo de una persona que con los años fue comandante de Gendarmería: “era el oficial de inteligencia del Regimiento 22 –agregó–, era quien llevaba adelante la batuta de la patota de secuestradores y violadores”. Olivera fue además abogado de varios represores en el desarrollo de otras causas por delitos de lesa humanidad.

En relación a la posibilidad de fugarse, Camus aseguró en diálogo con Oral y Público que había antecedentes: “por ejemplo, Olivera fue el primer militar argentino represor detenido fuera del país. Esto ocurrió en Italia en agosto de 2000. Fue detenido por un hecho producido en San Juan que fue la desaparición de nuestra compañera Marie Anne Erize. Como ella tenía doble nacionalidad, un juez francés ordenó la captura al enterarse de que Olivera estaba en Europa. También durante la feria judicial, y presentando un documento apócrifo de un juez al que después le costó el cargo porque pertenecía a la logia Propaganda 2, Olivera logró su salida de Italia. Permaneció prófugo y cuando se iniciaron los procesos se ordenó su captura; fue finalmente detenido en 2008 con varios documentos falsos en su poder. De Marchi, que había estado detenido y fue excarcelado por jueces cómplices de la Cámara Federal de Mendoza, también estaba prófugo y con documento falso, y fue capturado cuando el juicio ya estaba iniciado e incorporado al mismo”.

Cabe señalar que en esta megacausa hubo otros imputados que están prófugos desde la etapa de instrucción como el ex teniente Carlos Malatto, exiliado en Italia, y los oficiales Eduardo Vic y Juan Carlos Coronel, ex jefe de la Policía de San Juan.

En este sentido, Camus recalcó que todos estos elementos hacen absolutamente insostenible que a los pocos días de haberse dictado el veredicto, cuando todavía falta la lectura de los fundamentos de la sentencia, se haya autorizado este traslado que terminó en fuga sin que exista ningún fundamento. Como jueza de ejecución penal, Camus sabe perfectamente que cuando una persona detenida por una causa común, sin vinculación al Terrorismo de Estado, se enferma, es trasladada a los hospitales públicos de San Juan: Marcial Quiroga y Rawson. Por este motivo, los organismos y las querellas se preguntan desde el primer día cómo es posible que se haya autorizado a estos dos represores a ser atendidos en la Ciudad de Buenos Aires. “Acá no había ni siquiera una simulación de una enfermedad preexistente –señaló Camus–. Esta ha sido una maniobra urdida con varios actores involucrados para que esto termine siendo efectivo. Ninguno de estos dos personajes tenía alguna enfermedad preexistente que sirviera de fundamento para poder trasladarlos a un hospital de alta complejidad que no hubiera aquí en San Juan. Cuando después vimos la autorización para que vayan a dermatología nos pareció una cargada, no lo podemos sentir de otra manera. Por supuesto que en los hospitales públicos de San Juan, en las salitas de los barrios, de las villas, contamos con esa especialidad. Entonces no podemos menos que sentir que acá esto estaba totalmente programado y orquestado. Yo digo que esto va desde hace tiempo, porque ya durante la instrucción el juez federal Leopoldo Rago Gallo le había autorizado a Olivera tener computadora. Nosotros pedimos que cuidaran que no tuviera acceso a internet y esto fue burlado en reiteradas oportunidades. Obviamente los detenidos comunes, que son la mayoría en la cárcel de San Juan, no tienen computadora. O sea que esto también ha generado dentro de los mismos penales esta situación de privilegio a favor de personas que estaban en ese momento imputadas en los derechos más graves que son los de lesa humanidad”.

Tras conocerse la noticia de las fugas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de cada uno de los represores. Pocos días después, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbatella, informaron en conferencia de prensa que habían congelado un fideicomiso de más de nueve millones de pesos perteneciente a Olivera. “Nosotros conocíamos que tenían capacidad económica –dijo al respecto Camus– pero lo del fideicomiso obviamente no lo sabíamos. Durante el proceso también habíamos pedido que para evitar esta posibilidad de fuga se produjera un congelamiento, en ese momento hablábamos de los haberes, para poder tomar algún tipo de recaudo. El socio de Olivera que es con quien tenía el fideicomiso, Jorge Appiani, está detenido en la cárcel de Paraná por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. El hermano de Gustavo de Marchi está cumpliendo una condena de 25 años en Corrientes y era el presidente de la Sociedad Rural correntina. Estamos hablando de gente que pertenecía a sectores oligárquicos y con bastante disponibilidad económica”. A más de una semana, los represores continúan prófugos. “Creo que tienen posibilidades para no estar en el país. Mi corazonada sin ningún elemento objetivo, pura subjetividad, es que están acá, en Argentina”, reflexionó Margarita Camus.

Mientras se investiga cómo se produjo la fuga en el hospital militar, la cartera de justicia elaboró nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de lesa humanidad y creó una comisión que evaluará exhaustivamente el estado de salud de los represores internados en dependencias militares. Lo sucedido con De Marchi y Olivera es la exacta explicación de por qué en los alegatos de las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad se pide cárcel común para los represores. Este pedido no se refiere solamente al lugar físico donde deben cumplir la condena sino también a que no deberían tener ni recibir ningún tipo de privilegio.

Queda esperar que, al momento de la lectura de los fundamentos de la sentencia, Gustavo de Marchi y Jorge Olivera estén sentados en los tribunales para escucharlos junto al resto de los condenados.

lunes, 5 de agosto de 2013

Maniobra del represor Leopoldo Flores para frustrar pericia médica

Se trata del ex general de brigada Leopoldo Héctor Flores, de 82 años  -   La maniobra de un represor para frustrar la pericia médica que lo llevará a juicio
El genocida tiene domicilio en Buenos Aires. Poco antes de la audiencia en el Tribunal oral, en Posadas, pidió la suspensión por cuestiones de salud. Sospechosamente la junta médica fue anulada. Ahora habrá que esperar 6 meses.

Por: María Sucarrat


Leopoldo Héctor Flores está detenido con prisión domiciliaria en Buenos Aires, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Misiones. El genocida Flores estuvo a cargo de la represión que diezmó las fuerzas de las Ligas Agrarias misioneras.

Leopoldo Héctor Flores, ex general de brigada y graduado de honor de la Escuela de las Américas, de 82 años, debía ser juzgado en la ciudad de Posadas ante el Tribunal Oral Criminal Federal, a cargo de Eduardo Belfort. A poco de fijar la fecha de la audiencia, los abogados del represor realizaron una presentación aludiendo una incapacidad física y solicitando una junta médica al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La junta se realizó el pasado 31 de julio.
Lo curioso es que el examen médico legal duró apenas 30 minutos, el mismo tiempo que duraron las irregularidades, luego denunciadas por la neuropsicóloga Patricia Solís y la neuróloga Sara Kochen, quienes actuaron por la parte querellante, es decir en nombre de las víctimas.
El objetivo del represor de impedir y postergar el juicio oral en Posadas, fue sostenido por las siguientes irregularidades.
–Jorge F. A. Kiss,el médico forense a cargo de la junta médica, no estuvo presente en el examen.
–En su lugar actuó Martínez Álvarez, quien le presentó a Kiss un acta de la reunión para que él elabore luego el informe final y lo envíe a las autoridades del Tribunal de Posadas.
–Martínez Álvarez no es perito médico. Si bien posee título como neuróloga, no concursó y no puede realizar pericias porque es empleada administrativa del Poder Judicial y no Médico Forense del Cuerpo Médico de la Corte.
–El examen final llevaría la firma de Kiss. Sin embargo lleva la firma de Martínez Álvarez, quizás, con el fin de diluir responsabilidades en la certificación de la salud de los genocidas.
–Mariana Fernández Martínez Álvarez tiene el cargo de jefe de Despacho, del escalafón administrativo (PAT, por Personal Administrativo y Técnico).
Al momento del examen a Flores, además de la enviada por el Cuerpo Médico Forense, estaban Alejandro Antonio Basile, el médico legista en representación del represor y las peritos Kochen y Solís, quienes denunciaron la maniobra, a través de un acta manuscrita. Las médicas explican en el texto que la maniobra de la querella para evitar el examen consistió en interrumpir permanentemente las preguntas realizadas al paciente, que buscaban demostrar que Flores estaba ubicado en tiempo y espacio. "Al tener una conversación fluida con Flores, la simulación se caía, pero al interrumpir los diálogos, eso no se puede certificar", explicaron. Kochen y Solís preparan ahora un informe más exhaustivo que la presentación realizada a solo efecto de salvar el acta y dejar asentada su posición.

En buen romance, mientras la funcionaria del Cuerpo Médico Forense intentaba examinar a Flores con preguntas sencillas a fin de mantener una conversación, Basile interrumpía con insistencia logrando que el represor perdiera la atención.

Por su parte, Martínez Álvarez elevó un informe al médico forense Jorge Kiss en el que explica que la pericia no pudo realizarse debido a la "sistemática obstaculización de las peritos (...) lo que perturbó notablemente al Sr. Flores, quien sumamente asustado, solicitó rerirarse".

Leopoldo Flores está acusado de al menos 21 hechos de aplicación de tormentos y un homicidio calificado perpetrados en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles. Se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles desde octubre de 1975 a octubre de 1977. Fue reemplazado por Antonio José Deimundo Piñeiro.

Según señala 6 Digital de Posadas, en agosto de 2011, la documentación reunida por la Justicia Federal señala que Flores encabezaba operativos en la provincia, siempre bajo control del jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, con asiento en Corrientes."A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente", señaló el fiscal en su pedido de elevación a juicio.

Uno de los principales blancos del Ejército en Misiones fueron los integrantes del Movimiento Agrario, considerados terroristas por las fuerzas armadas, así como también vinculados a Montoneros. Una de las víctimas de la represión relató que el Ejército tomó su vivienda de Pindaití para alojar a los supuestos subversivos mientras se realizaba la búsqueda de Pedro Peczak, líder del Movimiento Agrario. Los dichos coinciden con asientos que se realizaron en los libros del Regimiento, donde constan salidas "en comisión" a Campo Grande, que está a unos 30 kilómetros de Pindaití. Allí quedaron registrados los viajes de Flores hacia lo que por entonces era el "teatro de operaciones". En la causa se señala que el represor estuvo al frente del Regimiento durante la época en que mayores detenciones y secuestros se produjeron en la provincia: de septiembre a noviembre de 1976.

En base a las pruebas colectadas en el expediente, el juez federal Ramón Claudio Chávez procesó a Flores el 16 de julio de 2010, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 26 de octubre. Las pruebas son los testimonios de las víctimas que, en muchos casos, no pueden identificar a los autores materiales de las torturas porque estuvieron con los ojos vendados. 

domingo, 4 de agosto de 2013

Unos 4.300 marinos de los tiempos de la dictadura siguen en funciones

Por Mariano Confalonieri
En 1994, los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías fueron a defender sus pliegos de ascenso al Senado de la Nación. El escándalo que se desató fue mayúsculo: se trataba de dos personas que habían integrado, junto a Alfredo Astiz, la patota de la ESMA que comandaba Jorge “el Tigre” Acosta durante la última dictadura militar. Pese a ello, Rolón y Pernías seguían en actividad y el Gobierno buscaba promoverlos. El impacto mediático hizo que, a pedido del entonces presidente Carlos Menem, la Armada retirara sus pliegos.

La mancha del menemismo la arrastra el kirchnerismo. César Milani no es el único militar que estuvo en actividad durante la dictadura: según información oficial, hay al menos 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales de la Marina que siguen en actividad a pesar de haber estado en funciones durante los años de plomo.

Los datos surgen de un pedido que realizaron organismos de derechos humanos en el marco de la megacausa en la que se juzga a los militares que actuaron en el mayor centro clandestino de detención. La respuesta la brindó el Ministerio de Defensa cuando estaba en manos de Nilda Garré, hoy al frente de la representación en la OEA.

Los registros se acotan a la Marina porque las otras fuerzas no ofrecieron los datos. Es decir, puede haber más militares involucrados en la dictadura que sigan trabajando como si nada. Pero la estructura represiva no sólo está vigente en las fuerzas de seguridad nacionales. En la policía de la provincia de Buenos Aires hay más de nueve mil efectivos que prestaron servicios en la dictadura y siguen trabajando. Así se desprende de la causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López. Cuando López desapareció, un fiscal de delitos de lesa humanidad descubrió que 14 de los policías que había señalado el albañil en su declaración en el juicio a Miguel Etchecolatz no sólo seguían en funciones, sino que eran
vecinos de López.

Los datos contradicen a un modelo de gobierno que levanta las banderas de la lucha por los derechos humanos. Para la abogada Myriam Bregman, querellante en la causa ESMA, esto ocurre porque, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el kirchnerismo ha decidido mantener el criterio para las condenas: sólo se juzga a las cadenas de mando y a aquellos represores que fueron identificados por las víctimas.

“La identificación por parte de las víctimas es minoría, porque a los detenidos ilegalmente los tenían aislados, con vendas en los ojos. Y salvo en casos excepcionales, como el de Astiz, que no tenía problemas en mostrarse y reconocer lo que hacía, el resto quedaron todos impunes”, graficó Bregman. Los registros indican que hay 370 condenas por genocidio, y de ese total, sólo 28 con sentencia firme.