viernes, 29 de noviembre de 2013

San Luis: Poco a poco se van reconstruyendo las historias y apareciendo los responsables

San Luis (Perl) 28-11-13 Con la de este miércoles ya suman ocho audiencias de este segundo juicio en el que se investigan las responsabilidades que tuvieron militares, policías y civiles inculpados por delitos de lesa humanidad. El martes surgió un indicio que permitiría confirmar la participación de Carlos Pla en el secuestro de Pedro Ledesma. Allí se nombró un vehículo en el que se conducían los dos policías que vieron al entonces capitan llevar al joven secuestrado de las manos de su padre. En la víspera, durante el testimonio de Guillermina Dominga Ledesma, fue mencionado el mismo vehículo: Un Jeep de la policía. En él llegó la policía a hacer una diligencia. Ayer también hubo un testimonio de un ex policía que se retiró de la fuerza en 1992; aportó datos sobre la muerte de Vicente "Yango" Rodríguez. Por su parte, Anibal Franklin Oliveras dio testimonio de su cautiverio e hizo algunas precisiones más sobre lo que sucedía en los centros de detención y también del papel que jugaron algunas autoridades eclesiásticas. "A ustedes hay que extirparles el alma", les dijo el entonces obispo Juan Rodolfo Laise y el capellán Coscarelli les sacaba datos en la confesión y se los daba a los represores, entre otras cosas que se escucharon ayer.

Guillermina Dominga Ledesma, la hermana de Pedro, contó que el joven que continúa desaparecido desde setiembre de 1976, "era estudiante universitario y era maestro rural en una escuelita de campo en la localidad de El Recodo y en sus tiempos libres tenía una actividad extra que era teatro en la Dirección de Cultura de la provincia", y por lo genera actuaban en las plazas y en las calles, "era teatro para todos", aseguró.

Contó asimismo que Pedro Valentín, en esos años "tenía alguna militancia en la Universidad", donde era alumno en la carrera de pedagogía, "muy estudioso, le gustaba mucho la historia, la política, leía sobre esto".

Cuando le pidieron que relatara el momento de la detención, contó que fue un 20 de setiembre; "él se fue de casa estaba de noche 19:30 aproximadamente, con su novia caminando, y creo que a la hora y media, dos horas, a pocas cuadras de mi casa lo detienen en la calle San Juan". Iba acompañado de Juan Cruz Sarmiento y Raúl Cobos. Este último fue baleado en un operativo y "a Pedro se lo llevan".

"Un rato después de esto llega a casa el Ejercito, la policía, estábamos con mi madre, nos allanan la casa, nos asaltan, estaba la puerta abierta cuando entraron, dieron vuelta todo cuanto pudieron. Llegó mi padre cuando ya estaban allanando", recordó y dijo que en el procedimiento "había gente del Ejercito" y que "toda la manzana estaba rodeada" y que Segundo Ledesma "pide que lo dejen pasar, se identifica".

"Eso fue el 20 de setiembre. Pedro llevaba una chomba azul, un sueter azul en la espalda, un par de alpargatas nuevas que le había comprado yo un rato antes a pedido de él. Lo vi cuando se iba con la novia, Catalina Garraza, y me dijo ya vuelvo", rememoró. "Cuando llega mi padre le dicen que Pedro había sido detenido", recordó de aquel día en que la suerte de la familia Ledesma cambió para siempre.

En medio de su relato también hizo referencia a la búsqueda de su padre, que se dirigió con un amigo a la Comisaría Segunda, ubicada en Gobernador Alric y Sarmiento. Hasta allí concurrió con un amigo de apellido Rodríguez, pero los policías le dijeron al amigo que se fuera. Este se quedó en cercanías de la seccional "pero lo alcanza un jeep y le dice que se vaya".

En la antevíspera, otro policía de apellido Sosa, en su testimonio habló del Jeep en el que iba Luis Enriz en un momento posterior, cuando ya Pedro había sido liberado y caminaba con su padre hacia su casa cuando un 'grupo de tareas' los interceptó y se llevó al muchacho luego de golpearlos a ambos. Desde ese Jeep es donde el efectivo de guardia habría visto a Carlos Pla y Víctor Becerra en actitud sospechosa, ya que se le acercaron a un Torino en el que iban ambos represores, los que, tras decirles que se retiraran, luego entraron a una dependencia del Ejército.

Guillermina contó que "cuando a Rodríguez lo echa el jeep llega a mi casa y nos dice “No sé qué pasa se han complicado las cosas, me dijeron que tu papá se iba a demorar mucho”. Mi madre estaba fuera de sí. No sé si pasó hora y media y llegó mi papá muy asustado, le pregunté si le habían pegado o algo pero el negó todo. Estaba muy asustado, cerrando puertas, ventanas, esa noche no dijo nada, pasamos la noche sin dormir como hacían ya dos noches".

"Al otro día en presencia de un médico que controlara la salud de mi madre nos contó lo que había pasado con Pedro desde que Pla le dio la libertad en la Comisaría Segunda hasta que cuando venían caminando se dieron cuenta que un Falcon bordó los venían siguiendo pero Pedro dijo que no pasaba nada y se fueran a la casa rápido".

"Bajan del auto, lo golpearon a mi papá con un arma en la cabeza y cuando estaba tirado en el suelo pudo ver a Pla, su pierna, porque había estado con él minutos antes porque pla se lo entregó a mi hermano y pudo identificar a Becerra, aunque éste estaba encapuchado".

Esto ya era el 22 de setiembre del 76 y "hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con Pedro aunque sabemos que lo mataron porque es obvio", dijo recordando que su hermano "era alegre, tranquilo, nunca manejó un arma en su mano ni siquiera en el Ejército porque había pedido prórroga para el servicio militar".

"Pedro era colaborador con nuestros vecinos, con los niños, tenía esa actividad social de ayudar a todos los que nos necesitaban; juntaba útiles libros para sus alumnos de El Recodo", señaló y de su familia indicó que "éramos humildes pero felices y se nos terminó todo. Tuve que dejar la escuela para poder sacar a mi madre de la cama, nos costó mucho, y para que lo entendiera pasaron más de diez años", dijo entre otras cosas.

Jorge Oliveros

Jorge Oliveros era policía en el año 1976 y continuó en la fuerza hasta 1992 en que renunció. Él habló sobre otro caso que se investiga en este denominado Megajuicio. Recordó que otro efectivo de apellido Carrizo le comentó que mientras había estado de guardia había fallecido Vicente "Yango" Rodríguez.

Si bien dijo que él desconocía que a los presos políticos se les practicara tormentos en la dependencia en la que trabajaba -Investigaciones- y que tampoco sabía como interrogaban en el D2. Pero cuando le preguntaron si alguien podía haberse negado a cumplir una orden del entonces subjefe de la policía, Carlos Pla, respondió tajante: "No sé como me hubiera ido de no cumplir una orden de Pla", ya que lo describió como una persona de modales violentos, que siempre andaba armado "con una Itaka y dos revólveres". "Tuve suerte", dijo al señalar que nunca había recibido una orden directa para aplicar malos tratos.

De Ortubia Salinas -también encausado- dijo que recordaba que era escribiente, "con mucha habilidad para preguntar y volcarlo en el escrito", porque tenía "muy buena redacción", cosa que lo destacaba del resto, ya que la mayoría, incluso él, habían entrado a la fuerza policial "con séptimo grado" de la escuela.

Si bien no aportó mayores datos, en su testimonio hizo referencia a la muerte de Yango Rodríguez, quien murió en un calabozo, de muerte natural según la versión oficial de aquellos años, pero que había sido torturado terriblemente luego de su cautiverio.

Anibal Oliveras

El relato del profesor Anibal Franklin Oliveras tuvo muchas similitudes con el que había brindado en el primer juicio que se desarrolló en San Luis, aunque se detuvo en algunas particularidades.

Esta vez habló de la fisura en el esternon que todavía llevaba de recuerdo de un golpe que le dio en el pecho Carlos Pla, de otro problema que tuvo en la espalda por los golpes sufridos en la tortura y de una secuela por una otitis mal curada, que se le produjo a raíz de haber sido sumergido en 'el submarino', al que fue sometido en un centro clandestino.

Sobre ese centro clandestino, que recien pudo identificar años más tarde, dijo que se encontraba en la calle Chile y que lo descubrió producto de la casualidad, ya que cuando entró a trabajar en la Universidad Nacional de San Luis, la institución alquiló una casona a la vuelta del edificio donde actualmente se ubica el Rectorado y que allí reconoció a ese inmueble como el lugar donde había sufrido torturas en más de una oportunidad.

Oliveras aportó el nombre de cada uno de los compañeros de cautiverio que compartieron con él las celdas de la Penitenciaría y echó luz sobre algunos detenidos sobre los que habría pocas pistas o testimonios que hablen de ellos.

Estaba allí cuando el cura Coscarelli, Capellán del Ejército, descubrieron que les sacaba información durante el sacramento de la confesión y se las daba a los represores. "Cuando nos dimos cuenta, lo hablamos y le dijimos que no volviera más, porque lo íbamos a matar" y el cura no regresó, dijo.

También habló del accionar "patético" de Juan Rodolfo Laise, en una misa que se celebró el 22 de noviembre de 1976, en donde "no dijo que a nosotros tenían que extirparnos el alma", que en palabras de San Agustín se traducirían como "destrozar el cuerpo para salvar el alma".

También Oliveras reiteró lo que había dicho en el juicio anterior, con relación al entonces Secretario Federal Carlos Martín Pereyra González y al Juez Federal Eduardo Allende, que estaban "pared de por medio" de donde se torturaba en la Jefatura de Policía, y que no pudieron no escuchar los tormentos a los que eran sometidos los detenidos que eran llevados a esa oficina.
Informe: Gustavo Senn

jueves, 28 de noviembre de 2013

San Luis:Fuerte cruce entre defensas y Fiscalía por documentos del proceso

Segundo juicio

San Luis (Pelr) 27-11-13. Ayer se realizó una nueva audiencia por el segundo juicio que se les sigue a torturadores que actuaron durante la última dictadura militar en distintas ciudades y pueblos de nuestra provincia. Se escucharon más testimonios, pero la pimienta estuvo en un fuerte cruce entre las defensas y Fiscalía, sobre si se debía dar lectura o no a las actas de allanamientos confeccionadas en la época, pues se discute sobre si son legales o no, teniendo en cuenta que dichos allanamientos fueron realizados fuera de toda actuación judicial. A punto tal llegó la discusión que, el fiscal Rachid, llegó a decir que no se trataba de allanamientos sino de “asaltos de grupos armados”.

Por la mañana declararon María Ponce de Fernández, quien fue detenida por miembros de la Policía Federal, y posteriormente lo hizo Isabel Catalina Garraza, hermana de Ana María, quien ya declaró en las primeras jornadas de este mismo juicio.

Ponce de Fernández involucró en su testimonio a policías federales como Celso Juan Ángel Borzalino, Oscar Guillermo Rosello y al comisario de la Policía Federal a cargo del CCD “Delegación de la Policía Federal de San Luis”, Ricardo Norberto De María. La testigo hizo especial hincapié en Borzalino, de quien dijo que “me dio unas palizas tremendas”. El relato fue muy duro, a punto de quebrarse, cuando señaló que Borzalino le ponía la pistola reglamentaria “en la vagina”, lo que hizo que padeciera de hemorragias intensas, a tal punto que debió ser internada en el hospital local. Asimismo mencionó que había declarado ante “un juez” supuestamente federal, pero no recordó quién había sido. En línea con testimonios anteriores y con el posterior de Isabel Garraza, señaló que en abril de 1984 se presentó en la justicia para denunciar las torturas que recibió, ante la entonces fiscal Mirtha Esley, pero que ésta jamás movió el expediente.

Garraza

A su turno, Isabel Garraza -quien se quebró en dos oportunidades obligando a sendos cuarto intermedio-, señaló que fue detenida en dos oportunidades, por ser la novia de Pedro Valentín Ledesma -desaparecido por aquellas épocas-. Que la primera vez -en septiembre de 1976- la detuvieron por cuatro o cinco días; mientras que la segunda -en octubre del mismo año- fue más amplia y llegó hasta que comenzó la democracia. En su caso, responsabilizó directamente a Carlos Esteban Plá y “el japonés” Becerra, por las torturas recibidas. Sobre Becerra, dijo que cada vez que la veía le decía “con vos está todo podrido”; mientras que respecto a Plá, señaló que fue quien la interrogó y la golpeó. En una oportunidad “me vendaron los ojos”, tras lo cual la tiraron al piso de un auto, que “por el sonido del motor, era un Torino” y que la llevaron a un lugar donde tuvieron que pasar por las vías del tren, con lo que sospecha que pudo haber sido a la Granja La Amalia. Cuando comenzó a testimoniar que la bajaron del Torino, sobrevino el primer quiebre, lo que obligó al tribunal a disponer de un cuarto intermedio para que se tranquilizara, y al volver se dispuso que Garraza estuviera asistida por una psicóloga. En la continuidad de su relato, sostuvo que vendada la sumergieron en agua, lo que le causó ahogo y que después supo que esa técnica de tortura recibe el nombre de “submarino”. Al día siguiente, estando en donde funcionaba la Jefatura Central de Policía, en San Martín y Belgrano -donde actualmente funciona el MUHSAL-, se enteró que su hermana, su padre y su madre, también habían sido detenidos. “Siempre estaban (Jorge Hugo) Velázquez -ya fallecido-, Ricarte, (Celso Juan Ángel) Borzalino, Lato y (Omar) Lucero” en los interrogatorios y que Velázquez le mostró una foto de Ledesma, donde se lo veía muy golpeado y “me dijo que él lo había torturado”. También señaló haber denunciado las torturas en 1984 ante Mirtha Esley y que la visitaron dos veces para que ratificara, pero que nunca más se hizo nada.

Impunidad

Ayer hubo un hecho que indignó a familiares de los desaparecidos y torturados, además de a los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que cumple el rol de querellante y fue cuando por la pantalla se pudo ver, desde Buenos Aires, que Plá estaba en compañía de su mujer, la cual durante varios minutos se puso a hacerle todo tipo de mimos, sin que nadie del tribunal objetara algo que nunca se le ha permitido a procesados comunes.

Informe: Carlos Rubén Capella  -  carlosrcapella@yahoo.com.ar

jueves, 21 de noviembre de 2013

Desaparición de conscriptos: "Pasan los años, el dolor no se va"

Reynaldo Bignone y Santiago Riveros fueron indagados por la desaparición  de conscriptos “Pasan los años, el dolor no se va”

Se trata de los secuestros de jóvenes que estaban haciendo el servicio militar en el Colegio Militar, donde Bignone era director. Por el caso de Luis Steimberg estuvo procesado en los ’80. Nuevas pruebas y nuevos testimonios.

 Por Alejandra Dandan

Luis Pablo Steimberg fue secuestrado en agosto de 1976 mientras hacía el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación. Pablo era militante del PC. En los años ’80, su caso y el de Luis Daniel García, otro colimba, también del PC y del Colegio Militar, fueron emblemáticos porque lograron impulsar el primer procesamiento de Reynaldo Benito Bignone. Bignone había sido director del Colegio Militar en 1976, pero luego de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín gozaba de buena imagen. En enero de 1984 la Justicia lo procesó, llegó a estar detenido e incomunicado. La causa se frenó años más tarde con las leyes de impunidad y la semana pasada finalmente logró volver a ponerse en movimiento. El dictador tuvo que presentarse a indagatoria en los tribunales de San Martín convocado por la jueza federal Alicia Vence por esta causa. Con él también lo hizo Santiago Omar Riveros, entonces jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y su responsable. Los dos en este momento están detenidos por otras causas y llegaron en camión celular.

“¿Cómo te puedo explicar?”, reflexiona durante unos segundos Sara Ludmer de Steimberg, la madre de Pablo. “Pasan los años, el dolor no se va, y cada vez que surge algo nuevo a uno se le sacude el corazón, ésa es la cuestión.” Esta mujer, emblemática en la lucha de los organismos de derechos humanos, conoció la noticia del reinicio de la causa con 90 años de edad. Está convencida de que ahora sí la cosa irá para adelante. Y cuando nombra a Bignone le dice “atorrante” porque se acuerda de cómo un día intentó “calmarla”: “Era tan cínico, es tan cínico, tan infame”, dice. “Un día cuando le dije de Pablo, me dijo: ‘Se habrá ido con alguna negrita, por ahí’.” Sara cuenta que Bignone tenía a la familia bien identificada desde los primeros tiempos de búsqueda. “Porque al día siguiente ya sabíamos lo que pasaba. Fuimos a la comisaría. De ahí nos fuimos a donde estaba Bignone y a la porquería en Campo de Mayo, cuando nos dijeron: ‘no está’, nos fuimos directamente a los diarios y el único que nos quiso sacar una nota bastante importante fue Crónica’. Se arriesgaron de verdad, pero salió todo lo que nosotros dijimos.”

La causa estuvo frenada desde 1987. Empezó a reactivarse en el medio del re-impulso de los últimos años, sobre todo a partir de las declaraciones de los colimbas de aquellos años. En ese sentido, el caso tiene dos núcleos, señala Pablo Llonto, abogado querellante. Uno, por el valor simbólico que está vinculado a lo que significó en esos años el procesamiento de Bignone en la lucha contra la impunidad, y otro por lo que está aportando de nuevo sobre las características de la lógica represiva al interior del Colegio Militar. “En los primeros años ’80, Bignone todavía era un tipo de peso. Hay que acordarse que le entregó la banda a un presidente civil y su figura sólo generaba repudio de nuestra parte, para el resto del país era un presidente entregando el mando a otro presidente, tenía un peso especial. Por eso, cuando se conoce el caso Steimberg pasa a ser muy fuerte, porque el acusado era Bignone, que parecía inmaculado y que en el contexto de esta causa aparece involucrado nada menos que con un caso en el Colegio Militar”, señala Llonto. Ese es otro aspecto. La tradición militar siempre trató de decir que el Colegio Militar fue un lugar de formación, que había quedado exento de toda mancha. Ahora se saben varias cosas. Una es que antes del secuestro de Steimberg y de García fueron secuestrando a otros colimbas para dar con ellos. Y que adentro hubo grupos de tareas. “Este caso vino a romper el invicto del Colegio militar –sigue Llonto–. Está indicando que había grupos de tareas adentro, que era un lugar de secuestro, de tortura y por eso la importancia de que estas dos causas avancen después de tanto tiempo, porque permiten ver que el Colegio Militar tuvo una larga participación en la represión.” El jueves pasado, ni Bignone ni Riveros aceptaron responder preguntas durante la indagatoria. Sara no pudo ir pero en su lugar fue Marcela Steimberg, hermana de Pablo e hija de Sara. Marcela ya estaba casada cuando secuestraron a Pablo y ahora tiene poco más de sesenta años. El hecho de que ellos no hayan respondido nada en las indagatorias le parece el dato menos importante porque lo más importante fue verlos ahí. “A las diez y pico de la mañana ya estábamos en el juzgado”, dice. “Pablo (Llonto) me mostró los cuerpos del expediente que yo un poco había visto hace años, porque mi papá tenía muchas copias.” Esperaron. Marcela sabía que Bignone iba a llegar en camión celular. “¡Ahí llegan!”, escuchó. “Salimos a la calle, estábamos los dos solos, y no sé de dónde pero me acordé en ese momento de una frase que me decía mi papá, sobre todo cuando yo lloraba: ‘Miralos a los ojos, sosteneles la mirada, vas a ver que ellos no van a poder’.” Marcela hizo lo que pudo.

“¡Buenos días!”, le dijo a Bignone mientras caminaba. “Soy Marcela Steimberg. Soy la hermana de Pablo Steimberg.” Atrás, dice, “venía Riveros. Te puedo asegurar, que los dos juntos están mejor que vos y que yo. Vestidos, peinados y con bastón”. Los represores entraron por un pasillo. Se metieron en una pieza. Marcela se dio cuenta de que todavía le había quedado algo por decirle a Bignone. Le preguntó a Llonto cuál había sido el último grado con el que pasó a retiro. Y ahora sí, cuando lo vio pasar otra vez le dijo lo que tenía pendiente: “¡General! –le gritó– ¡No se olvide de contar lo que le pasó a mi hermano Luis Pablo Steimberg!” Y listo. “Yo soy diabética como mi viejo y mi hermano mayor, pero si en ese momento me hubiesen dado... no sé, a lo mejor una copa melba, no hubiese sentido la satisfacción que sentí en ese momento: porque el tipo no me pudo sostener la mirada.”

lunes, 18 de noviembre de 2013

Presentación ante la justicia por los obreros secuestrados de Molinos

Piden investigar la desaparición de obreros de Molinos Río de La Plata

Familiares de ex obreros de la planta Molinos Río de la Plata aguardan que la Justicia investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra 22 trabajadores de firma, entre ellos los integrantes de la comisión gremial, secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

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La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del juez Humberto Blanco, por Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas, hijos de los obreros Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, que solicitan actuar como querellantes con el patrocinio del abogado Javier Garín.

“Queremos que se investigue la causa en su conjunto, no como casos aislados, para tratar de establecer si existen responsabilidades civiles de los directivos de Molinos en el secuestro y desaparición de los trabajadores”, señaló Garín en diálogo con Télam al aclarar que “el denominador común en todos los casos es la pertenencia a Molinos”.

El expediente, en manos del mismo magistrado que lleva adelante la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006, se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo del fiscal Marcelo Molina, hasta tanto se defina la competencia definitiva.

En la denuncia, se solicita “se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976 y “la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”, perteneciente al grupo económico Bunge y Born.

La presentación da cuenta de los hechos “enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma” y advierte sobre “el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado”.

“Se manifiesta en amenazas a través de notas anónimas, balas depositadas en los casilleros de los trabajadores, acoso patronal y de los superiores y encargados de carácter `políciaco` con el objetivo de desarticular la acción sindical interna”, señala la denuncia.

El escrito también hace eje en la organización alcanzada por los activistas gremiales y políticos que denunciaron las maniobras de desabastecimiento de la empresa antes del golpe y los reclamos por las violaciones a las leyes laborales que protegían a los trabajadores, además de advertir sobre la “animadversión hacia los activistas” después del secuestro extorsivo de los hermanos Born por parte del grupo Montoneros, en 1974.

“De lo expuesto se permite sospechar fundadamente que este accionar represivo se vinculaba en forma directa con la militancia desplegada por los activistas en su ámbito laboral, y que la desaparición y/o eliminación de ellos convenía a la empresa, pudiendo sospecharse que habría prestado colaboración para su identificación e incluso su detención ilegal, al menos en el ámbito laboral”, sostiene el escrito.

Los operarios desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, en la vía pública mientras aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, ciudad de Avellaneda, aunque también pudo saberse que existen dos operarios pertenecientes a la planta que ocupa en Barracas.

“La forma en que fueron secuestrados demuestra que existió un plan sistemático organizado por la empresa y el sindicato (de Empleados y Obreros de la Industria Aceitera), que entregaron a nuestros familiares a las fuerzas represivas”, sostuvo Analía Fernández, cuyo padre militó en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el 6 de julio de 1976, al llegar a la planta y dirigirse hasta el lugar donde estaba el fichero para marcar el horario de ingreso, la tarjeta no estaba.

“La habían sacado para identificarlo junto a otros compañeros, hombres y mujeres, luego lo apartaron y lo llevaron a una oficina, mientras en la puerta tres micros del Ejército estaban preparados para llevarlos”, relató Fernández en base a testimonios de otros operarios que vieron a su padre por última vez.

El primer secuestro había ocurrido cinco días antes, cuando el delegado gremial Avelino Freitas es “chupado” por un grupo de tareas en Villa Corina, a las cinco de la mañana, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo.

Aunque sólo se tiene como dato que fue visto por un vecino en la Comisaría 4ª de Villa Domínico, las investigaciones de los familiares de las víctimas permitieron establecer que la mayoría  fue vista en distintos centros clandestinos de detención como “El Atlético”, “El Banco”, “Garage Azopardo” y Coordinación Federal, con excepción de los hermanos José y Juan Pasquarrosa que fueron asesinados en lo que se conoce como `Masacre de Fátima`.

La lista de los operarios que figuran en la denuncia se completa con: Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda,  y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa.

También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (F.A.P.).

Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos.


De la planta ubicada en Paseo Colón, en Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP), y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).

La hija de un obrero desaparecido llega a la Justicia movida por la "necesidad de saber la verdad"


Analía Fernández, hija de uno de los obreros secuestrados de la planta Molinos en 1976 que aún sigue desaparecido, aseguró que la decisión de presentarse ante la justicia fue “por la necesidad de saber la verdad”, después de “comprender el compromiso militante” asumido por su padre.

“Mi papá fue secuestrado cuando yo tenía dos años y desde entonces, en mi casa reinó el silencio, hasta que siendo adolescente empecé a comprender y a querer descubrir su compromiso militante”, contó la joven que durante su niñez aprendió a convivir con la palabra “desaparecido” con la esperanza de que un día su padre abriría la puerta de su casa y “aparecería”.

De lo que pudo reconstruír Analía a partir del relato de excompañeros, su padre, Francisco Fernández, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y aunque no formaba parte de la comisión interna de Molinos, participó de la lucha de los trabajadores frente a los abusos de la patronal por cuestiones laborales y políticas.

“Empecé a entender cómo funcionaba la lucha en los años `70, los trabajadores denunciaban el desabastecimiento por parte de la empresa  y las maniobras de especulación”, señaló Analía sobre una época del país en la que los grandes grupos económicos saboteaban al gobierno democrático.

Otro hecho que marcó la necesidad de conocer la verdad fue en 2008, cuando Analía dejó su muestra de sangre en la base de datos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se enteró que tiempo antes se habían exhumado más de doscientos cuerpos en un sector del cementerio de Avellaneda.

“Me di cuenta que existían lugares donde se podía encontrar respuestas y empecé a reunirme con otros hijos, a buscar familiares, encontré a un exobrero -Guido Almarás- que me habló de mi padre", explicó.

Analía, junto a Ernesto Mattaboni y Roxana Freytas, realizaron la presentación judicial para que se investiguen delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata y requirieron formar parte de la causa como querellantes como hijos de detenidos-desaparecidos.

domingo, 17 de noviembre de 2013

Juan Etchebarne está acusado de secuestrar a 28 personas vinculadas al caso del banco de Hurlingham

Seguirá detenido ex titular de la CNV
Casación Penal denegó el pedido de excarcelación del ex funcionario civil de la dictadura.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, detenido y procesado por el juez federal Daniel Rafecas por el secuestro de 28 personas. Contra cada una de ellas, usó el pretexto de que estaban siendo investigadas por "subversión económica", pero, en verdad, estaban relacionadas con la venta del Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver. La decisión, que implica que Etchebarne deberá seguir la evolución del proceso privado de la libertad, fue adoptada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala Tercera del máximo tribunal penal.
Etchebarne fue detenido en abril pasado, en el marco de la investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con él fueron procesados el ex coronel Francisco D'Alessandri, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y el agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

El juez Rafecas procesó a todos por "secuestros y el sometimiento a torturas" entre septiembre y diciembre de 1978. Las víctimas fueron conducidas al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Todas ellas pertenecían a dos grupos económicos, Chavanne y Grassi, que intervinieron en la compra del Banco de Hurlingham.
La dictadura intentaba hallar el dinero de Montoneros, y, en ese contexto, perpetraron los delitos por los que Etchebarne está detenido. La investigación, que tiene similitud con la que indaga el traspaso de Papel Prensa del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, más el Estado nacional, fue iniciada en junio de 2010.

Entre los secuestrados, están los hermanos René y Luis Grassi, dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi; Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz. Del Grupo Chavanne fueron secuestrados sus propietarios, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne; así como también la esposa de este último, Sara Duggan; su socio, Jorge Tejerina; y directivos del Banco de Hurlingham, entre ellos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. "En su carácter de presidente de la CNV fue partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos 23 personas investigadas, a su instancia, por el Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia del Banco de Hurlingham", sostiene la acusación contra Etchebarne.
Por: Tiempo Argentino

viernes, 15 de noviembre de 2013

Inés y Loli: Madres de Plaza de Mayo de Neuquén : SIEMPRE EN LA LUCHA

En 2011 Monsanto desembarcó en el país con tres plantas productoras de semillas cuya puesta en funcionamiento encuentra la fuerte resistencia de las poblaciones locales, acompañadas por grupos de ambientalistas. 

Ellos denuncian que tras la máscara de optimizar la producción de alimentos, se encuentra un plan imperialista que condena a los países latinoamericanos en beneficio de los grandes centros de poder.

 Mientras millones de personas en todo el mundo alzan sus voces, Monsanto parece tener aceitados los mecanismos para seguir funcionando, desestimando los estudios que no solo apuntan a los pesticidas, sino también al consumo de alimentos genéticamente modificados.

En las grandes ciudades compramos todos los días alimentos sin ninguna identificación de si son transgénicos o no; cuando los ambientalistas aseguran que el 70% de ellos sí lo serían. Para los detractores de Monsanto hay evidencias científicas que indican que cualquiera de estos productos reviste riesgo para la salud de quienes los consumimos. Un riesgo del cual nadie queda exento.