martes, 28 de mayo de 2013

Los delitos que no murieron con Videla

El Tribunal Oral Federal 1 resolvió mantener dentro del juicio los casos por los que estaba imputado Videla, ya que pueden aportar pruebas sobre la figura de “asociación ilícita” con la que se acusa a los represores que intervinieron en el Plan Cóndor.

Hubo una decisión importante en el juicio por el Plan Cóndor. El eje sobrevuela nuevamente la figura del dictador Jorge Rafael Videla. De las 106 víctimas incluidas en el proceso, 44 lo tenían como único acusado. Muerto Videla, se abrió la pregunta acerca de qué iba a pasar con esos hechos, porque podían quedar afuera del juicio. A partir de un pedido de la fiscalía y de las querellas, el juez Pablo Laufer del Tribunal Oral Federal 1 –a cargo durante esta semana de la presidencia del juicio– habilitó la declaración de los testigos que iban a hablar sobre esos casos. Laufer entendió que sus testimonios ya “forman parte de la prueba común” del debate y pueden ser necesarios para consolidar elementos en torno de la figura de la “asociación ilícita” con la que se imputa a los represores del Cóndor. La fiscalía y querellas plantearon además otro eje: el derecho a la verdad de las víctimas.

“Hay otros factores”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. “Hace 36 años que se está esperando resolver este tipo de hechos, el derecho a la verdad también es fundamento suficiente aunque lo anterior (la asociación ilícita) alcance para que ciertos hechos deban ser investigados.” Enumeró en ese sentido posiciones que recogen ese criterio de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros antecedentes, para señalar que el Estado tiene una responsabilidad para avanzar. A la posición del “derecho a la verdad” adhirió la querella del CELS y de Alberto Pedroncino. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre este punto. Tomó como eje suficiente para incorporar a los testigos el argumento de la “asociación ilícita”.

“En este juicio se va a debatir la posibilidad de la contribución de más de veinte personas en relación con una asociación ilícita, entonces cualquiera de los hechos imputados son pertinentes si permiten comprobar esa asociación”, indicó la fiscalía. Se entiende que la figura de la asociación ilícita debe ser probada como tal, antes de dar cuenta de qué represor la integró. Así, cada “hecho” de la causa puede aportar pruebas para consolidar esa construcción. La querella del CELS, a cargo de Marcos Kotlik, agregó la dimensión del contexto de crimen de lesa humanidad: entendió que más allá de esta figura, los testimonios hacen a la prueba del ataque sistemático y generalizado contra la población. En ese sentido, quedó dicho algo importante: que una persona durante su testimonio no sólo aporta pruebas sobre un acusado, sino que pone en escena un contexto del cual pueden surgir otros datos y responsabilidades. El tribunal, como se dijo, tomó sólo el tipo de la asociación ilícita para habilitar los testimonios. Videla ya no puede ser acusado, pero los casos que estaban adjudicados a él ingresarán al debate para probar la organización. Esto sucedió con la primera testigo que habló en esa situación.

Del otro lado de una pantalla, desde Canadá, declaró Miryam Dolva Zeballos, compañera durante un tiempo de Eduardo Efraín Chizzola Cano, una de las víctimas de este juicio y parte de las 44 que apuntaban a la responsabilidad de Videla. Eduardo era un uruguayo refugiado en Argentina. Lo secuestraron el 17 de abril de 1976 y su cuerpo apareció días más tarde. Estaba con documentos falsos, tenía signos de tortura y un disparo en la nuca. En ese momento, le tomaron las huellas dactilares, pero lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. A través de la Comisión por la Paz uruguaya, la familia logró finalmente identificarlo en 2000. “En las fotos del cadáver puede verse que es Eduardo”, dijo Miryam en la declaración. “Como no fue identificado (en 1976) estuvo enterrado diez años en una tumba anónima en la Chacarita hasta que diez años después quedó reducido a un osario común. Esa información se obtuvo en la Comisión de la Paz en Montevideo. Han sido años en que no había un lugar para expresar un duelo, y había incertidumbre, un período muy difícil para todos.” Miryam estaba separada de Eduardo, tenían una hija: Verónica Isabel. Ellas dejaron Argentina en junio de 1976. Vivieron dos años en Perú, refugiadas por el Acnur, y luego se fueron a Canadá. Cuando ayer se presentó a declarar vía videoconferencia, la defensa de los represores se opuso y eso dio lugar al debate.

En Uruguay, Eduardo militó en la Resistencia Obrero Estudiantil. “Estaba viviendo clandestinamente y había sido requerido por las fuerzas conjuntas uruguayas. Decidió irse a Argentina. Había muchos compañeros de él que habían sido detenidos y por lo tanto su seguridad corría peligro.” En marzo de 1973 viajó a Argentina. Un mes después, viajó Miryam. Vivieron juntos hasta que se separaron, en septiembre de 1974. Los datos de su hija, como la fecha de nacimiento, empezaron a ser importantes en la sala, como si fueran puntos fijos en una sucesión de hechos atravesados por la persecución y la clandestinidad.

“Tratábamos de vernos cada una o dos semanas para que no perdiera contacto con su hija, pero a veces era difícil. Al principio nos encontrábamos en un bar y otras veces en una placita infantil que no recuerdo dónde estaba.” En ocasiones, era el Café de los Angelitos. Cierta vez, Miryam viajó a Montevideo y perdieron contacto. Eduardo escribió una carta a una casilla de correo para fijar nuevo encuentro. Miryam no se acuerda de qué día lo vio por última vez, pero supone que fue alrededor del 5 de abril de 1976. “Después no supe más nada, pero el 19 de abril apareció el cuerpo de su compañera Telba Juárez en una calle de Barracas, con balazos. Un compañero me contactó para decirme que Eduardo estaba desaparecido desde el 17 de abril y que por favor me pusiera en contacto con sus padres para pedirles que vinieran a buscarlo.”

Eduardo tenía 25 años. Era parte del Partido para la Victoria del Pueblo. Miryam contactó a sus padres. “Fueron a Coordinación Federal, por supuesto no los trataron muy bien, estuvieron uno o tres días y se volvieron a Montevideo sin respuesta de nada.”

El testimonio de Miryam también se volvió importante porque describió a dos represores que originalmente no estaban incluidos en el “caso” de Eduardo: Manuel Cordero y José Gavazzo, coroneles uruguayos que intervinieron en el Plan Cóndor. Cordero fue extraditado desde Brasil a pedido de la Justicia argentina y es uno de los acusados del juicio.

Miryam escuchó sus nombres cuando estaba por irse a Perú. La madre de Eduardo había viajado para despedirla. “Me contó que el 30 de abril o 1° de mayo de 1976 había ido Cordero y otra gente a su casa, y le mostró unos documentos, cédula de identidad y libreta de conducir, y le dijo: esto lo encontramos al lado de un muerto argentino. La mamá de Eduardo, que era muy detallista, me hizo una descripción completa, era Manuel Cordero el que había estado allí. Me dijo que reconoció que la foto era de Eduardo y que la letra de la firma era la de él.”

En la sala, defensores y jueces volvieron a preguntarle por Cordero. Ella explicó que Cordero era una persona conocida: “Vivía en el mismo barrio de la mamá de Eduardo, de manera que ella lo encontraba en la feria a la que iba todas las semanas. Una vez yo fui a la feria y ella me lo mostró, pero realmente no quise mirarlo”.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Continuación del juicio por el Plan Cóndor tras la muerte de Videla

Desaparición y búsqueda en Tropezón

Gladys Estévez declaró desde el Consulado argentino en Uruguay sobre el secuestro de su marido, Ari Cabrera. En el juicio buscan seguir adelante con los 44 casos vinculados con Videla.

 Por Alejandra Dandan

Entrado el otoño de 1976, Gladys Estévez recibió un “papelito arrollado de diario, que era como se mandaban las cosas, no era una carta”, dijo ayer. En el papelito le pusieron dos palabras. “El Tropezón”. Ella vivía en Montevideo, pero andaba en Buenos Aires. Su marido, Ari Cabrera, y sus dos hijas vivían escondidas en Argentina, eran parte del Partido para la Victoria del Pueblo y se habían escapado de la dictadura uruguaya sin saber que iban a ser buscados y encontrados por la coordinación represiva de las fuerzas del Plan Cóndor.

“Tuve que buscar qué era ‘tropezón’”, dijo ayer en la primera audiencia de testigos sobre el Cóndor que empezó a oírse en Buenos Aires. “El dato estaba en un papelito y yo me fui a buscar, pregunté porque nadie me sabía decir qué era. Pero donde me decían a mí que había un ‘tropezón’, allá iba. Estuve recorriendo todo Buenos Aires, anduve en las quintas, después no me podía volver, me trajo un camión que llevaba a las maestras, anduve preguntando de un lado para otro la dirección exacta, hasta llegar a la estación Tropezón, que es antigua, por eso fue difícil encontrarla.”

“Así como recorrí todas las quintas donde no había gente, me subí al camión, anduve por las carreteras y después de las carreteras en ómnibus, iba para todos lados y seguía preguntando con la foto de Ari.” Así llegó a una casa. “La casa de esos señores era una casa sencilla, típica de ustedes, y me acerqué porque vi movimiento adentro y salió el hombre, la mujer no, como que se escondió. La mujer tenía alrededor de la puerta y en la pared las huellas de disparos de armas grandes. No me quisieron dejar pasar.” Gladys encontró a otras dos mujeres. Les mostró la foto. Y las mujeres finalmente le dijeron que sí, que habían visto a Ari ahí: “Que era un muchacho muy bueno, me dijeron que había otra persona con él, y que salía siempre a hacer los mandados. Los vecinos habían escuchado el tiroteo, las balas de afuera hacia adentro, y vieron arrastrar a una de esas personas, a ellos les pareció que era Cabrera, pero no lo podían confirmar”.

Gladys declaró desde el Consulado argentino en Uruguay. Tiene 81 años, la edad que imagina que esas mujeres tendrían en ese 1976 y sobre las que dijo que deben estar “requetemuertas” cuando uno de los defensores intentó preguntarle algo en la hipótesis de convocarlas.

Ari Cabrera es uno de los “casos” del juicio que se inició en Buenos Aires. Había militado como gremialista en el Banco de Brasil, donde trabajaba y luego integró el PVP y se fue al exilio. Como todas las víctimas de este juicio, está desaparecido. Las hipótesis indican que pudo haber estado en el centro clandestino Automotores Orletti o en una casa operativa vinculada con el centro que se usó como sede del Cóndor o incluso en Campo de Mayo.

Ayer se realizó la primera audiencia del juicio sin la presencia de Jorge Rafael Videla, uno de los principales acusados. Y fue la primera audiencia luego de su última declaración y de su muerte. En el juicio nadie lo recordó, ninguno de los jueces del TOF1 mencionó su nombre. No hubo banderas de luto. Durante el fin de semana se había dicho que 44 de los 106 “casos” de esta causa podían caer porque el único acusado era él; fiscalía y querellas, sin embargo, trabajan para que esas 44 historias logren actualizarse y revisarse en el juicio, dado que consideran que no sólo se busca una condena sino que éstos son espacios de “verdad”.
Gladys

–¿Usted tenía alguna relación con Ari Cabrera? –le preguntaron a Gladys al comenzar.

–Fue mi primer esposo –dijo ella–. Las fechas me son muy difíciles de recordar, pero Ari Cabrera era un excelente hombre, y por los años ’70 o más atrás, cuando empezó el problema en Uruguay trabajaba en el Banco de Brasil, era muy querido por todo el mundo. No había corrientes políticas en mi casa en ese momento, yo lo conocía desde los 14 años, no casamos a los 20. Ninguno sabía mucho de política, estábamos muy lejos de todo eso, teníamos 20 años cuando nos casamos, vino mi hija mayor y después la segunda.

Ari había sido criado por una familia rica que lo hizo ingresar al Banco de Brasil. “No eran sus padres biológicos, sino los que lo habían criado. Eran gente de Brasil. Alguna vez comentó que no dejaba de ser el ‘criadito’, pero le dieron todo. Todo dentro de ese ambiente, correcto y fino, diría yo. Yo me asombré cuando fui a verlo de novia porque cuando me presentaron prepararon una mesa fabulosa.”

En ese momento, el presidente del Tribunal la paró. No hubo más mesas fabulosas. La mujer entró de nuevo al banco y a los años de militancia. El trabajo en el banco lo llevó a militar. “Se puso en una lista del gremio y ahí fue que, por supuesto, salió primero. Empezó a llevar a casa unas hojas escritas que me daba a leer y yo decía que parecían ‘armas’ (...) El leía y le interesaba, supongo. Un poco más adelante empezaron a hacer reuniones en mi casa, en las cuales yo estaba descompartimentada y cuando en el Uruguay y en Argentina se declara ya rotundamente y la dictadura empieza a hacer atentados, verdad, lo que uno sabía era que apretaban acá a un grupo y apretaban a otro grupo en la Argentina en el mismo momento. Eso hizo que la gente del PVP resolviera irse a la Argentina porque acá era como que les pisaban los talones, se fueron a la Argentina y... ¡fue peor! –dijo– ¡Porque allá les requetepisaban los talones! Estaba todo organizado. De esa manera fue detenido.”

A Ari le decían el Viejo. Está desaparecido desde comienzos de abril de 1976. Una hipótesis sobre las que se diseñó la causa Cóndor es que los uruguayos que estaban ya escondidos en Argentina y fueron secuestrados por el Cóndor no militaron acá. Gladys encontró los datos del Tropezón; un abogado la acompañó a hacer una denuncia en una comisaría de la zona. Uno de sus yernos estuvo secuestrado en Orletti, el centro clandestino del Cóndor. Allí, él, que es sobreviviente, dijo que uno de los torturadores sugirió que “su suegro” se había muerto producto de la tortura y un paro. Gladys también supo que estaba tratándose del corazón.

En las costas uruguayas aparecieron muertos producto de los vuelos de la muerte. A Gladys le pidieron que fuera a reconocer unas fotos. Ella llamó a una hermana para que fuera. Alguna gente decía que “eran coreanos o algo así por la forma de los ojos”, dijo. “En realidad tenían piedras en los pies y los habían tirado al río, los recogieron y estaban totalmente hinchados por el tiempo que habían pasado en el agua.”

Hicieron preguntas la fiscalía, las defensas y el tribunal. Muchas sobre el Tropezón, el reconocimiento de la casa. Y luego, uno de los jueces le preguntó qué significaba aquello de “apretar” en Argentina y Uruguay que había mencionado. “¿Quiere decir detener?”, dijo. “Si usted quiere suavizarlo”, respondió la mujer.

martes, 21 de mayo de 2013

Anulan la condena contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt

La Corte Constitucional guatemalteca deja sin efecto lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril

El exdictador había sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad


Los abogados defensores alegan que Ríos Montt se había quedado sin defensa porque el 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la sala

La campaña contra los impulsores del juicio y contra la sentencia ha sido intensa

Olga Rodríguez


Ríos Montt esquiva la cárcel, al menos de momento. Como muchas víctimas supervivientes de la dictadura temían, las presiones por la anulación de su condena han funcionado. Tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional han votado a favor de la anulación tras analizar un recurso planteado por los abogados defensores, que alegan que el exdictador se quedó sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.

Con este pronunciamiento queda por tanto sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión al exdictador por genocidio y crímenes contra la humanidad, por la muerte de casi 2.000 indígenas ixil entre 1982 y 1983. Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93% de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.

Ríos Montt ha recibido la noticia de la anulación de su condena desde el hospital militar en el que le ingresaron hace días, tras su primera noche en prisión, por problemas de hipertensión.
La patronal empresarial había demandado la anulación

La campaña contra el juicio a Ríos Montt ha sido intensa. Durante el proceso hubo presiones que intentaron entorpecer su avance, tal y como han denunciado víctimas y diversos defensores de los derechos humanos. Tras la sentencia, la patronal empresarial criticó con dureza el juicio contra el exdictador y demandó la anulación de su condena.

Sectores conservadores difamaron e intentaron deslegitimar a impulsores del juicio, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, llamándoles “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios” en un documento titulado “Rostros de la infamia”.

El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, quiso subrayar la semana pasada que la condena contra el exdictador no era definitiva.

Según lo decidido ahora por la Corte Constitucional, deberán repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio a partir del 19 de abril. En esa fecha ya se había tomado declaración a alrededor de 100 indígenas ixil testigos de las masacres. Pero según diversos abogados y expertos, aún no está claro si su testimonio seguirá incluido en el proceso o si se iniciará un nuevo juicio.

Con la anulación de la condena a Ríos Montt también se anula la absolución del exdirector de inteligencia durante la dictadura, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y otras medidas establecidas por la jueza Yasmín Barrios, como la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.
Tan lejos, tan cerca: un primer paso contra la impunidad

El genocidio en Guatemala era, hasta el inicio del juicio, una desgarradora injusticia olvidada que sigue marcando el día a día del país, con una mayoría de la población discriminada, sin acceso a cargos públicos, sin igualdad de oportunidades. En una nación caracterizada por la impunidad, lo que parecía imposible ocurrió, pero por poco tiempo. Cuando la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia contra Ríos Montt hace poco más de una semana, las víctimas presentes en la sala entonaron este célebre cántico:

“ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”. Y corearon: “Sí hubo genocidio”.

Esa condena ahora anulada fue un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo acogieron con optimismo el proceso contra el exdictador y siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio contra el genocidio ha acaparado la atención internacional.

“No apartéis la vista de Guatemala, por favor”, escribía anoche, tras la anulación de la condena, un joven guatemalteco en las redes sociales. "El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas", lamentaba otro.

lunes, 20 de mayo de 2013

Uruguay : Marcha del silencio

AGRADECEMOS LA MAYOR DIFUSIÓN

El lunes 20 de Mayo, como hace 18 años, volveremos a marchar por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más. Salimos a la hora 19, desde Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad, donde cantaremos el Himno Nacional.

Como siempre en cada Marcha del Silencio, las pautas son: en silencio, sin banderas ni consignas partidarias. LA MARCHA ES Y TERMINARÁ EN SILENCIO    

“En mi Patria no hay Justicia

¿Quiénes son los responsables?

Coordinadora de Apoyo
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

jueves, 16 de mayo de 2013

Un grupo comando destruyó el auto de la hermana de un desaparecido, luego que ella testimoniara

Tras la operación, que fue perfectamente sincronizada, los desconocidos le gritaron: “Ya te lo vamos a devolver”. Se trata de la familiar de Julio César Salomón, en cuya causa por violación a DD.HH. están condenados Musa Azar Curi, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso y Eduardo Baudano.

Sara Sahide Salomón, hermana del desaparecido Julio César “Lito” Salomón, denunció en la Justicia Federal la destrucción del automóvil particular por parte de sujetos que actuaron como un grupo comando y quienes además profirieron una burla a la víctima: “Ya te lo vamos a devolver”, cuando se escapaban en un automóvil gris.
Estos datos fueron aportados por la víctima en la denuncia por la cual se abrió una investigación en el fuero federal. Así lo señalaron fuentes judiciales, quienes agregaron que está próximos a dar con el paradero de los atacantes.
Además, se dispuso la participación del Programa de Protección de víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad, para garantizar la seguridad de Salomón.
El ataque se produjo la semana pasada, cuando la mujer se hallaba en el domicilio de su madre, en el barrio Jorge Newbery. Era de noche y escuchó fuertes ruidos. Al salir se dio con que su automóvil había sido destruido y vio que los presuntos atacantes se escapaban en un auto, pero no pudo individualizarlos.

El caso por el crimen de Julio César Salomón fue uno de los que se ventiló en el juicio de la Megacausa de Derechos Humanos. Por este hecho, el tribunal condenó a prisión perpetua a Musa Azar Curi, ex jefe de la “Side” local que funcionó como base de operaciones de los grupos de tareas represivos, y como centro clandestino de detención.
También su segundo por aquel entonces, Miguel Tomás Garbi, y Ramiro López Veloso, otro ex funcionario de la “Side”. Además, fue condenado, pero por un delito menor dentro de este hecho, el ex policía Eduardo Baudano (violación de domicilio y allanamiento ilegal). Garbi y López Veloso cumplen condena en la cárcel de Colonia Pinto, en tanto que Baudano obtuvo la prisión domiciliaria y Azar Curi sigue en el Hospital Regional en un sector apartado, y con salidas transitorias autorizadas por las autoridades judiciales.
Salomón fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado militar, en un operativo policial que estuvo comandado por Azar Curi. Luego, fue trasladado a la Side. Días después, Jorge Salomón (padre) y Sara Sahide, que se hallaban detenidos en una dependencia policial, fueron obligados a firmar bajo amenazas, que “Lito” se escapó desde su lugar de detención en la Escuela de Policía, aunque se trató de una puesta en escena, tal como quedó comprobado durante el juicio.

Organismos vinculan el ataque con condenados
Los organismos de derechos humanos locales manifestaron el repudio al ataque sufrido por Sara Sahide Salomón y lo vincularon a los represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad en la provincia.
“Queremos que se investigue este hecho y que se proteja a quienes han sido víctimas, porque evidentemente se trató de un amedrentamiento y una venganza”, manifestó Luis Garay, titular del Instituto Espacio de la Memoria e integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Señaló que las víctimas que han sufrido estos hechos de violencia, han sido elegidas: “El testimonio de Sara Sahide ha sido importante.
Esto no solamente está enfocado a la persona, sino al resto de los testigos y víctimas. Buscan aterrorizar, son viejas prácticas, no sé quiénes son, pero sabemos que son de un sector de los condenados e imputados”, consideró Garay.
"Por eso exigimos cárcel común para represores"
Sara Sahide Salomón ya había sufrido otros dos atentados contra su vehículo. Así lo reveló la abogada Julia Aignasse, que fue querellante en los juicios Kamenetzky y Megacausa, y que sostuvo que ante estos hechos, “exigimos cárcel común para los represores” que fueron condenados y que no están en prisión.
“Estoy segura de que el grupo que atacó está muy cerca de ellos y actúan con impunidad. Esto es un peligro”, advirtió la letrada.
“Sé que es gente mandada por ellos y existe otro grupo que está formado por familiares, La Aguja, que son jóvenes que está haciendo estos desmanes”, ahondó y mencionó que por razones de seguridad, el local de la Asociación por la Memoria y la Verdad, donde desempeña su labor, cuenta con seguridad de la Policía Federal.
“Esto es grave para todos”, manifestó Aignasse en diálogo con EL LIBERAL.

Sin domiciliaria
“En ningún momento hemos estado de acuerdo con las domiciliarias, ni con el cumplimiento de condena en otro lugar que no sea una cárcel”, sostuvo Aignasse y puso de relieve que esta postura, los organismos se la hicieron saber a los miembros del Tribunal Oral Federal.
Toda la familia, hasta un bebé, fue detenida
Un hecho que llamó la atención de este caso, fue que en el operativo, se actuó con violencia y que se llevaron detenidos a todos los que se encontraban en la casa: Jorge Moisés Salomón, María Lorenza Gómez de Salomón, sus hijos Julio César, Sara Sahide y Rubén, un bebé de nueve meses de edad que estaban criando y a la empleada doméstica, una chica a la que se la vinculó como espía de la “Side”, ya que había ingresado a trabajar ese día.l