miércoles, 19 de junio de 2013

Fiscalía romana pide juicio contra militares suramericanos por Plan Cóndor

La justicia italiana acusa a 35 exintegrantes de juntas militares de varias dictaduras suramericanas, que tuvieron lugar en los años 70 y 80, por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Se les acusa de homicidio múltiple pluriagravado y secuestro.
La Fiscalía de Roma solicitó la apertura de un proceso judicial contra 35 miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú, durante las dictaduras que gobernaron estos países en las décadas 70 y 80, cuando se ejecutó en Suramérica el llamado Plan Cóndor, una estrategia diseñada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para eliminar a los militantes de izquierda y  que causó miles de asesinatos y desapariciones.

El fiscal Giancarlo Capaldo precisó que la investigación busca esclarecer la muerte de 23 ciudadanos italianos que fueron asesinados durante los años que los 35 militares estuvieron en servicio activo en sus respectivos países de origen.
El Ministerio Público acusa a cada exmilitar de diferentes cargos, entre los que figuran homicidio múltiple pluriagravado y secuestro, en el marco de la Operación Cóndor, urdida por las dictaduras del Cono Sur para reprimir a la oposición de izquierda en esos países, bajo la coordinación de los Estados Unidos.
La agencia Efe reseñó que, según Capaldo, la audiencia preliminar en la que se decidirá sobre los enjuiciamientos solicitados se celebrará a partir de octubre próximo. Asimismo, señaló que los nombres de los exmilitares se darán a conocer en los próximos días.
De acuerdo con la prensa italiana, los imputados serían 17 uruguayos, dos bolivianos, doce chilenos y cuatro peruanos, todos con edades comprendidas entre los 64 y 92 años
Entre ellos figuran el exministro del Interior boliviano Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el antiguo jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, expresidente peruano.
También mencionan a los exdictadores uruguayos Juan María Bordaberry (fallecido en 2011) y Gregorio Conrado Álvarez Armellino, además del excanciller de ese país Juan Carlos Blanco.
La justicia italiana había ordenado, tres años atrás, la detención de 140 exmilitares y civiles con conexiones con las dictaduras de la región, Sin embargo, debido a problemas burocráticos para entregar la notificación y la muerte de varios representantes de las juntas militares, el número de acusados disminuyó.
En el marco del Plan Cóndor, los Gobiernos suramericanos intercambiaban información para el secuestro y asesinato de miles de personas -incluyendo ciudadanos italianos- que se oponían a los regímenes militares.

miércoles, 12 de junio de 2013

Detienen a tres ex funcionarios de la justicia por complicidad con la represión

Dos ex jueces y un ex fiscal de San Luis imputados por haber presenciado tormentos a una joven de 19 años secuestrada
Carlos Pereyra González, Eduardo Allende e Hipólito Saá fueron alojados en la penitenciaría puntana por callar el secuestro, los tormentos y el asesinato de Graciela Fiochetti. Anulan prisión domiciliaria de ex magistrado riojano.

En el marco de delitos cometidos en la última dictadura, tres ex funcionarios judiciales de San Luis, los ex jueces federales Carlos Pereyra González y Eduardo Allende, y el ex fiscal Hipólito Saá, quedaron detenidos en los últimos días en la Penitenciaria Provincial. En La Rioja, el ex juez Roberto Catalán también fue llevado a una cárcel común luego de que se revocara su prisión domiciliaria.
En 1976, cuando Graciela Fiochetti fue secuestrada  y asesinada, Pereyra González era secretario del juzgado que estaba a cargo del entonces juez Allende mientras que Saá era fiscal. Los tres ex funcionarios judiciales se encuentran ahora presos por no haber investigado el secuestro, los tormentos y el fusilamiento de la joven que tenía apenas 19 años cuando fue asesinada a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis.
La causa se inició con la prueba surgida en el juicio que en 2008 condenó a cinco ex policías y militares por los tormentos y el fusilamiento de Graciela. En la misma sentencia, el Tribunal Oral Federal de San Luis pidió investigar a los ex jueces para determinar su rol en la última dictadura y puntualmente en este caso.
El pedido de investigación se basó en declaraciones que surgieron en el juicio oral, donde testigos recordaron que Pereyra González, Allende y Saá estuvieron presentes durante los tormentos y abusos sexuales sufridos por Fiochetti en La Granja, el centro clandestino de detención donde estuvo cautiva. Un par de días después, el 21 de septiembre de 1976, la joven fue trasladada a las afueras de la capital puntana y fusilada.
Así lo relató el abogado puntano José Samper al recordar una conversación con Allende y Pereyra González donde le relataron "con tono amargado" haber sido testigos del "espectáculo terrible" de haber visto las torturas sufridas por la joven aunque le aclararon que "por suerte" la iban a poner en libertad.
Luego de esa declaración en el juicio oral se conocieron los dichos del fallecido ex miembro del D2 de San Luis, Jorge Hugo Velázquez, quien ya en 1986 había asegurado que "Pereyra González había ingresado a la oficina donde la joven Fiochetti estaba desnuda, mientras era torturada".
Luego de estos señalamientos, en 2009 el ex juez renunció a su cargo en la justicia mendocina. En ese momento, quien fuera secretario en un juzgado de San Luis ya había ascendido a integrante de la Cámara Federal de Mendoza, puesto que compartió con el destituido Luis Miret y el prófugo Otilio Romano, con pedido de extradición desde Chile, ambos por delitos de lesa humanidad. También integró esa Cámara Julio Petra, quien renunció tras las denuncias recibidas por obstruir las causas contra la represión.
El viernes pasado, luego de que se conociera su pedido de captura, el ex camarista de Mendoza se presentó junto a su abogado ante la justicia de San Luis cuando hacía varios días que era buscado sin éxito.
Mientras avanza la causa por la complicidad judicial en San Luis y Mendoza, en la provincia de La Rioja el viernes pasado fue trasladado a una prisión común al ex juez federal Roberto Catalán procesado por delitos de lesa humanidad. Catalán está acusado de “imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” cometidos en la última dictadura y había sido beneficiado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena con la prisión domiciliaria con el único argumento que es mayor de 70 años.
Apelada la decisión, ahora Piedrabuena debió acatar el fallo de la Cámara Federal de Córdoba y enviar al ex juez a una cárcel común ya que no se probó en la causa que el imputado no pueda ser asistido en un establecimiento penitenciario.

Fuente: Tiempo Argentino

Rompe el silencio un trabajador del cementerio de Punta Alta

“Nos juramos nunca hablar de eso”
Radio Mega de Punta Alta difundió en su página web una entrevista a un trabajador que testimonió sobre el accionar militar durante la dictadura en el cementerio de Punta Alta donde ayer fueron hallados restos humanos que podrían pertenecer a personas detenidas desaparecidas.

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirmó José Palacios.

Agregó que “al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Palacios se desempeña como albañil en la dependencia municipal rosaleña desde 1969 y declaró ante la justicia haber visto “como entraban al cementerio los militares entre los años 1976 y 1977. El lugar, por entonces, se transformó en una zona militar”.

“Cuando entraban al cementerio, a los que estábamos, nos encañonaban con fusiles. Nos retiraban del lugar a unos cien metros y entraban unos militares con las caras tapadas, ellos veían nuestras caras, pero nosotros no la de ellos”, dijo a Radio Mega.

“Nosotros mirábamos de lejos, y si nos movíamos se escuchaba cuando cargaban sus armas, eso daba miedo. En ese momento un suboficial estaba a cargo del cementerio”, continuó y agregó que
“los que nos apuntaban eran los infantes, nos retiraban a cien metros a nosotros y a los empleados municipales que estaban en el lugar. Actuaban en la zona donde encontraron los cuerpos, que por aquellos años era un baldío. En ese lugar permanecían un largo rato”, prosiguió el relato.

La nota firmada por Quique Gomez Lepez completa el testimonio:

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirma Palacios.

Pero el relato del horror siguió: “Al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Indicó que hace poco tiempo, cuando tomó conocimiento que la porción de tierra en cuestión había sido comprada, le dijo a un conocido: “en ese lugar hay muertos”. Le dijeron que era imposible, pero dice: “yo sé lo que vimos, lo que hacían cuando venían, fueron unas 30 veces en dos años, entre 1976 y 1977″.

Palacios dice que no puede asegurar si los cuerpos que tiraban los militares eran de personas vivas o muertas.

“Después de más de 30 años, la historia me cierra, siempre había mucha gente, pero era todo cerrado. Inclusive fui testigo de velatorios a cajón cerrado, donde decían que los cajones no tenían cuerpos sino piedras. Los militares custodiaban los velatorios, y no dejaban que ni siquiera las familias se acercaran”, expuso.

El testigo de los entierros de la dictadura militar en el cementerio, sostiene que “eso nunca se me fue de la cabeza, los julepes (sic) que nos pegábamos eran terribles. Es imposible olvidar todo eso”.

Palacios aclaró que “todo lo que cuento no me lo dijo nadie, lo vi, lo viví. Y lo cuento porque mi vida ya pasó, pero es hora que todos sepan lo que pasaba en el cementerio. Ya no tengo miedo, sólo me gustaría que el que me apuntaba volviera a pararse frente a mí, hoy la situación sería otra”.

El relato del horror en vivo, el de un albañil que a 100 metros observaba junto a otros testigos, el accionar de los militares del proceso. “Son unos 60 metros de fosas, si buscan van a encontrar más de lo que piensan. Por mi parte ya dejé de temer, ya conté lo que vi y callé durante 37 años”.

Un equipo de antropólogos trabaja en el cementerio local

Un grupo de científicos trabaja desde hace instantes en el cementerio local, en el lugar donde la semana pasada un grupo de albañiles encontró restos humanos. Se trata de determinar si se trata de personas desaparecidas en el distrito, durante la dictadura militar de los setenta.

Se trata del equipo de antropología argentino, que en primera instancia se encuentra retirando capas de tierra donde fueron hallados los primeros cuerpos.

La tierra es colocada en recipientes que como todo lo trabajado, será motivo de análisis.

En el lugar se encuentra el fiscal Palazzani, además de la doctora María Tieste.

También observa las tareas el albañil José Palacios, quien en exclusiva para Mega relató el proceso del horror que llevaba adelante la dictadura militar, cuando los militares llegaban al cementerio en jeeps y camionetas.

"Estaban un rato largo, nos mantenían alejados y nos apuntaban, y luego se iban. Entre los años 1976 y 1977 eso lo hicieron unas treinta veces", relató Palacios y cuyo audio se encuentra en Presidencia de la Nación.

Publicado el 07/06/2013 por efemedelacalle

Procesa el brigadier Graffigna por los secuestros de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roinsinblit

El brigadier fue procesado

Omar Rubens Graffigna, quien integró la segunda junta militar de la dictadura, fue procesado junto a otros represores por el juez Daniel Rafecas, en la causa por delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

El brigadier retirado Omar Rubens Graffigna, miembro de la segunda junta militar de la última dictadura, fue procesado por delitos de lesa humanidad en la causa Primer Cuerpo de Ejército. Absuelto en el juicio a las juntas en 1985, el aviador de 87 años fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por los secuestros de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit, ambos desa-parecidos y vistos por última vez en cautiverio en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de Morón, donde funcionó un centro clandestino cuando Graffigna era jefe del estado mayor general de la Fuerza Aérea. Por los mismos delitos también fueron procesados el mayor Luis Tomás Trillo y el agente civil de inteligencia Francisco Gómez, en tanto se libró una nueva orden de captura contra el suboficial mayor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los prófugos históricos de las causas por crímenes de lesa humanidad, por quien el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

Pérez Rojo y Roisinblit –hija de Rosa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y alojados en la RIBA de Morón, donde estuvieron al menos hasta el 14 de noviembre de ese año. Patricia, embarazada de ocho meses al momento del secuestro, fue trasladada a la ESMA para dar a luz a su segundo hijo, un varón que fue sustraído y recién conoció su identidad en 2001, a sus 23 años. El apropiador de la criatura, condenado en 2005, fue Gómez, que se desempeñó como empleado de la RIBA, luego pasó a cumplir tareas de calle de “índole riesgosa”, según consideró probado Rafecas, y que habría custodiado a los verdaderos padres del niño mientras estaban en cautiverio.

La RIBA formó parte del circuito represivo desplegado en la llamada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Morón, Merlo y Moreno. La subzona tuvo por epicentro el centro clandestino Mansión Seré, en Castelar, e incluyó también a la Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada de Morón, las comisarías de Castelar, Haedo y la Primera de Morón. El jefe de la RIBA durante los primeros años de la dictadura fue el comodoro Roberto Oscar Sende, ya fallecido, y su sucesor fue el mayor Trillo, a cargo de la RIBA cuando se produjo el secuestro de la pareja de militantes. Por encima de Trillo estaban el brigadier Francisco Salinas, también fallecido, que era jefe de inteligencia de la fuerza, y un escalón más arriba el propio Graffigna, quien desde abril pasado se encuentra detenido.

La causa por los crímenes de la Fuerza Aérea en la Subzona 16 tiene un considerable número de imputados en condiciones de ser juzgados. En agosto de 2011 Rafecas elevó a juicio al brigadier Miguel Angel Ossés, ex jefe del Comando de Operaciones Marco Interno y jefe directo de los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, ambos condenados. Por su participación directa en secuestros y torturas están procesados los cabos Daniel Alfredo Scali, alias Tano; Marcelo Eduardo Barberis, alias Enano, y el suboficial Carlos Alfredo Cámara, alias Tino. Por los delitos en la comisaría de Haedo están procesados los comisarios Alberto Oscar Lanas y su sucesor Néstor Rubén Oubiña, en tanto el policía Felipe Ramón Sosa fue procesado por su rol en la comisaría de Castelar. También está en condiciones de ser juzgado el cabo y luego agente de la Fuerza Aérea Héctor Oscar Seisdedos. El juez Rafecas solicitó al elevar las causas que el juicio oral se realice en el Tribunal Oral 5 de San Martín, por la cercanía con los centros clandestinos donde ocurrieron los hechos y el impacto que tendría para la comunidad local.

viernes, 7 de junio de 2013

La justicia a cuentagotas , HIJOS - La Plata

Mañana a las 19hs. los compañeros de HIJOS La Plata van a estar presentando el libro La justicia a cuentagotas en nuestro local (Carlos Calvo 2499 y Alberti).

    Un análisis crítico del proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Por HIJOS La Plata. Este libro es el resultado de tres años de seguimiento e investigación de los procesos contra los genocidas de la última dictadura, posibles a partir del reclamo sostenido de las organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país, que supo basarse tanto en la práctica política de la denuncia y la movilización social, como en la sistematización de información para su aporte a la justicia y en la elaboración conceptual de las causas y consecuencias de las prácticas del Terrorismo de Estado. Para conseguir un ejemplar escribir a hijoslaplata@gmail.com o en * Librería "Giroloco" (Pza. Italia e/ 7 y diagonal 77 La Plata) * Librería "Dardo Rocha" (6 e/ 48 y 49 La Plata) * Librería "Ulpiano" (48 e/ 12 y 13 La Plata) * Librería "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº 487 Bs.As)







martes, 4 de junio de 2013

Nora Cortiñas pidió juzgar a jueces cómplices

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, reclamó ayer juicio político "para todos los jueces y fiscales que ocultaron el horror" de la última dictadura. 

En las escalinatas de los Tribunales de Morón, la Madre fue parte de un acto en el que se presentaron públicamente los hábeas corpus originales interpuestos por la desaparición de su hijo Gustavo; de María Elena Peter, delegada sindical que trabajaba en el Juzgado Penal Nº 2 de Morón, y de su esposo Armando Fioritti.

Para Cortiñas, "con su silencio", los jueces, fiscales y funcionarios judiciales permitieron que "se torturara a hombres y mujeres, que se realizaran los vuelos de la muerte y que se apropiaran de los bebés de las madres cautivas".
Entre los funcionarios cuestionados se encuentra el fiscal general Guillermo Nieva Woodgate, quien se desempeñaba como fiscal de Cámaras de la Departamental Morón y no tomó ninguna medida sobre esos recursos.

Procesaron a dos ex magistrados en Santiago del Estero, comprometidos con la dictadura

Están acusados por su actuación durante la última dictadura militar. Habían sido mencionados por numerosos testigos en la megacausa en la que se investigaron los crímenes cometidos en la provincia durante el terrorismo de Estado.

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari ordenó el procesamiento de dos ex magistrados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la dictadura cívico militar. Uno de ellos participó del caso María Soledad.

Se trata de los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo, a los que también se los había acusado de los delitos de “privación ilegítima de la libertad y torturas”. El procesamiento a los ex magistrados surgió tras los juicios por delitos de lesa humanidad en los que varios represores fueron condenados a “prisión perpetua en cárcel común”, entre ellos Musa Azar, que se desempeñó como jefe de Inteligencia en gobiernos democráticos, en las décadas del ’80 y ’90.

Los ex jueces procesados, Roca y Olmedo, al igual que otros ex funcionarios judiciales, entre ellos Luis Eduardo López, Constantino Sogga y Lorna Hernández, fueron mencionados en forma reiterada en el juicio de la denominada “megacausa” de la provincia. Olmedo había integrado el tribunal que condenó a los autores del asesinato de la joven catamarqueña María Soledad Morales.

Durante el juicio oral y público que se realizó el año pasado en Santiago, varios fueron los testimonios que aportaron datos y nombraron a ex jueces, fiscales y militares. Los testigos afirmaron que en reiteradas oportunidades presentaron hábeas corpus ante los ex jueces denunciados, pero nunca recibieron una respuesta favorable. Asimismo, indicaron que fiscales y jueces de la dictadura militar “presenciaban los tormentos al que fueron sometidos con picana eléctrica y submarino” varios presos políticos, en su mayoría desaparecidos.

Estos magistrados no son los primeros en ser imputados por su actuación durante la dictadura, desde la condena al ex juez de Santa Fe, Hermes Brusa, otros miembros del Poder Judicial de distintas partes del país están teniendo que rendir cuentas en Tribunales. Hace pocos días la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja contra la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe y así quedó firme la condena a Brusa por apremios ilegales que le habían dictado en 2009.

En tanto, en Santiago del Estero medio centenar de causas por delitos de lesa humanidad espera sentencia. Además de juicio por la megacausa (grupo I, II y III) y del caso Cecilio Kamenetzky, existen cerca de 50 expedientes se encuentran trabados en distintas etapas del proceso judicial. Entre ellos se encuentran las víctimas y acusados del grupo IV, denominado “los residuales”, ex magistrados y funcionarios del fuero federal, además de personal eclesiástico. Según publicó Nuevo Diario de Santiago del Estero, grupo IV involucra 34 casos de personas que sufrieron persecusión y tormentos.

Entre los “derivados” está el caso del desaparecido Héctor Rubén Carabajal, en el que el año pasado un policía de apellido Luna contó detalles de cómo fue el secuestro y mencionó a Capella (policía exonerado y condenado) como uno de los que participó del secuestro de Carabajal. Ahora se espera que Capella vaya a juicio oral.

lunes, 3 de junio de 2013

Recuperan hábeas corpus de desaparecidos

Son tres. Las autoridades judiciales habían dicho que fueron destruidos. Uno corresponde al hijo de Nora Cortiñas.
Por: Gerardo Aranguren

Con el foco en la actuación del fiscal federal Guillermo Nieva Woodgate durante la última dictadura, organizaciones de Derechos Humanos y la Asociación Judicial Bonaerense presentarán hoy públicamente tres hábeas corpus recuperados de personas que permanecen desaparecidas y que nunca fueron contestados por la justicia de Morón.

Se trata de los hábeas corpus originales presentados tras la desaparición de María Elena Peter, delegada sindical que cumplía funciones en el Juzgado Penal Nº 2 de Morón, y su esposo, Armando Fioritti. También se descubrió la presentación realizada por la desaparición de Gustavo Morales Cortiñas, hijo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 
El hallazgo complica la situación de Nieva Woodgate, que al momento de los tres secuestros era fiscal de Cámara de la departamental Morón. Se lo acusa de no haber tomado ninguna medida ante estas presentaciones.
Los documentos eran reclamados desde hace tiempo por los organismos de Derechos Humanos, para aportarlos a la justicia en las causas que investigan la complicidad de magistrados y fiscales con el terrorismo de Estado. Pero la justicia de Morón negó que quedaran registros de esos hábeas corpus y argumentó que habían sido destruidos.
A partir de la negativa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Trabajadores Judiciales de Morón iniciaron una investigación paralela, que en marzo de 2013 logró dar con los documentos.
Las presentaciones estaban registradas en un libro de trámites de causas de 1978. Allí, bajo el número 11843, estaba el hábeas corpus interpuesto por Antonio Peter, padre de María Elena, para intentar determinar el paradero de su hija y su yerno Armando Fioritti. En la búsqueda, los abogados se cruzaron con otro expediente: el hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas en beneficio de su hijo Gustavo.
La conferencia de prensa será en las escalinatas de los tribunales de Morón, a las 11. Allí se presentarán los hábeas corpus recuperados. Y la Asociación Judicial Bonaerense conmemorará su 53º aniversario, recordando a María Elena Peter, delegada sindical al ocurrir su desaparición. 
“Vamos a hacer un acto homenaje a la compañera porque no está visibilizado su caso”, explicó Martín Ghiglione, secretario de Derechos Humanos del gremio. Sobre el rol de Nieva Woodgate, señaló que “esta documentación aporta en el sentido de que sabía de la existencia de los hábeas corpus y como funcionario del Ministerio Público Fiscal omitió investigar.”