jueves, 25 de julio de 2013

Se fugaron dos represores, se hicieron los "enfermitos"


Los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados hace veinte días por delitos de lesa humanidad en esa provincia durante la última dictadura, se encontraban presos en el Penal de Chimbas y habían solicitado su traslado al Hospital Militar para realizarse estudios médicos. 

Los represores se escaparon del hospital y se investiga la posibilidad de que tengan cómplices entre el personal de salud, que hayan facilitado la fuga. Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan. 

Junto a esos dos represores, también fueron sentenciados otros cinco: Osvaldo Martel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francisco Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.

Olivera es hijo del general Olivera Rovere

lunes, 15 de julio de 2013

Denuncian intimidación a un testigo

Publicado por Editor

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación y se solidariza con Alberto Calvo, testigo, sobreviviente y querellante en la megacausa Campo de Mayo, por los violentos hechos de intimidación sufridos en su casa de Zárate. Cabe recordar que en esta etapa de la causa se juzgan, precisamente, los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las localidades de Zárate y Campana.

Los hechos

Alberto Calvo, testigo sobreviviente y querellante en la causa Nº 4012 Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en estos días, denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de personas desconocidas que irrumpieron en su domicilio causando destrozos y golpeándolo en varias oportunidades, ayer al mediodía en la localidad de Zárate.

Su madre, que vive en la parte de adelante de la vivienda, fue atada y tomada de rehén, mientras tiraban libros y rompían algunas cos as. Portaban armas largas, calibre 45, hecho que sorprendió a la víctima, ya que se trata de armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que todo el tiempo los agresores manifestaban que se trataba de un robo, la víctima dijo que no se llevaron ningún objeto de valor ni dinero, que había en ese momento en la vivienda y que ellos pudieron ver. Denunció además que en los días previos había sufrido vigilancia de los movimientos de la casa. Actuaron con cautela, se colocaron guantes de látex antes de tocar los objetos, y le permitieron inclusive, tomar una pastilla para una enfermedad cardíaca que padece Calvo.

Alberto Calvo presentó una denuncia ante la Fiscalía 1º de Zárate, a cargo del Dr. Martín Zocca, con el patrocinio de los abogados Guillermo Barales y Ayelén Ielcich. El Departamento de Derechos humanos de la localidad de Zárate, a cargo de Juan Manuel Aolita, acompañó la denuncia del testigo.

También se elevaron copias de la denuncia ante el Tribunal Oral Federal N° 5 y Juzgado de Instrucción N° 3 de San Martín y Juzgado Federal de Campana, a fin de solicitar la entrada al Sistema de protección de testigos.

miércoles, 10 de julio de 2013

Represor que se fuga desde su casa cuando le avisan que está acusado de delitos de lesa humanidad

Prófugo represor que iba a ser juzgado en Formosa
Fuga antes del juicio

Es el capitán retirado Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29. Está acusado por delitos de lesa humanidad. Iba al banquillo el 31 de este mes.

Hay represores de la dictadura que encontraron un modo sencillo y eficaz para evitar llegar a juicio: disfrutan de la excarcelación que le conceden los jueces de primera instancia y las cámaras federales durante la instrucción, que suele durar años, y se fugan semanas antes del comienzo del proceso oral, cuando los tribunales (algunos) ordenan su detención. A mediados de mayo fue el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo quien les hizo pito catalán a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que debieron comenzar el juicio sin el imputado. Esta semana siguió sus pasos el capitán retirado Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29, quien desde el próximo 31 debería ocupar el banquillo de acusados del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Formosa. En ambos casos los magistrados hicieron oídos sordos a los reiterados pedidos de fiscales y/o abogados querellantes para detenerlos y asegurarse la presencia de los acusados en los juicios.

Spada es el principal de los diez imputados de la megacausa Carrillo. Llegó a juicio acusado por 74 privaciones ilegales de la libertad, 43 casos de tormentos y 4 desapariciones. Las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la APDH pidieron su detención en febrero, “en razón del riesgo procesal que implica la libertad y la flagrante violación de las normas del derecho internacional humanitario que conlleva el estado de las presentes actuaciones”. El tribunal, que integran como subrogantes los misioneros Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo Sodá, ordenó las detenciones recién el 5 de junio, cuando fijó la fecha de inicio del juicio oral.

Cuando agentes de la Policía Federal fueron a buscar a Spada a su casa de Resistencia, Chaco, la esposa del militar les dijo que había viajado al interior de la provincia por asuntos de trabajo, informó ayer el sitio Misiones Online. Luego se realizaron allanamientos en los domicilios de sus hijos, titulares de la empresa Litoral Seguridad, quienes dijeron que el padre estaba en Rosario por problemas de salud. Finalmente, este miércoles, el tribunal que debe juzgarlo lo declaró prófugo y ordenó su captura en todo el territorio nacional. Los otros nueve imputados por su actuación en Formosa fueron detenidos: Félix Romero, Luis González y José Medina, con problemas de salud, gozan de arresto domiciliario; en cárceles federales están los militares Juan Carlos Camicha, Faustino Cabrera y Ernesto Ki-shimoto, el gendarme Mario Sosa y el policía Sergio Gil.

En el caso de Bahía Blanca, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani advirtieron varias veces sobre “el riesgo procesal concreto y real” de fuga, que de hecho se había dado antes del primer proceso, con la huida del capitán Miguel Angel García Moreno, quien sigue prófugo. Los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava se olvidaron de la vaca y volvieron a quemarse con leche: ordenaron la detención cuando el juicio era inminente y cuando Arroyo, igual que Spada, ya no estaba en su casa.

Santiago del Estero: Investigan construcción sospechosa y la vinculan al terrorismo de Estado

El Juzgado federal libro oficio a Gendarmería

La denuncia fue interpuesta por el arqueólogo Andrés Chazarreta, funcionario provincial que realizaba excavaciones en Solís y ribera del río Dulce.
Investigan construccion sospechosa y la vinculan al terrorismo de Estado
DETALLES. Especialistas señalan que data de los años 70 u 80 y que es tipo militar.

 Investigadores científicos hallaron una extraña edificación subterránea en Solís y ribera del río Dulce, y no descartan que tenga vinculación con el terrorismo de Estado.
Por este hallazgo, se radicó una denuncia en el Juzgado Federal local que emitió sendos oficios al Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional para hacer un relevamiento en la zona y también a la Municipalidad de la Capital, solicitando que informe si había registros de una construcción.
Según indicaron fuentes judiciales, la denuncia la realizó el Lic. Andrés Chazarreta, director del Museo de Arqueología y Antropología de la provincia “Hnos. Duncan y Emilio Wagner.
El especialista había concurrido al lugar para hacer una investigación científica, anoticiado por vecinos de la zona, de que en el lugar podrían existir restos arqueológicos.
Sin embargo, cuando realizó una prospección en el sitio, se dio con una construcción que le llamó la atención, ya que no tenía ningún tipo de vínculo con el exterior, en tanto que en el interior, observó dos arcos, como si fueran puertas que conducen hacia adentro, pero que están tapadas por tierra.
Chazarreta convocó para que dé su opinión a la licenciada Ana Igareta, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en arqueología, quien busca los vestigios del primer asentamiento de la ciudad de Santiago del Estero.

Sgún las estimaciones de la científica, esta construcción hecha de ladrillos dataría de los años 70 u 80 y es de tipo militar.
Es por ello que Chazarreta con estos datos y las imágenes registradas, radicó la denuncia en el Juzgado Federal local para que se investigue si guarda algún tipo de relación con el terrorismo de Estado.

Antecedentes

Esta no es la primera denuncia que se presenta con respecto a construcciones subterráneas a las que se relaciona como sitios elegidos para torturas de presos políticos durante los años de dictadura.
Son varios los casos: en la sede del Departamento de Informaciones Policiales (DIP) había un sótano que era el lugar destinado para las torturas a los presos políticos.
También se encuentra el caso del casco de la estancia en el campo militar de Santo Domingo, en el que también hay un sótano sospechoso, el cual fue mencionado por algunos relatos de presos políticos. Este lugar fue inspeccionado y resguardado por el juez federal Guillermo Molinari, y luego, también fue motivo de una inspección ocular por parte del Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio público por los crímenes de la Megacausa.
Otras construcciones subterráneas que fueron denunciadas e investigadas son las del campo militar Coronel Holmberg, ubicado en La Guarida, en el departamento Banda.
La última denuncia que se radicó vinculada a estas construcciones como un sótano y relacionadas a un centro clandestino de detención, fue en un campo ubicado en cercanías de Los Pirpintos, departamento Copo. La descripción del lugar, personas y las actividades que allí se realizaban llegaron al abogado Ricardo Abdala Auad quien informó a la Justicia Federal.

lunes, 8 de julio de 2013

Piden investigar si hubo un centro clandestino en la Embajada de Uruguay

El diputado oriental Luis Puig solicitará a la justicia que determine el rol de la sede diplomática de su país en Buenos Aires durante la última dictadura.

Por: Gerardo Aranguren
Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral de la región por esos delitos. 

El legislador Puig se presentará a las 10 en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, para denunciar la existencia de estas celdas en el primer subsuelo del consulado oriental. "El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros", señaló.

La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención.
El funcionamiento de la embajada como un eslabón más de la represión de la dictadura uruguaya fue denunciado por los sobrevivientes hace varios años y en 2011 presentaron ante la justicia argentina documentos para investigar ese rol. "Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados", señaló en ese momento el fallecido Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor, al entregar la documentación.

Entre esos archivos figuraban circulares diplomáticas con listados de ciudadanos buscados por la justicia militar uruguaya por realizar "actividades subversivas". Los listados eran distribuidos en las embajadas y consulados, donde acudían exiliados si querían renovar su pasaporte o realizar algún trámite.

En uno de esos listados, de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del PVP quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.

Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero, que resulta revelador: "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hçubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares."