viernes, 19 de diciembre de 2014

La Tablada: pedirán a la Corte que investigue las cuatro desapariciones

La Comisión de Familiares y Compañeros de los Detenidos-Desaparecidos en La Tablada entregarán mañana un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene investigar el destino de cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron desaparecidos. Carlos Samojedny, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Provenzano participaron del copamiento al cuartel de La Tablada en 1989, fueron detenidos con vida y sus cuerpos nunca aparecieron. “Vamos a mostrar el apoyo social y político que tiene el reclamo por esclarecer lo que ocurrió y castigar a los responsables”, explicó Irene Provenzano, hija de uno de los primeros desaparecidos en democracia.


“Reclamamos una investigación completa e imparcial que permita saber el destino de los desaparecidos y responsabilizar y juzgar a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad actuantes involucrados en las torturas, fusilamientos, y posteriores desapariciones. Los cuatro fueron capturados al interior del Regimiento, existiendo como prueba de ello registros fotográficos, fílmicos y testigos que afirman haberlos visto con vida”, escribieron en el segundo párrafo del petitorio, que ya fue publicado en forma de solicitada y que tiene las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el  Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Irene Provenzano anticipó a Infojus Noticias que también harán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe 55/1997, publicado en 1995 había señalado las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cuartel y recomendó al “Estado argentino realizar una investigación independiente, completa e imparcial al respecto”. Sobre esa base, volverán a plantear la situación de los cuatro militantes desaparecidos.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

“Estas aberraciones se produjeron por agentes del Estado, y su impunidad fue garantizada y avalada por el juez que actuó en la instrucción Gerardo Larrambebere y por el accionar de la Cámara Federal de San Martín, integrada en el año 1989 por los jueces Jorge Barral, Hugo Fossati y Marta Herrera”, indicaron en el texto que mañana presentarán ante la Corte Suprema. También está firmado por Osvaldo Bayer, Horacio González, Eduardo "Tato" Pavlosky, Norman Briski, Vicente Zito Lema, Carlos “Perro” Santillán, Emilio Pérsico, Eduardo Anguita,  Torcuato Di Tella, Eduardo Jozami, Ricardo Forster, Jaime Sorín y Atilio Borón, entre otros.


 La Corte tiene por resolver un pedido para que se rechace el sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” sobre el general Alfredo Arrillaga, quien comandó el operativo de recuperación del cuartel y está señalado como el principal responsable de las desapariciones. El 19 de junio pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el cuál rechazó el sobreseimiento que había firmado la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

En la causa están señalados Arrillaga, quien ya tiene una condena por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, y el mayor Jorge Eduardo Varando, señalado por los fusilamientos de Ruiz y Díaz, quien también actuó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando –como empleado de seguridad del banco HSBC- disparó contra los manifestantes con munición de plomo.

Ruiz y Díaz fueron detenidos en la tarde del 23 de enero. Ambos fueron fotografiados por Eduardo Longoni y se ve claramente como desarmados y heridos son conducidos hacia los fondos del regimiento militar. Luego fueron desaparecidos.

Samojedny y Provenzano se rindieron junto a sus compañeros el 24 de enero por la mañana. Fueron llevados encapuchados y con las manos atadas a la espalda hasta una oficina. Allí fueron torturados junto al resto y Samojedny y Provenzano fueron apartados y del grupo y sacados del lugar. También fueron desaparecidos.

“Después de tantos años transcurridos sin respuestas, esperamos el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revoque definitivamente la prescripción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento sobre Arrillaga emitido por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín”, señalaron los familiares y compañeros de los desaparecidos en La Tablada.

El petitorio que presentarán mañana lleva, además, las firmas de los diputados nacionales Horacio Pietragalla, Juan Cabandié, Victoria Donda, Víctor De Gennaro y  Claudio Lozano; y de los legisladores porteños Maria Rachid, Pablo Ferreyra y Alejandro Bodart. También dieron su respaldo el Espacio Carta Abierta, CTA Autónoma, Confluencia Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán y la Organización Social y Política Los Pibes, entre otros.

 

jueves, 4 de diciembre de 2014

Novedades en la causa por el “gendarme carancho”

(3/12/2014) En el día de hoy comenzaron a declarar los testigos de la causa en la que la justicia federal de San Isidro investiga el accionar del “gendarme carancho”.

El insólito episodio fue protagonizado por el Comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales quién se arrojó sobre el automóvil de un joven que participaba de una caravana solidaria con los trabajadores despedidos de la empresa LEAR Corporation.

La causa penal N° 54342/2014 está caratulada “López Torales Juan Alberto, Galeano Roberto Ángel, Berni Sergio Alejandro s/ privación ilegal de la libertad, vejación o apremios ilegales y daños”.

En ella se investiga no solo la responsabilidad de López Torales por haberse tirado sobre el capot del auto inventando un accidente, sino también la responsabilidad de Roberto Galeano, un militar que Berni puso al mando de las fuerzas de seguridad, así como del propio Sergio Berni que reivindicado públicamente el bochornoso operativo.

Hoy prestaron declaración testimonial Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que ese día estuvo presente con una delegación de organismos de derechos humanos, entre ellos Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, Alejandrina Barry hija de desaparecidos y María Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada.

También declararon Guillermo Ermili que presenció los hechos y una de las manifestantes que viajaba en el automóvil sobre el cual se arrojó el comandante López Torales. Ella brindó una precisa descripción de cómo se vieron los hechos desde dentro del propio automóvil que fue víctima de esta provocación y también del accionar de Galeano, primero en conjunto con la Gendarmería y después intentando infiltrarse entre los manifestantes. Lo mismo fue sostenido por Fukman.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del PTS, Myriam Bregman y Carlos Platkwoski.

La causa había comenzado a tramitarse ante la justicia provincial y el Fiscal Molina Pico imputó al conductor del auto. Hoy el expediente pasó a la justicia federal y agrupa las denuncias realizadas por el Fiscal Federal de San Isidro Dr. Fernando Domínguez, el Diputado Nacional Manuel Garrido y los abogados del PTS y el CeProDH ante la Procuraduría de Violencia Institucional / PROCUVIN.

Contacto

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martes, 25 de noviembre de 2014

Un ex militar detenido en Moreno, un represor bahiense

Un represor bahiense

El oficial retirado Alberto Daniel Rey Pardellas, ex jefe de una compañía de servicios del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, fue detenido, imputado por delitos de lesa humanidad en esa ciudad durante la última dictadura. El ex militar de 69 años, que deberá prestar declaración indagatoria ante el juez subrogante Santiago Martínez, es el decimosexto detenido a partir de las imputaciones realizadas el año pasado por los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani.

En Bahía Blanca se realizaron dos juicios orales que implicaron condenas para 24 represores, en su mayoría retirados del Ejército. Por estos días se juzga a un grupo de marinos y prefectos por secuestros, torturas y homicidios en las bases de Puerto Belgrano y Baterías, y por los asesinatos de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Al mismo tiempo continúan las investigaciones del Ministerio Público en la etapa de instrucción, en la cual se enmarca la declaración indagatoria del director del diario, Vicente Massot, sobre la que ahora debe pronunciarse el juez federal subrogante Alvaro Colefi, y las nuevas detenciones de militares.

Rey Pardellas fue detenido la semana pasada en la localidad de La Reja, partido de Moreno. La Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó la medida en la vía pública, en la calle Martínez de Hoz al 2600. El militar está imputado por su presunta participación en 90 casos de secuestros y tormentos, en un homicidio, tres casos de lesiones gravísimas y como miembro de una asociación ilícita, según informó el portal de la Procuración General de la Nación. Durante 2014 se avanzó en la detención de once ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 181, dos del Comando del Cuerpo V del que dependía, dos del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé y un ex policía de la Unidad Regional V local. El listado de los últimos detenidos incluye a Diego Horacio Landa, Luis María Delaico, Oscar Norberto Moschini, Vicente Alfredo Flores (jefe de un “Grupo Antiguerrilla” del Batallón 181), Eduardo Carlos Videla y Raúl Esteban Andrés.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Piden la captura de un periodista de Misiones por delitos de lesa humanidad

Lo dispuso el juez federal de Paraná Leandro Ríos
 
Carlos Luis Carvallo dejó su lugar de trabajo el lunes y se desconoce su paradero. Fue imputado por un sobreviviente de la dictadura en la causa Área Paraná y aparece en el listado de informantes del Batallón 601 como "agente de reunión".

Alejandro Spivak


El juez federal de Paraná, Entre Ríos, Leandro Ríos, emitió una orden de detención y captura del periodista misionero Carlos Luis Carvallo, quien sorpresivamente dejó su lugar de trabajo el último lunes y desde entonces se desconoce su paradero o si sigue residiendo en Misiones.
El magistrado, que tiene a su cargo varias causas por delitos de lesa humanidad, investiga el grado de participación que tiene el periodista que actualmente se desempeña en FM Show de Posadas cuyo propietario es el empresario periodístico Alfredo Abrazián, cuñado del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Según confirmaron fuentes judiciales Carvallo aparece mencionado en el listado de informantes del Batallón 601 durante la última dictadura cívico militar. La causa iniciada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación pretende establecer el vínculo de Carvallo con algunos delitos que se investigan.
El juez federal de Entre Ríos, Leandro Ríos, instruye la causa de lesa humanidad Área Paraná, en la que se investigan los secuestros de 52 personas y la desaparición de otras cinco. Carvallo aparece en un listado del Batallón 601 como "Agente de Reunión" y "personal de civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983".
 En el documento del Archivo Nacional de la Memoria figura con el nombre de Carlos Luis Gómez Carvallo y se indica que dependía de Santa Fe. Además habría sido policía en Entre Ríos desde antes de 1976.
Fuentes judiciales señalaron que en el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, recibieron información de que también habría "trabajado" en la provincia, ya que llegó a Oberá en 1979.
En la nómina de personal civil del Batallón de Inteligencia, Carvallo figura en el orden 2034 de la Foja N° 38, correspondiente al Área 212, Destacamento de Inteligencia 122, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe.
RELATO DE UNA VÍCTIMA. Hace pocas semanas, en la cuarta audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos y por la causa Área Paraná, el dirigente de ATE, Manuel Ramat señaló varias veces al periodista Carlos Carvallo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y torturó.

Al respecto, el diario Uno de Entre Ríos, reprodujo que "Manuel Ramat optó por realizar un relato de los padecimientos que debieron enfrentar él y su familia".
Primero, en junio de 1976, fue asesinado su hermano Raúl en Campana. A los dos o tres días allanaron su casa en Paraná, en presencia de su familia, incluida su hija de cuatro meses. Uno de los miembros de la patota era un oficial de la Policía de Entre Ríos de apellido Carvallo, quien luego lo torturaría y que ahora –dijo– vive en Formosa o Misiones y trabaja de locutor y periodista.

El 25 de setiembre un grupo de tareas que también integraba Carvallo lo detuvo en Victoria y Facundo Zuviría. Lo llevaron a la casa de la Base Aérea y por la noche lo trasladaron a la comisaría de la zona de Corrales y lo liberaron. Cinco días después lo volvieron a privar de su libertad, lo llevaron a la Jefatura de Policía –en calle Córdoba– y desde allí lo sacaron en un Ford Falcon donde iba, nuevamente, Carvallo. Cruzaron el Túnel, ingresaron a la provincia de Santa Fe, se detuvieron en Colastiné Sur: allí lo esposaron y le colocaron una capucha en la cabeza. Lo llevaron nuevamente a Paraná, a un lugar que luego identificaría como la vieja comisaría de El Brete, donde estuvo desaparecido durante 45 días, solo, encapuchado, sometido a salvajes torturas a cualquier hora del día en un sótano de la repartición. Simularon fusilarlo, le hicieron escuchar los gritos de otro torturado, hasta que lo trasladaron en el baúl de un auto al CCD Comunicaciones.

Allí pudo recién tomar contacto con otros secuestrados. Pero a las tres semanas, nuevamente en un baúl y junto con otro detenido, volvió a la casa de la Base. Fueron tres días de torturas." «

sábado, 22 de noviembre de 2014

Un represor escondido en el anonimato: Carlos Villanova, uno de los jefes torturadores de Campo de Mayo

Hasta hace pocos días sólo era conocido por los alias que usaba durante el terrorismo de Estado. Un trabajo de investigación permitió identificarlo y arrestarlo. Está acusado de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios.

 Por Ailín Bullentini

El represor Carlos Francisco Villanova se negó a declarar ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence, quien lo había citado para indagarlo por 70 casos de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios cometidos durante la última dictadura cívico-militar en territorio de Campo de Mayo. Villanova fue señalado como el jefe de los torturadores de los militantes de Montoneros que pasaron por los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición. En esa época se hacía llamar “Gordo 1”. Según trascendió, se mostró sorprendido por su detención y se hizo el desentendido ante los hechos en los que se lo involucra. Su defensa solicitó “tiempo para analizar” la documentación que prueba su vínculo con delitos de lesa humanidad y la prisión domiciliaria. El fiscal que interviene en la instrucción, Miguel Angel Bianco García Ordas, se pronunció por rechazar el beneficio. Vence lo supeditó al informe del cuerpo médico forense.

Villanova fue una incógnita para la Justicia argentina durante casi 40 años. Los sobrevivientes de Campo de Mayo y varios otros testigos lo recordaron siempre por sus sobrenombres: “Gordo 1”, “Doctor”, “Tordo” lo nombraron en testimonios ofrecidos en numerosas investigaciones, desde la Conadep hasta las instrucciones judiciales que se apilaron tras la nulidad de las leyes de impunidad y en los juicios orales que las sucedieron. No tenía nombre hasta que, a mediados de esta semana, la unificación de los testimonios, el trabajo de la Fiscalía y el del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitieron otorgarle uno: Carlos Francisco Villanova.

Como no estaba identificado, Villanova nunca fue buscado por la Justicia argentina. No escapaba. Vivió hasta el jueves muy tranquilo en su casa de Vicente López. Hasta 2004, cuando se retiró como oficial mayor, trabajó en la Policía Federal. Luego, brindó servicios en el ámbito privado. El jueves fue detenido. Ayer, ante Vence, se mostró sorprendido por “tanta batahola”. Antes de negarse formalmente al interrogatorio, Villanova dijo ser “un vecino muy conocido de Vicente López”, tan conocido que incluso fue “candidato a concejal” hace “algunos años”, y no entender “de qué se trata toda esta acusación”, informaron fuentes judiciales. La jueza, entonces, pasó a comentarle rápidamente uno a uno los casos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, abusos de las 70 víctimas por los que, por el momento, se lo llamó a declarar. En San Martín no descartan ampliar la nómina de víctimas.

Entre 1976 y 1978, Villanova fue Claudio Federico Vargas y respondió a las órdenes de la Dirección General de Investigaciones como agente de Inteligencia. Su misión estuvo enmarcada en el Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino: a su cargo estuvo el interrogatorio de cada hombre o mujer integrante de la columna Norte de Montoneros que fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. Para los pocos que lograron salir con vida de aquel sitio, el “Tordo” fue el más brutal de los torturadores. “Era uno de los genocidas más buscados de Campo de Mayo”, señaló el abogado Pablo Llonto, querellante en la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos sucedidos en esa repartición del Ejército.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Especial para Nodal: Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México – Por Daniel Feierstein

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es heredero del Tribunal Russell. Desde su creación, el TPP ha intervenido en más de 40 casos de graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que se encuentran ausentes de la agenda de los organismos internacionales y, muchas veces, también de los medios de comunicación.

El Capítulo México es un proceso que lleva tres años y ha culminado en esta Audiencia Final, en un momento muy peculiar de la historia de México. La sentencia lo refleja con claridad: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”. La infinidad de denuncias recibidas, la gravedad de la situación de México en el período analizado por el Tribunal (1982-2014) ha sido reflejada en una larga sentencia que busca comprender las características estructurales de este proceso.

Luego de decenas de pre-audiencias y audiencias temáticas y la presentación de cientos de testimonios y miles de documentos, la sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los Estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Para ello utiliza trabajos jurídicos sobre responsabilidad extraterritorial de los Estados de origen de las empresas transnacionales realizados por académicos argentinos como Irene Massimino. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.

En esta ocasión el TPP fue presidido por Philippe Texier, magistrado francés, quien fuera el juez que inició en Francia la primera causa contra Astiz. Me acompañaeron entre los miembros juristas y académicos reconocidos de Italia (Nello Rossi y Luciana Castellina), España (Antoni Pigrau Solé, Juan Hernández Zubizarreta y Carlos Beristain), Alemania (Elmar Altvater), Costa Rica (Alda Fazio y Silvia Rodríguez) y Graciela Daleo, de Argentina. También integró el panel el obispo mexicano Raúl Vera, figura fundamental en el momento actual de México.

Los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado mexicano y solicitaron la solidaridad del Tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia. Fue realmente impactante la reacción del auditorio repleto del CUC en la UNAM, quien los recibió al grito unánime de “¡No están solos!”, “Todos somos Ayotzinapa” y, recordando las propias consignas de la lucha contra la impunidad en la Argentina: “Con vida los llevaron, con vida los queremos”. Allí mismo informaron de las tres caravanas por la verdad y la justicia que ese mismo día comenzaban a recorrer el país y que finalizarán el jueves, en la marcha convocada en el DF. Al tiempo, la policía mexicana estaba ingresando en la Facultad de Filosofía y Letras, a metros del evento, demostrando lo grave del momento actual en México.

El auditorio estuvo repleto durante las tres sesiones, con una variedad increíble de movimientos: campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes, defensores de derechos humanos, militantes de género, militantes católicos, entre muchísimos otros movimientos sociales que llegaron con sus banderas y elementos desde los distintos puntos del territorio mexicano. El clima en México es de alta movilización pero también muy preocupante. Gran parte de los movimientos sociales temen por un posible agravamiento de la represión. Necesitan imperiosamente la solidaridad latinoamericana.

La transmisión de afecto de los mexicanos al conjunto de los jueces del Tribunal fue movilizante, así como los familiares de asesinados que se acercaban con sus papelitos de denuncias, sobre nuevas y nuevas masacres y asesinatos durante la última década en Durango, en Guerrero, en Michoacán, en Chihuahua, entre tantos puntos del país. Narrando que los familiares generalmente prefieren callar, porque la denuncia suele generar nuevas víctimas, perder a un segundo o a un tercer hijo por denunciar el asesinato del primero. Es muy difícil imaginar el dolor y el nivel de la violencia e impunidad que reina en México porque su ausencia de la agenda pública internacional es atroz. Los mexicanos depositan confianza en que la labor del Tribunal y la movilización de estos meses pueda servir para visibilizar la situación y para acompañar a los mexicanos en estos momentos de verdadera incertidumbre.

Daniel Feierstein es investigador del CONICET/UNTREF/UBA, Presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del equipo de jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. En dicho carácter ha sido parte del panel de la Audiencia Final sobre México

lunes, 17 de noviembre de 2014

Iguala : Un caso de barbarie

DANIEL FEIERSTEIN, ESPECIALISTA EN GENOCIDIO

Feierstein, miembro argentino del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señala que “la respuesta del gobierno mexicano fue dilatoria y la investigación, totalmente deficiente”.

 Por Patricio Porta

Los movimientos sociales en México temen por un posible agravamiento de la represión ante el vacío de poder que se comienza a generar. Así definió la situación en el país Daniel Feierstein, presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encargado de analizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo. “La respuesta del gobierno mexicano ha sido dilatoria; la investigación, totalmente deficiente y los compañeros y familiares de las víctimas no han encontrado ni en la procuración ni en la Comisión de Derechos Humanos ni en ninguna otra instancia gubernamental una respuesta acorde a la gravedad de los hechos”, dijo a Página/12.

Feierstein integra desde hace una década el TPP –heredero del Tribunal Russell, creado para investigar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam– y participó de la audiencia final donde se elaboró la sentencia del organismo: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”.

El auditorio de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México donde sesionó el tribunal contó con la presencia de campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes y defensores de derechos humanos. Pero la participación más esperada fue la de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, que se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado y solicitar la solidaridad del tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia.

“Lo de Iguala es una muestra más de la impunidad generalizada que reina hoy en México, un contexto que la sentencia ha caracterizado como ‘desvío de poder’ del Estado mexicano para defender los intereses de empresas transnacionales y de los Estados Unidos, desapareciendo toda función social o democrática del aparato institucional mexicano; una situación cuya gravedad no era posible imaginar antes de abordar la documentación de la audiencia y que resulta invisibilizada o ignorada incluso por los gobiernos de la región o por los movimientos de derechos humanos de nuestros países”, señaló Feierstein, que junto con Graciela Daleo representaron a la Argentina ante el TPP.

Para el antropólogo argentino, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la infinidad de denuncias recibidas y la gravedad de la situación de México en el período analizado por el tribunal (1982-2014) demuestran que no existe un único responsable. “La sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio”, sostuvo.

La violencia en México y el paulatino deterioro de su sistema institucional es, según Feierstein, producto de una vecindad compleja con Estados Unidos. “El conjunto de las violaciones de derechos en México se iniciaron con las cláusulas contenidas en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mismo ha producido en 20 años un contexto de verdadera devastación ambiental, la destrucción de gran parte del aparato industrial mexicano, la transformación de su sistema de alimentación a través de lo que llaman la ‘violencia contra el maíz’, la destrucción de la estructura de los tejidos comunales, la privatización y expropiación de tierras y su siembra con semillas transgénicas. A ello –indicó– se suma el proceso de migración de los expulsados de la tierra hacia Estados Unidos, en un contexto de un comercio atroz organizado por las bandas de narcotraficantes y que incluye también a los migrantes de toda América Central, produciendo miles y miles de muertos en masacres continuas y permanentes.”

domingo, 16 de noviembre de 2014

Una movilización popular desafía la explotación de una de las zonas más biodiversas del planeta

Una consulta en la provincia argentina de Misiones, en la triple frontera con Paraguay y Brasil, rechaza con un 97% la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y entregar a las multinacionales el control del territorio

NAZARET CASTRO Posadas / Buenos Aires 17/11/2014 
 
Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, también apoyaron la consulta popular.- MESA PROVINCIAL DE MISIONES

El Gobierno les negó su derecho a decidir, así que ellos decidieron organizarse por su cuenta. Medio centenar de organizaciones sociales de la provincia argentina de Misiones, en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, convocaron a los 1,2 millones de misioneros a pronunciarse sobre la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la provincia. El resultado de la consulta popular, que tuvo lugar entre el 20 y el 26 de octubre, fue rotundo: cerca del 97% de los votantes expresaron su rechazo a las presas.

Los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas repartieron cerca de mil urnas por toda la provincia; las urnas móviles llegaron a los barrios más recónditos. La votación, popular y no vinculante, reclamaba el derecho de la población misionera a decidir sobre el futuro de la provincia, e instaba a cumplir la Ley Provincial nº 56, por la que, en 2011, el Gobierno provincial se comprometió a realizar un plebiscito antes de construir una nueva presa. Esa consulta no se ha convocado, a pesar de que avanza el proceso para la construcción de los embalses de Garabí-Panambí sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil. También avanzan los planes del Gobierno para construir sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, la presa de Corpus Christi, pese a que en 1996, el 90% de los votantes misioneros convocados en plebiscito la rechazó; de ese contundente resultado surgió una ley que prohíbe la construcción de la presa. Así que el interrogante que pende sobre los misioneros es, ¿de qué sirve la ley cuando contraría los intereses de los poderosos?

"Garabí-Panambí beneficiará a las corporaciones brasileñas de la construcción", asegura Eduardo Luján, uno de los militantes fundadores de la Mesa. En su opinión, el interés en Corpus es más complejo: responde a la necesidad de hacer navegable el río Paraná, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), diseñada para hacer más competitivo el transporte de mercancías destinadas a la exportación.

"Les arrebataron sus tierras. Hoy viven en barrios con tasas de paro que rondan el 80%"

Las nuevas presas llegan con la promesa de empleo y progreso, y bajo la amenaza recurrente del apagón energético; pero en Misiones esos argumentos ya no consiguen adeptos. Tienen la experiencia de la central hidroeléctrica de Yacyretá, cuya construcción se inició en 1983. Treinta años después, más de mil personas afectadas por las inundaciones siguen esperando una indemnización. Miles de familias fueron desplazadas y perdieron sus fuentes de subsistencia: vivían del río, como pescadores, oleros ─fabricantes de ladrillos─ o lavanderas; hoy subsisten con las políticas asistencialistas del Estado. "Les arrebataron sus tierras, y con ello se rompieron las redes de solidaridad vecinales: hoy viven en barrios carenciados con tasas de desempleo que rondan el 80%", sostiene Gabriela Melot, docente e integrante de la Mesa. "El eje es la lucha por el territorio: el sueño de legar a los hijos esas historias, esos lazos comunitarios que están inscritos en la tierra", recuerda Sergio Alvez, responsable de comunicación de la Mesa.

En Posadas, la capital de Misiones, creen que las presas les arrebataron también el poder disfrutar del río, y que eso no lo compensa el mastodóntico paseo litoral que acaba de construir el Estado. Algunos recuerdan, incluso, que su dieta ha cambiado porque hay menos pescado y que la llegada de mano de obra extranjera ha fomentado la prostitución. Pero la palabra más repetida es desarraigo. En Puerto Azara, una de las localidades que serían inundadas si sale adelante el proyecto de Garabí-Panambí, los lugareños ya afrontan una situación de total incertidumbre y denuncian que las autoridades no dan información. Fue aquí donde nació, hace unos seis años, el germen de lo que después sería la Mesa Provincial, de la mano de María Alvez, una mujer que decidió pelear para no repetir la historia de desplazamiento que vivieron sus padres. Porque, como señala una desplazada por Yacyretá, "¿Quién me paga el desarraigo, el dolor del alma? Eso no tiene precio".

Hoy, la Mesa Provincial No a las Represas está formada por medio centenar de organizaciones de muy diversa índole: sindicatos, grupos religiosos, asociaciones de docentes, pueblos indígenas. Esa diversidad constituye, en sí misma, una prueba de lo que corroboró la consulta: que la amplísima mayoría de los misioneros no quieren megapresas en la zona.

Cajas empleadas para la consulta en Azara, el pueblo más afectado por la presa - MESA PROVINCIAL DE MISIONES
"¿Energía o alimentos?"

No faltan razones para rechazar estas construcciones: la injusticia de las familias desplazadas, la pérdida de las economías locales, los impactos ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta. "La Organización Mundial de la Salud dice que las presas en zonas tropicales y subtropicales son una bomba de tiempo ambiental", explica Nora Dedieu, miembro de la Mesa y delegada del sindicato ATE. Este sindicato, cuenta Nora, entendió que "sin territorio, mal vamos a pelear por el trabajo". El avance del pino y otros monocultivos y los embalses que ya están funcionando han reducido al mínimo las tierras fértiles destinadas al cultivo de alimentos. Porque en la provincia de Misiones, ese paraíso natural que alberga las célebres Cataratas del Iguazú, donde la tierra es de un color rojo rubí que se confunde con el verde intenso de la selva, hace tiempo que la industria forestal compite por el territorio con la agricultura.

En ese contexto, muchos activistas de la Mesa saben que es necesario avanzar más allá del rechazo y visibilizar alternativas. Han trabajado junto con organizaciones ecologistas y expertos en la elaboración del documento Escenarios energéticos 2030. Aportes para un debate nacional, en el que apuestan por la biomasa, las turbinas en saltos de agua ─sin represar─ y las energías eólicas y fotovoltaica. Pero van más allá: "No es posible funcionar sólo con este tipo de energías alternativas dentro de este modelo productivo; pero muy distinto sería si apostamos por un proyecto diferente, como la agroecología. Debemos reivindicar lo pequeño: las iniciativas locales de producción y energía alternativa; hay que ser coherentes: no podemos plantear las energías alternativas si seguimos con este modelo consumista", afirma el activista y fotógrafo Rulo Bregagnolo.
Los desafíos

Les sobran los motivos y los argumentos legales, pero la asimetría de fuerzas es brutal: de un lado, organizaciones sociales invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación; del otro, los gobiernos nacional y provincial y las poderosas multinacionales de la construcción y la energía. Y sin embargo, consiguieron convocar a 120.000 misioneros para votar en urnas de cartón; una reivindicación de transparencia y participación; un grito por una democracia verdadera que les permita escoger qué futuro quieren para su territorio.

Cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB

En el contexto de esa lucha, saben que necesitan tejer alianzas no sólo con otros movimientos contra las presas de la zona ─como el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, en sus siglas en portugués) de Brasil y colectivos como el paraguayo Sobrevivencia─, sino también con otras resistencias al modelo extractivista: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el fracking. Las grandes centrales hidroeléctricas, afirman, están estrechamente vinculadas a las necesidades de energía abundante y barata de esas industrias extractivas. Así lo expresó en Posadas el exministro de Medio Ambiente paraguayo y asesor de Sobrevivencia, Óscar Rivas: "Nos arrebataron la administración de lo colectivo, las decisiones sobre el patrimonio común; quisieron privatizar la política". Esta nueva militancia socioambiental pone los límites y exige un control democrático y comunitario de los bienes comunes, y se pregunta, ¿energía para qué y para quién?

La privatización del agua, la tierra, los ríos se argumenta con dos palabras recurrentes: desarrollo y progreso. Pero cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB. Así lo sustenta Eduardo Luján: "¿De qué desarrollo hablamos? ¿Consumismo desenfrenado o desarrollo social y cultural? ¿Hay algo más ridículo que reventar montañas y envenenar millones de litros de agua para sacar oro que luego se guardará en bóvedas bajo tierra en la otra esquina del mundo? ¿Es eso progreso? ¿O deberíamos poner la tecnología al servicio de la gente y de su calidad de vida, para mejorar las condiciones laborales y vivir en un entorno ambiental limpio?"

A sus casi 80 años, el médico misionero Juan Yadhian tiene certeza de que el ser humano se perdió "cuando se quebró nuestra conexión con la naturaleza, cuando nos olvidamos de que somos parte de ella, como siempre supieron nuestros hermanos aborígenes. Perdimos la visión de la totalidad; nos olvidamos de que el planeta es como un cuerpo, de que los ríos son las arterias y las venas del planeta. Un río estancado es un río muerto. Pero si matamos el río, nos estamos matando a nosotros mismos".

miércoles, 29 de octubre de 2014

"REGRÉSENLOS" (discurso de Elena Poniatowska en el Zócalo)

Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero reclamamos aquí en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta: “Regrésenlos”

La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero es muy pobre pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre.

Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la república. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa, miles de mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen pero conciernen sobre todo a los jóvenes porque además de ser el futuro tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice “Sin maíz no hay país”, sin los jóvenes no hay nada.

El pasado miércoles 23 de octubre en una marcha que NO convocó un solo partido, los ciudadanos se organizaron solos e inauguraron una protesta ejemplar, absolutamente fuera de serie. La marcha resultó cinco veces mayor que la consignada por los medios: 350 mil personas, un río de gente seguía entrando y abarrotaba las calles aledañas al zócalo de por si lleno a reventar. La multitud protestaba contra el crimen de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. Los estudiantes fueron cazados, sometidos a la tortura hasta la muerte, a la desaparición forzada, a ejecuciones arbitrarias y ahora los culpables quieren librarse de su responsabilidad acusando a los jóvenes y buscan criminalizarlos al querer ligarlos al cartel de “Los Rojos” o a “Guerreros Unidos”. No se vale desviar la investigación de los hechos y deslizar en conferencias de prensa que se trata de un enfrentamiento entre cárteles. Tampoco se vale implicar a los muchachos en grupos guerrilleros. El “caso Iguala” es una mancha atroz en la vida oficial y política de nuestro país ya de por sí hundida en el lodo.

El periodista París Martínez se preocupó por levantar con amigos y familiares perfiles de los estudiantes. Es justo, a pesar de que solo podamos hacerlo con unas cuantas líneas, que recordemos a cada uno y por eso les pido que después del nombre y la descripción de cada muchacho digamos todos al unísono: “Regrésenlo” así como en la Guardería ABC en Hermosillo cuando la muerte de 49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 dijimos “Presente”, el nombre de cada niño.

1. Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, de Omeapa delgado, de cara espigada, de ojos rasgados apodado “Coreano” camina 4 kilómetros de ida hasta la carretera para tomar el transporte y cuatro de regreso porque quiere ser maestro de primaria en su tierra Omeapa.

2. A Luis Ángel Abarca Carrillo, de 21 años, de la Costa Chica, de San Antonio, municipio de Cuautepec lo apodan Amiltzingo. Muy cariñoso, es miembro de la “Casa Activista” en la que los normalistas pueden inscribirse para recibir formación política. Allá adentro resuena el nombre de Lucio Cabañas. Los ricos de Guerrero consideran revoltosos a los normalistas porque el héroe al que buscan imitar es el guerrillero Lucio Cabañas que también fue maestro.

3. A Marco Antonio Gómez Molina, de 20 años apodado Tuntún de Tixtla le encantan las tocadas de rock, le gusta mucho “Saratoga”, “Extravaganza”, “Los Ángeles del Infierno”. También él es compañero que siempre hace reír de la Casa Activista.

4. A Saúl  Bruno García, de 18 años lo conocen como Chicharrón, y es “desmadroso”, es de los que trata de hacerte reír hasta donde más, muy bromista y amistoso. Es de Tecuanapa y le falta el dedo anular de la mano izquierda porque se lo mordió el molino cuando hacia la masa. Saúl Bruno García rapó a todos los de la “Casa Activista”. Un compañero tenía fotos del momento de la rapada en su celular, pero los policías se lo quitaron.

5. Jorge Antonio Tizapa Legideño, de Tixtla tiene 20 años –dice su mamá–, y tiene un hoyito en la mejilla izquierda. Le gusta trabajar en el campo sembrar granos y hortalizas porque nunca alcanzan los recursos del gobierno estatal para los 500 estudiantes.

6. Abel García Hernández, de Tecuanapa es un niño campesino de 19 años, tiene una mancha atrás de la oreja derecha, es flaquito y mide 1.62 de altura.

7. A Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, de 19 años lo bautizaron como “el Frijolito” y es de la Costa. Parlanchín, siempre está dispuesto a ayudar a las personas”. “El Frijolito” fue el primero en ponerse de pie para donar su sangre cuando la pidieron en Tixtla para un enfermo.

8. Adan Abraján de la Cruz, de 20 años, campesino, es del Barrio de El Fortín, en Tixtla, un pueblo que cuida la Policía Comunitaria. Es del equipo de futbol de los Pirotécnicos de El Fortín, sus amigos lo consideran buen futbolista…

9. Felipe Arnulfo Rosa, campesino es de un rancho del Municipio de Ayutla y tiene 20 años. Se cayó de espaldas siendo chiquito y tiene una cicatriz en la nuca.

10. A Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, lo bautizaron como “Pilas”, por inteligente. “No echa relajo, es sereno y razona mejor que otros, le gusta tener todo en su lugar”. Emiliano fue uno de los 20 alumnos de primer ingreso que, hace dos meses se inscribieron en la Casa Activista. Diez miembros de la Casa Activista se encuentran entre los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre.

11. César Manuel González Hernández, de 19 años es de Huamantla, Tlaxcala, desmadroso, tiene el apodo de “Panotla”, pero también le dicen “Marinela”, porque una vez, en Jalisco, se llevó la camioneta de la empresa que hace pastelitos.

12. Jorge Álvarez Nava, “el Chabelo” de 19 años es del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, tiene una cicatriz en el ojo derecho y es tranquilo. Nunca alburea a nadie, nunca dice una grosería y su paciencia hace que nunca le falte al respeto a nadie. Es uno de los más sensibles de la Casa Activista... Sus padres aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa y se abrazan al hablar de él.

13. José Eduardo Bartolo, Tlatempa, de 17 años es de Tixtla, estudiante de primer año de la Normal Rural. Su padre es albañil de oficio y espera que su hijo sea profesionista.

14. Israel  Jacinto Lugardo, de 19 años es de Atoyac, y sus amigos lo apodan “Chukyto”. Su mamá sostiene un cartel con el rostro de su hijo y lo exhibe ante los automovilistas, durante la toma de la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol. “Él es medio robusto, tiene una cicatriz en la cabeza. Su piel es morena clara, su nariz media chata. Es un buen muchacho, se vino con mucha ilusión a estudiar.

15. Antonio Santana Maestro, apodado Copy porque habla muy bien en público, es reconocido en la Casa del Activista a la que acuden los otros jóvenes. El Copy toca la guitarra, también le gustan los videojuegos, juega con el PSP… pero lo que más le encanta, es la lectura…”

16. Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Su papá viajo desde su tierra apenas se denunció el rapto de los 43 jóvenes normalistas. “Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo. Mi muchacho quiere ser maestro esa es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron… ¡¿Qué vamos a hacer?!”

17. A Luis Ángel Francisco Arzola, de 20 años, sus compañeros normalistas lo conocen como “Cochilandia”, pero nadie sabe por qué. Llegó con el apodo. Es un chavo serio, trabajador, y aquí lo estamos esperando y queremos que él sepa que no vamos a parar hasta encontrarlo”.

18. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, de Apango, municipio Mártir de Cuilapa  tiene 23 años, y sus compañeros consideran que el “ya es grande”. Ellos tienen entre 17 y 20 años. En su pueblo, Apango, era peluquero para salir adelante. Es un chavo bajito, “chido” según sus cuates porque los apoya, da consejos, da todo a cambio de nada. Cuidaba a sus papás y a sus hermanos. Vino a la Normal en el mismo asiento del autobús con un compañero “pero empezaron los balazos y desafortunadamente él corrió para un lado y yo para otro, a él lo arrestaron los policías de Iguala, yo logré escapar, pero desde entonces no lo encuentro…”

19. Benjamín Ascencio Bautista, de 19 años, a quién le dicen “comelón” porque un día se acabó solo todas las galletas en una mesa durante una conferencia es originario de Chilapa. Antes de ingresar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa  fue educador comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Se prepara a voluntarios para alfabetizar en poblaciones marginadas, aisladas, rurales e indígenas de todo el país.

20. Alexander Mora Venancia, de 19 años y proveniente de “El Pericón”, municipio de Tecuanapa, Guerrero, nadie le podía quitar la idea de ser maestro. Le gusta dar clases. Primero ayudó en el campo pero quiso estudiar… “Y yo le exijo –dice su padre- a la autoridad que haga su trabajo como debe ser, que no tape a los culpables de la masacre que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal. Así como vivos se los llevaron, quiero que vivos los regresen…”

21. Leonel Castro Abarca, campesino de la comunidad de “El Magueyito”, municipio de Tecuanapa, no tiene apodo y para sus amigos “es una persona seria, pero con sentido del humor. Sueña con ser maestro, para sacar a su gente adelante.

22. Everardo Rodríguez Bello, de 21 años es originario de Omeapa. Lo conocen como El “Shaggy” porque se parece al de Scooby Doo. Técnico en mecánica automotriz desde el CONALEP se enoja mucho con la desigualdad sobre todo cuando se trata de comida: si a ti te dan seis tortillas y a él cinco, protesta.”

23. Doriam González Parral, de Xalpatláhuac, Guerrero tiene 19 años. Es chaparrito y “se ve como un niñito”, “y por eso le dicen “Kínder”. Causa mucha gracia cuando echa relajo.  Tiene un hermano en la Normal… Los hermanos entraron juntos, es notoria su fraternidad y los dos fueron secuestrados juntos…”

24. Jorge Luis González Parral de 21 años, es el hermano mayor de Doriam, el Kínder, es un compañero serio que ha trabajado en diferentes taquerías y aunque le gustaba quería progresar y escogió ser maestro igual que Kinder su hermano. Su apodo es “Charra” porque tiene una cicatriz en la pierna como si se la hubiera hecho con una charrasca…”

25. Marcial Pablo Baranda,de 20 años habla una lengua indígena y quiere ser maestro bilingüe al lado de otros maestros bilingües que vienen de pueblos todavía más pobres. Es bajito, buena onda,  primo de Jorge Luis y Doriam y sus amigos lo apodan “Magallón”, porque su familia tiene un grupo musical tropical con ese nombre que canta canciones de su tierra la Costa Chica. Se la pasa cantando cumbias y toca la trompeta y las tarolas.

26. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, de Xalpatláhuac, también es de la banda de los Kínder, a él le dicen “Chivo” y es serio y aunque se lleva bien con todos casi no echa desmadre…”

27. A Abelardo Vásquez Peniten, originario de Atliaca, Guerrero, le gusta el futbol. En un partido hace poco metió muchos goles… Nunca echa desmadre, se da a respetar porque nunca le falta al respeto a nadie ni anda criticando. Además del futbol le encanta estudiar porque agarra un libro y agarra otro y otro, y otro.”

28. A Cutberto  Ortíz Ramos de Atoyac le dicen “El Kománder” porque tiene cierto parecido con el cantante de corridos norteños. Tiene una mirada muy fuerte, es robusto, alto, amigable, responde de buena manera. En los campos de cultivo de la escuela le echa ganas… Y le encanta contar un chiste de Bob Esponja, se ríe e imita a la perfección la risa de Bob Esponja…”

29. Bernardo Flores Alcaraz, campesino, tiene 21 años y en su pecho un lunar como una manita de gato… Tiene mucha ilusión de ser maestro y de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En el campo hay mucha gente rezagada en educación y su ilusión es enseñarles…Los 43 normalistas salieron a recabar fondos para hacer sus prácticas, no se vale que les trunquen su vida y los dejen tirados en su sangre…

30. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa de Tixtla apodado el Churro de 21 años es el mayor de cuatro hermanos y “el único apoyo de su mamá” según su prima quien marchó durante cinco horas manteniendo en alto una pancarta con su retrato. Lo invitaron a la jornada de boteo del 26 de septiembre. Es un muchacho sumamente noble que mantiene a una sobrina de un año porque su hermana es mamá soltera y funge como figura paterna. Su prima reclama con furia su presentación así como pide justicia para los muchachos de Tlatlaya en el estado de México que son muchos.

31. Mauricio Ortega Valerio de Matlalapa o Matlinalpa cerca de “La Montaña” 18 años es apodado “Espinosa” porque cuando lo raparon – tradición en la Normal de Ayotzinapa para los alumnos de primer ingreso– le salió cierto parecido con Espinosa Paz, el cantante.

32. A Martín Getsemany Sánchez García de Zumpango, de 20 años, a quién le gusta jugar futbol y le va al Cruz Azul, toda su familia lo busca. Tiene ocho hermanos y durante la marcha del miércoles 22 en Chilpancingo, sus familiares llevaron una manta con su fotografía.

33. Magdaleno Rubén Lauro Villegas de 19 años, conocido como El Magda, es un compa tranquilo y noble que estudia para convertirse en maestro bilingüe, para para dar clases a los niños indígenas que no hablan español…”

34. Giovanni Galindo Guerrero de 20 años conocido como el Espáider, “porque es flaquito y tiene su propio estilo para correr y brincar como si se estuviera colgando de las telarañas igual que el “Hombre Araña”…”

35. A José Luis Luna Torres de 20 años de Amilzingo, Morelos, sus cuates le dicen Pato, porque se parece al Pato Donald y tiene voz de pato. Es serio, tranquilo, siempre te habla bien, es buena onda, pero es callado y no echa mucho desmadre.

36. Julio Cesar López Patolzin de 25 años de Tixtla “no tiene apodo. Le dicen simplemente “El Julio”. Es buena onda el bato pero calladito, no echa mucho relajo, solo se lleva con unos pocos pero siempre es agradable…”

37. A Jonás Trujillo González de la Costa Grande del Ticuí municipio de Atoyác de Álvarez le dicen Beni porque su hermano también está en la Normal de Ayotzinapa pero en segundo año y él se llama Benito… Por lo tanto ellos son los Benis… Es alto, gordito y se lleva muy bien con su hermano. Los dos son muy parecidos, aunque el menor es más alto y más clarito de piel…”

38. A Miguel Ángel Hernández Martínez, de 27 años lo apodan “Botita” porque a su hermano mayor quien también estudia en la Normal le dicen “El Bota” y a él , en automático, le pusieron “el Botita” aunque es de estatura media y gordo, nada desmadroso, siempre amigable, sano, no pesado: No es alburero, es buena onda de echar la mano, pendiente de los demás, un chavo muy solidario con todos, que en la clase le explica al profe y le hace el paro…”

39. Christian Alfonso Rodríguez de 21 años, de Tixtla anhela ser maestro y le gusta la danza folclórica. “A él le dicen “Hugo” porque siempre usa playeras de Hugo Boss. Su primo en la marcha del miércoles 22 se quedó ronco de tanto explicar: “No solo es mi primo, es mi amigo… es una persona muy aplicada, muy dedicada al estudio y a la danza y es injusto que alguien que se entregue y se esfuerce de ese modo, sufra consecuencias trágicas a manos del gobierno…”

40. José Ángel Navarrete González de 18 años comparte una habitación dentro de la Normal con otros dos jóvenes, en la que no hay un solo mueble, ni siquiera camas, sólo pliegos raídos de hule espuma.

41. A Carlos Iván Ramírez Villarreal de 20 años le dicen “El Diablito” La verdad es que es bueno, no se mete con nadie, tranquilo, quiere ser alguien pero en buena onda, no payaso pues…”

42. José Ángel Campos Cantor de 33 años de Tixtla es el de mayor edad de los 43 normalistas desaparecidos. Aunque mayor nunca abusa de los demás, al contrario, apoya en todo, es amigo de todos…”

43. A Israel Caballero Sánchez originario de Atliaca, un pueblito a la mitad del camino entre Tixtla y Apango le dicen “Aguirrito” por gordito. Está preparándose para ser maestro en comunidades indígenas y cuando sus compas le dicen Aguirrito protesta: “No sean cabrones, no me pongan esa chinga…”

Ayotzinapa está destrozado. México está destrozado. Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa conservan los tenis rotos de sus compañeros, su ropa, hasta los cartones que les sirven de cama. Esperan su regreso a pesar de que al extraordinario sacerdote Alejandro Solalinde, protector de los migrantes que ahora mismo celebra misa en Ayotzinapa, varios testigos le dijeron que los estudiantes habían sido asesinados, desmembrados y tirados a una fosa a la que le prendieron fuego. No hay respuesta suficiente entre crimen tan grande. La foto del estudiante del estado de México Julio César Mondragón al que le sacaron los ojos circula en Internet, su rostro desollado. Estamos ante una catástrofe nacional. En cinco estados hay protestas en apoyo a los 43 desaparecidos. México se desangra. La comunidad internacional está escandalizada y considera que México es ahora el país sin guerra más peligroso para los jóvenes. Jóvenes mutilados, jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la indignación. La madre del estudiante de Guadalajara Ricardo Esparza que asistió al Cervantino de Guanajuato dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad? O como se pregunta Gloria Muñoz Ramírez. “¿Hasta dónde ha llegado el terror implantado por el gobierno en el seno de la sociedad?” Frente al terror solo queda la unión de un pueblo que se levanta y grita como lo ha hecho durante días: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

martes, 21 de octubre de 2014

Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas

El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países

DANILO ALBIN Madrid 22/10/2014


El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.

Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.

Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar "cursos de formación" en instalaciones del ejército y la marina española.

Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 "modelo detective" de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.

Intercambio represivo


Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.
El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el "manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales".

En esas mismas fechas, La Moncloa respondió a la generosidad argentina con una propuesta muy especial a uno de sus marinos, el teniente de fragata Jorge Osvaldo Troitiño. De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, Troitiño había viajado a Europa para "prestar servicios en la Agregación Naval" de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval. Gracias al correspondiente permiso otorgado por la Guardia Civil, podía llevar en la cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38. El 6 de mayo de 1978, sus profesores españoles lo eligieron para que realizase una exposición sobre Argentina, de manera que pudiese explicar a sus camaradas las bondades del "régimen político" de Videla y su "desarrollo futuro".
Con ganas de aprender

Troitiño fue uno de los más activos "estudiantes" enviados por la dictadura a España, pero no el único. De acuerdo a los listados oficiales, 33 militares argentinos desfilaron por las dependencias militares de este país entre 1976 y 1983. Siete de ellos se apuntaron al curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército, mientras que otros lo hicieron en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos se encontraba el marino Carlos José Pazo, uno de los torturadores que prestaba funciones en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio del país.

Otro de sus compañeros de torturas, el teniente Néstor Savio, también fue premiado con un viaje a España para realizar el curso de Mando de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz), mientras que Ricardo César Araujo -un marino muy activo en la mal llamada "lucha antisubversiva"- consiguió que sus jefes de la Armada lo enviasen a Madrid "en comisión permanente" -lo que le dotaba de protección gubernamental- para acudir al curso sobre "Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina".

De acuerdo a una nota confidencial del Estado Mayor de la Armada Argentina, Araujo debía permanecer en España entre agosto de 1980 y noviembre de 1981. En su legajo, sus jefes reconocían su "activa participación" en la "lucha contra la subversión" en Bahía Blanca, una ciudad situada a 600 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente por eso, tres décadas más tarde un tribunal de esa localidad lo acusó de "haber formado parte del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas". Cuando viajó a España, Araujo ya cargaba en la espalda todos esos deleznables actos.

La escuela porteña


La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por parte del gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para que realizaran distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina. "Los cursos realizados por estos oficiales se efectúan en virtud de intercambios de alumnos y como consecuencia de acuerdos firmados en reciprocidad con países con los que se mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años y que continúan en la actualidad", justificaba en 1998 el ministerio de Defensa español ante un requerimiento de información efectuado por el juez Baltasar Garzón, quien entonces trataba de investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

De acuerdo al listado proporcionado en aquel momento por Defensa, entre 1979 y 1983 ocho miembros del ejército español realizaron el curso de inteligencia ofrecido por la dictadura. Varios de ellos visitaron las instalaciones de la ESMA, el mismo recinto donde funcionaba el campo de concentración. El entonces comandante Cristóbal Gil y Gil admitiría este extremo frente a Garzón, ante quien tuvo que declarar el 16 de junio de 1998. De acuerdo a su testimonio en la Audiencia Nacional, Gil y Gil -que prestaba funciones en el SECID- había viajado a Buenos Aires en abril de 1981 para participar en un curso de "Estudios de Personal", dirigido al "aprendizaje de técnicas policiales de identificación de huellas y microfilmación de documentación, así como técnicas de modernización del Servicio de Inteligencia".

Al ser consultado sobre sus visitas a la ESMA, el militar aseguró que había estado allí en tres ocasiones. Cuando Garzón le preguntó por los nombres de sus anfitriones, respondió que no se acordaba de ninguno. Ante su falta de memoria, el juez le mostró varias fotos de los represores que se movían por ese centro, pero no sirvió de nada: su mente continuaba en blanco. Los abogados querellantes le preguntaron si había recibido instrucciones "sobre formas de combatir la subversión", a lo que Gil y Gil volvió a contestar con otra evasiva: "esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental".

El comandante del CESID tampoco estaba al corriente de la utilización de la ESMA como campo de concentración, un aspecto que había sido denunciado en varias ocasiones a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. En su declaración, Gil y Gil alegó que ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos. Como mucho, creía que allí existía un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideólogos dispares". El saldo fue de 30 mil personas asesinadas por el terrorismo de estado.

La dictadura de Videla y España intercambiaron apoyos, medallas y regalos



El régimen argentino recibió el apoyo del Estado español para acceder a foros internacionales. También hubo un nutrido cruce de condecoraciones militares. Entre los premiados se encuentra el rey Felipe

    Los documentos secretos del intercambio de apoyos y condecoraciones de España con la dictadura de Videla
    España financió a la dictadura de Videla
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    La exclusiva de 'Público' sobre cómo España financió a Videla, Trending Topic a nivel nacional
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"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.

Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.

Del mismo modo, varios militares españoles -todos ellos de inocultable raigambre franquista- guardan a día de hoy en sus cajones las distinciones otorgadas por la dictadura de Videla. Uno de los primeros fue el capitán de navío Fernando de Salas, condecorado en una pomposa ceremonia celebrada en la embajada argentina en Madrid. También fueron premiados el general de Brigada Manuel Vallespín - jefe de la Segunda División del Alto Estado Mayor-, a quien el régimen condecoró en agosto de 1977 con la medalla del Ejército argentino, y el jefe de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, homenajeado con la Orden de Mayo al Mérito.

El ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, también fue objeto de una distinción por parte del régimen militar. En octubre de 1981, la Armada argentina -uno de los cuerpos más brutales en materia represiva- designó al hijo de Juan Carlos de Borbón como "Guardiamarina Honoris Causa". La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a La Zarzuela.
Te voto si me votas

Ambos países no sólo intercambiaron medallas y elogios. Durante aquellos años, la dictadura de Videla y el gobierno de Adolfo Suárez establecieron un eficiente sistema que les permitió negociar la participación de sus respectivos estados en distintos organismos internacionales. El encargado de abrir el juego fue un sobrio diplomático español, Manuel Thomás de Carranza. El 28 de julio de 1976, el funcionario redactó una minuta en la que invitaba a Argentina a participar en el séptimo congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales "y a ocupar junto con España -que presidirá dicho evento- la otra Presidencia reservada a un país Hispano-Americano".

El 11 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de UCD se inmiscuyó en una cuestión tan delicada como la disputada soberanía de las Islas Malvinas, reivindicadas por los argentinos y ocupadas por los ingleses. En una nota de tres párrafos, el Ministerio de Asuntos Exteriores -por entonces a cargo de Marcelino Oreja- notificaba que "el Gobierno español, de acuerdo con su tradicional posición, prestará decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas".

"En este sentido -declaraba solemnemente el Ministerio-, se cursan instrucciones a la delegación de España en el XXXI período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que preste su apoyo al proyecto de resolución sobras las Islas Malvinas". Una semana después, el embajador argentino Leandro Enrique Anaya transmitía a Oreja la "complacencia y agradecimiento" de la dictadura "por el apoyo solidario a la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, que concita un unánime sentimiento nacional argentino".
"Lazos de amistad"

Otro de los pactos se selló discretamente a comienzos de agosto de 1977, cuando media España estaba de vacaciones. Según consta en una nota fechada el primer día de ese mes, el gobierno de Suárez aceptó la petición de apoyo que le había formulado el régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque no lo haría gratuitamente. Tras invocar "los tradicionales lazos de amistad hispano-argentina", Exteriores anunciaba que apoyaría al candidato de la Junta Militar "en la seguridad de que la petición de apoyo hecha por España para su reelección (...) recibirá el mismo trato por parte de la delegación argentina".

Aún más increíble resulta la nota del 18 de noviembre de 1978, por medio de la cual Argentina informaba al Gobierno español sobre su postulación "para integrar la Comisión de Derechos Humanos" del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y pedía el respaldo de España, basándose en la "permanente y favorable disposición que ambos gobiernos han evidenciado ante recíprocas aspiraciones llevadas adelante en distintos foros internacionales".

Mientras negociaban estos acuerdos, los diplomáticos de Videla seguían coqueteando con los sectores más ultras del ejército posfranquista: el 15 de febrero de 1977, la embajada argentina destinó 20.000 pesetas a la compra de un obsequio en la lujosa tienda London's Shop para el capitán general de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar Nieto, un excombatiente franquista de la División Azul que había peleado junto a los nazis. Diez días después, la delegación gastó otras 2.152 pesetas en artículos ecuestres que fueron obsequiados al general ultraderechista Jaime Milans del Bosch, quien en 1981 participaría activamente en el fallido golpe de Estado del 23-F. Para Milans, Videla siempre sería un referente.

viernes, 22 de agosto de 2014

Advertencia judicial por el proyectado metrobus de Paseo Colón

Para no atropellar la memoria

Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar el ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.

La Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las instalaciones del ex centro clandestino de detención (CCD) Club Atlético, ubicado en el Bajo porteño y por donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003, que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.

En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos. Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García, lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de la autopista 25 de Mayo.

Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.

La presentación del CELS recuerda que declaraciones de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22 de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD, por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.

“La necesidad de conservar todo el material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.

El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.

El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no fue respondido.

jueves, 21 de agosto de 2014

La Cámara del crimen pide revisar una causa sobre delitos de lesa humanidad

Señal de alarma en tribunales

El abogado del represor Jorge Olivera Rovere presentó un hábeas corpus y, con ese instrumento, la Cámara del Crimen pide la revisión de toda la causa. En el fuero federal hay inquietud por el efecto que pueda tener sobre otros expedientes.

 Por Alejandra Dandan

Jorge Carlos Olivera Rovere fue jefe de los centros clandestinos de detención de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene una condena firme a prisión perpetua y está imputado en numerosas causas de lesa humanidad. Según una resolución de la Cámara de Casación, debería estar detenido en el hospital penitenciario de Ezeiza, pero gracias a la beligerancia jurídica de su abogado continúa con una prisión domiciliaria. Su abogado es el ex juez de la dictadura Norberto Giletta. En los últimos días, presentó un hábeas corpus en la Justicia ordinaria, un fuero ajeno a las causas de lesa humanidad. Un juez rechazó el planteo pero, insólitamente y en una alianza que preocupa, el hábeas corpus fue aceptado por la Sala VI de la Cámara del Crimen, un tribunal que tampoco tiene competencia en esta área y que ahora pide la revisión de toda la causa. Quienes vienen trabajando en este expediente están preocupados por los efectos secundarios.

Lo particular del caso es el modo en que se usó el recurso del hábeas corpus: “La situación es que el defensor pretende una nueva revisión de lo resuelto por los jueces federales a través de un hábeas corpus –señala uno de los funcionarios judiciales más preocupados–. Y ése es un instrumento cuyo fin es definitivamente ajeno porque sólo puede usarse ante detenciones ilegales o por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de libertad”.

El uso de ese recurso, a la vez, podría generar efectos en otras causas. Para estas mismas fuentes, las resoluciones de la Sala VI de la Cámara del Crimen crean un mecanismo irregular “no previsto en la ley que, en definitiva y como mínimo, logra retrasar el ingreso a la prisión y hasta podría llegar a impedir que se cumplan las sentencias”. Es como si un tribunal, a partir de ahora, dijera tener facultades para revisar todo lo que hacen otras zonas de competencia judicial. “Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas federales son contradictorias –explican–. Más aún si se tiene en cuenta que las decisiones de los tribunales de Casación fueron tomadas en el marco de procesos distintos.”

Los “hábeas corpus” fueron uno de los instrumentos invocados por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura para denunciar los secuestros ilegales de sus seres queridos. Giletta, en ese momento, era juez y quien lo asistía como secretario era Alfredo Bisordi. Hoy esos dos nombres son un emblema de cómo gran parte de la Justicia rechazó sistemáticamente los hábeas corpus.
El largo camino a Ezeiza

A fines de 2013, dos salas de Casación se pronunciaron sobre la detención domiciliaria de Olivera Rovere. Una fue la Sala IV. Intervino como Cámara de alzada en el expediente de Jefes de Area, en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército tiene condena firme. El 16 de diciembre, esa sala decidió mantener la prisión domiciliaria. Para entonces, la Corte Suprema había revocado una primera decisión de igual sentido, y de la misma sala, y para este nuevo momento se analizaron nuevos exámenes médicos. El fallo tuvo una disidencia de Mariano Borinsky, que consideró que ante el problema de salud el hospital penitenciario de Ezeiza debía ser equipado como para atenderlo.

Dos días más tarde, se pronunció la Sala II en sentido inverso y en otra causa: revocó la domiciliaria en una causa del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata y ordenaron que Olivera Rovere fuera al hospital penitenciario. Las razones tuvieron en cuenta el contexto de la causa. En ese expediente, Olivera Rovere no estaba condenado sino con una instrucción abierta y en investigación. En ese contexto, consideraron que podían agravarse los eventuales riesgos de fuga. Así las cosas, la sala rechazó una batería de recursos que ya había presentado la defensa: uno ante Casación y otro extraordinario. Confirmó la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Y cuando los Giletta (padre e hijo) intentaron volver a la carga les dijeron que no. Giletta pidió la nulidad. Y el último 14 de agosto, la sala volvió a desestimar su pedido por “inadecuado” dado que debía ir “en queja” ante la Corte.

Un día más tarde, los Giletta finalmente presentaron todo ante la Corte. Para quienes saben de los laberintos jurídicos, el hombre que conoce muy bien estas lides lo único que quiso fue ganar tiempo con estos recursos, para impedir que la orden de traslado a Ezeiza llegue a La Plata. “Es importante aclarar que resulta manifiesto que ese planteo de nulidad –dijo la misma fuente consultada– tuvo como único fin dilatar la devolución de las actuaciones al juzgado de La Plata, para que procediera de acuerdo con lo decidido.”

El punto central son ahora las alianzas que parecen haber conseguido para avanzar con hábeas corpus. Una vez que agotaron todos los recursos federales, los Giletta se presentaron en la Justicia ordinaria. El hábeas corpus recayó en el juzgado de turno que es el Juzgado de Menores 1 de Alejandro Cilleruelo. El defensor denunció allí supuestas “contradicciones” entre las dos salas de la Casación y pidió que no se hiciera efectiva la prisión por razones de salud. El juez Cilleruelo rechazó el recurso “in limine”, pero lo inesperado se presentó cuando aparecieron en escena los tres integrantes de la Sala VI de la Cámara Criminal, cuyos jueces son Ricardo Matías Pinto, Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini.

Ellos dijeron que la posición de Cilleruelo fue prematura; que debía interiorizarse de las incidencias de la Casación y solicitaron un nuevo informe médico. Así, y como en el cuento de la buena pipa, todo volvió a empezar. El juez hizo todo, volvió a rechazar el hábeas corpus e informó a La Plata, pero la Sala VI nuevamente revocó su posición y suspendió el traslado.

“Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas son contradictorias –señalan ahora en Casación–. Es muy común en causas de lesa humanidad que un individuo esté imputado en más de un proceso, y que entonces intervenga más de tribunal. Cada uno será competente para decidir en forma independiente, de acuerdo con las características de cada proceso, y eso no significa que las decisiones sean contradictorias.”

Que en una causa el acusado esté con condena firme y en otra en etapa de investigación justificaría, por ejemplo, que los juzgados tengan posiciones diferentes sobre riesgos y tipo de prisión. Pero más allá de esto, el problema es lo que puede venir: “Esto abre la puerta a que, en casos similares, cualquier decisión tomada por el juez competente sobre la privación de libertad de un imputado sea revisada por un juez de hábeas corpus ajeno a la causa”.

Años atrás, la Cámara Federal de Resistencia hizo algo parecido al liberar a once detenidos por delitos de lesa humanidad. Eso generó un juicio político.