jueves, 29 de mayo de 2014

Mujeres integrantes de organismos de Derechos Humanos inician huelga de hambre en las puertas de Gestamp

Comunicado de Prensa

Victoria Moyano, hija de detenidos-desaparecidos, y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) informaron que “ante el trato inhumano y las amenazas de desalojo que están recibiendo los trabajadores despedidos que se encuentran dentro de la planta de Gestamp exigiendo su reincorporación, así como la negativa por parte de la empresa y el Ministerio de Trabajo a establecer una solución para el conflicto, nos haremos presentes hoy a las 16:30 hs. en la puerta de la fábrica, para acompañar a las Mujeres por los Derechos Humanos (adheridas al CeProDH) que iniciarán una huelga de hambre”.

Agregaron que “es una mentira de la empresa que los despidos hayan sido ‘justificados’ ya que muchos de los trabajadores despedidos ni siquiera estaban en la planta cuando la empresa dice que hubo supuestos actos de indisciplina. Reclamamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, que hasta el momento no ha tomado medidas concretas para defender la fuente de trabajo, que intervenga en el conflicto para frenar los despidos masivos”.

La fábrica está ubicada en el km 48 de Panamericana.
Contactos:
Victoria Moyano: 15 67 90 43 33
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

jueves, 15 de mayo de 2014

Consumada la alianza FPV y el PRO.... La ESMA como prenda



Desde los palcos miembros de organismos de derechos humanos no pudieron contener la ira ante la maniobra política entre el FPV y el PRO, mediante la cuál no sólo se deja en manos de un gobierno la gestión de los centros clandestinos de detención y exterminio, eliminando así la participación y responsabilidad de las organizaciones que luchan por la pervivencia de la memoria sin partidismo ni sectarismo ni maniobras políticas. 


Carlos “el Sueco” Lordkipanidse ex detenido de la ESMA , y miembro de la AEDD, no dejó en ningún momento de interpelar la manipulación gubernamental de los sitios de memoria y la dejación y desidia y hacia todos aquellos que no adhieran a las pautas del proyecto x.... perdón : proyecto k.


Como ocurrió la semana pasada en la Legislatura porteña, el proyecto que aprueba el traspaso de la ciudad de Buenos Aires a la Nación de los ex centros clandestinos de detención se convirtió en ley con los votos del oficialismo y de Pro. El resto de las bancadas votó en contra. Fue después de un debate acalorado sobre la política de derechos humanos del Gobierno, que incluyó denuncias de un pacto entre los gobiernos nacional y porteño, peleas a los gritos entre los diputados y reclamos encendidos del público ubicado en las galerías.

La principal objeción al proyecto, que incluso había hecho que los legisladores porteños kirchneristas Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra quitaran su apoyo a la iniciativa, es que la gestión de los ex centros clandestinos de detención, en particular uno de los edificios del predio de la ex ESMA, dejarán de estar a cargo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Es un organismo al que el gobierno porteño había delegado la administración de esos espacios y que integran entidades de derechos humanos enfrentadas al gobierno nacional, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Serpaj, de Adolfo Pérez Esquivel.

Esos organismos sostienen que el gobierno nacional quiere arrebatarle al IEM el control de los ex centros de detención porque es una organización autónoma que no se subordina a los dictados de la Casa Rosada. Aseguran que la pelea empezó cuando ellos se negaron a que se instalara un "museo electrónico" en el Casino de Oficiales, el edificio de la ex ESMA donde se perpetraron la mayoría de los crímenes. 

El debate comenzó a tensionarse cuando la legisladora de Libres del Sur fustigó el convenio entre el Gobierno nacional y el porteño, al denunciar la intención del Ejecutivo de “hacer desaparecer” el Instituto Espacio para la memoria (IEM).

domingo, 4 de mayo de 2014

No todo está perdido: Las dos vías para ir contra el juez Hooft

Las dos vías para ir contra el juez

La Secretaría de Derechos Humanos presentará un recurso ante la Corte para que se revise la decisión del Jury que se pronunció por la continuidad del magistrado. En la causa judicial, los querellantes pedirán una serie de pruebas para que Hooft sea indagado.

 Por Adriana Meyer

Lejos de bajar los brazos, los querellantes en la causa penal por delitos de lesa humanidad en la que está imputado el juez marplatense Pedro Federico Hooft piensan seguir dando batalla, y lo harán en dos frentes en forma simultánea. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará un recurso ante la Corte Suprema para que sea revisada la decisión del Jury de Enjuiciamiento, que resolvió su continuidad como magistrado. Y también redoblarán la presión en el expediente, donde está acusado porque habría sido cómplice y funcional al terrorismo de Estado, según la denuncia que originó la causa presentada por el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas. Para eso exigirían una serie de medidas de prueba para que pueda ser concretada la tantas veces postergada declaración indagatoria de Hooft.

El 28 de abril, el Jury resolvió que Hooft no había cometido los delitos de lesa humanidad que se le imputaron, lo restituyó en el cargo y le devolvió el porcentaje de los sueldos que no percibió desde que fue suspendido, el año pasado. “Ahí mismo radica el error, el Jury no está para condenar o absolver, sólo debía determinar si podía o no seguir siendo juez”, se queja una alta fuente oficial consultada por Página/12. Desde la secretaría que conduce Martín Fresneda intentarán recurrir la resolución del Jury, pero tienen muy claro que la causa penal corre por una vía separada, y en ningún caso puede ser un obstáculo para que la Justicia avance. La inmunidad de la que Hooft goza por su condición de magistrado se refiere sólo a que no puede ser arrestado, no hay ningún impedimento para acusarlo ni para que sea sometido a una indagatoria.

Sin embargo, también ahí radica el problema: Hooft faltó siete veces a las audiencias a las que lo citó el juez Martín Bava para que responda por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas, cuando fueron secuestrados abogados marplatenses. Para el fiscal Pablo Larriera, esos delitos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien archivó los hábeas corpus en forma prematura sin dar siquiera una respuesta burocrática a las Fuerzas Armadas. En el caso del abogado Jorge Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y luego con un informe que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, declaró que Hooft visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió a sus pedidos de ayuda. En este expediente ya se habían excusado de intervenir cinco jueces, lo que prenunciaba el apoyo de la corporación judicial que viene recibiendo el cuestionado magistrado.

La última orden vigente del juez Bava es para que se presente el 4 de junio, y si una vez más decidiera no concurrir, tampoco podrían obligarlo con la fuerza pública por los fueros que lo protegen. En este sentido, la fuente consultada dijo que están consensuando con el resto de las querellas solicitar que Hooft sea sometido a exámenes médicos y psicológicos, para determinar si está en condiciones de acudir a la indagatoria que, por ahora, viene esquivando. Incluso también están evaluando una eventual iniciativa para llevar el caso a tribunales internacionales. Pero, mientras tanto, la próxima movida será articulada con todos los actores implicados, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos “para acompañar con todo lo que podamos tanto el juicio penal como la apelación al fallo del Jury, que tuvo aristas vergonzosas”, dijo a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén. “Además se muestra el pensamiento de Sergio Massa en materia de memoria, verdad y justicia, porque sus senadores votaron a favor de Hooft”, dijo en referencia a Patricio Hogan, quien también nombró como asesora personal a la hija del magistrado, y a Héctor Vitale, en quien los organismos de derechos humanos tenían puesta alguna expectativa finalmente defraudada.

viernes, 2 de mayo de 2014

Tres testigos reconocieron el paraje donde fue asesinado el obispo Angelelli

Se realizó ayer de mañana en el conocido paraje “El Pastor” sobre la ruta 38, cerca de Punta de los Llanos, la inspección ocular en el lugar donde el obispo Enrique Angelelli perdió la vida el 4 de agosto de 1976. Hubo tres testigos en la reconstrucción que sumó un aporte positivo para la causa. La próxima audiencia será el 9 de mayo en la sede del Tribunal Oral Federal de esta ciudad.

Ante una gran cantidad de personas los jueces José Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano, Juan Carlos Reynaga y Mario Garzón dieron inicio a la inspección ocular en la ruta de Punta de los Llanos.

Quiroga Uriburu, juez de esta ciudad capital, mencionó a tres testigos que habían pasado por la ruta, y había observado el cuerpo de monseñor y la camioneta en la que se trasladaba aquella jornada negra que enlutó a la sociedad riojana.

Los testigos pudieron recordar y explicar la ubicación de monseñor en el asfalto con la cabeza hacia la provincia de La Rioja, y los pies para el sur. Pero fue difícil para los testigos recordar a qué distancia aproximadamente se encontraba la camioneta del cuerpo.

Manifestaron que al llegar al lugar del hecho, Arturo Pintos ya no estaba en el vehículo, lo que indicó que ya había sido trasladado.

Las expectativas de la inspección ocular fueron positivas ya que se logró crear un escenario del hecho en donde Enrique Angelelli perdió la vida.

Asimismo, la presencia de los testigos y del director de Vialidad, facilitó y agilizó la inspección que se llevó a cabo durante minutos en la ruta con personal de Gendarmería, los jueces , la presencia del ministerio Público Fiscal, los defensores oficiales y la querella.

Además estuvo presente y acompañando Délfor “Pocho” Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de la provincia y relató a EL INDEPENDIENTE, que “la inspección ocular es una diligencia procesal, es un acto judicial que para nosotros tiene un gran sentido histórico porque hemos llegado a lo que tanto hemos buscado, luchado y hemos hecho memoria durante años, casi en el silencio y a veces con poco gente”.

“En un acto formal como este, tiene todo ese contenido anteriormente mencionado, la búsqueda de todo un pueblo de que se haga justicia de que sepamos decir con claridad que Angelelli fue asesinado, víctima de un homicidio planificado como otros que sucedieron en la Argentina en época de la dictadura militar y por eso estamos muy contentos como ciudadanos y en el caso particular de alguno de nosotros, como militantes cristianos que hemos crecido al calor de la luz, de la fuerza, y del fuego que era Angelelli, por eso nos reconforta haber llegado a esto”.

Brizuela finalizó diciendo que “a pesar de que se ha demorado mucho para llegar a estas instancias, se llegó porque hubo lucha, reclamo, movilización, las Madres, los Organismos de Derechos Humanos y los ex presos políticos, la Iglesia, comunidades cristianas por eso para nosotros es también llegar a un momento importante que seguramente se va a coronar el día que se dicte la sentencia que esperemos que sea muy pronto”.