viernes, 22 de agosto de 2014

Advertencia judicial por el proyectado metrobus de Paseo Colón

Para no atropellar la memoria

Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar el ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.

La Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las instalaciones del ex centro clandestino de detención (CCD) Club Atlético, ubicado en el Bajo porteño y por donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003, que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.

En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos. Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García, lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de la autopista 25 de Mayo.

Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.

La presentación del CELS recuerda que declaraciones de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22 de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD, por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.

“La necesidad de conservar todo el material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.

El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.

El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no fue respondido.

jueves, 21 de agosto de 2014

La Cámara del crimen pide revisar una causa sobre delitos de lesa humanidad

Señal de alarma en tribunales

El abogado del represor Jorge Olivera Rovere presentó un hábeas corpus y, con ese instrumento, la Cámara del Crimen pide la revisión de toda la causa. En el fuero federal hay inquietud por el efecto que pueda tener sobre otros expedientes.

 Por Alejandra Dandan

Jorge Carlos Olivera Rovere fue jefe de los centros clandestinos de detención de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene una condena firme a prisión perpetua y está imputado en numerosas causas de lesa humanidad. Según una resolución de la Cámara de Casación, debería estar detenido en el hospital penitenciario de Ezeiza, pero gracias a la beligerancia jurídica de su abogado continúa con una prisión domiciliaria. Su abogado es el ex juez de la dictadura Norberto Giletta. En los últimos días, presentó un hábeas corpus en la Justicia ordinaria, un fuero ajeno a las causas de lesa humanidad. Un juez rechazó el planteo pero, insólitamente y en una alianza que preocupa, el hábeas corpus fue aceptado por la Sala VI de la Cámara del Crimen, un tribunal que tampoco tiene competencia en esta área y que ahora pide la revisión de toda la causa. Quienes vienen trabajando en este expediente están preocupados por los efectos secundarios.

Lo particular del caso es el modo en que se usó el recurso del hábeas corpus: “La situación es que el defensor pretende una nueva revisión de lo resuelto por los jueces federales a través de un hábeas corpus –señala uno de los funcionarios judiciales más preocupados–. Y ése es un instrumento cuyo fin es definitivamente ajeno porque sólo puede usarse ante detenciones ilegales o por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de libertad”.

El uso de ese recurso, a la vez, podría generar efectos en otras causas. Para estas mismas fuentes, las resoluciones de la Sala VI de la Cámara del Crimen crean un mecanismo irregular “no previsto en la ley que, en definitiva y como mínimo, logra retrasar el ingreso a la prisión y hasta podría llegar a impedir que se cumplan las sentencias”. Es como si un tribunal, a partir de ahora, dijera tener facultades para revisar todo lo que hacen otras zonas de competencia judicial. “Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas federales son contradictorias –explican–. Más aún si se tiene en cuenta que las decisiones de los tribunales de Casación fueron tomadas en el marco de procesos distintos.”

Los “hábeas corpus” fueron uno de los instrumentos invocados por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura para denunciar los secuestros ilegales de sus seres queridos. Giletta, en ese momento, era juez y quien lo asistía como secretario era Alfredo Bisordi. Hoy esos dos nombres son un emblema de cómo gran parte de la Justicia rechazó sistemáticamente los hábeas corpus.
El largo camino a Ezeiza

A fines de 2013, dos salas de Casación se pronunciaron sobre la detención domiciliaria de Olivera Rovere. Una fue la Sala IV. Intervino como Cámara de alzada en el expediente de Jefes de Area, en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército tiene condena firme. El 16 de diciembre, esa sala decidió mantener la prisión domiciliaria. Para entonces, la Corte Suprema había revocado una primera decisión de igual sentido, y de la misma sala, y para este nuevo momento se analizaron nuevos exámenes médicos. El fallo tuvo una disidencia de Mariano Borinsky, que consideró que ante el problema de salud el hospital penitenciario de Ezeiza debía ser equipado como para atenderlo.

Dos días más tarde, se pronunció la Sala II en sentido inverso y en otra causa: revocó la domiciliaria en una causa del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata y ordenaron que Olivera Rovere fuera al hospital penitenciario. Las razones tuvieron en cuenta el contexto de la causa. En ese expediente, Olivera Rovere no estaba condenado sino con una instrucción abierta y en investigación. En ese contexto, consideraron que podían agravarse los eventuales riesgos de fuga. Así las cosas, la sala rechazó una batería de recursos que ya había presentado la defensa: uno ante Casación y otro extraordinario. Confirmó la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Y cuando los Giletta (padre e hijo) intentaron volver a la carga les dijeron que no. Giletta pidió la nulidad. Y el último 14 de agosto, la sala volvió a desestimar su pedido por “inadecuado” dado que debía ir “en queja” ante la Corte.

Un día más tarde, los Giletta finalmente presentaron todo ante la Corte. Para quienes saben de los laberintos jurídicos, el hombre que conoce muy bien estas lides lo único que quiso fue ganar tiempo con estos recursos, para impedir que la orden de traslado a Ezeiza llegue a La Plata. “Es importante aclarar que resulta manifiesto que ese planteo de nulidad –dijo la misma fuente consultada– tuvo como único fin dilatar la devolución de las actuaciones al juzgado de La Plata, para que procediera de acuerdo con lo decidido.”

El punto central son ahora las alianzas que parecen haber conseguido para avanzar con hábeas corpus. Una vez que agotaron todos los recursos federales, los Giletta se presentaron en la Justicia ordinaria. El hábeas corpus recayó en el juzgado de turno que es el Juzgado de Menores 1 de Alejandro Cilleruelo. El defensor denunció allí supuestas “contradicciones” entre las dos salas de la Casación y pidió que no se hiciera efectiva la prisión por razones de salud. El juez Cilleruelo rechazó el recurso “in limine”, pero lo inesperado se presentó cuando aparecieron en escena los tres integrantes de la Sala VI de la Cámara Criminal, cuyos jueces son Ricardo Matías Pinto, Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini.

Ellos dijeron que la posición de Cilleruelo fue prematura; que debía interiorizarse de las incidencias de la Casación y solicitaron un nuevo informe médico. Así, y como en el cuento de la buena pipa, todo volvió a empezar. El juez hizo todo, volvió a rechazar el hábeas corpus e informó a La Plata, pero la Sala VI nuevamente revocó su posición y suspendió el traslado.

“Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas son contradictorias –señalan ahora en Casación–. Es muy común en causas de lesa humanidad que un individuo esté imputado en más de un proceso, y que entonces intervenga más de tribunal. Cada uno será competente para decidir en forma independiente, de acuerdo con las características de cada proceso, y eso no significa que las decisiones sean contradictorias.”

Que en una causa el acusado esté con condena firme y en otra en etapa de investigación justificaría, por ejemplo, que los juzgados tengan posiciones diferentes sobre riesgos y tipo de prisión. Pero más allá de esto, el problema es lo que puede venir: “Esto abre la puerta a que, en casos similares, cualquier decisión tomada por el juez competente sobre la privación de libertad de un imputado sea revisada por un juez de hábeas corpus ajeno a la causa”.

Años atrás, la Cámara Federal de Resistencia hizo algo parecido al liberar a once detenidos por delitos de lesa humanidad. Eso generó un juicio político.

lunes, 18 de agosto de 2014

Declararon por la masacre del Pabellón Séptimo,ocurrida en la cárcel de Devoto,delito de lesa humanidad

“Un ataque contra una población carcelaria”

La Cámara Federal consideró que no se puede disociar esta matanza de presos comunes cometida en marzo de 1978 de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. En el hecho murieron 64 personas en medio de un incendio.

 Por Irina Hauser

La Sala I de la Cámara Federal les dio la razón a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, del penal de Villa Devoto, y declaró que aquellos hechos, donde murieron 64 presos en medio de un incendio, asfixiados y baleados por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el 14 de marzo de 1978, constituyen un crimen de lesa humanidad y, como tal, no prescribe. Durante años, incluso entrada la democracia, quedó instalada la idea, sembrada por el poder dictatorial e incluso por el Poder Judicial que por años intentó ningunear lo ocurrido, de que se había tratado de un motín en el que se habían alzado los detenidos de esa cárcel. Según describió el tribunal, no se puede disociar esta matanza de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. La causa había sido reabierta este año pero el juez federal Daniel Rafecas, si bien consideró que hubo violación a los derechos humanos, la mandó a los tribunales ordinarios donde se investigan delitos comunes.

La resolución de la cámara, que lleva los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, tiene varios aspectos novedosos, además de la definición de lesa humanidad de la masacre. También acepta como querellantes a los familiares, sobrevivientes y organismos que se presentaron a partir de 2013 pidiendo la reapertura de la causa. Señala, además, que se debe investigar el caso de un preso, el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, que estaba en Devoto al momento de los sucesos y apareció fotografiado con vida en la tapa del diario Crónica un día después de la represión en el penal, pero se encuentra desaparecido. El fallo, además, ordena desentrañar la responsabilidad penal de los jueces que tuvieron la investigación en sus manos, la desestimaron y terminaron cerrándola sin culpables: Guillermo Rivarola, que era juez federal, y Jorge Valerga Aráoz, quien era entonces juez de Instrucción, luego fue camarista y ahora ejerce como abogado.

La masacre se pudo reconstruir con testimonios de sobrevivientes del mismo Pabellón Séptimo y de otros donde había presos políticos. Muchos de ellos son citados de manera detallada en el fallo de la cámara. De allí se desprende que en la noche del 13 de marzo hubo una discusión porque los guardiacárceles querían que los internos apagaran el televisor antes del horario habitual. Al día siguiente el Pabellón Siete fue sometido a una requisa brutal, mucho más feroz que las habituales, con el doble de agentes, que portaban y dispararon armas largas. Los presos contaron que como iban hacia ellos y gatillaban sin más, intentaron protegerse colocando las camas y los colchones contra las rejas, tiraban objetos y les lanzaban gases lacrimógenos, que pudieron haber causado el inicio del incendio igual que unos bidones con querosén. “Quémense de a poco”, les decían los penitenciarios a los detenidos que pedían salir, mientras se acrecentaban las llamas y el humo.

La historia fue conocida por mucho tiempo como el Motín de los Colchones. La causa judicial inicial se focalizó en responsabilizar a los presos y se basó en las versiones de los penitenciarios. Fue cerrada en julio de 1978, luego reabierta en 1984 y cerrada dos años después. Pero nunca se investigó el papel de los agentes penitenciarios, que ni siquiera intentaron apagar el incendio y socorrer a los detenidos. Hoy el análisis es totalmente opuesto: “Ninguna duda cabe de que se trató de un ataque generalizado contra una población carcelaria que fue brutalmente agredida con deliberada intención, a la que se pretendió hacer pasar por victimaria”, dice el voto de Freiler. Para él, es evidente que no hubo una “actuación regular de agentes del Servicio Penitenciario Federal” que “pudieron haber cometido excesos” en una requisa. Cuestionó la complicidad de “innumerables personas que obstaculizaron desentrañar lo sucedido”.

Para argumentar por qué se trata de un delito de lesa humanidad, este camarista explica que “lo que distingue a un crimen de lesa humanidad de un crimen común no es la depravación o crueldad de la conducta, sino el hecho de que ésta sea ejercida por un Estado o una organización cuasi gubernamental en contra de las personas que están bajo su control y a las que deben proteger”. Su colega Ballestero argumenta en el mismo sentido.

Lo que ocurría en el penal de Devoto, señala Freiler, debe ser puesto en contexto: las cárceles operaban bajo control de las Fuerzas Armadas. Esto había sido progresivo, ya desde 1972 en adelante, y en 1978 fue cuando se asignaron ciertas unidades para alojar presos políticos, como Devoto. El Servicio Penitenciario, explica, estaba su-bordinado al Ejército y había una “coordinación de prácticas represivas”. Lo describe “despótico y depravante”. “El manejo interno del penal” era “acorde con la política represiva imperante”, dice. La cárcel de Devoto, señala, no era ajena al uso de la llamada “acción psicológica” que se aplicaba en centros clandestinos de detención para someter a los detenidos.

El puntapié que llevó a revisar las muertes en Devoto fue una investigación de la criminóloga Claudia Cesaroni, quien buscaba los puntos de contacto de lo que padecieron los presos “comunes” y los presos políticos en dictadura. Cesaroni escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, hecho a pulmón, que consiguió enorme visibilidad el día que el Indio Solari –amigo de uno de los muertos allí– lo recomendó en el último recital multitudinario en Mendoza. Denise Feldman, abogada en el caso junto con la autora, dijo que para ellos el fallo es “una gran noticia: es el reconocimiento y la visibilización de que de que los presos comunes fueron también víctimas del circuito del terror de la última dictadura”.

jueves, 14 de agosto de 2014

MegaCausa Saint Amant II: Testimoniales

13 agosto, 2014
Pasadas las 12:40 horas, bajo la presidencia del Juez Paulucci, acompañado por Vázquez  y Escobar Cello comenzó una nueva audiencia testimonial en el recinto del Concejo Deliberante de Pergamino.

Además de mantenerse la importante convocatoria de familiares, compañeros y vecinos, se destacó la presencia de jóvenes estudiantes secundarios que llegaban desde una escuela próxima donde habían participado previamente de una charla con Alba Lanzillotto y otros familiares.

Por secretaría se informó que Hugo Santillán una de los testigos citados se encuentra fallecido, y Oscar Vergara, ex-juez de San Nicolás no se encuentra en condiciones de salud para dar testimonio.  De este modo convocaron a los hijos del matrimonio Lanzillotto-Santillán.  A estos dos testigos se sumó Ramiro Mena Lanzillotto, primo hermano de Jorge Francisco y María Lucía Santillán Lanzilloto.

Cabe recordar que el Matrimonio de María Cristina Lanzillotto y Carlos Santillán -ambos militantes del PRT-ERP- fueron secuestrado entre el 9 y 10 de noviembre de 1976.  Carlos en San Nicolás y María Cristina con sus hijitos de poco más de uno y dos años en aquel entonces.

En la declaración de Jorge Francisco, como en la de María Lucía narraron que después del secuestro fueron llevados a una parroquia de Fishertón, en Rosario, quedando al cuidado de una familia que luego de tres meses le entregaron a los abuelos paternos de Santiago del Estero.

Otro aspecto del daño que causó el terrorismo de estado se hizo evidente en el testimonio de estos jóvenes que fueron criados por sus abuelos, entre el silencio obligado sobre la militancia de sus padres y el cuidado extremo, cargado del temor que los apartaba de la busqueda del compromiso con la sociedad.

María Lucía dijo que recien después que falleció su abuelo. Pudo Leer sus papeles donde registraba la busqueda de sus padres. Fue a partir de ese momento que comprendió cuánto los amaban sus padres y que “ese compromiso y esa entrega -de ellos- era su manera de quererlos”.

Posteriormente declaró Ramiro Mena, primo hermano de estos jóvenes, huerfano y criado por su familia paterna. En este caso, aunque de la misma edad que sus primos, su testimonio fue menos personal y mucho más político y reivindicador de la militancia revolucionaria de su familia. Fue una declaración extensa, que no esquivó ningún interrogante de los abogados defensores de los genocidas. Al finalizar fue aplaudido por el público presente.

Paulucci anunció que la próxima audiencia será recién el miércoles 27 de agosto, suspendiendo las dos audiencias programadas para la semana próxima. El motivo sería por la participación de Escobar Cello en el tramo final del Juicio Oral Feced II.

Terminada la audiancia, un grupo de familiares, militantes del Encuentro Ragional y ex-presos políticos se entrevistaron con los jueces manifestando su creciente preocupación por la lentitud con que está avanzando este Juicio Oral.  El TOF 1 ya había anunciado que a partir de septiembre realizarán 2 o 3 audiencias por semana. No obstante los presentes pusieron incapié en hacer más eficiente la convocatoria de los testigos por audiencia, de modo de garantizar un mínimo de 4 o 5 testigos que declaren por jornada.


martes, 12 de agosto de 2014

Represor deportado desde Bolivia ; Jorge Horacio Paez Senestrari acusado de delitos lesa humanidad en San Juan

Un represor que fue deportado

El militar fue arrestado el viernes en Santa Cruz de la Sierra y entregado el domingo, por orden del presidente Evo Morales, a autoridades argentinas. Fue deportado porque había ingresado ilegalmente a Bolivia.

 Por Adriana Meyer

El represor Jorge Horacio Páez Senestrari fue deportado por Bolivia y entregado a autoridades de Argentina, donde está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Juan durante la última dictadura. Fue capturado el viernes en Santa Cruz de la Sierra y entregado el domingo a la noche por orden del presidente de Bolivia, Evo Morales, a autoridades argentinas en la población fronteriza de Yacuiba. En el operativo intervino el ministro de Gobierno de ese país, Jorge Pérez, quien se ocupó en persona del traslado. El represor, de 68 años, estaba prófugo de la Justicia Federal y para obtener datos sobre su paradero se había ofrecido una recompensa de 100 mil pesos por información que posibilitara su captura. Según pudo reconstruir Página/12, Interpol lo venía siguiendo y había detectado que salía a hacer compras por las noches y así pudo ser apresado. En ese momento estaba en compañía de una joven de 25 años que sería su sobrina.

Interpol ya lo tenía en su lista con el “código rojo”, pero la detención en Bolivia se concretó porque el represor cometió una contravención migratoria: no hay registros de su ingreso al país vecino en forma legal, como tampoco de su salida de Argentina. Lo único que poseía al ser detenido es un comprobante que se gestiona en Migraciones a quien asegura haber perdido los documentos. Una alta fuente diplomática reveló a este diario que Páez Senestrari “se negaba a colaborar y a dar su identidad, lo cual dificultó su traslado”. Los policías bolivianos verificaron que se trataba de la persona buscada y le devolvieron su documento, lo cual provocó que el represor luego argumentara carecer del mismo. Como el documento no aparecía, hubo que chequear nuevamente su identidad a partir de las huellas dactilares y eso causó la demora en ser entregado a las autoridades de Gendarmería Nacional. Sin embargo, el documento que tenía en su poder había sido emitido por el gobierno de la ciudad de San Juan, no por una autoridad federal.

Una vez en el avión que lo trajo a Buenos Aires, Páez Senestrari se quejó reiteradamente de ser “víctima de una persecución política” y de que estaban “violando sus derechos humanos”.

La imputación contra Páez Senestrari corresponde a la causa que investiga el secuestro y las torturas infligidas al ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan Hugo Ricardo Bustos. El Tribunal Federal de esa provincia ordenó a fines de 2011 la captura nacional e internacional de Páez Senestrari y otros seis represores imputados en el primer juicio realizado en esa provincia por delitos de lesa humanidad, que acumuló cuatro causas, entre ellas el caso Bustos.

Como oficial del Ejército, Páez Senestrari sirvió durante la dictadura en el regimiento RIM 22 y los testigos declararon que integró “la patota” que secuestró a militantes políticos, sociales, estudiantiles y ex funcionarios gubernamentales de la provincia. También fueron señalados como miembros del mismo grupo quien era jefe de inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, y Osvaldo Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto, José Del Torchio y Gustavo Demarchi, entre otros oficiales y suboficiales condenados a penas de hasta 25 años y prisión perpetua, en algunos casos.

Los represores condenados y los prófugos fueron acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio agravado y, algunos de ellos, de haber violado a sus víctimas cuando las interrogaban. Las diversas causas acumuladas, cuyos hechos quedaron demostrados durante el megajuicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan entre el 7 de noviembre de 2011 y el 4 de julio de 2013, abarcaron en total a más de 60 víctimas. Entre estas últimas, además del arquitecto Bustos, se encuentran el actual gobernador de San Juan José Luis Gioja, su hermano y ex senador César Gioja, Elías Alvarez (ex intendente de Rivadavia), el gremialista de la Alimentación Enrique Faraldo, el periodista Daniel “Chango” Illanes y el juez de la Corte provincial Abel Soria Vega.

En el caso de José Luis Gioja, Infojus Noticias afirmó que documentos secretos hallados en Inteligencia de la policía provincial indican que Páez Senestrari fue quien “realizó el sumario de su detención, para el posterior ‘blanqueo’” en una cárcel legal.

“La entrega del represor argentino se realizó por instrucciones del presidente Morales, quien respalda las acciones a favor de la defensa de los derechos humanos”, dijo el ministro Pérez. Y precisó que el ex militar argentino fue entregado a las autoridades en la población argentina de Pocitos.

viernes, 8 de agosto de 2014

La Gendarmería reprime violentamente: ¡¡Libertad a los presos por luchar!!!

 Hace minutos fueron detenidos por un operativo de Gendarmería en la Panamericana María Victoria Moyano y Guillo Pistonesi, MIEMBROS DEL Ceprodh, el legislador electo por el Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, y a la docente e investigadora del CONICET, María Chávez.

Todos ellos se encontraban dentro de un auto, como parte de la caravana solidaria con los trabajadores de Lear que luchan por su reincorporación. Rompieron con saña los vidrios del auto violentamente, arrojaron gases lacrimógenos y violentamente se llevaron a los compañeros.
Los compañeros fueron trasladados a la Sede de Gendarmería de Pacheco (Boulogne sur Mer al 800 a dos cuadras del cruce de 202 con Panamericana).

Las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia nos haremos presentes en el lugar para exigir la inmediata libertad de los detenidos y brindaremos una Conferencia de Prensa allí mismo.

Hacemos responsables al Gobierno Nacional y Provincial por la integridad de nuestros compañeros.

Resulta indignante que mientras diversos funcionarios del Gobierno Nacional realizan discursos vacios sobre la defensa de los intereses nacionales, en realidad llegan al extremo de reprimir salvajemente una protesta contra una multinacional yanqui que NO CUMPLE LAS LEYES ARGENTINAS.

Basta de Criminalizar la Protesta Social.

Ni ajuste - Ni represión

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

domingo, 3 de agosto de 2014

Buscan impulsar una querella por las desapariciones en GRAFA durante la dictadura

Familiares que no pierden la memoria

Familiares de los obreros desaparecidos de la textil formaron un grupo. Quieren que la Justicia investigue a la empresa por esos crímenes de lesa humanidad.

 Por Ailín Bullentini

Era un día caluroso entre 1974 y 1975. Festejos por Navidad o el Día de Reyes. La memoria flaquea en ese detalle, pero hay uno en el que no falla: “La imagen de Pipo Pescador es la única que me quedó grabada claramente en la cabeza: Pipo en el estacionamiento de la Grafa”, detalla Viviana Valentich sobre aquel día de festejo en la fábrica textil de Villa Pueyrredón que compartió, sin saberlo, con Alejandra Ballestero. Sus padres fueron obreros de Grafa, integraron la lista Blanca, de resistencia a la burocracia sindical de Casildo Herrera, y están desaparecidos desde la última dictadura cívico-militar. Casi 40 años después, ambas integran el grupo de familiares de víctimas del terrorismo de Estado de Grafa –por ahora hay registro de que 13 obreros de la textil permanecen desaparecidos– que buscan presentar una querella conjunta para que se investigue a la patronal de esa empresa por delitos de lesa humanidad.

Fue Alejandra quien empezó a rastrear datos que le hablaran de su papá, Adrián Ballestero, el “Negro Víctor”. El contacto, temprano y casual, con algunos de sus ex compañeros la llevó a conocer la historia de otros pares que no habían sobrevivido al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que habían caído en la cacería de militantes, sindicalistas, trabajadores barriales, estudiantes y tantos otros. Desde entonces, la intención fue reunir información, testimonios, trabajar en conjunto con un único objetivo: justicia. Era 1988 y, para entonces, ya vivía con Miguel Fernández, quien hoy es, además de su compañero, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno.

Por entonces, y durante mucho tiempo más, la vida de Viviana era muy diferente. “Estaba llena de odio, enojada con todos y con todo, de mi papá solo sabía que estuvo con nosotros hasta mis tres años”, describió. Su “nosotros” incluía a su mamá y a su hermano, una familia que se desintegró cuando se llevaron al jefe. “Mi hermano se crió con la esperanza de que mi viejo estaba de viaje y algún día iba a volver. Lo buscó a través de embajadas, siempre lo esperó”, lo extraña Viviana. Su hermano falleció hace unos años, con la verdad revelada, pero sin justicia. Recién en 2008, cuando ella aceptó dialogar con Alejandra y Miguel, que insistían desde hacía bastante tiempo, los hermanos pudieron comenzar a reconstruir los años perdidos y a llenar casilleros vacíos con la información de quién había sido su papá y las razones de su ausencia irreversible.

Desde que Miguel dirige el área de Derechos Humanos de Moreno, la localización de familiares de desaparecidos que vivieron en la zona y la insistencia para que aporten su muestra de ADN al banco de datos genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense se convirtió en un genuino caballo de batalla para la búsqueda de Alejandra: justicia para los obreros de Grafa. Como encontró a familiares de Rito Bustamante, a quien se llevaron de su casa en Pilar el 13 de septiembre de 1976, o al chileno René Moscoso, que lo secuestraron a la salida de la fábrica –era el único que no había entregado la información sobre domicilio y recorrido realizado para ir y volver del trabajo que la empresa exigía a sus trabajadores–, también localizó a Viviana.

El encuentro le sirvió a Viviana para abrir puertas: “Yo no milité nunca, no busqué a mi papá porque nunca se me habló de él, de qué fue lo que le había pasado y estaba muy enojada por su ida, porque destruyó mi vida”, apuntó. La posibilidad de la desaparición de José le llegó de parte de la hija del Negro Víctor, que Viviana corroboró con su mamá, más de 30 años después: “La senté a mi mamá y le exigí que me dijera la verdad, y entonces me contó que mi papá militaba en la Grafa, que iba a reuniones con sus compañeros, que venían a casa, me contó del Negro Medina, de Adrián Ballestero, que integraba con ellos la lista Blanca en contra de la burocracia de Herrera, que antes de que se lo llevaran le habían pegado a la salida de la fábrica y que para aquel tiempo ya estaba nervioso mi papá, porque en una reunión en la que había estado había visto a una persona que no conocía”. Su mamá también le aseguró que la camioneta roja que vio la mañana del 15 de septiembre de 1976 en el estacionamiento de la textil, adonde fue a pedir explicaciones por el episodio que se había tragado a su marido, era la misma en la que lo habían cargado, encapuchado, algunas horas antes. “Los dueños de la empresa sabían lo que había pasado y yo quiero que la Justicia les exija que digan qué pasó”, remarcó Viviana.

Por compañeros de su papá que sobrevivieron al terrorismo supo que José “fue un buen compañero que luchó por una vida digna para todos sus compañeros, que fue un buen padre y que luchó hasta donde pudo”. Los testimonios de quienes trabajaron y militaron con los desaparecidos de Grafa le sirvieron a Alejandra para confirmar todo lo que ya sabía de su papá, incluso algunos vagos recuerdos. Tenía nueve años aquel 24 de septiembre de 1974, cuando una patota “de militares, civiles y policías” lo llevó herido desde la esquina de su casa, en Moreno. “Supimos qué le había pasado cuando mi papá no volvió a casa, los vecinos lo habían visto resistir a los tiros, pero no se animaron a tocarnos el timbre.”