lunes, 21 de septiembre de 2015

A 40 años .... si no hay justicia, hay escrache: Luis Esteban Genoud

COMUNICADO DE PRENSA

El sábado 19 de septiembre a las 16hs Familiares de Detenidxs Desaparecidxs de Florencio Varela y la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, nos concentramos en el Playón de la Estación Varela.

Desde la Campaña Pública “A 40 años…si no hay Justicia, hay escrache” denunciamos públicamente a Luis Esteban Genoud, cómplice del aparato represivo estatal tanto en dictadura como en democracia y exigimos su inmediato enjuiciamiento.
Este personaje de la Justicia de tan larga trayectoria política es sin embargo cómplice de atroces casos de impunidad por los que no ha sido juzgado aún por lo que el sábado 19 de septiembre nos concentraremos a las 16hs en el playón de la Estación de Fcio. Varela para decir que no queremos vivir entre asesinos.
Luis Genoud, recientemente nombrado como Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, comenzó su carrera en 1966 como egresado de la Escuela de Policías Juan Vucetich.
Luego de su paso por la Tendencia y el Ateneo Peronista se recibe de abogado. Como integrante del Colegio de Abogados de Fcio. Varela se ofrece para la redacción del Código de faltas local para el gobierno de facto del Prefecto Hamilton y poco después integra la Comisión de Festejos, Homenajes y Acción Comunitaria creada por el mismo gobierno.
En tanto Genoud entablaba vínculos con el gobierno militar muchos de sus compañeros de militancia en la Tendencia eran secuestrados, entre ellos Francisco Bartucci cuya hermana denunciará años después al magistrado por haberla interrogado frente a personal policial sobre supuestas actividades de Francisco en pleno Proceso.
En democracia su carrera continúa como funcionario de las gestiones municipales de Julio Carpinetti y de Julio Pereyra, hasta que en el año 2002 llega a ser Ministro de Seguridad de la provincia y entre los nombramientos que realiza está la designación de Mario Alberto Mijin como Subjefe de Seguridad Departamental Lomas de Zamora (otro vecino varelense conocido como “el Verduguito” por su actuación en el CCD del Destacamento de Arana en 1977)
En el año 2002 se produce la Masacre de Avellaneda, trágica jornada en la que son asesinados los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Producto de la movilización popular el 9 de enero de 2006 el ex comisario Alfredo Fanchiotti, vecino de Varela y amigo personal de Genoud, es condenado a prisión perpetua por las muertes de Darío y Maxi. Sin embargo, el magistrado lejos de ser juzgado y condenado por ser responsable político de la Masacre pasa a integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia, presidirla y actualmente ser el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.
A casi 40 años del último golpe de Estado y 32 años de gobiernos democráticos los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar continúan impunes y siguen gestando nuevas muertes: Julio López, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Mariano Ferreyra, Luciano Arruga entre tantos otros.
Pero también siguen en pie las convicciones y sueños de nuestrxs compañerxs, todxs ellxs viven en la lucha que día a día damos por una sociedad justa e igualitaria, por una vida digna. Todxs ellxs están presentes en este grito de Memoria, Verdad y Justicia que no se apagará hasta que el último responsable militar y civil sea juzgado.
Porque en la defensa de los Derechos Humanos no se puede ser neutral, se lucha por ellos o se está a favor de los genocidas, una vez más ponemos el cuerpo en las calles para decir claramente NUNCA MÁS.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Memoria, Verdad y Justicia
30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs ¡Presentes!
Justicia por Darío y Maxi
Juicio y cárcel común para los genocidas militares y civiles
Juicio y cárcel común para Luis Esteban Genoud y todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda


Contacto de Prensa:
Alberto Santillán: 011 5603 5256
Leonardo Santillán: 011 2529 5735
Nélida Bartucci: 011 4403 6117


Familiares de detenidxs desaparecidxs de Fcio. Varela, Comisión Independiente por Darío y Maxi (Alberto Santillán,Leonardo Santillán,Adolfo Pérez Esquivel, Vicente Zito Lema, Alfredo Grande, Arturo Blatesky,Pablo Pimentel, José Schulman, José Calegari, Claudia Korol, Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio Paz y Justicia, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio Varela, CORREPI, HIJOS Zona Oeste, CPM Comisión Provincial por la Memoria, FOL-Mtd Anibal Verón, COB La Brecha,Ctro Popular Mons. E. Angelelli de Fcio Varela, Federacion de Organizaciones de Base (FOB), Pañuelos en Rebeldía, Movimiento Territorial Liberación UMMEP Berazategui, Frente Pueblo Unido Provincia de Bs.As,Agrupación Solano Vive, Casa Popular Joselito Bembé, Cooperativa UMMEP Berazategui,Catedra de Estudios Americanistas, FyL-UBA,AGTCAP ,ATE Sur - Lomas de Zamora,ATE Alte. Brown - Pte. Perón, . CTA Lomas de Zamora, CTA Autónoma Alte. Brown ,Agrupación Víctor Choque de ATE,Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas ,Lista Marrón SUTEBA Fcio Varela, CTEP,Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS),Izquierda Revolucionaria, Congreso de los Pueblos Colombia - Capitulo Argentina, FM La Barriada 98.9, HLI, GEN, MTR 12 de Abril, MTR)

Murió Benjamín Menéndez, parte del Operativo Independencia

Otro genocida que muere sin condena

Tenía 85 años y estaba internado por una infección. Fue procesado en 2012 como responsable del centro de detención tucumano La Escuelita, por donde pasaron más de 1500 personas.

El genocida Mario Benjamín Menéndez, jefe de Estado Mayor del Ejército argentino durante el Operativo Independencia en 1975 y gobernador de facto de las islas Malvinas durante los meses que duró la guerra, murió ayer a los 85 años. Menéndez estaba procesado desde 2012 por su papel en la campaña diseñada por Isabel Martínez de Perón para reprimir la guerrilla rural que el ERP organizaba en los montes de Tucumán, en el marco de la megacausa de lesa humanidad Operativo Independencia, pero no llegó a ser condenado. El genocida también tuvo un rol protagónico en la Guerra de Malvinas. Fue gobernador de las islas y jefe del Comando Conjunto de las tropas argentinas entre el 7 de abril de 1982 –apenas cinco días después del desembarco– hasta la rendición, firmada por él mismo frente a los generales ingleses.

El genocida murió tras tres semanas de estar internado por una infección.

Estuvo a cargo del centro de detención La Escuelita, el primer centro clandestino de detención montado por la represión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, por donde pasaron más de 1500 detenidos, entre febrero y diciembre de 1975. A fines de 2012, fue procesado junto a otros 16 genocidas por los delitos de “asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados” cometidos contra 270 personas durante el Operativo Independencia, en el que se desempeñó como jefe de Estado Mayor operacional de la localidad tucumana de Famaillá, donde funcionaba La Escuelita.

“Menéndez, en tu nombre recordamos y repudiamos a todos los cobardes que no se hicieron y no se hacen cargo de tantas muertes y de la traición”, dijo sobre él Rodolfo Merlino, titular del Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata. El 14 de junio de 1982, Menéndez firmó el acta de rendición argentina en la Guerra de Malvinas, después de haber sido nombrado gobernador de las islas el 7 de abril.

Fue un miembro destacado dentro de la larga lista de genocidas del mismo apellido: sobrino del golpista Benjamín Menéndez, cabecilla del levantamiento militar que intentó derrocar a Perón en 1951, y primo hermano del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura terrorista inaugurada el 24 de marzo de 1976, Luciano Benjamín Menéndez.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Episodios de violencia en el fútbol, represiones y aparato de inteligencia intacto

El espionaje que avanzó en democracia

En lo futbolístico, 1983 se caracterizó por una serie de muertes y represiones. La Inteligencia policial se concentró en hurgar por qué. Los documentos les echaban la culpa a los partidos de izquierda, a los jóvenes y a “sentimientos contrarios” a las fuerzas policiales.

 Por Juan Ignacio Provéndola

En Argentina, la transición institucional de 1983 no avanzó moldeando cemento fresco, sino quebrando primero el que estaba perpetrado. En ese sentido, el fútbol fue una de las estructuras que más sucumbió al cambio de época. Su adaptación a las nuevas lógicas sociales se produjo en el marco de una furiosa escalada de violencia en los partidos, fenómeno hasta entonces ajeno al fútbol como hábito cultural. Una estadística lo grafica: a lo largo de 1983 se produjeron cinco muertes, cifra record desde el primer registro, datado de 1922. Lejos de ser una situación excepcional, el año marcó a su vez un quiebre en el promedio de fallecimientos, que hasta ese entonces era de 1,7 y a partir de allí pasó a ser de casi seis. Se confecciona por primera vez una “lista de víctimas en el fútbol” para llevar contabilidad de ellas.

Entonces, la violencia en el fútbol comienza a ser entendida como tal. Se problematiza. Básicamente, porque a partir de aquel 1983 se proyecta en dos dimensiones que la definirán de allí en más: la figura del barrabrava contemporáneo, con la aparición pública de José Barrita, el Abuelo, como líder de La Doce, y el despliegue de mecanismos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes aún conservaban altas cotas de poder y toleraban pocos mecanismos de control. Fenómenos que son hijos de ese momento de transición en el que los roles se reordenan de manera vehemente. El fútbol, con la democracia, entra en nuevas tensiones.

Las cinco muertes de aquel año están vinculadas a acciones propias entre las hinchadas: las dos primeras en un tiroteo entre las de Boca y Quilmes, luego un simpatizante de Independiente arrojado de un tren, más tarde otro de Racing atravesado por una bengala lanzada en la Bombonera y, por último, uno de River emboscado por su propia gente.

Sin embargo, pese a no ocasionar de manera directa ninguna de esas muertes, en paralelo comienza a ser cuestionado el rol de las fuerzas de orden en estos episodios, quienes habían sobrevivido a la democracia como garantes de la seguridad, aunque sin actualizar necesariamente sus mecanismos de trabajo.

El despliegue de su aparato represivo era en ocasiones encarnizado, tal como ocurrió en la final del Nacional ’83, entre Independiente y Estudiantes, y el día del descenso de Racing. Cada uno en un estadio diferente de Avellaneda, fueron festivales de gases lacrimógenos, bastonazos, y detenciones a mansalva como la misma figura: el edicto de disturbios en espectáculos públicos. Se labraron sumarios por atentado y resistencia a la autoridad, tumulto, daños agravados y lesiones múltiples. Algunas imágenes siguen dando vueltas y son tremendas. Nunca se había visto tanta brutalidad multiplicada en un mismo partido.

Los dos hechos generaron una fuerte repercusión pública y, naturalmente, alentaron el trabajo de los servicios de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el cuerpo de espionaje de la fuerza que había promovido aquellas represiones. Un profuso expediente acumuló informes de todo tipo sobre esos episodios, las causas que los habían generado, el rol de la propia fuerza y, sobre todo, lo que más obsesionaba a la policía: la evaluación que los medios y la opinión pública hacía de su accionar en los iniciáticos tiempos democráticos

“El periodismo, tanto escrito como oral, en diversos comentarios se mostró contrario al accionar policial” y con “una cierta predisposición constante contra los efectivos de nuestra institución”, explica uno de los partes, que adjunta innumerables recortes de los diarios más importantes. Sin embargo, ese mismo informe menciona –sin más detalles que los siguientes– que se realizó “una encuesta en la población en general”, quien “en su mayoría, coincide que el accionar policial fue correcto, dado como se sucedían los acontecimientos, tildando de sensacionalistas a los medios periodísticos que efectuaron opiniones sobre el tema”.

Walter Stefanini, jefe de la Bonaerense, declaraba públicamente que todo respondía a “un sentimiento deportivo originado en la ubicación de los equipos en la tabla”, aunque por lo bajo ordenaba que se filmaran todos los partidos en su jurisdicción para individualizar a los que inician los disturbios. Lejos de efectuar cualquier tipo de autocrítica sobre su accionar, la policía trataba de interpretar los motivos por los cuales sus tareas recibían duros cuestionamientos de distintos sectores sociales. Los informes rondan sobre la idea de que “en los estadios de fútbol se entreveran, entre el grueso de la hinchada o de los fanáticos, gente activista con diferentes ideas políticas, quienes aprovechan el caos del momento para descargar sus resentimientos personales”.

“No es objetivo enfocar la cuestión analizando el comportamiento de los efectivos policiales, debido a que el episodio que nos ocupa tiene su raíz en el accionar de los grupos juveniles de izquierda, los cuales capitalizan con habilidad el vandalismo de las barras bravas”, apunta uno de los diagnósticos de Inteligencia. Algo que, a la luz de los hechos, poco guardaba con la realidad: en las numerosas represiones desatadas por la policía en las tribunas no se veían activistas políticos sino, más bien, familias y espectadores corriendo desesperadamente frente a los ataques salvajes del garrote. Hinchas, en suma.

Sin embargo, las fuerzas del orden parecían seguir adscribiendo a la teoría de los dos demonios para justificar sus actuaciones represivas a punta de bastón, caballos, balas de goma y gases lacrimógenos. “Se observa un renacer de un viejo sentimiento de rencor, basado en el terror psicológico hacia los uniformados y su simbolismo”, esbozaba otro informe. La “campaña de descrédito de la cual es objeto la mayoría de las fuerzas legales” respondía, según los espías, a “la intensa acción psicológica desplegada por las organizaciones de izquierda, con el consiguiente aprovechamiento de los medios masivos de comunicación social, sumado a la presencia activista de integrantes juveniles pertenecientes a las corrientes políticas que participan de todo evento popular (fútbol, festivales de rock, etc.)”.

No obstante esto, las protestas por las represiones policiales que se desataban cada fin de semana en las tribunas del país no estaban inspiradas en banderías ideológicas, sino en la necesidad de reformular profundamente el rol de las fuerzas de seguridad en la nueva vida institucional que se daba lugar con el retorno de la democracia a la Argentina. En ese sentido, uno de los últimos informes de ese atribulado 1983 postulaba una serie de sugerencias a ser tenidas en cuenta por el personal policial, señalando “la conveniencia de reformular los procedimientos tradicionalmente utilizados”. Entre ellos se reconocía que el uso de los gases lacrimógenos (una de las constantes en ese año) “no ayudan a restaurar el orden sino que, por el contrario, suelen alterarlo con consecuencias imprevisibles”, aunque no hablaba de suprimir su uso sino de hacerlo de manera menos “indiscriminada”. Por otra parte, se planteaba la necesidad de “destacar a los efectivos policiales en lugares estratégicos de las tribunas” y que “las detenciones de los responsables de los incidentes sean llevadas a cabo con la mayor discreción por el personal policial de civil, evitando de esta forma la reacción del público”.

Una nueva lógica se imponía en las tribunas. La democracia dejaba atrás viejos fantasmas pero se desayunaba con otros que demandaban nuevos abordajes. El fútbol ampliaba su ámbito de influencia más allá de la línea de cal y se asumía con complejidades propias de los nuevos tiempos institucionales. La represión no cambiaba de rostro. Apenas se guarecía detrás de nuevas expresiones.

Los archivos de la pelota : Exclusivo el esìonaje policial durante el mundial de fútbol 78

Tras 15 años de clasificación, la Comisión Provincial de la Memoria realizó un dossier sobre la inteligencia que la Bonaerense hacía en el fútbol: la “campaña antiargentina”, los “sabotajes”, la vigilancia a periodistas extranjeros, las drogas que vendrían con los turistas.

 Por Juan Ignacio Provéndola

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó entre 1956 y 1998 y, a lo largo de todo ese tiempo, acumuló toneladas de material dedicado a documentar los movimientos de personas, organizaciones e instituciones que la Bonaerense juzgó sospechosas. Se trata de 4 millones de fojas, 3300 contenedores, 800 videos y otros tantos casetes y cintas abiertas que ocupan un total de 600 estantes. Un registro impresionante del espionaje estatal que la Comisión Provincial por la Memoria, actual custodio del archivo, comienza a mostrar ahora en distintas selecciones documentales tras quince años de orden y clasificación. Página/12 accedió en exclusiva al dossier que la CPM realizó sobre las tareas de la Dippba acerca del fútbol, puntualmente en ocasión del Mundial 78 y durante la vuelta de la democracia, en 1983, circunstancias en las que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas de distintas maneras. Ambos recortes permiten comprender el particular interés que los servicios de inteligencia del Estado manifestaron históricamente sobre esta masiva expresión de la cultura popular argentina. Los documentos desclasificados muestran las obsesiones del espionaje represivo, que llegaban a niveles delirantes: desde la preocupación por la “campaña antiargentina” en el exterior, hasta las advertencias por la infiltración de “subversivos cubanos, japoneses y árabes” que llegarían al país para sabotear el Mundial. Y también el alerta porque durante el torneo “se incrementaría el ingreso de estupefacientes al país” que los “elementos subversivos” usarían “como factor disociador”.
Infiltración Mundial

Una de los asuntos que más desveló a la Junta Militar fue la confirmación del Mundial de 1978. Fuera del país, distintos grupos de exiliados argentinos se habían movilizando ante varios organismos internacionales para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en el próximo anfitrión de la máxima cita futbolística y los rumores de un cambio de sede comenzaron a proliferar. Hubo un cierto temor en los jerarcas del Proceso por perder la organización de un torneo sobre el cual deseaban proyectar una pretendida imagen de pulcritud a todo el planeta.

Si bien la FIFA reconfirmó a fines de 1977 a la Argentina como país organizador y acabó con esas dudas, la decisión no bastó para poner fin a las preocupaciones que rondaban en los altos comandos de las Fuerzas Armadas. Otra profunda inquietud los iba a acechar incluso hasta la propia realización de la Copa del Mundo: la posible intervención de grupos armados. De “factores subversivos”, como definían. La paranoia encontraba un antecedente alarmante en los Juegos Olímpicos de Munich 72, donde el grupo extremista palestino Septiembre Negro se había infiltrado en la concentración de la delegación de Israel y asesinó a once atletas de aquel país. Nadie quería siquiera pensar en un papelón semejante, y fue por eso que los servicios de espionaje de la dictadura no escatimaron esfuerzos en observar todo cuanto pudiera resultar sospechoso.

De esto dan cuenta los innumerables legajos que acumuló la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre el Mundial 78, en donde se observa claramente la inquietud de los servicios por los movimientos que distintas organizaciones realizaban en tono al campeonato que se desarrolló en Argentina durante el mes de junio.

Las tareas comenzaron en 1977. Eso se desprende de uno de los primeros informes, fechado el 26 de octubre de aquel año. Allí, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se remite a la Dippba para expresarle que “importantes miembros de Montoneros mantuvieron entrevistas en Suecia con dirigentes de organismos internacionales afectados a la defensa de los Derechos Humanos con la finalidad de instrumentar una campaña de acción psicológica en tal sentido, a motorizarse en oportunidad de las tareas de organización del Campeonato Mundial de Fútbol”.

El parte (de carácter “estrictamente secreto y confidencial”) describía los aparentes objetivos de Montoneros: “incidir e influenciar a representantes de gobiernos extranjeros un tanto afines a la ideología que profesan los grupos de delincuentes subversivos argentinos para disponer la no participación en el torneo”, la intención de generar durante los meses previos al Mundial “acciones que alteren el orden público y capitalizar psicológicamente eventuales acciones represivas”, “ejercitar eventualmente algún secuestro y/o atentado físico directo contra algún miembro diplomático extranjero acreditado en el país” y “difundir en distintos estadios de fútbol del exterior libelos incitando a los espectadores a no viajar a Argentina, esgrimiendo causales orientadas a crear una falsa imagen de la situación política-social-económica y la falta de garantías individuales”.

Un mes más tarde, un informe da cuenta de pintadas en el estadio Mundialista de Mar del Plata, por entonces en obra. Las mismas tenían la leyenda “Señores compañeros, basta de explotación. Reclame E.R.P.”, acompañadas por estrellas de cinco puntas. “Es la primera manifestación de corte extremista que aparece en el lugar”, alertaba el oficial de inteligencia.
Drogas subversivas

Con el correr de los meses, las tareas de espionaje fueron generando materiales adicionales. Algunos de ellos, de carácter insólito, como el que alertaba en letra mayúscula y clave de telegrama que (sic) “sería inminente ingreso procedente de Chile, y particularmente destino ciudad Mendoza, grupos delincuente subversivos serían cubanos, japoneses y árabes, quienes en su mayoría vendrían munidos pasaportes otorgados en Chile, con finalidad desarrollar actividades para sabotear Mundial 78, desconociéndose modus operandi”.

En ese mismo sentido, otro parte aseguraba que “durante el desarrollo del Mundial se incrementaría el ingreso de estupefacientes al país”. La operación se realizaría “vía Bolivia y sería trasladada a Mar del Plata, para luego ser distribuida al resto del país”. Entre las causas se encontraba la afluencia de turistas, “el número elevado de artistas de nivel internacional generalmente consumidores” y la posible presencia de “grupos de traficantes internacionales” presentes en el país. Naturalmente, detrás de esto se pretendía ubicar a “elementos subversivos (que utilizarían la droga) como factor disociador”.

domingo, 13 de septiembre de 2015

Pedraza el asesino de Mariano Ferreyra, seguirá preso

La Sala III de la Cámara de Casación Penal ratificó las condenas dictadas por el tribunal de primera instancia contra José Pedraza y todos los condenados por el homicidio de Mariano Ferreyra.

De este modo, Pedraza continuará cumpliendo la condena a 15 años de prisión ordenada por el Tribunal Oral N° 21.

Casación ratificó, asimismo, las penas menores impuestas contra el comisario Hugo Lompizano –que desde la Dirección General de Operaciones monitoreó y aseguró el apoyo brindado por la policía a la patota criminal- y las absoluciones de los barrabravas Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño y del subcomisario Rolando Garay, de la comisaría 30 de Barracas. En el caso de los jefes de los policías Luis Mansilla y Jorge Ferreira, la Cámara incrementó su pena de 10 años a 10 años y 8 meses de prisión.

Los jueces rechazaron tanto los planteos de absolución de las defensas de la patota de Pedraza como el pedido de las querellas, que reclamamos la imposición de prisión perpetua contra Pedraza y los suyos por la calificación del homicidio agravado de Mariano.

Ante el triunfo que implica que los condenados seguirán presos, el fallo no supera el límite del de primera instancia ya que mantiene la impunidad de los cómplices políticos y empresarios del ataque criminal que le costó la vida a nuestro compañero y graves heridas a Elsa Rodríguez. Nuestra querella había reclamado que se profundizara la investigación de las responsabilidades criminales de Aníbal Fernández –que estaba a cargo de la conducción política de la Policía Federal- y de los funcionarios de la secretaría de Transporte y de la ex Ugofe, concesionario del ferrocarril Roca.