No a la pena de muerte – Basta de represión- EMVyJ

No a la pena de muerte – Basta de represión

Desde mediados del año pasado, el gobierno nacional y sus socios provinciales profundizaron de manera inusitada lo que ya era, para entonces, un brutal avance represivo contra el pueblo trabajador.

Cada vez era más evidente que el gobierno de Cambiemos, decidido a imponer un ajuste brutal, afilaba sus herramientas represivas. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado marcó el inicio de una etapa todavía más descarnada, caracterizada por la enunciación de un plan orientado al establecimiento de un estado de excepción de hecho, como lo denunciamos después del fusilamiento de Rafael Nahuel. A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores organizados del campo popular, y de la cada vez mayor militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, que no dejan dudas sobre el nuevo paradigma de gobierno.

Desde el “no voy a tirar un gendarme por la ventana” hasta “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, pasando por los aportes de la vicepresidenta Michetti (“el beneficio de la duda es siempre para las fuerzas”) o del propio presidente (“hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”), se fue haciendo pública una política que tuvo un inmediato correlato con la reiterada represión a multitudinarias marchas: la del 1/9, que terminó con 31 detenidos y detenidas; la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba, seguida inmediatamente por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares en esa ciudad y las brutales represiones a las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

La lógica represiva del gobierno de Macri se plasmó en el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no supiéramos para qué lo fabricaron. Con total descaro se mezclan allí referencias y nombres de organizaciones, compañeros y compañeras en una retahíla de falsedades que pretende deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.

El poder judicial, siempre permeable a la voluntad del poder político, rápidamente se sumó a la ofensiva, con la intervención de la justicia federal en las detenciones en manifestaciones, y el uso de figuras típicamente usadas para criminalizar de modo efectivo la protesta.

Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de septiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia de represión a la protesta. A las graves imputaciones se suman, como medidas “probatorias”, recursos tecnológicos que invaden la privacidad de las personas y violentan el derecho a la expresión, a través del “ciberpatrullaje” y otras formas de recopilación y análisis de los perfiles y contenidos de las redes sociales, así como de los registros, llamadas, mensajes, chats, contactos y archivos almacenados en teléfonos celulares u otros soportes digitales. A la vez, un grupo de jueces y fiscales utilizan las resoluciones y dictámenes judiciales para exhortar al gobierno a endurecer aún más las leyes:

· El fiscal de Cámara Germán Moldes, en la causa del 1/9, reclama que se reforme el Código Penal para prohibir las excarcelaciones de personas detenidas en manifestaciones.

· El fiscal Carlo Rívolo pretende encarcelar y procesar a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por el delito de “rebelión” por la movilización del 18/12.

· El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó trabajadores de prensa que filmaron su propia detención.

· El juez Claudio Bonadío aplicó linealmente la tesis de que “la versión de las fuerzas represivas es versión de verdad” al procesar 34 personas sólo con el contenido de las actas policiales y contra la evidencia de falsedad aportada por las defensas, y mantiene a cinco de ellas en prisión desde el 14/12.

· El juez Sergio Torres persigue con la figura de “rebelión” al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y reclama al gobierno un “protocolo” de actuación policial que “reduzca al máximo el tiempo de las movilizaciones.

La lista sigue, como la causa contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de algunos de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18/12.

De la mano de este avance de la represión a la protesta y la lucha organizada, se profundizó también de manera inédita en democracia la represión contra los sectores populares, en los barrios de nuestras ciudades. Con 725 asesinatos por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención en sus primeros 721 días de gobierno, Cambiemos se ubica como el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre 1983. Y ahora, en el marco del llamado “caso Chocobar”, al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, el gobierno nacional decidió dar otro salto, de nuevo con el protagonismo central de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el Jefe de Gabinete, y, lo más simbólico, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo define todo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”, dirigido a quien horas antes había sido procesado –con enorme levedad- por fusilar a Juan Pablo Kukoc (18) por la espalda.

El presidente Macri y su primera línea de funcionarios dieron a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich. Prueba de que la orden fue comprendida es la breve pero explícita provocación que amaneció al día siguiente de la reunión del presidente con el policía fusilador en el frente del local de CORREPI: “Aguante Chocobar”, léase “Aguante el gatillo fácil”.

De infinita mayor gravedad fue el atentado perpetrado el 14 de enero contra el compañero Martín Alderete, abogado de CADEP y defensor de presos y perseguidos políticos, con una bomba incendiaria arrojada en el interior de su automóvil, sin dudas una “advertencia” a toda la militancia antirrepresiva.

El gobierno de Macri pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar. El Gobierno Nacional a través de sus declaraciones se ha declarado partidario de la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. Como además las políticas fascistas se afilan con la desmemoria y la impunidad en los últimos meses se ha “premiado” con la prisión domiciliaria a los más emblemáticos genocidas de la última dictadura. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama una campaña colectiva, con la más amplia unidad de acción, para defendernos.

Por eso, los organismos y organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, decimos:

¡No a la pena de muerte!

¡Libertad a las presas y los presos políticos!

A los genocidas la cárcel ¡ya!

Cierre de todas las causas contra luchadores y luchadoras

Basta de persecuciones y hostigamiento

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

¡Fuera Bullrich!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

10/2/2018

Argentina '78: el mensaje contra la dictadura oculto en los arcos

El diario The Guardian reveló una historia desconocida sobre el Mundial disputado en nuestro país: la protesta oculta contra la Junta Militar.

El mensaje oculto pero a la vista de todo el mundo, en la base de los palos. (Foto publicada en The Guardian)

David Forrest es profesor en la escuela de Inglés de la Universidad de Sheffield y en algunas ocasiones escribe para el diario británico The Guardian. Esta vez contó una apasionante historia revelando un dato desconocido hasta hoy: el estadio Monumental lució un mensaje de protesta contra la dictadura durante toda la Copa del Mundo de 1978.

Para esa época, Forrest tenía 10 años y siguió el Mundial por televisión alentando a su país, Escocia. Según cuenta, a él lo sorprendieron dos cosas: las redes de los arcos y la base negra de los palos, algo que lo obsesionó no sólo durante el torneo ecuménico, sino hasta hace muy poco tiempo.

Después de más de 40 años de aquél Mundial, Forrest visitó Argentina acompañando a su esposa, quien vino al país a realizar un doctorado. Allí tuvo la posibilidad de conocer al hombre que pintó los palos de los arcos del Monumental y preguntarle por qué lo hizo.

De paseo por Palermo, David Forrest fue a comer a Don Julio, la tradicional parrilla del barrio porteño, y mientras hojeaba un libro de fotos del Mundial '78 el mozo le preguntó: "¿Qué está leyendo?". Forrest le mostró una foto en la que el arquero francés Jean-Paul Bertrand-Demanes está en el piso tras recibir un gol de Argentina, y le explicó que lo que le interesaba de la foto era la pintura negra en los palos.

Argentina Francia Mundial 78

El mozo le recomendó que visitara el estadio Monumental, ya que allí podría encontrar respuestas. Forrest le hizo caso y fue a la cancha de River, donde dialogó con los encargados del mantenimiento del estadio.

"El canchero me acompañó a una habitación y me señaló las fotos en blanco y negro que estaban en la pared. Allí noté una sonrisa familiar y pregunté quiénes eran los de la foto. El canchero me dijo que era el equipo que trabajó en el estadio para el comité de organización, y si quería saber por qué pintaron los palos negros, tenía que preguntarle a ellos", relata el escocés.

"Me acerqué a la foto y reconocí a alguien familiar, mi corazón latía en mis oídos. Me di cuenta de que sí, el hombre en la foto tenía unos 40 años menos con un peinado salvaje como el de Lepoldo Luque, pero la sonrisa y los ojos eran sin lugar a dudas los del mozo de Don Julio. El canchero me dijo su nombre: Ezequiel Valentini".

Una semana después, volvió al restaurante ubicado en Palermo y cuando entró, Valentini se dio vuelta a ver quién entraba, "sus ojos y su sonrisa al reconocerme me comunicaron que él sabía por qué había vuelto". Y allí le reveló por qué pintaron la base de los palos de negro.

Ezequiel Valentini contó que nadie usó brazaletes negros en honor a los desaparecidos, pero ellos tenían una forma de recordarlos. "Discutimos poner un mensaje en el césped, o pintarlo en los carteles publicitarios, algo que las cámaras de TV pudieran ver". Pero expresarse bajo alguna de esas formas contra la Junta Militar era cometer un suicidio.

"No tenía miedo por mí. El terror actúa de tal manera que te hace temer por tu familia y amigos. Cada jugador de cada equipo de la Copa del Mundo debería haber usado públicamente un brazalete negro para recordar a los muertos".

A uno de los compañeros de Ezequiel se le ocurrió pintar la base de los palos de color negro en representación de los brazaletes, pero primero había que avisarle a los militares de tal decisión. "Preguntaron para qué era y le dijimos que era tradición". Pasó, porque "no tenían ni idea de fútbol".

"La Junta situó sus centros clandestinos de tortura a la vista del público. Nosotros recordamos a nuestros muertos a la vista de todo el mundo. Como esos centros, nuestro acto de recuerdo estaba oculto a simple vista", concluyó Ezequiel Valentini.

La nota completa, en inglés, en The Guardian.

Retrocesos en laspolíticas de derechos humanos en los 8 meses del gobierno de Mauricio Macri

Del hecho al dicho

Se recortaron y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura y se alienta el regreso a sus casas de los represores presos. El cambio en la interpretación sobre la década del 70 es un hecho en sí mismo. Se aplica el programa del editorial del diario La Nación.

 Por Victoria Ginzberg
Imagen: Andrés Macera.

Cuando el presidente Mauricio Macri llama “guerra sucia” al terrorismo de Estado no se trata solo de retórica: sus palabras tienen una correlación empírica. Durante estos ocho meses se aplicaron políticas de recorte y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura, especialmente las inclinadas a dilucidar el rol de los empresarios y otros civiles durante el terrorismo de Estado. Se derogó un decreto de Raúl Alfonsín que restringía la autonomía de las Fuerzas Armadas y se anunció que las Fuerzas Armadas tendrán un “rol preponderante en esta nueva etapa”, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y en la “unión de los argentinos”. Además, se está preparando el terreno para que los represores que están presos en cárceles comunes puedan cumplir sus condenas en sus casas y aparecieron jueces que cuestionan inquisitivamente a las víctimas y fallos que directamente impugnan sus testimonios. De forma sigilosa se está cumpliendo el programa planteado por el diario La Nación en su recordado editorial del 23 de noviembre pasado.

Solo un día después de la segunda vuelta que llevó a Macri a la presidencia, La Nación saludó su triunfo con el texto que llamaba a “poner las cosas en su lugar” y que fue repudiado incluso por los trabajadores del medio. No era el primero ni sería el último editorial que hacía lobby para los represores, pero fue significativo porque buscaba marcarle la cancha al gobierno electo y ofrecerle una guía sobre cómo debía proceder en relación con las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. Aunque fuera su deseo máximo, el diario no reclamaba la liberación inmediata de todos los acusados por crímenes de lesa humanidad ni pedía una nueva amnistía o indulto. Consciente de sus limitaciones, señalaba una línea de acción que se puede resumir en tres puntos:

- Fin de la “persecución” a los civiles.

- Domiciliaria para los presos.

- Cambio del relato respecto de lo ocurrido durante la década del 70.

Puede decirse que ese programa se viene cumpliendo bastante bien.
Recortes

“A partir de la asunción del nuevo gobierno se observa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, acompañado de un cambio de paradigma acerca de cómo conceptualizar los derechos humanos”, señalaron los organizadores de las IV Jornadas Nacionales de Abogados y Abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad que se realizó el viernes y el sábado en la ex ESMA. En un informe entregado a los asistentes, advirtieron que durante los primeros siete meses del gobierno macrista, se realizó “un desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria”.

- Un ejemplo de ese diagnóstico es lo que pasó en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, que tenía un equipo de trabajo de 33 personas. Quince fueron despedidas con el cambio de gobierno. En ese contexto, se desmanteló el Grupo Especial de Relevamiento Documental, que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la justicia en las causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, este grupo hizo un importante aporte en el juicio sobre el esquema de trabajo y procedimiento en los denominados “vuelos de la muerte”.

- Otra situación de ese tipo se dio en el programa Verdad y Justicia, que se creó en 2007 para centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervenían en las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Con el cambio de gobierno fueron despedidos siete trabajadores, aunque luego se logró la reincorporación de tres de ellos. La nueva gestión no dio lineamientos de trabajo y sólo dice que se continúa igual, pero no hay planificación ni objetivos a seguir.

- El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa se creó para prestar acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de los procesos judiciales, tanto por delitos de lesa humanidad como por violaciones de derechos humanos en contextos democráticos. Apenas asumió el macrismo, los trabajadores denunciaron que había un intento de vaciarlo. Actualmente, el centro sigue funcionando, aunque fueron despedidas dos psicólogas, una en el Chaco y otra en Buenos Aires y las demandas de asistencia se redujeron casi un 50 por ciento. Los trabajadores consideran que esta situación es consecuencia de que muchos creen que ya no están atendiendo.

- El Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, que fue subteniente de Caballería del Ejército y se ocupó de la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. Es hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, que fue profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura.

- El cierre de la agencia de noticias Infojus, que cubría los juicios contra los represores hizo que estos procesos perdieran visibilidad.

- La gestión de Federico Sturzenegger disolvió la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central que había sido creada en el 2014 para investigar de delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado. Este organismo llegó a documentar el rol del sistema financiero durante la última dictadura, que fue y es un insumo para causas judiciales. A partir de este trabajo se desclasificaron, por ejemplo, las actas secretas del Banco Central durante la dictadura que fueron halladas, que correspondían al período 81-83, ya que se sospecha que las anteriores fueron destruidas. En la misma línea había trabajado la Comisión Nacional de Valores, donde se elaboró un informe del rol del organismo y el sistema financiero durante el terrorismo de Estado.

La contracara –o mejor, la cara complementaria– de estas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo tuvo lugar a principios de junio, cuando el Gobierno restituyó a los militares parte de la autonomía que había sido limitada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El decreto 721 hizo que las definiciones sobre las conducciones de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación del personal docente volvieran a manos militares. Poco después, Macri les dijo que tenían un “rol preponderante en esta nueva etapa de la Argentina”, cuyos objetivos eran “alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.
Demandas atendidas

Otra decisión oficial en línea con los deseos de los represores fue la derogación de la resolución del Ministerio de Defensa que prohibía a los presos por causas de lesa humanidad atenderse en hospitales militares, lo que implicaba que debían concurrir a establecimientos del Servicio Penitenciario. Esta decisión se había tomado luego de la fuga de dos condenados del Hospital Militar Central. Fue la primera medida oficial que respondió a una demanda puntual de los represores presos.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en una exposición en el Colegio de Abogados que durante la gestión de Macri ya se había concedido el beneficio del arresto domiciliario para cincuenta acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Cuando es consultado públicamente, el funcionario sostiene que el otorgamiento de ese beneficio es resorte de los jueces, pero en aquella charla señaló que consideraba que todos los mayores de setenta años debían acceder a esa situación de forma automática. Y salvo excepciones, la población carcelaria anciana está formada por represores, porque aunque cometieron sus crímenes cuando eran jóvenes, consiguieron eludir la prisión durante años gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.

Garavano mencionó también que varios procesados y condenados por delitos de lesa humanidad habían hecho planteos por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí concurrieron muchos represores para dar visibilidad a su victimización, ya que sostienen que sus condiciones de detención son deplorables y que no tienen adecuada atención médica. En sus escritos ante el organismo internacional, además, impugnan los juicios con argumentos jurídicos ya rechazados por todas las instancias judiciales del país e incluso en contra de la doctrina de la CIDH. Entre los organismos de derechos humanos hay preocupación porque el Gobierno no defienda en el organismo internacional los juicios con el énfasis que se merecen y que usen como excusas esas presentaciones para modificar la situación de los presos. La CIDH giró hace meses varias presentaciones que recién en las últimas semanas y con cuentagotas comenzaron a ser respondidas.

El domingo 7 de agosto, Página/12 publicó una extensa crónica en la que se contaba que los represores alojados en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz están en mejores condiciones que la media de los reclusos. No están de vacaciones ni en un hotel, están presos. Pero no sufren de venganza ni hostigamiento, al contrario.

La Unidad Fiscal especializada en causas sobre crímenes de lesa humanidad no registra todavía un aumento significativo en el número de represores con arresto domiciliario, pero tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Corte y la Cámara de Casación están dando señales para flexibilizar el otorgamiento de ese beneficio. A fines de julio se fue a su casa el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, que fue responsable del centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata debe decidir ahora si el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz también puede terminar su condena en su domicilio. La abogada Guadalupe Godoy advirtió sobre el temor que este caso provoca en testigos y víctimas debido a la sospecha de que el represor estuvo involucrado de alguna forma en la desaparición de Jorge Julio López. En cambio, el jueves pasado el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín revocó el arresto domiciliario del comodoro retirado Luis Trillo, ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) porque había sido fotografiado mientras paseaba a su perro por las calles de Liniers. Su defensa adujo que debió atender “una urgencia fisiológica” del animal.

Entre los querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad la preocupación mayor pasa por las actitudes que están teniendo algunos jueces en juicios y fallos. El Gobierno podrá argumentar que se trata de un poder independiente, pero uno de los talentos de gran parte de la magistratura, sobre todo la federal, es saber interpretar para dónde sopla el viento. Por eso las señales de los funcionarios –y todavía más la del Presidente– importan.

En el juicio oral sobre el Operativo Independencia, los jueces Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla (con la oposición de Juan Reynaga) pusieron por escrito que las defensas tenían derecho a preguntarles a las víctimas si los militares “tenían razones para detenerlos”, en alusión a la militancia de los testigos. La reivindicación de la identidad política de los desaparecidos es una bandera de los organismos de derechos humanos, pero en el ámbito de este juicio, reapareció como impugnación y hasta como justificación de los padecimientos vividos, como ocurría hace treinta años.

En junio, los jueces de la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci anularon las condenas de tres represores por la Masacre de Capilla del Rosario, en la que fueron fusilados 14 miembros del PRT ERP en 1974. En el fallo consideraron que no se habían podido probar los asesinatos. Para llegar a esa conclusión, descartaron el testimonio de varios testigos por considerarlos “compinches” o integrantes de una “facción”. También entendieron los fusilamientos como enfrentamientos y dijeron que pudieron haberse cometido “excesos en la forma de enfrentar y reprimir” el “clima de violencia política” de la época. Se trata del fallo más regresivo en años.

El viernes y sábado más de cien abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad de todo el país se reunieron en la ex ESMA para evaluar el estado general de estos expedientes y reclamaron que se declare el “estado de emergencia judicial” para que se garantice la “continuidad, justicia pronta y activa”. Reclamaron la necesidad de que “la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado” y advirtieron que denunciarán en ámbitos internacionales “las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad en connivencia con jueces y funcionarios”. Una de las principales preocupaciones del encuentro fue la dificultad para avanzar en las imputaciones a civiles, sobre todo las que involucran a empresarios y jueces o fiscales. Se recordó que en el Congreso se creó la Comisión Bicameral de Identificación de Complicidades Económicas y Financieras, pero que no está funcionando.

Los abogados y abogadas advirtieron que “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas sobre prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones”.
Simbólico y material

La “teoría de los excesos” del preocupante fallo que la Cámara de Casación firmó en junio cuaja con el discurso presidencial de la “guerra sucia”. En el relato que está implícito en ambas frases no hubo plan criminal para exterminar a una parte de la sociedad, para torturar y desaparecer los cuerpos, para esparcir el terror y para apropiarse de los hijos de las víctimas. Hubo, en cambio, la defensa ante un ataque en la que se cometieron algunos errores. “A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia”, decía aquel editorial de La Nación en noviembre. La semana pasada, Macri afirmó en la entrevista con el portal BuzzFeed, que lo que pasó en los 70 fue una “guerra sucia que fue una horrible tragedia”. También dijo que no tenía “ni idea” si los desaparecidos eran 9 mil o 30 mil.

La discusión por el número no es lo importante (aunque el “ni idea” es despreciativo, un ninguneo) pero casualmente los que se empeñan en cuestionar la cifra también cuestionan los crímenes. Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Cultura y actual director del teatro Colon, Darío Lopérfido, que habló del número para lanzar a continuación que la cifra “se había negociado a cambio de subsidios”. Sería posible saber la cantidad total de desaparecidos y asesinados si los represores reconocieran sus crímenes y hablaran, cosa a la que siempre se han negado. ¿No es algo extraño que los victimarios o sus defensores cuestionen a las víctimas y a sus familiares por no conocer la información que ellos mismos les negaron para procurar su impunidad?

Las palabras del Presidente en la entrevista con la periodista Karla Zabludovsky dan cuenta de lo que piensa acerca de la década del 70. Debajo de las frases irritantes hay una construcción sutil y palabras elegidas con cuidado. Macri siempre se refiere a contribuir a la verdad y nunca habla de justicia. Menciona a las víctimas de manera ambigua, incluso señala que “hay muchas víctimas”. Nunca, nunca dice la palabra “desaparecidos”, ni hablar de “dictadura”. Opone los derechos del “pasado” a los del presente del futuro, como si hubiera que optar. Y reitera que impulsar los juicios o contribuir con pruebas sería obstruir a la Justicia.

Una mutación en el paradigma sobre lo ocurrido en la década del 70 podría tener en algún momento consecuencias judiciales, aunque sería extraño que eso sucediera ya que centenares de fallos judiciales en todas las instancias, desde la etapa de instrucción hasta la Corte Suprema, dejaron claro que durante la década del 70 el terrorismo de Estado implementó un plan criminal de exterminio de la población civil. Ese cambio es una de las reivindicaciones más fuertes de los represores, porque no es sólo de ellos, de los autores materiales de los crímenes, sino también de los instigadores, de toda la clase social que impulsó el golpe de Estado. Por eso las palabras de Presidente no fueron solo una recompensa simbólica para ellos, sino que son en sí mismas una batalla ganada. Van de la mano con ser reconocidos oficialmente y dejar de ser parias, como ocurrió cuando el ministro de Justicia recibió a la apologista de la represión ilegal y del robo de bebés Cecilia Pando y su troupe. O cuando el carapintada Aldo Rico marchó con su uniforme durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia.

Comodoro Rivadavia :se inicia juicio por el secuestro y desaparición del conscripto José Luis Rodríguez

El Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del soldado José Luis Rodríguez Diéguez, ocurrido en 1976 en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento.

José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido en Sarmiento.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del conscripto José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido desde 1976, durante la última dictadura.

En esta primera audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio, hicieron sus presentaciones las partes y se preguntó a los acusados si iban a prestar declaración indagatoria, de lo que se abstuvieron por el momento, resumió el fiscal Horacio Arranz en declaraciones a Télam.

"El juicio sigue mañana, primero con declaraciones testimoniales y después con una inspección al Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, a unos 250 kilómetros de Comodoro Rivadavia", añadió.

Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento, ciudad del sur de Chubut.

Por la detención-desaparición del conscripto están procesados el general (re) Teófilo Saa, que era jefe del citado regimiento, y el mayor (re) Carlos Antonio Españadero, uno de los responsables del Batallón de Inteligencia 601 en esa época.

"Este es el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Chubut", recordó Arranz.

en el primer juicio fueron condenados responsables de la Masacre de Trelew, del 22 de agtosto de 1972, y en el segundo, los culpables del secuestro y torturas a los abogados Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, este último fallecido a raíz de los tormentos el 19 de octubre de 1976, durante la dictadura.

Integran el Tribunal para este tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chubut los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella.

Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación de destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.

Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "me trasladan Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".

Según el testimonio del padre del conscripto en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".

La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.

Durante la última dictadura fueron desaparecidos al menos 129 jóvenes conscriptos, según esttimaciones del fallecido capitán José Luis D`Andrea Mohr, quien investigó la represión terrorista de estado dentro de las instituciones militares.

En la causa por la desaparición de Rodríguez Diáguez también estaba procesado el dictador Jorge Rafael Videla, fallecido en mayo de este año.

Por falta de mérito, tampoco llegó a juicio el jefe de la compañía en la que revistaba la víctima, Luis Eduardo Tibiletti.