El doctor zarateño torturaba en el Arsenal Naval: el testimonio de una de sus víctimas

El tiene una voz particular. Algo ronca. Un ruido de ultratumba atravesado en la garganta. La China Lidia Ester Biscarte esperaba en 1983 un turno en el Hospital de Zárate cuando oyó esa voz. Se paró de la silla de un salto. Por el pasillo lo vio salir con otro médico por una puerta. Preguntó obsesivamente a una enfermera por ese hombre. Le dieron un nombre. Pidió un papel. Lo anotó. El año pasado, 39 años después de haber oído por primera vez la voz de ese hombre auscultando su cuerpo tras las torturas en el Centro Clandestino del buque ARA Murature, llamó a una guardia médica de emergencia porque su nieto estaba descompuesto. En la puerta de la casa estacionó una ambulancia. El médico Omar Edgardo Di Nápoli con su voz ronca bajó para atender a su nieto. Cuando se fue, la China levantó el teléfono y les avisó a los abogados de la causa Campo de Mayo. Di Nápoli acaba de ser detenido e indagado por el juzgado de Alicia Vence en San Martín.

“Sabía que era médico porque me ponía en el pecho algo para auscultarme con el aparato que usan los médicos. Y eso lo hacia cuando nos dejaban destrozadas. Más que todo venían para ver si estábamos vivas o muertas. Esa era la realidad de todos lados. Y el de acá, el del Arsenal de Zárate, venía después de habernos torturado y violado, primero nos violaban y después nos torturaban. Venía ese tipo y nos auscultaba. Decía: ‘¡Dale, dale, que aguanta! Dale 220, dale, dale que está todo bien’. Tenía una voz muy especial, pero muy muy especial”.

Pasaron los años, dice ella: “En 1983 yo estaba embarazada de siete meses. Y en el pasillo del hospital escucho esa voz. Yo esperaba turno con el ginecólogo. Y empiezo a preguntarme de dónde conozco esa voz y ahí me viene a la memoria: ¿dónde? En la tortura. Porque si hay cosas que jamás vas a olvidar van a ser esas voces entre tanto infierno. Era un lugar donde podía no recordar cualquier cosa pero sí a las personas que me habían lastimado. Entonces, lo escucho hablar. Yo esperaba que me atendieran. Sale de otro consultorio y con otro médico. Había una enfermera. Le digo: ¿Cómo se llama ese médico que habla? Es el doctor Di Nápoli. Me dijo que no era mi médico. Que era un clínico. Pero lo anoté”.

Biscarte declaró la existencia de ese médico ante la Conadep en 1984. En las siguientes instrucciones de todas las causas comenzó a decir que lo había encontrado en el hospital de Zárate. Pero no dio su nombre hasta el juicio oral de 2013 que se hizo en San Martín por las víctimas de Zárate Campana. Quería estar segura de los datos.

Después del juicio, el año pasado, “resulta que un día se me enferma mi nieto”, dice. En su barrio el servicio eléctrico está a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Zárate que tiene una obra social con servicio de emergencia. “Resulta que mi nieto tenía 22 años, le habían sacado la muela, tenía una hemorragia y se desmayó. Llamé al servicio. vinieron y estoy segura que él me conoció por el apellido. No sé qué le ordenó al enfermero, yo le firmé el papel y se fue a la ambulancia. Cuando se fue llamé a Coco Lombardi, el abogado, y le dije: ‘Imaginate si viene este hombre, me mete una inyección y me mata’”.

La investigación que había comenzado luego del juicio oral y por indicación de los jueces del tribunal, se aceleró con esos datos. La fiscalía de instrucción a cargo de Miguel Angel Blanco y Hugo Bogetti buscó los antecedentes. Pidieron antecedentes a la obra social. Supieron que Di Nápoli, clase 49, hizo un curso para entrar a la Armada luego de pedir una prórroga de la conscripción. Ingresó como médico naval e hizo la carrera militar. Di Nápoli formó parte de la Armada hasta los años 80. En el legajo aparece una felicitación por su participación en la represión. Estuvo efectivamente destinado a la zona operativa del área 400. También fue trasladado al sur durante la hipótesis de conflicto con Chile.

En su declaración indagatoria, Di Nápoli negó que haber estado destinado a Zárate en ese tiempo. Dijo que en ese momento estaba en Bahía Blanca. Para la fiscalía, la acusación está dada hasta ahora por su participación como médico en la tortura, con el rol de quienes formaban parte del grupo de tareas y cuya función era regular los voltajes de los tormentos para extraer información.

Biscarte no es la única detenida desaparecida que escuchó esa voz, pero su testimonio es uno de los que permitió identificarlo. Entre 1976 y 1983 hubo alrededor de 215 víctimas en el área 400 de Zárate-Campana. El área formaba parte de la Zona IV con epicentro en Campo de Mayo. Con Santiago Omar Riveros como responsable, cada escuela asumió las tareas operativas sobre distintas áreas. Zárate y Campana quedó integrada por el conglomerado de fuerzas conjuntas sobre todo al comienzo de la dictadura porque el Ejército no tenia asentamiento allí, sino la Armada.

El Arsenal Naval donde estuvieron los detenidos es recordado sobre todo porque daba al río donde estaba anclado en el buque ARA Murature, que también funcionó como centro de detención y de tortura, otro de los lugares recordados por las víctimas porque los subían con roldanas. En ambos lugares los médicos auscultaron a las víctimas. “Uno de esos médicos es éste –dice Ernesto Coco Lombardi–. Está identificado. Tiene una voz muy particular de la que habla todo el mundo.”

Biscarte era delegada de la zona. Trabajaba en el Puente Zárate Brazo Largo. Era una de las 50 mujeres de maestranza y una de esas personas que no se callaba. Para el golpe de Estado estaba de licencia de maternidad. Uno de los barrenderos un día le dijo que se cuidara, que había estado escuchando que la buscaban. Ella no lo tomó en serio. El 27 de marzo se la llevaron. Dejaron a su hijo de ocho años atado a una silla con una sábana. Ella pasó tres años prisionera. Primero en el puerto, luego en la Comisaría de Moreno, en el Pozo de Banfield y la soltaron desde Coordinación Federal. Hubo ocasiones en las que la tuvieron más de 24 horas desnuda. Su declaración en 2013 fue una de los principales denuncias sobre la violencia sexual.

“Vos sabes que entre ellos se nombraban con nombre de animales. Y ahora me entero que parece que a este tipo le dicen Chancho, de sobrenombre. No sé si era así, pero le queda re bien ese nombre”.

Durante estos días, ella supo finalmente de la detención. “Todavía parece que me acuerdo de más cosas. A la mañana me despierto rasguñada, como que me quiero desatar y rompo las sábanas”.

Masacre de Rincón Bomba, histórico fallo a favor de las comunidades aborígenes

Fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón en octubre de 1.947 en Las Lomitas Formosa donde fueron asesinados cientos de integrantes del Pueblo Originario Pilagá

Publicado por Leonardo Fernández Acosta - 04/07/2019

El Juez Federal de la Ciudad de Formosa Fernando Carbajal hizo lugar el día de ayer a la demanda interpuesta en los autos “FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA c/ PEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”; donde condenó al Estado Nacional Argentino por crímenes de lesa humanidad conocidos históricamente como la “Masacre de Rincón Bomba” del 10 de octubre del año 1.947 y días subsiguientes acaecidos en cercanías de la localidad de Las Lomitas y Pozo del Tigre en el entonces Territorio Nacional de Formosa por parte de la Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea Argentina.

Es el primer caso en América Latina de una sentencia a favor de una acción por resarcimiento civil interpuesta a favor de un Pueblo Originario por un genocidio de más de 1.000 niños, ancianos, mujeres y hombres ocurrido hace 72 años por aplicación de la teoría de la Imprescriptibilidad de los Crimines de Lesa Humanidad.

Fuerte crítica del Juez por la actuación del Estado Nacional en el Juicio En los considerandos de la Sentencia afirma el Magistrado que “…Desde el inicio del proceso, si bien se produjeron cambios políticos en la conducción del Estado, su conducta permaneció inalterable por su falta de voluntad de aporte alguno al hecho investigado pues su actuación procesal nunca expreso la trascendencia histórica ni aportó una solución de la controversia diferente a la decisión judicial.- “El Estado Nacional no se ha encontrado a la altura de las circunstancias históricas que esta causa ameritaba pues, a juicio de esta Magistratura, hubiera sido lo esperable que impulsado por el reclamo formulado, reexaminara sus propios actos, y los actos cumplidos por sus funcionarios en la pretérita época sujeta a revisión en esta causa, y contribuyera de manera activa a la reconstrucción de la verdad histórica, tanto mediante el reconocimiento de aquellos hechos que no pueden razonablemente controvertirse, como aquellos otros que se necesitó reconstruir con las otras voces: las de las propias víctimas las fuentes documentales directas e indirectas aportadas por la parte Actora”.

En otro párrafo dice que “…Las víctimas se han encontrado solas frente a un Estado que se ha mostrado impávido frene al reclamo de justicia de los pueblos originarios, que no solo debieron esperar décadas para que los hechos pudieran ser investigados y exhibidos, sino que aun ahora siguen siendo ignorados en su reclamo de ser visualizados y reconocidos.

La mentalidad “supremacista” de la Gendarmería Nacional Más adelante al analizar la actuación de la Gendarmería Nacional en los hechos investigados destaca que “…De hecho es notable que a fines del Siglo XX (año 1991) en una publicación oficial de la Gendarmería Nacional se haya incluido el testimonio literal de un Sargento de la fuerza que expresaba –sobre las víctimas de la “Masacre de Rincón Bomba”- “estos indios eran casi como salvajes, animales…..” sin formularse, tan siquiera, una salvedad editorial sobre tales expresiones de inocultable contenido supremacista. Estos censurables prejuicios raciales, que se deslizan en los diferentes testimonios, sirven sin embargo para validar la sinceridad de estos testigos en la confirmación de los hechos principales…”.

“Los testimonios de las propias fuerzas de represión son generosos en detalles facticos, pero también muestran claramente los prejuicios racistas y culturales que afectaban a los integrantes de las fuerzas de seguridad e infectaban el cuerpo social en su totalidad y, lamentablemente, muchos de ellos persisten en la actualidad”, sigue diciendo el Juez Fernando Carbajal.

El Junkers de la Fuerza Aérea Argentina. 70 años después se logró procesar al comandante del avión que ametralló a decenas de civiles indefensos.

Tiene probado el sentenciante “…El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado. Fernández Bedoya, Fiscal Federal de la causa investigo y verifico que “el día 15 de octubre del año 1947, a las 16.35 horas el avión JU52-T153 partió de la base aérea `El Palomar ´ en comisión a la Ciudad de Formosa. El día 23 de octubre del año 1947, a las 12,43 horas regreso el avión JU52-T153, que partiera con destino a la Ciudad de Formosa (conforme orden del día No 1657), lo cual se halla asentado en el informe reservado, dando cuenta de la orden del día No 1662.)” (Fernández Bedoya 2018.160) de lo cual se concluye que el avión permaneció una semana en el territorio en conflicto”.- “También cita el artículo “De un avión y de Lanzas … el ultimo malón” que más allá de su tono panegírico y los intentos de justificación, contiene el testimonio de intervinientes en el hecho y reconoce de manera expresa el uso del avión en las acciones represivas y que el mismo fue artillado con un ametralladora: “se operó desde Resistencia y Formosa hacia el interior en recorridos como en un corredor que se extendía desde Formosa hacia Las Lomitas, con terminal en el Fortín Gran Guardia La Soledad, hacia el límite del chaco paraguayo, frontera con Bolivia y Paraguay.” También menciona que “Se acordó con él (Cte. Ppal. Julio Cruz Villafañe) el reconocimiento aéreo de la zona se quitó la puerta principal instalándose una ametralladora Colt Calibre 7.635 milímetros…” “El uso y actuación del avión en los hechos fue investigado con detalle en la causa penal como derivación que el último sobreviviente de los funcionarios que fue sometido a proceso fue – justamente – Carlos Smachetti comandante del avión; quien fue el único que llego a ser procesado, antes que la muerte lo alcanzara. Por tal razón la investigación penal profundizo sobre el rol cumplido en ese tramo de los hechos”.

“En giro pretendidamente poético, tan inesperado como infortunado, el cronista concluye afirmando que esta intervención de la Fuerza Aérea en el “último malón” fue el “enfrentamiento –parcial e incruento pero significativo – de la lanza con el avión,…” Sin advertir que con esa figura describía desde el punto de vista factico la desproporción existente entre los sujetos intervinientes que convertía en criminal e inhumanos los actos realizados por sus camaradas.

“Arriba en el cielo, protegido por las alturas, un grupo de hombres uniformados y armados con una ametralladora Colt Calibre 7.65mm (capaz de disparar 600 tiros por minuto), se “enfrentan” contra ciudadanos civiles desarmados, hambreados, con sed, con las ropas desgarradas, cargando sus enseres y huyendo con sus niños y ancianos a cuestas, los cuales deben abandonar a su suerte en el monte para intentar salvar sus propias vidas.

“Tal es la verdadera imagen que se vislumbra detrás del “enfrentamiento de la lanza contra el avión.” que el oficial acuñara con finalidad laudatoria”, concluye el Juez Federal.

La persecución de los días posteriores al 10 de octubre de 1.947.

“Si bien los hechos que se tienen por probados hasta ahora son lo suficientemente graves para justificar un severísimo reproche a la actuación del Estado Nacional y sus agentes, lo sucedió en los días posteriores alcanzo ribetes de gravedad extrema, a tal punto que ni siquiera sus protagonistas lo intentan justificar.

“Cabe tener por probados –dice el Juez- que, concluido el ataque en la zona del madrejón, los indígenas mayormente desarmados y atacados con el fuego cruzado de dos puestos de ametralladoras e innumerables armas de mano de los gendarmes intervinientes, se dieron a la fuga hacia el norte, este y oeste, iniciándose a partir de allí por parte de la Gendarmería la persecución y matanza sistemática de la población civil en fuga”.

“También se verifico la intervención de personal civil, quizás funcionarios de Gendarmería u otras fuerzas actuando de incognito, o civiles que colaboraban con las fuerzas.

Sin duda el más escalofriante de los testimonios recogidos, el que más claro muestra el nivel de deshumanización al cual se llegó, es el evento relatado por Ramón Rosa Galván “En una de esas encontramos una criaturita que ve que una china había perdido cuando escapaba por el caraguatal. Asinita era una chinita cinco o seis meses tenia, y el jefe que venía al frente de la comisión ordeno que le metieran un tiro en la Cabeza. ¡eso he visto yo!)” “Vimos a los gendarmes llegar a caballo como a las 12 o a la una y quedamos encerrados en las tierras de Curesti todo el día bajo el sol. Los gendarmes preguntaban si se podía abrir fuego sobre los ´perros`, pero el comandante decía que todavía no, que no era el momento… Entonces los Gendarmes le hablaron al Cacique Tapiceno por medio de su lenguaraz. Le dijeron que si le daban una o dos chicas ellos no abrirían fuego. Entonces agarraron a la chica más linda de todas y el mismo comandante la llevo para el monte y la violó.” Los registros de una de las fosas comunes halladas, la más importante, en la cual informan los peritos que “descubrimos un conjunto de restos óseos correspondientes a un grupo de 27 cadáveres, colocados de manera irregular algunos arriba de otros, otros cruzados, flexionados, otros de cubito lateral derecho, otros de cubito lateral izquierdo, algunos presentan dentro del cráneo, porciones de huesos largo de otros cadáveres, lo que nos indicaba que ciertas víctimas presentaban estallido de cráneo, producidos probablemente por impactos de proyectiles de alta velocidad.”

El ocultamiento en Bartolomé de la Casas el “Ghetto Pilagá” “Ni ´daciye relata que los actos de ocultamiento del acto represivo fueron inmediatos luego de los hechos: “Si no hubieran cortado el monte hubiéramos podido encontrar ahora todas las balas incrustadas en los árboles, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles. Si hubieran dejado el árbol grande donde yo me escondí podríamos encontrar las balas y ya no podría seguir mintiendo. Todos podrían verlo.”. El último acto de ocultamiento fue recluir a los pocos cientos de sobrevivientes en la reducción Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas del cual no podían salir y estaban sometidos a trabajo esclavo en los algodonales.

Como se logró interponer la acción 65 años después.

“La demanda –dice el Magistrado- fue presentada por iniciativa de los abogados Julio Cesar García y Carlos Alberto Díaz quienes lo hicieron el 28 de marzo del año 2005 cuando aún la comunidad Pilagá no había alcanzado todavía el desarrollo institucional que le permitiera hacerlo. Su Federación no lograba que se le dé personería por el Estado Nacional. La realizan los abogados nombrados “EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS ARGENTINOS DE LA ETNIA PILAGA” actuando “en nombre y representación de todas aquellas victimas que no pudieron tener voz ni justicia” afirmando con toda razón que los propios hechos investigados en esta causa es la causa por la cual los pueblos no habían actuado, pues por “la sistemática discriminación y sojuzgamiento de los argentinos de la etnia Pilagá... existe un temor reverencial y fundado de acceso a la administración de justicia.” (fs. 2).

Luego al obtener personería la “Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá”, se constituyen en parte actora. En capítulo aparte el Juez de esta histórica sentencia “…pondera la labor profesional cumplida por los abogados de la actora. Los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio Cesar García que promovieron esta acción hace muchos años… y les cabe el mérito de haber promovido actos trascendentes de preservación de la prueba que – de no haberse realizado en tiempo oportuno – podrían haberse perdido para siempre. Sigue destacando “…Aun con todas las vicisitudes de un proceso complejo mantuvieron viva la acción pretendida a lo largo de muchos años, habiendo aportado elementos jurídicos relevantes para la fundamentación de sus diferentes peticiones en los momentos procesales que transcurrieron desde el lejano inicio de la causa”.

“En el caso de los Abogados Díaz y Alvarado he de destacar su compromiso profesional y personal con la tramitación de la causa, lo cual quedara exteriorizado en la etapa de las audiencias públicas, las cuales se realizaron exitosamente por dicho compromiso profesional y adquirieron calidad por la comparencia de los miembros de la comunidad a las mismas, aprovechándose de manera adecuada el mecanismo de resolución del conflicto que fuera propuesto por esta magistratura, y al cual adhirieron las partes con encomiable rectitud y buena fe procesal.- La reparación del daño Finalmente la sentencia de 127 fojas concluye con la reparación ordenando al Estado Nacional dos tipos de indemnización. Una patrimonial y otra no patrimonial. La reparación patrimonial a la Comunidad Pilagá la fija en $ 84.000.000, más actualizaciones, accesorias y costas.

La reparaciones no patrimonial contiene las siguientes accesorias: 1. Ordenar la publicación de la sentencia en la página web oficial del Ministerio de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y mantener la misma por el plazo mínimo de tres (3) años.

2. Ordenar la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial de la Nación. Dicha publicación será integral en la página web; pudiendo en la versión en soporte papel publicarse un resumen de los considerandos y las reparaciones ordenadas en la parte resolutiva.- 3. Ordenar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación incluir al día “10 de Octubre” en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”, debiendo el Ministerio indicado, en coordinación con el INAI y la FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ, redactar, imprimir y distribuir un material impreso de difusión para uso educativo, tomando como base los hechos que se tienen por probados en esta Sentencia, a los fines de su utilización en los establecimientos educativos del País para sensibilizar a la población sobre los hechos del caso.- 4. Ordenar al Estado Nacional realizar en el lugar donde sucedieron los hechos de “La Bomba” un monumento conmemorativo de la Masacre, el cual tendrá el emplazamiento y características que sea determinado por la FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGA en acuerdo con la Municipalidad de la Ciudad de Las Lomitas – Provincia de Formosa, y deberá ser solventados con fondos del Tesoro Nacional.- 5. Ordenar al Estado Nacional el otorgamiento de las siguientes Becas Estudiantiles las cuales tienen por objeto promover y fortalecer la organización de la etnia : a) un total de doce (12) becas equivalentes cada una de ellas a un salario mínimo vital y móvil (SMVM), durante el plazo mínimo de diez (10) años, para la realización de estudios universitarios y terciarios para jóvenes integrantes de la etnia Pilagá; b) un total de treinta (30) becas por importe cada de ellas del cincuenta por ciento (50 %) del salario mínimo vital y móvil (SMVM) durante el plazo mínimo de doce (12) años, para jóvenes escolarizados de la etnia Pilagá.

https://www.youtube.com/watch?v=_-RrW15G2kI

A 43 años del golpe genocida MÁS IMPUNIDAD Y REPRESIÓN

El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia”, sigue de pie pese a todo

 HIJOS La Plata

El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso a un dinosaurio genocida a conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia, que abandonó su anterior discurso temerario por la apelación abstracta a la unidad y la “posverdad”, y al que sin embargo subyacen los embates de un aparato represivo cada vez más aceitado contra las mayorías populares. En ese contexto, el estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que entre la instrucción de las causas y los debates oral que evidencia el proceso judicial, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida.

EL BALANCE

El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2019 el Estado argentino efectivizó 215 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 216 juicios hubo 1.436 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.245 condenas sobre 906 represores y hubo 170 absoluciones por un universo de 7.248 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 906 condenados 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, más del 50% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad. Estos datos son confirmados por más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (1)

Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que es reflejado en el Registro Nacional de Casos de Tortura, que detectó sólo en 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios (2) Ante esta realidad se nos invita a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia.

El panorama es complejo y lejos está de modificarse el estancamiento general de estos procesos. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 5 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores. No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. Recién se ha puesto fecha para mayo próximo para el juicio al genocida César Milani, sostenido por el kirchnerismo como jefe del Ejército hasta junio de 2015, por la desaparición en junio de 1976 del soldado Alberto Ledo.

NUEVO ESCENARIO

La llegada del ex abogado de varias multinacionales, Carlos Rosenkrantz, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca el nuevo escenario que afronta la justicia toda en nuestro país, con ribetes especiales en las causas de lesa humanidad. En noviembre pasado el ex abogado de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´sle dio una nota a Carlos Pagni en La Nación. Cuando el periodista le preguntó qué sintió cuando votó a favor del 2x1 al genocida Muiña y se llenó la Plaza de Mayo con una manifestación en contra respondió: “Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables” y agregó en desafortunada metáfora futbolera que “Elizondo echó a Zidane en el mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo m ismo debe hacer un juez. El 2x1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna” (3)

Vale aclarar que la opinión, lejos de ser el parecer de un panelista deportivo, corresponde al mentor del infame fallo que intentó hacer pasar, la aplicación a los genocidas deuna figura como el 2x1 no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz define como “la tribuna”, logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido. El hecho tuvo un antecedente no tan mencionado: la aplicación del 2x1 al represor Alejandro Duret, condenado en Mar Del Plata a 15 años de prisión por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, y beneficiado en 2016 por los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris. En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva. Y lo peor de todo, la excarcelación de varios represores por la baja pena recibida en los juicios orales. Así, este año fueron excarcelados 2 represores condenados a 13 años por delitos cometidos en el CCD La Cacha: Claudio Grande y Rufino Batalla. Así, el fallo “Batalla” de la remozada Corte Suprema prohibiendo la aplicación del 2x1 a casos de lesa humanidad es testigo en varios sentidos. Lo que no consiguió el represor por izquierda, mediante el 2x1, lo consigue por derecha por el extraño criterio de los jueces de que al momento de computar penas no hay agravantes aunque se trate de delitos gravísimos e imprescriptibles, aunque sí hay por no haber cometido antes otro genocidio.

Otro fallo de la justicia platense alumbra sobre este análisis: el juez Germán Castelli determinó al analizar la situación del genocida Etchecolatz que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos. Ahora señalamos las graves contradicciones que tienen estos procesos en su etapa final de concreción.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

MÁS REPRESIÓN

El gobierno de Macri asesina una persona cada 21 hs, pero aun así no ha superado al gobierno K como la mayor experiencia represiva desde la última dictadura militar. En los últimos tres años, se contabilizan más de mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Las cifras actualizadas dan cuenta de un total de 6536 casos de muertes por gatillo fácil, en situación de encierro, por desaparición forzada o femicidios desde 1983 hasta diciembre de 2018. De ese total, el 20 por ciento corresponden a la gestión de Mauricio Macri, es decir, más de 1300 muertes registradas en poco más de 1000 días de gobierno, sin olvidar que el 54% de los casos, 3658 personas, se dio en la gestión de los gobiernos K.

Sin dudas este avance represivo es inseparable de la aplicación de un plan que están avalado por los elogios gubernamentales a la llamada “Doctrina Chocobar”, con el fin de disciplinar a todo sector que se oponga a sus planes, políticos económicos y sociales.

El enemigo social que han construido son los pibes pobres de nuestros barrios, arrojados a la marginalidad económica y social primero, y luego dejados a merced de la mano dura policial. Muchos jóvenes fueron asesinados en nuestra región por las policías de Scioli y Vidal como Darian Barzábal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Brian Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos y Matías Marincovich, y no sólo sus asesinos siguen dentro de las fuerzas represivas, sino que el Estado les garantiza la defensa ante la justicia cómplice, poniéndoles abogados. La justicia los termina absolviendo con la excusa de la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”.

La doctrina Chocobar, basada en el enemigo interno que hay que eliminar para tranquilidad del poder no es novedad en la Policía bonaerense. Desde la vieja escuela de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Ruckauf, pasando x la gestión de Daniel Scioli con su ministro de Inseguridad, Alejandro Granados. La gestión de María Eugenia Vidal no se quedó atrás y puso al frente de la Bonaerense primero al responsable de la Masacre de Ramallo, Pablo Bressi, y después a Fabián Perroni, que estuvo procesado en una causa por torturas en la comisaría 9na de La Plata, donde desaparecieron a Miguel Bru, torturaron hasta matarlo a Daniel Migone y encubrieron la desaparición en las redes de trata de Johana Ramallo.

El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Además en estos casos, el enemigo interno es aquel que defiende la lucha de los pueblos originarios por sus territorios ancestrales.

Pese a la campaña de confusión de los medios de desinformación, que ahora buscan instalar la idea de un solitario ahogado, está claro que Santiago fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad,  que estaba siendo reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro desde atrás cuando  trataba de escapar del lugar. La mentira de la presencia de pólvora en las manos de Rafita quedó al desnudo con los informes de todos los peritos que afirmaron lo contrario. Con la lucha del pueblo mapuche y las organizaciones de Derechos Humanos y sociales logramos la absolución  todos los procesados de la Pu Lof Cushamen en la causa por abigeato y usurpación armada por el mismo Estado que los reprime en consonancia con el empresario italiano Benetton.

El caso de Daniel Ruiz, trabajador petrolero de Chubut y militante político da cuenta del proceso de criminalización de quienes protestamos contra el régimen. Hace ya 6 meses que Ruiz se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz acusado de participar en la marcha contra la Reforma Previsional que se realizó en diciembre de 2017. Su encarcelamiento implica la voluntad de disciplinar a un pueblo harto del avance del hambre y el saqueo por sobre la vida de las mayorías.

A 43 años del golpe genocida el gobierno de Mauricio Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, hambre, cárcel y gatillo fácil para las y los pibes jóvenes. Por eso el símbolo de la represión de ayer, el genocida Miguel Etchecolatz, y de la de hoy, la ministra Patricia Bullrich, son distintas caras de la misma impunidad.

A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA SEGUIMOS EXIGIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.

Notas:

(1)  https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/12/LESA_informe-estadistico-anual-2018.pdf

(2)   https://www.ppn.gov.ar/q=Se_encuentra_disponible_el_Informe_Anual_2017_del_Registro_Nacional_de_Casos_de_Tortura_y/o_Malos_Tratos

(3)   https://www.lanacion.com.ar/2190572-carlos-rosenkrantz-el-tema-del-impuesto-a-las-ganancias-no-es-la-consagracion

Tarifazos, despidos y represión es atacar los derechos humanos

 Desde que empezó el año, el gobierno de Macri profundiza su ajuste por orden del FMI: tarifazos en todos los servicios, inflación sin tregua, más despidos y más medidas de mano dura. Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos hoy a esta “quema de boletas” como símbolo de la necesidad de enfrentar y poner fin, cuanto antes, a toda esa política antipopular y antinacional.

. Cuando cualquier vecina o vecino debe elegir entre pagar sus boletas de agua, luz o gas y comer menos o peor, se atacan los derechos humanos.

• Cuando se despide a un trabajador o trabajadora estatal o del sector privado, se lo suspende o se le rebaja el salario, afectando su posibilidad de supervivencia y la de su familia, se atacan los derechos humanos.

• Cuando la mitad de la niñez del país está bajo la línea de pobreza y sigue habiendo casi un femicidio por día, se atacan los derechos humanos.

• Y cuando la ministra de (In)Seguridad Patricia Bullrich, al estilo Bolsonaro, habilita a sus fuerzas de seguridad a disparar por la espalda, autoriza esa picana portátil llamada Taser, endurece la persecución a los inmigrantes, busca bajar aún más la edad de imputabilidad penal y mantiene presos políticos como Daniel Ruiz, también se atacan los derechos humanos.

Este tarifazo es un sablazo al bolsillo popular: gas 35% desde abril, peajes 33% promedio, luz 40% hasta marzo, agua 48.5% hasta mayo, colectivos 38.5% hasta marzo, trenes 40% hasta marzo, subte 45% hasta abril. Y el ministro Dujovne prepara mayores subas para el resto del año. Ese aumento, inflacionario ya de por sí, afecta al pueblo trabajador y también a sectores medios.

¡Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos basta! El agua, la luz, el gas y el transporte son derechos sociales básicos, no un negociado para cuatro vivos, como las corporaciones petroleras cuyas tarifas están dolarizadas y nunca pierden. Lo primero es echar atrás este tarifazo confiscatorio. Pero la solución para los servicios no puede ser seguir subsidiando a las concesionarias privadas, plata que también sale de nuestros bolsillos.

Desde 2013, Axel Kicillof, con el pacto YPF-Chevron, les garantizó altos precios para el gas de Vaca Muerta. Luego Macri directamente les dolarizó todas las tarifas. Y como el FMI le ordenó pagar la deuda externa y entonces necesita déficit cero, ahora recorta los subsidios y descarga el tarifazo sobre los usuarios. Así lo dispone el Presupuesto nacional 2019, que Macri logró aprobar con votos del PJ.

Hay que terminar de una vez por todas con el curro de las privatizaciones, que desde Menem hasta hoy sigue gobierno tras gobierno. Es preciso rescindir esos contratos de concesión, recuperar y reestatizar el sistema energético y todos los servicios, bajo el control social de sus trabajadores y usuarios. Esa es la única forma de garantizar servicios públicos accesibles y eficientes para toda la población.

Y lo mismo frente a los despidos. Macri y las patronales, junto a los gobernadores y la burocracia sindical cómplice, pretenden descargar la crisis sobre la clase trabajadora. No hay que permitirlo. Apoyemos todas las luchas por el salario y el empleo. Que por ley se prohíban los despidos y se abran los libros contables de toda empresa que despida o amenace cerrar. ¡Que la crisis la paguen los que la provocaron: los capitalistas!

Pero el pueblo trabajador está resistiendo. Ante los tarifazos se hacen “ruidazos” y cacerolazos todos los viernes, en esquinas de Capital, Gran Buenos Aires y otras ciudades. Los comerciantes de Once y otros sectores se organizan para no pagar las boletas, en un ejemplo a seguir. En decenas de empresas y reparticiones, las y los trabajadores defienden con uñas y dientes sus puestos de trabajo y sus salarios. Y a la vanguardia de la lucha están las mujeres, saliendo a la calle una y otra vez para defender cada derecho.

Pero con pelear cada sector por separado no alcanza. La CGT sigue durmiendo la siesta y recién habla de un posible paro para abril. Y las CTA de Yasky y Micheli junto a Camioneros sólo hacen una marcha de antorchas cada semana en una ciudad distinta. Lo que hace falta para frenar los tarifazos, los despidos, la mano dura y todo el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI es un paro general ya, y con continuidad hasta derrotarlo.

Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigimos que la CGT y las CTA llamen a ese paro nacional de 36 horas con movilización que hace falta., Invitamos a todas las organizaciones populares a sumarse a este reclamo, seguimos movilizados y convocaremos a una nueva acción de lucha en febrero.

• Basta de tarifazos, despidos y medidas represivas.

• No al pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI.

• Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste.

Condenan a exdirectivos de Ford por complicidad con dictadura argentina

Carlos Gareis (D), extrabajador de Ford y expreso político, su hija Estela (I) y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortinas, celebran la condena de dos exdirectivos de Ford, el 11 de diciembre de 2018, en Buenos Aires

Dos exdirectivos de Ford en Argentina fueron condenados este martes a 12 y 10 años de prisión por ser partícipes necesarios en la privación ilegal de la libertad y en tormentos a obreros que actuaban de delegados sindicales de la empresa, durante la dictadura en este país (1976-1983).

Se trata del primer juicio en Argentina contra exdirectivos de una multinacional por delitos vinculados con la dictadura, calificados como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

"Es una reivindicación del movimiento obrero argentino que fue un objetivo principal de la dictadura con complicidad de las empresas. Este juicio viene a comprobar que eso fue lo que ocurrió", declaró a la AFP Tomás Ojea, abogado de las víctimas que había pedido condenas de 25 años, tras escuchar el fallo.

Agregó que "el próximo paso va a ser contra la empresa misma. Vamos a evaluar los pasos para que la empresa rinda cuentas, tiene que dar explicaciones", advirtió.

Al cabo de un año de proceso oral, el Tribunal en lo Criminal de San Martín condenó a 12 años de cárcel al exjefe de seguridad de Ford Héctor Sibilla y a 10 años a Pedro Müller, exgerente de manufactura de la automotriz.

Este juicio penal se limita a determinar la responsabilidad de los acusados y no involucra a la empresa.

El tribunal fijó para el próximo 15 de marzo la audiencia en la que se darán los fundamentos de la sentencia. Aunque no se ha publicado, los abogados piensan que la pena a Sibilla fue más elevada porque se demostró que presenció una sesión de torturas.

Sibilla, de 91 años, y Muller, de 86, estuvieron presentes en la audiencia. Tras la lectura del fallo, salieron inmediatamente del tribunal, acompañados por sus abogados, sin hacer declaraciones.

Algunas personas les gritaron en la calle cuando se dirigían caminando a tomar sus autos.

Por ahora tienen régimen de presentación mensual ante la justicia y prohibición de salida del país, pero deberán cumplir la condena en la cárcel una vez que quede firme, aclaró el fallo, que fue recibido con aplausos y llantos por parte de sobrevivientes y familiares, que se fundieron en abrazos.

"Llegamos. Si no hubiese sido por la voluntad y el apoyo de la gente, no habríamos llegado. Pero el tema de los derechos humanos está bien implantado (en Argentina), ya no se discute", declaró a la AFP Pedro Troiani, una de las víctimas.

- "Como a los nazis" -

"Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar", cantaron los asistentes como una explosión tras escuchar el veredicto presenciado por casi un centenar de personas, mientras otras tantas se agolpaban en una sala contigua para seguir la sentencia a través de un televisor.

En el mismo fallo, también fue condenado a 15 años de prisión el exgeneral Santiago Riveros, quien dirigió el centro de detención clandestino Campo de Mayo, al norte de Buenos Aires y emplazado cerca de la sede de la fábrica.

El militar, que cumple prisión por otras condenas por delitos de lesa humanidad, fue sentenciado como "coautor de allanamiento ilegal de vivienda y de privación ilegal de la libertad".

Previo a la lectura del veredicto, Müller fue el único de los acusados que hizo uso de su derecho de palabra.

"Yo solo quiero hablar de mi vida personal. Llegué al país en diciembre de 1949 y al mes encontré trabajo como mecánico automotor y así financié mis estudios. Desde entonces nunca paré de trabajar. Me di cuenta que tenía que trabajar de manera apolítica. Tengo la conciencia tranquila porque nunca se me podrá acusar por mi conducta", declaró el exjefe de manufactura de Ford.

- El caso Ford -

En 1976, cuando se produjo el golpe de Estado que desalojó de la presidencia a María Estela Martínez de Perón, trabajaban en la planta de Ford unos 5.000 obreros y 2.500 empleados administrativos.

En total había cien delegados gremiales, de los cuales 24 fueron tomados cautivos, muchas veces en sus mismos puestos de trabajo y con listas elaboradas por la empresa, en represalia por su activismo sindical, según la acusación.

Además, varios fueron torturados en la propia planta, ubicada en la localidad General Pacheco, en la periferia norte de Buenos Aires, antes de ser trasladados a centros clandestinos de detención, según los testimonios de las víctimas.

Aunque todos sobrevivieron a la dictadura, al cabo de más de 40 años solo siguen vivos 13 de esos delegados.

El exgerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga llegó a estar procesado, pero falleció en 2016 sin que hubiese comenzado el juicio. Nicolás Courad, expresidente de Ford en Argentina, murió en 1989, mucho antes de que se iniciase cualquier diligencia judicial.

Casos similares han sido denunciados en otras compañías, como Mercedes Benz, Renault y Fiat, pero hasta ahora solo el juicio contra los exejecutivos de Ford ha podido llevarse a cabo.

Exigencia de la RED NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA DE URUGUAY

Uruguay, diciembre de 2018

DECLARACIÓN  

El pasado 4 de julio se aprobó la Ley de Sitios de Memoria de Uruguay, y el 31 de octubre se constituyó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en cumplimiento de dicha ley.

Los Sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Una Política Pública de Sitios de Memoria tiene por cometido el reconocimiento y preservación integral de los Sitios de Memoria, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar su preservación, su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.

Son numerosos, y no son casos aislados, los atentados que se han realizado últimamente contra diversos sitios y marcas: las Placas de Memoria colocadas por Luis Batalla; por Ruben Canziani; en el Cuartel de los 33 – ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR); en el Hospital Militar; en el callejón de la Universidad en Memoria de los Mártires Estudiantiles; en Fusileros Navales (FUSNA); en el puerto donde se recuerda el regreso de Wilson Ferreira Aldunate; en la casa del Contralmirante Oscar Lebel; en la Marca de Homenaje a Julio Castro en Salinas; en la estela del Circuito de Memoria de Salinas; en el Memorial del Penal de Libertad; en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo, y en días pasados, el robo de las Placas de Memoria que señalizan el Batallón 13 y el Servicio de Material y Armamento donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura “300 Carlos”.

La Red Nacional de Sitios de Memoria repudia estos actos, reafirma su fin de promover la democracia y vigencia de los derechos humanos mediante la recuperación, construcción y difusión de las memorias colectivas, a través de los Sitios y Espacios de Memoria; llama a las autoridades competentes a cumplir sus obligaciones, investigando cada uno de esos episodios, identificando y responsabilizando a sus autores, y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir; y exhorta a la sociedad toda a participar en la construcción de la Memoria Colectiva, Plural y Democrática.  

RED NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA DE URUGUAY

Condena por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas

Perpetua para Muiña, a quien la Corte intentó beneficiar con el 2x1

En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, Luis Muiña fue condenado a cadena perpetua. Carlos Rosenkrantz, futuro titular de la Corte Suprema, intentó otorgarle el 2x1.

Rosa D'Alesio @rosaquiara

El Tribunal, que ayer condenó al genocida del 2x1, estuvo integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Julio Panelo y Néstor Guillermo Costabel.

Fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester, y por el secuestro de otros cuatro trabajadores cometidos a finales de 1976 en el Hospital Posadas. Allí Muiña se desempeñaba, durante la última dictadura cívico-militar, en el cuerpo de vigilancia. Integró el llamado “Grupo SWAT” (denominado así por los trabajadores), bajo las órdenes del subcomisario retirado de la Policía Federal Ricardo Antonio Nicastro. Este grupo portaban armas y recorrían los pasillos aterrorizando a trabajadores y pacientes.

El juicio, que culminó ayer con la condena a perpetua a Muiña, es el segundo por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, ubicado en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. En el hospital funcionó un centro clandestino: “El Chalet”.

Cuando se inició este segundo tramo del juicio era juzgado el genocida Argentino Ríos, pero murió días atrás. También estaba imputado por estos crímenes el dictador Reynaldo Bignone, quien encabezó la ocupación del Posadas a fines de marzo de 1976, pero falleció antes del inicio

Jorge Roitman era médico. El 2 de diciembre de 1976 fue secuestrado de su casa y llevado detenido-desaparecido a “El Chalet”. Su cuerpo permaneció desaparecido hasta el año pasado, cuando sus restos fueron hallados mientras se realizaban obras en los terrenos del Posada, a pocos metros de “El Chalet”, en el terreno ubicado entre el policlínico y la villa Carlos Gardel. Esto permitió dar un nuevo impulso a la causa, que permitió que Muiña recibiera la condena a cadena perpetua, porque en la causa anterior recibió una pena a 13 años por secuestros y torturas. En este juicio de 2011 los jueces se negaron a incluir los casos de Chester y Roitman.

Jacobo Chester, trabajaba en el Departamento de Estadística, fue secuestrado de su casa el 26 de noviembre de 1976. También él fue llevado detenido-desaparecido a “El Chalet”. Su cuerpo fue hallado el 2 de diciembre de ese año en el Río de la Plata.

Los testimonios de los sobrevivientes, denunciados ante la Conadep, los archivos y legajos que encontraron los empleados, demostraron que Muiña cometió crímenes durante la última dictadura cívico-militar.

Durante el Juicio a las Juntas, trabajadores sobrevivientes del Hospital Posadas , participaron como testigos. En 1985, concluyó con la lectura de las penas. Luis Muiña fue uno de los condenados.

Gladis Cuervo, enfermera del hospital, fue una de las testigos, que relató en 1985, ante los tribunales, que estuvo secuestrada-desaparecida dentro del Posadas.

El genocida del 2X1

En mayo de 2017, Muiña fue beneficiado con el 2×1 por la Corte Suprema de Justicia, con el voto a favor de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (los ministros que Macri nombró por decreto que por el repudió que generó debió esperar a que el Senado apruebe los pliegos). Las movilizaciones que se realizaron en todo el país llevó a que en pocas horas el Congreso votará contra el fallo de la Corte, y el genocida volvió a ser detenido.

Para Highton, Rosenkrantz y Rosatti, Muiña podía ser beneficiado con la ley 24.390, sancionada en 1994, que estuvo en vigencia hasta 2001. Mucho después de los crímenes que cometió Muiña y mucho antes de que fuera detenido, procesado y condenado.

Luis Muiña estuvo detenido cuatro años, entre 2007 y 2011, mientras era juzgado en la primera de las causas. En 2011 fue condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires a 13 años de prisión. El TOF computó los años que estuvo en prisión sin condena, y calculó los que debería estar en prisión utilizando la ley de 1994. El Ministerio Público Fiscal no estuvo de acuerdo y apeló. En 2014, la Sala IV de la Casación Federal le dio la razón a la fiscalía y dijo que no correspondía usar esa ley para Muiña. El abogado defensor de Muiña llevó el caso a la Corte Suprema solicitando el beneficio del 2x1, que computa doble los días en prisión sin condena.

El futuro presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue el artífice del fallo que generó el repudio y motivó a que cientos de miles de manifestantes se movilizaron en todo el país el 10 de mayo del año pasado.

La movilización popular, la lucha de los organismos de derechos humanos, lograron derrotar el fallo y que Muiña reciba una condena a cadena perpetua.

Esta sentencia del Tribunal llegaba en el mismo momento que los trabajadores del Posadas, realizaban un abrazo al hospital, en rechazo al brutal ajuste en la salud pública y los nuevos despidos. La sentencia y que los trabajadores del Astillero Río Santiago lograrán dar un importante paso adelante en su lucha, es un aliento para la importante pelean que están dando los trabajadores del Posadas.

Ronda de Madres y la Ministra que mira mucho CSI

Terminada la ronda del jueves pasado, Nora Cortiñas habló de Ismael: “Lo indignante, además de la muerte, es el periodismo que decía que este chico murió, no decía 'lo asesinaron'. La mentira del gobierno, de la policía y del periodismo. Qué desgracia tenemos con el periodismo, pasan los años y encima tenemos los despidos de Télam y lo de las agencias perseguidas. Todo este ataque y esta invención, la Bullrich que primero empezó con los RAM, ahora llama saqueo a lo que es hambre y gente que quiere alimentos, pero además no dicen del saqueo que nos están haciendo al pueblo argentino”. (Por Paulo Giacobbe La Retaguardia)

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sumó en estos días una nueva medalla. En declaraciones a medios masivos amigos, afirmó que los saqueos en Mendoza están organizados por grupos kirchneristas, pero "en lo de Chaco la situación es un poco distinta. Hay un barrio en Sáenz Peña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado había mucha agitación por medio de Whatsapp de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía: lo sabía el dueño del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros, lo sabía la policía provincial, el gobierno, lo sabíamos todos”. De ese modo, Patricia Bullrich reconoció torpezas propias. Probablemente porque los hechos fueron otros, es que aún no hay nadie preso por el asesinato de Ismael. “Lamentablemente en algo que se sabía iba a pasar: terminó muriendo un chico en una situación típicamente de confusión, de arenga mal llevada”, analizó la Ministra que defiende cualquier asesinato de las fuerzas que comanda y que lleva adelante investigaciones de acuerdo a las series que mira: "Cuando uno mira la serie de Pablo Escobar Gaviria, ve que se le pudría la plata de tanto que tenía. El dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en los paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares: se entierra”, afirmó en una entrevista con Luis Majul, donde uno y otro hablaron de tener información de containers enterrados en lugares amplios o descampados.

Se trataría de una novedad: paraísos fiscales de puerta dura. Pero además hace pensar que la plata no se fuga, se queda en el país para nada. El negocio no es enterrar, es fugar. Saquear.

La Ministra ya tiene antecedentes. Sobre el caso Nisman dijo que vio en una serie que “la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe una persona totalmente cubierta, tira un piolín y lo hace suicidar”. Suponemos que el mafioso ruso tiene la cara cubierta por tratarse de un giro de tuerca de la serie y no de un piquetero de la Russkaya mafiya, pero por sobre todo agradecemos que Bullrich aún no miró la serie animada Rick and Morty,  si no la galaxia misma estaría en peligro. Porque ni siquiera se basa en documentales, sino directamente en la ficción, y desde ahí avanza para decir que no va a tirar un gendarme por la ventana o sale a merendar sanguchitos de miga con Luis Chocobar, el policía que fusiló a un adolescente en el piso. Cambiar doctrinas, dice. No respeta protocolo y le da la derecha a los asesinos uniformados. Desde reprimir murgas infantiles a atacar a la organización social La Poderosa acusándolos de narcotraficantes. La Ministra que alucina con el enemigo interno no tiene límites y le puso su firma a un informe donde ataca a comunicadores y organizaciones sociales, referentes de pueblos originarios, partidos políticos opositores y lo que se pueda incluir dentro de la todo terreno sigla “RAM”. Organización que según la ministra tiene alcance internacional y financiamiento diverso. La idea no parece tomada de una plataforma de contenidos visuales, sino más bien de otro canal. Info TV Servicios copia y pega para usted. Al asesinato de Ismael en Chaco se le puede sumar el de Facundo, de 11 años, en Tucumán. En ese caso, la policía le disparó en la nuca. Dijeron que se trató de un enfrentamiento. Bullrich defendió el accionar de la policía: “Disparar o no por la espalda depende de la situación. Es un detalle”. Facundo no tenía restos de pólvora en sus manos y uno de los policías que disparó dio positivo en el análisis toxicológico. Cocaína y marihuana.

En ambos casos, Ismael y Facundo, en las redes atacaron a las víctimas difundiendo fotos falsas. En los medios es igual de grosero. Con Santiago Maldonado, Clarín llego a afirmar los dichos de un policía: “Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago”. Y eso no es lo peor que publicaron. Con Rafael Nahuel ocurrieron noticias similares. Se los demoniza. Las víctimas son responsables de sus muertes. El método que la Ministra propaga no es nuevo, Info TV Servicios lo viene desarrollando desde hace rato. Grandes medios de comunicación, como Clarín y La Nación fueron sus arietes durante el Terrorismo de Estado en la última dictadura. Es inaudito que tengan credibilidad.

Las locas

Nora recordó las primeras rondas en la Plaza: “Algo que a veces nos pasa con Mirta (Baravalle), cuando empezamos a venir pedíamos por nuestros hijos, por la verdad, aparición con vida, dónde están, que pasó con ellos. Eran pedidos específicos sobre la situación de los desaparecidos, entonces esta reunión era de memoria, verdad, justicia por los desaparecidos. Al tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa reunión por memoria, verdad y justicia nos llevaba a pensar las consecuencias de lo que fue el Terrorismo de Estado. Estamos viviendo hoy esas consecuencias. Por ejemplo la muerte de Chicha Mariani (Fundadora de Abuelas), se murió después de esperar 42 años poder abrazar a su nietita que se la robó el Terrorismo de Estado, que están vivos los que se robaron a esa bebita. Quiere decir que estamos rodeados de Terrorismo de Estado. La muerte de Ismael, la muerte de mujeres que están luchando permanentemente en barrios muy pobres, la ley del aborto que no sale, es Terrorismo de Estado”.

Desde que la ley por la interrupción voluntaria del embarazo fue rechazada en el Congreso, y a raíz de la presión que la Iglesia Católica ejerció para que no salga, es que Nora quiere apostatar y pide la separación de la Iglesia del Estado: “Estuve apoyando la separación del Estado de la Iglesia, soy católica por herencia, ahora me estoy apartando de lo que es la religión. El dogma. Creo en Dios. Esta mañana me pregunté cómo ellos (los curas) cobran sueldo, sin haber admitido el terror, la tortura, los vuelos de la muerte, cuando entraban a los campos de concentración diciéndole a la gente torturada que hable o hay más torturas. Cuando ellos bendecían las armas de los torturadores que torturaban a nuestros hijos, a nuestras hijas, a niños, cuando participaban en ese festival del horror, si sería porque cobraban un sueldo o sería por su propia ideología y creencia, porque cuando ellos escucharon y leyeron que íbamos a hacer esta propuesta de separarlos del Estado, creyeron que era por cuestiones económicas y rápidamente dijeron que iban a entregar eso para bien público, pero no es eso. Es la ideología de ellos. La postura y querer meter en la cabeza del pueblo su ideología. Quiero explicar que pedir la separación del Estado de la Iglesia no es ningún acto de venganza, ni de odio, ni de bronca. Es lo que corresponde, no tienen por qué depender, si cuando dependían no trabajaron para los pobres, para el pueblo, ¿por qué vamos a tener que seguir aguantándolos? Yo me quiero separar del club del mal, rescatando algunos curas que quiero, que nos acompañaron en los años de más tristeza. Nunca de los curas nuestros, nos quisieron consolar diciendo que rezáramos que así se nos iba a pasar el dolor... nunca. Los curas que son los nuestros”. 

Y concluyendo, Nora volvió a hablar de saqueo: “Todos los desaparecidos son parte de la deuda externa, porque los desaparecidos de antes y ahora, son parte del sistema económico perverso, que cambian los gobiernos y sigue el plan económico neoliberal, capitalista. El capitalismo es meterte la mano en el bolsillo y reventarte, el Fondo Monetario Internacional es el primer instrumento que tienen para vaciar el país y hacernos esclavos. El G20, que vienen a encontrarse los presidentes democráticos, van a cercar todo el país para que el pueblo no se pueda acercar a ningún lado donde ellos estén, pero vienen a imponer las órdenes. Por eso las madres nos transformamos y hablamos del FMI, de la desocupación, del hambre. Antes también era vengan a la plaza y no digan nada, son las locas. Quédense mudas. Muchos años pasaba la gente por acá y nos miraba y seguía de largo, porque el gobierno nos dijo locas. No les hablen, no se arrimen, porque son las locas. Bueno, acá están las locas que quedamos y estamos con todo el pueblo”.

Desangrarse

En la Ronda, trabajadores ambulantes de Senegal relataron cómo son maltratados por la policía que les roba la mercadería y objetos personales en allanamientos a sus domicilios. Integrantes de Pueblos Originarios acompañaron a las Madres con carteles por Ismael Ramírez, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, pidiendo justicia. Amalia Ameli Vargas, de la nación chicha, que marchó con la wipala y tenía un cartel por el niño qom, va a repudiar al Estado que asesina a sus hijos: “Los pueblos originarios defienden la tierra, por eso son encarcelados. Porque si no, no pueden tener territorio para vender a las grandes empresas. El pensamiento occidental compite para quitarnos el territorio y la Iglesia compite para quitarnos nuestra cultura. Nos obliga a rezar, a arrodillarnos. Nosotros no estamos para pedir perdón. Somos ricos en naturaleza, tenemos nuestras medicinas. Pedimos a todos los que están en el Estado que se hagan cargo de la muerte de Ismael”.

Desde este jueves en la Plaza de Mayo, junto al presente por los 30.000, sobrevuela una poesía de Ricardo Chávez Miranda que se leyó por Ismael. Aquí un fragmento: “La mentira justifica todo, menos tu desangre. Esa edad preciosa, que perdiste, fue mía, te debemos una caricia en la frente.”