La pena máxima fue para el ex brigadier Miguel Ángel Osses, sentenciado a prisión perpetua. Cinco acusados fueron condenados 25 años, uno a 12 y otro a 9 años de cárcel. El tribunal incluyó también los delitos sexuales. Es la primera vez que se dicta sentencia sobre el rol institucional de la Fuerza Aérea en el terrorismo de Estado.
Fotos: Guido Piotrkowski.
Los dieciséis meses de juicio oral por los crímenes ocurridos en la sombría Mansión Seré, en tres comisarías y tres bases aéreas de la subzona 16, terminaron con una prisión perpetua, cinco condenas a 25 años de cárcel, otra a 12 años y la última a 9 años, que desataron el llanto y los abrazos de los sobrevivientes y sus familiares en la calle, fuera de las instalaciones del celoso tribunal. “Fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros después de tantos años. Estoy muy emocionada”, dijo Adriana Rapetti a Infojus Noticias con la voz casi quebrada. Su compañero, Oscar Miranda, tenía 25 años, militaba en Montoneros y está desaparecido. A su lado, con un traje cruzado y sombrero de ala corta haciendo juego, a Rubén Galucci, se le llenaban de lágrimas los ojos. “Es un día de júbilo. Valió la pena haber esperado treinta años para escuchar una condena que nos reconcilia con el pasado y la memoria”, alcanzó a decir Galucci antes de que se lo tragaran los brazos de una mujer. El abrazo duró varios segundos, en silencio. Rubén fue el compañero de celda de Miranda y es un hombre muy querido entre los familiares de las víctimas desaparecidas en los centros clandestinos regenteados por la aeronáutica: es que muchas veces, su relato de lo que pasó allí es todo lo que tienen.
Pasadas las 14.30, Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, comenzó la extensa lectura de las penas que recayeron sobre los ocho imputados. El ex brigadier Miguel Ángel Ossés fue el único condenado a prisión perpetua. Se le adjudicó un rosario de delitos: ser coautor de dos o más homicidios agravados, de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de fuerza e intimidación en cinco casos y de abuso deshonesto por otros cuatro. También privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas contra 44 personas y doblemente agravada porque permanecieron secuestradas más de un mes en 51 casos, y los tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos contra las 95 víctimas del juicio.
Daniel Alfredo Scali.
Sus compañeros de jerarquía, los también ex brigadieres Hipólito Mariani y César Miguel Comes, recibieron 25 años porque no fueron acusados por homicidio. A Mariani –que hizo una defensa política en sus últimas palabras, que debieron ser suspendidas por un contemplativo tribunal- se le adjudicaron los mismos casos de abuso sexual con los mismos agravantes, dos casos de abuso deshonesto, las prisiones ilegítimas de la libertad –mismo agravantes- por 27 y 33 casos, y los tormentos agravados contra 60 secuestrados. A Comes, que en sus últimas palabras dijo que no había ordenado o conocido ninguna detención durante su gestión al mando de la subzona 16, le cayeron los mismos delitos pero en distinta cantidad: 41 hechos de privación ilegal de la libertad agravadas por el uso de la violencia y las amenazas y 25 doblemente agravadas por haber durado las detención es más de un mes. Los tormentos agravados los cometió contra 64 víctimas.
Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis –ambos ex cabos de la Fuerza Aérea- y el ex policía Héctor Oscar Seisdedos los sentenciaron a 25 años de prisión. Para los tres fue la primera condena. Scali dijo ser un simple mecánico de mantenimiento de aeronaves G2 Guaraní, pero varios sobrevivientes lo identificaron como un cruel torturador. Lo condenaron por 25 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y 18 doblemente agravada por haber durado el cautiverio más de un mes. También por haber cometido 44 hechos de tormento agravado.
Barberis, al llegar a los tribunales de San Martín.
Barberis fue coautor de 9 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y otros 9 de tormentos agravados. Lo de Seisdedos –que hasta hace pocos años daba charlas como especialista en Seguridad- fue diferente: fue partícipe necesario de los abusos sexuales contra cinco víctimas y coautor en 14 ocasiones de privación ilegal de la libertad agravada por la violencia y las amenazas, y en 12 por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber durado el cautiverio de sus víctimas más de un mes. Y culpable de 24 casos de tormentos.
Los montos de penas más exiguos fueron para los otros dos ex policías bonaerenses: el ex comisario Néstor Rubén Oubiña fue sentenciado a 12 años por haber cometido privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas en 8 ocasiones, 2 más doblemente agravada y un caso de tormento agravado. Al ex cabo Ramón Sosa –que oyó la sentencia al lado de su esposa y su hija y se retiró presuroso por la puerta trasera- lo condenaron a 9 años. Fue responsabilizado como partícipe secundario de ocho hechos de privación ilegal de la libertad agravada y 13 de privación ilegal de la libertad doblemente agravada. Además, le atribuyeron 21 hechos de tormentos agravados.
En sus últimas palabras, Sosa pidió perdón a sus víctimas y dijo que les llevaba la pizza que cocinaba su esposa a los secuestrados de la comisaría. Agregó que “actuó bajo presión”, y destacó que le fue a avisar a la madre de Adriana y Soraida Martín –dos sobrevivientes que hoy estuvieron en la sala- que sus hijas estaban vivas. No les dijo dónde. Cuando el jurado terminó de leer el veredicto, Soraida pidió “un aplauso por los compañeros ausentes”, y llorando, destacó la importancia de “haberlos condenado por los delitos sexuales”.
La causa que se abre
“Estamos conformes con la sentencia”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Martín Niklison, fiscal del juicio y además a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. “Aceptaron todo lo que pedimos, incluso la acusación por los delitos sexuales. En lo único que no coincidimos fue en la pena para los policías”, agregó. La fiscalía había pedido 19 años para Sosa –como partícipe necesario de los crímenes- y 25 para Oubiña. “Tal vez vayamos a recurrirlas. Pero lo importante es que condenamos a los jerarcas”, concluyó.
El fallo del Tribunal Oral Federal N°5 –integrado además por Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler-, también decretó que todos los condenados sigan detenidos y remitir copia de las audiencias al juzgado federal N° 3 de Daniel Rafecas, para que se investiguen los “posibles delitos de acción pública” cometidos por alrededor de treinta personas que no estaban en el banquillo, y en otros lugares mencionados durante las audiencias, como Coordinación Federal, Vesubio, la comisaría de Concordia y hasta “una fábrica de guantes en William Morris”.
Algunos de las personas que el jurado ordenó investigar nunca han pasado por el banquillo de los acusados, y otros ni siquiera son civiles. Por ejemplo, el jefe de personal, el gerente de relaciones industriales y al dueño de la curtiembre Sidec, de donde fue secuestrado Rubén Milstein. “Ellos fueron los que le pidieron a la Fuerza Aérea que me secuestraran. Yo he tenido reuniones donde el mismo brigadier Santuchione que se reunían semanalmente con los jefes de personal de las empresas y le pasaban la lista de la gente que había que secuestrar”, le contó esta tarde a Infojus Noticias. La curtiembre, que en aquella época tenía alrededor de mil empleados, la fundieron y hoy apenas sobrevive como cooperativa con treinta o cuarenta.
A Milstein se lo notaba más liviano, desembarazado por fin de una mochila muy antigua y muy pesada. “Me siento muy bien, hasta me tomaría una cerveza”, le dijo a esta agencia. “Hay una pata importantísima en estos juicios, que son los pequeños sectores concentrados financieros, empresariales que han producido el golpe de estado que hoy se condena acá. Ellos ideologizaron a las fuerzas armadas, le dieron argumentos políticos y religiosos para que se creyeran la salvación de la patria de una amenaza roja”, dijo. “A ellos hay que juzgarlos, porque si no aquello que atravesamos nosotros como generación se puede volver a repetir”, concluyó.
En la calle, la luz de la tarde de San Martín se iba poniendo tenue. En la esquina, sentados en la mesa de un café esperaban los familiares de Nora Etchenique. “Es lo menos que merecían”, dijeron sobre el fallo. El resto de las víctimas de la Fuerza Aérea, que monopolizó la represión ilegal en los partidos de Morón, Merlo y Moreno -y fue condenada como institución por primera vez-, se agolpaban en semicírculo alrededor de los oradores que hablaban en el micrófono de la radio abierta del Colectivo de Comunicación, que le puso la banda de sonido a la histórica jornada. Los aplausos, los abrazos, las lágrimas y las sonrisas se impusieron. Con una demora de casi cuarenta años.
LB/AF/MELRA
