Los partícipes necesarios del terror

Procesan y detienen a tres ex oficiales que participaron de la logística del centro clandestino Sheraton

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por el juez Rafecas. Integraron la organización responsable de tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas.

Por Ailín Bullentini

Sheraton funcionó entre 1976 y 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable. 

Un ex oficial del área de Personal, otro de Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1 durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos” para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y ordenó su captura bajo prisión preventiva.

Ricardo Pascual fue oficial de Personal del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978 y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los mismos”, planteó el juez.

Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte, fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1 entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas, transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad, asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.

La investigación judicial comprobó “la íntima relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley, conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.

En ese sentido, los procesamientos “completan un poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa: “En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos para que todo aquello suceda”, analizó.  

Justicia tardía

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton –el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar. 

Esos casos, justamente, fueron los primeros en ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy, quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad; el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume. 

“Llaman la atención todos los hechos relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de tormentos y al menos tres homicidios. 

La abogada de la familia Carri destacó: “A más de una década de la reapertura del proceso de justicia sobre los hechos de la dictadura, hay investigaciones que recién están llegando a la etapa del debate oral y público. Estamos hablando no solo de hechos a analizar sino de víctimas y familiares de víctimas que décadas y décadas después de batallar recién  ahora empiezan a obtener un poco de justicia”. 

Las cartas de los secuestrados

El centro clandestino funcionó de octubre de 1976 a octubre de 1978. La investigación abarca a unas veinte víctimas, entre ellas Ana María Caruso de Carri y Héctor Oesterheld. Algunos de los represores que irán a juicio son Rodolfo Godoy, Cunha Ferré y Héctor Gamen.

 Por Alejandra Dandan

“Ahora está con nosotros ‘el Viejo’, que es el autor de El Eternauta y el Sargento Kirk. ¿Se acuerdan? El pobre viejo se pasa el día escribiendo historias que hasta ahora nadie tiene intenciones de publicarle.” El viejo Héctor Oesterheld y la autora de esa carta, Ana María Caruso de Carri, aún estaban secuestrados pero vivos, en el centro clandestino de detención y de tortura montado en la subcomisaría de Villa Insuperable, de La Matanza, a la que los represores mencionaban como el Sheraton. El CCD funcionó durante dos años, de octubre de 1976 a octubre de 1978. Ni ellos ni otra gran parte de los detenidos desaparecidos de ese lugar volvió a tener contacto con sus seres queridos desde diciembre de 1977. El juzgado de Daniel Rafecas acaba de elevar a juicio oral y público la investigación de esta causa por unas veinte personas, entre ellos Ana María y el viejo Oesterheld. La causa llega a juicio con su responsable máximo fallecido, el dictador Jorge Rafael Videla, y seis acusados, cuatro militares y dos policías.

“Este centro clandestino –dice Rafecas– mantuvo un doble aspecto, por un lado los detenidos ilegales podrían haber accedido en algunas ocasiones a contactarse con sus familiares mientras estaban cautivos, mediante visitas a sus domicilios, a los que eran llevados por personal policial o militar, o a través de cartas manuscritas que enviaban mediante Jorge Sandobal, policía de la Unidad Regional de Morón, fallecido en el año 2002. A la vez, en algunas ocasiones, se los dejaba circular en el lugar de cautiverio sin capucha ni esposas u otros medios de sujeción. Sin embargo –advierte el juez–, estas concesiones fueron compensadas por la cruel tortura y la desaparición de cada una de las personas que en su momento tuvieron acceso a tales posibilidades.”

El Sheraton o el Embudo funcionó bajo el mando del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, a cargo del ya fallecido coronel Antonino Fichera. El segundo jefe de la unidad militar era el ex coronel Juan Manuel Costa, que llegó a estar procesado en esta causa pero falleció mientras la Cámara Federal revisaba su procesamiento. A juicio oral irán las líneas de mandos que estaban por debajo: el jefe de la plana mayor, Rodolfo Enrique Godoy; el oficial de Inteligencia Cunha Ferré y el oficial de Operaciones Roberto Obdulio Godoy. También Héctor Gamen, segundo jefe y jefe de la plana mayor de la Brigada Décima de Infantería. Y dos subcomisarios que estuvieron a cargo de modo sucesivo de esa dependencia policial: Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano. Rafecas les imputó a los seis la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a unas veinte personas alojadas en el centro clandestino Sheraton y obligadas a realizar tareas para el personal militar en el Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Sobre el trabajo forzado, el juez toma fragmentos de las cartas escritas por los detenidos. Entre ellas, una de Ana María Caruso dirigida a sus hijas Paula, Andrea y Albertina Carri en la que explica que por ahí habían estado los generales “Vaquero, Jáuregui y Martínez”, es decir, dice el juez, tres altos mandos del Estado Mayor del Ejército hoy fallecidos. “El otro día –dice la carta– cuando llamamos estábamos viendo televisión porque estábamos trabajando en una oficina, pero aquí todavía no tenemos televisión (...) A esa oficina vamos a trabajar casi todos los días. El otro día vinieron de visita (a la oficina) 6 generales, entre ellos Vaquero, Jáuregui y Martínez y nos preguntaron algunas boludeces. Los que estábamos ahí no éramos todos, sino un seleccionado de cuatro solamente entre los que estábamos papá y yo. Yo era la única mujer (y a los milicos les cuesta mucho aceptar que una mujer labure en una oficina de ellos).” “Papá” es el sociólogo y escritor Roberto Eugenio Carri.

Otra carta es de Pablo Bernardo Szir, secuestrado el 30 de octubre de 1976 en Ramos Mejía. En noviembre llamó a la familia por primera vez y desde entonces llamó y escribió hasta que se entrevistó con sus hijas en junio de 1977. En una de las cartas describe el lugar de trabajo forzado en el “Cuartel de Ciudadela”: “Bastante seguido vamos al cuartel para los trabajos de oficina, pero también –dijo– a veces pasan largas semanas de encierro y aislamiento”.

En el año 1984, la Conadep describió algunas características de este centro clandestino publicadas luego en el Informe Nunca Más. Como dice Rafecas, allí también está presente la dualidad del espacio en el que convive la presencia de la tortura y del trabajo forzado de los detenidos ilegales, en un escenario donde carceleros y victimarios permiten escribir cartas a los detenidos destinadas a sus seres queridos o mantener contactos ocasionales. “¿Qué se proponían quienes tenían detenidas ilegalmente a un grupo de personas a las que permitían ponerse en contacto con sus familiares?”, se pregunta en ese momento la Comisión. Y responde: “No podemos contestarnos esta obstinada pregunta”. Aquel viejo informe que acaso comenzará a tener algunas respuestas a lo largo de este juicio transcribe otros tres párrafos de una carta de Ana María. Y allí, las sensaciones y especulaciones que atravesaban a quienes estaban en ese lugar. “De todos modos hay algunas cosas que nos preocupan –dice ella–. En primer lugar, lo nuestro no sé cómo va a terminar. Este fin de año, antes de que se concretaran los pases, estuvieron hablando a ver qué hacían con nosotros; supongo que la discusión debe haber sido en la Brigada. Allí hubo tres posiciones: unos decían que ya la guerra estaba casi terminada y nosotros ya no prestábamos ninguna utilidad, por lo tanto había que matarnos; otros decían que ya no éramos útiles y que había que pasarnos a disposición del PEN y otros decían que seguíamos siendo útiles y que lo íbamos a ser por un tiempo largo y, por lo tanto, no podíamos seguir viviendo en esta situación por tanto tiempo. Como no hubo acuerdo, la discusión se postergó, lo cual es favorable, creo yo, porque a medida que pase el tiempo la cosa se ablanda y es más difícil matarnos.”

Por el Sheraton pasaron, además, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial. “Ninguno de los detenidos desaparecidos citados más arriba –continúa el texto de la Conadep– volvió a tener contacto con la familia desde ese diciembre de 1977. Sus captores por fin habían tomado la decisión.”

El juicio oral será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 1 integrado por Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. El mismo tribunal ya dictó condenas en la causa Automotores Orletti y está realizando el juicio por el Plan Cóndor.