viernes, 30 de diciembre de 2016

​ A 12 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑON: EL ESTADO ES RESPONSABLE

Compañeros y compañeras:
                                                  ​El 30 de diciembre se ​cumplen 12 años de la masacre de Cromañon. Los compañeros del colectivo Cromañon que no se repita nos convocan, como todos los años,  a un acto en Plaza de Mayo a las 19 hs con las consignas:

A 12 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑON: EL ESTADO ES RESPONSABLE
LOS PIBES DE CROMAÑON PRESENTES

 NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS​.


Reproducimos la convocatoria:


Estimadxs amigxs de las organizaciones y colectivos hermanxs, les pedimos que nos acompañen el 30 de diciembre a Plaza de Mayo para recordar a nuestros pibes, leer el documento conjunto, solidarizarnos con otras luchas, y leer  junto a referentes de la lucha por derechos humanos ayer hoy y siempre, Cartas homenaje a nuestros chicos.

Todavía están a tiempo en cuanto a escribir alguna carta, les pedimos que la envíen por mensaje privado al face de cromañon10añosdespués
También les pedimos que, además de difundir nuestra propia convocatoria como familiares, sobrevivientes y amigxs, puedan escribir en el adjunto, la propia adhesión y difundirla (para eso hay un lugar en blanco en el flyer) y si tienen el logo respectivo, también sumarlo

ESTAREMOS EL 30 DE DICIEMBRE EN PLAZA DE MAYO. Misa 18 hs  y Acto homenaje  PUNTUAL 19 hs.
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A 12 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑON: EL ESTADO ES RESPONSABLE
LOS PIBES DE CROMAÑON PRESENTES-
 NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
 

Grupos Memoria y Justicia y Que No Se Repita: colectivo unificado: Por memoria y justicia, Cromañón que no se Repita

lunes, 5 de diciembre de 2016

Extraditaron al "doctor" de los vuelos de la muerte de la dictadura


Juan Carlos Francisco Bossi, quien era conocido como el "doctor", que durante los vuelos de la muerte, se subía al avión vestido con bata de médico y, según informó en su momento la Agencia Telam, torturaba a sus víctimas por asfixia con las sondas de caucho que se usan para hacer torniquetes. Según la investigación judicial, él era quién inyectaba y asesinaba a los secuestrados.

Luego de un año y medio de investigaciones, el lunes la Policía Nacional de Colombia entregó en calidad de extraditado, a Juan Carlos Francisco Bossi, que era requerido por la justicia argentina por delitos de Lesa Humanidad, era conocido como "el doctor" y está acusado de ser el que inyectaba a las víctimas de secuestro en los vuelos de la muerte y los asesinaba.

A Bossi, que hoy tiene 67 años, se lo señaló como “el doctor”, porque solía subir a  los vuelos de la muerte vestido con bata de médico y torturaba a sus víctimas por asfixia con las sondas de caucho que se usan para hacer torniquetes. Según la investigación judicial, está acusado de ser quién inyectaba y asesinaba a los secuestrados.

La justicia ordenó su detención en 2011, acusado de secuestro, tortura, desaparición y homicidio.

 Cuando la justicia empezó a buscarlo llevaba casi tres décadas afuera del país: había abandonado a su familia en 1981 para escapar a España. y vivió escondido en Barcelona hasta el 2010, cuando decidió mudarse a Colombia.

“De acuerdo con el análisis realizado a las huellas dactilares se determinó que Bossi adquirió de manera fraudulenta documentos de identidad colombianos, lo que aunado a sus conocimientos en el campo de la inteligencia militar le facilitaron movilizarse sin ser detectado”, informaron desde la Policía Nacional de Colombia.

Según informaron desde la misma entidad, Bossi se movía con cinco personas que trabajaban para él y  “se encargaban de realizar sus diligencias personales tales como pagos de alquiler y transacciones bancarias, esto con el fin de no dejar rastro de su presencia en el país”.

Lo detuvieron en marzo, mientras iba a atenderse a la Entidad Promotoras de Salud porque sufre de cáncer pulmonar. Desde Colombia informaron que cayó mientras abordaba un taxi para ir a una cita médica y ahora deberá responder por sus crímenes en Argentina.

(Fuente: Cosecha Roja).

Amplían la lista de periodistas desaparecidos en la dictadura

Una investigación de la Secretaría de Derechos Humanos elevó a 172 el número de trabajadores de prensa víctimas del Terrorismo de Estado. Claves de un informe en permanente construcción.
Pablo Roesler

Cuando la Conadep publicó el primer listado de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar registró que el 1,6% eran periodistas. Eran 84, un porcentaje elevado del que tomaron nota en el Nunca Más. Pero con el transcurrir de la democracia ese número fue creciendo: en 1986 la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA) anotó 90; en 1998 UTPBA llegó a 100; en 2005 el listado alcanzó 131 casos, y este 2016, una investigación presentada en las jornadas de Historia y Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) estableció que fueron 172 los trabajadores de prensa y reporteros gráficos víctimas de desaparición forzada y asesinato por el accionar represivo del Estado entre 1976 y 1983.

    85 por ciento de los periodistas fueron secuestrados en el área metropolitana.

El trabajo titulado “Periodistas, trabajadores de prensa y gráficos desaparecidos: Una lista en construcción” da cuenta de la investigación realizada en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El informe fue elaborado por María Rosa Gómez y Matías Scheinig, trabajadores de esa dependencia estatal e investigadores de la UBA, UNLP y UNICEN. Los autores ponen de relieve que se trata de una información “en proceso de ampliación, corrección y actualización permanente”.

“En la presentación del Informe Nunca Más, del año 1985, se consignaron 84 periodistas detenidos desaparecidos. Este número fue creciendo con el correr de los años de acuerdo a diferentes investigaciones publicadas. Para la conmemoración del 24 de marzo de 2016 hemos realizado una nueva actualización de los datos del RUVTE que nos permitió informar la cantidad de 171 periodistas desaparecidos”, explican Gómez y Scheinig.

Pero además, aclaran que, en el transcurso del año, el RUVTE avanzó en la investigación de nuevos casos de periodistas desaparecidos y logró incorporar el nombre de Alicia López, profesora de Letras, militante de las Ligas Agrarias y periodista, quien publicó en el Chaco el periódico El campesino. “Con esta nueva información incorporada al RUVTE llegamos al número 172”, detalla la investigación presentada a principios de noviembre en las jornadas “La comunicación está de historia” realizada por el Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo y Medios (CEHICOPEME) en la Facultad de Periodismo de La Plata.

Entre los casos más recientes incorporados están los de corresponsales de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), como Norma Leticia Batsche y Carlos Enrique Bayón, desaparecidos en diciembre de 1976. La fuente de esas desapariciones consta en el libro ANCLA, Rodolfo Walsh y la Agencia de Noticias Clandestina, de Sergio Bufano e Israel Lotersztain publicado en 2012 y en el tercer tramo del juicio sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el que declaró la hija de ambos, Leticia Eva.

La nómina actualizada incluye casos de obreros gráficos que trabajaban en diarios u otras publicaciones periódicas y a los trabajadores de prensa.

El trabajo permitió a los investigadores agrupar a una porción de víctimas de la dictadura por su rama profesional. Y retomando lo que advirtió la Conadep, señalaron que “no fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales que integran el sector”.

Allí, los investigadores insisten en que “las condiciones en que se perpetró el Terrorismo de Estado obligan a aclarar que este listado está en permanente construcción”. Y explicaron que “quienes ejecutaron los crímenes mantienen un pacto de silencio respecto del destino final de los cuerpos, como así también las respuestas a las preguntas de quién, cuándo, dónde y por qué”.

lunes, 21 de noviembre de 2016

“Ponen la lupa sobre las víctimas para esconder los juicios de la complicidad civil”

Lo planteó Ángela Urondo Raboy, hija de Francisco Urondo y Alicia Cora Raboy, en relación al informe elaborado por la ONG Ciudadanos Libres a partir de datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, sobre el número de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. En diálogo con el programa Oral y Público, que conducen Fernando Tebele y María Eugenia Otero, junto a Víctor Basterra y Paulo Giacobbe, por Radio La Retaguardia, Urondo Raboy señaló: “me parece que cuando quieren llevar la lupa sobre la víctima y no sobre los victimarios tiene que ver con esconder esta etapa de juzgamiento de la complicidad civil sobre la dictadura”. (Por La Retaguardia)

Para Ángela Urondo Raboy la actitud del actual gobierno nacional en relación a los derechos humanos es de un “negacionismo permanente”. “Intentan instalar la discusión de cuántos son los desaparecidos como si un solo desaparecido no fuese genocidio. Y por otro lado, nos hace a todos estar entablando las discusiones con ese eje como si fuera el importante. Me parece que hoy está bueno pensar en que si el Estado tiene los medios para hacer este tipo de informes sobre la cantidad de desaparecidos tranquilamente los tiene para hacer las mismas investigaciones sobre los desaparecedores. ¿Qué hacemos investigando a las víctimas cuando todavía no investigamos a los victimarios como corresponde?”.
La última semana la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respondió a un requerimiento de la ONG Ciudadanos Libres que solicitaba conocer el número de personas desparecidas durante la última dictadura. La dependencia que encabeza Claudio Avruj utilizó para ese fin los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que depende del Ministerio de Justicia, que indica que figuran 8571 personas desaparecidas entre 1973 y 1983. Esto despertó fuertes críticas por parte de los organismos de derechos humanos.
 
Al respecto, Urondo Raboy consideró: “aunque quieren llevar la discusión al terreno de si fueron 30.000, 16.000, 4.000; los que quieran, esto fue un genocidio, fue una aberración, lo que pasó queda inscripto en los genocidios. Uno tiene que ir a los fundamentos de los fallos para encontrar las respuestas, porque las respuestas las dan los jueces ahí. Hay que mandarlos a leer los fundamentos de los fallos que están todos subidos por ejemplo en el sitio de los fiscales, hay sitios donde uno puede acceder a esta información que es lo que dice la justicia respecto al genocidio en Argentina, pero me parece que cuando quieren llevar la lupa sobre la víctima y no sobre los victimarios tiene que ver con esconder esta etapa de juzgamiento de la complicidad civil sobre la dictadura, me parece que eso es exactamente lo que quieren hacer”.

Contradicciones

Ángela Urondo Raboy calificó como un “error enorme” que el actual gobierno nacional asocie los juicios de lesa humanidad y la lucha de los derechos humanos con el signo político del gobierno anterior: “los juicios y los movimientos de derechos humanos son muchísimo anteriores al kirchnerismo, los juicios tienen sus antecedentes antes de Néstor Kirchner, entonces me parece que cerrar un pedido de justicia que es por un daño que se hizo a toda la sociedad, no solo a las familias entre comillas de los subversivos, es algo que toda la sociedad merece salvar, incluso los genocidas tienen derecho a esa justicia, y eso es algo importante de pensar, el Estado está tratando de negar algo que es para todos no solo para las víctimas, para los sobrevivientes. El Estado está teniendo actitudes contradictorias: por un lado sigue siendo querellante en algunos juicios; por el otro retira equipos de investigación en áreas específicas, como la Unidad sobre Delitos Financieros por medio de la que se pudieron rastrear fideicomisos que sustentaban la vida de los genocidas prófugos, por ejemplo. Es un momento muy contradictorio donde dicen todo el tiempo que su interés es sostener la política de derechos humanos pero por otro lado la bastardean, la ningunean, la achican y cambian el eje de lo que importa investigar. El Estado tendría que estar ocupándose de acompañar a las víctimas y en investigar los delitos, no en otra cosa”.

Sin dobleces

En los últimos días, Ángela tuvo un cruce de opiniones a través de las redes sociales con Luz Faingold, sobreviviente del Terrorismo de Estado y actual secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, a partir de la invitación que realizó la funcionaria a ver un documental que incluye teorías reconciliadoras: “el documental está basado en teorías humanistas y reproduce algunos textos de Silo y algunos experimentos que tienen que ver con las teorías reconciliatorias en general –explicó Urondo Raboy–, y la verdad es que ella lo estaba proponiendo, según me explicó por privado, en un marco de contexto en el que está notando que en Mendoza hay mucha violencia y mucha intensión de revanchismo sobre los crímenes menores como pueden ser un arrebato, hurto de teléfono, y que ante ese tipo de hechos delictivos la gente sale a querer linchar a los delincuentes, entonces ella dice que esta propuesta es para pensar humanistamente y desde esta lógica es que habla de la revancha y de una serie de conceptos, ella dice que era para pacificar a la sociedad, pero para mí era muy llamativo porque es exactamente el mismo discurso que los genocidas defienden para pedir su impunidad nuevamente, así que la discusión se entabló sobre este punto que para mí era absolutamente dialéctico y que tenía que ver con que si bien ella no lo escribió con la intención de parafrasear a un genocida o de discursar lo mismo que ellos, lo estaba haciendo, y yo sentí que mi obligación era hacérselo notar. Se lo hice notar y si ella sigue en esa misma posición habla de ella y de su elección política, filosófica, etcétera. Por eso me parece bueno pensarla como una funcionaria del actual gobierno, es una sobreviviente de la dictadura pero la lucha por los derechos humanos es profunda y no se puede permitir ese tipo de dobleces”.
 
Ángela volvió a referirse a la funcionaria al hablar del actual juicio que se desarrolla en Mendoza, que se encuentra en la etapa de alegatos de la defensa, y que tiene en el banquillo de los acusados a ex jueces como Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret. En este marco, Urondo Raboy explicó que no se los juzgó antes porque en cierta medida faltaba consenso social y coraje político para encarar este tipo de investigaciones, además de madurez histórica sobre lo que había pasado: “en muchos casos las víctimas pudieron denunciar lo ocurrido, en muchísimos casos no. El caso de Luz Faingold concretamente es uno de ellos, Luz es una de esas personas que pudo denunciar pero no tuvo una militancia en derechos humanos, no militó por los juicios y cuando los juicios llegaron para ella fue muy impactante que se devele eso socialmente, todos los tormentos y maltratos sufridos, y me parece que lo que pasa es que a medida que la justicia llega, las personas se van animando a declarar y lo que ocurre es que se ramifica y se abre el conocimiento, lo que uno sabe, el mapa de lo que uno entiende de lo que pasó”.

La continuidad de los juicios

En diálogo con Oral y Público, Ángela Urondo Raboy fue consultada sobre si existe un techo para los juicios por delitos de lesa humanidad. Al respecto, la joven afirmó que es un tema que se charla en el ámbito de los derechos humanos y del que todos tienen una opinión: “a mí me parece que los juicios marcaron un hito histórico y que eso ya está inscripto, simbólicamente los juicios cometieron su meta, esto está saldado, esto quiere decir que no se va a hacer justicia por cada una de las víctimas que hubo; es imposible, porque por muchísimas víctimas no existen denuncias, no existen pruebas, apenas sabemos una puntita del iceberg. De todos modos los juicios, lejos de estar llegando a su fin y extinguirse, generan nuevas pruebas y nuevas compulsas judiciales para nuevos juicios; los juicios nuevos que empiezan lo hacen generalmente basados en denuncias que se recogen de otros testimonios, entonces es una rueda que todavía no llegó a su techo en la dinámica del día a día. Lo que sí me parece es que desde lo simbólico ya cumplieron su cometido y lo importante en realidad no es terminar con los juicios sino agilizarlos para poder cerrar esta etapa como corresponde”.
 
En este sentido, Urondo Raboy remarcó que en la etapa actual de los juicios el único techo que existe es el biológico: “los juicios ocurren mientras haya genocidas por juzgar, igual que en la Alemania nazi, ya que hace muy poco tiempo encontraron un genocida y fue juzgado con casi 100 años. Me parece que es interesante pensar que los juicios se acaban cuando ya no hay más acusados o cuando ya no hay más víctimas, no hay más querellantes o no hay más banquillo de acusados, recién entonces los juicios debieran poder terminar, mientras tanto la verdad es que yo siento que es la ilusión de mucha gente que terminen, incluso de gente que no es el enemigo, no son ellos. (Los juicios) son agobiantes, precisan de muchos recursos financieros, humanos, etcétera, la gente que trabaja en los juicios sufre un desgaste enorme físico, emocional, entonces no es fácil llevar los juicios adelante pero sin dudas no es una etapa concluida”.
Sí concluyó la charla, aunque no lo quisiéramos. Así como habrá nuevos juicios, es de esperar que haya nuevos diálogos con gente como Ángela, que dice lo que siente sin ningún tipo de especulación.

martes, 15 de noviembre de 2016

Ratificada la condena contra José Pedraza, asesino de Mariano Ferreyra

La Corte Suprema ratificó las condenas contra el sindicalista José Pedraza y el resto de los imputados por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, cuando una patota de la Unión Ferroviaria, liderada en aquel entonces por Pedraza, atacó a quienes se manifestaban contra la tercerización laboral en la línea Roca.

 El fallo del máximo máximo tribunal del país ratificó la penas impuestas por el Tribunal Oral Criminal 21 contra Pedraza, así como también la de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández (también condenado a 15 años), y las de Cristian Favale y Gabriel Sánchez, quienes recibieron condenas de 18 años de prisión. Asimismo rechazó los recursos presentados por el resto de los condenados, los ferroviarios Jorge González y Salvador Pipito, quienes recibieron 11 años de prisión como coatuores del homicidio de Ferreyra; Claudio Alcorcel (8 años), y los policías Mansilla y Ferreyra, condenados a diez años y 8 meses por Casación como partícipes necesarios.

Fuente: Dyn

domingo, 23 de octubre de 2016

Dos ex conscriptos declararon en el juicio por sus compañeros desaparecidos

Recuerdos de una colimba de terror

El juicio es por seis ex conscriptos del Colegio Militar. Tres de ellos siguen desaparecidos. Un testigo contó cómo los hacían participar de los grupos de tareas.

 Por Alejandra Dandan


“Si bien ellos nos decían: ‘¡cuando vea algo, tire directamente!’, el rezo de uno fue nunca tener un acontecimiento así”. Así recordó Osvaldo Gabriel Radice ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín parte de sus noches de colimba en la patrulla de la Compañía de Seguridad del Colegio Militar de la Nación, una institución que comienza a aparecer en los juicios de Campo de Mayo como espacio de secuestro y de torturas, pero también como andamiaje de los Grupos de Tareas. Radice hizo el servicio militar entre febrero y diciembre de 1976. Declaró por primera vez en 1983, en un expediente que buscaba pistas sobre la desaparición del soldado Luis Pablo Steimberg, militante del PC, que hacía el servicio militar en el Colegio Militar y por cuya investigación fue procesado Reynaldo Bignone en 1984, luego de salir indemne del Juicio a las Juntas y antes de los años de impunidad.

Radice habló de las noches de patrullaje en las calles del conurbano y los turnos de tres horas arriba de un camión. En línea con los aportes que hicieron los colimbas en la instrucción de la causa, describió el modo en el que los conscriptos fueron integrados en Grupos de Tareas o Fuerzas de Tareas avocadas a lo que sus superiores llamaron “lucha contra la subversión”. “Nos dijeron que se creaban con el objeto de buscar subversivos”. O, como dijo en 1983, según le recordó uno de los fiscales, como una “sección antiguerrillera”.

A unos metros, en esa misma sala, lo observó uno de los antiguos oficiales del Colegio Militar. El entonces Teniente Primero Alberto Federico Torres, detenido en Marcos Paz, llegó temprano con traje impecable y un par de anteojos. Permaneció sentado al lado de su abogada. Poco más atrás, varias mujeres ocuparon el espacio destinado a familias de los acusados. Ese sitio, históricamente casi vacío, comenzó a poblarse en las audiencias de este último juicio. Una mujer de pelo muy corto y anteojos llegó con un anillo de rosario. Se lo sacó. Y lo hizo correr entre los dedos con avemarías que nadie escuchó. Una vecina arremetió con un rosario que hasta entonces tenía colgado.

Familiares, amigos y militantes de las organizaciones de derechos humanos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar la presencia de los rezos en las audiencias. En una ocasión, creyeron ver incluso hasta agua bendita caer sobre una bandera en homenaje de los desaparecidos. Por eso invitaron a un sacerdote de la Opción por los Pobres. El padre Jorge Marenco de Nuestra Señora Carupa de Tigre ocupó una de las primeras sillas con su plástico blanco bien expuesto en las partes más altas del cuello para mostrar, en este caso, la presencia de una bendición para las víctimas.

“¿Les hablaban de la lucha contra la subversión?”, preguntó el abogado Pablo Llonto al testigo. “Eso era sobre lo que arengaba el jefe de la agrupación de las tres compañías, Rodolfo Guillermo Ríos (que ya falleció), cada vez que reunía a las tropas en medio del patio. Nos decía que venían tiempos difíciles, que teníamos que tener los ojos bien abiertos, incluso sobre los que nos rodeaban, para ver que no sean terroristas”.

–¿Qué cree que quería decir con eso de que nos ‘rodeaban’?

–Que estemos atentos, tal vez de los amigos, de las familias, para saber si había algo raro. Nosotros tomamos eso como un acto de “fortalecimiento”, desde el punto de vista de lo que ellos querían de nosotros.

El 24 de marzo de 1976 Radice llevaba menos de un mes en la colimba. Y todavía no había salido de franco. “Cuando pasó lo que pasó –dijo– nosotros no sabíamos nada. Nos hicieron esperar en columnas de tres camiones. Estuvimos así desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Eramos diez por camión. Y nos llevaron a la Municipalidad de Tres de Febrero que estaba vacía, como destino provisorio. Nos quedamos una semana y media, en carpas y bolsas de dormir siempre esperando instrucciones y algo supimos de lo que estaba pasando porque uno de los soldados llevó su portátil”.

Entonces contó a la sala algo de esos primeros días de operativos. Recortes de imágenes. Pedazos de noches a los que los testigos aún van poniéndoles formas. “El grupo de tareas al que yo pertenecía salió a patrullar en las calles de Tres de Febrero y hacíamos controles de ruta. Durante el lapso nunca hubo nada raro. Salimos tres horas, descansábamos una hora y media, y volvíamos a salir tres horas más. Y así, tres veces al día”.

Cuando terminó el período en Tres de Febrero, la dinámica se repitió en la jurisdicción del Colegio Militar ubicado en Palomar. En 1983, Radice habló de un episodio que en la audiencia no recordó. El fiscal Marcelo García Berro pidió al presidente del tribunal autorización para leerle un fragmento de esa declaración. Diego Barroetaveña aceptó. Buscó el texto. Radice contaba que participaron de un “allanamiento” en un domicilio del Gran Buenos Aires. Y cómo se llevaron a una persona. Terminada la lectura le mostraron las hojas. Radice reconoció su firma. Y dijo: “Si lo firmé, debe haber sido así”. No hubo mucho más sobre aquel recuerdo. Tres camiones atrás de un Jeep en el que siempre iban los oficiales. Un procedimiento que se hacía todas las noches, de 23 a 6 de la mañana, en turnos de tres horas y para los cuales dormían hasta el mediodía siguiente. ¿Hora exacta de ese “allanamiento”? ¿Lugar?, le preguntaron. ¿Quién estaba a cargo del operativo? ¿Cómo era la persona? Insistieron, pero nada sobre un dato que, seguro, alguien espera en otro lugar.

“Lo que puedo decir, si sirve...”, agregó. Llonto dijo: “Todo sirve”. Y él continuó: “Me acuerdo de un patrullaje hasta la zona del Hospital Posadas. La patrulla paró lejos. Pero lo tengo muy claro. Incautaron papeles y subieron a personas que supuestamente asocié que serían médicos porque usaban guardapolvo”.

Durante la audiencia también declaró Jorge Luis Hillel, otro colimba de 1976, con quien Steimberg pasó su ultimo día de guardia y quien estuvo directamente bajo las ordenes del imputado que estuvo en la sala.

De pronto sonó el teléfono de Hillel. Era la tercera vez que lo llamaban. La primera no atendió. La segunda atendió y cortó mientras el juez le pedía que lo apague tranquilo. Hillel en 1983 había dicho que en el Colegio Militar se decía que a Steimberg lo habían desaparecido. Un defensor le preguntó si alguna vez escuchó la palabra desertor en el caso de Steimberg dentro del Colegio Militar. Dijo que no. Ahí sonó por tercera vez el teléfono que, después de todo, no pudo apagar.

viernes, 26 de agosto de 2016

Se inició juicio a dos policías federales por la desaparición de Ricartdo Cittadini

“Quiero saber qué le hicieron”

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 comenzó a juzgar ayer a los ex policías federales Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado por el secuestro, en 1976, de Ricardo Cittadini, un joven que había llegado desde Trelew a estudiar Ciencias Económicas en La Plata y allí había comenzado a militar en la Juventud Peronista. Cittadini fue la primera víctima del terrorismo de Estado en ser ilegalmente detenido en la Comisaría 28 de la ciudad de Buenos Aires. El hecho sucedió en agosto de 1976. “Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, esa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso”, evaluó Catalina Cittadini, madre de Ricardo y una de las cuatro testigos inaugurales del debate.

El inicio del juicio, programado para las 10 de ayer, se demoró poco más de media hora. Tras la lectura del pedido de elevación a debate oral elaborado por la fiscalía, que fue breve, Viollaz y Mercado, los únicos dos imputados por el secuestro de Ricardo Cittadini, que permanece desaparecido, se negaron a hacer declaraciones. Luego pidieron retirarse de la sala –ambos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria–. Pero los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado no se lo permitieron. Durante la primera jornada, al menos, deberían escuchar qué tenía para decir la familia del muchacho que están acusados de secuestrar y torturar. Entonces, convocaron a los testigos: Catalina y tres hermanos de Ricardo.

La mamá de Ricardo, de 91 años, hizo una descripción breve de su hijo y relató con detalles su búsqueda: los primeros intentos y averiguaciones en Trelew, en donde la familia vivía desde que Ricardo tenía seis años; los viajes a Buenos Aires; los pedidos a cada familiar o conocido que se acercaba a “la capital” para que se encargaran de “trámites y presentaciones”; las “vueltas y mentiras” que recibió entonces sobre el paradero de su hijo –le habían dicho que estaba vivo en Misiones, luego que estaba preso y que iba a ser liberado en cinco años–; la “resignación a encontrar a Ricardito con vida”, tras diez años de búsqueda; la “desilusión” en la década “impune” de los 90 y la vuelta a la carga cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas. “La verdad es que este juicio me llega un poco de sorpresa, no esperaba vivir para pasarlo”, le confesó Catalina a Página/12 momentos antes de ingresar al estrado, acompañada por su abogado, Pablo Llonto. Entonces, adelantó el pedido que finalmente concretó a los acusados: “Díganme por qué lo detuvieron y qué hicieron ustedes con Ricardo, tengo 91 años y me queda poco tiempo, lo único que quiero es saber qué pasó”.

–¿Está entusiasmada por el comienzo del juicio? –le preguntó este diario.

–Tanto como contenta, no. Me dan pena estos pobres infelices, no quisiera estar en la conciencia de ellos. Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, ésa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso.

Luego declaró Roberto Cittadini, el primero de los tres hermanos de Ricardo que declararon ayer y el último integrante de la familia en verlo con vida, ya que pasó con él en Buenos Aires el último fin de semana antes de que lo secuestraran. “El sabía que estaba en peligro, no fue casual su secuestro, lo fueron a buscar”, contó ante el TOF 5.

Roberto también reprodujo los encuentros con Ricardo Camino Gallo, que había sido secuestrado por la patota de la comisaría 28 junto con Cittadini y pudo sobrevivir. Fue él quien dio aviso a la familia patagónica sobre lo que había ocurrido con el estudiante de Ciencias Económicas y militante de la JUP. Camino Gallo, que ya falleció, fue “fundamental para la causa”, puntualizó Eduardo Cittadini, otro de los hijos de Catalina que declaró ayer y que al igual que Orestes, aportaron información sobre la búsqueda de la familia.