Siluetazo Casa Nono Lisazo : Viernes 23 de marzo

Se inició juicio a dos policías federales por la desaparición de Ricartdo Cittadini

“Quiero saber qué le hicieron”

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 comenzó a juzgar ayer a los ex policías federales Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado por el secuestro, en 1976, de Ricardo Cittadini, un joven que había llegado desde Trelew a estudiar Ciencias Económicas en La Plata y allí había comenzado a militar en la Juventud Peronista. Cittadini fue la primera víctima del terrorismo de Estado en ser ilegalmente detenido en la Comisaría 28 de la ciudad de Buenos Aires. El hecho sucedió en agosto de 1976. “Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, esa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso”, evaluó Catalina Cittadini, madre de Ricardo y una de las cuatro testigos inaugurales del debate.

El inicio del juicio, programado para las 10 de ayer, se demoró poco más de media hora. Tras la lectura del pedido de elevación a debate oral elaborado por la fiscalía, que fue breve, Viollaz y Mercado, los únicos dos imputados por el secuestro de Ricardo Cittadini, que permanece desaparecido, se negaron a hacer declaraciones. Luego pidieron retirarse de la sala –ambos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria–. Pero los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado no se lo permitieron. Durante la primera jornada, al menos, deberían escuchar qué tenía para decir la familia del muchacho que están acusados de secuestrar y torturar. Entonces, convocaron a los testigos: Catalina y tres hermanos de Ricardo.

La mamá de Ricardo, de 91 años, hizo una descripción breve de su hijo y relató con detalles su búsqueda: los primeros intentos y averiguaciones en Trelew, en donde la familia vivía desde que Ricardo tenía seis años; los viajes a Buenos Aires; los pedidos a cada familiar o conocido que se acercaba a “la capital” para que se encargaran de “trámites y presentaciones”; las “vueltas y mentiras” que recibió entonces sobre el paradero de su hijo –le habían dicho que estaba vivo en Misiones, luego que estaba preso y que iba a ser liberado en cinco años–; la “resignación a encontrar a Ricardito con vida”, tras diez años de búsqueda; la “desilusión” en la década “impune” de los 90 y la vuelta a la carga cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas. “La verdad es que este juicio me llega un poco de sorpresa, no esperaba vivir para pasarlo”, le confesó Catalina a Página/12 momentos antes de ingresar al estrado, acompañada por su abogado, Pablo Llonto. Entonces, adelantó el pedido que finalmente concretó a los acusados: “Díganme por qué lo detuvieron y qué hicieron ustedes con Ricardo, tengo 91 años y me queda poco tiempo, lo único que quiero es saber qué pasó”.

–¿Está entusiasmada por el comienzo del juicio? –le preguntó este diario.

–Tanto como contenta, no. Me dan pena estos pobres infelices, no quisiera estar en la conciencia de ellos. Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, ésa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso.

Luego declaró Roberto Cittadini, el primero de los tres hermanos de Ricardo que declararon ayer y el último integrante de la familia en verlo con vida, ya que pasó con él en Buenos Aires el último fin de semana antes de que lo secuestraran. “El sabía que estaba en peligro, no fue casual su secuestro, lo fueron a buscar”, contó ante el TOF 5.

Roberto también reprodujo los encuentros con Ricardo Camino Gallo, que había sido secuestrado por la patota de la comisaría 28 junto con Cittadini y pudo sobrevivir. Fue él quien dio aviso a la familia patagónica sobre lo que había ocurrido con el estudiante de Ciencias Económicas y militante de la JUP. Camino Gallo, que ya falleció, fue “fundamental para la causa”, puntualizó Eduardo Cittadini, otro de los hijos de Catalina que declaró ayer y que al igual que Orestes, aportaron información sobre la búsqueda de la familia.

Juicio por el Plan Cóndor culminó en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados.

El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó hoy (27 de mayo) en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante los años 70 y 80. 

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina, compuesto por los jueces Adrián Grinberg, óscar Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, fijó hoy penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita. El proceso había arrancado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez. 

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos a la del exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio. 

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de forma perpetua en una pena agravada por mediar violencia y amenazas. A este último se lo acusaba, concretamente, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti" que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos. 

Por otro lado, el exjefe del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", Humberto José Román Lobaiza, recibió una pena de 18 años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones Navales de la Armada argentina Antonio Vañek, y los exmilitares Eugenio Guañabens y Enrique Braulio Olea, de 13. Para Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lío, Felipe Jorge Alespeiti, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Luis Sadi Pepa, fijaron 12 años, y Federico Antonio Minicucci obtuvo la pena más reducida, con 8 años de prisión. Durante la lectura del veredicto no estuvo presente la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas, civiles, y varios representantes de organizaciones de derechos humanos. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en declaraciones a los medios que "la perseverancia da frutos", ya que nunca "se bajó los brazos" para hallar justicia por los delitos del Plan Cóndor, aunque lamentó que la muerte de muchos represores evitara que fueran "sentados en el banquillo de los acusados". 

La primera querella por el "Plan Cóndor" fue presentada contra todos los jefes de Estado de los gobiernos de facto de la región en 1999, cuando en Argentina seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ponían un límite a las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura (1976-1983), y se habían dictado los indultos. La etapa final del juicio actual, iniciado en marzo de 2013, comenzó a mediados del año pasado, cuando finalizó el debate que involucró más de 200 testimonios y tras el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas pudieron replicar los alegatos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:

http://www.elcomercio.com/actualidad/argentina-juicio-plancondor-condena-dictadura.html.

¡ No al proyecto de desgüace del BNDG !

Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el Congreso.

El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG).

Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a “colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del Registro” en coordinación con otros registros nacionales.

En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto.

Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”.

Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que l nueva ley del BNDG limitaba, el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y localización de las personas”.

Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad.

Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.

También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy.

Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 2015, debe ser revertido.

No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para esos casos, asumiendo el vació que han generado. De hecho, entre los fundamentos del proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que “en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”.

Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”.

En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, que lleva más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse avalando el desguace del BNDG.

Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo:

- No al Desguace y Traslado del BNDG.
- Por el Derecho Universal a la Identidad.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Basta de negociados con la Verdad y la Memoria.

Nora Cortiñas sobre el juicio contra Relmu Ñamku: es “una represalia teñida de discriminación”

Se levantó la voz y el apoyo desde el ámbito de los Derechos Humanos a Relmu Ñamku, la líder mapuche acusada de “intento de homicidio”, y que desde el lunes pasado está siendo enjuiciada en Zapala, Neuquén, por defender la vida de sus hermanas y hermanos y el territorio de su comunidad, Winkul Newen. En el medio del desarrollo de un juicio inédito y que incluye un jurado intercultural y un entramado de poderes que enjuicia en ella a todas las mujeres que defienden sus cuerposterritorios, Marcha dialogó con Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Félix Díaz.

Nora Cortiñas: esto es “una represalia teñida de discriminación”

“Estoy siguiendo el caso paso a paso desde que ocurrió el incidente”, sostuvo Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) en relación al enjuiciamiento a la mujer mapuche que está siendo criminalizada. “Estoy segura que esta condena es una represalia teñida de discriminación hacia la hermana Relmu”.

Cortiñas, en exclusiva para Marcha, sostuvo que “hay que rever la historia porque en esta situación que se presentó primero hay que volver para atrás y entender la lucha por el territorio ancestral, para en ese marco comprender que se trata de una causa provocada y eso hay que debatirlo”.

“Esa respuesta dura fue buscada. Se trata de un pueblo perseguido y contaminado por las empresas que abusan a través del extractivismo y el fracking en complicidad con los gobiernos que le abrieron las puertas, es en estos emprendimientos donde hay un abuso de poder sobre las comunidades”, sostuvo la referente de Madres.

“Es una injusticia que a esta hermana mapuche se la judicialice sin antes realizar un diálogo por parte del gobierno con las comunidades donde se deje en claro el respeto que debe haber, lo mismo pasa con el conflicto QO.PI.WI.NI”, denunció, sosteniendo que desde la acción e inacción de los gobiernos provinciales “provocan a la respuesta violenta para usarla de argumento cuando saben que los pueblos están saturados de resistir a estas situaciones”.

Félix Díaz: “compartimos y adherimos a esta resistencia”

Relmu Ñamku está “teniendo un proceso que nos demuestra el sistema que nos gobierna a través de la justicia, de las autoridades provinciales que tendrían que ocuparse a garantizar el respeto que tienen los pueblos indígenas de Argentina”, sostuvo Félix Díaz. “Como pueblo indígena estamos cada día más decididos a sostener esta lucha porque es la única herramienta que nos brinda la seguridad de poder llegar a tener ese respeto a través de la unidad de los pueblos indígenas”.

Díaz, adhiere a la importancia de, en la historia judicializada de Relmu, avanzar en la contextualización de la situación en que se dio en hecho que se juzga y en la responsabilidad del Estado argentino con las comunidades/ pueblos/ naciones indígenas para lograr una sentencia justa y un pleno desarrollo de la política de Derechos Humanos en detrimento de un “sistema opresor que sigue instalado en el país, a esta soberbia que hacen las autoridades judiciales, los gobernantes y empresas multinacionales que quieren adueñarse de lo poco que nos quedó”.

“Nuestros territorios han sido despojados de diferente manera a través de la sangre de nuestros ancestros”, declaró Félix Díaz, “sabemos que esta historia se repite nuevamente y este gobierno debería ser garante de la aplicación de los derechos constitucionales, la legislación internacional que debería ser la herramienta de poner en marcha la palabra interculturalidad, porque esa es la manera de demostrar la integración de los pueblos indígenas ante este Estado, que ha sido impuesto a través de las armas a integrar a los pueblos indígenas como argentinos”.

Y concluyó, “estamos muy preocupados por la situación que está pasando esta mujer, una gran luchadora, defendiendo su territorio, su identidad cultural y también su familia. Creo que es una dignidad muy pocas veces encontrada en este país, por eso compartimos y adherimos a esta resistencia que venimos sosteniendo desde Formosa”, dice Díaz. “Queremos solidarizarnos con este pueblo que está sufriendo esta persecución política y jurídica para querer justificar los despojos que afectan a cada familia indígena”.

Adolfo Pérez Esquivel: “preocupa la criminalización de las protestas sociales”

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, y desde el Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ), también se solidarizaron con las y los mapuches de la comunidad Winkul Newen y con Relmu Ñamku, “nos preocupa la criminalización de las protestas sociales, ya que si bien arrojaron piedras su intención fue en defensa de sus derechos de pueblos indígenas que se encuentran permanentemente vulnerados, no sólo en Neuquén sino en el resto del país”. Y agregó, “nos preocupa la falta de respeto a la Constitución Nacional, al convenio 169 de la OIT que no se han consultado para responder los conflictos territoriales”.

Pérez Esquivel presentó desde el SERPAJ un amicus curiae, que no fue aceptado por el tribunal, “en defensa del derecho de los pueblos originarios a quienes no se les está permitiendo tener sus valores, sus costumbres y sus derechos contemplados en los convenios internacionales como así también en la ley de emergencia 26.160 que tiene que ver con el relevamiento territorial”, ítems de los que espera sean “considerados por el jurado con equidad” al momento de dictar su sentencia.

 Hoy declaran la antropóloga Diana Lenton y Relmu Ñamku, la única imputada por “tentativa de homicidio” contra una funcionaria del poder judicial, Verónica Pelayes. En las jornadas anteriores, la excesiva figura aplicada por la fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada, pareció difícil de demostrar mediante las declaraciones testimoniales y las pruebas presentadas ante el tribunal y el jurado. Es por eso que se espera sea una jornada decisiva.

Mañana se dictaría la sentencia de un juicio que, a pesar de tener escasa repercusión en los medios hegemónicos no deja de seguirse con atención de parte de quienes integran pueblos indígenas, organismos de Derechos Humanos y la sociedad toda que pretende la plena vigencia del respeto y el avance hacia un pueblo verdaderamente multicultural.
 Por Redacción Marcha/ Foto por Julieta Dorin

FRENTE AL ASESINATO DE ÁNGEL VERÓN EN CHACO

El 24 de septiembre la organización MTD (no al desalojo), se movilizo en la ruta nacional 11 km 997 (provincia del Chaco) para reclamar a las autoridades locales, la entrega de becas y herramientas las cuales se utilizarían en la construcción de viviendas acordadas en reuniones realizadas con el gobierno de Capitanich.

 
Sin orden judicial se monto un operativo policial con el fin de liberar la ruta, logrado el objetivo comenzó una persecución a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, hiriendo a varios de ellos, como resultado de esta feroz represión detuvieron a Ángel Verón quien fue golpeado, pateado y castigado a culatazos sobre la parte abdominal, en un campo cercano a la ruta.

 
Debido a las heridas recibidas por la golpiza se reabrieron las suturas realizadas tiempo atrás, producto de una delicada operación, en ese marco Ángel fue internado en el hospital zonal de Resistencia, permaneciendo esposado a la cama y con guardia policial.
El cuadro se complicó debido a la desconsideración hospitalaria, que irradio el cuadro de infección en las heridas producidas por la policía, Ángel Verón falleció el lunes 19 de Octubre.

Estamos frente a otro caso de muerte como consecuencia de la
represión a la protesta popular, respaldada e impulsada por el gobierno provincial que justifica y protege al aparato policial chaqueño.

Repudiamos la muerte del dirigente Ángel Verón y exigimos juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la represión, persecución y torturas ocurridas en la ruta 11, durante esa jornada.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Organismos de Derechos Humanos nucleados en el EMVyJ

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos
del Pueblo ( LIBERPUEBLO)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

El genocida Milani no se puede ir así nomás para no complicarles la campaña electoral. Tiene que rendir cuentas.

El genocida Milani no se puede ir así nomás para no complicarles la campaña electoral. Tiene que rendir cuentas.

Alguien tiene que pagar por haber encubierto a un genocida. Hay que ir a fondo con el Caso Ledo.

Nilda Garré y Cristina Kirchner tienen que explicar por qué llevaron un genocida al frente del Ejército.

La Presidenta tiene que explicar porqué le dieron a Milani un alto presupuesto, numerosos agentes y alta tecnología para espiar.

Zanini ya está jugando fuerte en la campaña electoral:
“rajemos a Milani, así los progres sólo tienen que tragar el sapo de Scioli”

Lo importante ahora es que la justicia actúe con rapidez y se cumpla el pedido de indagatoria que hizo el fiscal Brito.

No vamos a bajar los brazos hasta saber qué hicieron Milani y sus compinches con el conscripto Alberto Agapito Ledo.

Este gobierno está manchado con la desaparición de Jorge Julio López y
el encubrimiento del secuestro de Alberto Agapito Ledo.

Alguien tendrá que hacerse responsable por haber promovido el ascenso a jefe del Ejército de un genocida como Milani.

Basta de vender falsas imágenes progresistas en el exterior, usando a las embajadas para comprar periodistas y medios.

Piedra libre para un médico de la dictadura en el Sanatorio Otamendi

Comunicado de prensa
3/3/2015

Cuando decimos que la última dictadura fue cívico-militar lo hacemos porque fueron las Fuerzas Armadas, las empresas de prensa, la cúpula de la Iglesia, los empresarios, los grupos económicos, los médicos, las parteras y miembros del Poder Judicial quienes sostuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en la última dictadura genocida.

Entre los partícipes estuvieron los médicos que rompieron su juramento de proteger la vida. Tal es el caso de Mario Alberto Figueroa, actual Jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi. Figueroa fue jefe del mismo servicio en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado. Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un "enfrentamiento por Fuerzas conjuntas". Pero Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976. A la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día.

Asimismo, Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, fue tirado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.

Exigimos a las autoridades del Sanatorio Otamendi que arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.

H.I.J.O.S. - Capital