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miércoles, 12 de julio de 2017
domingo, 23 de agosto de 2015
Sara Méndez cuenta acerca del juicio a represores uruguayos que comenzó en Roma
La Justicia llega a Italia
Uruguaya, exiliada en la Argentina, fue secuestrada, llevada a Automotores Orletti y trasladada en secreto a Montevideo. Es una de las testigos del juicio italiano y explica este caso de jurisdicción universal.
Por Alejandra Dandan
Sara Méndez es una las víctimas secuestradas por el accionar conjunto de las fuerzas argentinas y uruguayas durante el Plan Cóndor. Se escapó del golpe de 1973 al otro lado del río, pero fue secuestrada aquí, embarazada. Le tomó 26 años encontrar a su hijo. Aquí estuvo en el Centro Clandestino Automotores Orletti y luego la trasladaron ilegalmente a Montevideo con un grupo de detenidos que continuaron en prisión en ese país. Dio testimonio en numerosas causas y ahora acaba de volver de Italia, donde a quince años de iniciado un expediente comenzó el juicio por los uruguayos con nacionalidad italiana víctimas de la coordinación represiva del Cono Sur.
De paso por Buenos Aires, habla de la potencia de la “jurisdicción universal” y del nuevo rol del Estado uruguayo, que se presentó en Italia como querellante. Pero también de las limitaciones. Menciona el impacto en su país del juicio oral por los crímenes del Cóndor que se realiza en Argentina. Pero sobre todo se detiene en los dilemas de ese proceso de justicia uruguayo, con avances y retrocesos, aun durante los gobiernos del Frente Amplio. Méndez también habla de la Comisión por la Verdad y la Justicia impulsada por Tabaré Vázquez. Y más específicamente de sus problemas: “Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad –señala–. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Esto es lo que nos preocupa: nos da la impresión de que todo vuelve a cero y estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande”.
–¿Qué sucede en Italia? ¿Y por qué es importante ese juicio?
–En junio comenzó un juicio que habíamos iniciado hace quince años, sobre víctimas uruguayas de doble nacionalidad. Fue cuando acá estaban las leyes de Punto final y Obediencia Debida, y en Uruguay estaba la Ley de Caducidad. Tiramos distintas líneas. Así empezaron juicios en España y finalmente en Roma después de quince años. Ahí hay imputados uruguayos, militares, que en su mayor parte ya están presos y procesados en Uruguay. Salvo un capitán de la Armada que cuando fue requerido huyó a Italia porque tenía nacionalidad italiana. Es el único no procesado que es juzgado en Roma. Pero para nosotros esto es importante primero porque cuando se inició no había ninguna posibilidad de justicia. Las condiciones hoy son distintas. Hoy Uruguay es querellante. Y el Frente Amplio es querellante en Italia. Y para nosotros es muy importante que haya un fallo favorable en Italia sobre estos militares que ya fueron procesados en Uruguay porque sería un aval al trabajo de la Justicia uruguaya.
–Dijo, primero. ¿Y segundo?
–Porque es un juicio que asienta las bases de la justicia universal. Es decir, señala que los delitos que no son investigados en el país, tendrán otros países que continúan la tarea. Pero también es importante porque como dije es la primera vez que el gobierno uruguayo asume una responsabilidad y aparece como querellante. Eso es un cambio que comenzó hace diez años cuando el Frente Amplio llega al gobierno. Son pasitos, llenos de trabas, donde la sociedad civil tiene el papel de empujar permanentemente. Pero digo, en alguna medida, las trabas mayores cayeron con la Ley de Caducidad, que fue el gran escollo que tuvimos. Pero frente a este nuevo rol del gobierno nosotros hoy estamos diciendo: ¿qué pasa? ¿Es un cambio? ¿El Estado es querellante?
–¿No creen que da cuenta de un cambio político?
–Mirá, antes de viajar a Roma nosotros dijimos que necesitábamos saber cuál es la estrategia de la fiscalía. ¿Cuál la del abogado representante del gobierno uruguayo? Pero no hemos tenido respuesta. ¿Entonces qué empezamos a ver? Que no tenemos contacto con nadie. Ni con los fiscales, ni con los abogados del gobierno. Pedimos una videoconferencia. Pero nada. Llegamos a Italia y al otro día prácticamente declaramos. El conocimiento cara a cara es casi en el mismo juicio, con todas las dificultades de un país con otra legislación y la traba del idioma. Cuando volvió la primera tanda de testigos empezamos a plantear estas preocupaciones. Porque sería muy lamentable que ese juicio termine absolviendo a los que ya están procesados en Uruguay.
–¿En qué etapa está el juicio?
–Ahora hay una interrupción hasta septiembre por la feria. Nuestro deseo es que los que lleguen en septiembre encuentren un panorama mejor. Eso significa que el gobierno uruguayo asuma, no sólo formalmente, sino en la realidad, el compromiso sobre estos juicios que son muy importantes. Pero además que muestre que hay un cambio real en la postura del gobierno sobre cada uno de estos temas.
–¿Intuyen problemas para los procesamientos?
–Creo que son muchas las acusaciones y los testimonios son muy coherentes. Nosotros, los testigos sobrevivientes de Orletti, hemos atestiguado en montones de lugares con notoria coherencia. Sería difícil que suceda, pero no podemos estar jugando cuando las cosas se pueden hacer de otra forma.
–Tabaré puso en funciones a la Comisión por la Verdad y la Justicia que aparentemente señalaba un cambio. ¿Cuál es la evaluación?
–Cuando Tabaré Vázquez asume, una de las primeras cosas que propone es la revisión del pasado reciente. Señala que va a crear la Comisión por la Verdad y la Justicia y nombra a los integrantes. Hay una persona representante de Madres y Familiares. La persona central que la preside es Macarena Gelman, y después hay mucha gente de Iglesias con un destaque en el compromiso con los derechos humanos. Pero nosotros sentimos en alguna medida que es como volver a empezar. Pero no sólo lo decimos los activistas, sino que el pueblo en general sintió lo mismo: ¡A tantos años crear una comisión, una comisión!
–¿No se articulan los trabajos previos como los de la Comisión para la Paz?
–Esta comisión estaría por encima de la Comisión de Seguimiento que se formó para seguir con el trabajo de la Comisión para la Paz. Está pensada para tener vínculo directo con presidencia. O sea, tiene un valor importante. Y a su vez, si bien aún no estaba consolidada su forma legal, Tabaré Vázquez pidió a los organismos que hagan llegar sus opiniones. Y llegaron las opiniones. Envió Crisol, que reúne a los ex presos políticos y actúa orgánicamente. Envió el Observatorio Luz Ibarburu. Hicieron llegar un beneplácito, pero a su vez teniendo en cuenta que hay mucho tiempo que ha pasado acá. ¡Se nos están muriendo tanto las víctimas como lo victimarios! Y los procesos cuando mueren los victimarios, se cierran. Plantearon una serie de medidas para salvar los déficit del retraso. Algunas, de carácter funcional. Apoyo a los fiscales. Crear unidades de coordinación de causas, cosa que no existe. También a nivel de investigación. Elementos que son funcionales. No tienen gran costo ni materiales ni de organización, pero requieren de una voluntad política. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta. Nunca fueron llamados los organismos. Y lo único que hubo es que sí, ahora existe en forma legal la Comisión por Verdad y la Justicia, que es donde volcamos todas estas inquietudes.
–¿Entonces?
–Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Lo vemos porque en marzo se formó la comisión y recién se institucionalizó en julio. No atiende estos requerimientos formales, que no son sólo formales sino que estructuran el camino. Y da la impresión de que se están empezando de nuevo a juntar la información ¡a 40 años de los hechos! ¿Qué pasó con los trabajos que fueron compilando los organismos de derechos humanos en estos años? Ahora hay un nuevo llamado para que la gente que tenga elementos, aporte. Se reanudaron excavaciones. Desde adentro de la comisión dicen incluso, muy bien, pero tenemos que trabajar con datos. No se pueden estar repitiendo errores.
–¿Tampoco sirvieron los trabajos previos como punto de partida? (N. de la R.: uno de los trabajos mas importantes de estos años fue realizado por historiadores de la Universidad de la República que hicieron un informe con el acceso a archivos estatales.)
–La Comisión para la Paz recogía testimonios. Hizo un llamado a los militares y policías con absoluta reserva del nombre. O sea que así no hay forma de ampliar las investigaciones porque no hay registros sobre de dónde provenía la información porque las garantías eran tales que se operó tomando sólo esos testimonios. Eso sucedió con (Jorge) Batlle. Se supone que la tarea debía haber continuado, pero la Comisión encontró que en hay un panorama bastante más desértico. O sea que no hubo un trabajo como el que esperaban encontrar. Eso nos preocupa: estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande. Entonces creo que hay un dilema: ¿hasta dónde hay una voluntad política real del gobierno frentista de terminar con la impunidad permitiendo que se investigue? Pero además, hay otro punto importante en todo esto que es el Ministerio de Defensa.
–Se refiere a Eleuterio Fernández Huidobro. Tabaré es criticado porque volvió a ponerlo en funciones. ¿Aún es de la idea de que no hay que meterse con el pasado?
–Acá se ha hablado mucho de él porque siempre fue muy escandaloso. Hoy sabemos que muchos militares que están en el hospital militar no pasan a declarar cuando la Justicia los llama porque hay un certificado médico que dice que no están en condiciones. Eso dilata los juicios. Cuando la Justicia les requiere información, la mayoría de las veces dice: “Acá no hay información sobre esto”. O la información es tan parca que no sirve para nada. O sea que sin duda hoy las calles de Uruguay están llenas de pintadas que rechazan que se mantenga a este ministro cuando justo estamos entrando en una etapa muy importante y nos queda muy poco tiempo.
El Cóndor en Argentina
–Las querellas sostienen que el Juicio Cóndor aquí es importante también para los países hermanos con procesos de justicia mas difíciles. ¿Cómo cree que esto repercute en Uruguay?
–Yo quiero reivindicar siempre lo de Argentina. Lo que sucedió aquí fue fundamental pero no sólo para los uruguayos, fue fundamental para América, para los países que han pasado dictaduras. Esto muestra que la impunidad va a dejar siempre una brecha por donde se va entrar la justicia. Yo recuerdo aquí reuniones con los fiscales que fueron ejemplares. Me sirvieron a mí como víctima. Digo, yo no estaba sola. Y con mis compañeros sentíamos que eramos parte de un cuerpo. Creo que hay un avance de los derechos humanos a partir de la experiencia argentina.
–El Cóndor en Buenos Aires juzga a un militar uruguayo, el coronel retirado Manuel Cordero. Usted señaló que en los últimos tres años después que cayó la Ley de Caducidad se abrieron numerosas causas, pero no hubo un solo procesamiento. Dijo que creen que se enlenteció la Justicia. ¿Qué significa este juicio que finalmente llega a término sobre alguien como Cordero?
–Me parece que esto es de las cosas más importantes que espero de este juicio. Cordero aparece como un ser tétrico en todas las descripciones. Sádico, que operaba en Uruguay antes del golpe. Que se había especializado en OPR33, que después va a ser el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Y personaje que le gustaba aparecer. Decir su nombre y apellido. Y este juicio es importante porque se ha estado escapando primero a Brasil. Luego acá con esa libertad domiciliaria que la violaba continuamente, pero sobre todo porque es juzgado un personaje tan vil como éste. Y creo que va a ser una de las cosas que va a valer más, cuando sea procesado en Uruguay. Creo que él rompió con lo que eran pautas marcadas ya entre ellos, como el haberse salido del país cuando la Justicia lo buscaba. Un hombre que se la jugó solo.
–¿No piensan por qué Argentina pudo juzgarlo y Uruguay aún no?
–Hubo un problema de países que pidieron la extradición antes. Por eso Brasil lo entrega a la Argentina. Pero en ese momento muchos se alegraron porque dijeron allá lo van a juzgar.
–Habló de las deudas pendientes del Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial con una Corte Suprema muy conservadora?
–Cuando la Ley de Caducidad deja de funcionar (en 2011), nos dimos cuenta de que apareció el gran muro con el que tenemos que empezar a luchar que es el Poder Judicial. Y en los tribunales ahora la pelea es por la caducidad o no de las causas. No computan el tiempo de la dictadura; no computan el tiempo en el que la ley estuvo vigente y, por lo tanto, hay años para pelearla. Pero desde hace tres años no se procesa a nadie. Eso es un tema porque desde que la Ley de Caducidad dejó de estar en vigencia se presentaron muchísimos casos más. Gente que nunca se había presentado sobre todo en el interior del país.
Uruguaya, exiliada en la Argentina, fue secuestrada, llevada a Automotores Orletti y trasladada en secreto a Montevideo. Es una de las testigos del juicio italiano y explica este caso de jurisdicción universal.
Por Alejandra Dandan
Sara Méndez es una las víctimas secuestradas por el accionar conjunto de las fuerzas argentinas y uruguayas durante el Plan Cóndor. Se escapó del golpe de 1973 al otro lado del río, pero fue secuestrada aquí, embarazada. Le tomó 26 años encontrar a su hijo. Aquí estuvo en el Centro Clandestino Automotores Orletti y luego la trasladaron ilegalmente a Montevideo con un grupo de detenidos que continuaron en prisión en ese país. Dio testimonio en numerosas causas y ahora acaba de volver de Italia, donde a quince años de iniciado un expediente comenzó el juicio por los uruguayos con nacionalidad italiana víctimas de la coordinación represiva del Cono Sur.
De paso por Buenos Aires, habla de la potencia de la “jurisdicción universal” y del nuevo rol del Estado uruguayo, que se presentó en Italia como querellante. Pero también de las limitaciones. Menciona el impacto en su país del juicio oral por los crímenes del Cóndor que se realiza en Argentina. Pero sobre todo se detiene en los dilemas de ese proceso de justicia uruguayo, con avances y retrocesos, aun durante los gobiernos del Frente Amplio. Méndez también habla de la Comisión por la Verdad y la Justicia impulsada por Tabaré Vázquez. Y más específicamente de sus problemas: “Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad –señala–. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Esto es lo que nos preocupa: nos da la impresión de que todo vuelve a cero y estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande”.
–¿Qué sucede en Italia? ¿Y por qué es importante ese juicio?
–En junio comenzó un juicio que habíamos iniciado hace quince años, sobre víctimas uruguayas de doble nacionalidad. Fue cuando acá estaban las leyes de Punto final y Obediencia Debida, y en Uruguay estaba la Ley de Caducidad. Tiramos distintas líneas. Así empezaron juicios en España y finalmente en Roma después de quince años. Ahí hay imputados uruguayos, militares, que en su mayor parte ya están presos y procesados en Uruguay. Salvo un capitán de la Armada que cuando fue requerido huyó a Italia porque tenía nacionalidad italiana. Es el único no procesado que es juzgado en Roma. Pero para nosotros esto es importante primero porque cuando se inició no había ninguna posibilidad de justicia. Las condiciones hoy son distintas. Hoy Uruguay es querellante. Y el Frente Amplio es querellante en Italia. Y para nosotros es muy importante que haya un fallo favorable en Italia sobre estos militares que ya fueron procesados en Uruguay porque sería un aval al trabajo de la Justicia uruguaya.
–Dijo, primero. ¿Y segundo?
–Porque es un juicio que asienta las bases de la justicia universal. Es decir, señala que los delitos que no son investigados en el país, tendrán otros países que continúan la tarea. Pero también es importante porque como dije es la primera vez que el gobierno uruguayo asume una responsabilidad y aparece como querellante. Eso es un cambio que comenzó hace diez años cuando el Frente Amplio llega al gobierno. Son pasitos, llenos de trabas, donde la sociedad civil tiene el papel de empujar permanentemente. Pero digo, en alguna medida, las trabas mayores cayeron con la Ley de Caducidad, que fue el gran escollo que tuvimos. Pero frente a este nuevo rol del gobierno nosotros hoy estamos diciendo: ¿qué pasa? ¿Es un cambio? ¿El Estado es querellante?
–¿No creen que da cuenta de un cambio político?
–Mirá, antes de viajar a Roma nosotros dijimos que necesitábamos saber cuál es la estrategia de la fiscalía. ¿Cuál la del abogado representante del gobierno uruguayo? Pero no hemos tenido respuesta. ¿Entonces qué empezamos a ver? Que no tenemos contacto con nadie. Ni con los fiscales, ni con los abogados del gobierno. Pedimos una videoconferencia. Pero nada. Llegamos a Italia y al otro día prácticamente declaramos. El conocimiento cara a cara es casi en el mismo juicio, con todas las dificultades de un país con otra legislación y la traba del idioma. Cuando volvió la primera tanda de testigos empezamos a plantear estas preocupaciones. Porque sería muy lamentable que ese juicio termine absolviendo a los que ya están procesados en Uruguay.
–¿En qué etapa está el juicio?
–Ahora hay una interrupción hasta septiembre por la feria. Nuestro deseo es que los que lleguen en septiembre encuentren un panorama mejor. Eso significa que el gobierno uruguayo asuma, no sólo formalmente, sino en la realidad, el compromiso sobre estos juicios que son muy importantes. Pero además que muestre que hay un cambio real en la postura del gobierno sobre cada uno de estos temas.
–¿Intuyen problemas para los procesamientos?
–Creo que son muchas las acusaciones y los testimonios son muy coherentes. Nosotros, los testigos sobrevivientes de Orletti, hemos atestiguado en montones de lugares con notoria coherencia. Sería difícil que suceda, pero no podemos estar jugando cuando las cosas se pueden hacer de otra forma.
–Tabaré puso en funciones a la Comisión por la Verdad y la Justicia que aparentemente señalaba un cambio. ¿Cuál es la evaluación?
–Cuando Tabaré Vázquez asume, una de las primeras cosas que propone es la revisión del pasado reciente. Señala que va a crear la Comisión por la Verdad y la Justicia y nombra a los integrantes. Hay una persona representante de Madres y Familiares. La persona central que la preside es Macarena Gelman, y después hay mucha gente de Iglesias con un destaque en el compromiso con los derechos humanos. Pero nosotros sentimos en alguna medida que es como volver a empezar. Pero no sólo lo decimos los activistas, sino que el pueblo en general sintió lo mismo: ¡A tantos años crear una comisión, una comisión!
–¿No se articulan los trabajos previos como los de la Comisión para la Paz?
–Esta comisión estaría por encima de la Comisión de Seguimiento que se formó para seguir con el trabajo de la Comisión para la Paz. Está pensada para tener vínculo directo con presidencia. O sea, tiene un valor importante. Y a su vez, si bien aún no estaba consolidada su forma legal, Tabaré Vázquez pidió a los organismos que hagan llegar sus opiniones. Y llegaron las opiniones. Envió Crisol, que reúne a los ex presos políticos y actúa orgánicamente. Envió el Observatorio Luz Ibarburu. Hicieron llegar un beneplácito, pero a su vez teniendo en cuenta que hay mucho tiempo que ha pasado acá. ¡Se nos están muriendo tanto las víctimas como lo victimarios! Y los procesos cuando mueren los victimarios, se cierran. Plantearon una serie de medidas para salvar los déficit del retraso. Algunas, de carácter funcional. Apoyo a los fiscales. Crear unidades de coordinación de causas, cosa que no existe. También a nivel de investigación. Elementos que son funcionales. No tienen gran costo ni materiales ni de organización, pero requieren de una voluntad política. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta. Nunca fueron llamados los organismos. Y lo único que hubo es que sí, ahora existe en forma legal la Comisión por Verdad y la Justicia, que es donde volcamos todas estas inquietudes.
–¿Entonces?
–Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Lo vemos porque en marzo se formó la comisión y recién se institucionalizó en julio. No atiende estos requerimientos formales, que no son sólo formales sino que estructuran el camino. Y da la impresión de que se están empezando de nuevo a juntar la información ¡a 40 años de los hechos! ¿Qué pasó con los trabajos que fueron compilando los organismos de derechos humanos en estos años? Ahora hay un nuevo llamado para que la gente que tenga elementos, aporte. Se reanudaron excavaciones. Desde adentro de la comisión dicen incluso, muy bien, pero tenemos que trabajar con datos. No se pueden estar repitiendo errores.
–¿Tampoco sirvieron los trabajos previos como punto de partida? (N. de la R.: uno de los trabajos mas importantes de estos años fue realizado por historiadores de la Universidad de la República que hicieron un informe con el acceso a archivos estatales.)
–La Comisión para la Paz recogía testimonios. Hizo un llamado a los militares y policías con absoluta reserva del nombre. O sea que así no hay forma de ampliar las investigaciones porque no hay registros sobre de dónde provenía la información porque las garantías eran tales que se operó tomando sólo esos testimonios. Eso sucedió con (Jorge) Batlle. Se supone que la tarea debía haber continuado, pero la Comisión encontró que en hay un panorama bastante más desértico. O sea que no hubo un trabajo como el que esperaban encontrar. Eso nos preocupa: estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande. Entonces creo que hay un dilema: ¿hasta dónde hay una voluntad política real del gobierno frentista de terminar con la impunidad permitiendo que se investigue? Pero además, hay otro punto importante en todo esto que es el Ministerio de Defensa.
–Se refiere a Eleuterio Fernández Huidobro. Tabaré es criticado porque volvió a ponerlo en funciones. ¿Aún es de la idea de que no hay que meterse con el pasado?
–Acá se ha hablado mucho de él porque siempre fue muy escandaloso. Hoy sabemos que muchos militares que están en el hospital militar no pasan a declarar cuando la Justicia los llama porque hay un certificado médico que dice que no están en condiciones. Eso dilata los juicios. Cuando la Justicia les requiere información, la mayoría de las veces dice: “Acá no hay información sobre esto”. O la información es tan parca que no sirve para nada. O sea que sin duda hoy las calles de Uruguay están llenas de pintadas que rechazan que se mantenga a este ministro cuando justo estamos entrando en una etapa muy importante y nos queda muy poco tiempo.
El Cóndor en Argentina
–Las querellas sostienen que el Juicio Cóndor aquí es importante también para los países hermanos con procesos de justicia mas difíciles. ¿Cómo cree que esto repercute en Uruguay?
–Yo quiero reivindicar siempre lo de Argentina. Lo que sucedió aquí fue fundamental pero no sólo para los uruguayos, fue fundamental para América, para los países que han pasado dictaduras. Esto muestra que la impunidad va a dejar siempre una brecha por donde se va entrar la justicia. Yo recuerdo aquí reuniones con los fiscales que fueron ejemplares. Me sirvieron a mí como víctima. Digo, yo no estaba sola. Y con mis compañeros sentíamos que eramos parte de un cuerpo. Creo que hay un avance de los derechos humanos a partir de la experiencia argentina.
–El Cóndor en Buenos Aires juzga a un militar uruguayo, el coronel retirado Manuel Cordero. Usted señaló que en los últimos tres años después que cayó la Ley de Caducidad se abrieron numerosas causas, pero no hubo un solo procesamiento. Dijo que creen que se enlenteció la Justicia. ¿Qué significa este juicio que finalmente llega a término sobre alguien como Cordero?
–Me parece que esto es de las cosas más importantes que espero de este juicio. Cordero aparece como un ser tétrico en todas las descripciones. Sádico, que operaba en Uruguay antes del golpe. Que se había especializado en OPR33, que después va a ser el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Y personaje que le gustaba aparecer. Decir su nombre y apellido. Y este juicio es importante porque se ha estado escapando primero a Brasil. Luego acá con esa libertad domiciliaria que la violaba continuamente, pero sobre todo porque es juzgado un personaje tan vil como éste. Y creo que va a ser una de las cosas que va a valer más, cuando sea procesado en Uruguay. Creo que él rompió con lo que eran pautas marcadas ya entre ellos, como el haberse salido del país cuando la Justicia lo buscaba. Un hombre que se la jugó solo.
–¿No piensan por qué Argentina pudo juzgarlo y Uruguay aún no?
–Hubo un problema de países que pidieron la extradición antes. Por eso Brasil lo entrega a la Argentina. Pero en ese momento muchos se alegraron porque dijeron allá lo van a juzgar.
–Habló de las deudas pendientes del Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial con una Corte Suprema muy conservadora?
–Cuando la Ley de Caducidad deja de funcionar (en 2011), nos dimos cuenta de que apareció el gran muro con el que tenemos que empezar a luchar que es el Poder Judicial. Y en los tribunales ahora la pelea es por la caducidad o no de las causas. No computan el tiempo de la dictadura; no computan el tiempo en el que la ley estuvo vigente y, por lo tanto, hay años para pelearla. Pero desde hace tres años no se procesa a nadie. Eso es un tema porque desde que la Ley de Caducidad dejó de estar en vigencia se presentaron muchísimos casos más. Gente que nunca se había presentado sobre todo en el interior del país.
lunes, 8 de julio de 2013
Piden investigar si hubo un centro clandestino en la Embajada de Uruguay
El diputado oriental Luis Puig solicitará a la justicia que determine el rol de la sede diplomática de su país en Buenos Aires durante la última dictadura.
Por: Gerardo Aranguren
Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral de la región por esos delitos.
Por: Gerardo Aranguren
Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral de la región por esos delitos.
El legislador Puig se presentará a las 10 en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, para denunciar la existencia de estas celdas en el primer subsuelo del consulado oriental. "El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros", señaló.
La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención.
El funcionamiento de la embajada como un eslabón más de la represión de la dictadura uruguaya fue denunciado por los sobrevivientes hace varios años y en 2011 presentaron ante la justicia argentina documentos para investigar ese rol. "Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados", señaló en ese momento el fallecido Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor, al entregar la documentación.
Entre esos archivos figuraban circulares diplomáticas con listados de ciudadanos buscados por la justicia militar uruguaya por realizar "actividades subversivas". Los listados eran distribuidos en las embajadas y consulados, donde acudían exiliados si querían renovar su pasaporte o realizar algún trámite.
En uno de esos listados, de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del PVP quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.
Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero, que resulta revelador: "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hçubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares."
domingo, 24 de febrero de 2013
Uruguay: declaran inconstitucional la ley que permitía juzgar a militares
Una vuelta a la impunidad en Uruguay
Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.
El gobernante Frente Amplio y otras organizaciones convocaron a una marcha para repudiar el fallo.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes”. El portavoz explicó que esa interpretación es “un disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que “tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
“Uruguay se merece otra Justicia”
-- Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y víctima de la dictadura, dijo ayer que Uruguay “se merece otro tipo de Justicia”, al comentar el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional una ley que impedía la prescripción de los crímenes cometidos en ese período (1973-1985). Macarena Gelman dijo que es “seriamente cuestionable” la decisión de la Corte y que va en contra de “hacer justicia por los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas”. Para Gelman, que ahora tiene 36 años, hechos como el reciente traslado a un tribunal civil de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes del régimen militar, forman parte también de una situación que hace pensar “si el Poder Judicial, desde la dictadura hasta hoy, se está comportando como debe”. Además apuntó que, pese a que el pronunciamiento de la Corte Suprema de ayer se refiere a un caso particular, “genera un antecedente que no es positivo”. Gelman dijo esperar “una respuesta rápida del Estado uruguayo, de sus tres poderes”, para subsanar el obstáculo impuesto por esa decisión “entre otras razones porque internacionalmente está comprometido a hacerlo”. Precisamente, el Estado uruguayo reconoció el año pasado, en virtud de una sentencia impuesta en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por el caso Gelman y se comprometió a suprimir todos los obstáculos legales para el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: Pagina 12
Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.
El gobernante Frente Amplio y otras organizaciones convocaron a una marcha para repudiar el fallo.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes”. El portavoz explicó que esa interpretación es “un disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que “tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
“Uruguay se merece otra Justicia”
-- Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y víctima de la dictadura, dijo ayer que Uruguay “se merece otro tipo de Justicia”, al comentar el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional una ley que impedía la prescripción de los crímenes cometidos en ese período (1973-1985). Macarena Gelman dijo que es “seriamente cuestionable” la decisión de la Corte y que va en contra de “hacer justicia por los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas”. Para Gelman, que ahora tiene 36 años, hechos como el reciente traslado a un tribunal civil de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes del régimen militar, forman parte también de una situación que hace pensar “si el Poder Judicial, desde la dictadura hasta hoy, se está comportando como debe”. Además apuntó que, pese a que el pronunciamiento de la Corte Suprema de ayer se refiere a un caso particular, “genera un antecedente que no es positivo”. Gelman dijo esperar “una respuesta rápida del Estado uruguayo, de sus tres poderes”, para subsanar el obstáculo impuesto por esa decisión “entre otras razones porque internacionalmente está comprometido a hacerlo”. Precisamente, el Estado uruguayo reconoció el año pasado, en virtud de una sentencia impuesta en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por el caso Gelman y se comprometió a suprimir todos los obstáculos legales para el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: Pagina 12
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