Balance de los juicios a los Genocidas a diciembre de 2015 -HIJOS La Plata

FIN DE UN CICLO

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta diciembre de 2015. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de primera instancia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( www.mpf.gov.ar y www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar

Otro año de caída

Con 17 juicios parciales concluidos y 115 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar a los genocidas. El debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.

Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Capital federal a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.

Desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 12 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 230 procesados que fallecieron en estos 12 años) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 643 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 130 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.

Entonces, comparado con los 200 mil represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2 mil procesados, ese 32% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Cifras generales

Si analizamos lo que fueron las distintas zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, y subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías y servicios penitenciarios provinciales se han hecho:

- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas. Agregamos aquí el detalle de que en 2015 sólo se realizaron 2 procesos en este ámbito: la causa por la represión en Junín y contra agentes del Batallón 601 por asociación ilícita.

- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 150 condenas. Nuevamente, en 2015 sólo hubo 2 procesos en esta jurisdicción: la causa contra el subjefe de policía de Formosa y la conocida como “Saint Amant 2” en Rosario.

- 44 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 264 condenas. Es esta la jurisdicción donde más juicios hubo este año (7 procesos), a la vez que donde más condenas ha habido en general, incluidas las 28 de este año sólo en el juicio que se realizó en San Luis.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del noroeste bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 13 procesos con 53 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. Este año sólo concluyó en esta jurisdicción el juicio N°11 por hechos de aquella sede de mando militar, referidos a crímenes cometidos desde la Comisaría de Villa Ballester.

Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 10 juicios que condenaron a 71 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 3 en Bahía Blanca (el último compartió imputaciones con efectivos de la Armada) y 1 en Río Negro.

En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a un total de 50 marinos, 9 prefectos y 8 civiles cómplices de esas patotas. Este año se logró la condena a 5 marinos y 3 prefectos en La Plata, en el juicio a la Fuerza de Tareas 5; además de 9 marinos y 4 prefectos sentenciados en la causa “Fracassi” de Bahía Blanca; la apropiadora de Javier Penino Viñas y los de Florencia Reinhold Siver, delitos cometidos desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, continúa su curso el tercer tramo por los crímenes de la Escuela de Mécánica de la Armada, que lleva 3 años de audiencias, donde han muerto impunes casi una decena de represores, y que se ha convertido en el proceso judicial más complejo de las historia penal argentina.

Además sólo 13 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea y sus patotas condenados a la fecha: este año se sentenció a 2 oficiales de la 5ta Brigada Aérea en el juicio desarrollado en San Luis, y a 5 oficiales de la Fuerza Aérea y un civil de Inteligencia de esa fuerza en la causa Mansión Seré 2 en San Martín. Y hubo sólo 11 integrantes de Gendarmería condenados, en CABA, Córdoba, Tucumán y San Martín.

Por último, en 2015 hubo 2 novedades importantes: el ex juez Manlio Martínez fue el primer ex funcionario judicial de la dictadura condenado por secuestros, prevaricato y asociación ilícita; mientras que los espías del Batallón 601 Leonardo Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que habían llegado procesados por 3 secuestros extorsivos de empresarios entre 1979 y 1981, fueron absueltos por mayoría por el TOF6 de Capital, que entendió cosa juzgada, y transformó el proceso en el primer juicio en que todos los procesados fueron dejados en libertad.

Grises y negros

Curiosamente venimos escuchando desde los sectores del kirchnerismo que cada año que se iniciaba sería realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. Ni siquiera se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. El proceso venía creciendo desde las 19 juicios con 114 condenas de 2010, pasando a 21 procesos finalizados con 86 condenas en 2011. Como decimos, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 aunque se estancó en 23 juicios concluidos creció a 161 condenas. Fue a partir de allí que comenzó a decaer el proceso, llegando en 2014 a 20 juicios con 96 condenas y en 2015 a sólo 17 procesos con 115 condenas, es decir que se volvió a los promedios de 2010, cuando se había pegado el gran salto.

Es tan inocultable el estancamiento de la tendencia que el optimismo que trasmitía el habitual informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publica cada fin de año, se reflejó en un relevamiento estrictamente estadístico este año, dejando de lado los análisis detallados de otros años y sin siquiera alertar sobre el hecho básico de que más procesamientos con menos juicios por años generan un cuello de botella difícil de sortear. (1)

Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores; mientras que los “mega-juicios” (10 represores o más) han caído a 3 sobre 20 en 2014 y 4 sobre 17 en 2015.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Como dijimos, este año sólo llegaron a sentencia los casos Penino Viñas y Reinhold Siver, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver.

En donde se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos. Y si bien esta posición sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país, a los 2 represores condenados hasta el momento (Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero) en los últimos años se han sumado condenas por violación y abuso deshonesto en los juicios Vesubio 2, Villa Urquiza de Tucumán, Mansión Seré 2, Armada de Bahía Blanca y Comisaría de Villa Ballester.

Sin embargo falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Hoy es tiempo de que la justicia recepcione de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.

Domiciliarias y reconciliación

El polémico editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, ha reinstalado el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. (2)

La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.

Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único eje cuestionador de la cárcel común: a ellos se suma un sector de los familiares y víctimas de terrorismo encabezados por Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, que confunden la reconciliación impune con el cumplimiento igualitario de la ley. (3)

Recordamos que este debate tiene un grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle, por razones médicas, la domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas conservan poder y capacidad logística de fugarse y complicar las investigaciones.

Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Con este antecedente cabría preguntarse entonces cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos del vocero de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en esta década el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario, mientras hoy queda un 25% del total de 2.100.

La Plata sigue impune

Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuys familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.

Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.

Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.

Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.

Conclusión

La puesta en la balanza de estos 12 años de juicios ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Incluso la pretensión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, referida a concluir los juicios en 2015 (4) parece hoy un mal chiste, cuando no un manotazo de ahogado, de quien quiere maximizar su tarea antes de irse, pero que de ninguna manera es practicable porque no puede hacerse a las apuradas lo que no se planificó anteriormente.

Hasta el juez Daniel Rafecas ha reconocido que en estos juicios “el modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”. (5)

Esas voces, que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya los juicios. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.

En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de López.

A 40 años del golpe genocida seguiremos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

- JUICIO A LAS BANDAS FASCISTAS QUE ACTUARON PREVIO AL GOLPE, A LOS CÓMPLICES EMPRESARIALES, ECLESIÁSTICOS Y DE LA BUROCRACICA SINDICAL.

- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.

- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.

- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.

- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

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Sara Méndez cuenta acerca del juicio a represores uruguayos que comenzó en Roma

La Justicia llega a Italia

Uruguaya, exiliada en la Argentina, fue secuestrada, llevada a Automotores Orletti y trasladada en secreto a Montevideo. Es una de las testigos del juicio italiano y explica este caso de jurisdicción universal.

 Por Alejandra Dandan

Sara Méndez es una las víctimas secuestradas por el accionar conjunto de las fuerzas argentinas y uruguayas durante el Plan Cóndor. Se escapó del golpe de 1973 al otro lado del río, pero fue secuestrada aquí, embarazada. Le tomó 26 años encontrar a su hijo. Aquí estuvo en el Centro Clandestino Automotores Orletti y luego la trasladaron ilegalmente a Montevideo con un grupo de detenidos que continuaron en prisión en ese país. Dio testimonio en numerosas causas y ahora acaba de volver de Italia, donde a quince años de iniciado un expediente comenzó el juicio por los uruguayos con nacionalidad italiana víctimas de la coordinación represiva del Cono Sur.

De paso por Buenos Aires, habla de la potencia de la “jurisdicción universal” y del nuevo rol del Estado uruguayo, que se presentó en Italia como querellante. Pero también de las limitaciones. Menciona el impacto en su país del juicio oral por los crímenes del Cóndor que se realiza en Argentina. Pero sobre todo se detiene en los dilemas de ese proceso de justicia uruguayo, con avances y retrocesos, aun durante los gobiernos del Frente Amplio. Méndez también habla de la Comisión por la Verdad y la Justicia impulsada por Tabaré Vázquez. Y más específicamente de sus problemas: “Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad –señala–. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Esto es lo que nos preocupa: nos da la impresión de que todo vuelve a cero y estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande”.

–¿Qué sucede en Italia? ¿Y por qué es importante ese juicio?

–En junio comenzó un juicio que habíamos iniciado hace quince años, sobre víctimas uruguayas de doble nacionalidad. Fue cuando acá estaban las leyes de Punto final y Obediencia Debida, y en Uruguay estaba la Ley de Caducidad. Tiramos distintas líneas. Así empezaron juicios en España y finalmente en Roma después de quince años. Ahí hay imputados uruguayos, militares, que en su mayor parte ya están presos y procesados en Uruguay. Salvo un capitán de la Armada que cuando fue requerido huyó a Italia porque tenía nacionalidad italiana. Es el único no procesado que es juzgado en Roma. Pero para nosotros esto es importante primero porque cuando se inició no había ninguna posibilidad de justicia. Las condiciones hoy son distintas. Hoy Uruguay es querellante. Y el Frente Amplio es querellante en Italia. Y para nosotros es muy importante que haya un fallo favorable en Italia sobre estos militares que ya fueron procesados en Uruguay porque sería un aval al trabajo de la Justicia uruguaya.

–Dijo, primero. ¿Y segundo?

–Porque es un juicio que asienta las bases de la justicia universal. Es decir, señala que los delitos que no son investigados en el país, tendrán otros países que continúan la tarea. Pero también es importante porque como dije es la primera vez que el gobierno uruguayo asume una responsabilidad y aparece como querellante. Eso es un cambio que comenzó hace diez años cuando el Frente Amplio llega al gobierno. Son pasitos, llenos de trabas, donde la sociedad civil tiene el papel de empujar permanentemente. Pero digo, en alguna medida, las trabas mayores cayeron con la Ley de Caducidad, que fue el gran escollo que tuvimos. Pero frente a este nuevo rol del gobierno nosotros hoy estamos diciendo: ¿qué pasa? ¿Es un cambio? ¿El Estado es querellante?

–¿No creen que da cuenta de un cambio político?

–Mirá, antes de viajar a Roma nosotros dijimos que necesitábamos saber cuál es la estrategia de la fiscalía. ¿Cuál la del abogado representante del gobierno uruguayo? Pero no hemos tenido respuesta. ¿Entonces qué empezamos a ver? Que no tenemos contacto con nadie. Ni con los fiscales, ni con los abogados del gobierno. Pedimos una videoconferencia. Pero nada. Llegamos a Italia y al otro día prácticamente declaramos. El conocimiento cara a cara es casi en el mismo juicio, con todas las dificultades de un país con otra legislación y la traba del idioma. Cuando volvió la primera tanda de testigos empezamos a plantear estas preocupaciones. Porque sería muy lamentable que ese juicio termine absolviendo a los que ya están procesados en Uruguay.

–¿En qué etapa está el juicio?

–Ahora hay una interrupción hasta septiembre por la feria. Nuestro deseo es que los que lleguen en septiembre encuentren un panorama mejor. Eso significa que el gobierno uruguayo asuma, no sólo formalmente, sino en la realidad, el compromiso sobre estos juicios que son muy importantes. Pero además que muestre que hay un cambio real en la postura del gobierno sobre cada uno de estos temas.

–¿Intuyen problemas para los procesamientos?

–Creo que son muchas las acusaciones y los testimonios son muy coherentes. Nosotros, los testigos sobrevivientes de Orletti, hemos atestiguado en montones de lugares con notoria coherencia. Sería difícil que suceda, pero no podemos estar jugando cuando las cosas se pueden hacer de otra forma.

–Tabaré puso en funciones a la Comisión por la Verdad y la Justicia que aparentemente señalaba un cambio. ¿Cuál es la evaluación?

–Cuando Tabaré Vázquez asume, una de las primeras cosas que propone es la revisión del pasado reciente. Señala que va a crear la Comisión por la Verdad y la Justicia y nombra a los integrantes. Hay una persona representante de Madres y Familiares. La persona central que la preside es Macarena Gelman, y después hay mucha gente de Iglesias con un destaque en el compromiso con los derechos humanos. Pero nosotros sentimos en alguna medida que es como volver a empezar. Pero no sólo lo decimos los activistas, sino que el pueblo en general sintió lo mismo: ¡A tantos años crear una comisión, una comisión!

–¿No se articulan los trabajos previos como los de la Comisión para la Paz?

–Esta comisión estaría por encima de la Comisión de Seguimiento que se formó para seguir con el trabajo de la Comisión para la Paz. Está pensada para tener vínculo directo con presidencia. O sea, tiene un valor importante. Y a su vez, si bien aún no estaba consolidada su forma legal, Tabaré Vázquez pidió a los organismos que hagan llegar sus opiniones. Y llegaron las opiniones. Envió Crisol, que reúne a los ex presos políticos y actúa orgánicamente. Envió el Observatorio Luz Ibarburu. Hicieron llegar un beneplácito, pero a su vez teniendo en cuenta que hay mucho tiempo que ha pasado acá. ¡Se nos están muriendo tanto las víctimas como lo victimarios! Y los procesos cuando mueren los victimarios, se cierran. Plantearon una serie de medidas para salvar los déficit del retraso. Algunas, de carácter funcional. Apoyo a los fiscales. Crear unidades de coordinación de causas, cosa que no existe. También a nivel de investigación. Elementos que son funcionales. No tienen gran costo ni materiales ni de organización, pero requieren de una voluntad política. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta. Nunca fueron llamados los organismos. Y lo único que hubo es que sí, ahora existe en forma legal la Comisión por Verdad y la Justicia, que es donde volcamos todas estas inquietudes.

–¿Entonces?

–Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Lo vemos porque en marzo se formó la comisión y recién se institucionalizó en julio. No atiende estos requerimientos formales, que no son sólo formales sino que estructuran el camino. Y da la impresión de que se están empezando de nuevo a juntar la información ¡a 40 años de los hechos! ¿Qué pasó con los trabajos que fueron compilando los organismos de derechos humanos en estos años? Ahora hay un nuevo llamado para que la gente que tenga elementos, aporte. Se reanudaron excavaciones. Desde adentro de la comisión dicen incluso, muy bien, pero tenemos que trabajar con datos. No se pueden estar repitiendo errores.

–¿Tampoco sirvieron los trabajos previos como punto de partida? (N. de la R.: uno de los trabajos mas importantes de estos años fue realizado por historiadores de la Universidad de la República que hicieron un informe con el acceso a archivos estatales.)

–La Comisión para la Paz recogía testimonios. Hizo un llamado a los militares y policías con absoluta reserva del nombre. O sea que así no hay forma de ampliar las investigaciones porque no hay registros sobre de dónde provenía la información porque las garantías eran tales que se operó tomando sólo esos testimonios. Eso sucedió con (Jorge) Batlle. Se supone que la tarea debía haber continuado, pero la Comisión encontró que en hay un panorama bastante más desértico. O sea que no hubo un trabajo como el que esperaban encontrar. Eso nos preocupa: estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande. Entonces creo que hay un dilema: ¿hasta dónde hay una voluntad política real del gobierno frentista de terminar con la impunidad permitiendo que se investigue? Pero además, hay otro punto importante en todo esto que es el Ministerio de Defensa.

–Se refiere a Eleuterio Fernández Huidobro. Tabaré es criticado porque volvió a ponerlo en funciones. ¿Aún es de la idea de que no hay que meterse con el pasado?

–Acá se ha hablado mucho de él porque siempre fue muy escandaloso. Hoy sabemos que muchos militares que están en el hospital militar no pasan a declarar cuando la Justicia los llama porque hay un certificado médico que dice que no están en condiciones. Eso dilata los juicios. Cuando la Justicia les requiere información, la mayoría de las veces dice: “Acá no hay información sobre esto”. O la información es tan parca que no sirve para nada. O sea que sin duda hoy las calles de Uruguay están llenas de pintadas que rechazan que se mantenga a este ministro cuando justo estamos entrando en una etapa muy importante y nos queda muy poco tiempo.
El Cóndor en Argentina

–Las querellas sostienen que el Juicio Cóndor aquí es importante también para los países hermanos con procesos de justicia mas difíciles. ¿Cómo cree que esto repercute en Uruguay?

–Yo quiero reivindicar siempre lo de Argentina. Lo que sucedió aquí fue fundamental pero no sólo para los uruguayos, fue fundamental para América, para los países que han pasado dictaduras. Esto muestra que la impunidad va a dejar siempre una brecha por donde se va entrar la justicia. Yo recuerdo aquí reuniones con los fiscales que fueron ejemplares. Me sirvieron a mí como víctima. Digo, yo no estaba sola. Y con mis compañeros sentíamos que eramos parte de un cuerpo. Creo que hay un avance de los derechos humanos a partir de la experiencia argentina.

–El Cóndor en Buenos Aires juzga a un militar uruguayo, el coronel retirado Manuel Cordero. Usted señaló que en los últimos tres años después que cayó la Ley de Caducidad se abrieron numerosas causas, pero no hubo un solo procesamiento. Dijo que creen que se enlenteció la Justicia. ¿Qué significa este juicio que finalmente llega a término sobre alguien como Cordero?

–Me parece que esto es de las cosas más importantes que espero de este juicio. Cordero aparece como un ser tétrico en todas las descripciones. Sádico, que operaba en Uruguay antes del golpe. Que se había especializado en OPR33, que después va a ser el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Y personaje que le gustaba aparecer. Decir su nombre y apellido. Y este juicio es importante porque se ha estado escapando primero a Brasil. Luego acá con esa libertad domiciliaria que la violaba continuamente, pero sobre todo porque es juzgado un personaje tan vil como éste. Y creo que va a ser una de las cosas que va a valer más, cuando sea procesado en Uruguay. Creo que él rompió con lo que eran pautas marcadas ya entre ellos, como el haberse salido del país cuando la Justicia lo buscaba. Un hombre que se la jugó solo.

–¿No piensan por qué Argentina pudo juzgarlo y Uruguay aún no?

–Hubo un problema de países que pidieron la extradición antes. Por eso Brasil lo entrega a la Argentina. Pero en ese momento muchos se alegraron porque dijeron allá lo van a juzgar.

–Habló de las deudas pendientes del Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial con una Corte Suprema muy conservadora?

–Cuando la Ley de Caducidad deja de funcionar (en 2011), nos dimos cuenta de que apareció el gran muro con el que tenemos que empezar a luchar que es el Poder Judicial. Y en los tribunales ahora la pelea es por la caducidad o no de las causas. No computan el tiempo de la dictadura; no computan el tiempo en el que la ley estuvo vigente y, por lo tanto, hay años para pelearla. Pero desde hace tres años no se procesa a nadie. Eso es un tema porque desde que la Ley de Caducidad dejó de estar en vigencia se presentaron muchísimos casos más. Gente que nunca se había presentado sobre todo en el interior del país.

MegaCausa Saint Amant II: Testimoniales

13 agosto, 2014
Pasadas las 12:40 horas, bajo la presidencia del Juez Paulucci, acompañado por Vázquez  y Escobar Cello comenzó una nueva audiencia testimonial en el recinto del Concejo Deliberante de Pergamino.

Además de mantenerse la importante convocatoria de familiares, compañeros y vecinos, se destacó la presencia de jóvenes estudiantes secundarios que llegaban desde una escuela próxima donde habían participado previamente de una charla con Alba Lanzillotto y otros familiares.

Por secretaría se informó que Hugo Santillán una de los testigos citados se encuentra fallecido, y Oscar Vergara, ex-juez de San Nicolás no se encuentra en condiciones de salud para dar testimonio.  De este modo convocaron a los hijos del matrimonio Lanzillotto-Santillán.  A estos dos testigos se sumó Ramiro Mena Lanzillotto, primo hermano de Jorge Francisco y María Lucía Santillán Lanzilloto.

Cabe recordar que el Matrimonio de María Cristina Lanzillotto y Carlos Santillán -ambos militantes del PRT-ERP- fueron secuestrado entre el 9 y 10 de noviembre de 1976.  Carlos en San Nicolás y María Cristina con sus hijitos de poco más de uno y dos años en aquel entonces.

En la declaración de Jorge Francisco, como en la de María Lucía narraron que después del secuestro fueron llevados a una parroquia de Fishertón, en Rosario, quedando al cuidado de una familia que luego de tres meses le entregaron a los abuelos paternos de Santiago del Estero.

Otro aspecto del daño que causó el terrorismo de estado se hizo evidente en el testimonio de estos jóvenes que fueron criados por sus abuelos, entre el silencio obligado sobre la militancia de sus padres y el cuidado extremo, cargado del temor que los apartaba de la busqueda del compromiso con la sociedad.

María Lucía dijo que recien después que falleció su abuelo. Pudo Leer sus papeles donde registraba la busqueda de sus padres. Fue a partir de ese momento que comprendió cuánto los amaban sus padres y que “ese compromiso y esa entrega -de ellos- era su manera de quererlos”.

Posteriormente declaró Ramiro Mena, primo hermano de estos jóvenes, huerfano y criado por su familia paterna. En este caso, aunque de la misma edad que sus primos, su testimonio fue menos personal y mucho más político y reivindicador de la militancia revolucionaria de su familia. Fue una declaración extensa, que no esquivó ningún interrogante de los abogados defensores de los genocidas. Al finalizar fue aplaudido por el público presente.

Paulucci anunció que la próxima audiencia será recién el miércoles 27 de agosto, suspendiendo las dos audiencias programadas para la semana próxima. El motivo sería por la participación de Escobar Cello en el tramo final del Juicio Oral Feced II.

Terminada la audiancia, un grupo de familiares, militantes del Encuentro Ragional y ex-presos políticos se entrevistaron con los jueces manifestando su creciente preocupación por la lentitud con que está avanzando este Juicio Oral.  El TOF 1 ya había anunciado que a partir de septiembre realizarán 2 o 3 audiencias por semana. No obstante los presentes pusieron incapié en hacer más eficiente la convocatoria de los testigos por audiencia, de modo de garantizar un mínimo de 4 o 5 testigos que declaren por jornada.

Asimismo consultar en : http://saintamantdos.wordpress.com/tag/cronicas/ 

 Ver en  : https://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=sharehttps://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=share