El panorama de los juicios de lesa humanidad en el 2017

Los juicios de lesa humanidad mantienen una vigencia indiscutible desde su reapertura en el proceso judicial en el 2006. Durante todo este año continuarán en distintas provincias de la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, sumado a los juicios que se iniciarán en el 2017. La complicidad civil se hacen cada vez más evidentes.

Escrito por Giuliana Sordo 18 enero, 2017
24 procesos judiciales pondrán en foco los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar a lo largo de todo el país. Dentro de estos: tres causas esperan los fundamentos de las condenas y veredictos conocidos a fines del 2016, 14 juzgamientos en curso reanudarán sus audiencias, y son siete los nuevos juicios que investigarán crímenes de lesa humanidad.

24 procesos judiciales pondrán en foco los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar a lo largo de todo el país.

Los juicios actualmente en curso involucran a 263 acusados y los que comenzarán en este año suman un total de 60 nuevos acusados. Estos procesos se llevan adelante en distintos puntos del país: tienen lugar en las provincias de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, San Juan, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Formosa.

Los beneficios a los poderes concentrados: la causa Ford

Uno de los juicios programados para comenzar en el 2017 era la causa que involucra a la empresa Ford pero a comienzos de este año, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°1 de San Martín, suspendieron el juicio previsto para marzo por los crímenes cometidos contra los trabajadores de la empresa y no fijaron una nueva fecha. Los acusados en este proceso son dos ex gerentes de la firma automotriz y a un ex jefe militar por el secuestro y las torturas a 24 trabajadores.

Uno de los juicios programados para comenzar en el 2017 era la causa que involucra a la empresa Ford pero a comienzos de este año suspendieron el juicio previsto para marzo por los crímenes cometidos contra los trabajadores de la empresa y no fijaron una nueva fecha.

Este es uno de los casos más ejemplares sobre la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad. Ford tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, precisamente en el quincho que fue lugar de reunión y esparcimiento de los trabajadores. Un centro clandestino que funcionó al servicio de la dictadura cívico-militar que ejercía el poder.

Los organismos de Derechos Humanos y los sobrevivientes de este lugar de detención exigen el pronto inicio del juicio, debido a la edad de los acusados (85, 90 y 94) para evitar que mueran impunes tras haber sido responsables del genocidio. A pesar de esto, y luego de 40 años de la dictadura, la mayoría de los empresarios y cómplices civiles del golpe militar siguen sin ser sometidos a juicio.

 Este es uno de los casos más ejemplares sobre la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad. Ford tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en General Pacheco.

 Avances y retrocesos, dos caras de un mismo proceso

En estos procesos judiciales se pueden vislumbrar dos cuestiones importantes. La primera, la vigencia de un proceso consolidado en todo el territorio nacional que permite alumbrar un poco de justicia luego de años de impunidad, sumado a un proceso único en el mundo en el que el mismo Estado se juzga así mismo, como no sucedió con otros genocidios. La segunda, las victorias que siguen teniendo los cómplices civiles de la dictadura, como la empresa Ford, al lograr dilatar su juzgamiento como responsables de una dictadura que implantó un modelo económico que sólo beneficiaba a los poderes más concentrados, es decir, a ellos mismos.

Estas cuestiones no dejan más opción que seguir apoyando los procesos judiciales que investigan al terrorismo de Estado, exigir su mantenimiento, reclamar por su agilidad, participar activamente de los juicios que son orales y públicos y, fundamentalmente, denunciar con contundencia los favores que siguen obteniendo los cómplices civiles al no ser juzgados. Más ahora que muchos grupos económicos, beneficiados durante la dictadura, están actualmente en el poder.

A 40 años .... si no hay justicia, hay escrache: Luis Esteban Genoud

COMUNICADO DE PRENSA

El sábado 19 de septiembre a las 16hs Familiares de Detenidxs Desaparecidxs de Florencio Varela y la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, nos concentramos en el Playón de la Estación Varela.

Desde la Campaña Pública “A 40 años…si no hay Justicia, hay escrache” denunciamos públicamente a Luis Esteban Genoud, cómplice del aparato represivo estatal tanto en dictadura como en democracia y exigimos su inmediato enjuiciamiento.
Este personaje de la Justicia de tan larga trayectoria política es sin embargo cómplice de atroces casos de impunidad por los que no ha sido juzgado aún por lo que el sábado 19 de septiembre nos concentraremos a las 16hs en el playón de la Estación de Fcio. Varela para decir que no queremos vivir entre asesinos.
Luis Genoud, recientemente nombrado como Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, comenzó su carrera en 1966 como egresado de la Escuela de Policías Juan Vucetich.
Luego de su paso por la Tendencia y el Ateneo Peronista se recibe de abogado. Como integrante del Colegio de Abogados de Fcio. Varela se ofrece para la redacción del Código de faltas local para el gobierno de facto del Prefecto Hamilton y poco después integra la Comisión de Festejos, Homenajes y Acción Comunitaria creada por el mismo gobierno.
En tanto Genoud entablaba vínculos con el gobierno militar muchos de sus compañeros de militancia en la Tendencia eran secuestrados, entre ellos Francisco Bartucci cuya hermana denunciará años después al magistrado por haberla interrogado frente a personal policial sobre supuestas actividades de Francisco en pleno Proceso.
En democracia su carrera continúa como funcionario de las gestiones municipales de Julio Carpinetti y de Julio Pereyra, hasta que en el año 2002 llega a ser Ministro de Seguridad de la provincia y entre los nombramientos que realiza está la designación de Mario Alberto Mijin como Subjefe de Seguridad Departamental Lomas de Zamora (otro vecino varelense conocido como “el Verduguito” por su actuación en el CCD del Destacamento de Arana en 1977)
En el año 2002 se produce la Masacre de Avellaneda, trágica jornada en la que son asesinados los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Producto de la movilización popular el 9 de enero de 2006 el ex comisario Alfredo Fanchiotti, vecino de Varela y amigo personal de Genoud, es condenado a prisión perpetua por las muertes de Darío y Maxi. Sin embargo, el magistrado lejos de ser juzgado y condenado por ser responsable político de la Masacre pasa a integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia, presidirla y actualmente ser el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.
A casi 40 años del último golpe de Estado y 32 años de gobiernos democráticos los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar continúan impunes y siguen gestando nuevas muertes: Julio López, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Mariano Ferreyra, Luciano Arruga entre tantos otros.
Pero también siguen en pie las convicciones y sueños de nuestrxs compañerxs, todxs ellxs viven en la lucha que día a día damos por una sociedad justa e igualitaria, por una vida digna. Todxs ellxs están presentes en este grito de Memoria, Verdad y Justicia que no se apagará hasta que el último responsable militar y civil sea juzgado.
Porque en la defensa de los Derechos Humanos no se puede ser neutral, se lucha por ellos o se está a favor de los genocidas, una vez más ponemos el cuerpo en las calles para decir claramente NUNCA MÁS.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Memoria, Verdad y Justicia
30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs ¡Presentes!
Justicia por Darío y Maxi
Juicio y cárcel común para los genocidas militares y civiles
Juicio y cárcel común para Luis Esteban Genoud y todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda


Contacto de Prensa:
Alberto Santillán: 011 5603 5256
Leonardo Santillán: 011 2529 5735
Nélida Bartucci: 011 4403 6117

Familiares de detenidxs desaparecidxs de Fcio. Varela, Comisión Independiente por Darío y Maxi (Alberto Santillán,Leonardo Santillán,Adolfo Pérez Esquivel, Vicente Zito Lema, Alfredo Grande, Arturo Blatesky,Pablo Pimentel, José Schulman, José Calegari, Claudia Korol, Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio Paz y Justicia, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio Varela, CORREPI, HIJOS Zona Oeste, CPM Comisión Provincial por la Memoria, FOL-Mtd Anibal Verón, COB La Brecha,Ctro Popular Mons. E. Angelelli de Fcio Varela, Federacion de Organizaciones de Base (FOB), Pañuelos en Rebeldía, Movimiento Territorial Liberación UMMEP Berazategui, Frente Pueblo Unido Provincia de Bs.As,Agrupación Solano Vive, Casa Popular Joselito Bembé, Cooperativa UMMEP Berazategui,Catedra de Estudios Americanistas, FyL-UBA,AGTCAP ,ATE Sur - Lomas de Zamora,ATE Alte. Brown - Pte. Perón, . CTA Lomas de Zamora, CTA Autónoma Alte. Brown ,Agrupación Víctor Choque de ATE,Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas ,Lista Marrón SUTEBA Fcio Varela, CTEP,Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS),Izquierda Revolucionaria, Congreso de los Pueblos Colombia - Capitulo Argentina, FM La Barriada 98.9, HLI, GEN, MTR 12 de Abril, MTR)

Episodios de violencia en el fútbol, represiones y aparato de inteligencia intacto

El espionaje que avanzó en democracia

En lo futbolístico, 1983 se caracterizó por una serie de muertes y represiones. La Inteligencia policial se concentró en hurgar por qué. Los documentos les echaban la culpa a los partidos de izquierda, a los jóvenes y a “sentimientos contrarios” a las fuerzas policiales.

 Por Juan Ignacio Provéndola

En Argentina, la transición institucional de 1983 no avanzó moldeando cemento fresco, sino quebrando primero el que estaba perpetrado. En ese sentido, el fútbol fue una de las estructuras que más sucumbió al cambio de época. Su adaptación a las nuevas lógicas sociales se produjo en el marco de una furiosa escalada de violencia en los partidos, fenómeno hasta entonces ajeno al fútbol como hábito cultural. Una estadística lo grafica: a lo largo de 1983 se produjeron cinco muertes, cifra record desde el primer registro, datado de 1922. Lejos de ser una situación excepcional, el año marcó a su vez un quiebre en el promedio de fallecimientos, que hasta ese entonces era de 1,7 y a partir de allí pasó a ser de casi seis. Se confecciona por primera vez una “lista de víctimas en el fútbol” para llevar contabilidad de ellas.

Entonces, la violencia en el fútbol comienza a ser entendida como tal. Se problematiza. Básicamente, porque a partir de aquel 1983 se proyecta en dos dimensiones que la definirán de allí en más: la figura del barrabrava contemporáneo, con la aparición pública de José Barrita, el Abuelo, como líder de La Doce, y el despliegue de mecanismos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes aún conservaban altas cotas de poder y toleraban pocos mecanismos de control. Fenómenos que son hijos de ese momento de transición en el que los roles se reordenan de manera vehemente. El fútbol, con la democracia, entra en nuevas tensiones.

Las cinco muertes de aquel año están vinculadas a acciones propias entre las hinchadas: las dos primeras en un tiroteo entre las de Boca y Quilmes, luego un simpatizante de Independiente arrojado de un tren, más tarde otro de Racing atravesado por una bengala lanzada en la Bombonera y, por último, uno de River emboscado por su propia gente.

Sin embargo, pese a no ocasionar de manera directa ninguna de esas muertes, en paralelo comienza a ser cuestionado el rol de las fuerzas de orden en estos episodios, quienes habían sobrevivido a la democracia como garantes de la seguridad, aunque sin actualizar necesariamente sus mecanismos de trabajo.

El despliegue de su aparato represivo era en ocasiones encarnizado, tal como ocurrió en la final del Nacional ’83, entre Independiente y Estudiantes, y el día del descenso de Racing. Cada uno en un estadio diferente de Avellaneda, fueron festivales de gases lacrimógenos, bastonazos, y detenciones a mansalva como la misma figura: el edicto de disturbios en espectáculos públicos. Se labraron sumarios por atentado y resistencia a la autoridad, tumulto, daños agravados y lesiones múltiples. Algunas imágenes siguen dando vueltas y son tremendas. Nunca se había visto tanta brutalidad multiplicada en un mismo partido.

Los dos hechos generaron una fuerte repercusión pública y, naturalmente, alentaron el trabajo de los servicios de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el cuerpo de espionaje de la fuerza que había promovido aquellas represiones. Un profuso expediente acumuló informes de todo tipo sobre esos episodios, las causas que los habían generado, el rol de la propia fuerza y, sobre todo, lo que más obsesionaba a la policía: la evaluación que los medios y la opinión pública hacía de su accionar en los iniciáticos tiempos democráticos

“El periodismo, tanto escrito como oral, en diversos comentarios se mostró contrario al accionar policial” y con “una cierta predisposición constante contra los efectivos de nuestra institución”, explica uno de los partes, que adjunta innumerables recortes de los diarios más importantes. Sin embargo, ese mismo informe menciona –sin más detalles que los siguientes– que se realizó “una encuesta en la población en general”, quien “en su mayoría, coincide que el accionar policial fue correcto, dado como se sucedían los acontecimientos, tildando de sensacionalistas a los medios periodísticos que efectuaron opiniones sobre el tema”.

Walter Stefanini, jefe de la Bonaerense, declaraba públicamente que todo respondía a “un sentimiento deportivo originado en la ubicación de los equipos en la tabla”, aunque por lo bajo ordenaba que se filmaran todos los partidos en su jurisdicción para individualizar a los que inician los disturbios. Lejos de efectuar cualquier tipo de autocrítica sobre su accionar, la policía trataba de interpretar los motivos por los cuales sus tareas recibían duros cuestionamientos de distintos sectores sociales. Los informes rondan sobre la idea de que “en los estadios de fútbol se entreveran, entre el grueso de la hinchada o de los fanáticos, gente activista con diferentes ideas políticas, quienes aprovechan el caos del momento para descargar sus resentimientos personales”.

“No es objetivo enfocar la cuestión analizando el comportamiento de los efectivos policiales, debido a que el episodio que nos ocupa tiene su raíz en el accionar de los grupos juveniles de izquierda, los cuales capitalizan con habilidad el vandalismo de las barras bravas”, apunta uno de los diagnósticos de Inteligencia. Algo que, a la luz de los hechos, poco guardaba con la realidad: en las numerosas represiones desatadas por la policía en las tribunas no se veían activistas políticos sino, más bien, familias y espectadores corriendo desesperadamente frente a los ataques salvajes del garrote. Hinchas, en suma.

Sin embargo, las fuerzas del orden parecían seguir adscribiendo a la teoría de los dos demonios para justificar sus actuaciones represivas a punta de bastón, caballos, balas de goma y gases lacrimógenos. “Se observa un renacer de un viejo sentimiento de rencor, basado en el terror psicológico hacia los uniformados y su simbolismo”, esbozaba otro informe. La “campaña de descrédito de la cual es objeto la mayoría de las fuerzas legales” respondía, según los espías, a “la intensa acción psicológica desplegada por las organizaciones de izquierda, con el consiguiente aprovechamiento de los medios masivos de comunicación social, sumado a la presencia activista de integrantes juveniles pertenecientes a las corrientes políticas que participan de todo evento popular (fútbol, festivales de rock, etc.)”.

No obstante esto, las protestas por las represiones policiales que se desataban cada fin de semana en las tribunas del país no estaban inspiradas en banderías ideológicas, sino en la necesidad de reformular profundamente el rol de las fuerzas de seguridad en la nueva vida institucional que se daba lugar con el retorno de la democracia a la Argentina. En ese sentido, uno de los últimos informes de ese atribulado 1983 postulaba una serie de sugerencias a ser tenidas en cuenta por el personal policial, señalando “la conveniencia de reformular los procedimientos tradicionalmente utilizados”. Entre ellos se reconocía que el uso de los gases lacrimógenos (una de las constantes en ese año) “no ayudan a restaurar el orden sino que, por el contrario, suelen alterarlo con consecuencias imprevisibles”, aunque no hablaba de suprimir su uso sino de hacerlo de manera menos “indiscriminada”. Por otra parte, se planteaba la necesidad de “destacar a los efectivos policiales en lugares estratégicos de las tribunas” y que “las detenciones de los responsables de los incidentes sean llevadas a cabo con la mayor discreción por el personal policial de civil, evitando de esta forma la reacción del público”.

Una nueva lógica se imponía en las tribunas. La democracia dejaba atrás viejos fantasmas pero se desayunaba con otros que demandaban nuevos abordajes. El fútbol ampliaba su ámbito de influencia más allá de la línea de cal y se asumía con complejidades propias de los nuevos tiempos institucionales. La represión no cambiaba de rostro. Apenas se guarecía detrás de nuevas expresiones.

Detuvieron a 23 represores en La Plata

La orden judicial alcanzó a la antigua plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejército Nº 7.

Por: Pablo Roesler

La plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejercito Nº7 de La Plata y otros 21 militares, policías bonaerenses y federales y un grupo de civiles fueron detenidos por la justicia federal platense, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención que funcionó entre marzo y diciembre de 1976 en el cuartel de Infantería de la Policía Bonaerense, de las calles 1 y 60, en La Plata. Se trata del mismo lugar que el lunes tomó protagonismo por ser el epicentro de las protestas de la fuerza de seguridad bonaerense.

La orden de detención fue cursada por el juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, en el marco de una causa iniciada en 2003 por la denuncia del fiscal Félix Crous, en la que los uniformados y civiles se encuentran acusados por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y lesiones graves, cometidas contra 197 víctimas. En la orden de detención emitida el 3 de diciembre último, Blanco señaló que en el Cuartel "las sesiones de tortura solían realizarse en diferentes lugares", y que "a la mayoría de las víctimas se las torturaba desde la llegada al centro".

De todos los detenidos, 18 se encontraban en libertad, entre ellos, la plana mayor del Regimiento Nº7 de La Plata, cabeza del Área Militar 113, desde donde se comandó la represión sobre la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, denominada "Subzona 11". Se trata del ex oficial de Logística, capitán Héctor Reynaldo Amuchástegui; el oficial de Inteligencia, teniente Alberto Jorge Crinigan y el ex oficial de Operaciones, mayor Ismael Ramón Verón.
En la misma situación se encontraban el ex jefe de la Compañía A de esa unidad, Lucas Marcelo Castro, y el ex teniente 1° Oscar Antonio Gómez Mígenes. A esa lista se suman los jefe y subjefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Juan Rafael Pochelú y Alberto Larroca, respectivamente; y sus subalternos José Luis Benítez y Carlos Hugo Leguizamón, así como el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense, José Clemente Forastiero. Completan el grupo los oficiales Juan José Gallardo, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio, Adalberto Oscar Rincón y el ex jefe policial Juan Antonio Vidal.

Las detenciones incluyeron además a otros imputados ya detenidos en otras causas, como seis integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, involucrados en la causa por el centro clandestino "La Cacha", que comenzarán a ser juzgado el próximo miércoles 18; el condenado ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el civil vinculado a la banda paramilitar CNU, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.
Fuente: Tiempo Argentino