El doctor zarateño torturaba en el Arsenal Naval: el testimonio de una de sus víctimas

El tiene una voz particular. Algo ronca. Un ruido de ultratumba atravesado en la garganta. La China Lidia Ester Biscarte esperaba en 1983 un turno en el Hospital de Zárate cuando oyó esa voz. Se paró de la silla de un salto. Por el pasillo lo vio salir con otro médico por una puerta. Preguntó obsesivamente a una enfermera por ese hombre. Le dieron un nombre. Pidió un papel. Lo anotó. El año pasado, 39 años después de haber oído por primera vez la voz de ese hombre auscultando su cuerpo tras las torturas en el Centro Clandestino del buque ARA Murature, llamó a una guardia médica de emergencia porque su nieto estaba descompuesto. En la puerta de la casa estacionó una ambulancia. El médico Omar Edgardo Di Nápoli con su voz ronca bajó para atender a su nieto. Cuando se fue, la China levantó el teléfono y les avisó a los abogados de la causa Campo de Mayo. Di Nápoli acaba de ser detenido e indagado por el juzgado de Alicia Vence en San Martín.

“Sabía que era médico porque me ponía en el pecho algo para auscultarme con el aparato que usan los médicos. Y eso lo hacia cuando nos dejaban destrozadas. Más que todo venían para ver si estábamos vivas o muertas. Esa era la realidad de todos lados. Y el de acá, el del Arsenal de Zárate, venía después de habernos torturado y violado, primero nos violaban y después nos torturaban. Venía ese tipo y nos auscultaba. Decía: ‘¡Dale, dale, que aguanta! Dale 220, dale, dale que está todo bien’. Tenía una voz muy especial, pero muy muy especial”.

Pasaron los años, dice ella: “En 1983 yo estaba embarazada de siete meses. Y en el pasillo del hospital escucho esa voz. Yo esperaba turno con el ginecólogo. Y empiezo a preguntarme de dónde conozco esa voz y ahí me viene a la memoria: ¿dónde? En la tortura. Porque si hay cosas que jamás vas a olvidar van a ser esas voces entre tanto infierno. Era un lugar donde podía no recordar cualquier cosa pero sí a las personas que me habían lastimado. Entonces, lo escucho hablar. Yo esperaba que me atendieran. Sale de otro consultorio y con otro médico. Había una enfermera. Le digo: ¿Cómo se llama ese médico que habla? Es el doctor Di Nápoli. Me dijo que no era mi médico. Que era un clínico. Pero lo anoté”.

Biscarte declaró la existencia de ese médico ante la Conadep en 1984. En las siguientes instrucciones de todas las causas comenzó a decir que lo había encontrado en el hospital de Zárate. Pero no dio su nombre hasta el juicio oral de 2013 que se hizo en San Martín por las víctimas de Zárate Campana. Quería estar segura de los datos.

Después del juicio, el año pasado, “resulta que un día se me enferma mi nieto”, dice. En su barrio el servicio eléctrico está a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Zárate que tiene una obra social con servicio de emergencia. “Resulta que mi nieto tenía 22 años, le habían sacado la muela, tenía una hemorragia y se desmayó. Llamé al servicio. vinieron y estoy segura que él me conoció por el apellido. No sé qué le ordenó al enfermero, yo le firmé el papel y se fue a la ambulancia. Cuando se fue llamé a Coco Lombardi, el abogado, y le dije: ‘Imaginate si viene este hombre, me mete una inyección y me mata’”.

La investigación que había comenzado luego del juicio oral y por indicación de los jueces del tribunal, se aceleró con esos datos. La fiscalía de instrucción a cargo de Miguel Angel Blanco y Hugo Bogetti buscó los antecedentes. Pidieron antecedentes a la obra social. Supieron que Di Nápoli, clase 49, hizo un curso para entrar a la Armada luego de pedir una prórroga de la conscripción. Ingresó como médico naval e hizo la carrera militar. Di Nápoli formó parte de la Armada hasta los años 80. En el legajo aparece una felicitación por su participación en la represión. Estuvo efectivamente destinado a la zona operativa del área 400. También fue trasladado al sur durante la hipótesis de conflicto con Chile.

En su declaración indagatoria, Di Nápoli negó que haber estado destinado a Zárate en ese tiempo. Dijo que en ese momento estaba en Bahía Blanca. Para la fiscalía, la acusación está dada hasta ahora por su participación como médico en la tortura, con el rol de quienes formaban parte del grupo de tareas y cuya función era regular los voltajes de los tormentos para extraer información.

Biscarte no es la única detenida desaparecida que escuchó esa voz, pero su testimonio es uno de los que permitió identificarlo. Entre 1976 y 1983 hubo alrededor de 215 víctimas en el área 400 de Zárate-Campana. El área formaba parte de la Zona IV con epicentro en Campo de Mayo. Con Santiago Omar Riveros como responsable, cada escuela asumió las tareas operativas sobre distintas áreas. Zárate y Campana quedó integrada por el conglomerado de fuerzas conjuntas sobre todo al comienzo de la dictadura porque el Ejército no tenia asentamiento allí, sino la Armada.

El Arsenal Naval donde estuvieron los detenidos es recordado sobre todo porque daba al río donde estaba anclado en el buque ARA Murature, que también funcionó como centro de detención y de tortura, otro de los lugares recordados por las víctimas porque los subían con roldanas. En ambos lugares los médicos auscultaron a las víctimas. “Uno de esos médicos es éste –dice Ernesto Coco Lombardi–. Está identificado. Tiene una voz muy particular de la que habla todo el mundo.”

Biscarte era delegada de la zona. Trabajaba en el Puente Zárate Brazo Largo. Era una de las 50 mujeres de maestranza y una de esas personas que no se callaba. Para el golpe de Estado estaba de licencia de maternidad. Uno de los barrenderos un día le dijo que se cuidara, que había estado escuchando que la buscaban. Ella no lo tomó en serio. El 27 de marzo se la llevaron. Dejaron a su hijo de ocho años atado a una silla con una sábana. Ella pasó tres años prisionera. Primero en el puerto, luego en la Comisaría de Moreno, en el Pozo de Banfield y la soltaron desde Coordinación Federal. Hubo ocasiones en las que la tuvieron más de 24 horas desnuda. Su declaración en 2013 fue una de los principales denuncias sobre la violencia sexual.

“Vos sabes que entre ellos se nombraban con nombre de animales. Y ahora me entero que parece que a este tipo le dicen Chancho, de sobrenombre. No sé si era así, pero le queda re bien ese nombre”.

Durante estos días, ella supo finalmente de la detención. “Todavía parece que me acuerdo de más cosas. A la mañana me despierto rasguñada, como que me quiero desatar y rompo las sábanas”.

A 43 años del golpe genocida MÁS IMPUNIDAD Y REPRESIÓN

El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia”, sigue de pie pese a todo

 HIJOS La Plata

El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso a un dinosaurio genocida a conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia, que abandonó su anterior discurso temerario por la apelación abstracta a la unidad y la “posverdad”, y al que sin embargo subyacen los embates de un aparato represivo cada vez más aceitado contra las mayorías populares. En ese contexto, el estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que entre la instrucción de las causas y los debates oral que evidencia el proceso judicial, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida.

EL BALANCE

El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2019 el Estado argentino efectivizó 215 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 216 juicios hubo 1.436 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.245 condenas sobre 906 represores y hubo 170 absoluciones por un universo de 7.248 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 906 condenados 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, más del 50% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad. Estos datos son confirmados por más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (1)

Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que es reflejado en el Registro Nacional de Casos de Tortura, que detectó sólo en 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios (2) Ante esta realidad se nos invita a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia.

El panorama es complejo y lejos está de modificarse el estancamiento general de estos procesos. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 5 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores. No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. Recién se ha puesto fecha para mayo próximo para el juicio al genocida César Milani, sostenido por el kirchnerismo como jefe del Ejército hasta junio de 2015, por la desaparición en junio de 1976 del soldado Alberto Ledo.

NUEVO ESCENARIO

La llegada del ex abogado de varias multinacionales, Carlos Rosenkrantz, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca el nuevo escenario que afronta la justicia toda en nuestro país, con ribetes especiales en las causas de lesa humanidad. En noviembre pasado el ex abogado de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´sle dio una nota a Carlos Pagni en La Nación. Cuando el periodista le preguntó qué sintió cuando votó a favor del 2x1 al genocida Muiña y se llenó la Plaza de Mayo con una manifestación en contra respondió: “Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables” y agregó en desafortunada metáfora futbolera que “Elizondo echó a Zidane en el mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo m ismo debe hacer un juez. El 2x1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna” (3)

Vale aclarar que la opinión, lejos de ser el parecer de un panelista deportivo, corresponde al mentor del infame fallo que intentó hacer pasar, la aplicación a los genocidas deuna figura como el 2x1 no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz define como “la tribuna”, logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido. El hecho tuvo un antecedente no tan mencionado: la aplicación del 2x1 al represor Alejandro Duret, condenado en Mar Del Plata a 15 años de prisión por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, y beneficiado en 2016 por los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris. En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva. Y lo peor de todo, la excarcelación de varios represores por la baja pena recibida en los juicios orales. Así, este año fueron excarcelados 2 represores condenados a 13 años por delitos cometidos en el CCD La Cacha: Claudio Grande y Rufino Batalla. Así, el fallo “Batalla” de la remozada Corte Suprema prohibiendo la aplicación del 2x1 a casos de lesa humanidad es testigo en varios sentidos. Lo que no consiguió el represor por izquierda, mediante el 2x1, lo consigue por derecha por el extraño criterio de los jueces de que al momento de computar penas no hay agravantes aunque se trate de delitos gravísimos e imprescriptibles, aunque sí hay por no haber cometido antes otro genocidio.

Otro fallo de la justicia platense alumbra sobre este análisis: el juez Germán Castelli determinó al analizar la situación del genocida Etchecolatz que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos. Ahora señalamos las graves contradicciones que tienen estos procesos en su etapa final de concreción.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

MÁS REPRESIÓN

El gobierno de Macri asesina una persona cada 21 hs, pero aun así no ha superado al gobierno K como la mayor experiencia represiva desde la última dictadura militar. En los últimos tres años, se contabilizan más de mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Las cifras actualizadas dan cuenta de un total de 6536 casos de muertes por gatillo fácil, en situación de encierro, por desaparición forzada o femicidios desde 1983 hasta diciembre de 2018. De ese total, el 20 por ciento corresponden a la gestión de Mauricio Macri, es decir, más de 1300 muertes registradas en poco más de 1000 días de gobierno, sin olvidar que el 54% de los casos, 3658 personas, se dio en la gestión de los gobiernos K.

Sin dudas este avance represivo es inseparable de la aplicación de un plan que están avalado por los elogios gubernamentales a la llamada “Doctrina Chocobar”, con el fin de disciplinar a todo sector que se oponga a sus planes, políticos económicos y sociales.

El enemigo social que han construido son los pibes pobres de nuestros barrios, arrojados a la marginalidad económica y social primero, y luego dejados a merced de la mano dura policial. Muchos jóvenes fueron asesinados en nuestra región por las policías de Scioli y Vidal como Darian Barzábal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Brian Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos y Matías Marincovich, y no sólo sus asesinos siguen dentro de las fuerzas represivas, sino que el Estado les garantiza la defensa ante la justicia cómplice, poniéndoles abogados. La justicia los termina absolviendo con la excusa de la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”.

La doctrina Chocobar, basada en el enemigo interno que hay que eliminar para tranquilidad del poder no es novedad en la Policía bonaerense. Desde la vieja escuela de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Ruckauf, pasando x la gestión de Daniel Scioli con su ministro de Inseguridad, Alejandro Granados. La gestión de María Eugenia Vidal no se quedó atrás y puso al frente de la Bonaerense primero al responsable de la Masacre de Ramallo, Pablo Bressi, y después a Fabián Perroni, que estuvo procesado en una causa por torturas en la comisaría 9na de La Plata, donde desaparecieron a Miguel Bru, torturaron hasta matarlo a Daniel Migone y encubrieron la desaparición en las redes de trata de Johana Ramallo.

El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Además en estos casos, el enemigo interno es aquel que defiende la lucha de los pueblos originarios por sus territorios ancestrales.

Pese a la campaña de confusión de los medios de desinformación, que ahora buscan instalar la idea de un solitario ahogado, está claro que Santiago fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad,  que estaba siendo reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro desde atrás cuando  trataba de escapar del lugar. La mentira de la presencia de pólvora en las manos de Rafita quedó al desnudo con los informes de todos los peritos que afirmaron lo contrario. Con la lucha del pueblo mapuche y las organizaciones de Derechos Humanos y sociales logramos la absolución  todos los procesados de la Pu Lof Cushamen en la causa por abigeato y usurpación armada por el mismo Estado que los reprime en consonancia con el empresario italiano Benetton.

El caso de Daniel Ruiz, trabajador petrolero de Chubut y militante político da cuenta del proceso de criminalización de quienes protestamos contra el régimen. Hace ya 6 meses que Ruiz se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz acusado de participar en la marcha contra la Reforma Previsional que se realizó en diciembre de 2017. Su encarcelamiento implica la voluntad de disciplinar a un pueblo harto del avance del hambre y el saqueo por sobre la vida de las mayorías.

A 43 años del golpe genocida el gobierno de Mauricio Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, hambre, cárcel y gatillo fácil para las y los pibes jóvenes. Por eso el símbolo de la represión de ayer, el genocida Miguel Etchecolatz, y de la de hoy, la ministra Patricia Bullrich, son distintas caras de la misma impunidad.

A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA SEGUIMOS EXIGIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.

Notas:

(1)  https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/12/LESA_informe-estadistico-anual-2018.pdf

(2)   https://www.ppn.gov.ar/q=Se_encuentra_disponible_el_Informe_Anual_2017_del_Registro_Nacional_de_Casos_de_Tortura_y/o_Malos_Tratos

(3)   https://www.lanacion.com.ar/2190572-carlos-rosenkrantz-el-tema-del-impuesto-a-las-ganancias-no-es-la-consagracion

Genocidas con privilegios: los represores podrán atenderse en hospitales militares

El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo para involucrados en delitos de lesa humanidad.

Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al terrorismo de Estado.

La atención de ex represores de la ESMA en el Hospital Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi (recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas” de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.

La resolución de Martínez, que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín Oficial, menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo del licenciado Angel Tello, ex colaborador de los ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y hombre de confianza del Servicio de Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi “ha sido sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial”, afirma el ingeniero agrónomo Martínez sin mencionar ningún ejemplo. “Los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la atención de los represores.

Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen del informe “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales. En el caso de Marcos Paz denuncia el “déficit crónico” de médicos, “las bajas remuneraciones”, la necesidad de “instrumental y equipamiento médico”, y apunta que en ese complejo penitenciario “no poseen camilla rígida ni collar de sujeción cervical”, entre otras limitaciones.

La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF, lo cierto es que la República podría incumplir sus más elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el “deber de salvaguardar la salud de los reclusos”.

Represión a murgueros: “Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse”

Este mediodía se realizó una marcha en la zona de los barrios Illia y 1-11-14. Fuertes denuncias de los integrantes de la murga y los familiares de los chicos heridos, contra las fuerzas de seguridad y Macri.

Este mediodía se realizó la marcha convocada por la murga Los auténticos reyes del ritmo, del Bajo Flores, acompañada por vecinos, familiares de los niños heridos y organizaciones sociales y políticas.

La movida salió desde la intersección de las avenidas Riestra y Cruz, con el objetivo de repudiar la represión que sufrieron el viernes y exigir justicia.

Recordemos que el viernes, mientras estaban ensayando en la calle Bonorino, un supuesto operativo de Gendarmería terminó con una feroz represión sobre los murgueros. La balacera arrojó el saldo de 16 chicos heridos, dos de ellos internados.

Algunos medios masivos, en una clase de periodismo parapolicial, quisieron disfrazar la historia de un ataque contra los gendarmes.

Alicia Navarro Palacios, secretaria de Derechos Humanos del gremio docente Ademys, dialogó para La Izquierda Diario con Gustavo González, director de la murga. El joven denunció durante el fin de semana en una carta cómo fueron los hechos. Gustavo contó que “nosotros ensayamos desde las 8 a las 10 de la noche. En un momento viene Gendarmería y veo que el patrullero está avanzando. Le pido que no avancen, que hay 90 chicos. El chofer no le importó y tocó a dos chicos con el patrullero. Le dijo a los chicos que den el pase, y de atrás del camión salen dos que dicen “¿son guapos?”. Entonces uno me empuja, y después medan un escopetazo. Le dan a mi nene que está herido. La primer bala es de plomo, que hiere a mi pibe. Después balacera por todos lados, sin importar si había chicos de 1 año. Ahora vino un fiscal e hicimos la denuncia. Parece que esa es la enseñanza del Presidente que asumió ahora”.

Gustavo resultó herido, lo mismo que otros jóvenes que coordinan la murga. Pero “la peor parte” la llevaron varios chicos que sufrieron heridas de consideración. “La verdad que es una vergüenza que Gendarmería reaccione de esa manera, con tantas criaturas de una murga. No pueden tirar a mansalva. Con los chicos no”.

Con los chicos no: esa fue una de las consignas de la marcha, que además exigió el esclarecimiento del hecho y el fin de la criminalización de los chicos del populoso barrio del Bajo Flores.

El duro testimonio de una abuela, que participó de la marcha, pinta de rostro entero la gravedad de la represión del viernes. “A mi nieta le pegaron tres balazos. ¿Qué clase de democracia estamos viviendo? Macri no nos quiere a los pobres, que se vaya. El jefe de Gendarmería dijo que Macri no quería nuevas murgas. Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse”.

Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse. Entre los familiares hay preocupación por algunos de los chicos heridos.

Gustavo aseguró que “si hay que hacer corte tras corte vamos a estar. Pero creo que va a haber justicia. Recibimos solidaridad de organizaciones, de padres y gente que nos está dando apoyo”.

Un fiscal se acercó a tomar declaración a González y otras víctimas. ¿Habrá justicia?

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) repudió enérgicamente este brutal ataque y se puso a disposición de los chicos y sus familias. También lo hizo el legislador Patricio del Corro (PTS-Frente de Izquierda).

Nora Cortiñas: "Lopérfido tiene que renunciar"

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora cuestionó los dichos del ministro de Cultura porteño y criticó el "desprecio" por la lucha de los organismos de derechos humanos.

Por Iván Schargrodsky

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, habló con El Destape sobre las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien cuestionó la cifra de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Afirmó que "es una mala persona", "un pobre individuo" y pidió que dé un paso al costado en sus funciones. Muy crítica de la administración anterior por la designación de César Milani al frente del Ejército o por su política frente a los Qom, Cortiñas aseguró que el gobierno de Mauricio Macri está violando los derechos constitucionales de Milagro Sala y que, al no recibir a Abuelas, manifiesta "desprecio a una lucha reconocida en el mundo entero".

- ¿Qué piensa de las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido?

- No tiene noción de lo que es la desaparición forzada de personas. Parece que hubiera vivido en otro país y no se hubiese enterado de lo que pasó en Argentina. Además, lo de las cifras demuestra su total ignorancia en lo que hace al desarrollo de los Derechos Humanos. Lamentablemente me resulta una mala persona y repudio esos dichos en nombres de Madres Línea Fundadora. Pretendemos respeto y lo que hemos vivido está comprobado a través de los juicios. Con esta barbaridad que dijo, si tiene dignidad tiene que renunciar, correrse de la escena de Gobierno.

 Para Lopérfido hubo "8 mil desaparecidos" durante la dictadura.

- El ministro aseguró que la cifra de 30 mil desaparecidos "fue una mentira que se construyó para obtener subsidios".

-Es un ignorante. Lo repudio en todos sus términos. Queremos que se respeten los Derechos Humanos del pasado y los del presente, pero no lo están haciendo. Están barriendo todos los días con el trabajo de miles de personas y nos tiene muy preocupadas. Creo que hacerlo compulsivo diciendo que es porque quieren sacar a los ñoquis es una falta de respeto al pueblo. Son más de 30 años que hace que estamos luchando para mantener un país que respete la Constitución, cosa que no se está haciendo en el caso de Milagro Sala. Están violando sus derechos. Lopérfido es una pobre persona y un pobre individuo.

- ¿Por qué cree que el ministro quiere llevar la discusión a un tema contable?

- La desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Ahora quieren volver a traer al debate la teoría de los dos demonios. Cuando la Argentina ha sido un espejo al mundo en su lucha contra la impunidad esto es una regresión. Somos la lucha de un pueblo que consiguió los juicios para que no quede impune el horror que vivimos.

- ¿Le parece significativo o anecdótico que el Presidente no reciba a Abuelas?

- Está equivocado conduciéndose de esta manera, es como si hubiera un desprecio a una lucha reconocida en el mundo entero. Hasta ahora hay un avasallamiento de los derechos de los trabajadores y me parece que no conduce a una armonía para seguir caminando por este estado democrático.

Balance de los juicios a los Genocidas a diciembre de 2015 -HIJOS La Plata

FIN DE UN CICLO

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta diciembre de 2015. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de primera instancia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( www.mpf.gov.ar y www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar

Otro año de caída

Con 17 juicios parciales concluidos y 115 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar a los genocidas. El debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.

Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Capital federal a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.

Desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 12 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 230 procesados que fallecieron en estos 12 años) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 643 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 130 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.

Entonces, comparado con los 200 mil represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2 mil procesados, ese 32% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Cifras generales

Si analizamos lo que fueron las distintas zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, y subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías y servicios penitenciarios provinciales se han hecho:

- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas. Agregamos aquí el detalle de que en 2015 sólo se realizaron 2 procesos en este ámbito: la causa por la represión en Junín y contra agentes del Batallón 601 por asociación ilícita.

- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 150 condenas. Nuevamente, en 2015 sólo hubo 2 procesos en esta jurisdicción: la causa contra el subjefe de policía de Formosa y la conocida como “Saint Amant 2” en Rosario.

- 44 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 264 condenas. Es esta la jurisdicción donde más juicios hubo este año (7 procesos), a la vez que donde más condenas ha habido en general, incluidas las 28 de este año sólo en el juicio que se realizó en San Luis.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del noroeste bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 13 procesos con 53 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. Este año sólo concluyó en esta jurisdicción el juicio N°11 por hechos de aquella sede de mando militar, referidos a crímenes cometidos desde la Comisaría de Villa Ballester.

Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 10 juicios que condenaron a 71 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 3 en Bahía Blanca (el último compartió imputaciones con efectivos de la Armada) y 1 en Río Negro.

En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a un total de 50 marinos, 9 prefectos y 8 civiles cómplices de esas patotas. Este año se logró la condena a 5 marinos y 3 prefectos en La Plata, en el juicio a la Fuerza de Tareas 5; además de 9 marinos y 4 prefectos sentenciados en la causa “Fracassi” de Bahía Blanca; la apropiadora de Javier Penino Viñas y los de Florencia Reinhold Siver, delitos cometidos desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, continúa su curso el tercer tramo por los crímenes de la Escuela de Mécánica de la Armada, que lleva 3 años de audiencias, donde han muerto impunes casi una decena de represores, y que se ha convertido en el proceso judicial más complejo de las historia penal argentina.

Además sólo 13 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea y sus patotas condenados a la fecha: este año se sentenció a 2 oficiales de la 5ta Brigada Aérea en el juicio desarrollado en San Luis, y a 5 oficiales de la Fuerza Aérea y un civil de Inteligencia de esa fuerza en la causa Mansión Seré 2 en San Martín. Y hubo sólo 11 integrantes de Gendarmería condenados, en CABA, Córdoba, Tucumán y San Martín.

Por último, en 2015 hubo 2 novedades importantes: el ex juez Manlio Martínez fue el primer ex funcionario judicial de la dictadura condenado por secuestros, prevaricato y asociación ilícita; mientras que los espías del Batallón 601 Leonardo Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que habían llegado procesados por 3 secuestros extorsivos de empresarios entre 1979 y 1981, fueron absueltos por mayoría por el TOF6 de Capital, que entendió cosa juzgada, y transformó el proceso en el primer juicio en que todos los procesados fueron dejados en libertad.

Grises y negros

Curiosamente venimos escuchando desde los sectores del kirchnerismo que cada año que se iniciaba sería realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. Ni siquiera se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. El proceso venía creciendo desde las 19 juicios con 114 condenas de 2010, pasando a 21 procesos finalizados con 86 condenas en 2011. Como decimos, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 aunque se estancó en 23 juicios concluidos creció a 161 condenas. Fue a partir de allí que comenzó a decaer el proceso, llegando en 2014 a 20 juicios con 96 condenas y en 2015 a sólo 17 procesos con 115 condenas, es decir que se volvió a los promedios de 2010, cuando se había pegado el gran salto.

Es tan inocultable el estancamiento de la tendencia que el optimismo que trasmitía el habitual informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publica cada fin de año, se reflejó en un relevamiento estrictamente estadístico este año, dejando de lado los análisis detallados de otros años y sin siquiera alertar sobre el hecho básico de que más procesamientos con menos juicios por años generan un cuello de botella difícil de sortear. (1)

Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores; mientras que los “mega-juicios” (10 represores o más) han caído a 3 sobre 20 en 2014 y 4 sobre 17 en 2015.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Como dijimos, este año sólo llegaron a sentencia los casos Penino Viñas y Reinhold Siver, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver.

En donde se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos. Y si bien esta posición sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país, a los 2 represores condenados hasta el momento (Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero) en los últimos años se han sumado condenas por violación y abuso deshonesto en los juicios Vesubio 2, Villa Urquiza de Tucumán, Mansión Seré 2, Armada de Bahía Blanca y Comisaría de Villa Ballester.

Sin embargo falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Hoy es tiempo de que la justicia recepcione de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.

Domiciliarias y reconciliación

El polémico editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, ha reinstalado el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. (2)

La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.

Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único eje cuestionador de la cárcel común: a ellos se suma un sector de los familiares y víctimas de terrorismo encabezados por Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, que confunden la reconciliación impune con el cumplimiento igualitario de la ley. (3)

Recordamos que este debate tiene un grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle, por razones médicas, la domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas conservan poder y capacidad logística de fugarse y complicar las investigaciones.

Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Con este antecedente cabría preguntarse entonces cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos del vocero de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en esta década el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario, mientras hoy queda un 25% del total de 2.100.

La Plata sigue impune

Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuys familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.

Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.

Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.

Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.

Conclusión

La puesta en la balanza de estos 12 años de juicios ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Incluso la pretensión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, referida a concluir los juicios en 2015 (4) parece hoy un mal chiste, cuando no un manotazo de ahogado, de quien quiere maximizar su tarea antes de irse, pero que de ninguna manera es practicable porque no puede hacerse a las apuradas lo que no se planificó anteriormente.

Hasta el juez Daniel Rafecas ha reconocido que en estos juicios “el modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”. (5)

Esas voces, que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya los juicios. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.

En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de López.

A 40 años del golpe genocida seguiremos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

- JUICIO A LAS BANDAS FASCISTAS QUE ACTUARON PREVIO AL GOLPE, A LOS CÓMPLICES EMPRESARIALES, ECLESIÁSTICOS Y DE LA BUROCRACICA SINDICAL.

- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.

- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.

- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.

- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

www.hijosprensa.blogspot.com

Facebook y Twitter: HIJOS La Plata (en lucha)

Presentación "Tela de Juicio" :miércoles 2 de diciembre - 18 hs. Aula 100. Facultad C. Sociales

Nora Cortiñas sobre el juicio contra Relmu Ñamku: es “una represalia teñida de discriminación”

Se levantó la voz y el apoyo desde el ámbito de los Derechos Humanos a Relmu Ñamku, la líder mapuche acusada de “intento de homicidio”, y que desde el lunes pasado está siendo enjuiciada en Zapala, Neuquén, por defender la vida de sus hermanas y hermanos y el territorio de su comunidad, Winkul Newen. En el medio del desarrollo de un juicio inédito y que incluye un jurado intercultural y un entramado de poderes que enjuicia en ella a todas las mujeres que defienden sus cuerposterritorios, Marcha dialogó con Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Félix Díaz.

Nora Cortiñas: esto es “una represalia teñida de discriminación”

“Estoy siguiendo el caso paso a paso desde que ocurrió el incidente”, sostuvo Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) en relación al enjuiciamiento a la mujer mapuche que está siendo criminalizada. “Estoy segura que esta condena es una represalia teñida de discriminación hacia la hermana Relmu”.

Cortiñas, en exclusiva para Marcha, sostuvo que “hay que rever la historia porque en esta situación que se presentó primero hay que volver para atrás y entender la lucha por el territorio ancestral, para en ese marco comprender que se trata de una causa provocada y eso hay que debatirlo”.

“Esa respuesta dura fue buscada. Se trata de un pueblo perseguido y contaminado por las empresas que abusan a través del extractivismo y el fracking en complicidad con los gobiernos que le abrieron las puertas, es en estos emprendimientos donde hay un abuso de poder sobre las comunidades”, sostuvo la referente de Madres.

“Es una injusticia que a esta hermana mapuche se la judicialice sin antes realizar un diálogo por parte del gobierno con las comunidades donde se deje en claro el respeto que debe haber, lo mismo pasa con el conflicto QO.PI.WI.NI”, denunció, sosteniendo que desde la acción e inacción de los gobiernos provinciales “provocan a la respuesta violenta para usarla de argumento cuando saben que los pueblos están saturados de resistir a estas situaciones”.

Félix Díaz: “compartimos y adherimos a esta resistencia”

Relmu Ñamku está “teniendo un proceso que nos demuestra el sistema que nos gobierna a través de la justicia, de las autoridades provinciales que tendrían que ocuparse a garantizar el respeto que tienen los pueblos indígenas de Argentina”, sostuvo Félix Díaz. “Como pueblo indígena estamos cada día más decididos a sostener esta lucha porque es la única herramienta que nos brinda la seguridad de poder llegar a tener ese respeto a través de la unidad de los pueblos indígenas”.

Díaz, adhiere a la importancia de, en la historia judicializada de Relmu, avanzar en la contextualización de la situación en que se dio en hecho que se juzga y en la responsabilidad del Estado argentino con las comunidades/ pueblos/ naciones indígenas para lograr una sentencia justa y un pleno desarrollo de la política de Derechos Humanos en detrimento de un “sistema opresor que sigue instalado en el país, a esta soberbia que hacen las autoridades judiciales, los gobernantes y empresas multinacionales que quieren adueñarse de lo poco que nos quedó”.

“Nuestros territorios han sido despojados de diferente manera a través de la sangre de nuestros ancestros”, declaró Félix Díaz, “sabemos que esta historia se repite nuevamente y este gobierno debería ser garante de la aplicación de los derechos constitucionales, la legislación internacional que debería ser la herramienta de poner en marcha la palabra interculturalidad, porque esa es la manera de demostrar la integración de los pueblos indígenas ante este Estado, que ha sido impuesto a través de las armas a integrar a los pueblos indígenas como argentinos”.

Y concluyó, “estamos muy preocupados por la situación que está pasando esta mujer, una gran luchadora, defendiendo su territorio, su identidad cultural y también su familia. Creo que es una dignidad muy pocas veces encontrada en este país, por eso compartimos y adherimos a esta resistencia que venimos sosteniendo desde Formosa”, dice Díaz. “Queremos solidarizarnos con este pueblo que está sufriendo esta persecución política y jurídica para querer justificar los despojos que afectan a cada familia indígena”.

Adolfo Pérez Esquivel: “preocupa la criminalización de las protestas sociales”

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, y desde el Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ), también se solidarizaron con las y los mapuches de la comunidad Winkul Newen y con Relmu Ñamku, “nos preocupa la criminalización de las protestas sociales, ya que si bien arrojaron piedras su intención fue en defensa de sus derechos de pueblos indígenas que se encuentran permanentemente vulnerados, no sólo en Neuquén sino en el resto del país”. Y agregó, “nos preocupa la falta de respeto a la Constitución Nacional, al convenio 169 de la OIT que no se han consultado para responder los conflictos territoriales”.

Pérez Esquivel presentó desde el SERPAJ un amicus curiae, que no fue aceptado por el tribunal, “en defensa del derecho de los pueblos originarios a quienes no se les está permitiendo tener sus valores, sus costumbres y sus derechos contemplados en los convenios internacionales como así también en la ley de emergencia 26.160 que tiene que ver con el relevamiento territorial”, ítems de los que espera sean “considerados por el jurado con equidad” al momento de dictar su sentencia.

 Hoy declaran la antropóloga Diana Lenton y Relmu Ñamku, la única imputada por “tentativa de homicidio” contra una funcionaria del poder judicial, Verónica Pelayes. En las jornadas anteriores, la excesiva figura aplicada por la fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada, pareció difícil de demostrar mediante las declaraciones testimoniales y las pruebas presentadas ante el tribunal y el jurado. Es por eso que se espera sea una jornada decisiva.

Mañana se dictaría la sentencia de un juicio que, a pesar de tener escasa repercusión en los medios hegemónicos no deja de seguirse con atención de parte de quienes integran pueblos indígenas, organismos de Derechos Humanos y la sociedad toda que pretende la plena vigencia del respeto y el avance hacia un pueblo verdaderamente multicultural.
 Por Redacción Marcha/ Foto por Julieta Dorin

Los vínculos de las grandes empresas con la represión de la dictadura

Huellas de la complicidad

El Banco Central aportó archivos a las causas judiciales que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver),la ca usa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor.

 Por Sebastián Premici

Las investigaciones sobre las complicidades empresarias durante la última dictadura cívico militar avanzan no sólo en la Justicia. Distintos organismos del Estado comenzaron con la apertura de sus archivos. Uno de ellos es el Banco Central, que a partir de la llegada de Alejandro Vanoli abrió una oficina de Derechos Humanos, integrada por cinco investigadores. Hasta el momento, la entidad aportó correspondencia y actas secretas, legajos, y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio en las causas que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver), la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. El BCRA también está aportando información sobre la deuda externa.

La información de la entidad será de utilidad tanto para la Comisión Bicameral de la deuda externa, como para la recientemente creada para investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad.

El rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a empresas que integran esas asociaciones empresarias.

Tenaris-Siderca y Acindar forman parte de la UIA. En relación con la empresa del Grupo Techint, el primero de octubre fue allanada su planta de Campana a pedido del juez de Zárate-Campana y San Martín en el marco de la causa 4012 (Campo de Mayo) en donde se investiga la desaparición de obreros de la siderúrgica. El allanamiento duró tres días y también abarcó oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. En relación con Acindar, la Justicia también está investigando el rol de la empresa en la desaparición de varios obreros. En este caso, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la entidad, información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía.

“Se puede afirmar que concurren numerosos rasgos comunes en los casos de Acindar y Techint: una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales, con el objetivo de disciplinar a los trabajadores”, puede leerse en el libro Cuentas Pendientes, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Este texto sirvió de base documental y teórica para la creación de la Bicameral parlamentaria.

El Banco Central también entregó información sobre la causa Mackentor, que tramita en Córdoba, como parte del mega juicio de La Perla. El 25 de abril de 1977 el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico de la empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada.

Otro de los ejes de la investigación del Central es la deuda externa. Uno de los principales aportes será la publicación de un trabajo realizado por un grupo de peritos contadores que comenzaron a estudiar la legitimidad de la deuda en 1984. Otro de los capítulos vinculados con la deuda son los Bonos de Absorción Monetaria (BAM). La entidad está analizando cómo el grupo Gotelli y Antuña, dueños del ex Banco de Crédito Rural, adquirían préstamos del Central para financiar exportaciones nunca realizadas, además de hacerse acreedores de bonos entregados por el BCRA. En la actualidad, la compañía Snowy, con sede en Uruguay, es “propietaria” de esos bonos entregados al grupo Gotelli y en 2008 abrió una sucursal en la provincia de Buenos Aires, para demandar el cobro en el país. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto. Esa dirección corresponde al domicilio particular de Mercedes Moreno Kapplenbach, familiar del abogado, militante del PRO y muy cercana a Cornelia Schmidt Liermann, actual diputada macrista, ya que juntas integran la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA).