Anulan la condena contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt

La Corte Constitucional guatemalteca deja sin efecto lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril

El exdictador había sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad

Los abogados defensores alegan que Ríos Montt se había quedado sin defensa porque el 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la sala

La campaña contra los impulsores del juicio y contra la sentencia ha sido intensa

Olga Rodríguez


Ríos Montt esquiva la cárcel, al menos de momento. Como muchas víctimas supervivientes de la dictadura temían, las presiones por la anulación de su condena han funcionado. Tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional han votado a favor de la anulación tras analizar un recurso planteado por los abogados defensores, que alegan que el exdictador se quedó sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.

Con este pronunciamiento queda por tanto sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión al exdictador por genocidio y crímenes contra la humanidad, por la muerte de casi 2.000 indígenas ixil entre 1982 y 1983. Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93% de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.

Ríos Montt ha recibido la noticia de la anulación de su condena desde el hospital militar en el que le ingresaron hace días, tras su primera noche en prisión, por problemas de hipertensión.
La patronal empresarial había demandado la anulación

La campaña contra el juicio a Ríos Montt ha sido intensa. Durante el proceso hubo presiones que intentaron entorpecer su avance, tal y como han denunciado víctimas y diversos defensores de los derechos humanos. Tras la sentencia, la patronal empresarial criticó con dureza el juicio contra el exdictador y demandó la anulación de su condena.

Sectores conservadores difamaron e intentaron deslegitimar a impulsores del juicio, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, llamándoles “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios” en un documento titulado “Rostros de la infamia”.

El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, quiso subrayar la semana pasada que la condena contra el exdictador no era definitiva.

Según lo decidido ahora por la Corte Constitucional, deberán repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio a partir del 19 de abril. En esa fecha ya se había tomado declaración a alrededor de 100 indígenas ixil testigos de las masacres. Pero según diversos abogados y expertos, aún no está claro si su testimonio seguirá incluido en el proceso o si se iniciará un nuevo juicio.

Con la anulación de la condena a Ríos Montt también se anula la absolución del exdirector de inteligencia durante la dictadura, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y otras medidas establecidas por la jueza Yasmín Barrios, como la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.
Tan lejos, tan cerca: un primer paso contra la impunidad

El genocidio en Guatemala era, hasta el inicio del juicio, una desgarradora injusticia olvidada que sigue marcando el día a día del país, con una mayoría de la población discriminada, sin acceso a cargos públicos, sin igualdad de oportunidades. En una nación caracterizada por la impunidad, lo que parecía imposible ocurrió, pero por poco tiempo. Cuando la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia contra Ríos Montt hace poco más de una semana, las víctimas presentes en la sala entonaron este célebre cántico:

“ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”. Y corearon: “Sí hubo genocidio”.

Esa condena ahora anulada fue un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo acogieron con optimismo el proceso contra el exdictador y siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio contra el genocidio ha acaparado la atención internacional.

“No apartéis la vista de Guatemala, por favor”, escribía anoche, tras la anulación de la condena, un joven guatemalteco en las redes sociales. "El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas", lamentaba otro.

Juicio a Rios Montt, el genocida guatemalteco

Rios Montt acusado de delitos de lesa humanidad

 
El ex militar seguirá bajo arresto domiciliario, medida que cumple desde que el año pasado el Ministerio Público lo acusara de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas entre 1982 y 1983.

Un juez guatemalteco dispuso ayer el envío a juicio del dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez, quien por entonces se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército, y se basa en una acusación de la fiscalía que, además, rechaza la solicitud de la defensa para sobreseer y archivar el proceso.

Ríos Montt cumple arresto domiciliario desde enero de 2012, cuando fue acusado por el Ministerio Público de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas durante su régimen. Gálvez decidió que Ríos Montt continúe bajo arresto en su domicilio, y que Rodríguez permanezca recluido en el Hospital Militar, en donde desde mediados del año pasado es tratado por los supuestos padecimientos físicos que sufre. Gálvez dio valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de los ex altos cargos militares en la sangrienta represión militar de la que fueron víctimas los indígenas de la etnia Ixil.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez, y al concluir la diligencia se negaron a responder las preguntas de los periodistas. En su resolución, Gálvez señaló que para ambos ex militares “se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlos a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan”, por lo que no se hace lugar a la petición de la defensa. Asimismo, el magistrado advirtió que la resolución no modifica el actual status legal de los funcionarios sospechados y se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados. Posteriormente convocó a una nueva audiencia para hoy, en la que las partes procesales deberán presentar más pruebas al tribunal.

La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala colmada de representantes de sectores vinculados al proceso judicial. En el lugar estuvieron familiares y amigos de Ríos Montt y Rodríguez, también activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché, en los ’80. Antes de la audiencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a los periodistas que se encontraban en la sala que temía por la “presión mediática” nacional e internacional que podía haber sobre el juez Gálvez a favor del envío al juicio.

Para Palomo, si el juez era “objetivo y analiza los medios de prueba” debía sobreseer o archivar el proceso, reportó la agencia estatal AGN. Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios y dirigentes de organismos defensores de derechos humanos hicieron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del ejército.

Los dos ex militares se encuentran acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando vigente en el ejército, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada, se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.

Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante el conflicto interno de 36 años que padeció el país entre 1960 y 1996.