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jueves, 13 de septiembre de 2018

Ronda de Madres y la Ministra que mira mucho CSI

Terminada la ronda del jueves pasado, Nora Cortiñas habló de Ismael: “Lo indignante, además de la muerte, es el periodismo que decía que este chico murió, no decía 'lo asesinaron'. La mentira del gobierno, de la policía y del periodismo. Qué desgracia tenemos con el periodismo, pasan los años y encima tenemos los despidos de Télam y lo de las agencias perseguidas. Todo este ataque y esta invención, la Bullrich que primero empezó con los RAM, ahora llama saqueo a lo que es hambre y gente que quiere alimentos, pero además no dicen del saqueo que nos están haciendo al pueblo argentino”. (Por Paulo Giacobbe La Retaguardia)

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sumó en estos días una nueva medalla. En declaraciones a medios masivos amigos, afirmó que los saqueos en Mendoza están organizados por grupos kirchneristas, pero "en lo de Chaco la situación es un poco distinta. Hay un barrio en Sáenz Peña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado había mucha agitación por medio de Whatsapp de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía: lo sabía el dueño del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros, lo sabía la policía provincial, el gobierno, lo sabíamos todos”. De ese modo, Patricia Bullrich reconoció torpezas propias. Probablemente porque los hechos fueron otros, es que aún no hay nadie preso por el asesinato de Ismael. “Lamentablemente en algo que se sabía iba a pasar: terminó muriendo un chico en una situación típicamente de confusión, de arenga mal llevada”, analizó la Ministra que defiende cualquier asesinato de las fuerzas que comanda y que lleva adelante investigaciones de acuerdo a las series que mira: "Cuando uno mira la serie de Pablo Escobar Gaviria, ve que se le pudría la plata de tanto que tenía. El dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en los paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares: se entierra”, afirmó en una entrevista con Luis Majul, donde uno y otro hablaron de tener información de containers enterrados en lugares amplios o descampados.

Se trataría de una novedad: paraísos fiscales de puerta dura. Pero además hace pensar que la plata no se fuga, se queda en el país para nada. El negocio no es enterrar, es fugar. Saquear.
La Ministra ya tiene antecedentes. Sobre el caso Nisman dijo que vio en una serie que “la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe una persona totalmente cubierta, tira un piolín y lo hace suicidar”. Suponemos que el mafioso ruso tiene la cara cubierta por tratarse de un giro de tuerca de la serie y no de un piquetero de la Russkaya mafiya, pero por sobre todo agradecemos que Bullrich aún no miró la serie animada Rick and Morty,  si no la galaxia misma estaría en peligro. Porque ni siquiera se basa en documentales, sino directamente en la ficción, y desde ahí avanza para decir que no va a tirar un gendarme por la ventana o sale a merendar sanguchitos de miga con Luis Chocobar, el policía que fusiló a un adolescente en el piso. Cambiar doctrinas, dice. No respeta protocolo y le da la derecha a los asesinos uniformados. Desde reprimir murgas infantiles a atacar a la organización social La Poderosa acusándolos de narcotraficantes. La Ministra que alucina con el enemigo interno no tiene límites y le puso su firma a un informe donde ataca a comunicadores y organizaciones sociales, referentes de pueblos originarios, partidos políticos opositores y lo que se pueda incluir dentro de la todo terreno sigla “RAM”. Organización que según la ministra tiene alcance internacional y financiamiento diverso. La idea no parece tomada de una plataforma de contenidos visuales, sino más bien de otro canal. Info TV Servicios copia y pega para usted. Al asesinato de Ismael en Chaco se le puede sumar el de Facundo, de 11 años, en Tucumán. En ese caso, la policía le disparó en la nuca. Dijeron que se trató de un enfrentamiento. Bullrich defendió el accionar de la policía: “Disparar o no por la espalda depende de la situación. Es un detalle”. Facundo no tenía restos de pólvora en sus manos y uno de los policías que disparó dio positivo en el análisis toxicológico. Cocaína y marihuana.

En ambos casos, Ismael y Facundo, en las redes atacaron a las víctimas difundiendo fotos falsas. En los medios es igual de grosero. Con Santiago Maldonado, Clarín llego a afirmar los dichos de un policía: “Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago”. Y eso no es lo peor que publicaron. Con Rafael Nahuel ocurrieron noticias similares. Se los demoniza. Las víctimas son responsables de sus muertes. El método que la Ministra propaga no es nuevo, Info TV Servicios lo viene desarrollando desde hace rato. Grandes medios de comunicación, como Clarín y La Nación fueron sus arietes durante el Terrorismo de Estado en la última dictadura. Es inaudito que tengan credibilidad.

Las locas

Nora recordó las primeras rondas en la Plaza: “Algo que a veces nos pasa con Mirta (Baravalle), cuando empezamos a venir pedíamos por nuestros hijos, por la verdad, aparición con vida, dónde están, que pasó con ellos. Eran pedidos específicos sobre la situación de los desaparecidos, entonces esta reunión era de memoria, verdad, justicia por los desaparecidos. Al tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa reunión por memoria, verdad y justicia nos llevaba a pensar las consecuencias de lo que fue el Terrorismo de Estado. Estamos viviendo hoy esas consecuencias. Por ejemplo la muerte de Chicha Mariani (Fundadora de Abuelas), se murió después de esperar 42 años poder abrazar a su nietita que se la robó el Terrorismo de Estado, que están vivos los que se robaron a esa bebita. Quiere decir que estamos rodeados de Terrorismo de Estado. La muerte de Ismael, la muerte de mujeres que están luchando permanentemente en barrios muy pobres, la ley del aborto que no sale, es Terrorismo de Estado”.

Desde que la ley por la interrupción voluntaria del embarazo fue rechazada en el Congreso, y a raíz de la presión que la Iglesia Católica ejerció para que no salga, es que Nora quiere apostatar y pide la separación de la Iglesia del Estado: “Estuve apoyando la separación del Estado de la Iglesia, soy católica por herencia, ahora me estoy apartando de lo que es la religión. El dogma. Creo en Dios. Esta mañana me pregunté cómo ellos (los curas) cobran sueldo, sin haber admitido el terror, la tortura, los vuelos de la muerte, cuando entraban a los campos de concentración diciéndole a la gente torturada que hable o hay más torturas. Cuando ellos bendecían las armas de los torturadores que torturaban a nuestros hijos, a nuestras hijas, a niños, cuando participaban en ese festival del horror, si sería porque cobraban un sueldo o sería por su propia ideología y creencia, porque cuando ellos escucharon y leyeron que íbamos a hacer esta propuesta de separarlos del Estado, creyeron que era por cuestiones económicas y rápidamente dijeron que iban a entregar eso para bien público, pero no es eso. Es la ideología de ellos. La postura y querer meter en la cabeza del pueblo su ideología. Quiero explicar que pedir la separación del Estado de la Iglesia no es ningún acto de venganza, ni de odio, ni de bronca. Es lo que corresponde, no tienen por qué depender, si cuando dependían no trabajaron para los pobres, para el pueblo, ¿por qué vamos a tener que seguir aguantándolos? Yo me quiero separar del club del mal, rescatando algunos curas que quiero, que nos acompañaron en los años de más tristeza. Nunca de los curas nuestros, nos quisieron consolar diciendo que rezáramos que así se nos iba a pasar el dolor... nunca. Los curas que son los nuestros”. 

Y concluyendo, Nora volvió a hablar de saqueo: “Todos los desaparecidos son parte de la deuda externa, porque los desaparecidos de antes y ahora, son parte del sistema económico perverso, que cambian los gobiernos y sigue el plan económico neoliberal, capitalista. El capitalismo es meterte la mano en el bolsillo y reventarte, el Fondo Monetario Internacional es el primer instrumento que tienen para vaciar el país y hacernos esclavos. El G20, que vienen a encontrarse los presidentes democráticos, van a cercar todo el país para que el pueblo no se pueda acercar a ningún lado donde ellos estén, pero vienen a imponer las órdenes. Por eso las madres nos transformamos y hablamos del FMI, de la desocupación, del hambre. Antes también era vengan a la plaza y no digan nada, son las locas. Quédense mudas. Muchos años pasaba la gente por acá y nos miraba y seguía de largo, porque el gobierno nos dijo locas. No les hablen, no se arrimen, porque son las locas. Bueno, acá están las locas que quedamos y estamos con todo el pueblo”.

Desangrarse

En la Ronda, trabajadores ambulantes de Senegal relataron cómo son maltratados por la policía que les roba la mercadería y objetos personales en allanamientos a sus domicilios. Integrantes de Pueblos Originarios acompañaron a las Madres con carteles por Ismael Ramírez, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, pidiendo justicia. Amalia Ameli Vargas, de la nación chicha, que marchó con la wipala y tenía un cartel por el niño qom, va a repudiar al Estado que asesina a sus hijos: “Los pueblos originarios defienden la tierra, por eso son encarcelados. Porque si no, no pueden tener territorio para vender a las grandes empresas. El pensamiento occidental compite para quitarnos el territorio y la Iglesia compite para quitarnos nuestra cultura. Nos obliga a rezar, a arrodillarnos. Nosotros no estamos para pedir perdón. Somos ricos en naturaleza, tenemos nuestras medicinas. Pedimos a todos los que están en el Estado que se hagan cargo de la muerte de Ismael”.

Desde este jueves en la Plaza de Mayo, junto al presente por los 30.000, sobrevuela una poesía de Ricardo Chávez Miranda que se leyó por Ismael. Aquí un fragmento: “La mentira justifica todo, menos tu desangre. Esa edad preciosa, que perdiste, fue mía, te debemos una caricia en la frente.”

lunes, 11 de enero de 2016

REPUDIAMOS LA SALVAJE REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

Lunes 11 de enero, 10 hs. Concentración en 12 y 54

Las organizaciones de DDHH, Gremiales, Estudiantiles y Políticas abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión sufrida por empleados municipales, el día 8/1/16 y convocamos a concentrarnos el lunes 11 a las 10 de la mañana en la esquina de 12 y 54.

Los Poderes Ejecutivos municipal y provincial coordinaron y ordenaron reprimir a quienes reclamaban por la reincorporación de los 4.500 trabajadores municipales dejados cesantes por el Intendente Garro.
Este es el camino que facilitó el gobierno K, quien mantuvo la precarización laboral, mediante contratos basura dejando a miles de trabajadores librados a la suerte frente al cambio de gestión.

Vidal y Garro lo vienen a profundizar dejando en la calle a miles de familias. La respuesta de la nueva gestión municipal a su obligación de pasar a planta permanente a quienes se encontraban hace años en situación de precarización fue el despido y vino de la mano de un decretazo de la gobernadora Vidal anulando la Ley de Paritarias de los Municipales de la Provincia de Buenos Aires.

Ajuste y represión son las herramientas con las cuales pretenden doblegar el reclamo de los trabajadores. Organización, unidad y lucha es la que opondremos los sectores populares para enfrentar al intento de convertirnos en quienes paguemos con despidos y salarios de hambre la posibilidad para que los de arriba sigan llevándose la plata "con la pala".

Exigimos:

*BASTA DE PRECARIZACIÓN, PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
*NI UN SOLO DESPIDO A LOS TRABAJADORES ESTATALES O PRIVADOS
*PARITARIAS LIBRES
*ANULACIÓN DEL DECRETO QUE DA POR TIERRA LA CONQUISTA DE LAS PARITARIAS MUNICIPALES.
*NO A LA REPRESIÓN , JUICIO Y CASTIGO A LOS EJECUTORES Y A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA REPRESIÓN DEL 8/1/16

ASOCIACIÓN DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD), HIJOS LA PLATA , LIBERPUEBLO, CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CPRODH), ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL), CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA, CTA REGIONAL LA PLATA- ENSENADA , SUTEBA LA PLATA , SUTEBA ENSENADA, FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PLATA (FULP), CEPA, CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA (CCC), MOVIMIENTO JUSTICIA Y LIBERTAD, AGRUPACION VICTOR CHOQUE, CORRIENTE SINDICAL ROMPIENDO CADENAS, UNION TRABAJADORES DE LA TIERRA (UTT), FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN, LA RETAGUARDIA , CORRIENTE SURCOS, PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO (PCR), PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS), PARTIDO OBRERO (PO), IZQUIERDA SOCIALISTA (IS), FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE NACIONAL, MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (NUEVO MAS), CORRIENTE DE ORGANIZACIONES DE BASE (COB) LA BRECHA , JUVENTUD GUEVARISTA - UNION DEL PUEBLO (UP), MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST-NUEVA IZQUIERDA), PATRIA GRANDE, MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR, MULCS BUENOS AIRES, COLECTIVO MEMORIA MILITANTE, MULTISECTORIAL LA PLATA , BERISSO Y ENSENADA

martes, 17 de noviembre de 2015

Pablo López: Rechazamos la estatización de la memoria de Mariano Ferreyra

En el día de hoy, la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, trató un proyecto de ley del kirchnerismo, declarando el 20 de octubre como el día nacional de la lucha contra la tercerización laboral, en conmemoración del asesinato de Mariano Ferreyra.

El diputado salteño del FIT-PO, Pablo López, recordó a los autores del proyecto que la presidenta dijo un año antes del asesinato de Mariano Ferreyra que la Unión Ferroviaria y Pedraza eran el sindicalismo constructivo. También mencionó que la sede de este sindicato, que acaba de avalar un convenio colectivo a espaldas de los trabajadores y que habilita la tercerización, se ha convertido en una sede de la campaña de Scioli.

“Rechazamos la estatización de la memoria de Mariano por parte de quienes sostienen a la patota de la Uocra que dirige Gerardo Martínez, de quienes sostienen a Tomada que conspiró junto a Pedraza contra los tercerizados que acompañaba Mariano, de quienes consagraron la tercerización laboral en una ley cuasi constitucional, como el Código Civil y Comercial, de quienes sostienen a Aníbal Fernández, quien era responsable de la policía federal que liberó la zona para que la patota asesine a Mariano” señaló López.

Pablo López llamó a que se retire el proyecto y a que se pongan a discusión proyectos que concretamente acaben con la tercerización como el que presentó en octubre de 2014 junto a Néstor Pitrola. “Acabar con la tercerización de manera concreta es un verdadero homenaje a Mariano” indicó el diputado.

“Mariano no luchaba por el relato nac&pop de falsa justicia social, luchaba para terminar con un régimen de explotación y represión contra los trabajadores, luchaba por la transformación socialista de esta sociedad” concluyó el diputado  Pablo López.

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Contacto Prensa: Maura 1540555424 - Laura 1544128257 - Agustina 1549793083 - Cecilia 1540553294 -  Olga 156005 8303  - Silvia 1540417225

martes, 9 de junio de 2015

Los desaparecidos de la cementera

Avance en la investigación sobre la responsabilidad de Loma Negra en delitos de lesa humanidad

El fiscal Walter Romero pidió indagatorias de 18 personas. Entre ellos, los jefes militares de la zona y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Se investiga el secuestro de seis trabajadores el 20 de julio de 1976.

 Por Alejandra Dandan


“Nos llevaron de Loma Negra directo a la cárcel de Azul”, declaró Eustorgio Rodolfo Arenzo ante la Justicia de Instrucción. También llevaron a esa cárcel a otros tres compañeros de la cementera de los Fortabat. “Nos encontramos en la puerta. Entramos a una sala grande, estaban todos con armas largas, eran penitenciarios. No había ningún militar. Había una oficina y nos ponen a los seis contra la pared con las manos levantadas para revisarnos. En ese momento sale el jefe de la cárcel, lo agarra a Peralta y le dice: ¿vos sos Pichirica? Y lo lleva para adentro y le pregunta qué había pasado. Peralta le cuenta que no podían enchufar una bolsa, que habían pedido hablar con el jefe de personal para arreglar el problema y se negó al pedido y nos denunció al Ejército. Entonces el jefe de la cárcel le dice: “Vos sabés que tenemos orden de matarlos, directamente Loma Negra dio orden de matarlos”.

Este es uno de los nuevos testimonios que se agregaron en la causa sobre la responsabilidad de la empresa Loma Negra en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Al concluir el juicio oral por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral ordenó una investigación más amplia sobre la empresa. El expediente sumó nuevas víctimas. Además de Moreno, el fiscal Walter Romero de Azul investiga el secuestro de seis trabajadores detenidos el 20 de julio de 1976. Romero pidió al juez federal de Azul Martín Bava indagatorias de 18 personas por estos casos. Entre ellos, a los jefes militares de la zona, como el entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, jefe de la guarnición militar de Olavarría, pero también sobre personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. En tanto, el fiscal dejó dicho en el escrito que también deberían ser convocadas las personas más emblemáticas de la cementera, como Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky, responsables del área de personal y ejecutivos que fallecieron y “por lo tanto la responsabilidad penal a su respecto se encuentra extinguida”.

Para la fiscalía, el cúmulo de documentos permite sostener como hipótesis la responsabilidad de Loma Negra en estos hechos. “Sin hesitación alguna –sostiene– (se puede decir que) los responsables de la empresa solicitaron a sus socios en el poder tanto la eliminación física de Carlos Alberto Moreno como también la detención de los obreros y del abogado Mario Gubitosi, quien salvó su vida al exiliarse durante largos años en el exterior.” En su teoría señala que “la empresa Loma Negra tenía un especial interés en la reducción de los conflictos gremiales debido a los costos que debía afrontar para el pago de los reclamos laborales, como también el resto de las constancias permiten afirmar que la empresa constituía uno de los soportes empresariales que contribuyeron al mantenimiento de la dictadura”.

Esa conclusión que aún debe evaluar el juez federal Bava es uno de los aportes más singulares a la causa. Es la línea de argumentos que impulsan las querellas, entre otras los hijos de Moreno y su viuda. Una línea que se intuye en cada una de las causas que trabajan la dimensión económica de la dictadura. Pero el mérito aquí es haber llegado al pedido de indagatorias con los papeles bajo el brazo.
Los documentos

Uno de esos papeles es el informe varias veces mencionado en este diario de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración. “A pedido del Ministerio Público, la Ofinec realizó un relevamiento de los 118 libros contables de la empresa Loma Negra que se encuentran en esta fiscalía correspondientes al período 1975-1983.” El escrito hizo hincapié en la evolución de los ejercicios contables y la rentabilidad y costo laboral.

El estudio demuestra que entre el 1º de abril de 1975 y el 31 de marzo de 1976 se registró el nivel más alto de participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, llegando al 19 por ciento. A partir del ejercicio siguiente esa participación cayó abruptamente, hasta alcanar el 9 el 31 de marzo de 1983. “Esta abrupta caída de los ingresos de los trabajadores, que se ve reflejada en los estados contables al analizar el costo laboral en comparación con los ingresos facturados, es la que permite un incremento de la ganancia empresaria”. Durante ese período, “la facturación de la empresa aumenta en forma sostenida”, pero no es acompañado por un incremento de costos general ni laboral. Sobre la cuenta que preveía las indemnizaciones agrega que “se observa la abrupta caída en el importe reservado a partir del año 1976”, del orden de un 72 por ciento, y vuelve a caer durante los dos períodos siguientes “es decir, aquel en el que ocurrió el asesinato del abogado laboralista que llevaba a cabo los juicios contra la empresa Loma Negra SA”.

La causa sumó otros documentos. Entre ellos, y a modo de muestra, dos expedientes laborales judicializados que se pudieron rescatar. En ellos puede verse qué fue pasando con ellos. Y el pase de abogados mientras caían los que los iniciaron, atemorizados, secuestrados o asesinados. Otra de las novedades es la voz en primera persona en la causa de los ex secuestrados que se acercaron finalmente a la instrucción.
Los testimonios

Leonardo Roberto Crespo trabajaba en Loma Negra y era parte de la Asociación Obrera Minera argentina (AOMA). “Don Alfredo –declaró– siempre tuvo buena relación con los militares del regimiento que concurrían a los actos y las fiestas de Loma Negra.” Antes del 24 de marzo, el gremio y los delegados tenían buen diálogo con la empresa. Crespo no se acuerda, de hecho, de medidas de fuerza. “El 24 de marzo se enrareció el clima porque prácticamente en lo gremial no nos atendían, por ahí sí en la parte social (... pero después) directamente no nos atendía porque la línea bajaba de los militares.”

Bajo ese clima “enrarecido”, la empresa hizo avances que significaron “un notable retroceso en las condiciones de trabajo y reportaron a Loma Negra enormes ganancias”, señala la fiscalía. En 1977, cambió “unilateralmente el Convenio Colectivo” de trabajo “que teníamos en cuanto a la parte salarial”, dijo Crespo. “Cambió la categoría, a algunos les rebajó y a otros aumentó. Nos sacó conquistas económicas, como adicionales dentro de las ocho horas. O teníamos dos horas de premio por realizar algún agregado de trabajo.”

Otro testimonio clave fue el de Roberto Omar Gil, miembro de la comisión directiva de AOMA y trabajador de Loma Negra. Gil habla del trabajo de visibilización de la silicosis como uno de los “principales reclamos gremiales que enfrentó Loma Negra a partir de 1974”.

Los trabajadores contrataron a Gubitosi. El los puso en contacto con un médico, hijo de un capataz general de la fábrica, que conocía todos los secretos. El médico era Carlos Alberto Bhürle. “Ahí nos enteramos de que muchos fallecían de tuberculosis, una enfermedad pulmonar, igual a la silicosis. Entonces empezamos a desconfiar y a pensar que en realidad no era tuberculosis sino silicosis. Yo creo que ponían tuberculosis pero en realidad era silicosis.”

“Yo tenía un miedo terrible –dijo Crespo–, soy peronista de cuna y tuve que sacar todos los libros de mi casa e incluso quemar alguno. Dependíamos de que la fábrica un día diga: sacame a este que me molesta, y listo. Todas las maniobras militares se hacían en el campo de Fortabat, en la pampita creo que le llamaban, tenían una relación estrechísima. El Ejército, para agradecerle el préstamo de esos lugares, un día le llevó un cañón con rueda de obsequio a la estancia que está cerca de la fábrica de calera Avellaneda.”

El 10 de junio de 1976 se inició la causa conocida como “Florencio Paniagua por indemnización por incapacidad física”. Gubitosi señaló en la demanda que Paniagua padecía una enfermedad llamada silicosis, producto de las precarias condiciones en que desarrollaba su actividad en el área rompedora de piedras. A Gubitosi lo secuestraron de diciembre de 1976 a marzo de 1977. Probadas las causas, el Tribunal condenó a Loma Negra el 21 de marzo de 1977. Para entonces, ya estaba encaminada otra causa, llamada Zabala, con Moreno en el expediente y nuevamente con eje en la silicosis. Moreno se quedó con la representación de esa causa pero lo secuestraron en abril de 1977. Los trabajadores no consiguieron otro abogado. Preguntaron a Gino Pizzorno, que no aceptó cuando supo que a Moreno lo habían matado, según lo que él mismo declaró en este expediente. Esa reconstrucción también es interesante. La causa siguió con un defensor oficial. El 4 de julio de 1977, la empresa firmó una conciliación muy favorable a sus intereses

jueves, 29 de mayo de 2014

Mujeres integrantes de organismos de Derechos Humanos inician huelga de hambre en las puertas de Gestamp

Comunicado de Prensa

Victoria Moyano, hija de detenidos-desaparecidos, y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) informaron que “ante el trato inhumano y las amenazas de desalojo que están recibiendo los trabajadores despedidos que se encuentran dentro de la planta de Gestamp exigiendo su reincorporación, así como la negativa por parte de la empresa y el Ministerio de Trabajo a establecer una solución para el conflicto, nos haremos presentes hoy a las 16:30 hs. en la puerta de la fábrica, para acompañar a las Mujeres por los Derechos Humanos (adheridas al CeProDH) que iniciarán una huelga de hambre”.

Agregaron que “es una mentira de la empresa que los despidos hayan sido ‘justificados’ ya que muchos de los trabajadores despedidos ni siquiera estaban en la planta cuando la empresa dice que hubo supuestos actos de indisciplina. Reclamamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, que hasta el momento no ha tomado medidas concretas para defender la fuente de trabajo, que intervenga en el conflicto para frenar los despidos masivos”.

La fábrica está ubicada en el km 48 de Panamericana.
Contactos:
Victoria Moyano: 15 67 90 43 33
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

jueves, 25 de julio de 2013

Se fugaron dos represores, se hicieron los "enfermitos"


Los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados hace veinte días por delitos de lesa humanidad en esa provincia durante la última dictadura, se encontraban presos en el Penal de Chimbas y habían solicitado su traslado al Hospital Militar para realizarse estudios médicos. 

Los represores se escaparon del hospital y se investiga la posibilidad de que tengan cómplices entre el personal de salud, que hayan facilitado la fuga. Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan. 

Junto a esos dos represores, también fueron sentenciados otros cinco: Osvaldo Martel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francisco Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.

Olivera es hijo del general Olivera Rovere

lunes, 15 de julio de 2013

Denuncian intimidación a un testigo

Publicado por Editor

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación y se solidariza con Alberto Calvo, testigo, sobreviviente y querellante en la megacausa Campo de Mayo, por los violentos hechos de intimidación sufridos en su casa de Zárate. Cabe recordar que en esta etapa de la causa se juzgan, precisamente, los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las localidades de Zárate y Campana.

Los hechos

Alberto Calvo, testigo sobreviviente y querellante en la causa Nº 4012 Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en estos días, denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de personas desconocidas que irrumpieron en su domicilio causando destrozos y golpeándolo en varias oportunidades, ayer al mediodía en la localidad de Zárate.

Su madre, que vive en la parte de adelante de la vivienda, fue atada y tomada de rehén, mientras tiraban libros y rompían algunas cos as. Portaban armas largas, calibre 45, hecho que sorprendió a la víctima, ya que se trata de armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que todo el tiempo los agresores manifestaban que se trataba de un robo, la víctima dijo que no se llevaron ningún objeto de valor ni dinero, que había en ese momento en la vivienda y que ellos pudieron ver. Denunció además que en los días previos había sufrido vigilancia de los movimientos de la casa. Actuaron con cautela, se colocaron guantes de látex antes de tocar los objetos, y le permitieron inclusive, tomar una pastilla para una enfermedad cardíaca que padece Calvo.

Alberto Calvo presentó una denuncia ante la Fiscalía 1º de Zárate, a cargo del Dr. Martín Zocca, con el patrocinio de los abogados Guillermo Barales y Ayelén Ielcich. El Departamento de Derechos humanos de la localidad de Zárate, a cargo de Juan Manuel Aolita, acompañó la denuncia del testigo.

También se elevaron copias de la denuncia ante el Tribunal Oral Federal N° 5 y Juzgado de Instrucción N° 3 de San Martín y Juzgado Federal de Campana, a fin de solicitar la entrada al Sistema de protección de testigos.

miércoles, 12 de junio de 2013

Procesa el brigadier Graffigna por los secuestros de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roinsinblit

El brigadier fue procesado

Omar Rubens Graffigna, quien integró la segunda junta militar de la dictadura, fue procesado junto a otros represores por el juez Daniel Rafecas, en la causa por delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

El brigadier retirado Omar Rubens Graffigna, miembro de la segunda junta militar de la última dictadura, fue procesado por delitos de lesa humanidad en la causa Primer Cuerpo de Ejército. Absuelto en el juicio a las juntas en 1985, el aviador de 87 años fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por los secuestros de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit, ambos desa-parecidos y vistos por última vez en cautiverio en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de Morón, donde funcionó un centro clandestino cuando Graffigna era jefe del estado mayor general de la Fuerza Aérea. Por los mismos delitos también fueron procesados el mayor Luis Tomás Trillo y el agente civil de inteligencia Francisco Gómez, en tanto se libró una nueva orden de captura contra el suboficial mayor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los prófugos históricos de las causas por crímenes de lesa humanidad, por quien el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

Pérez Rojo y Roisinblit –hija de Rosa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y alojados en la RIBA de Morón, donde estuvieron al menos hasta el 14 de noviembre de ese año. Patricia, embarazada de ocho meses al momento del secuestro, fue trasladada a la ESMA para dar a luz a su segundo hijo, un varón que fue sustraído y recién conoció su identidad en 2001, a sus 23 años. El apropiador de la criatura, condenado en 2005, fue Gómez, que se desempeñó como empleado de la RIBA, luego pasó a cumplir tareas de calle de “índole riesgosa”, según consideró probado Rafecas, y que habría custodiado a los verdaderos padres del niño mientras estaban en cautiverio.

La RIBA formó parte del circuito represivo desplegado en la llamada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Morón, Merlo y Moreno. La subzona tuvo por epicentro el centro clandestino Mansión Seré, en Castelar, e incluyó también a la Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada de Morón, las comisarías de Castelar, Haedo y la Primera de Morón. El jefe de la RIBA durante los primeros años de la dictadura fue el comodoro Roberto Oscar Sende, ya fallecido, y su sucesor fue el mayor Trillo, a cargo de la RIBA cuando se produjo el secuestro de la pareja de militantes. Por encima de Trillo estaban el brigadier Francisco Salinas, también fallecido, que era jefe de inteligencia de la fuerza, y un escalón más arriba el propio Graffigna, quien desde abril pasado se encuentra detenido.

La causa por los crímenes de la Fuerza Aérea en la Subzona 16 tiene un considerable número de imputados en condiciones de ser juzgados. En agosto de 2011 Rafecas elevó a juicio al brigadier Miguel Angel Ossés, ex jefe del Comando de Operaciones Marco Interno y jefe directo de los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, ambos condenados. Por su participación directa en secuestros y torturas están procesados los cabos Daniel Alfredo Scali, alias Tano; Marcelo Eduardo Barberis, alias Enano, y el suboficial Carlos Alfredo Cámara, alias Tino. Por los delitos en la comisaría de Haedo están procesados los comisarios Alberto Oscar Lanas y su sucesor Néstor Rubén Oubiña, en tanto el policía Felipe Ramón Sosa fue procesado por su rol en la comisaría de Castelar. También está en condiciones de ser juzgado el cabo y luego agente de la Fuerza Aérea Héctor Oscar Seisdedos. El juez Rafecas solicitó al elevar las causas que el juicio oral se realice en el Tribunal Oral 5 de San Martín, por la cercanía con los centros clandestinos donde ocurrieron los hechos y el impacto que tendría para la comunidad local.

jueves, 16 de mayo de 2013

Un grupo comando destruyó el auto de la hermana de un desaparecido, luego que ella testimoniara

Tras la operación, que fue perfectamente sincronizada, los desconocidos le gritaron: “Ya te lo vamos a devolver”. Se trata de la familiar de Julio César Salomón, en cuya causa por violación a DD.HH. están condenados Musa Azar Curi, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso y Eduardo Baudano.

Sara Sahide Salomón, hermana del desaparecido Julio César “Lito” Salomón, denunció en la Justicia Federal la destrucción del automóvil particular por parte de sujetos que actuaron como un grupo comando y quienes además profirieron una burla a la víctima: “Ya te lo vamos a devolver”, cuando se escapaban en un automóvil gris.
Estos datos fueron aportados por la víctima en la denuncia por la cual se abrió una investigación en el fuero federal. Así lo señalaron fuentes judiciales, quienes agregaron que está próximos a dar con el paradero de los atacantes.
Además, se dispuso la participación del Programa de Protección de víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad, para garantizar la seguridad de Salomón.
El ataque se produjo la semana pasada, cuando la mujer se hallaba en el domicilio de su madre, en el barrio Jorge Newbery. Era de noche y escuchó fuertes ruidos. Al salir se dio con que su automóvil había sido destruido y vio que los presuntos atacantes se escapaban en un auto, pero no pudo individualizarlos.

El caso por el crimen de Julio César Salomón fue uno de los que se ventiló en el juicio de la Megacausa de Derechos Humanos. Por este hecho, el tribunal condenó a prisión perpetua a Musa Azar Curi, ex jefe de la “Side” local que funcionó como base de operaciones de los grupos de tareas represivos, y como centro clandestino de detención.
También su segundo por aquel entonces, Miguel Tomás Garbi, y Ramiro López Veloso, otro ex funcionario de la “Side”. Además, fue condenado, pero por un delito menor dentro de este hecho, el ex policía Eduardo Baudano (violación de domicilio y allanamiento ilegal). Garbi y López Veloso cumplen condena en la cárcel de Colonia Pinto, en tanto que Baudano obtuvo la prisión domiciliaria y Azar Curi sigue en el Hospital Regional en un sector apartado, y con salidas transitorias autorizadas por las autoridades judiciales.
Salomón fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado militar, en un operativo policial que estuvo comandado por Azar Curi. Luego, fue trasladado a la Side. Días después, Jorge Salomón (padre) y Sara Sahide, que se hallaban detenidos en una dependencia policial, fueron obligados a firmar bajo amenazas, que “Lito” se escapó desde su lugar de detención en la Escuela de Policía, aunque se trató de una puesta en escena, tal como quedó comprobado durante el juicio.

Organismos vinculan el ataque con condenados
Los organismos de derechos humanos locales manifestaron el repudio al ataque sufrido por Sara Sahide Salomón y lo vincularon a los represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad en la provincia.
“Queremos que se investigue este hecho y que se proteja a quienes han sido víctimas, porque evidentemente se trató de un amedrentamiento y una venganza”, manifestó Luis Garay, titular del Instituto Espacio de la Memoria e integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Señaló que las víctimas que han sufrido estos hechos de violencia, han sido elegidas: “El testimonio de Sara Sahide ha sido importante.
Esto no solamente está enfocado a la persona, sino al resto de los testigos y víctimas. Buscan aterrorizar, son viejas prácticas, no sé quiénes son, pero sabemos que son de un sector de los condenados e imputados”, consideró Garay.
"Por eso exigimos cárcel común para represores"
Sara Sahide Salomón ya había sufrido otros dos atentados contra su vehículo. Así lo reveló la abogada Julia Aignasse, que fue querellante en los juicios Kamenetzky y Megacausa, y que sostuvo que ante estos hechos, “exigimos cárcel común para los represores” que fueron condenados y que no están en prisión.
“Estoy segura de que el grupo que atacó está muy cerca de ellos y actúan con impunidad. Esto es un peligro”, advirtió la letrada.
“Sé que es gente mandada por ellos y existe otro grupo que está formado por familiares, La Aguja, que son jóvenes que está haciendo estos desmanes”, ahondó y mencionó que por razones de seguridad, el local de la Asociación por la Memoria y la Verdad, donde desempeña su labor, cuenta con seguridad de la Policía Federal.
“Esto es grave para todos”, manifestó Aignasse en diálogo con EL LIBERAL.

Sin domiciliaria
“En ningún momento hemos estado de acuerdo con las domiciliarias, ni con el cumplimiento de condena en otro lugar que no sea una cárcel”, sostuvo Aignasse y puso de relieve que esta postura, los organismos se la hicieron saber a los miembros del Tribunal Oral Federal.
Toda la familia, hasta un bebé, fue detenida
Un hecho que llamó la atención de este caso, fue que en el operativo, se actuó con violencia y que se llevaron detenidos a todos los que se encontraban en la casa: Jorge Moisés Salomón, María Lorenza Gómez de Salomón, sus hijos Julio César, Sara Sahide y Rubén, un bebé de nueve meses de edad que estaban criando y a la empleada doméstica, una chica a la que se la vinculó como espía de la “Side”, ya que había ingresado a trabajar ese día.l

viernes, 15 de marzo de 2013

Bergoglio : “Es la impunidad total”

Estela de la Cuadra alertó sobre la designación de Bergoglio
Su padre en 1977, cuando su hermana Elena fue secuestrada durante la dictadura y dio a luz una niña que aún ignora su identidad. Bergoglio, entonces sacerdote, lo mandó a hablar con el obispo auxiliar de La Plata y se desentendió del caso.

 Por Diego Martínez

En octubre de 1977, mientras Alicia Zubasnabar de De la Cuadra marchaba con las primeras Madres en Plaza de Mayo y organizaba la incipiente agrupación Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, su esposo fue recibido por el sacerdote Jorge Bergoglio. Elena de la Cuadra había sido secuestrada en febrero, embarazada de cinco meses, y al momento del contacto con el provincial de los jesuitas sus padres sabían, por un anónimo y por un sobreviviente de la Comisaría 5ª de La Plata, que el 16 de junio había tenido una niña en cautiverio y que ya se la habían quitado. Bergoglio escuchó el relato del hombre a pedido del superior general de la Compañía de Jesús, padre Pedro Arrupé. En cuatro líneas derivó el tema al obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, y se desentendió para siempre, según admitió al declarar en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Licha de la Cuadra se convirtió poco después en la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero el cura tampoco se enteró: supo de Abuelas en 1985, durante el juicio a los ex comandantes, aseguró bajo juramento de decir verdad.

“Es un desastre, es la impunidad total”, reflexiona Estela de la Cuadra ante la consulta por la designación de aquel sacerdote como papa de la Iglesia Católica. Estela es hermana de Elena y tía de Ana Libertad, que aún ignora su identidad, y no sale de su asombro de tener que responder decenas de llamados de periodistas de todo el mundo sobre el pasado del flamante papa Francisco. “Pero hay que seguir luchando –propone–. Bergoglio tiene muchas explicaciones que dar. Hay que seguir reclamando para que se abran los archivos del Episcopado durante la dictadura y también los del Movimiento Familiar Cristiano, que tuvo íntima vinculación con la apropiación de niños. ¿Quién puede asegurar que ahí no figure el destino de Ana?”, se esperanza.

Bergoglio recibió a Roberto Luis de la Cuadra en San Miguel el 28 de octubre de 1977, según consta en la nota que escribió para que lo recibieran en el obispado platense. “Tuve una conversación por especial pedido del P. Arrupé”, le aclaró a Picchi. “El le explicará a usted de qué se trata y le agradeceré todo lo que pueda hacer”, apuntó. Los padres de Elena supieron desde el comienzo que estaba secuestrada “en los alrededores de La Plata” porque se los había dicho Emilio Graselli, secretario del vicariato castrense. Por el sobreviviente Luis Velasco y por anónimos que les dejaron bajo la puerta tuvieron la certeza de que la nieta había nacido. “16/6 la señora tuvo una nena, que no saben dónde está la nenita, los padres están bien, De la Cuadra”, decía un escrito que alguien les hizo llegar al día siguiente del parto.

El padre Picchi no tuvo mayores inconvenientes para conocer la verdad que miles de padres desesperados buscaban sin suerte. El dato preciso se lo aportó el subjefe de la Policía Bonaerense, coronel Reynaldo Tabernero, quien murió impune antes de llegar a juicio. El segundo de Ramón Camps le confirmó que la nena había nacido, que había sido entregada a un matrimonio que no podía tener hijos y que sobre el destino de Elena y su compañero Héctor Baratti “no hay vuelta atrás”.

Licha de la Cuadra, que también perdió en manos del terrorismo de Estado a su hijo Roberto José, siguió adelante y se convirtió en la primera presidenta de Abuelas. En 1999, en el Juicio por la Verdad ante la Cámara Federal de La Plata, su hija Estela relató por primera vez la breve gestión de Bergoglio. Volvió a recordarla en septiembre de 2007, en el juicio oral al capellán Cristian von Wernich. “Ese silencio de Bergoglio me indigna. ¿Acaso no tiene nada que decir?”, preguntó ante los jueces. Antes de ser condenado, Von Wernich invocó a Bergoglio para intentar ensuciar a los testigos del juicio. “El cardenal fue muy clarito”, advirtió. “Dice que el demonio es un testigo falso porque está en la mentira, no está en la verdad. Están preñados de malicia”, agregó. Bergoglio no acusó recibo de la invocación ni de la condena.

En 2010, citado por los secuestros de Orlando Yorio y Francisco Jalics en el primer juicio a represores de la ESMA, el cardenal declaró que supo de la existencia de Abuelas durante el Juicio a las Juntas. “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana?”, preguntó Estela al año siguiente, en el juicio por el Plan Sistemático. Los abogados de Abuelas y el fiscal federal Martín Niklison hicieron el pedido y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, debió enviar las preguntas por escrito, privilegio de los altos dignatarios eclesiástico al que decidió acogerse el campechano Bergoglio.

El cardenal juró decir la verdad “por Dios y los Santos Evangelios”, recordó que Arrupé les recomendaba escuchar a quienes pedían ayuda “sobre la búsqueda de sus seres queridos”, pero la memoria le jugó una mala pasada. “No recuerdo los pormenores de la entrevista” con De la Cuadra, afirmó. “No recuerdo que me haya referido que su hija se encontraba embarazada”, escribió bajo juramento. “No recuerdo haber tenido conocimiento de las reuniones que podría haber realizado monseñor Picchi”, apuntó. Aseguró que no informó de la denuncia a otra autoridad que no fuera Picchi y admitió que no hizo ninguna gestión para ayudar a la familia De la Cuadra. Reiteró que supo de la existencia de Abuelas durante el juicio a los comandantes y no se privó de elogiarlas: “Han realizado y continúan haciendo una tarea ciclópea”.

sábado, 2 de marzo de 2013

Reflexiones sobre el genocidio

ENTREVISTA A DANIEL FEIERSTEIN

El sociólogo, que en su libro Memorias y Representaciones profundiza sobre el genocidio, sus significados y sus consecuencias, analizó el uso de ese delito que cada vez con más frecuencia se hace en las sentencias contra los represores de la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

La figura del genocidio escaló posiciones en las sentencias de los últimos años contra los represores. Al comienzo fueron fallos “en el marco de un genocidio”, luego un fiscal usó esa figura para acusar directamente por el “delito de genocidio” y el año pasado en Circuito Camps todas las querellas, la fiscalía y el Tribunal acusaron y condenaron por ese delito. ¿Cuáles son los efectos simbólicos de una configuración penal pensada en esos términos? En Memorias y Representaciones –la primera parte de un libro pensado como trilogía–, el sociólogo Daniel Feierstein compara el “genocidio” con los efectos de otras dos representaciones sobre el terror: guerra y crímenes de lesa humanidad. “El objetivo es poder demostrar críticamente las consecuencias de estos relatos tratando de salir de una discusión acerca de si uno sería verdadero y los otros falsos –dice–, parándonos en otra pregunta: ¿qué consecuencias genera para nuestro presente y futuro cada construcción de sentido?”

–¿Por qué Memorias y Representaciones?

–El eje de mi trabajo previo (El genocidio como práctica social) era demostrar que el genocidio constituía una tecnología de poder, que no terminaba con el aniquilamiento material sino que cobraba consistencia en lo que llamé “realización simbólica”: cómo y cuándo el terror cobra sentido en nuestras prácticas. Eso me llevó a analizar el “posgenocidio”, aunque es parte del propio genocidio, preguntarme ¿qué es lo que ocurre después del aniquilamiento y cómo funcionan los procesos de representación? No lo hice sólo con el ánimo de comprender, sino para actuar políticamente. Analizar si existieron maneras de resistir, de limitar las consecuencias del terror. Trabajé con otras disciplinas para entender cómo funciona la memoria, el trauma; cómo afectan nuestros procesos identitarios. Las herramientas de la sociología, la historia o la filosofía no eran suficientes.

–El libro tiene algo de accesible y una preocupación científica. ¿Qué destinatarios pensó?

–Es exageradamente ambicioso porque el posible lector son una cantidad de públicos distintos y hay una preocupación política muy inmediata vinculada con la coyuntura, en relación con los operadores jurídicos y la importancia de comprender los distintos tipos de calificación jurídica. Un lector privilegiado son los jueces, querellantes, fiscales, todos los sectores, incluso los perpetradores y sus defensores. Pero como el eje son los “trabajos de elaboración” hay un intento para que sea accesible a cualquiera, incluso pensar analogías con otros procesos en tanto una hipótesis central es que el genocidio transforma las identidades de todos los miembros de la sociedad y que el terror afecta al conjunto social. Por otro lado, hay una preocupación de plantear una serie de hipótesis arriesgadas en el diálogo interdisciplinario y en especial por el interpelar psicoanalítico.

–En la primera parte recurre a la neurociencia y aparece el eje de la “des-sensibilización”, que va a ser importante en la segunda parte, y la construcción de la figura del genocidio.

–El objetivo es comprender cómo funciona el cerebro y la estructura psíquica que constituyen el sustrato de los procesos con los que quiero trabajar. Una preocupación central es poder desarrollar hipótesis en función del carácter adaptativo de lo que llamo “procesos de des-sensibilización”: comprender cómo nos “ajenizamos” de los procesos de terror que vivimos. Trato de encontrar fundamentos en procesos mucho más primarios y explicar por qué un ser vivo resulta “adaptativo” por perder el registro de sensaciones de aquello sobre lo cual no se tiene capacidad de actuar. Cuando un sistema nervioso es sometido a una agresión frente a la cual no tiene ninguna posibilidad de reaccionar, la única respuesta adaptativa es disminuir su conexión (des-sensibilización) a modo de hacer vivible su continuidad. El dolor es un alerta para la acción, pero si la acción es imposible el dolor se vuelve inútil.

–¿Cómo se vincula con el genocidio esta sociedad que amputa su capacidad de sentir dolor?

–El tercer capítulo intenta cuestionar una mirada que podría llamar de cierto historicismo ingenuo, que cree que la ciencia social podría revelar una única verdad de los hechos. Trato de plantear que nuestro sistema de representación construye sentido, que no es lo mismo que construir verdad. No hay una sola forma dar sentido a la realidad caótica y para constituirnos como sujetos sociales con identidad damos sentido a ese caos de estímulos, priorizamos unos sobre otros. Esto me lleva al eje del libro: tratar de comprender las consecuencias de las tres grandes construcciones de sentido alrededor del “terror” que hemos sufrido como sociedad: los que lo conciben como “guerra”, como “crímenes de lesa humanidad” y como “genocidio”.

–Antes de cada uno, ¿por qué dice que la Justicia tiene un rol prioritario en esa construcción?

–Creo que los efectos de sentido se construyen en muchos planos, pero el jurídico tiene un peso cualitativo, ya que hemos puesto a la Justicia en el rol de sanción de verdades colectivas. Es el ámbito fundamental de sanción de nuestras representaciones colectivas sobre el pasado y por eso el libro.

–¿Cuáles serían esos sentidos?

–Una de las variables más relevantes para analizarlos es la “afección”: la relación entre una “identidad-nosotros” y el proceso de terror-ejercicio en lo social. Hay tres tipos de reconstrucciones claramente distintas. El discurso de la “guerra” piensa en clave binaria, de bandos. Una división social que opone dos identidades y dos grupos. Tiene algunas ventajas porque piensa en términos de grupos, de sujetos sociales. Pero su desventaja es quitar complejidad al ejercicio del terror, es decir, cosifica en roles rígidos a los participantes de ese proceso al ponerlos como bandos. Otro riesgo es la teoría de los dos demonios: al reducirlo a grupos muy pequeños de población y poder plantear la idea de una ajenidad del conjunto social. La idea de que los que confrontaban eran grupos marginales y que el conjunto social se encontraba afuera de la confrontación.

–¿Y los crímenes de lesa humanidad?

–La representación es totalmente distinta, pero su característica se basa en el componente liberal: la comisión de delitos particulares cometidos desde el Estado contra los ciudadanos, por lo tanto el afectado por el terror es el ciudadano en términos individuales. Podemos tener perspectivas más amplias o más acotadas. Que no sólo se ve el secuestro, asesinato, sino la violencia sexual, pero el concepto de lesa humanidad hereda el principio individualista de la lógica penal.

–¿Genocidio?

–Genocidio aporta la potencia del concepto de “grupo”, permite quebrar una lógica binaria y pensar que el terror afecta al conjunto social, incluso incluyendo allí a los propios perpetradores. Que el terror transforma a los sujetos sociales en una cantidad amplísima de niveles y de prácticas. Que es imposible no ser afectado por una sociedad que instala el terror sistemático con respecto al conjunto de su población.

–Ahí hay una “sociedad” reemplazando lo que en otras perspectivas tenía al “Estado”: ¿sociedad como víctima pero también responsable?

–Nos permite pensar la complejidad de que a la vez la mayoría de la población fue víctima de ese terror y responsable de su reproducción. Guillermo O’Donnell lo explicitó de modo brillante con el concepto “liberación de los microdespotismos”.

–¿Y cómo opera lo social “des-sensibilizado”...?

–Creo que una reacción social fuerte de los juicios, aún hoy y pese a la inclusión de la figura de genocidio en numerosas sentencias, es que todavía es profundamente hegemónica la mirada que entiende lo que se está juzgando como lo que les ocurrió a los afectados directos. Lo que ocurrió con gente que no es parte de mi propia identidad, quienes pasaron por un campo de concentración o los familiares y en todo caso la respuesta del ciudadano medio podría ser un mayor o menor nivel de solidaridad o empatía donde sigue siendo fuerte la incapacidad de pensar su propia afección. En ese contexto, con el planteo de genocidio va ganando fuerza el pensar el terror como la destrucción del grupo nacional argentino. El avance en las sentencias y en la discusión colectiva puede ser un aliciente para poner sobre la mesa las afecciones en cada una de nuestras prácticas, tanto de los miembros de la generación que la vivió como de los hijos...

–Usted habla de esto en el libro, pero ¿no sólo los efectos en “hijos” de afectados directos?

–A ese terror legado por sus padres, y legado traumáticamente y no explícitamente, porque fue legado por padres que hegemónicamente creen que ese terror no los tocó. Y entonces ese legado es mucho más inconsciente, pero justamente son los legados más difíciles de revertir y procesar..
Lo político y el politicidio

Se dijo que al no estar incluida la figura de los perseguidos políticos en la Convención, la idea de genocidio despolitiza a las víctimas.

–Creo que eso tiene varios problemas. Por un lado, todos los procesos genocidas a lo largo de la historia tuvieron motivación política. Por otro, pensar la identidad centralmente como política y en particular la identidad política partidaria produce, a mi modo de ver, un empobrecimiento de la comprensión de ese proceso porque deja por fuera montones de relaciones sociales que no remiten a la identidad partidaria. Los delegados gremiales, dirigentes barriales, estudiantes, muchos tenían identidades partidarias, algunos menos claras o cruzadas: lo político nos atraviesa de modos mucho más complejos que lo partidario. La idea de “grupo nacional” termina de instalar la complejidad de los procesos genocidas: la destrucción de vínculos sociales que se vinculan con el rediseño de sistemas de poder, que es en lo que se basa la política, opera en todos los lazos de la política nacional transformando nuestra identidad.

–Otra crítica es que la idea del genocidio aparece determinada por la experiencia nazi.

–Cada representación evoca tipos de analogías distintas. El genocidio está analogado al nazismo, y eso tiene ventajas y desventajas. La cara negativa es su vinculación directa con el racismo y una de las consecuencias más negativas es la experiencia de Guatemala, donde hubo una fuerte despolitización del proceso de exterminio al priorizarse la identidad indígena por sobre el componente nacional y político de los grupos destruidos, que incluían indígenas y ladinos. En el caso argentino se acentuó la idea de grupo-nación y no con su carga racista o étnica, pero permitiendo una fuerte politización. Pero otra forma de esa analogía es muy favorable. En la lucha contra la impunidad está instalado que los perpetradores nazis no pudieron escapar a la condena y, aunque no del todo cierto, opera en la resistencia contra la impunidad como expresan el canto del “Como a los nazis...”.

–¿El “genocidio” cambia las penas?

–Resulta muy sugerente que, pese a que normativa y doctrinariamente las figuras de lesa humanidad y genocidio no deben medirse distinto en términos de penas, haya una tendencia muy creciente a establecer penas más severas y cumplimiento de prisión de condenas más severos en aquellos que reconocen la existencia de genocidio aun cuando no se fundamenta de esa manera. Es particularmente llamativo, muestra la fuerza que imprime el concepto incluso en ámbitos donde no tendría fuerza efectiva. Esto es parte de lo que estoy evaluando en mi segundo volumen.

upo nacional

La idea de “grupo nacional” se usa porque era la que estratégicamente se podía usar en la Convención sobre Genocidio, ¿o cree que da cuenta de otros anclajes?

–Pensar la experiencia argentina como destrucción parcial del grupo nacional argentino surge como respuesta coyuntural técnica a la posibilidad de incluir el “caso argentino” en la Convención a partir de la exclusión de los grupos políticos. Pero esa resolución coyuntural tuvo una potencia conceptual impensada para transformar todo el modo de pensar y representar el genocidio.

–¿Por qué?

–Desde su sanción como concepto jurídico en Naciones Unidas, el genocidio era pensado básicamente en clave binaria: el aniquilamiento de un grupo por otro grupo sin percibir que de ese modo se legitimaba la estructura de pensamiento de los propios genocidas. Como el caso del genocidio nazi, sería un grupo alemán aniquilando a otro grupo judío como si fueran dos entidades esencialmente distintas, que era lo que planteaba el nazismo: que los judíos no eran alemanes, no eran europeos. Por el contrario, la idea del aniquilamiento del “propio grupo” confronta con ese objetivo genocida de separar a una parte de la población del “nosotros”, de un nosotros colectivo. Pero una vez aparecida esta línea fue sugerente volver al creador del término: Rafael Lemkin, un judío polaco que pensaba al genocidio como la destrucción de la identidad de los oprimidos dentro del propio grupo nacional.

De lo posible a lo imposible

¿Cómo ve lo que está pasando con los juicios?

–Me parece que hay un eje entre lo posible y lo imposible. A mi modo de ver, tuvo que ver con la persistencia de un núcleo muy duro de los que tuvieron la terquedad de luchar por lo imposible. Muchos, incluso yo mismo, veíamos como imposible que la Justicia tuviera la flexibilidad de poder darles a los hechos su nombre más preciso. Creo que las sentencias muestran dos cosas. Una, que un proceso puede seguir avanzando en la medida en que hay quien siga reclamando y que sólo podemos conquistar algo cercano a lo posible si luchamos por lo imposible; y dos, el proceso muy básico en el desarrollo del ser humano de fetichización: creer que nuestros productos cobran autonomía en relación con nuestras acciones, y en verdad el proceso de justicia es un producto humano y es afectado por las acciones de los colectivos humanos. Ese proceso que nos hace creer que nuestros productos cobran vida propia y que el derecho tendría sus lógicas que estarían más allá de nosotros, y esta terquedad de aquellos que luchaban pidiendo lo imposible permitió quebrarlo y mostrar que la Justicia es una producción humana y entonces lo imposible es en verdad posible.

sábado, 9 de febrero de 2013

Detuvieron en Neuquén a luchador mapuche perseguido en Chile

El lonko del Lof Chekenco Juan Ciriaco Millacheo, fue detenido en Neuquén, Puelmapu, tras resistir prácticamente una década la persecución del Estado chileno. Fue condenado bajo la Ley Antiterrorista el año 2004 a 10 años de cárcel, por su supuesta participación en un incendio de plantaciones de la forestal Mininco en el fundo Poluco-Pidenco, el año 2001. Desde agosto de 2004 se hallaba en la clandestinidad. Una vez más el estado argentino demuestra ser cómplice de la represión a los pueblos que luchan.-

Chile, 8 de febrero de 2013 (http://www.werken.cl)

Según información emitida por Radio Bío Bío, el lonko del Lof Chekenco Juan Ciriaco Millacheo, fue detenido en Neuquén, Puelmapu, tras resistir prácticamente una década la persecución del Estado chileno.

La información señala que la autoridad mapuche fue detenido por la PDI de Temuco en el territorio mapuche trasandino y tras su captura se iniciaron conversaciones entre ambos estados para que sea regresado a este lado de la cordillera y que la justicia chilena ordene su encarcelamiento.

El lonko fue condenado bajo la Ley Antiterrorista el año 2004 a 10 años de cárcel, por su supuesta participación en un incendio de plantaciones de la forestal Mininco en el fundo Poluco-Pidenco, el año 2001.

Según se confirmó durante las últimas, horas, el Lonko será llevado al Tribunal de Garantía de Collipulli, donde se controlará su detención y establecerá la pena efectiva que cumpliría, teniendo en cuenta que puede existir una prescripción parcial de la condena.

El caso Poluco-Pidenco es emblemático en la historia del movimiento mapuche, por ser el resultado de la "Operación Paciencia", bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando tras el homicidio del joven weichafe Alex Lemún, se inició la agresiva persecución de dirigentes de comunidades mapuche en lucha.

Fueron condenados dirigentes y luchadores de Malleco y Arauco a 10 años de cárcel bajo la Ley Antiterrorista.

martes, 29 de enero de 2013

Represión brutal en el penal San Cayetano (Corrientes)

Familiares de los heridos concurren a reclamar ante el ministro de Gobierno

(AW) "Se pudo comprobar que tenían marcas en la espalda y los pies, de los palazos, que fueron acribillados con perdigones de goma en sus espaldas, muslos, nalgas, varios rostros con marcas, laceraciones cerca de los parpados, caras pisoteadas. Muchos revelaron que al ser llevados al sector de sanidad, los golpes siguieron en enfermería". De la denuncia de Hilda Presman, titular de la Red de Derechos Humanos, respecto el ensañamiento que recayó sobre más de 40 detenidos en la mañana del pasado sábado.

Una vez más se reiteraron graves incidentes en el penal de San Cayetano, cuando la totalidad de la población de los pabellones de mínina seguridad, 1 y 2, fueron violentamente reprimidos por el tristemente célebre "Grupo Negro" penitenciario.
Así, los internos sufrieron un aluvión de balas de goma y palos por integrantes del Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias (ETOP) luego de que la población enfrentara una orden de traslado de compañeros de celda extemporánea. Ya que eran las 5 de la mañana cuando personal penitenciario irrumpe con la orden de tres traslados a San Luis del Palmar. Llamó poderosamente la atención la hora y la disposición en día feriado, próximo a la visita, sin poder juntar sus pertenencias ni avisar a la familia. Ante la resistencia al traslado, el grupo de negro y encapuchado, con tonfas (bastones de madera) y balas de goma reprime a la totalidad de la población hasta la hora de ingreso de las visitas del día sábado.
A instancias y junto a los familiares, el subsecretario de Derechos Humanos Manuel Cuevas e Hilda Presman, fueron a la unidad, constataron los hechos y receptaron información directa.
Se pudo comprobar que tenían marcas en la espalda y los pies, de los palazos, que fueron acribillados con perdigones de goma en sus espaldas, muslos, nalgas, varios rostros con marcas, laceraciones cerca de los párpados, caras pisoteadas. Muchos revelaron que al ser llevados al sector de sanidad, los golpes siguieron en enfermería.
Hoy por la mañana, se realizaron las denuncias penales correspondientes ante la fiscalía de turno en feria. Por su parte, un grupo de familiares se entrevistó con ministro de Gobierno Gustavo Valdés y mañana ampliaran denuncia en Fiscalía. Asimismo, solicitarán que la fiscal se constituya en San Cayetano y releve las pruebas in situ.
A la vez, el vicejefe del SPP, Daniel Benítez, reconoció que "se tuvo que reprimir y eso implica golpes, balas de goma, etc". La ferocidad represiva y la confesión, a veces marchan juntas.

Juicio a Rios Montt, el genocida guatemalteco

Rios Montt acusado de delitos de lesa humanidad
 
El ex militar seguirá bajo arresto domiciliario, medida que cumple desde que el año pasado el Ministerio Público lo acusara de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas entre 1982 y 1983.

Un juez guatemalteco dispuso ayer el envío a juicio del dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez, quien por entonces se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército, y se basa en una acusación de la fiscalía que, además, rechaza la solicitud de la defensa para sobreseer y archivar el proceso.

Ríos Montt cumple arresto domiciliario desde enero de 2012, cuando fue acusado por el Ministerio Público de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas durante su régimen. Gálvez decidió que Ríos Montt continúe bajo arresto en su domicilio, y que Rodríguez permanezca recluido en el Hospital Militar, en donde desde mediados del año pasado es tratado por los supuestos padecimientos físicos que sufre. Gálvez dio valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de los ex altos cargos militares en la sangrienta represión militar de la que fueron víctimas los indígenas de la etnia Ixil.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez, y al concluir la diligencia se negaron a responder las preguntas de los periodistas. En su resolución, Gálvez señaló que para ambos ex militares “se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlos a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan”, por lo que no se hace lugar a la petición de la defensa. Asimismo, el magistrado advirtió que la resolución no modifica el actual status legal de los funcionarios sospechados y se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados. Posteriormente convocó a una nueva audiencia para hoy, en la que las partes procesales deberán presentar más pruebas al tribunal.

La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala colmada de representantes de sectores vinculados al proceso judicial. En el lugar estuvieron familiares y amigos de Ríos Montt y Rodríguez, también activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché, en los ’80. Antes de la audiencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a los periodistas que se encontraban en la sala que temía por la “presión mediática” nacional e internacional que podía haber sobre el juez Gálvez a favor del envío al juicio.

Para Palomo, si el juez era “objetivo y analiza los medios de prueba” debía sobreseer o archivar el proceso, reportó la agencia estatal AGN. Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios y dirigentes de organismos defensores de derechos humanos hicieron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del ejército.

Los dos ex militares se encuentran acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando vigente en el ejército, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada, se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.

Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante el conflicto interno de 36 años que padeció el país entre 1960 y 1996.

lunes, 28 de enero de 2013

Mario Alberto Mingolla Montrezza.: De genocida a obispo


Había que verlo con saco de lino, camisa rosa, cuello sacerdotal y un pesado crucifijo sobre el pecho. Así, el 15 de febrero de 2002, llegó desde Buenos Aires al aeropuerto paulista de Guaruhlos. Era un alto dignatario de la llamada Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava. En el hall de arribos lo aguardaba su máxima autoridad regional: el obispo Athanasios. Por la tarde, durante una solemne ceremonia en la Catedral Ortodoxa de San Pablo, al recién llegado se le concedió el honor de encabezar la Capellanía General para la República Argentina.
Lo cierto es que su carrera eclesiástica fue meteórica. Entre tal fecha y el 18 de mayo de 2008, ese hombre fue proclamado primer obispo de dicho credo en el país, pasó a integrar su Santo Sínodo, asumió la capellanía de la Orden Bonaria, se lo elevó al rango de archieparca y obtuvo el obispado de Milán. En esa travesía adoptó el nombre Valerián de Silio. ¿Tanta pompa en el seno de un culto no reconocido por la Cancillería?
Tal interrogante ensombrecía la figura del obispo. ¿Se trataba de un charlatán de feria? No fue del todo posible desestimar esa presunción. En cambio, nadie imaginaba lo que aquel sujeto en realidad era: un represor de la última dictadura militar. Su nombre:   Mario Alberto Mingolla Montrezza.

SOLDADO DE AMÉRICA. En Buenos Aires, durante el mediodía del 2 de septiembre de 1980, el Teatro San Martín parecía una fortaleza.  Un dispositivo con carros de asalto, patrulleros y tropas armadas robustecía ese parecer. Ningún civil podía acercarse sin autorización. Allí transcurría el IV Congreso de la Conferencia Anticomunista Latinoamericana.
Los delegados –entre ellos, anticastristas de Alpha 66, parapoliciales de Guatemala y El Salvador, somocistas prófugos, masones de la logia Propaganda Due, y operadores del pinochetismo– estallaron en una ovación cuando el anfitrión del encuentro, general Guillermo Suárez Mason, concluía su discurso de apertura.
Junto al estrado, un joven con gafas de espejadas aplaudía a rabiar. Pertenecía al Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601 de Inteligencia. Había llegado desde La Paz, Bolivia, a donde regresaría al culminar el encuentro. Su familiaridad con algunos de los presentes resultaba notoria. Era una pieza de valía en el armado internacionalista del Ejército. Todos le decían"Christian". Así se hacía llamar Mingolla.
Sus andanzas por fuera del territorio nacional habían tenido un paso previo: América Central. A fines de 1979 fue enviado de comisión a Honduras –junto a otros 40 oficiales y agentes del Ejército encabezados por el teniente coronel José Osvaldo Riveiro y el mayor Santiago Hoya– para adiestrar, con apoyo de la CIA, a contras nicaragüenses y escuadrones de la muerte de El Salvador, Guatemala y ese país. El GTE tuvo además responsabilidad directa en asesinatos, torturas y desapariciones en toda la región.
Mingolla hizo en Tegucigalpa buenas migas con el comandante del Ejército local, coronel Gustavo Álvarez Martínez, quien llegó a considerar al argentino su brazo derecho y el enlace con los militares enviados desde Buenos Aires. Así fue como Mingolla tuvo una influencia crucial en la creación del Batallón 3-16, una unidad de inteligencia construida a imagen y semejanza del Batallón 601. Participó de tal empresa junto a Juan Ciga Correa, un ex integrante de la Triple A. Los dos eran inseparables.
En tal contexto, el salto de Mingolla hacia Bolivia fue previsible.

EL DELATOR. En el alba del 17 de julio de 1980, la presidenta boliviana, Lidia Gueiler, despertó sobresaltada por el ruido de un helicóptero y los disparos que sonaban a la distancia. La radio transmitía la marcha Talacocha, un signo inequívoco de que su mandato acababa de finalizar de manera abrupta.
El golpe de Estado se inició con el levantamiento de la guarnición militar de de Trinidad, capital del departamento del Beni. El emprendimiento del general Luis García Meza y del coronel Luis Arce Gómez –con el apoyo logístico del criminal de guerra nazi Klaus Barbie (ver recuadro), junto al financiamiento del "Barón de la Cocaína", Roberto Suárez, y un selecto grupo de empresarios santacruceños– se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado en los últimos siete meses.
La preparación del asunto coincidió con el arribo de los militares argentinos: 150 efectivos del Batallón 601; muchos venían de América Central; entre ellos, Mingolla. Se dice que él solía ufanarse del trato afectuoso y paternal que le dispensaba Barbie. El alemán se había fascinado con él. ¿En qué parte de su ser estaba depositado su encanto?
Con apenas 24 años, Mingolla supo encubrir con eficacia ciertos capítulos de su pasado. Sin embargo, una versión indica su temprano vínculo con el grupo fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU). Se cree que esa, justamente, fue la vía que lo llevó a enrolarse como agente civil en el Batallón 601. Hasta hay testimonios que señalan su presencia como interrogador en el centro clandestino que la Policía Federal regenteaba por cuenta del Ejército en sus talleres mecánicos de la calle Azopardo. En Bolivia no ocultó su gran solvencia operativa. Era diestro tanto para infiltrarse en grupos de izquierda como para ir de cacería nocturna, junto con las patotas de nazis alemanes, franceses e italianos traídos por Barbie para la ocasión. Pero también era un gran cultor del contraespionaje; adscripto al Departamento VII –Operaciones Psicológicas–, descolló por el carácter preciso de sus informes. En La Paz, él estaba a sus anchas; ahora esa ciudad era un santuario para represores, mercenarios y terroristas de ultraderecha. No en vano, el ministro Arce Gómez había aconsejado a los opositores "andar con el testamento en el bolsillo". En sólo doce meses hubo 500 asesinatos y cuatro mil detenidos. En semejante cosecha, el papel de Mingolla y sus camaradas de armas no fue menor.
El régimen de García Mesa se derrumbó el 4 de agosto de 1981.
Mingolla quedó entonces al servicio de su reemplazante, el general Celso Torrelio Villa.
Así lo consigna en 1983 el propio "Christián" en un formulario del Ministerio del Interior, sin mencionar su rol en la dictadura de García Meza. Ya gobernaba en aquellos días el presidente democrático Hernán Siles Suazo. ¿Qué retenía a Mingolla en La Paz? ¿Acaso estaba impedido de su libertad? Nada se sabe con certeza al respecto.
Sin embargo, un documento desclasificado de ese ministerio es, en tal sentido, revelador: se trata de un informe firmado por Mingolla el 21 de septiembre de 1983; allí proporciona datos exactos de los grupos paramilitares de la dictadura, los organigramas secretos de los servicios de inteligencia y la identidad de todos sus miembros. En ese paper, Mingolla consumó un auténtico hito en el ejercicio de la delación: se denuncia a sí mismo en tercera persona.
A partir de ese instante, no habrá vestigios de su existencia. 
Hasta el 26 de marzo de 1987. Ese día fue detenido en un paso fronterizo por la Policía Militar de Brasil. Entre sus efectos personales, Mingolla atesoraba 375 kilos de cocaína.

UNA LÍNEA BLANCA DE LUZ. Alojado en un penal del estado de Santa Catarina, Mingolla se relacionó con presos evangelistas. En tales circunstancias, vio la luz del Señor. Y se puso a predicar su palabra. 
Ya cumplida su condena, fungió de capellán penitenciario por cuenta del Consejo Nacional de Pastores. Luego se volcó al culto siriano, antes de recalar en la Iglesia Bielorrusa Eslava. Un espacio desde el cual él no fue ajeno al tráfico de drogas y al lavado de dinero.
Su última aparición pública ocurrió el 2 de diciembre, durante la visita del obispo Athanasios a Buenos Aires. Desde entonces, su paradero es un misterio. Un cúmulo de acusaciones por estafa lo han retirado de circulación. Estaría escondido –dicen– en algún lugar de Polonia.
Quizás alguna vez también sea buscado por sus crímenes contra la humanidad.

Por: Ricardo Ragendorfer