A 43 años del golpe genocida MÁS IMPUNIDAD Y REPRESIÓN

El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia”, sigue de pie pese a todo

 HIJOS La Plata

El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso a un dinosaurio genocida a conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia, que abandonó su anterior discurso temerario por la apelación abstracta a la unidad y la “posverdad”, y al que sin embargo subyacen los embates de un aparato represivo cada vez más aceitado contra las mayorías populares. En ese contexto, el estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que entre la instrucción de las causas y los debates oral que evidencia el proceso judicial, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida.

EL BALANCE

El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2019 el Estado argentino efectivizó 215 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 216 juicios hubo 1.436 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.245 condenas sobre 906 represores y hubo 170 absoluciones por un universo de 7.248 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 906 condenados 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, más del 50% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad. Estos datos son confirmados por más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (1)

Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que es reflejado en el Registro Nacional de Casos de Tortura, que detectó sólo en 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios (2) Ante esta realidad se nos invita a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia.

El panorama es complejo y lejos está de modificarse el estancamiento general de estos procesos. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 5 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores. No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. Recién se ha puesto fecha para mayo próximo para el juicio al genocida César Milani, sostenido por el kirchnerismo como jefe del Ejército hasta junio de 2015, por la desaparición en junio de 1976 del soldado Alberto Ledo.

NUEVO ESCENARIO

La llegada del ex abogado de varias multinacionales, Carlos Rosenkrantz, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca el nuevo escenario que afronta la justicia toda en nuestro país, con ribetes especiales en las causas de lesa humanidad. En noviembre pasado el ex abogado de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´sle dio una nota a Carlos Pagni en La Nación. Cuando el periodista le preguntó qué sintió cuando votó a favor del 2x1 al genocida Muiña y se llenó la Plaza de Mayo con una manifestación en contra respondió: “Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables” y agregó en desafortunada metáfora futbolera que “Elizondo echó a Zidane en el mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo m ismo debe hacer un juez. El 2x1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna” (3)

Vale aclarar que la opinión, lejos de ser el parecer de un panelista deportivo, corresponde al mentor del infame fallo que intentó hacer pasar, la aplicación a los genocidas deuna figura como el 2x1 no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz define como “la tribuna”, logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido. El hecho tuvo un antecedente no tan mencionado: la aplicación del 2x1 al represor Alejandro Duret, condenado en Mar Del Plata a 15 años de prisión por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, y beneficiado en 2016 por los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris. En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva. Y lo peor de todo, la excarcelación de varios represores por la baja pena recibida en los juicios orales. Así, este año fueron excarcelados 2 represores condenados a 13 años por delitos cometidos en el CCD La Cacha: Claudio Grande y Rufino Batalla. Así, el fallo “Batalla” de la remozada Corte Suprema prohibiendo la aplicación del 2x1 a casos de lesa humanidad es testigo en varios sentidos. Lo que no consiguió el represor por izquierda, mediante el 2x1, lo consigue por derecha por el extraño criterio de los jueces de que al momento de computar penas no hay agravantes aunque se trate de delitos gravísimos e imprescriptibles, aunque sí hay por no haber cometido antes otro genocidio.

Otro fallo de la justicia platense alumbra sobre este análisis: el juez Germán Castelli determinó al analizar la situación del genocida Etchecolatz que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos. Ahora señalamos las graves contradicciones que tienen estos procesos en su etapa final de concreción.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

MÁS REPRESIÓN

El gobierno de Macri asesina una persona cada 21 hs, pero aun así no ha superado al gobierno K como la mayor experiencia represiva desde la última dictadura militar. En los últimos tres años, se contabilizan más de mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Las cifras actualizadas dan cuenta de un total de 6536 casos de muertes por gatillo fácil, en situación de encierro, por desaparición forzada o femicidios desde 1983 hasta diciembre de 2018. De ese total, el 20 por ciento corresponden a la gestión de Mauricio Macri, es decir, más de 1300 muertes registradas en poco más de 1000 días de gobierno, sin olvidar que el 54% de los casos, 3658 personas, se dio en la gestión de los gobiernos K.

Sin dudas este avance represivo es inseparable de la aplicación de un plan que están avalado por los elogios gubernamentales a la llamada “Doctrina Chocobar”, con el fin de disciplinar a todo sector que se oponga a sus planes, políticos económicos y sociales.

El enemigo social que han construido son los pibes pobres de nuestros barrios, arrojados a la marginalidad económica y social primero, y luego dejados a merced de la mano dura policial. Muchos jóvenes fueron asesinados en nuestra región por las policías de Scioli y Vidal como Darian Barzábal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Brian Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos y Matías Marincovich, y no sólo sus asesinos siguen dentro de las fuerzas represivas, sino que el Estado les garantiza la defensa ante la justicia cómplice, poniéndoles abogados. La justicia los termina absolviendo con la excusa de la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”.

La doctrina Chocobar, basada en el enemigo interno que hay que eliminar para tranquilidad del poder no es novedad en la Policía bonaerense. Desde la vieja escuela de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Ruckauf, pasando x la gestión de Daniel Scioli con su ministro de Inseguridad, Alejandro Granados. La gestión de María Eugenia Vidal no se quedó atrás y puso al frente de la Bonaerense primero al responsable de la Masacre de Ramallo, Pablo Bressi, y después a Fabián Perroni, que estuvo procesado en una causa por torturas en la comisaría 9na de La Plata, donde desaparecieron a Miguel Bru, torturaron hasta matarlo a Daniel Migone y encubrieron la desaparición en las redes de trata de Johana Ramallo.

El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Además en estos casos, el enemigo interno es aquel que defiende la lucha de los pueblos originarios por sus territorios ancestrales.

Pese a la campaña de confusión de los medios de desinformación, que ahora buscan instalar la idea de un solitario ahogado, está claro que Santiago fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad,  que estaba siendo reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro desde atrás cuando  trataba de escapar del lugar. La mentira de la presencia de pólvora en las manos de Rafita quedó al desnudo con los informes de todos los peritos que afirmaron lo contrario. Con la lucha del pueblo mapuche y las organizaciones de Derechos Humanos y sociales logramos la absolución  todos los procesados de la Pu Lof Cushamen en la causa por abigeato y usurpación armada por el mismo Estado que los reprime en consonancia con el empresario italiano Benetton.

El caso de Daniel Ruiz, trabajador petrolero de Chubut y militante político da cuenta del proceso de criminalización de quienes protestamos contra el régimen. Hace ya 6 meses que Ruiz se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz acusado de participar en la marcha contra la Reforma Previsional que se realizó en diciembre de 2017. Su encarcelamiento implica la voluntad de disciplinar a un pueblo harto del avance del hambre y el saqueo por sobre la vida de las mayorías.

A 43 años del golpe genocida el gobierno de Mauricio Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, hambre, cárcel y gatillo fácil para las y los pibes jóvenes. Por eso el símbolo de la represión de ayer, el genocida Miguel Etchecolatz, y de la de hoy, la ministra Patricia Bullrich, son distintas caras de la misma impunidad.

A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA SEGUIMOS EXIGIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.

Notas:

(1)  https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/12/LESA_informe-estadistico-anual-2018.pdf

(2)   https://www.ppn.gov.ar/q=Se_encuentra_disponible_el_Informe_Anual_2017_del_Registro_Nacional_de_Casos_de_Tortura_y/o_Malos_Tratos

(3)   https://www.lanacion.com.ar/2190572-carlos-rosenkrantz-el-tema-del-impuesto-a-las-ganancias-no-es-la-consagracion

¡ No al proyecto de desgüace del BNDG !

Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el Congreso.

El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG).

Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a “colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del Registro” en coordinación con otros registros nacionales.

En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto.

Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”.

Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que l nueva ley del BNDG limitaba, el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y localización de las personas”.

Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad.

Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.

También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy.

Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 2015, debe ser revertido.

No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para esos casos, asumiendo el vació que han generado. De hecho, entre los fundamentos del proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que “en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”.

Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”.

En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, que lleva más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse avalando el desguace del BNDG.

Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo:

- No al Desguace y Traslado del BNDG.
- Por el Derecho Universal a la Identidad.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Basta de negociados con la Verdad y la Memoria.

DARSE CONTRA UN MURO, El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3 . HIJOS - La Plata

Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.

La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el decanato.

Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto, cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”. A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba sucediendo.

Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.

Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.


Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra. Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de “la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.

NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.

La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres. Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una decisión tomada por pocos.


El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4 lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. El Estado argentino parece necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no cumplió en este gobierno.

La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso fue que Pelaez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Pelaez, fue secuestrado por la Armada el 16 de enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”, dijo Pelaez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA

HIJOS La Plata

La justicia a cuentagotas , HIJOS - La Plata

Mañana a las 19hs. los compañeros de HIJOS La Plata van a estar presentando el libro La justicia a cuentagotas en nuestro local (Carlos Calvo 2499 y Alberti).

    Un análisis crítico del proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Por HIJOS La Plata. Este libro es el resultado de tres años de seguimiento e investigación de los procesos contra los genocidas de la última dictadura, posibles a partir del reclamo sostenido de las organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país, que supo basarse tanto en la práctica política de la denuncia y la movilización social, como en la sistematización de información para su aporte a la justicia y en la elaboración conceptual de las causas y consecuencias de las prácticas del Terrorismo de Estado. Para conseguir un ejemplar escribir a hijoslaplata@gmail.com o en * Librería "Giroloco" (Pza. Italia e/ 7 y diagonal 77 La Plata) * Librería "Dardo Rocha" (6 e/ 48 y 49 La Plata) * Librería "Ulpiano" (48 e/ 12 y 13 La Plata) * Librería "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº 487 Bs.As)