COMISIÓN por los DD HH de Trenque Lauquen a Avruj

"USTED COMO SECRETARIO DE DDHH ES UNA ESTAFA MORAL AL PUEBLO ARGENTINO, LICENCIADO AVRUJ"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, licenciado Claudio Avruj, dijo hace unos días que el reclamo nacional e internacional por Santiago Maldonado había sido "una estafa moral" al pueblo argentino. Ahora, que se cumplen 6 meses del momento en que Santiago desapareció de la faz de la Tierra para su familia y amigos, es decir medio año desde aquel 1 de agosto de 2017 en que corrió desesperado hacia las heladas aguas del río Chubut, perseguido por una tropa de gendarmes desenfrenados, es urgente expresar que el Estado todavía no explicó cuál fue su participación necesaria en los hechos que condujeron a la muerte por ahogamiento del joven solidario nacido en 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires).

Al licenciado Avruj, utilizando sus propias palabras queremos decirle que él mismo constituye, desde que asumió como secretario de DDHH, una estafa moral al pueblo argentino.

Usted, Avruj, es una estafa moral porque ha participado (junto con Lopérfido, Gómez Centurión y el mismísimo Presidente) del negacionismo que minimiza, con el objetivo de la impunidad para los genocidas, la magnitud del terrorismo de Estado.

Usted, secretario Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque fue el único funcionario que expresó acuerdo con la vergonzosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando concedió el 2x1 al genocida Muiña (al rato, al verse sacudido por las oleadas de repudio a ese fallo inmoral, Avruj retrocedió pretendiendo que olvidáramos su adhesión original a semejante beneficio para torturadores).

Usted, señor Claudio Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque incumplió los deberes de funcionario público cuando no apeló el sobreseimiento dictado por el juez Ercolini en la causa Papel Prensa, beneficiando a los dueños de la opinión pública (Magnetto, Mitre, Herrera de Noble). Por esa omisión maliciosa Avruj fue denunciado en diciembre de 2016 por el abogado Pablo Llonto, imprescindible luchador en defensa de los derechos humanos.

Usted, Avruj, como secretario de DDHH es una estafa moral al pueblo argentino porque cada vez que algún agente estatal ha estado sospechado de cometer un delito que puso en riesgo la integridad de un ciudadano reaccionó en sintonía con la ministra de Seguridad, inhabilitando la búsqueda de Verdad y Justicia.

De modo que,  señor Claudio Avruj, si se trata de plantear "estafas morales" mírese en un espejo y observe cuán grande y cuán lejos de su idoneidad le queda el cargo que, lamentablemente para el pueblo argentino, ostenta desde diciembre de 2015. Hace casi 26 meses que le estamos pagando un sueldo considerable para que usted, Avruj, haga lo contrario de lo que manda la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos.

En las antípodas de este pseudosecretario de DDHH, y avalados por casi dos décadas de trabajo ad honorem en defensa de los derechos humanos, al cumplirse seis meses de su desaparición forzada seguida de muerte, volvemos a exigir: ¡JUSTICIA PARA SANTIAGO ANDRÉS MALDONADO! 

COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 1 de febrero de 2018.

Genocidas con privilegios: los represores podrán atenderse en hospitales militares

El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo para involucrados en delitos de lesa humanidad.

Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al terrorismo de Estado.

La atención de ex represores de la ESMA en el Hospital Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi (recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas” de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.

La resolución de Martínez, que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín Oficial, menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo del licenciado Angel Tello, ex colaborador de los ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y hombre de confianza del Servicio de Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi “ha sido sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial”, afirma el ingeniero agrónomo Martínez sin mencionar ningún ejemplo. “Los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la atención de los represores.

Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen del informe “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales. En el caso de Marcos Paz denuncia el “déficit crónico” de médicos, “las bajas remuneraciones”, la necesidad de “instrumental y equipamiento médico”, y apunta que en ese complejo penitenciario “no poseen camilla rígida ni collar de sujeción cervical”, entre otras limitaciones.

La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF, lo cierto es que la República podría incumplir sus más elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el “deber de salvaguardar la salud de los reclusos”.

Intentan asesinar a un integrante del MPLD MTK OPSA

La Confluencia Movimiento Popular La Dignidad Tupaj Katari OPSA denuncia que uno de sus integrantes, Darío Julián Euguenio, fue víctima de un intento de homicidio anoche cuando se desarrollaba una asamblea en Villa Celina, partido de La Matanza. El hombre recibió un disparo en el pecho, según afirman desde la Confluencia, por parte de un puntero del PRO, ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), luego de que interrumpió la asamblea con gritos y amenazas.

Reproducimos comunicado:

12/ 2/ 16

INTENTAN ASESINAR A UN COMPAÑERO DEL MP LA DIGNIDAD KATARI OPSA

Contacto de Prensa

Carlos Perro Santillan 0388 4977602

Rafael 1551830629

Christian 1535447465

Desde la Confluencia Movimiento Popular La Dignidad Tupaj Katari OPSA queremos denunciar que nuestro compañero Darío Julián Euguenio (Iki para los compas) fue víctima de un intento de homicidio a las nueve de la noche del viernes 12 de febrero, durante una asamblea que se desarrollaba en Villa Celina, partido de La Matanza. Un puntero del PRO, ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y que responde a Ivan Kerr y a Emilio Basabilvaso, luego de interrumpir la asamblea con gritos y amenazas diciéndole a nuestro compañero que se deje de joder con las tierras del barrio Vicente Lopez y Planes, le disparó un tiro en el pecho que pone en peligro la vida del compañero.

Iki, junto a lxs vecinxs, habían logrado frenar un negociado millonario de especulación inmobiliaria sobre unos terrenos que pertenecen al barrio y que habían sido ilegalmente cedidos por el IVC a una sociedad de fomento. Esta red mafiosa y criminal tiene como integrantes a estos dos funcionarios, a diferentes punteros y a efectivos de la comisaria N°11 de Villa Celina. Estos últimos habían amenazado a lxs vecinxs que se organizan para luchar por las tierras que les corresponden, diciéndoles que “cuando cambie el gobierno se las vamos a dar”. A pesar de estas amenazas, nuestrxs compañerxs continuaron denunciando las amenazas y avanzaron con organización popular para impedir uno de los tantos hechos delictivos que lleva a cabo el IVC. Entendemos que este no es un hecho aislado sino que se enmarca en un contexto más general de avanzada represiva, persecución y criminalización de la protesta.

Hoy la vida de Iki está en peligro y el accionar de estas redes mafiosas es una amenaza para todo el campo popular. Por todo esto, denunciamos que no vamos a descansar hasta que lxs responsables estén tras las rejas.

PATRIA O MUERTE

VENCEREMOS

MP LA DIGNIDAD TUPAJ KATARI OPSA

Primer mes de gobierno de Mauricio Macri desde la óptica de un organismo de Derechos Humanos

El primer mes de gestión del gobierno de Mauricio Macri se podría sintetizar en la frase “todo para los ricos, palos para los pobres”.

Se modifican leyes impositivas para favorecer a la patronal agraria (eliminación de retenciones) y a la clase alta (disminución de impuestos a los coches de alta gama); a pesar de que la modificación de leyes impositivas es potestad el Poder Legislativo,  se utilizaron Decretos de Necesidad y Urgencia  (DNU) para favorecer al sector de mayor acumulación de riquezas. Se continuó con el festival de bonos empezado por el dúo Kiciloff – Vanoli en el gobierno anterior, y se subieron las tasas de interés por encima de las ya exorbitantes de la última etapa kirchnerista para beneficio del sistema financiero.

Mientras los precios de los comestibles aumentaron hasta un 50% desde el 24 de noviembre sin que el gobierno tomara medida alguna,  cuando los sectores populares salieron a reclamar la respuesta fue la represión.

El 17 de diciembre mientras reclamaban frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría, conducida por el kirchnerista Grey, los cooperativistas del Plan Argentina trabaja, son reprimidos por la policía bonaerense que depende de la gobernadora macrista Vidal, cooperativas del Plan Argentina Trabaja, que reclamaban un bono ante el aumento de precios.

Entre el 21 y 22 de diciembre son reprimidos tres veces los trabajadores de Cresta Roja que cortaban la autopista Richieri a la altura del Aeropuerto Internacional deEzeiza ante la falta de pago de los salarios y el aguinaldo por parte de una patronal que no sólo había vaciado la empresa, sino que se había “quedado” con los subsidios, que sin control les dio el anterior gobernador Scioli. El gobierno macrista aduce que un juez ordenó desalojar la autopista, lo que no es cierto, ya que el juez ordenó que luego de  10 días de cortes se garanticen carriles para el paso de los pasajeros, lo que los trabajadores estaban dispuestos a aceptar. A pesar de ello la decisión del gobierno nacional de Mauricio Macri  fue reprimir con  la Gendarmería utilizando tanquetas, hidratantes, tirando con balas de goma a los trabajadores, con el único objetivo de amedrentar a todo aquel que salga a manifestarse por un derecho violado. Las declaraciones de la Ministra de Seguridad Nacional Bullrich afirmando que actuó por decisión propia y la defensa cerrada que hizo el gobierno de esta represión violatoria inclusive del marco jurídico existente, demostraron que al gobierno nacional no le importaba obedecer la orden de un juez sino reprimir a los trabajadores.

Para que no queden dudas del verdadero motivo de la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el Gobierno de Mauricio Macri utilizó este primer conflicto de corte de una autopista nacional para plantear que hay que avanzar en un Protocolo que reglamente las manifestaciones, dicen que para garantizar el derecho a manifestarse, pero también el derecho a circular. Decimos lo mismo que dijimos ante el proyecto de Ley de Convivencia de los kirchneristas Kunkel y Pedrini, presentado en abril del 2014, que no hay peor perjuicio al sistema democrático que intentar limitar, bajo el sofisma de regular, el derecho a reclamar, a manifestarse frente a la autoridad y los poderes.

Con la misma intención política que el Poder Ejecutivo Nacional, limitar las libertades democráticas,  el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires anula dos sentencias de la justicia en lo Penal y Contravencional, habilitando a la Policía a pedir documentos “por portación de cara” y obligándonos a transitar siempre con documentos de identidad aunque no existe ley que lo exija. Esta medida del TSJ – CABA busca criminalizar a los jóvenes y en particular a los jóvenes pobres, buscando acrecentar una brecha social sobre “el diferente”. Como elemento contradictorio con el discurso de que hay que garantizar, ante las manifestaciones callejeras de algunos el derecho a circular de los demás, esta resolución busca limitar la circulación de los más vulnerables, y por ende de los potenciales manifestantes ante la falta de derechos, colocando a la Ciudad de Buenos Aires junto a las provincias que tienen las inconstitucionales leyes de merodeo.

Desde el Sur hasta el Norte continúan los asesinatos en comisarías. A pocos días de asumir las nuevas autoridades, el gobernador Das Neves en Chubut y Macri en la Nación, es asesinado en la comisaría de General Mosconi – Chubut Lucas Fuentes, después de haber denunciado las torturas que le infligían los policías. Y el 25 de diciembre es asesinado en la comisaría 11 del Chaco  Cristián Eduardo González. Mientras el fiscal ni siquiera indaga a los policías acusados de asesinar a Ángel Verón a golpes.
Si bien el gobierno de Cristina Fernández no utilizó la Ley de Medios para democratizar la información, pues limitó la autorización de frecuencias a los medios comunitarios alternativos y populares,  Mauricio Macri en su primer mes de gestión, con un nuevo DNU dejó sin efecto la Ley de Medios desarticulando el AFSCA y el AFTIC, creando un nuevo ente violatorio de la Ley a medida de los monopolios de la comunicación, y por ende contrario a la democratización de las comunicaciones.

Antes de terminar este primer mes de gestión el macrismo vuelve a reprimir. A la protesta de trabajadores municipales de La Plata despedidos se les responde como a las cooperativas de Esteban Echeverría y a los trabajadores de Cresta Roja: policías, gendarmería, hidrantes, balas de goma.

Con el pretexto de la lucha contra la corrupción, el gobierno intenta demonizar a los trabajadores estatales y,  para imponer el achicamiento del Estado, propone el despido de miles. Se plantean 2000 despedidos en el Senado y 10000 en la Provincia de Buenos Aires entre gobierno provincial y municipales.

Desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, sólo tres gobiernos reprimieron en su primer mes de gestión: el de Fernando de la Rua, el de Eduardo Duhalde  y hoy el de Mauricio Macri.

Volviendo al principio de este balance. El primer mes de gestión del gobierno de Mauricio Macri se sintetiza en:  todos los beneficios para las patronales, represión e intentos de limitar las libertades democráticas para el  Pueblo. 

El 24 de marzo marchamos de Congreso a Plaza de Mayo  con el ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA  y el 23 de marzo en La Plata con la Multisectorial de La Plata Berisso y Ensenada:

CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
CÁRCEL A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS, LOS DE AYER Y LOS DE HOY
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, LA POBREZA Y LA JUVENTUD
DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA
NO AL PROTOCOLO PARA REPRIMIR MOVILIZACIONES POPULARES
NO AL PAGO DE LA ILEGÍTIMA DEUDA EXTERNA 
NO AL AJUSTE-NO A LA REPRESIÓN 

ASOCIACIÓN DE EX  DETENIDOS DESAPARECIDOS

PORQUE LUCHÁBAMOS NOS DESAPARECIERON, PORQUE APARECIMOS SEGUIMOS LUCHANDO.