El Ministro Jorge Triaca en la misa por un represor

Ni una misa para los trabajadores

El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas antes de la gran concentración obrera del viernes.

  Por Alejandra Dandan

A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país, el ministro de Trabajo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Angel Egea, un socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice, imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y al brigadier Raúl Lacabanne. El ministro Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas condolencias que recibió Miguel Angel Egea el día de su muerte en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación.

Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. - A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. - Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.

En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.

El otro

Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.

“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”

Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo. Por otro lado, investiga la relación entre esas sociedades locales y otras radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay. Bajo la hipótesis de lavado de dinero, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en 2014 presentó al juzgado un informe en el que entendía que una serie de empresas locales con balances negativos habían recibido entre 2001 y 2013, 19.008.513 pesos. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos dijo la UIF en ese momento, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. La UIF para entonces a cargo de José Sbatella, estaba convencida que detrás de las empresas radicadas en el exterior estaban los mismos nombres de los dueños de esas sociedades en argentina.

En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.

En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William Whamond, el alias de Jorge Radice.

Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.

De la Triple A a la Estrella de la Fortuna

Así se llama el documento que Eduardo Luis Duhalde escribió sobre Egea. El ex secretario de derechos humanos, lo ubica como uno de los miembros de los grupos fundadores de la Triple A en la provincia de Córdoba, precedente del Comando Libertadores de América. En los años ‘70 y ‘80 tuvo varias causas por estafa. De acuerdo al documento de Duhalde, en 1967 fue detenido por usurpación de títulos y honores art. 267; en 1974 tuvo una causa por infracción al 302 de cheque sin fondos y dos causas por estafa. En 1977, tuvo otra causa por estafa. En 1979, dos quiebras. En los ‘80 aparecen las sociedades con los marinos. En los ‘90, llega a Buenos Aires de la mano de Alberto Kohan. Según publicó este diario en 2003, “con el nacimiento del menemismo, se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento y según testimonios periodísticos se lo veía con su jefe y amigo (Kohan) arriba del Menemóvil, vehículo que transportó a no pocos violadores del Código Penal, como el propio Radice”. Cuando Julio César “Chiche” Aráoz, con quien tenía relación desde Córdoba, pasó a desempeñarse como secretario de Energía en 1989, lo llevó como asesor. Egea paralelamente montó una consultora especializada en hidrocarburos en la calle Mitre al 900. Aráoz pasó de Energía a ser interventor en Tucumán y luego ministro de Salud y Acción Social, área de la que dependía Lotería Nacional. El documento de Duhalde, también dice que en 1997, pidió renovación de pasaporte y dio como referencias a Nicolás Ciccone y Hugo Budkin y declara que trabaja en Martiel S.A. Para la época comienzan los contactos con el Casino Flotante. En el año 2000, este diario preguntó por su participación en el Casino Flotante a Jorge Lima que fue vicepresidente de Lotería Nacional durante el menemismo. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12.

Durante esa época, Egea también estaba detrás de una agencia de publicidad. Tenían el juego del Cash y el Loto e imprimían cartones en Ciccone.

Genocidas con privilegios: los represores podrán atenderse en hospitales militares

El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo para involucrados en delitos de lesa humanidad.

Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al terrorismo de Estado.

La atención de ex represores de la ESMA en el Hospital Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi (recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas” de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.

La resolución de Martínez, que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín Oficial, menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo del licenciado Angel Tello, ex colaborador de los ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y hombre de confianza del Servicio de Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi “ha sido sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial”, afirma el ingeniero agrónomo Martínez sin mencionar ningún ejemplo. “Los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la atención de los represores.

Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen del informe “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales. En el caso de Marcos Paz denuncia el “déficit crónico” de médicos, “las bajas remuneraciones”, la necesidad de “instrumental y equipamiento médico”, y apunta que en ese complejo penitenciario “no poseen camilla rígida ni collar de sujeción cervical”, entre otras limitaciones.

La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF, lo cierto es que la República podría incumplir sus más elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el “deber de salvaguardar la salud de los reclusos”.

Más genocidas mueren impunes en la causas de Lesa Humanidad

TRES AL HILO

La tardanza del Estado en materia de Juicio y Castigo tiene sus consecuencias: en la última semana se contaron las muertes de 3 represores procesados pero sin condena en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Los decesos del guardia de la ESMA Carlos Galián (alias “Pedro Bolita”) que estaba siendo juzgado en causa ESMA 3, del jerarca militar Jorge Olivera

Róvere, a la espera de juicio en 4 causas, y del marino Antonio Mocellini, a punto de ser juzgado en la causa FT5 en La Plata; dan continuidad al esplendor de la impunidad biológica.

El Kioskero de la ESMA
El sábado 18 de abril se conoció la noticia de la muerte del represor de la ESMA apodado “Pedro Bolita” víctima de un cáncer. El suboficial Carlos Galián, de 69 años, había nacido en Humahuaca y sus ojos achinados le hicieron ganar entre sus camaradas de arma el mote de “Bolita”.
Varios años tardó la justicia hasta dar con una foto suya entre los expedientes de la Armada con la que seis sobrevivientes pudieron identificarlo.
Fue procesado en 2010, como uno de los 66 imputados en el tercer tramo de la megacausa ESMA que se está juzgando hace 2 años. Encontrarlo no fue tarea fácil, porque sólo se tenía su apodo del mayor CCD de la Armada: “Pedro Bolita”. Vivía en calle Magallanes 706, en Ciudadela Sur, Provincia de Buenos Aires, y pasó poco tiempo en prisión efectiva, porque sus abogados le consiguieron la domiciliaria en junio de 2010. La defensa había argumentado en el juicio que debía hacerse tres sesiones semanales de hemodiálisis y que “desde que se encuentra enfermo no tiene ocupación”.
Desde hace tiempo los vecinos lo veían baldeando la vereda y atendiendo un kiosco en la esquina de su casa, es decir violando el beneficio que tenía. En febrero pasado esa situación se hizo insostenible y una de las querellas en el juicio lo denunció ante el tribunal.
La respuesta del tribunal que lo juzga, a cargo de los Dres. Palliotti, Bruglia y Obligado, fue que “ha evidenciado una conducta totalmente contraria a las obligaciones que le fueran impuestas”, pero en lugar de enviarlo a un hospital penitenciario, decretaron su alojamiento en el Hospital Naval “Pedro Mallo”. Tal medida, alojar a militares en nosocomios de la propia fuerza, estaba prohibida por el Ministerio de Defensa desde desde 2013, tras la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central y gracias a la gestión de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La elevación a juicio que efectuó el juez Sergio Torres en Abril de 2011 incluyó una profusa acusación para Galián: coautor de 133 casos de secuestros con violencia, de privación ilegítima de la libertad por más de un mes en 462 casos, de 607 casos de imposición de tormentos para obtener información, de 3 casos de imposición de tormentos con resultado muerte, 28 casos de sustracción-retención y ocultamiento de menores, 50 homicidios agravados por alevosía, entre otros delitos.
Es que además de la actividad de los departamentos de ‘logística’, ‘inteligencia’ y ‘operativo’ ejercidos por la oficialidad, la división de tareas del GT 332 de la ESMA incluía los servicios de suboficiales que recibían las denominaciones de “Pedros”, “Verdes” y más tarde “Pablos” y “Pablitos”. Éstos generalmente eran suboficiales o estudiantes de la Escuela y su función era la custodia de los secuestrados, traslado de las comidas desde la cocina hasta el sótano o a “capucha”, vigilancia de los desplazamientos de los prisioneros al baño y participación como personal operativo en secuestros y “paseos”. Asimismo, en numerosas ocasiones tuvieron intervención en los interrogatorios donde las  víctimas eran sometidas a torturas. Estas guardias respondían a un jefe; y consta en la causa que “desempeñaron tal función Víctor Francisco Cardo, Carlos Galián y Víctor Roberto Olivera, en cuyo carácter eran encargados de recibir a los prisioneros cuando ingresaban al centro clandestino y de prepararlos para ser inmediatamente torturados”.

Galián compartió con el médico Jorge Luis Magnacco, además de las tareas en la maternidad clandestina de la ESMA, los paseos violatorios de la domiciliaria, que el doctor realizaba convenientemente por los Shopping de Palermo.
El caso nos toca en lo particular, porque una de nuestras compañeras, María Isabel, nació en esa maternidad en marzo de 1978. Su mamá, Dora Cristina Greco, era odontóloga y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Cristina fue secuestrada el 1º de Octubre de 1976, llevada a la ESMA y liberada tras seis meses. Fue nuevamente secuestrada el 26 de febrero1978 en Mar Del Plata, en presencia de su hija Victoria y embarazada de 8 meses. Fue llevada nuevamente a la ESMA, donde dio a luz a Isabel en marzo de 1978. Cristina continúa desaparecida. Isabel fue sacada de la ESMA por Galián y Magnacco, y entregada por los marinos a su familia materna. Junto a su hermana Victoria lucharon todos estos años para conocer su verdad y hasta para llevar legalmente el apellido de su padre, Armando Prigione, también militante del PCML y detenido desaparecido desde los CCD “Club Atlético” y “El Banco”. En marzo de 2014 Isabel declaró por su caso y el de su mamá Cristina, cerrando un ciclo de 36 años de reconstrucción de su propia historia.
Con el asesinato nunca investigado de Héctor Febres y la muerte de “Pedro Bolita” quedan guardados en un pacto de impunidad el destino y la identidad biológica de un centenar de niñ@s, hoy adultos, nacidos y apropiados desde el edificio de Avenida del Libertador al 8150, que el Estado nacional pretende hoy convertir en una Disneylandia de los Derechos Humanos.

Se murió el genitor de ESMAS, el patrón de la mierda
el húmedo árbitro de vidas y vuelos de la muerte
se murió el palmípedo voraz, el emplumado fósil
ahogado en la viscosidad de su saliva tóxica
una diarrea con moscas muertas se le agolpó en la boca
de comulgar y compraventa y le asfixió las órdenes
los dictados de tortura y bala, de picana eléctrica
se murió la bolsa de basura, el vejete extorsionador
relleno de soberbia, pedazo de la bestia carnívora
ahogado de tanta sangre ajena, de tanto festín
putas, delirios de grandeza,
oh todopoderosa cría del infierno!

El General indemne

El lunes 20 de abril el Juzgado N° 3 de La Plata, a cargo del ex notario hoy subrogante Jorge Eduardo Di Lorenzo, hizo llegar a las querellas de los organismos de DD.HH. Una cédula notificando el fallecimiento el 14 de febrero pasado del genocida Jorge Carlos Olivera Róvere, a la sazón General de Brigada del Ejército y ex Subjefe del Comando del Primer Cuerpo del arma entre febrero y diciembre de 1976, épocas de noche y niebla.
El General contaba 88 años, había nacido en Córdoba capital y pese a haber sido responsable de decenas de CCD en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires pasó la mayoría de sus últimas décadas en un apacible departamento de avenida Callao 1460 Piso 3º, barrio porteño de Recoleta. Fue un pez gordo de la represión en dictadura, y su caso relativiza el criterio oficialista de que “hay que ir por la complicidad civil” porque los responsables militares y policiales ya estarían juzgados plenamente. Recordemos que los dos emblemas del Terror de Estado eludieron la justicia en los últimos 15 años: Videla murió con sólo 2 condenas (por Unidad Penal 1 de Córdoba y por el Plan Sistemático de apropiación de bebés) y Massera falleció impune tras haber sido declarado por el Cuerpo Médico Forense un vegetal humano.
El General Olivera Róvere afrontó un solo juicio oral ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del que recibió una cadena perpetua en octubre de 2009 por 120 casos de secuestros y torturas, junto al jefe del GADA de Ciudadela, Bernardo Menéndez.
Quedó pendiente su responsabilidad en tres de las grandes causas que se instruyen en La Plata, donde estaba imputado por su ubicación en la cadena de mandos y su manejo de las patotas policiales en la zona del Circuito Camps. Estaba procesado desde marzo de 2012 por 9 casos de desapariciones en la Brigada de San Justo, desde abril de ese año por 46 casos del Pozo de Quilmes, y desde diciembre del mismo año por 33 casos del Pozo de Banfield. Pese a ser un mal año para él,
en marzo de 2012 recibió del juez Arnaldo Corazza el beneficio de la domiciliaria.
Pero además, estaba siendo juzgado desde 2013 en los primeros tramos de la causa por el Plan Cóndor, en la que tampoco llegó a escuchar sentencia.
Si con 12 años de demora para movilizar las acusaciones, y muerto el perro se acabó la rabia, lo curioso del caso es que, además de decretar la extinción de la acción penal, el juez Di Lorenzo resolvió el sobreseimiento de Olivera Róvere invocando el artículo 336 inc 1° del Código Procesal Penal. Con esta medida, cada vez más habitual y último eslabón de una cadena de desatinos judiciales, se sella la tríada que amenaza crecientemente la viabilidad de este proceso de juzgamiento: genocida-muerto-impune.

Se murió el gran gusano, el cretino, la gran hiena
ahogado en su propia baba de bilis antropófaga
se murió el capitán de cloacas y lavabos, el nefasto
ahogado en su mar de venenos, en su gran ola de muertos.

Marinero del Terror


Completando una nueva semana trágica, el jueves 16 de abril pasado, el TOF 1 de La Plata comunicó novedades en la causa “Vañek y otros”, conocida como Fuerza de Tareas 5 y que juzgará este año (esperamos) un fragmento de los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona.
Allí, entre las respuestas a diversos pedidos de querellas y defensas, se consigna que el abogado defensor del reo Antonio Mocellini informó de su fallecimiento. Ante ello, el tribunal mandó a que “pasen los autos a resolver”.
El capitán de Corbeta Antonio Ángel Mocellini, de 78 años, fue en dictadura 2do Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°3 entre el 16 de enero y el 22 de diciembre de 1976, y como tal integró la Fuerza de Tareas n° 5, denominación de los grupos de Tareas de la Armada en la Zona de La Plata, Berisso y Ensenada.
A 9 años de anuladas las leyes de impunidad, en agosto de 2012, había sido procesado con prisión preventiva por los casos de 7 víctimas que permanecieron en cautiverio en el BIM 3, sumado a los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo.
Tanto en el requerimiento fiscal como en los procesamientos de la causa FT5 quedó clara la alta jerarquía y la consecuente posición de mando de Mocellini en las patotas del BIM 3. Entre os documentos obrantes están las calificaciones de varios dependientes de esa unidad que firmaba junto a su jefe Fernández Carró, muchas de ellas referidas a “operaciones riesgosas”, es decir a allanamientos y secuestros .
En el caso de los homicidios de Galván y Pampillo, ocurridos el 19 de octubre de 1976 en el marco de un operativo del BIM 3 y la Bonaerense en un edificio de calle 7 y 58, consta en la causa el sumario instruido por la propia Armada, donde se afirma que formaron parte de ese operativo los Oficiales Roberto Eduardo Fernando Guitián y Eugenio González, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Río Santiago, y que Mocellini estaba a cargo.
De hecho, en su legajo personal, constan las felicitaciones al desempeño de Mocellini firmadas por Jorge Errecaborde, por entonces Comandante de la FT5, quien comunica que el capitán de Corbeta “Demostró especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate . (…) Su expresión fluida y firme unida a un equilibrio emocional constante, pese a lo crítico de la situación, lo hacen especialmente apto (...) Coopera espontáneamente mostrándose siempre bien dispuesto para emprender cualquier tarea por dura que esta sea. Por lo expuesto califico la actuación del capitán Mocellini como EXCEPCIONAL”.
Como en otros casos, pese a su caída en desgracia en septiembre de 2012, tres meses más tarde el juez Blanco le dictó la domiciliaria, por lo que no estuvo ni 2 meses en prisión común.
Pero elevada la causa a juicio en marzo de 2014, el TOF N°1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a su camarada Guitián hasta que en mayo de ese año el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, le sumó un nuevo privilegio y decidió trasladarlo junto a decenas de genocidas al pabellón para madres presas de Ezeiza. El hecho de que los peores asesinos de la historia argentina recibieran las laxas condiciones de detención en pabellones pensados para alivianar la prisión a mujeres con niños pequeños, generó un escándalo público aún no subsanado.

El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí.
La muerte impune del prefecto Tomás Méndez en marzo pasado, sumada al deceso aún no confirmado de Mocellini, deja a la próxima causa a juzgarse en La Plata con sólo 8 marineros del terror para enfrentar el debate. Claro, 7 de ellos gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 1 se encuentran cumpliendo prisión efectiva.

Se murió ahogado el decrépito rapaz
el violador, el gran escupitajo del último círculo
se murió de un derrame infecto el verdugo
el desaparecedor, el capo del espanto
en la cama de un hospital el muy secuestrador
tan cama, pozo negro, alabado por ratas
y malnacidos, tan rodeado de un muro
de pura luz-memoria que le mordió los huesos.

Además del quiebre de impunidad que generó la segunda desaparición forzada de Jorge julio López, todo el proceso de juzgamiento está atravesado por una contradicción. A 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se procesó al 1% del real actuante en dictadura, y de ese universo de 2000 genocidas se condenó al 27%. La discusión central es que el carácter imprescriptible de los delitos de Lesa Humanidad no habilita al Estado a plantearse un horizonte de 50 años de juicios, porque la media de los imputados no llegarán vivos a la mitad de ese plazo.

P.D.: Los versos en negrita y cursiva en tres partes corresponden a “La muerte de un infame” de Gabriel Impaglione.

A los tres óbitos... Que en Paz No Descansen.

HIJOS La Plata
Abril 2015

Arrancó un juicio en Roma contra 32 represores sudamericanos

La Justicia inició un proceso contra miembros de las dictaduras de la región por la muerte de 20 italianos. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar.

Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso. [Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso.]
La Justicia italiana inició el jueves un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas de 1970 y 1980 por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.

Troccoli, ex capitán de navío, de 67 años, está acusado de la muerte de seis italianos. Llegó a vivir en Italia tras huir de Uruguay para evitar la cárcel.

El proceso se realiza en una sala de la cárcel romana de Rebibbia.

La Operación Cóndor fue un plan urdido por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal Giancarlo Capaldo inició la investigación en 1999, tras la denuncia de un grupo de familiares.
Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo uruguayo que desapareció el 1 de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que estaba contenta de que se efectuara este proceso. Al mismo tiempo, lamentó no haber tenido ayuda de parte de las autoridades de los países de los militares acusados.

“Los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”, le declaró a la agencia de noticias AP.

Agregó que “esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”, que permanecen desaparecidos.

Aunque seguramente no se les podrá aplicar una eventual condena a los militares procesados, Mihura dijo que “la sociedad tiene muchos otros modos para hacer valer esa condena”.

Además de Troccoli, los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca. También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

El proceso fue suspendido por la jueza hasta el 12 de marzo
El proceso en Italia contra 32 ex militares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, fue suspendido ayer hasta el 12 de marzo, tras desestimar la jueza varias peticiones de las defensas.

La de ayer era una audiencia técnica, en la que se debían resolver peticiones de los letrados defensores y establecerse las acusaciones particulares que actuarán durante el juicio.

Sin embargo, las numerosas reivindicaciones de los defensores llevaron a la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal de Roma, Evelina Colella, a aplazar la vista hasta dentro de un mes.

La cuestión que más tiempo llevó a la magistrada fue la planteada por el abogado Luca Milani, que asiste de oficio a los cuatro acusados peruanos.

El letrado planteó sus dudas sobre la constitucionalidad del proceso, ya que, a su juicio, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y muchos de los imputados ya han recibido condenas en sus respectivos países.

La investigación sobre el rol de los Consejos de Guerra durante la dictadura

Una estructura para ocultar crímenes

El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo Puricelli. Los tres integraron los Consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria y encubrir sus delitos.

 Por Alejandra Dandan

El juez federal Daniel Rafecas procesó a tres integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado analiza desde 2013 un centenar de expedientes tramitados por esos tribunales militares a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se dieron competencia para actuar como justicia paralela, en los casos que denominaron delitos subversivos. Entre los expedientes, hay más de 140 homicidios calificados que los CGEE nunca investigaron. El juez consideró que los Consejos fueron un mecanismo creado ad-hoc por el aparato represivo del Estado para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria, ocultar los crímenes, enmascarar a los responsables y convertir a las víctimas en victimarios. Las querellas piden que se declare nulo todo lo actuado por los CGEE. Las bases sentadas en este estudio pueden servir como clave de lectura para otros funcionarios y otras estructuras.

El análisis de los casos en conjunto es lo más impactante de la investigación: pese a que las Fueras Armadas construyeron la teoría de los enfrentamientos, las propias “pruebas” de los casos que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente y muestran la constante presencia del estado de indefensión en las víctimas: prácticamente todos los cuerpos están rematados de un tiro en la cabeza; hay gran cantidad de disparos en tórax, abdomen y extremidades; es decir, señala el juzgado, “prácticamente la totalidad del cuerpo”. Hay masacrados por 28 disparos y cuatro casos conmovedores de embarazadas asesinadas, una de ellas –según las pericias señala– con “un útero de 33 centímetros de altura y 20 centímetros, en sentido antero-posterior con un feto masculino de 50 centímetros”.

“Los homicidios de las víctimas en sus domicilios situados en centros urbanos o incluso en la vía pública, concretados usualmente con una violencia inusitada en la que destaca el obsceno poder de fuego generalmente empleado, aparecen como situaciones que importaron una mayor necesidad de cobertura frente a lo cual se habría implementado una tecnología institucional para la impunidad”, señala el juez. Esa “tecnología institucional para la impunidad” refiere a los Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), que se crearon el 24 de marzo con supuestas facultades judiciales, especialmente para intervenir en lo que llamaron delitos subversivos, una categoría que se iba extendiendo. “En los hechos –dice el juzgado–, estos Consejos sirvieron para sustraer sistemáticamente del conocimiento de la Justicia penal, es decir, de los jueces y fiscales de Instrucción de turno, los expedientes en los que constaba la ejecución sumaria de perseguidos políticos.” Esa actividad “estuvo dirigida a la ocultación de los sucesos, lo que implicó la ocultación de las víctimas y victimarios” y “el enmascaramiento de los sucesos bajo versiones inverosímiles”.

Y en ese marco agrega un punto importante: “Los homicidios aparecen tratados como mudos hechos, registrados como acaecidos sin intervención del hombre, sus víctimas aparecen acusadas como ‘subversivas’, luego sobreseídas, en muchos casos ni siquiera designadas por su nombre. Sus autores, en ningún caso aparecen acusados, siempre designados bajo las denominaciones de fuerzas legales, conjuntas, o del orden, y prácticamente nunca identificados, a tal punto que los casos en los que aparecen individualizados, cabe atribuir ello al celo del funcionario ocasionalmente interviniente o a la inercia propia de la burocracia”.
Los responsables

El análisis se mete en una discusión más amplia sobre los supuestos marcos “legales” que se dio la dictadura para ponerlos en discusión, tal como sucede en otras causas. Tal como se están pensando los decretos del PE nacional o los supuestos “blanqueos” en las cárceles. Esto permite diferenciar prácticas supuestamente “legales” de lo “constitucional”. “Estamos pujando desde lo jurídico para de-sarmar las estructuras puramente ‘vigentes’ desde lo legal de la dictadura”, explica el juez a Página/12. “Estamos diciendo que frente a sucesos aberrantes no es posible oponer una mera legalidad aparente. Ello no convalida el terrorismo de Estado, ni en grado de autoría ni en grado de encubrimiento posterior –como es este caso puntual de los CGEE–. El mensaje que se está dando es que frente a crímenes de lesa humanidad, el funcionario público –en este caso militares burócratas, abogados auditores– debe desistir de participar, debe decir que no, caso contrario, no hay ‘legalidad’ que lo ponga a cubierto de una imputación penal.”

Los funcionarios procesados son el coronel del Ejército Jorge Argentino Franco; el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Salaris y el abogado y capitán de Navío de la Armada Eduardo Puricelli. Franco, presidente del Consejo de Guerra Especial Estable, murió luego del procesamiento, según comunicaron sus abogados en el juzgado.

La responsabilidad de cada uno está bien planteada en “Eichmann en Jerusalén” de Hannah Arendt, dice el juez, que lo señala en las más de 900 páginas del escrito. “Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino como un funcionario –dice Arendt– cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad –que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al día–, declarase que él tan sólo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo.”
Los casos

El aporte más importante de este procesamiento es, seguramente, el intento de generar una lectura global sobre expedientes que no analizaron en más de 35 años (ver aparte). Es probable que mucha de esta documentación no haya sido analizada por la Justicia. Sobre todo las pericias. En ocasiones, horrorosas. Es probable, en cambio, que cada familia o querella haya visto su caso, pero la lectura general permite leer las constantes que le dan también a esto carácter sistemático. El correr de los expedientes muestra por ejemplo la “precariedad de las pruebas” y “lo inverosímil de los relatos oficiales”, dice el juzgado. En las causas faltan firmas y sellos indicativos de los funcionarios. También es recurrente el estado de indefensión en el que aparecen las víctimas. Este es el análisis más importante. Rafecas usó expedientes con pericias y en los que “directamente se prescindió de tales estudios periciales propiciándose por el CGEE el sobreseimiento provisional y archivos de los expedientes”. “Frente a las versiones que invariablemente dan cuenta de supuestos enfrentamientos –dice el juez– con las víctimas que culminaron con las muertes de las mismas, las constancias glosadas a diversos expedientes dan cuenta de la inverosimilitud de tales relatos.” Basta confrontar para eso, dice, “la inusitada violencia sufrida por los asesinados frente a la constante ausencia de toda lesión por parte de los perpetradores”. Y cada expediente muestra verdaderos homicidios realizados en ocasiones flagrantes.

Entre los casos paradigmáticos están las embarazadas. Una es Alicia Beatriz Carlevari. En su expediente hay una autopsia. Describe la muerte de un “cuerpo femenino” con “heridas de bala de cráneo, de cara, de tórax y de abdomen. Hemorragia interna”. También describe su útero: “Mide 33 centímetros de altura y 20 centímetros en sentido antero-posterior conteniendo un feto masculino de 50 centímetros (de término) y anexos ovulares”.

Alicia Beatriz Carlevari de Franco tenía 23 años, puede leerse en una breve biografía publicada por Roberto Baschetti en la web. Militaba en la JUP de Arquitectura y en Montoneros. La secuestró una patota del Ejército el 19 de abril de 1977. Tenía un embarazo a término, se lee también, por eso no pudo o no quiso correr. La mataron.

En otro expediente están los nombres de Carlos Alberto Fessia, Nidia Cristina Fontanellas y Estela Mary Altamirano. La autopsia Nº 2852 realizada sobre un cuerpo N.N. “adulto de sexo femenino” hace referencia a la versión policial según la cual la víctima “resultara abatida [...] como consecuencia de un enfrentamiento con fuerzas conjuntas realizado en la calle Martiniano Leguizamón 1139 de la Capital Federal”. El estudio pericial también habla de la masacre: señala que su muerte “fue producida por heridas de bala de cráneo, tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa”. Según la descripción de los facultativos del Cuerpo Médico Forense, “en el cuerpo de la víctima se consignó sobre sus órganos genitales útero aumentado. Al corte vacío, con restos carnosos de aspecto placentario, lo que indicaría que se trataría de la madre de la criatura de días que fue hallada en el domicilio en el que se concretaron los homicidios de las tres víctimas”.

Fessia era secretario general de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Las dos mujeres estaban en la organización. Nidia Cristina además era la pareja de Fessia. Los tres estaban en Mataderos cuando los mataron, aparentemente el 18 de noviembre de 1976. Según la organización, algunos testigos dijeron que hubo despliegue de fuerzas militares y hasta un helicóptero. Nidia Cristina estaba embarazada.

Otro caso habla de los “homicidios calificados” de Norma Matsuyama, de Adriana Gatti Casal y de Eduardo Gabriel Testa. Las dos mujeres estaban embarazadas en el momento de su homicidio. Adriana Gatti Casal murió en el Hospital Alvear, señala el escrito, con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen, destrucción cerebral, hemorragia interna. Norma Matsuyama tenía heridas de bala de cráneo y tórax, hemorragia interna. El útero de Adriana evidenciaba una gesta de aproximadamente siete meses; el de Norma, de nueve. El archivo Baschetti dice en este caso que los mataron el 8 de abril de 1977 cuando las “siniestras fuerzas asesinas” cercaron la casa donde vivía Eduardo Gabriel “Emilio” Testa, en Nueva York y Nazca, de Devoto. Testa era el jefe de la UES, con 20 años. Norma Matsuyama, de 19, era su esposa y la Colorada Adriana Gatti Casal, de 17, hija del dirigente uruguayo secuestrado y desaparecido en Argentina, Gerardo Gatti.

Los sumarios muestran otras constantes. No se ordenan medidas probatorias; los sumarios carecen de actividad alguna de los CGEE y en la justificación de los homicidios, en la mayor parte se queda expuesta la ausencia de lesiones del personal de las “fuerzas conjuntas”.

Con carácter sistemático

1) Hechos cometidos por un concurso premeditado de dos o más personas, lo que se confirma, a su vez, por la reiterada referencia a que en el hecho intervino una pluralidad de personas bajo la denominación de “fuerzas conjuntas”, “legales”, de seguridad, etc., en los casos en que los autores no se encuentran identificados.

2) Alevosía: el estado de indefensión de los cuerpos que habilita a considerar razonablemente que en la inmensa mayoría de los sucesos los perpetradores actuaron con la seguridad del estado de indefensión de las víctimas.

3) Las autopsias dan cuenta constantemente de una gran cantidad de disparos de bala, en tórax, abdomen, cráneo y extremidades; es decir, prácticamente la totalidad del cuerpo de los asesinados, siendo la causa de muerte más destacada la destrucción de masa encefálica a causa de los disparos infligidos. En ese contexto, se destacan casos en los que las mujeres víctimas se encontraban embarazadas, lo que acrecentó su situación de indefensión ante los ataques de los perpetradores.

4) Las situaciones descriptas en los sumarios permiten advertir la desigual situación en la que se encontraban las víctimas, en relación con los funcionarios públicos que perpetraron y ejecutaron el homicidio.

Estos últimos encontraron asegurada la merma o ausencia total de riesgo para sí, mediante las condiciones absolutamente desproporcionadas propias de un despliegue de personal y recursos materiales y de armamento que no se condice con las condiciones en las que encontraban los sujetos pasivos del delito, las que permiten inferir, sin hesitación, la seguridad con la que actuaron los perpetradores, sin peligros serios respecto de que su accionar pudiere verse interrumpido por una acción defensiva de la víctima o de un tercero que resultara equiparable a las posibilidades del accionar de los autores.
Números

La investigación judicial comenzó a fines de 2013 sobre un universo específico: un centenar de expedientes incorporados en el Juicio a las Juntas y causas conexas en los que aparecen procedimientos militares y policiales fraguados para ocultar los homicidios calificados de más de ciento cuarenta (140) víctimas. Rafecas acreditó hasta ahora la responsabilidad de los oficiales de las tres fuerzas armadas con relación a los expedientes en los que se pretendió ocultar los homicidios de ciento veintitrés (123) víctimas y los secuestros de otras trece (13) personas cometidos en los mismos operativos clandestinos.

“Hubo una estrategia de impunidad”

¿La información de estas pericias es conocida? ¿Se usó, por ejemplo, en el Juicio a las Juntas, de donde vienen estos expedientes, o en otra ocasión para probar los casos? –preguntó Página/12 al juez Daniel Rafecas.

–Que yo sepa, nunca fueron publicadas. La verdad que no creo que se hayan usado en juicios previos.

–¿Las familias conocen esta información?

–Sí, claro. Conocen la existencia y el contenido de los expedientes, ellos y sus abogados. El punto es que cada familia y cada abogado conoce su propio caso, como mucho algunos más, es decir, conocen el árbol o algunos árboles, pero no el bosque, quizá lo intuían, pero ahora esto está empezando a ser demostrado judicialmente.

–Lo más impactante de los procesamientos son las autopsias.

–Sí, es que impresiona profundamente. Por meses estuvimos trabajando con estos informes forenses. Resulta desolador pensar que esas víctimas quedaron así, en ese estado, suspendidas durante 35 años. Pienso, ¿acaso hay algo que pueda ser más urgente que esto en términos de verdad y justicia? Es imperioso rescatar del olvido a estas víctimas, sus historias, sus casos, precisamente para demoler el muro de silencio, olvido e impunidad construido gracias a la fachada de los CGEE (hipótesis de “fachada” que se fundamenta en este procesamiento). Las pruebas de las masacres están ahí, para quien quiera verlas. Prácticamente todas las víctimas, en todos los casos, fueron rematadas con un tiro en la nuca o similar. Esto no es menor para la investigación judicial, pues contribuye a la verificación del dolo de encubrimiento de los aquí acusados: frente a este panorama, decir “yo no sabía nada”, o que los casos “estaban presentados como enfrentamientos armados” no puede ser admitido: las propias “pruebas” que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente. Creo que este es un punto fuerte de la imputación plasmada en la resolución. De ahí el énfasis en detallar en cada caso estos aspectos. En suma, lo que surge de este centenar de expedientes es la puesta en marcha de un exterminio por goteo, con una estrategia de impunidad muy clara, a partir de la fabricación de falsos enfrentamientos (una práctica que luego va a continuar en democracia) y de la apropiación de la averiguación de la verdad posterior por parte de estos CGEE, que venían a ser una suerte de tribunales de no-verdad y de no-justicia. Tribunales que, en vez de orientarse a descubrir la verdad y hacer justicia, actuaban en un sentido exactamente opuesto. La Justicia del Estado de Derecho no puede mantenerse indiferente frente a este estado de cosas, y este procesamiento va en ese camino.

Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas

El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países

DANILO ALBIN Madrid 22/10/2014

El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.

Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.

Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar "cursos de formación" en instalaciones del ejército y la marina española.

Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 "modelo detective" de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.

Intercambio represivo

Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.
El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el "manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales".

En esas mismas fechas, La Moncloa respondió a la generosidad argentina con una propuesta muy especial a uno de sus marinos, el teniente de fragata Jorge Osvaldo Troitiño. De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, Troitiño había viajado a Europa para "prestar servicios en la Agregación Naval" de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval. Gracias al correspondiente permiso otorgado por la Guardia Civil, podía llevar en la cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38. El 6 de mayo de 1978, sus profesores españoles lo eligieron para que realizase una exposición sobre Argentina, de manera que pudiese explicar a sus camaradas las bondades del "régimen político" de Videla y su "desarrollo futuro".
Con ganas de aprender

Troitiño fue uno de los más activos "estudiantes" enviados por la dictadura a España, pero no el único. De acuerdo a los listados oficiales, 33 militares argentinos desfilaron por las dependencias militares de este país entre 1976 y 1983. Siete de ellos se apuntaron al curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército, mientras que otros lo hicieron en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos se encontraba el marino Carlos José Pazo, uno de los torturadores que prestaba funciones en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio del país.

Otro de sus compañeros de torturas, el teniente Néstor Savio, también fue premiado con un viaje a España para realizar el curso de Mando de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz), mientras que Ricardo César Araujo -un marino muy activo en la mal llamada "lucha antisubversiva"- consiguió que sus jefes de la Armada lo enviasen a Madrid "en comisión permanente" -lo que le dotaba de protección gubernamental- para acudir al curso sobre "Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina".

De acuerdo a una nota confidencial del Estado Mayor de la Armada Argentina, Araujo debía permanecer en España entre agosto de 1980 y noviembre de 1981. En su legajo, sus jefes reconocían su "activa participación" en la "lucha contra la subversión" en Bahía Blanca, una ciudad situada a 600 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente por eso, tres décadas más tarde un tribunal de esa localidad lo acusó de "haber formado parte del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas". Cuando viajó a España, Araujo ya cargaba en la espalda todos esos deleznables actos.

La escuela porteña

La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por parte del gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para que realizaran distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina. "Los cursos realizados por estos oficiales se efectúan en virtud de intercambios de alumnos y como consecuencia de acuerdos firmados en reciprocidad con países con los que se mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años y que continúan en la actualidad", justificaba en 1998 el ministerio de Defensa español ante un requerimiento de información efectuado por el juez Baltasar Garzón, quien entonces trataba de investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

De acuerdo al listado proporcionado en aquel momento por Defensa, entre 1979 y 1983 ocho miembros del ejército español realizaron el curso de inteligencia ofrecido por la dictadura. Varios de ellos visitaron las instalaciones de la ESMA, el mismo recinto donde funcionaba el campo de concentración. El entonces comandante Cristóbal Gil y Gil admitiría este extremo frente a Garzón, ante quien tuvo que declarar el 16 de junio de 1998. De acuerdo a su testimonio en la Audiencia Nacional, Gil y Gil -que prestaba funciones en el SECID- había viajado a Buenos Aires en abril de 1981 para participar en un curso de "Estudios de Personal", dirigido al "aprendizaje de técnicas policiales de identificación de huellas y microfilmación de documentación, así como técnicas de modernización del Servicio de Inteligencia".

Al ser consultado sobre sus visitas a la ESMA, el militar aseguró que había estado allí en tres ocasiones. Cuando Garzón le preguntó por los nombres de sus anfitriones, respondió que no se acordaba de ninguno. Ante su falta de memoria, el juez le mostró varias fotos de los represores que se movían por ese centro, pero no sirvió de nada: su mente continuaba en blanco. Los abogados querellantes le preguntaron si había recibido instrucciones "sobre formas de combatir la subversión", a lo que Gil y Gil volvió a contestar con otra evasiva: "esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental".

El comandante del CESID tampoco estaba al corriente de la utilización de la ESMA como campo de concentración, un aspecto que había sido denunciado en varias ocasiones a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. En su declaración, Gil y Gil alegó que ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos. Como mucho, creía que allí existía un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideólogos dispares". El saldo fue de 30 mil personas asesinadas por el terrorismo de estado.

La dictadura de Videla y España intercambiaron apoyos, medallas y regalos

El régimen argentino recibió el apoyo del Estado español para acceder a foros internacionales. También hubo un nutrido cruce de condecoraciones militares. Entre los premiados se encuentra el rey Felipe

    Los documentos secretos del intercambio de apoyos y condecoraciones de España con la dictadura de Videla
    España financió a la dictadura de Videla
    Los documentos secretos de los acuerdos comerciales de España con la dictadura de Videla
    La exclusiva de 'Público' sobre cómo España financió a Videla, Trending Topic a nivel nacional
    ‘No me olvides’, la historia de cómo Videla mató en Madrid, llega al Festival de Cine de Bilbao

"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.

Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.

Del mismo modo, varios militares españoles -todos ellos de inocultable raigambre franquista- guardan a día de hoy en sus cajones las distinciones otorgadas por la dictadura de Videla. Uno de los primeros fue el capitán de navío Fernando de Salas, condecorado en una pomposa ceremonia celebrada en la embajada argentina en Madrid. También fueron premiados el general de Brigada Manuel Vallespín - jefe de la Segunda División del Alto Estado Mayor-, a quien el régimen condecoró en agosto de 1977 con la medalla del Ejército argentino, y el jefe de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, homenajeado con la Orden de Mayo al Mérito.

El ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, también fue objeto de una distinción por parte del régimen militar. En octubre de 1981, la Armada argentina -uno de los cuerpos más brutales en materia represiva- designó al hijo de Juan Carlos de Borbón como "Guardiamarina Honoris Causa". La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a La Zarzuela.
Te voto si me votas

Ambos países no sólo intercambiaron medallas y elogios. Durante aquellos años, la dictadura de Videla y el gobierno de Adolfo Suárez establecieron un eficiente sistema que les permitió negociar la participación de sus respectivos estados en distintos organismos internacionales. El encargado de abrir el juego fue un sobrio diplomático español, Manuel Thomás de Carranza. El 28 de julio de 1976, el funcionario redactó una minuta en la que invitaba a Argentina a participar en el séptimo congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales "y a ocupar junto con España -que presidirá dicho evento- la otra Presidencia reservada a un país Hispano-Americano".

El 11 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de UCD se inmiscuyó en una cuestión tan delicada como la disputada soberanía de las Islas Malvinas, reivindicadas por los argentinos y ocupadas por los ingleses. En una nota de tres párrafos, el Ministerio de Asuntos Exteriores -por entonces a cargo de Marcelino Oreja- notificaba que "el Gobierno español, de acuerdo con su tradicional posición, prestará decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas".

"En este sentido -declaraba solemnemente el Ministerio-, se cursan instrucciones a la delegación de España en el XXXI período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que preste su apoyo al proyecto de resolución sobras las Islas Malvinas". Una semana después, el embajador argentino Leandro Enrique Anaya transmitía a Oreja la "complacencia y agradecimiento" de la dictadura "por el apoyo solidario a la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, que concita un unánime sentimiento nacional argentino".
"Lazos de amistad"

Otro de los pactos se selló discretamente a comienzos de agosto de 1977, cuando media España estaba de vacaciones. Según consta en una nota fechada el primer día de ese mes, el gobierno de Suárez aceptó la petición de apoyo que le había formulado el régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque no lo haría gratuitamente. Tras invocar "los tradicionales lazos de amistad hispano-argentina", Exteriores anunciaba que apoyaría al candidato de la Junta Militar "en la seguridad de que la petición de apoyo hecha por España para su reelección (...) recibirá el mismo trato por parte de la delegación argentina".

Aún más increíble resulta la nota del 18 de noviembre de 1978, por medio de la cual Argentina informaba al Gobierno español sobre su postulación "para integrar la Comisión de Derechos Humanos" del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y pedía el respaldo de España, basándose en la "permanente y favorable disposición que ambos gobiernos han evidenciado ante recíprocas aspiraciones llevadas adelante en distintos foros internacionales".

Mientras negociaban estos acuerdos, los diplomáticos de Videla seguían coqueteando con los sectores más ultras del ejército posfranquista: el 15 de febrero de 1977, la embajada argentina destinó 20.000 pesetas a la compra de un obsequio en la lujosa tienda London's Shop para el capitán general de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar Nieto, un excombatiente franquista de la División Azul que había peleado junto a los nazis. Diez días después, la delegación gastó otras 2.152 pesetas en artículos ecuestres que fueron obsequiados al general ultraderechista Jaime Milans del Bosch, quien en 1981 participaría activamente en el fallido golpe de Estado del 23-F. Para Milans, Videla siempre sería un referente.

La Anses denunció que ocho represores condenados en Neuquén perciben sus haberes jubilatorios

La delegación de Anses en Neuquén denunció ante la Fiscalía Federal que ocho ex jefes militares condenados en Neuquén por delitos de lesa humanidad, siguen percibiendo mensualmente sus haberes jubilatorios a pesar de encontrarse inhabilitados de por vida por la sentencia dictada en el año 2008 por el Tribunal Oral Federal 1

La denuncia la presentó en la Fiscalía Federal el delegado de ANSES en Neuquén, Raúl Radonich, quien en el juicio sustanciado en  2008 fue uno de los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que dio su testimonio.

La denuncia comprende a los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo.

Radonich confirmó a Télam que "detectó la irregularidad cuando uno de los condenados (se reservó el nombre) tramitó a través de un apoderado una pensión derivada por el fallecimiento de su esposa".

"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta según el artículo 19 del Código Penal", señaló.

Destacó que "esta fue la razón por la que se denegó al solicitante el beneficio de la pensión derivada y nos permitió comprobar el resto de los casos".

Precisó que "a partir de esa irregularidad se determinó con las constancias del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que todos los condenados continuaban percibiendo sus haberes jubilatorios".

Radonich giró las actuaciones al área legales de ANSES y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén para que realice las investigaciones correspondientes.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio a ocho ex militares que fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.

Detuvieron a 24 represores de La Plata

Presentación ante la justicia por los obreros secuestrados de Molinos

Piden investigar la desaparición de obreros de Molinos Río de La Plata

Familiares de ex obreros de la planta Molinos Río de la Plata aguardan que la Justicia investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra 22 trabajadores de firma, entre ellos los integrantes de la comisión gremial, secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

ampliar

La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del juez Humberto Blanco, por Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas, hijos de los obreros Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, que solicitan actuar como querellantes con el patrocinio del abogado Javier Garín.

“Queremos que se investigue la causa en su conjunto, no como casos aislados, para tratar de establecer si existen responsabilidades civiles de los directivos de Molinos en el secuestro y desaparición de los trabajadores”, señaló Garín en diálogo con Télam al aclarar que “el denominador común en todos los casos es la pertenencia a Molinos”.

El expediente, en manos del mismo magistrado que lleva adelante la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006, se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo del fiscal Marcelo Molina, hasta tanto se defina la competencia definitiva.

En la denuncia, se solicita “se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976 y “la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”, perteneciente al grupo económico Bunge y Born.

La presentación da cuenta de los hechos “enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma” y advierte sobre “el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado”.

“Se manifiesta en amenazas a través de notas anónimas, balas depositadas en los casilleros de los trabajadores, acoso patronal y de los superiores y encargados de carácter `políciaco` con el objetivo de desarticular la acción sindical interna”, señala la denuncia.

El escrito también hace eje en la organización alcanzada por los activistas gremiales y políticos que denunciaron las maniobras de desabastecimiento de la empresa antes del golpe y los reclamos por las violaciones a las leyes laborales que protegían a los trabajadores, además de advertir sobre la “animadversión hacia los activistas” después del secuestro extorsivo de los hermanos Born por parte del grupo Montoneros, en 1974.

“De lo expuesto se permite sospechar fundadamente que este accionar represivo se vinculaba en forma directa con la militancia desplegada por los activistas en su ámbito laboral, y que la desaparición y/o eliminación de ellos convenía a la empresa, pudiendo sospecharse que habría prestado colaboración para su identificación e incluso su detención ilegal, al menos en el ámbito laboral”, sostiene el escrito.

Los operarios desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, en la vía pública mientras aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, ciudad de Avellaneda, aunque también pudo saberse que existen dos operarios pertenecientes a la planta que ocupa en Barracas.

“La forma en que fueron secuestrados demuestra que existió un plan sistemático organizado por la empresa y el sindicato (de Empleados y Obreros de la Industria Aceitera), que entregaron a nuestros familiares a las fuerzas represivas”, sostuvo Analía Fernández, cuyo padre militó en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el 6 de julio de 1976, al llegar a la planta y dirigirse hasta el lugar donde estaba el fichero para marcar el horario de ingreso, la tarjeta no estaba.

“La habían sacado para identificarlo junto a otros compañeros, hombres y mujeres, luego lo apartaron y lo llevaron a una oficina, mientras en la puerta tres micros del Ejército estaban preparados para llevarlos”, relató Fernández en base a testimonios de otros operarios que vieron a su padre por última vez.

El primer secuestro había ocurrido cinco días antes, cuando el delegado gremial Avelino Freitas es “chupado” por un grupo de tareas en Villa Corina, a las cinco de la mañana, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo.

Aunque sólo se tiene como dato que fue visto por un vecino en la Comisaría 4ª de Villa Domínico, las investigaciones de los familiares de las víctimas permitieron establecer que la mayoría  fue vista en distintos centros clandestinos de detención como “El Atlético”, “El Banco”, “Garage Azopardo” y Coordinación Federal, con excepción de los hermanos José y Juan Pasquarrosa que fueron asesinados en lo que se conoce como `Masacre de Fátima`.

La lista de los operarios que figuran en la denuncia se completa con: Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda,  y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa.

También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (F.A.P.).

Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos.

De la planta ubicada en Paseo Colón, en Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP), y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).

La hija de un obrero desaparecido llega a la Justicia movida por la "necesidad de saber la verdad"

Analía Fernández, hija de uno de los obreros secuestrados de la planta Molinos en 1976 que aún sigue desaparecido, aseguró que la decisión de presentarse ante la justicia fue “por la necesidad de saber la verdad”, después de “comprender el compromiso militante” asumido por su padre.

“Mi papá fue secuestrado cuando yo tenía dos años y desde entonces, en mi casa reinó el silencio, hasta que siendo adolescente empecé a comprender y a querer descubrir su compromiso militante”, contó la joven que durante su niñez aprendió a convivir con la palabra “desaparecido” con la esperanza de que un día su padre abriría la puerta de su casa y “aparecería”.

De lo que pudo reconstruír Analía a partir del relato de excompañeros, su padre, Francisco Fernández, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y aunque no formaba parte de la comisión interna de Molinos, participó de la lucha de los trabajadores frente a los abusos de la patronal por cuestiones laborales y políticas.

“Empecé a entender cómo funcionaba la lucha en los años `70, los trabajadores denunciaban el desabastecimiento por parte de la empresa  y las maniobras de especulación”, señaló Analía sobre una época del país en la que los grandes grupos económicos saboteaban al gobierno democrático.

Otro hecho que marcó la necesidad de conocer la verdad fue en 2008, cuando Analía dejó su muestra de sangre en la base de datos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se enteró que tiempo antes se habían exhumado más de doscientos cuerpos en un sector del cementerio de Avellaneda.

“Me di cuenta que existían lugares donde se podía encontrar respuestas y empecé a reunirme con otros hijos, a buscar familiares, encontré a un exobrero -Guido Almarás- que me habló de mi padre", explicó.

Analía, junto a Ernesto Mattaboni y Roxana Freytas, realizaron la presentación judicial para que se investiguen delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata y requirieron formar parte de la causa como querellantes como hijos de detenidos-desaparecidos.