Se inició juicio a dos policías federales por la desaparición de Ricartdo Cittadini

“Quiero saber qué le hicieron”

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 comenzó a juzgar ayer a los ex policías federales Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado por el secuestro, en 1976, de Ricardo Cittadini, un joven que había llegado desde Trelew a estudiar Ciencias Económicas en La Plata y allí había comenzado a militar en la Juventud Peronista. Cittadini fue la primera víctima del terrorismo de Estado en ser ilegalmente detenido en la Comisaría 28 de la ciudad de Buenos Aires. El hecho sucedió en agosto de 1976. “Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, esa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso”, evaluó Catalina Cittadini, madre de Ricardo y una de las cuatro testigos inaugurales del debate.

El inicio del juicio, programado para las 10 de ayer, se demoró poco más de media hora. Tras la lectura del pedido de elevación a debate oral elaborado por la fiscalía, que fue breve, Viollaz y Mercado, los únicos dos imputados por el secuestro de Ricardo Cittadini, que permanece desaparecido, se negaron a hacer declaraciones. Luego pidieron retirarse de la sala –ambos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria–. Pero los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado no se lo permitieron. Durante la primera jornada, al menos, deberían escuchar qué tenía para decir la familia del muchacho que están acusados de secuestrar y torturar. Entonces, convocaron a los testigos: Catalina y tres hermanos de Ricardo.

La mamá de Ricardo, de 91 años, hizo una descripción breve de su hijo y relató con detalles su búsqueda: los primeros intentos y averiguaciones en Trelew, en donde la familia vivía desde que Ricardo tenía seis años; los viajes a Buenos Aires; los pedidos a cada familiar o conocido que se acercaba a “la capital” para que se encargaran de “trámites y presentaciones”; las “vueltas y mentiras” que recibió entonces sobre el paradero de su hijo –le habían dicho que estaba vivo en Misiones, luego que estaba preso y que iba a ser liberado en cinco años–; la “resignación a encontrar a Ricardito con vida”, tras diez años de búsqueda; la “desilusión” en la década “impune” de los 90 y la vuelta a la carga cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas. “La verdad es que este juicio me llega un poco de sorpresa, no esperaba vivir para pasarlo”, le confesó Catalina a Página/12 momentos antes de ingresar al estrado, acompañada por su abogado, Pablo Llonto. Entonces, adelantó el pedido que finalmente concretó a los acusados: “Díganme por qué lo detuvieron y qué hicieron ustedes con Ricardo, tengo 91 años y me queda poco tiempo, lo único que quiero es saber qué pasó”.

–¿Está entusiasmada por el comienzo del juicio? –le preguntó este diario.

–Tanto como contenta, no. Me dan pena estos pobres infelices, no quisiera estar en la conciencia de ellos. Yo me conformaría con que me dijeran qué le hicieron y dónde está mi hijo, ésa sería la alegría más grande, pero no creo que lleguemos a eso.

Luego declaró Roberto Cittadini, el primero de los tres hermanos de Ricardo que declararon ayer y el último integrante de la familia en verlo con vida, ya que pasó con él en Buenos Aires el último fin de semana antes de que lo secuestraran. “El sabía que estaba en peligro, no fue casual su secuestro, lo fueron a buscar”, contó ante el TOF 5.

Roberto también reprodujo los encuentros con Ricardo Camino Gallo, que había sido secuestrado por la patota de la comisaría 28 junto con Cittadini y pudo sobrevivir. Fue él quien dio aviso a la familia patagónica sobre lo que había ocurrido con el estudiante de Ciencias Económicas y militante de la JUP. Camino Gallo, que ya falleció, fue “fundamental para la causa”, puntualizó Eduardo Cittadini, otro de los hijos de Catalina que declaró ayer y que al igual que Orestes, aportaron información sobre la búsqueda de la familia.

Retrocesos en laspolíticas de derechos humanos en los 8 meses del gobierno de Mauricio Macri

Del hecho al dicho

Se recortaron y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura y se alienta el regreso a sus casas de los represores presos. El cambio en la interpretación sobre la década del 70 es un hecho en sí mismo. Se aplica el programa del editorial del diario La Nación.

 Por Victoria Ginzberg
Imagen: Andrés Macera.

Cuando el presidente Mauricio Macri llama “guerra sucia” al terrorismo de Estado no se trata solo de retórica: sus palabras tienen una correlación empírica. Durante estos ocho meses se aplicaron políticas de recorte y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura, especialmente las inclinadas a dilucidar el rol de los empresarios y otros civiles durante el terrorismo de Estado. Se derogó un decreto de Raúl Alfonsín que restringía la autonomía de las Fuerzas Armadas y se anunció que las Fuerzas Armadas tendrán un “rol preponderante en esta nueva etapa”, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y en la “unión de los argentinos”. Además, se está preparando el terreno para que los represores que están presos en cárceles comunes puedan cumplir sus condenas en sus casas y aparecieron jueces que cuestionan inquisitivamente a las víctimas y fallos que directamente impugnan sus testimonios. De forma sigilosa se está cumpliendo el programa planteado por el diario La Nación en su recordado editorial del 23 de noviembre pasado.

Solo un día después de la segunda vuelta que llevó a Macri a la presidencia, La Nación saludó su triunfo con el texto que llamaba a “poner las cosas en su lugar” y que fue repudiado incluso por los trabajadores del medio. No era el primero ni sería el último editorial que hacía lobby para los represores, pero fue significativo porque buscaba marcarle la cancha al gobierno electo y ofrecerle una guía sobre cómo debía proceder en relación con las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. Aunque fuera su deseo máximo, el diario no reclamaba la liberación inmediata de todos los acusados por crímenes de lesa humanidad ni pedía una nueva amnistía o indulto. Consciente de sus limitaciones, señalaba una línea de acción que se puede resumir en tres puntos:

- Fin de la “persecución” a los civiles.

- Domiciliaria para los presos.

- Cambio del relato respecto de lo ocurrido durante la década del 70.

Puede decirse que ese programa se viene cumpliendo bastante bien.
Recortes

“A partir de la asunción del nuevo gobierno se observa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, acompañado de un cambio de paradigma acerca de cómo conceptualizar los derechos humanos”, señalaron los organizadores de las IV Jornadas Nacionales de Abogados y Abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad que se realizó el viernes y el sábado en la ex ESMA. En un informe entregado a los asistentes, advirtieron que durante los primeros siete meses del gobierno macrista, se realizó “un desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria”.

- Un ejemplo de ese diagnóstico es lo que pasó en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, que tenía un equipo de trabajo de 33 personas. Quince fueron despedidas con el cambio de gobierno. En ese contexto, se desmanteló el Grupo Especial de Relevamiento Documental, que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la justicia en las causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, este grupo hizo un importante aporte en el juicio sobre el esquema de trabajo y procedimiento en los denominados “vuelos de la muerte”.

- Otra situación de ese tipo se dio en el programa Verdad y Justicia, que se creó en 2007 para centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervenían en las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Con el cambio de gobierno fueron despedidos siete trabajadores, aunque luego se logró la reincorporación de tres de ellos. La nueva gestión no dio lineamientos de trabajo y sólo dice que se continúa igual, pero no hay planificación ni objetivos a seguir.

- El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa se creó para prestar acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de los procesos judiciales, tanto por delitos de lesa humanidad como por violaciones de derechos humanos en contextos democráticos. Apenas asumió el macrismo, los trabajadores denunciaron que había un intento de vaciarlo. Actualmente, el centro sigue funcionando, aunque fueron despedidas dos psicólogas, una en el Chaco y otra en Buenos Aires y las demandas de asistencia se redujeron casi un 50 por ciento. Los trabajadores consideran que esta situación es consecuencia de que muchos creen que ya no están atendiendo.

- El Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, que fue subteniente de Caballería del Ejército y se ocupó de la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. Es hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, que fue profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura.

- El cierre de la agencia de noticias Infojus, que cubría los juicios contra los represores hizo que estos procesos perdieran visibilidad.

- La gestión de Federico Sturzenegger disolvió la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central que había sido creada en el 2014 para investigar de delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado. Este organismo llegó a documentar el rol del sistema financiero durante la última dictadura, que fue y es un insumo para causas judiciales. A partir de este trabajo se desclasificaron, por ejemplo, las actas secretas del Banco Central durante la dictadura que fueron halladas, que correspondían al período 81-83, ya que se sospecha que las anteriores fueron destruidas. En la misma línea había trabajado la Comisión Nacional de Valores, donde se elaboró un informe del rol del organismo y el sistema financiero durante el terrorismo de Estado.

La contracara –o mejor, la cara complementaria– de estas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo tuvo lugar a principios de junio, cuando el Gobierno restituyó a los militares parte de la autonomía que había sido limitada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El decreto 721 hizo que las definiciones sobre las conducciones de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación del personal docente volvieran a manos militares. Poco después, Macri les dijo que tenían un “rol preponderante en esta nueva etapa de la Argentina”, cuyos objetivos eran “alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.
Demandas atendidas

Otra decisión oficial en línea con los deseos de los represores fue la derogación de la resolución del Ministerio de Defensa que prohibía a los presos por causas de lesa humanidad atenderse en hospitales militares, lo que implicaba que debían concurrir a establecimientos del Servicio Penitenciario. Esta decisión se había tomado luego de la fuga de dos condenados del Hospital Militar Central. Fue la primera medida oficial que respondió a una demanda puntual de los represores presos.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en una exposición en el Colegio de Abogados que durante la gestión de Macri ya se había concedido el beneficio del arresto domiciliario para cincuenta acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Cuando es consultado públicamente, el funcionario sostiene que el otorgamiento de ese beneficio es resorte de los jueces, pero en aquella charla señaló que consideraba que todos los mayores de setenta años debían acceder a esa situación de forma automática. Y salvo excepciones, la población carcelaria anciana está formada por represores, porque aunque cometieron sus crímenes cuando eran jóvenes, consiguieron eludir la prisión durante años gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.

Garavano mencionó también que varios procesados y condenados por delitos de lesa humanidad habían hecho planteos por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí concurrieron muchos represores para dar visibilidad a su victimización, ya que sostienen que sus condiciones de detención son deplorables y que no tienen adecuada atención médica. En sus escritos ante el organismo internacional, además, impugnan los juicios con argumentos jurídicos ya rechazados por todas las instancias judiciales del país e incluso en contra de la doctrina de la CIDH. Entre los organismos de derechos humanos hay preocupación porque el Gobierno no defienda en el organismo internacional los juicios con el énfasis que se merecen y que usen como excusas esas presentaciones para modificar la situación de los presos. La CIDH giró hace meses varias presentaciones que recién en las últimas semanas y con cuentagotas comenzaron a ser respondidas.

El domingo 7 de agosto, Página/12 publicó una extensa crónica en la que se contaba que los represores alojados en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz están en mejores condiciones que la media de los reclusos. No están de vacaciones ni en un hotel, están presos. Pero no sufren de venganza ni hostigamiento, al contrario.

La Unidad Fiscal especializada en causas sobre crímenes de lesa humanidad no registra todavía un aumento significativo en el número de represores con arresto domiciliario, pero tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Corte y la Cámara de Casación están dando señales para flexibilizar el otorgamiento de ese beneficio. A fines de julio se fue a su casa el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, que fue responsable del centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata debe decidir ahora si el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz también puede terminar su condena en su domicilio. La abogada Guadalupe Godoy advirtió sobre el temor que este caso provoca en testigos y víctimas debido a la sospecha de que el represor estuvo involucrado de alguna forma en la desaparición de Jorge Julio López. En cambio, el jueves pasado el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín revocó el arresto domiciliario del comodoro retirado Luis Trillo, ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) porque había sido fotografiado mientras paseaba a su perro por las calles de Liniers. Su defensa adujo que debió atender “una urgencia fisiológica” del animal.

Entre los querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad la preocupación mayor pasa por las actitudes que están teniendo algunos jueces en juicios y fallos. El Gobierno podrá argumentar que se trata de un poder independiente, pero uno de los talentos de gran parte de la magistratura, sobre todo la federal, es saber interpretar para dónde sopla el viento. Por eso las señales de los funcionarios –y todavía más la del Presidente– importan.

En el juicio oral sobre el Operativo Independencia, los jueces Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla (con la oposición de Juan Reynaga) pusieron por escrito que las defensas tenían derecho a preguntarles a las víctimas si los militares “tenían razones para detenerlos”, en alusión a la militancia de los testigos. La reivindicación de la identidad política de los desaparecidos es una bandera de los organismos de derechos humanos, pero en el ámbito de este juicio, reapareció como impugnación y hasta como justificación de los padecimientos vividos, como ocurría hace treinta años.

En junio, los jueces de la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci anularon las condenas de tres represores por la Masacre de Capilla del Rosario, en la que fueron fusilados 14 miembros del PRT ERP en 1974. En el fallo consideraron que no se habían podido probar los asesinatos. Para llegar a esa conclusión, descartaron el testimonio de varios testigos por considerarlos “compinches” o integrantes de una “facción”. También entendieron los fusilamientos como enfrentamientos y dijeron que pudieron haberse cometido “excesos en la forma de enfrentar y reprimir” el “clima de violencia política” de la época. Se trata del fallo más regresivo en años.

El viernes y sábado más de cien abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad de todo el país se reunieron en la ex ESMA para evaluar el estado general de estos expedientes y reclamaron que se declare el “estado de emergencia judicial” para que se garantice la “continuidad, justicia pronta y activa”. Reclamaron la necesidad de que “la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado” y advirtieron que denunciarán en ámbitos internacionales “las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad en connivencia con jueces y funcionarios”. Una de las principales preocupaciones del encuentro fue la dificultad para avanzar en las imputaciones a civiles, sobre todo las que involucran a empresarios y jueces o fiscales. Se recordó que en el Congreso se creó la Comisión Bicameral de Identificación de Complicidades Económicas y Financieras, pero que no está funcionando.

Los abogados y abogadas advirtieron que “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas sobre prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones”.
Simbólico y material

La “teoría de los excesos” del preocupante fallo que la Cámara de Casación firmó en junio cuaja con el discurso presidencial de la “guerra sucia”. En el relato que está implícito en ambas frases no hubo plan criminal para exterminar a una parte de la sociedad, para torturar y desaparecer los cuerpos, para esparcir el terror y para apropiarse de los hijos de las víctimas. Hubo, en cambio, la defensa ante un ataque en la que se cometieron algunos errores. “A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia”, decía aquel editorial de La Nación en noviembre. La semana pasada, Macri afirmó en la entrevista con el portal BuzzFeed, que lo que pasó en los 70 fue una “guerra sucia que fue una horrible tragedia”. También dijo que no tenía “ni idea” si los desaparecidos eran 9 mil o 30 mil.

La discusión por el número no es lo importante (aunque el “ni idea” es despreciativo, un ninguneo) pero casualmente los que se empeñan en cuestionar la cifra también cuestionan los crímenes. Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Cultura y actual director del teatro Colon, Darío Lopérfido, que habló del número para lanzar a continuación que la cifra “se había negociado a cambio de subsidios”. Sería posible saber la cantidad total de desaparecidos y asesinados si los represores reconocieran sus crímenes y hablaran, cosa a la que siempre se han negado. ¿No es algo extraño que los victimarios o sus defensores cuestionen a las víctimas y a sus familiares por no conocer la información que ellos mismos les negaron para procurar su impunidad?

Las palabras del Presidente en la entrevista con la periodista Karla Zabludovsky dan cuenta de lo que piensa acerca de la década del 70. Debajo de las frases irritantes hay una construcción sutil y palabras elegidas con cuidado. Macri siempre se refiere a contribuir a la verdad y nunca habla de justicia. Menciona a las víctimas de manera ambigua, incluso señala que “hay muchas víctimas”. Nunca, nunca dice la palabra “desaparecidos”, ni hablar de “dictadura”. Opone los derechos del “pasado” a los del presente del futuro, como si hubiera que optar. Y reitera que impulsar los juicios o contribuir con pruebas sería obstruir a la Justicia.

Una mutación en el paradigma sobre lo ocurrido en la década del 70 podría tener en algún momento consecuencias judiciales, aunque sería extraño que eso sucediera ya que centenares de fallos judiciales en todas las instancias, desde la etapa de instrucción hasta la Corte Suprema, dejaron claro que durante la década del 70 el terrorismo de Estado implementó un plan criminal de exterminio de la población civil. Ese cambio es una de las reivindicaciones más fuertes de los represores, porque no es sólo de ellos, de los autores materiales de los crímenes, sino también de los instigadores, de toda la clase social que impulsó el golpe de Estado. Por eso las palabras de Presidente no fueron solo una recompensa simbólica para ellos, sino que son en sí mismas una batalla ganada. Van de la mano con ser reconocidos oficialmente y dejar de ser parias, como ocurrió cuando el ministro de Justicia recibió a la apologista de la represión ilegal y del robo de bebés Cecilia Pando y su troupe. O cuando el carapintada Aldo Rico marchó con su uniforme durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia.

Policías contra jubilados

LA FEDERAL REPRIMIO UNA PROTESTA SOBRE EL PUENTE PUEYRREDON

Los manifestantes reclamaban un aumento. Esperaban que llegaran los medios para dar a conocer sus demandas y liberar un carril. Fueron desalojados con empujones, patadas y camiones hidrantes y varios resultaron heridos.

La Policía Federal reprimió a jubilados que cortaron el Puente Pueyrredón en reclamo de un aumento de haberes. Con empujones, patadas y tirándoles agua con un camión hidrante, los efectivos desalojaron del lugar a los manifestantes, que esperaban la llegada de los medios para dar difusión a su pedido antes de liberar un carril al tránsito. Aunque no hubo heridos de gravedad, varios resultaron con cortes y heridas sangrantes.

La protesta fue encabezada por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP). Pasadas las 11 de la mañana, los jubilados comenzaron a subir al puente, del lado en que los vehículos entran desde Avellaneda a la Capital Federal. Tras una serie de negociaciones, poco antes del mediodía el comisario a cargo del operativo anticipó que los desalojaría por la fuerza. “Tenemos orden de liberar el puente. No entienden razones, son caprichos”, argumentó.

Los efectivos actuaron con el respaldo de la Prefectura, arremetiendo con sus escudos contra los que hacían el bloqueo y pateándolos por lo bajo, mientras un carro hidrante les arrojaba agua.

Sobre los motivos de la protesta, Mariano Sánchez, del MIJP, explicó que estaban pidiendo “un aumento a los jubilados, porque nos han dado el 14,16 por ciento para septiembre, pero nos roban más con la inflación. Noso- tros queremos por eso un aumento de emergencia, porque no se puede vivir con los actuales 4.900 pesos ni con los 5.500 que vamos a cobrar después del aumento”.

Las recomposiciones otorgadas por el Gobierno suman (hubo otra en marzo) una suba del 30 por ciento. El número está 15 puntos por debajo de la inflación proyectada. En esta línea, desde el MIJP señalaron en un comunicado que el incremento de septiembre es “una vergüenza histórica” porque “la inflación en el último año fue del 47 por ciento y en el primer semestre es de 29,2 por ciento, según el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La recomposición de septiembre tendría que ser como mínimo del 30 por ciento”, dijo Sánchez. “Pero además, de todas maneras necesitamos un aumento de emergencia de dos o tres mil pesos, por lo menos. ¿Por qué (el presidente Mauricio) Macri y (el titular del Anses Emilio) Basavilbaso no prueban vivir durante 2 o 3 meses con 5.600 pesos, a ver si pueden?”

El operativo puso en ejercicio el Protocolo de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich, que viene siendo utilizado cuando no lo impide la masividad de la protesta.

Una manifestante de 68 años contó que le lastimaron la pierna con las patadas. Sánchez, de 73 años, señaló que su organización había anticipado la manifestación en el puente. “Nos dijeron que dejáramos un carril libre. Les contestamos que sí, cuando vinieran los medios, que nosotros nos corríamos, que incluso nos íbamos, porque lo que queríamos era que el reclamo trascendiera. Pero nos pegaron antes.” A él le lastimaron una mano. “Otros tienen golpes o las piernas hinchadas. No parecen heridas graves, pero nunca se sabe cuándo es grave una herida en las piernas para una persona mayor.”

En cuanto a la decisión de cortar el puente, sostuvo que han ido “muchas veces a la Anses, a su sede de la calle Córdoba, pero no nos atienden ni viene ningún medio. Como no nos atienden en el lugar que corresponde, este es el lugar para que nos den pelota”.

Una desaceleración en los juicios

Informa de la Procaduría de crímenes contra la humanidad. 

La unidad especializada en el seguimiento de las investigaciones sobre el terrorismo de Estado identificó una baja en el ritmo de estos expedientes. Hay 112 causas elevadas a juicio, pero sólo nueve tienen fecha de inicio.

Durante el primer semestre de 2016 hubo una profundización en la demora que el proceso de verdad y justicia viene sufriendo desde hace algunos años. El análisis resulta del informe estadístico que la Procuraduría de crímenes contra la humanidad realizó sobre el estado de las causas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado y encendió la alarma. “Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de agotamiento o de baja de ritmo de las investigaciones”, advierten desde la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en las investigaciones de los crímenes de la última dictadura cívico militar.

Según el informe, bajó la cantidad de sentencias obtenidas en la primera mitad del año y son pocos los juicios programados para comenzar durante la segunda, dos exponentes del ritmo cansino que adquirió el proceso de persecución judicial de los delitos de lesa humanidad.

Para la Procuraduría dirigida por Jorge Amat y coordinada por Carolina Varsky, los números expuestos en el estudio que difundió ayer reflejan “barreras que ya se habían identificado en informes anteriores” cuya “persistencia y en algunos casos intensificación, resulta preocupante”.

Al final del primer semestre de 2016, se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde los primeros juicios orales en 2006 tras la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68. Los procesados actualmente son 846.

La primera advertencia que surge de las estadísticas relativas a la actual situación judicial de los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar es que durante los primeros seis meses del año solo hubo nueve sentencias. “Parece difícil que vaya a superarse incluso el total de sentencias del año anterior”, plantea la Procuraduría en el informe. En 2015 hubo 20 sentencias –12 de ellas en el primer semestre–; 21 en 2014. El pico, en una década de debates orales, se logró en 2012, con 25 sentencias, y se repitió en 2013.

“Es posible preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”, plantean desde el Ministerio Público Fiscal. Parte importante de los juicios que comenzaron durante 2014 y 2015 tratan las llamadas “megacausas”. Son juicios que resultan “más comprehensivos del plan criminal, condensan mayor cantidad de víctimas y se extienden, en promedio, tres años y medio”, plantea el informe. En ese punto, la Procuraduría propone tener en cuenta el tiempo invertido por los tribunales en la celebración de los juicios: “En los últimos años no solo se redujo la cantidad de audiencias que realizan por semana sino también la duración promedio de esas audiencias”, concluyen desde el Ministerio Público Fiscal y advierten: “la consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso, las víctimas, los familiares y los imputados”.

Según las estadísticas elaboradas al 30 de junio pasado, de las 539 causas que existen, 248 –casi la mitad– permanecen en instrucción, mientras que solo 112 cuentan con elevación a juicio. Y aquí el otro dato que aporta al estado de alerta: solo nueve cuentan con fecha de inicio de debate. De esas nueve, una comenzará en 2017. Según el organismo, esta demora tiene relación con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades para su constitución. En tanto, la Justicia evalúa las responsabilidades de 269 imputados en el marco de 16 causas que están en juicio. De ellos, 168 ocupan el banquillo de los acusados por primera vez. De los imputados en todas las causas, 1056 cumplen prisión preventiva, sea en sus casas o en cárceles comunes, mientras que 937 fueron excarcelados. “Estas cifras desmienten afirmaciones que sostienen que a los imputados se los detiene sin excepción”, indicó la Procuraduría. Hay, además, 48 prófugos. 395 fallecieron.

Por último, la Procuraduría puso de relieve que durante el primer semestre de este año se produjeron avances en las causas seguidas a funcionarios judiciales, pero no así en el juzgamiento de empresarios. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford (San Martín). Uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga, falleció. La causa de los crímenes de Minera Aguilar (Jujuy) y de la Comisión Nacional de Valores, no tienen fecha de juicio pese a que hace más de dos años que fueron confirmados los procesamientos de los imputados. Finalmente, la Procuraduría criticó el fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Federal que absolvió a tres militares por los crímenes de la Masacre de Capilla del Rosario por descartar los testimonios de las víctimas en detrimento de las versiones de los acusados.

Veintiseis ex funcionarios del régimen militar cobra jubilación de privilegio

Los privilegios de la dictadura

Por una investigación realizada por dos fiscales de la Unidad Fiscal de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) solicitaron al Ministerio de Trabajo que se les revoque este privilegio. En la lista están el abogado Durrieu, el radical Yofre y el padre de Martín Lousteau.

Un grupo de 26 ex funcionarios de la última dictadura, incluidos ex ministros, secretarios de Estado y directores del Banco Central, cobra jubilaciones de privilegio. El dato surge de una investigación de los fiscales Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, coordinadores de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) de la Procuración General de la Nación, quienes solicitaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), que les revoque ese privilegio tal como establece una ley sancionada hace siete años. La lista de beneficiarios incluye a Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia; al abogado radical Ricardo Yofre, ex subsecretario general de la presidencia durante la gestión Videla y hermano mayor del ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre; y a Guillermo Lousteau Heguy, secretario de Turismo entre 1981 y 1982 y padre del embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau.

En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. La norma abarcaba desde ex presidentes de facto, pasando por ministros, hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un mecanismo para materializar las bajas.

A 40 años del comienzo de la dictadura, con la mayor parte de sus ex funcionarios bajo tierra, la investigación de la Ufises detectó que el Estado sigue pagando jubilaciones a ex alfiles de Videla, Viola & Bignone. El economista Carlos García Martínez fue ministro de Comercio e Intereses Marítimos con el dictador Roberto Viola en 1981. Amadeo Frúgoli, que provenía del Partido Demócrata, fue ministro de Defensa en 1982. Guillermo Lascano Quintana fue subsecretario del Ministerio del Interior y fundó en democracia el “Movimiento Independiente Fernando De la Rúa presidente”. Alberto de las Carreras fue subsecretario de comercialización del Ministerio de Producción y en democracia siguió su carrera como directivo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. La lista incluye a tres ex directores del Banco Central: Juan María Ocampo (1976-1981), Alberto Luis Grimoldi (1981-1982, antes subsecretario de Comercio Exterior) y Horacio Antonio Arce (1982-1983).

Los fiscales Minatta y de Vedia, a partir de las constataciones, le pidieron al ministro Triaca que cumpla la ley y ordene a la Anses que disponga en forma urgente la revocación de los beneficios diferenciales de esos ex funcionarios. “El incumplimiento por parte de los organismos competentes de los preceptos de la ley 26.475 reviste una mayor gravedad si se tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma en cuanto busca reparar a través de la memoria, la verdad y la justicia uno de los períodos más oscuros de nuestra historia”, destacaron. Recordaron que la reparación no se agota con el juzgamiento y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad sino que deben subsanarse, en todos los ámbitos y niveles, las desavenencias provocadas por la interrupción de la vida democrática. Los titulares de la Ufises destacaron que una de las funciones de la unidad “consiste en proteger los recursos de la seguridad social para garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a una cobertura acorde”. “El financiamiento de prestaciones jubilatorias de privilegio en favor de aquellos que la ley expresamente excluye implica una afectación ilegal y arbitraria del fondo solidario”, señalaron.

El listado de beneficiarios incluye a Roberto Enrique Luque (Ministerio de Justicia), Horacio Martín Fernández Delpech (subsecretario de Defensa), Julio Fernández Mendy (subsecretario de Deportes cuando gobernaba Reynaldo Bignone). Como ex funcionarios del Ministerio de Producción figuran también Elvio Baldinelli (secretario de Industria y Minería), Ricardo Entrena (subsecretario de sistemas comerciales), Juan Esteban Dumas y Santiago Miguel Murray (subsecretarios de Negociaciones Económicas Internacionales), Martín Braun Lasala, Enrique Osvaldo Bauerle y Julio Cueto Rúa (asesores de gabinete). Del Ministerio de Salud integran la lista Luis Domingo Ugarte (secretario de Acción Social), Heriberto José Allende (subsecretario de desarrollo urbano), Mario Roberto Russak (subsecretario del Menor y la Familia), Enrique Ubaldo Fourcade (subsecretario de Turismo), Iván Posse Molina (subsecretario del Menor y la Familia) y Horacio Aldo Monti (subsecretario de Deportes).

Corrientes - Ligas Agrarias La Fiscalía pidió condenas de hasta 25 años para 6 de los 7 acusados

El Ministerio Público Fiscal pidió condenas de entre cinco y 25 años de prisión para seis de los siete acusados en el juicio oral y público que se sustancia en Corrientes por delitos de lesa humanidad cometidos contra afiliados a las Ligas Agrarias de esa provincia durante la última dictadura cívico-militar.

Los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García, solicitaron ante Tribunal Oral Federal de Corrientes la pena de 25 años de prisión para el ex comandante general de Gendarmería Domingo José Issler, considerado autor del delito la privación ilegítima de la libertad de nueve militantes de Ligas Agrarias en la Agrupación Mesopotamia Sur de Gendarmería, adonde se desempañaba como jefe en 1976.

Asimismo, solicitaron una pena de 6 años de prisión efectiva para el coronel (R), Julio Canteros, considerado partícipe necesario de la desaparición del militante Raúl Figueredo, quien fue secuestrado en su casa de la localidad correntina de Alvear en 1977.

También pidieron cinco años de prisión para el general de brigada (R) y ex jefe de la Compañía de Ingenieros III de Monte Caseros, Alfredo Arrillaga, autor mediato de la privación ilegítima de la libertad del militante Benigno Anselmo Kloster.

Los fiscales solicitaron luego cinco años de prisión para el general (R) de brigada y ex jefe del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, Juan Carlos Medrano Caro, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad de Teresa Rouvier Garay de Alisio.

Además, requirieron una pena de cinco años de prisión para el coronel (R) y ex jefe del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Guillermo Añaños, al que acusan de ser ser autor mediato de la privación ilegítima de la libertad de Benigno Kloster.

Una condena silimar solicitaron para el coronel (R) Julio Plazaola, quien estaba a cargo de la Compañía de Ingenieros III de Monte Caseros en 1976, cuando fue secuestrado y privado en forma ilegítima de su libertad el estudiante universitario Miguel Galantini.

Juicio por el Plan Cóndor culminó en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados.

El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó hoy (27 de mayo) en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante los años 70 y 80. 

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina, compuesto por los jueces Adrián Grinberg, óscar Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, fijó hoy penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita. El proceso había arrancado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez. 

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos a la del exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio. 

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de forma perpetua en una pena agravada por mediar violencia y amenazas. A este último se lo acusaba, concretamente, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti" que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos. 

Por otro lado, el exjefe del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", Humberto José Román Lobaiza, recibió una pena de 18 años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones Navales de la Armada argentina Antonio Vañek, y los exmilitares Eugenio Guañabens y Enrique Braulio Olea, de 13. Para Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lío, Felipe Jorge Alespeiti, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Luis Sadi Pepa, fijaron 12 años, y Federico Antonio Minicucci obtuvo la pena más reducida, con 8 años de prisión. Durante la lectura del veredicto no estuvo presente la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas, civiles, y varios representantes de organizaciones de derechos humanos. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en declaraciones a los medios que "la perseverancia da frutos", ya que nunca "se bajó los brazos" para hallar justicia por los delitos del Plan Cóndor, aunque lamentó que la muerte de muchos represores evitara que fueran "sentados en el banquillo de los acusados". 

La primera querella por el "Plan Cóndor" fue presentada contra todos los jefes de Estado de los gobiernos de facto de la región en 1999, cuando en Argentina seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ponían un límite a las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura (1976-1983), y se habían dictado los indultos. La etapa final del juicio actual, iniciado en marzo de 2013, comenzó a mediados del año pasado, cuando finalizó el debate que involucró más de 200 testimonios y tras el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas pudieron replicar los alegatos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:

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