Veintiseis ex funcionarios del régimen militar cobra jubilación de privilegio

Los privilegios de la dictadura

Por una investigación realizada por dos fiscales de la Unidad Fiscal de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) solicitaron al Ministerio de Trabajo que se les revoque este privilegio. En la lista están el abogado Durrieu, el radical Yofre y el padre de Martín Lousteau.

Un grupo de 26 ex funcionarios de la última dictadura, incluidos ex ministros, secretarios de Estado y directores del Banco Central, cobra jubilaciones de privilegio. El dato surge de una investigación de los fiscales Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, coordinadores de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) de la Procuración General de la Nación, quienes solicitaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), que les revoque ese privilegio tal como establece una ley sancionada hace siete años. La lista de beneficiarios incluye a Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia; al abogado radical Ricardo Yofre, ex subsecretario general de la presidencia durante la gestión Videla y hermano mayor del ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre; y a Guillermo Lousteau Heguy, secretario de Turismo entre 1981 y 1982 y padre del embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau.

En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. La norma abarcaba desde ex presidentes de facto, pasando por ministros, hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un mecanismo para materializar las bajas.

A 40 años del comienzo de la dictadura, con la mayor parte de sus ex funcionarios bajo tierra, la investigación de la Ufises detectó que el Estado sigue pagando jubilaciones a ex alfiles de Videla, Viola & Bignone. El economista Carlos García Martínez fue ministro de Comercio e Intereses Marítimos con el dictador Roberto Viola en 1981. Amadeo Frúgoli, que provenía del Partido Demócrata, fue ministro de Defensa en 1982. Guillermo Lascano Quintana fue subsecretario del Ministerio del Interior y fundó en democracia el “Movimiento Independiente Fernando De la Rúa presidente”. Alberto de las Carreras fue subsecretario de comercialización del Ministerio de Producción y en democracia siguió su carrera como directivo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. La lista incluye a tres ex directores del Banco Central: Juan María Ocampo (1976-1981), Alberto Luis Grimoldi (1981-1982, antes subsecretario de Comercio Exterior) y Horacio Antonio Arce (1982-1983).

Los fiscales Minatta y de Vedia, a partir de las constataciones, le pidieron al ministro Triaca que cumpla la ley y ordene a la Anses que disponga en forma urgente la revocación de los beneficios diferenciales de esos ex funcionarios. “El incumplimiento por parte de los organismos competentes de los preceptos de la ley 26.475 reviste una mayor gravedad si se tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma en cuanto busca reparar a través de la memoria, la verdad y la justicia uno de los períodos más oscuros de nuestra historia”, destacaron. Recordaron que la reparación no se agota con el juzgamiento y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad sino que deben subsanarse, en todos los ámbitos y niveles, las desavenencias provocadas por la interrupción de la vida democrática. Los titulares de la Ufises destacaron que una de las funciones de la unidad “consiste en proteger los recursos de la seguridad social para garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a una cobertura acorde”. “El financiamiento de prestaciones jubilatorias de privilegio en favor de aquellos que la ley expresamente excluye implica una afectación ilegal y arbitraria del fondo solidario”, señalaron.

El listado de beneficiarios incluye a Roberto Enrique Luque (Ministerio de Justicia), Horacio Martín Fernández Delpech (subsecretario de Defensa), Julio Fernández Mendy (subsecretario de Deportes cuando gobernaba Reynaldo Bignone). Como ex funcionarios del Ministerio de Producción figuran también Elvio Baldinelli (secretario de Industria y Minería), Ricardo Entrena (subsecretario de sistemas comerciales), Juan Esteban Dumas y Santiago Miguel Murray (subsecretarios de Negociaciones Económicas Internacionales), Martín Braun Lasala, Enrique Osvaldo Bauerle y Julio Cueto Rúa (asesores de gabinete). Del Ministerio de Salud integran la lista Luis Domingo Ugarte (secretario de Acción Social), Heriberto José Allende (subsecretario de desarrollo urbano), Mario Roberto Russak (subsecretario del Menor y la Familia), Enrique Ubaldo Fourcade (subsecretario de Turismo), Iván Posse Molina (subsecretario del Menor y la Familia) y Horacio Aldo Monti (subsecretario de Deportes).

Indagaron a cuatro integrantes del Batallón de Aviación 601

Los responsables de los vuelos

Los cuatro represores fueron convocados para declarar por el asesinato de Rosa Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. La fiscalía ya había pedido que fueran a juicio oral por otras tres víctimas.

  Por Alejandra Dandan

Los cuatro pertenecieron a la plana mayor del Batallón de Aviación del Ejército 601, corazón de la estructura encargada de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Están detenidos con prisión domiciliaria desde abril del año pasado, acusados por los homicidios de tres víctimas, cuyos cuerpos fueron inhumados como NN entre 1976 y 1978 e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La semana pasada, la jueza federal de San Martín Alicia Vence volvió a convocarlos a los tribunales para ampliar la declaración indagatoria, esta vez por el crimen de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, asesinada antes de un traslado y cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Durante la indagatoria ninguno de los cuatro aportó información, tal como sucedió un año antes. La fiscalía a cargo de la causa ahora espera que la jueza incorpore a esta nueva víctima al listado de hechos por el que ya pidió la elevación a juicio oral.

Los vuelos fueron el método por excelencia del exterminio masivo de miles de prisioneros en Campo de Mayo. Estos cuatro detenidos integraron el Estado Mayor del emblemático Batallón de Aviación 601, en cuya reconstrucción fueron clave las declaraciones de cientos de conscriptos. Entre los ya procesados se encuentran el Jefe y Subjefe del Batallón: Luis del Valle Arce y Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre diciembre de 1975 y diciembre de 1978. También fue indagado Alberto Luis Devoto, a cargo de Inteligencia (S-1) y Personal (S-2) entre diciembre de 1974 y octubre de 1977 y conocido por haber permanecido veinte años en la función pública en el gobierno de José Manuel De La Sota en Córdoba. Otro de los indagados fue Eduardo María Lance, oficial de operaciones (S-3), entre junio de 1976 y febrero de 1978, el único de los cuatro llegó al juzgado solo, sin compañía ni custodia.

–¿Le puedo preguntar de dónde es? –le preguntó al fotógrafo.

–Prensa –dijo él.

–¿Le puedo preguntar por qué me saca fotos?

–¿Usted está imputado en una causa?

–Sí –reconoció.

–Es por eso.

–¡Ah! ¡Pero qué organizados están! –respondió.

A la indagatoria de la semana pasada el juzgado también convocó a Santiago Omar Riveros, entonces a cargo del Instituto de Comando Militares. Los nombres de los integrantes del Batallón de Aviación del Ejército 601 se conocieron el año pasado en el marco de un Informe del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio de Defensa con un pormenorizado análisis de testimonios de conscriptos, legajos y organigramas del Ejército. La anatomía de los vuelos, nombrados en Campo de Mayo como “vuelos fantasmas” o “vuelos sanitarios” estableció que entre 1976 y 1983, el Batallón de Aviación fue la estructura que realizó los vuelos de la muerte con una doble dependencia: institucionalmente, del Comando de Aviación del Ejército Argentino y operativamente, del Comando de Institutos Militares, corazón represivo de la Zona de Defensa IV, a cargo del multicondenado Riveros.

En febrero de este año los fiscales Miguel García Odás y Hugo Bogatti pidieron la elevación a juicio oral de la causa por tres víctimas: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace y Roberto Ramón Arancibia. Dijeron: “desde ese Batallón partieron infinidad de vuelos de avión y/o helicópteros que transportaban personas privadas de la libertad, en la mayoría de los casos del centro de detención clandestino de Campo de Mayo, que eran arrojadas desde las aeronaves a las aguas del Río de la Plata o al océano Atlántico”. “Los vuelos de aviones y helicópteros partían del aeródromo de dicha unidad transportando personas vivas, vendadas y drogadas -Ketalar–, y/o muertas y regresaba las aeronaves sólo con su tripulación. Esas personas vivas y/o muertas constituían la ‘carga’ que fueron arrojadas al río de la Plata y/o al mar –océano Atlántico–, convirtiéndose esos vuelos en los ‘vuelos de la muerte’ y/o ‘vuelos fantasmas’ que fue la forma de exterminio de los miles de detenidos-desaparecidos secuestrados y alojados en los centros clandestinos de detención del país.”

La fiscalía entendió que el accionar de los acusados consistía en organizar, planificar y materializar los denominados vuelos de la muerte, para lo cual “recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas”, a las aeronaves. Las víctimas llegaban hasta la cabecera del aeródromo en vehículos generalmente de gran porte a través de las puertas 1, 4 o 7, cercanos al Batallón de Aviación 601, explicaron. Recorrían una ruta boscosa e ingresaban a Campo de Mayo y al Batallón de Aviación sin control alguno, por orden directa de los superiores del Batallón. Generalmente las aeronaves ya se encontraban esperando en la cabecera de la pista. Los vehículos de transporte se paraban a un costado y las víctimas eran subidas a los aviones. Los Twin Otter tenían una escalera al costado, mientras que los Fiat se cargaban por la parte trasera. “La mayoría de los testimonios dan cuenta que esta operatoria era llevada a cabo por oficiales y suboficiales. Los conscriptos –sigue la elevación– eran relevados de sus puestos o se los obligaba a mirar a otro lado o hacer cuerpo a tierra”. La mayor parte de los vuelos de Campo de Mayo, explicaron, eran nocturnos y al cargar los aviones solían apagarse las luces. La carga de las víctimas duraba aproximadamente media hora y luego el avión partía. Respecto de los helicópteros, continuaron, muchos testimonios refirieron que partían de una zona boscosa cercana “al Campito”. No se ha podido acreditar con certeza si los “vuelos fantasmas” o “vuelos de la muerte” “se encontraban debidamente registrados. Lo que sí se sabe por declaraciones de conscriptos que cumplían funciones en la Torre de Control es que la mayoría de estos vuelos irregulares se dirigían a Punta Indio o a Bahía Blanca y que los pilotos pedían los partes meteorológicos de dichas localidades”.

El cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Rosa militaba en el PRT. Y había vivido en Córdoba hasta mediados de1975. Después, se fue a Zárate Campana donde vivió con su compañero, Abel Omar Pucheta. Ella fue secuestrada en octubre. De acuerdo a los datos de la causa, a Rosa la vieron en Campo de Mayo. Desde 1998 su familia sabe que su cuerpo apareció en Punta Indio y fue enterrado como NN en el cementerio de Magdalena. “La aparición de los restos de nuestra hermana en Punta Indio, lleva a concluir que ella tuvo el triste y doloroso destino de quienes fueron víctimas de los llamados ‘vuelos de la muerte’”, dijeron sus hermanos en un escrito. En 1998, el EAAF determinó que los restos hallados el 4 o 5 de diciembre de 1976 en la costa fueron trasladados al cementerio de Magdalena. Una autopsia realizada en 1976 había determinado que Rosa fue asesinada al menos de tres disparos y posteriormente arrojada a las aguas del Río de la Plata, donde permaneció entre 10 y 12 días. Ya en ese momento, el Registro Nacional de las Personas también había identificado sus huellas pero ninguna de esa información llegó a la familia. El 27 de febrero de 1998, la periodista Lila Pastoriza reveló la participación en el ocultamiento de las pruebas del entonces comisario Julio Cesar Morazzo.

El acampe QOPIWINI está rodeado por la policía

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) nos comunicamos con Félix Díaz, qarashe de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, La Primavera, quien nos informó que alrededor de las 4 de la mañana la Policía Federal cercó la zona del acampe, ante la inminencia de un nuevo corte de la avenida 9 de julio. Por RNMA

"Mucha gente corta la calle, pero a nosotros no nos permiten porque somos indígenas. Estamos rodeados de policía, hubo un intento de desalojo. Desde las 4 de la mañana están intimidando, nosotros solamente queremos desde hace 5 meses que la Presidenta nos atienda, para poder volvernos a casa con una respuesta concreta, dijo Félix Díaz en entrevista con la RNMA.
El operativo despliega 15 camionetas con efectivos policiales, un colectivo para detenidos y 10 motos, ademas de perros.


Desde el 14 de febrero de este año, 4 naciones originarias formoseñas (Qom-Pilagá-Wichí-Nivaclé) acampan en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, en lo que se denomina acampe QOPIWINI, a la espera de ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández.

Contacto: Felix Díaz 15-3019-5014

Una movilización popular desafía la explotación de una de las zonas más biodiversas del planeta

Una consulta en la provincia argentina de Misiones, en la triple frontera con Paraguay y Brasil, rechaza con un 97% la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y entregar a las multinacionales el control del territorio

NAZARET CASTRO Posadas / Buenos Aires 17/11/2014 

 
Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, también apoyaron la consulta popular.- MESA PROVINCIAL DE MISIONES

El Gobierno les negó su derecho a decidir, así que ellos decidieron organizarse por su cuenta. Medio centenar de organizaciones sociales de la provincia argentina de Misiones, en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, convocaron a los 1,2 millones de misioneros a pronunciarse sobre la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la provincia. El resultado de la consulta popular, que tuvo lugar entre el 20 y el 26 de octubre, fue rotundo: cerca del 97% de los votantes expresaron su rechazo a las presas.

Los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas repartieron cerca de mil urnas por toda la provincia; las urnas móviles llegaron a los barrios más recónditos. La votación, popular y no vinculante, reclamaba el derecho de la población misionera a decidir sobre el futuro de la provincia, e instaba a cumplir la Ley Provincial nº 56, por la que, en 2011, el Gobierno provincial se comprometió a realizar un plebiscito antes de construir una nueva presa. Esa consulta no se ha convocado, a pesar de que avanza el proceso para la construcción de los embalses de Garabí-Panambí sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil. También avanzan los planes del Gobierno para construir sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, la presa de Corpus Christi, pese a que en 1996, el 90% de los votantes misioneros convocados en plebiscito la rechazó; de ese contundente resultado surgió una ley que prohíbe la construcción de la presa. Así que el interrogante que pende sobre los misioneros es, ¿de qué sirve la ley cuando contraría los intereses de los poderosos?

"Garabí-Panambí beneficiará a las corporaciones brasileñas de la construcción", asegura Eduardo Luján, uno de los militantes fundadores de la Mesa. En su opinión, el interés en Corpus es más complejo: responde a la necesidad de hacer navegable el río Paraná, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), diseñada para hacer más competitivo el transporte de mercancías destinadas a la exportación.

"Les arrebataron sus tierras. Hoy viven en barrios con tasas de paro que rondan el 80%"

Las nuevas presas llegan con la promesa de empleo y progreso, y bajo la amenaza recurrente del apagón energético; pero en Misiones esos argumentos ya no consiguen adeptos. Tienen la experiencia de la central hidroeléctrica de Yacyretá, cuya construcción se inició en 1983. Treinta años después, más de mil personas afectadas por las inundaciones siguen esperando una indemnización. Miles de familias fueron desplazadas y perdieron sus fuentes de subsistencia: vivían del río, como pescadores, oleros ─fabricantes de ladrillos─ o lavanderas; hoy subsisten con las políticas asistencialistas del Estado. "Les arrebataron sus tierras, y con ello se rompieron las redes de solidaridad vecinales: hoy viven en barrios carenciados con tasas de desempleo que rondan el 80%", sostiene Gabriela Melot, docente e integrante de la Mesa. "El eje es la lucha por el territorio: el sueño de legar a los hijos esas historias, esos lazos comunitarios que están inscritos en la tierra", recuerda Sergio Alvez, responsable de comunicación de la Mesa.

En Posadas, la capital de Misiones, creen que las presas les arrebataron también el poder disfrutar del río, y que eso no lo compensa el mastodóntico paseo litoral que acaba de construir el Estado. Algunos recuerdan, incluso, que su dieta ha cambiado porque hay menos pescado y que la llegada de mano de obra extranjera ha fomentado la prostitución. Pero la palabra más repetida es desarraigo. En Puerto Azara, una de las localidades que serían inundadas si sale adelante el proyecto de Garabí-Panambí, los lugareños ya afrontan una situación de total incertidumbre y denuncian que las autoridades no dan información. Fue aquí donde nació, hace unos seis años, el germen de lo que después sería la Mesa Provincial, de la mano de María Alvez, una mujer que decidió pelear para no repetir la historia de desplazamiento que vivieron sus padres. Porque, como señala una desplazada por Yacyretá, "¿Quién me paga el desarraigo, el dolor del alma? Eso no tiene precio".

Hoy, la Mesa Provincial No a las Represas está formada por medio centenar de organizaciones de muy diversa índole: sindicatos, grupos religiosos, asociaciones de docentes, pueblos indígenas. Esa diversidad constituye, en sí misma, una prueba de lo que corroboró la consulta: que la amplísima mayoría de los misioneros no quieren megapresas en la zona.

Cajas empleadas para la consulta en Azara, el pueblo más afectado por la presa - MESA PROVINCIAL DE MISIONES
"¿Energía o alimentos?"

No faltan razones para rechazar estas construcciones: la injusticia de las familias desplazadas, la pérdida de las economías locales, los impactos ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta. "La Organización Mundial de la Salud dice que las presas en zonas tropicales y subtropicales son una bomba de tiempo ambiental", explica Nora Dedieu, miembro de la Mesa y delegada del sindicato ATE. Este sindicato, cuenta Nora, entendió que "sin territorio, mal vamos a pelear por el trabajo". El avance del pino y otros monocultivos y los embalses que ya están funcionando han reducido al mínimo las tierras fértiles destinadas al cultivo de alimentos. Porque en la provincia de Misiones, ese paraíso natural que alberga las célebres Cataratas del Iguazú, donde la tierra es de un color rojo rubí que se confunde con el verde intenso de la selva, hace tiempo que la industria forestal compite por el territorio con la agricultura.

En ese contexto, muchos activistas de la Mesa saben que es necesario avanzar más allá del rechazo y visibilizar alternativas. Han trabajado junto con organizaciones ecologistas y expertos en la elaboración del documento Escenarios energéticos 2030. Aportes para un debate nacional, en el que apuestan por la biomasa, las turbinas en saltos de agua ─sin represar─ y las energías eólicas y fotovoltaica. Pero van más allá: "No es posible funcionar sólo con este tipo de energías alternativas dentro de este modelo productivo; pero muy distinto sería si apostamos por un proyecto diferente, como la agroecología. Debemos reivindicar lo pequeño: las iniciativas locales de producción y energía alternativa; hay que ser coherentes: no podemos plantear las energías alternativas si seguimos con este modelo consumista", afirma el activista y fotógrafo Rulo Bregagnolo.
Los desafíos

Les sobran los motivos y los argumentos legales, pero la asimetría de fuerzas es brutal: de un lado, organizaciones sociales invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación; del otro, los gobiernos nacional y provincial y las poderosas multinacionales de la construcción y la energía. Y sin embargo, consiguieron convocar a 120.000 misioneros para votar en urnas de cartón; una reivindicación de transparencia y participación; un grito por una democracia verdadera que les permita escoger qué futuro quieren para su territorio.

Cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB

En el contexto de esa lucha, saben que necesitan tejer alianzas no sólo con otros movimientos contra las presas de la zona ─como el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, en sus siglas en portugués) de Brasil y colectivos como el paraguayo Sobrevivencia─, sino también con otras resistencias al modelo extractivista: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el fracking. Las grandes centrales hidroeléctricas, afirman, están estrechamente vinculadas a las necesidades de energía abundante y barata de esas industrias extractivas. Así lo expresó en Posadas el exministro de Medio Ambiente paraguayo y asesor de Sobrevivencia, Óscar Rivas: "Nos arrebataron la administración de lo colectivo, las decisiones sobre el patrimonio común; quisieron privatizar la política". Esta nueva militancia socioambiental pone los límites y exige un control democrático y comunitario de los bienes comunes, y se pregunta, ¿energía para qué y para quién?

La privatización del agua, la tierra, los ríos se argumenta con dos palabras recurrentes: desarrollo y progreso. Pero cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB. Así lo sustenta Eduardo Luján: "¿De qué desarrollo hablamos? ¿Consumismo desenfrenado o desarrollo social y cultural? ¿Hay algo más ridículo que reventar montañas y envenenar millones de litros de agua para sacar oro que luego se guardará en bóvedas bajo tierra en la otra esquina del mundo? ¿Es eso progreso? ¿O deberíamos poner la tecnología al servicio de la gente y de su calidad de vida, para mejorar las condiciones laborales y vivir en un entorno ambiental limpio?"

A sus casi 80 años, el médico misionero Juan Yadhian tiene certeza de que el ser humano se perdió "cuando se quebró nuestra conexión con la naturaleza, cuando nos olvidamos de que somos parte de ella, como siempre supieron nuestros hermanos aborígenes. Perdimos la visión de la totalidad; nos olvidamos de que el planeta es como un cuerpo, de que los ríos son las arterias y las venas del planeta. Un río estancado es un río muerto. Pero si matamos el río, nos estamos matando a nosotros mismos".

La dictadura de Videla y España intercambiaron apoyos, medallas y regalos

El régimen argentino recibió el apoyo del Estado español para acceder a foros internacionales. También hubo un nutrido cruce de condecoraciones militares. Entre los premiados se encuentra el rey Felipe

    Los documentos secretos del intercambio de apoyos y condecoraciones de España con la dictadura de Videla
    España financió a la dictadura de Videla
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"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.

Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.

Del mismo modo, varios militares españoles -todos ellos de inocultable raigambre franquista- guardan a día de hoy en sus cajones las distinciones otorgadas por la dictadura de Videla. Uno de los primeros fue el capitán de navío Fernando de Salas, condecorado en una pomposa ceremonia celebrada en la embajada argentina en Madrid. También fueron premiados el general de Brigada Manuel Vallespín - jefe de la Segunda División del Alto Estado Mayor-, a quien el régimen condecoró en agosto de 1977 con la medalla del Ejército argentino, y el jefe de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, homenajeado con la Orden de Mayo al Mérito.

El ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, también fue objeto de una distinción por parte del régimen militar. En octubre de 1981, la Armada argentina -uno de los cuerpos más brutales en materia represiva- designó al hijo de Juan Carlos de Borbón como "Guardiamarina Honoris Causa". La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a La Zarzuela.
Te voto si me votas

Ambos países no sólo intercambiaron medallas y elogios. Durante aquellos años, la dictadura de Videla y el gobierno de Adolfo Suárez establecieron un eficiente sistema que les permitió negociar la participación de sus respectivos estados en distintos organismos internacionales. El encargado de abrir el juego fue un sobrio diplomático español, Manuel Thomás de Carranza. El 28 de julio de 1976, el funcionario redactó una minuta en la que invitaba a Argentina a participar en el séptimo congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales "y a ocupar junto con España -que presidirá dicho evento- la otra Presidencia reservada a un país Hispano-Americano".

El 11 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de UCD se inmiscuyó en una cuestión tan delicada como la disputada soberanía de las Islas Malvinas, reivindicadas por los argentinos y ocupadas por los ingleses. En una nota de tres párrafos, el Ministerio de Asuntos Exteriores -por entonces a cargo de Marcelino Oreja- notificaba que "el Gobierno español, de acuerdo con su tradicional posición, prestará decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas".

"En este sentido -declaraba solemnemente el Ministerio-, se cursan instrucciones a la delegación de España en el XXXI período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que preste su apoyo al proyecto de resolución sobras las Islas Malvinas". Una semana después, el embajador argentino Leandro Enrique Anaya transmitía a Oreja la "complacencia y agradecimiento" de la dictadura "por el apoyo solidario a la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, que concita un unánime sentimiento nacional argentino".
"Lazos de amistad"

Otro de los pactos se selló discretamente a comienzos de agosto de 1977, cuando media España estaba de vacaciones. Según consta en una nota fechada el primer día de ese mes, el gobierno de Suárez aceptó la petición de apoyo que le había formulado el régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque no lo haría gratuitamente. Tras invocar "los tradicionales lazos de amistad hispano-argentina", Exteriores anunciaba que apoyaría al candidato de la Junta Militar "en la seguridad de que la petición de apoyo hecha por España para su reelección (...) recibirá el mismo trato por parte de la delegación argentina".

Aún más increíble resulta la nota del 18 de noviembre de 1978, por medio de la cual Argentina informaba al Gobierno español sobre su postulación "para integrar la Comisión de Derechos Humanos" del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y pedía el respaldo de España, basándose en la "permanente y favorable disposición que ambos gobiernos han evidenciado ante recíprocas aspiraciones llevadas adelante en distintos foros internacionales".

Mientras negociaban estos acuerdos, los diplomáticos de Videla seguían coqueteando con los sectores más ultras del ejército posfranquista: el 15 de febrero de 1977, la embajada argentina destinó 20.000 pesetas a la compra de un obsequio en la lujosa tienda London's Shop para el capitán general de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar Nieto, un excombatiente franquista de la División Azul que había peleado junto a los nazis. Diez días después, la delegación gastó otras 2.152 pesetas en artículos ecuestres que fueron obsequiados al general ultraderechista Jaime Milans del Bosch, quien en 1981 participaría activamente en el fallido golpe de Estado del 23-F. Para Milans, Videla siempre sería un referente.

24 de julio en la JORNADA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA,

La Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos repudia las represiones del día lunes 7 de julio contra los trabajadores de EMFER por parte de la Policía Federal y el martes 8 de julio contra los trabajadores de Lear y Donnelley por parte de la Gendarmería Nacional, cuando reclamaban contra los despidos y suspensiones que los aqueja.

Nuevamente, la respuesta del Gobierno Nacional a los reclamos de los trabajadores no es solucionar los problemas planteados sino reprimirlos para proteger los intereses de las patronales.

Las suspensiones y despidos que enfrentan cada día mayor cantidad de trabajadores es consecuencia de la política llevada adelante por el propio gobierno nacional, que prioriza pagarle a los grupos financieros internacionales en vez de invertir la riqueza que se genera en el país en mejor educación, salud, trabajo y salarios dignos para el pueblo

Convocamos a todos los sectores populares a unirnos para enfrentar esta escalada represiva y participar en todo el país el 24 de julio en la JORNADA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA, marchando en Buenos Aires desde 9 de julio a Plaza de Mayo con las consignas

Jornada Nacional contra la criminalización de la protesta
24 de julio – 16.30hs de Av. De Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo

- NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA 

- NI AJUSTE- NI ENTREGA

- NO A LA REPRESIÓN
 

- LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR
 

- ABSOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS
 

- NO A LAS LEYES ANTIPIQUETES
 

- APROBACIÓN DE LA LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
 

- DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS

No todo está perdido: Las dos vías para ir contra el juez Hooft

Las dos vías para ir contra el juez

La Secretaría de Derechos Humanos presentará un recurso ante la Corte para que se revise la decisión del Jury que se pronunció por la continuidad del magistrado. En la causa judicial, los querellantes pedirán una serie de pruebas para que Hooft sea indagado.

 Por Adriana Meyer

Lejos de bajar los brazos, los querellantes en la causa penal por delitos de lesa humanidad en la que está imputado el juez marplatense Pedro Federico Hooft piensan seguir dando batalla, y lo harán en dos frentes en forma simultánea. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará un recurso ante la Corte Suprema para que sea revisada la decisión del Jury de Enjuiciamiento, que resolvió su continuidad como magistrado. Y también redoblarán la presión en el expediente, donde está acusado porque habría sido cómplice y funcional al terrorismo de Estado, según la denuncia que originó la causa presentada por el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas. Para eso exigirían una serie de medidas de prueba para que pueda ser concretada la tantas veces postergada declaración indagatoria de Hooft.

El 28 de abril, el Jury resolvió que Hooft no había cometido los delitos de lesa humanidad que se le imputaron, lo restituyó en el cargo y le devolvió el porcentaje de los sueldos que no percibió desde que fue suspendido, el año pasado. “Ahí mismo radica el error, el Jury no está para condenar o absolver, sólo debía determinar si podía o no seguir siendo juez”, se queja una alta fuente oficial consultada por Página/12. Desde la secretaría que conduce Martín Fresneda intentarán recurrir la resolución del Jury, pero tienen muy claro que la causa penal corre por una vía separada, y en ningún caso puede ser un obstáculo para que la Justicia avance. La inmunidad de la que Hooft goza por su condición de magistrado se refiere sólo a que no puede ser arrestado, no hay ningún impedimento para acusarlo ni para que sea sometido a una indagatoria.

Sin embargo, también ahí radica el problema: Hooft faltó siete veces a las audiencias a las que lo citó el juez Martín Bava para que responda por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas, cuando fueron secuestrados abogados marplatenses. Para el fiscal Pablo Larriera, esos delitos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien archivó los hábeas corpus en forma prematura sin dar siquiera una respuesta burocrática a las Fuerzas Armadas. En el caso del abogado Jorge Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y luego con un informe que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, declaró que Hooft visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió a sus pedidos de ayuda. En este expediente ya se habían excusado de intervenir cinco jueces, lo que prenunciaba el apoyo de la corporación judicial que viene recibiendo el cuestionado magistrado.

La última orden vigente del juez Bava es para que se presente el 4 de junio, y si una vez más decidiera no concurrir, tampoco podrían obligarlo con la fuerza pública por los fueros que lo protegen. En este sentido, la fuente consultada dijo que están consensuando con el resto de las querellas solicitar que Hooft sea sometido a exámenes médicos y psicológicos, para determinar si está en condiciones de acudir a la indagatoria que, por ahora, viene esquivando. Incluso también están evaluando una eventual iniciativa para llevar el caso a tribunales internacionales. Pero, mientras tanto, la próxima movida será articulada con todos los actores implicados, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos “para acompañar con todo lo que podamos tanto el juicio penal como la apelación al fallo del Jury, que tuvo aristas vergonzosas”, dijo a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén. “Además se muestra el pensamiento de Sergio Massa en materia de memoria, verdad y justicia, porque sus senadores votaron a favor de Hooft”, dijo en referencia a Patricio Hogan, quien también nombró como asesora personal a la hija del magistrado, y a Héctor Vitale, en quien los organismos de derechos humanos tenían puesta alguna expectativa finalmente defraudada.

San Luis: Poco a poco se van reconstruyendo las historias y apareciendo los responsables

San Luis (Perl) 28-11-13 Con la de este miércoles ya suman ocho audiencias de este segundo juicio en el que se investigan las responsabilidades que tuvieron militares, policías y civiles inculpados por delitos de lesa humanidad. El martes surgió un indicio que permitiría confirmar la participación de Carlos Pla en el secuestro de Pedro Ledesma. Allí se nombró un vehículo en el que se conducían los dos policías que vieron al entonces capitan llevar al joven secuestrado de las manos de su padre. En la víspera, durante el testimonio de Guillermina Dominga Ledesma, fue mencionado el mismo vehículo: Un Jeep de la policía. En él llegó la policía a hacer una diligencia. Ayer también hubo un testimonio de un ex policía que se retiró de la fuerza en 1992; aportó datos sobre la muerte de Vicente "Yango" Rodríguez. Por su parte, Anibal Franklin Oliveras dio testimonio de su cautiverio e hizo algunas precisiones más sobre lo que sucedía en los centros de detención y también del papel que jugaron algunas autoridades eclesiásticas. "A ustedes hay que extirparles el alma", les dijo el entonces obispo Juan Rodolfo Laise y el capellán Coscarelli les sacaba datos en la confesión y se los daba a los represores, entre otras cosas que se escucharon ayer.

Guillermina Dominga Ledesma, la hermana de Pedro, contó que el joven que continúa desaparecido desde setiembre de 1976, "era estudiante universitario y era maestro rural en una escuelita de campo en la localidad de El Recodo y en sus tiempos libres tenía una actividad extra que era teatro en la Dirección de Cultura de la provincia", y por lo genera actuaban en las plazas y en las calles, "era teatro para todos", aseguró.

Contó asimismo que Pedro Valentín, en esos años "tenía alguna militancia en la Universidad", donde era alumno en la carrera de pedagogía, "muy estudioso, le gustaba mucho la historia, la política, leía sobre esto".

Cuando le pidieron que relatara el momento de la detención, contó que fue un 20 de setiembre; "él se fue de casa estaba de noche 19:30 aproximadamente, con su novia caminando, y creo que a la hora y media, dos horas, a pocas cuadras de mi casa lo detienen en la calle San Juan". Iba acompañado de Juan Cruz Sarmiento y Raúl Cobos. Este último fue baleado en un operativo y "a Pedro se lo llevan".

"Un rato después de esto llega a casa el Ejercito, la policía, estábamos con mi madre, nos allanan la casa, nos asaltan, estaba la puerta abierta cuando entraron, dieron vuelta todo cuanto pudieron. Llegó mi padre cuando ya estaban allanando", recordó y dijo que en el procedimiento "había gente del Ejercito" y que "toda la manzana estaba rodeada" y que Segundo Ledesma "pide que lo dejen pasar, se identifica".

"Eso fue el 20 de setiembre. Pedro llevaba una chomba azul, un sueter azul en la espalda, un par de alpargatas nuevas que le había comprado yo un rato antes a pedido de él. Lo vi cuando se iba con la novia, Catalina Garraza, y me dijo ya vuelvo", rememoró. "Cuando llega mi padre le dicen que Pedro había sido detenido", recordó de aquel día en que la suerte de la familia Ledesma cambió para siempre.

En medio de su relato también hizo referencia a la búsqueda de su padre, que se dirigió con un amigo a la Comisaría Segunda, ubicada en Gobernador Alric y Sarmiento. Hasta allí concurrió con un amigo de apellido Rodríguez, pero los policías le dijeron al amigo que se fuera. Este se quedó en cercanías de la seccional "pero lo alcanza un jeep y le dice que se vaya".

En la antevíspera, otro policía de apellido Sosa, en su testimonio habló del Jeep en el que iba Luis Enriz en un momento posterior, cuando ya Pedro había sido liberado y caminaba con su padre hacia su casa cuando un 'grupo de tareas' los interceptó y se llevó al muchacho luego de golpearlos a ambos. Desde ese Jeep es donde el efectivo de guardia habría visto a Carlos Pla y Víctor Becerra en actitud sospechosa, ya que se le acercaron a un Torino en el que iban ambos represores, los que, tras decirles que se retiraran, luego entraron a una dependencia del Ejército.

Guillermina contó que "cuando a Rodríguez lo echa el jeep llega a mi casa y nos dice “No sé qué pasa se han complicado las cosas, me dijeron que tu papá se iba a demorar mucho”. Mi madre estaba fuera de sí. No sé si pasó hora y media y llegó mi papá muy asustado, le pregunté si le habían pegado o algo pero el negó todo. Estaba muy asustado, cerrando puertas, ventanas, esa noche no dijo nada, pasamos la noche sin dormir como hacían ya dos noches".

"Al otro día en presencia de un médico que controlara la salud de mi madre nos contó lo que había pasado con Pedro desde que Pla le dio la libertad en la Comisaría Segunda hasta que cuando venían caminando se dieron cuenta que un Falcon bordó los venían siguiendo pero Pedro dijo que no pasaba nada y se fueran a la casa rápido".

"Bajan del auto, lo golpearon a mi papá con un arma en la cabeza y cuando estaba tirado en el suelo pudo ver a Pla, su pierna, porque había estado con él minutos antes porque pla se lo entregó a mi hermano y pudo identificar a Becerra, aunque éste estaba encapuchado".

Esto ya era el 22 de setiembre del 76 y "hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con Pedro aunque sabemos que lo mataron porque es obvio", dijo recordando que su hermano "era alegre, tranquilo, nunca manejó un arma en su mano ni siquiera en el Ejército porque había pedido prórroga para el servicio militar".

"Pedro era colaborador con nuestros vecinos, con los niños, tenía esa actividad social de ayudar a todos los que nos necesitaban; juntaba útiles libros para sus alumnos de El Recodo", señaló y de su familia indicó que "éramos humildes pero felices y se nos terminó todo. Tuve que dejar la escuela para poder sacar a mi madre de la cama, nos costó mucho, y para que lo entendiera pasaron más de diez años", dijo entre otras cosas.

Jorge Oliveros

Jorge Oliveros era policía en el año 1976 y continuó en la fuerza hasta 1992 en que renunció. Él habló sobre otro caso que se investiga en este denominado Megajuicio. Recordó que otro efectivo de apellido Carrizo le comentó que mientras había estado de guardia había fallecido Vicente "Yango" Rodríguez.

Si bien dijo que él desconocía que a los presos políticos se les practicara tormentos en la dependencia en la que trabajaba -Investigaciones- y que tampoco sabía como interrogaban en el D2. Pero cuando le preguntaron si alguien podía haberse negado a cumplir una orden del entonces subjefe de la policía, Carlos Pla, respondió tajante: "No sé como me hubiera ido de no cumplir una orden de Pla", ya que lo describió como una persona de modales violentos, que siempre andaba armado "con una Itaka y dos revólveres". "Tuve suerte", dijo al señalar que nunca había recibido una orden directa para aplicar malos tratos.

De Ortubia Salinas -también encausado- dijo que recordaba que era escribiente, "con mucha habilidad para preguntar y volcarlo en el escrito", porque tenía "muy buena redacción", cosa que lo destacaba del resto, ya que la mayoría, incluso él, habían entrado a la fuerza policial "con séptimo grado" de la escuela.

Si bien no aportó mayores datos, en su testimonio hizo referencia a la muerte de Yango Rodríguez, quien murió en un calabozo, de muerte natural según la versión oficial de aquellos años, pero que había sido torturado terriblemente luego de su cautiverio.

Anibal Oliveras

El relato del profesor Anibal Franklin Oliveras tuvo muchas similitudes con el que había brindado en el primer juicio que se desarrolló en San Luis, aunque se detuvo en algunas particularidades.

Esta vez habló de la fisura en el esternon que todavía llevaba de recuerdo de un golpe que le dio en el pecho Carlos Pla, de otro problema que tuvo en la espalda por los golpes sufridos en la tortura y de una secuela por una otitis mal curada, que se le produjo a raíz de haber sido sumergido en 'el submarino', al que fue sometido en un centro clandestino.

Sobre ese centro clandestino, que recien pudo identificar años más tarde, dijo que se encontraba en la calle Chile y que lo descubrió producto de la casualidad, ya que cuando entró a trabajar en la Universidad Nacional de San Luis, la institución alquiló una casona a la vuelta del edificio donde actualmente se ubica el Rectorado y que allí reconoció a ese inmueble como el lugar donde había sufrido torturas en más de una oportunidad.

Oliveras aportó el nombre de cada uno de los compañeros de cautiverio que compartieron con él las celdas de la Penitenciaría y echó luz sobre algunos detenidos sobre los que habría pocas pistas o testimonios que hablen de ellos.

Estaba allí cuando el cura Coscarelli, Capellán del Ejército, descubrieron que les sacaba información durante el sacramento de la confesión y se las daba a los represores. "Cuando nos dimos cuenta, lo hablamos y le dijimos que no volviera más, porque lo íbamos a matar" y el cura no regresó, dijo.

También habló del accionar "patético" de Juan Rodolfo Laise, en una misa que se celebró el 22 de noviembre de 1976, en donde "no dijo que a nosotros tenían que extirparnos el alma", que en palabras de San Agustín se traducirían como "destrozar el cuerpo para salvar el alma".

También Oliveras reiteró lo que había dicho en el juicio anterior, con relación al entonces Secretario Federal Carlos Martín Pereyra González y al Juez Federal Eduardo Allende, que estaban "pared de por medio" de donde se torturaba en la Jefatura de Policía, y que no pudieron no escuchar los tormentos a los que eran sometidos los detenidos que eran llevados a esa oficina.
Informe: Gustavo Senn