La justicia francesa confirmó la extradición del represor Mario Sandoval

Por el secuestro y desaparición de Hernán Abriata, la justicia francesa falló en favor de la extradición a la Argentina de Mario Alfredo Sandoval, ex oficial de la Policía Federal acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Carlos Loza, compañero de cautiverio de la víctima en la ESMA, dio detalles de la resolución. Por Liliana Giambelluca para ANRed. Fotos: Reinaldo Ortega

Luego de la tradicional ronda de los jueves de las Madres Línea Fundadora en Plaza de Mayo, Carlos Loza, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), dio la noticia de la extradición a la Argentina del expolicía Mario Alfredo Sandoval, “uno de los genocidas de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”, dijo. A media mañana de ese día, la Corte de Casación de Paris dio lugar a la solicitud de la justicia argentina por la participación del represor en el secuestro y desaparición del estudiante de arquitectura Hernán Abriata, en 1976.

“Esta lucha de casi 42 años no es individual, sino de un colectivo muy grande, pero debemos reconocer el esfuerzo de Betty, la madre de Hernán, ella tiene 91 años de edad, tenía pensado venir pero estaba muy emocionada. Ella es un ejemplo de la lucha de las madres”, destacó Loza, quien compartió cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con el joven Abriata.

También resaltó la lucha de toda la familia de Hernán y de su esposa Mónica Dittmar, y el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y de Adolfo Pérez Esquivel “que siempre están con nosotros”. Aunque “han pasado seis años (del pedido del juez Torres), hoy tenemos la posibilidad de que el genocida sea extraditado y juzgado en nuestro país y reciba la condena que se merece”.

En favor de la extradición del represor ya se habían pronunciado la Corte de Instrucción de París, en 2014, y la Corte de Instrucción de Versalles, el 19 de octubre de 2017. El abogado del Sandoval había apelado la medida, la que fue rechazada con esta resolución.

La Corte de Casación de París es la última instancia judicial en Francia a la solicitud de extradición que realizara en marzo de 2012 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, de la ciudad de Buenos Aires. Sandoval, alias “Churrasco”, está imputado en la “Causa ESMA”, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 500 víctimas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba en esa institución de la Armada.

No obstante, el final del proceso de extradición queda en manos del Poder Ejecutivo francés, quien mediante un decreto deberá ratificar lo resuelto por la Justicia. La medida es susceptible de ser recurrida por Sandoval ante el Consejo del Estado galo.

“Ahora entramos en una fase administrativa. El gobierno debe aplicar la decisión judicial y procurar que Mario Sandoval no se escape, porque no está encarcelado”, declaró Sophie Thonon, abogada del Estado argentino, en diálogo con AFP.

Asociaciones francesas encabezadas por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), en un comunicado instaron al gobierno francés a “proceder a la firma del decreto de extradición lo antes posible”.

Carlos Loza habla en Plaza de Mayo

“Con Hernán compartimos el cautiverio y la muerte. No compartimos la vida allí”

En aquellas conversaciones entrecortadas y a media voz que Carlos Loza mantuvo con Hernán Abriata durante el cautiverio en la ESMA, hubo un compromiso: aquel que saliera con vida iba a contar lo que allí vivió, escuchó y presenció. Y así lo hizo. Loza ha sido uno de los testigos y querellantes más importantes de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio, y, junto a la familia Abriata, ha luchado de manera incansable por la extradición del genocida Sandoval.

En diálogo con ANRed, Loza manifestó que “Hoy es un día de triunfo por Hernán y por los 30 mil”, pero “esto sólo es una etapa, yo espero que Sandoval esté acá” porque “no le tenemos confianza a esta gente, ni lo que puedan hacer, él puede aparecer suicidado o escaparse porque  tiene protección en cualquier lugar del mundo”.

Loza dice que en cada paso en el camino hacia la justicia, “siempre le digo a Hernán ‘Yo no te abandoné, compañero’, porque es el compromiso que adquirí con él. Hasta el último minuto de mi vida lo voy a recordar, porque compartimos el cautiverio y compartimos la muerte. No compartimos la vida allí”.

Ciudadanos argentinos residentes en Francia en la Corte

Procedimiento “de rutina”: secuestro y desaparición  

Un Grupo de Tareas comandado por Mario Alfredo “Churrasco” Sandoval secuestró al estudiante de arquitectura Hernán Abriata, el 30 de octubre de 1976. El joven, de 25 años de edad, se encontraba junto a su esposa Mónica Dittmar en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.

Dittmar declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que los hombres llegaron al domicilio de madrugada y Sandoval, vestido con ropa de fajina color verde, se presentó con su apellido, mostró un carnet de identificación y dijo que era inspector oficial de Coordinación Federal. Agregó que el procedimiento era “de rutina” y que, al día siguiente, la familia del joven recibiría información.

Abriata fue llevado a una quinta y en noviembre a la ESMA. Allí permaneció cautivo bajo condiciones inhumanas. Los represores le habrían adjudicado el número “002”.

Varios sobrevivientes que compartieron cautiverio con el joven, en sus declaraciones testimoniales ante la Justicia mencionaron su presencia en este centro clandestino. También declararon que entre el 4 y 5 de enero de 1977 fue “trasladado” junto al matrimonio Bibiana Martini y Claudio Adur.

Desde entonces, Hernán Abriata permanece desaparecido.

Genocida argentino asesor de Sarkozy

Mario Alfredo Sandoval egresó de la Escuela de Policía Ramón L. Falcón en los 70 y a fines de los 80 se recibió de Licenciado en Seguridad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Durante la última dictadura cívico-militar tuvo el cargo de oficial subinspector de la Policía Federal con destino en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) e integró el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En 1985 se radicó en Francia y en 1994 obtuvo la ciudadanía de ese país. Con el fin de evitar su extradición a la Argentina, el represor esgrimía esta nacionalidad, obtenida muchos años después de los hechos que se le imputan.

A sus antecedentes teóricos y empíricos que llevó a su nuevo destino, le sumó especializaciones en espionaje e inteligencia en lo económico, militar y estratégico, a la vez que se contactó con instituciones académicas, políticas y empresariales. Fue encargado de misiones de la Asamblea de las Cámaras de Comercio de Francia y se desempeñó como profesor y presidente de la Asociación Internacional Francesa de la Inteligencia Económica (AIFIE).

En 2002 dictó cursos en la Escuela Superior de Guerra como delegado de la Unión Europea para las Conversaciones de Paz en Colombia, fue consejero de paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y formó parte del grupo mediador para liberar a Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC.

En 2008 fue asesor en temas de seguridad y defensa en el gobierno de Nicolás Sarkozy. En tal carácter, y como experto en estos asuntos, era invitado por distintos países a dar charlas.

Profesores del IHEAL solicitaron la extradición

Sandoval también dictó cursos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Université Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé.

En septiembre del año pasado, cuando la Corte de Apelación de Versalles dio vista al pedido de extradición a la Argentina de Sandoval, profesores del IHEAL entregaron una Carta Abierta donde se pronunciaron en favor de la extradición del genocida.

La carta, firmada por una docena de profesores, se tituló “Caso Sandoval. Solicitud favorable a la extradición” y estableció que “La acción de la justicia es indispensable para conocer la verdad y así evitar que una persona responsable de crímenes de lesa humanidad pueda enseñar en una institución pública, incompatible con la ética universitaria”. Finalmente, los profesores recordaron que “en el IHEAL, parte central de la enseñanza es recordar las dictaduras y el cumplimiento de la justicia, es por eso que sostenemos necesario que la justicia argentina pueda actuar”.

Baldosa colectiva por lxs trabajadores judiciales (sábado 19- 10 hs.)

La familia Maldonado solicita Recusación de la Fiscal Avila

6 de mayo de 2018. En el día de la fecha se presentó el pedido de Recusación de la Fiscal Ávila y de Rafaela Ricono (esposa del Juez Guido Otranto) al mismo tiempo que solicitamos que se informe en detalle sobre la destrucción de las escuchas solicitadas por el Dr. Lleral.

La violencia desplegada por la señora Silvia Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el Dr. Otranto. 
Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que “eran violentos”. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo al momento de recusar a la señora Avila, que era dudoso de cuál era su interés: garantizar las condiciones para que declaren los testigos que estuvieron y/o conocieron los hechos protagonizados por Gendarmería Nacional en los que desapareció Santiago el 1 de agosto de 2017, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería proceso en la que ella es fiscal en causa 8144/2017. Ahora no quedan dudas que cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado.

La falta de ética de la señora fiscal Dra. Avila se plasma además, en contar como su secretaria a la esposa del Dr. Guido Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones. La señora Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del Dr. Otranto.

Siluetazo Casa Nono Lisazo : Viernes 23 de marzo

COMISIÓN por los DD HH de Trenque Lauquen a Avruj

"USTED COMO SECRETARIO DE DDHH ES UNA ESTAFA MORAL AL PUEBLO ARGENTINO, LICENCIADO AVRUJ"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, licenciado Claudio Avruj, dijo hace unos días que el reclamo nacional e internacional por Santiago Maldonado había sido "una estafa moral" al pueblo argentino. Ahora, que se cumplen 6 meses del momento en que Santiago desapareció de la faz de la Tierra para su familia y amigos, es decir medio año desde aquel 1 de agosto de 2017 en que corrió desesperado hacia las heladas aguas del río Chubut, perseguido por una tropa de gendarmes desenfrenados, es urgente expresar que el Estado todavía no explicó cuál fue su participación necesaria en los hechos que condujeron a la muerte por ahogamiento del joven solidario nacido en 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires).

Al licenciado Avruj, utilizando sus propias palabras queremos decirle que él mismo constituye, desde que asumió como secretario de DDHH, una estafa moral al pueblo argentino.

Usted, Avruj, es una estafa moral porque ha participado (junto con Lopérfido, Gómez Centurión y el mismísimo Presidente) del negacionismo que minimiza, con el objetivo de la impunidad para los genocidas, la magnitud del terrorismo de Estado.

Usted, secretario Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque fue el único funcionario que expresó acuerdo con la vergonzosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando concedió el 2x1 al genocida Muiña (al rato, al verse sacudido por las oleadas de repudio a ese fallo inmoral, Avruj retrocedió pretendiendo que olvidáramos su adhesión original a semejante beneficio para torturadores).

Usted, señor Claudio Avruj, es una estafa moral al pueblo argentino porque incumplió los deberes de funcionario público cuando no apeló el sobreseimiento dictado por el juez Ercolini en la causa Papel Prensa, beneficiando a los dueños de la opinión pública (Magnetto, Mitre, Herrera de Noble). Por esa omisión maliciosa Avruj fue denunciado en diciembre de 2016 por el abogado Pablo Llonto, imprescindible luchador en defensa de los derechos humanos.

Usted, Avruj, como secretario de DDHH es una estafa moral al pueblo argentino porque cada vez que algún agente estatal ha estado sospechado de cometer un delito que puso en riesgo la integridad de un ciudadano reaccionó en sintonía con la ministra de Seguridad, inhabilitando la búsqueda de Verdad y Justicia.

De modo que,  señor Claudio Avruj, si se trata de plantear "estafas morales" mírese en un espejo y observe cuán grande y cuán lejos de su idoneidad le queda el cargo que, lamentablemente para el pueblo argentino, ostenta desde diciembre de 2015. Hace casi 26 meses que le estamos pagando un sueldo considerable para que usted, Avruj, haga lo contrario de lo que manda la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos.

En las antípodas de este pseudosecretario de DDHH, y avalados por casi dos décadas de trabajo ad honorem en defensa de los derechos humanos, al cumplirse seis meses de su desaparición forzada seguida de muerte, volvemos a exigir: ¡JUSTICIA PARA SANTIAGO ANDRÉS MALDONADO! 

COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 1 de febrero de 2018.

Militares genocidas uruguayos identificados con el nazismo

Que fotito de los militares Uruguayos, asesinos y torturadores; reivindicadores del nazismo.

La imagen tomada a fines de los años setenta luego de un almuerzo con cuatro civiles invitados no identificados, muestra en el despacho del director de la Escuela de Armas del Ejército, general Alberto Ballestrino (centro), a los oficiales Luis Boan, Mario Latorre, Óscar Costa, Óscar Pereira, Perfecto Caride y Héctor Lluis, posando sonrientes junto a una bandera nazi.

No a la pena de muerte – Basta de represión- EMVyJ

No a la pena de muerte – Basta de represión

Desde mediados del año pasado, el gobierno nacional y sus socios provinciales profundizaron de manera inusitada lo que ya era, para entonces, un brutal avance represivo contra el pueblo trabajador.

Cada vez era más evidente que el gobierno de Cambiemos, decidido a imponer un ajuste brutal, afilaba sus herramientas represivas. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado marcó el inicio de una etapa todavía más descarnada, caracterizada por la enunciación de un plan orientado al establecimiento de un estado de excepción de hecho, como lo denunciamos después del fusilamiento de Rafael Nahuel. A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores organizados del campo popular, y de la cada vez mayor militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, que no dejan dudas sobre el nuevo paradigma de gobierno.

Desde el “no voy a tirar un gendarme por la ventana” hasta “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, pasando por los aportes de la vicepresidenta Michetti (“el beneficio de la duda es siempre para las fuerzas”) o del propio presidente (“hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”), se fue haciendo pública una política que tuvo un inmediato correlato con la reiterada represión a multitudinarias marchas: la del 1/9, que terminó con 31 detenidos y detenidas; la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba, seguida inmediatamente por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares en esa ciudad y las brutales represiones a las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

La lógica represiva del gobierno de Macri se plasmó en el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no supiéramos para qué lo fabricaron. Con total descaro se mezclan allí referencias y nombres de organizaciones, compañeros y compañeras en una retahíla de falsedades que pretende deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.

El poder judicial, siempre permeable a la voluntad del poder político, rápidamente se sumó a la ofensiva, con la intervención de la justicia federal en las detenciones en manifestaciones, y el uso de figuras típicamente usadas para criminalizar de modo efectivo la protesta.

Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de septiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia de represión a la protesta. A las graves imputaciones se suman, como medidas “probatorias”, recursos tecnológicos que invaden la privacidad de las personas y violentan el derecho a la expresión, a través del “ciberpatrullaje” y otras formas de recopilación y análisis de los perfiles y contenidos de las redes sociales, así como de los registros, llamadas, mensajes, chats, contactos y archivos almacenados en teléfonos celulares u otros soportes digitales. A la vez, un grupo de jueces y fiscales utilizan las resoluciones y dictámenes judiciales para exhortar al gobierno a endurecer aún más las leyes:

· El fiscal de Cámara Germán Moldes, en la causa del 1/9, reclama que se reforme el Código Penal para prohibir las excarcelaciones de personas detenidas en manifestaciones.

· El fiscal Carlo Rívolo pretende encarcelar y procesar a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por el delito de “rebelión” por la movilización del 18/12.

· El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó trabajadores de prensa que filmaron su propia detención.

· El juez Claudio Bonadío aplicó linealmente la tesis de que “la versión de las fuerzas represivas es versión de verdad” al procesar 34 personas sólo con el contenido de las actas policiales y contra la evidencia de falsedad aportada por las defensas, y mantiene a cinco de ellas en prisión desde el 14/12.

· El juez Sergio Torres persigue con la figura de “rebelión” al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y reclama al gobierno un “protocolo” de actuación policial que “reduzca al máximo el tiempo de las movilizaciones.

La lista sigue, como la causa contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de algunos de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18/12.

De la mano de este avance de la represión a la protesta y la lucha organizada, se profundizó también de manera inédita en democracia la represión contra los sectores populares, en los barrios de nuestras ciudades. Con 725 asesinatos por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención en sus primeros 721 días de gobierno, Cambiemos se ubica como el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre 1983. Y ahora, en el marco del llamado “caso Chocobar”, al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, el gobierno nacional decidió dar otro salto, de nuevo con el protagonismo central de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el Jefe de Gabinete, y, lo más simbólico, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo define todo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”, dirigido a quien horas antes había sido procesado –con enorme levedad- por fusilar a Juan Pablo Kukoc (18) por la espalda.

El presidente Macri y su primera línea de funcionarios dieron a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich. Prueba de que la orden fue comprendida es la breve pero explícita provocación que amaneció al día siguiente de la reunión del presidente con el policía fusilador en el frente del local de CORREPI: “Aguante Chocobar”, léase “Aguante el gatillo fácil”.

De infinita mayor gravedad fue el atentado perpetrado el 14 de enero contra el compañero Martín Alderete, abogado de CADEP y defensor de presos y perseguidos políticos, con una bomba incendiaria arrojada en el interior de su automóvil, sin dudas una “advertencia” a toda la militancia antirrepresiva.

El gobierno de Macri pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar. El Gobierno Nacional a través de sus declaraciones se ha declarado partidario de la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. Como además las políticas fascistas se afilan con la desmemoria y la impunidad en los últimos meses se ha “premiado” con la prisión domiciliaria a los más emblemáticos genocidas de la última dictadura. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama una campaña colectiva, con la más amplia unidad de acción, para defendernos.

Por eso, los organismos y organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, decimos:

¡No a la pena de muerte!

¡Libertad a las presas y los presos políticos!

A los genocidas la cárcel ¡ya!

Cierre de todas las causas contra luchadores y luchadoras

Basta de persecuciones y hostigamiento

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

¡Fuera Bullrich!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

10/2/2018