Chile : “Contreras murió en una impunidad impresentable”

Lo dijo Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Se refirió a la muerte de Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el área que manejó durante 17 años y que el principal herramienta del aparato represivo de la dictadura pinochetista. Fue, además, una pieza clave en la creación del Plan Cóndor.

    “En Chile aún no hemos sido capaces de reconstruir nuestra...

Cercado por la justicia, y por diferentes enfermedades, murió a los 86 años el hombre que durante 17 años manejó la red de espionaje más amplia y nutrida de América Latina. Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) de Chile, cumplía una condena de 529 años de cárcel en Punta Peuco, un presidio construido en las afueras de Santiago para encerrar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. “Provoca frustración porque, finalmente, Contreras murió en una impunidad impresentable”, dijo Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que trascendiera la noticia de su muerte. “El dolor que vivió Chile no se desaparece porque muera el jefe del aparato represivo de Pinochet. Necesitamos garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó la dirigente en una entrevista a la televisión chilena.

El 28 de julio pasado, a causa de sus enfermedades avanzadas, Contreras había sido trasladado desde el penal hasta el hospital Militar, en las afueras de Santiago de Chile. El viernes murió allí el hombre que fue una pieza clave en la creación del Plan Cóndor —la coordinación de las dictaduras militares de América del Sur para perseguir borrando las fronteras nacionales a opositores políticos—, y se vanagloriaba de haber manejado una vasta red de 50.000 informantes en Chile y en el exterior. Luego de ser condenado por numerosas masacres en los tribunales de su país, se fue sin mostrar ni una señal de arrepentimiento: desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, se calcula que la dictadura militar chilena torturó y  desapareció a 38.000 personas, según informes oficiales elaborados en democracia.

La primera vez que el mentor de la policía secreta traspuso las rejas fue en octubre de 1995, después de que un tribunal lo condenara a siete años de cárcel como autor intelectual del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976. Al funcionario lo mataron con una bomba que había sido colocada debajo de su auto, y que había sido activada por control remoto por un agente de la CIA, Michael Townley. Cuando lo fueron a detener, Contreras se atrincheró en una finca del sur del país. El propio Pinochet lo llamó por teléfono y le aconsejó entregarse. Desde mucho tiempo atrás, Contreras consideraba que su jefe había abandonado a quienes hicieron el trabajo sucio de la represión. En 1997, aseguró que el ex dictador era el verdadero capo de la DINA.

Chile : Guayacán, donde ejecutaron a niños

En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra
CONOZCA: Coquimbo, donde dinamitaron a Sonia, Mario y a Germán
El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"¿Qué saben ustedes...?"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".

Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"

Comenzó el juicio oral contra el perito Roberto Locles por dañar pruebas en elcaso de Mariano Ferreyra

Seis colegas contra el acusado

Locles, acusado de manipular y alterar la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, se negó a declarar. “Fue un momento bastante traumático, repentino y me quedé atónito”, planteó un perito de la policía durante su testimonio.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar ayer al perito Roberto Locles, acusado de manipular la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado por una patota ferroviaria durante una marcha. El imputado se negó a declarar y la querella que representa a Beatriz Rial, la mamá de Ferreyra, evaluó positivamente la jornada de ayer. “Los testigos probaron la acusación”, consideró uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrón. Fueron seis los testimonios de peritos que se escucharon. Otros ocho completarán la nómina el miércoles, cuando el tribunal espera poder también tomar nota de los alegatos de las partes.

Cerca de las 9.30, los jueces Gustavo Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani dieron comienzo al proceso oral que determinará si Locles es culpable o no de haber inutilizado o alterado un medio de prueba, específicamente la bala que mató a Ferreyra. El hecho sucedió cuando, contratado por la defensa del ferroviario Guillermo Uño –estuvo acusado de integrar la patota que mató a Ferreyra y recibió la absolución del Tribunal Oral Nº 21 en abril pasado–, Locles golpeó el proyectil contra una mesa, varias veces, con la aparente intención de convencer al resto de los peritos de que el plomo, antes de impactar en el cuerpo del joven, había rebotado contra la calle. El delito prevé cuatro años de prisión.

Durante la jornada de ayer declararon seis peritos que participaron de aquel momento en el que el acusado marcó la bala. Ellos labraron un acta y tomaron fotos del proyectil modificado para comunicarle el hecho a la jueza Wilma López, a cargo de la determinar lo ocurrido aquella mañana de octubre de 2010 en la que murió Ferreyra y otros tres militantes resultaron heridos. Ella luego radicó la denuncia penal contra Locles. Los cuatro peritos de la Policía Federal, Juan Leguiza, Edgardo Ríos, Matías Romero y Martín Descalzo, así como los dos profesionales aportados en aquella ocasión por el CELS, Silvia Buffarini y Diego Gómez, ofrecieron su testimonio luego de que el acusado se negara a declarar y los jueces rechazaran un pedido de nulidad de la acusación presentado por su defensa.

“Los testigos aportaron relatos que prueban lo que se venía vislumbrando en la instrucción, la acusación contra Locles”, evaluó Efrón, que comparte la querella con su colega Maximiliano Medina. Además de su representación, también participa del juicio la querella en representación de los militantes del PO heridos en las mismas circunstancias en que murió Ferreyra. La acusación está a cargo del fiscal Fernando Fiszer. Para ayer también estaban citados los dos peritos de Gendarmería, María Silvina Lastreti y Gonzalo Díaz, que participaron en aquella junta. El testimonio de Lastreti fue aportado por lectura debido a que se encuentra residiendo en el exterior. A Gómez, que fue trasladado a Neuquén, el tribunal lo citó para el miércoles.

Leguiza, quien durante la junta de peritos fue el encargado de identificar la bala ante sus colegas y de diferenciarla del resto de los plomos que estaban a disposición para manipular en caso de considerarlo necesario para evaluar hipótesis, fue el primero en declarar ayer. “Fue un momento bastante traumático, en cuestión de segundos pasó todo, fue sorpresivo, repentino y me quedé atónito”, planteó ante los jueces sobre el momento en que, según la denuncia en su contra, Locles tomó el proyectil y lo golpeó sobre la mesa en la que trabajaban. “Era la primera vez que sucedía algo así con una prueba de causa”, coincidió Romero.

Según el expediente, Locles golpeó la bala mientras decía: “¿Ven que esto no se deforma?”. En su testimonio, Descalzo lo desmintió: “Cualquier persona se da cuenta de que un proyectil de plomo desnudo se va a deformar si se hace esta operación”. “Cuando lo soltó, lo tomo y veo que tiene un brillo que antes no tenía, dejamos constancia y él se retira sin firmar, lo llamaron por teléfono, salió afuera y cuando volvió dijo que se tenía que ir y pasaría a firmar al día siguiente”, aseguró Leguiza.

Previo a la ronda de testimonios, Locles se negó a prestar declaración indagatoria y sólo dio sus datos personales: “Dentro de media hora cumplo 76”, dijo y anticipó que hablará al final del juicio. Ante la decisión, los jueces ordenaron leer la declaración que prestó en la instrucción de la causa, cuando afirmó que no tuvo voluntad de dañar la prueba. “Nunca tuve intención de hacerlo, estaba muy nervioso, con un ataque de presión y por su dureza no lo hubiese deformado”, se defendió el 1º de abril de 2011 ante el juez Alberto Baños, que lo procesó.

Cuatro militares implicados en el asesinato de Víctor Jara: ¡¡en libertad bajo fianza!!

Cuatro exmilitares acusados de su complicidad en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara recibieron el beneficio de la libertad bajo fianza mientras dure el proceso judicial en su contra.

La libertad condicional bajo fianza fue concedida por la justicia chilena a cuatro exmilitares acusados de complicidad en el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973, informaron fuentes judiciales.

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la excarcelación de los exmilitares Edwin Dimter, Nelson Hasse, Raúl Jofré y Luis Bethke, mientras dure el proceso.
Los cuatro habían sido detenidos el pasado diciembre, señalados de ser cómplices del asesinato de Víctor Jara, ocurrido pocos días después del golpe de Estado que instaló la dictadura de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Jara fue torturado y luego acribillado con 44 balazos.
... El juez titular del caso, Miguel Vázquez, procesó esa vez a los exmilitares Hugo Sánchez y Pedro Barrientos como autores materiales del crimen, y a Roberto Souper y Jorge Smith, también como cómplices.
"La libertad bajo fianza de cuatro de las personas involucradas es simplemente aprobar lo que el ministro instructor de la causa ha estimado que era ya posible", comentó el abogado querellante, Nelson Caucoto, sobre el avance del proceso, que aún debe ser ratificado por la Corte Suprema.
"La fundación y la familia estamos tranquilos. Sabemos que la libertad bajo fianza es parte del proceso. Que pueden estar en libertad esperando lo que va a ocurrir (en las instancias superiores de justicia)", señaló de su lado Gloria König, directora de la Fundación Víctor Jara.
Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar contra el presidente Salvador Allende y fue trasladado hasta el Estadio Nacional, convertido en centro de torturas y crímenes de la dictadura de Pinochet. Este recinto hoy lleva su nombre.

En ese estadio el cantante, quien también era director teatral, fue torturado por los militares por su militancia comunista y su defensa activa del programa de Unidad Popular que encabezó el fallecido presidente socialista Salvador Allende. Sus compañeros de reclusión fueron testigos de las heridas que causaron las torturas hasta que desapareció desde las tribunas del local deportivo.

Su cadáver mutilado y con decenas de impactos de bala fue arrojado en un suburbio y luego trasladado a la morgue capitalina, donde pudo finalmente encontrarlo su viuda, la bailarina y coreógrafa británica Joan Turner.
En el 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes, quien fue acusado del asesinato del cantante.
teleSUR-AFP/MM

Detenidos cuatro de los siete ex oficiales del ejército chileno procesados por el asesinato de Victor Jara

Santiago de Chile, 2 de Enero 2013. Uno de los detenidos es el coronel retirado Hugo Sánchez Marmonti, quien se entregó en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Al mismo lugar acudió Jorge Smith Gumucio, mientras que Edwin Dimter Bianchi se presentó en los tribunales.

La cuarta persona, que también se entregó en el Tribunal de Apelaciones, todavía no ha sido identificada.
El juez señaló en el auto de procesamiento que el 11 de septiembre de 1973 tropas del Ejército sitiaron la Universidad Técnica del Estado y detuvieron a miles de alumnos, docentes y personal de la institución, entre los que se encontraba el cantautor chileno.

La mayor parte de los detenidos acabaron en el Estadio Chile, el cual fue renombrado como Estadio Víctor Jara en el 2003, custodiado por diversos efectivos del Ejército. Jara fue torturado en dicho edificio y el 16 de septiembre fue ejecutado.
Una vez conocida la noticia, el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, dijo que “nada está consolidado. Hay una resolución importante, pero el juicio no ha terminado.
Caucoto agregó que “hay que prepararse pues estos individuos (militares) tendrán todas las garantías judiciales que Víctor no tuvo".

Ocho antiguos oficiales se encuentran ahora procesados por su muerte, en el caso de Sánchez Marmonti y del teniente Pedro Barrientos Núñez por un presunto delito de homicidio. Las otras seis personas señaladas serían cómplices de la muerte del cantautor.

A mediados de mayo a través de un reportaje del programa “En la Mira”, de Chilevisión, se conoció que el presunto asesino de Jara es Pedro Barrientos, residenciado en Florida (sur de EE.UU) desde el año 1990.

Una vez conocido este reportaje, el abogado de la familia de Víctor Jara instó al Ejército chileno a colaborar con el esclarecimiento de la muerte del cantautor.
Caucoto dijo en su momento que “llevamos 38 años esperando que el Ejército chileno entregue los antecedentes que posee de la causa y no lo ha hecho. Me parece vergonzoso que no tengamos ninguna colaboración de esa institución y no hayan aportado ningún nombre al proceso”.
En el material audiovisual presentado por Chilevisión se puede ver y oír al exmiembro del Ejército chileno, José Paredes, quien dijo que Barrientos “le disparó a Jara casi a quemarropa, porque no le respondía, para mí que ahí lo sacó de quicio y le disparó”.

Por su parte la viuda de Víctor Jara, Joan Jara manifestó en una conferencia de prensa que al fin se está haciendo justicia “por algo por lo que hemos luchado por tantos años”.
Así lo informó la corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell, quien reportó a través de su cuenta en la red social Twitter (@BeatrizteleSUR) que “Joan Jara, viuda de Víctor Jara, comienza su conferencia de prensa mientras ex militares son apresados por homicidio del cantante popular. 'En otra parte de la ciudad está ocurriendo algo por lo que hemos luchado durante años' Joan Jara en referencia a detenciones”.

Michell añadió que “Joan Jara se emocionó en conferencia de prensa en Estadio Víctor Jara, lugar donde fue asesinado el cantautor”.
La hija de Víctor Jara, Manuela Jara pidió que los tribunales de Justicia soliciten la extradición de exmilitar Pedro Barrientos desde EE.UU. Barrientos tiene una orden de detención para ser procesado por asesinato de su padre.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, afirmó que “aquí no hay nada que celebrar. Hay tristeza, impotencia. Esperemos que cuando estén condenados no se les dé beneficios a los militares".
Lira agregó que “le exigimos a la Corte Suprema que pida la extradición de Barrientos porque Estados Unidos debe responder, porque el crimen de Víctor y el de todos los que se cometieron en este país tengan justicia plena".

Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar, apoyado por Washington, contra el presidente Salvador Allende y fue trasladado hasta el Estadio Nacional, convertido en centro de torturas y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese estadio el cantante, quien también era director teatral, fue reiteradamente torturado por los militares por su condición de comunista. Sus compañeros de reclusión en el estadio pudieron observar el resultado de las torturas hasta que desapareció desde las tribunas del local deportivo.

Su cadáver mutilado y con decenas de impactos de bala fue arrojado en un suburbio y luego trasladado a la morgue capitalina, donde pudo finalmente encontrarlo su viuda, Joan Jara.
En el 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años.