El Ministro Jorge Triaca en la misa por un represor

Ni una misa para los trabajadores

El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas antes de la gran concentración obrera del viernes.

  Por Alejandra Dandan

A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país, el ministro de Trabajo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Angel Egea, un socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice, imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y al brigadier Raúl Lacabanne. El ministro Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas condolencias que recibió Miguel Angel Egea el día de su muerte en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación.

Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. - A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. - Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.

En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.

El otro

Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.

“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”

Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo. Por otro lado, investiga la relación entre esas sociedades locales y otras radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay. Bajo la hipótesis de lavado de dinero, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en 2014 presentó al juzgado un informe en el que entendía que una serie de empresas locales con balances negativos habían recibido entre 2001 y 2013, 19.008.513 pesos. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos dijo la UIF en ese momento, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. La UIF para entonces a cargo de José Sbatella, estaba convencida que detrás de las empresas radicadas en el exterior estaban los mismos nombres de los dueños de esas sociedades en argentina.

En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.

En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William Whamond, el alias de Jorge Radice.

Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.

De la Triple A a la Estrella de la Fortuna

Así se llama el documento que Eduardo Luis Duhalde escribió sobre Egea. El ex secretario de derechos humanos, lo ubica como uno de los miembros de los grupos fundadores de la Triple A en la provincia de Córdoba, precedente del Comando Libertadores de América. En los años ‘70 y ‘80 tuvo varias causas por estafa. De acuerdo al documento de Duhalde, en 1967 fue detenido por usurpación de títulos y honores art. 267; en 1974 tuvo una causa por infracción al 302 de cheque sin fondos y dos causas por estafa. En 1977, tuvo otra causa por estafa. En 1979, dos quiebras. En los ‘80 aparecen las sociedades con los marinos. En los ‘90, llega a Buenos Aires de la mano de Alberto Kohan. Según publicó este diario en 2003, “con el nacimiento del menemismo, se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento y según testimonios periodísticos se lo veía con su jefe y amigo (Kohan) arriba del Menemóvil, vehículo que transportó a no pocos violadores del Código Penal, como el propio Radice”. Cuando Julio César “Chiche” Aráoz, con quien tenía relación desde Córdoba, pasó a desempeñarse como secretario de Energía en 1989, lo llevó como asesor. Egea paralelamente montó una consultora especializada en hidrocarburos en la calle Mitre al 900. Aráoz pasó de Energía a ser interventor en Tucumán y luego ministro de Salud y Acción Social, área de la que dependía Lotería Nacional. El documento de Duhalde, también dice que en 1997, pidió renovación de pasaporte y dio como referencias a Nicolás Ciccone y Hugo Budkin y declara que trabaja en Martiel S.A. Para la época comienzan los contactos con el Casino Flotante. En el año 2000, este diario preguntó por su participación en el Casino Flotante a Jorge Lima que fue vicepresidente de Lotería Nacional durante el menemismo. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12.

Durante esa época, Egea también estaba detrás de una agencia de publicidad. Tenían el juego del Cash y el Loto e imprimían cartones en Ciccone.

Chile : “Contreras murió en una impunidad impresentable”

Lo dijo Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Se refirió a la muerte de Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el área que manejó durante 17 años y que el principal herramienta del aparato represivo de la dictadura pinochetista. Fue, además, una pieza clave en la creación del Plan Cóndor.

    “En Chile aún no hemos sido capaces de reconstruir nuestra...

Cercado por la justicia, y por diferentes enfermedades, murió a los 86 años el hombre que durante 17 años manejó la red de espionaje más amplia y nutrida de América Latina. Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) de Chile, cumplía una condena de 529 años de cárcel en Punta Peuco, un presidio construido en las afueras de Santiago para encerrar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. “Provoca frustración porque, finalmente, Contreras murió en una impunidad impresentable”, dijo Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que trascendiera la noticia de su muerte. “El dolor que vivió Chile no se desaparece porque muera el jefe del aparato represivo de Pinochet. Necesitamos garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó la dirigente en una entrevista a la televisión chilena.

El 28 de julio pasado, a causa de sus enfermedades avanzadas, Contreras había sido trasladado desde el penal hasta el hospital Militar, en las afueras de Santiago de Chile. El viernes murió allí el hombre que fue una pieza clave en la creación del Plan Cóndor —la coordinación de las dictaduras militares de América del Sur para perseguir borrando las fronteras nacionales a opositores políticos—, y se vanagloriaba de haber manejado una vasta red de 50.000 informantes en Chile y en el exterior. Luego de ser condenado por numerosas masacres en los tribunales de su país, se fue sin mostrar ni una señal de arrepentimiento: desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, se calcula que la dictadura militar chilena torturó y  desapareció a 38.000 personas, según informes oficiales elaborados en democracia.

La primera vez que el mentor de la policía secreta traspuso las rejas fue en octubre de 1995, después de que un tribunal lo condenara a siete años de cárcel como autor intelectual del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976. Al funcionario lo mataron con una bomba que había sido colocada debajo de su auto, y que había sido activada por control remoto por un agente de la CIA, Michael Townley. Cuando lo fueron a detener, Contreras se atrincheró en una finca del sur del país. El propio Pinochet lo llamó por teléfono y le aconsejó entregarse. Desde mucho tiempo atrás, Contreras consideraba que su jefe había abandonado a quienes hicieron el trabajo sucio de la represión. En 1997, aseguró que el ex dictador era el verdadero capo de la DINA.

Acompañamos a los trabajadores del Hospital Evita de Lanús. Repudiamos el represor Roberto Cabrera

Desde el espacio Justicia Ya La Plata acompañamos a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Interzonal General de Agudos “Evita” de Lanús, quienes han decidido rechazar la atención a un genocida de la última dictadura. Se trata de Roberto Cabrera, que ingresó en la noche de ayer a la Unidad Coronaria del nosocomio con un cuadro leve y a la espera de la colocación de un marcapasos.

El represor Roberto Antonio Cabrera ingresó a la Policía bonaerense en 1951, y se desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús desde el 24/3/76 hasta el 29/5/78. Participó activamente de las patotas de Investigaciones que comandaba el genocida Miguel Etchecolatz y que asolaron la zona sur del conurbano desde los 29 Centros Clandestinos de Detención del llamado “Circuito Camps”.

Cabrera fue condenado a 18 años de prisión por el TOF 1 de La Plata en diciembre de 2012 por 19 casos de secuestros y torturas cometidos en el CCD denominado “Puesto Vasco”, que funcionó en dictadura en la Sub-comisaría de Don Bosco, en Quilmes. Fue reconocido por los sobrevivientes Liberman, Papaleo, Miralles y Alvite entre otros, quienes coincidieron en que Cabrera quedaba a cargo del lugar cuando no estaba el represor llamado “Rojas”.

Apoyamos el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud que no quieren ser cómplices de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país por la peor de las dictaduras que sufrió nuestro pueblo. Rechazamos las presiones a las que los compañeros están siendo sometidos de parte de la dirección del hospital para que atiendan a semejante asesino.

La responsabilidad del Estado sobre la custodia y atención médica de los genocidas de la última dictadura no puede ser delegada en la responsabilidad individual de los trabajadores. Mucho menos cuando el Estado tiene a su disposición todas las herramientas técnicas para otorgar la atención médica que estos asesinos reclaman, pero hacerlo en las dependencias del hospital de penal de Ezeiza.

Asimismo llamamos a las organizaciones sindicales ATE y CICOP a acompañar la decisión de los trabajadores del Evita de Lanús y a sostener esta medida, que excede las “razones humanitarias” y compromete el derecho a no realizar una tarea con la que fundadamente no se está de acuerdo.
 

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES

Justicia Ya La Plata
8 de Mayo de 2015

Sexto día de lucha Qom en Buenos Aires y Formosa

(APL) “Estamos preocupados por el corte de ruta 86 de los hermanos en Formosa porque hay vecinos criollos que impiden a los indígenas hacer compras en Laguna Blanca, y, a la vez, la policía está siempre con su hostigamiento. Yo voy a seguir en el acampe hasta que sean atendidos nuestros reclamos, hasta que nos reciba la presidenta y lo que tienen que resolver tanto dolor y humillación”. Así lo expresó Félix Díaz, carashé de la comunidad Qom de La Primavera, quien reclama en de 9 de Julio y Avenida de Mayo junto a cinco hermanos, aunque mañana se sumarán otros más. Félix se recuperó hoy, luego de una descompensación que fue atendida en el Hospital Argerich y ya se halla, firme, en la lucha.

Luego de la solidaridad, ampliamente difundida del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel, se sumaron numerosos apoyos que hacia la luchas Qom en Buenos Aires. Entre ellos se halla el de Elia Espén, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el del periodista Herman Schiller y también mandaron su palabras de aliento la Multisectorial de Cipolletti.

SOLIDARIDAD DE ELIA ESPÉN
Estamos acá para acompañar a Félix Díaz el Qom que representa a todos sus compañeros que quedaron allá en Formosa, que siguen siendo atacados y despojados de toda su cultura y de toda su tierra por el famoso gobernador. Yo pregunto ¿no hay alguien que lo pueda parar a ese gobernador? Sí, hay alguien que lo pueda parar: la señora presidenta la podría parar, pero qué pasa? que la señora presidenta defensora de los DD.HH. creo que le interesa poco y nada lo que le está pasando a todos nuestros amigos los aborígenes que deben ser respetados en su cultura porque son los primeros que estuvieron en esta tierra y nadie tiene derecho a despojarlos de nada; pero la señora presidenta lo único que hace es callarse la boca, no nombra a los Qom, no nombra a nadie de los que a ella le parece que no los debe nombrar y pienso que se equivoca.

Yo le pediría como mujer que piense un poco, si es que le da para pensar un poco y bajar un poco su soberbia que la tiene y mucha y es una lástima, porque en este momento no necesitamos soberbia, necesitamos comprensión hacia todo el que sufre porque eso también son DD.HH. – no solamente nuestros queridos desaparecidos- DD.HH. también, siempre digo lo mismo, es el trabajo, la salud, la educación y el respeto que se le debe a todo el que piensa diferente, porque yo pienso diferente y mucha gente piensa diferente y por eso no somos enemigos, de ultima somos disidentes y nada más y nos gustaría sentarnos en frente a los que piensan distinto, discutir, porque de la discusión – buena como debe ser sin atacarse- de la discusión, de los cambios de opiniones de ahí surge lo que verdaderamente tendría que ser este país: un país libre, soberano alejado de toda esta discordia que ha llegado a todos y que todo el mundo está atacándose, que ya no se respeta nadie pero por qué?

Porque de arriba mandan como un mensaje creo yo, “si pensas como yo sos mi amigo y si no sos mi enemigo” eso no debe ser; así que bueno -como dicen los chicos, a ver si se ponen las pilas y defienden un poco a los Qom y a todos los aborígenes y a todos los que luchan por sus derechos. Gracias.

PALABRAS DE HERMAN SCHILLER
Vine a saludar a Félix Díaz y con él a la lucha del pueblo Qom como símbolo de los pobres que están resistiendo la explotación y el avasallamiento. El pueblo Qom es un emblema de todas las luchas que hay en nuestro país, es una lástima que el campo popular – el así llamado campo popular- hoy no haya estado presente, no hay lideres no hay nada, quizás porque acá no pueden cosechar votos, pero están los luchadores y yo me siento muy honrado de haber estado acá y de haber abrazado a Félix Díaz que no solo es un hermano sino un símbolo de lucha”.

APOYO DE LA MULTISECTORIAL DE CIPOLLETTI

Ante el acampe que está llevando a cabo la comunidad Qom “La Primavera” la Capital Federal, la Multisectorial de Cipolletti quiere hacer llegar su adhesión a este legítimo reclamo.
Desde hace unos años los pueblos originarios del norte argentino, en especial las comunidades Qom y Wichí, vienen sufriendo la represión por parte de los terratenientes locales y los gobiernos provinciales de Formosa y Chaco, y el gobierno nacional que a fines de 2013 nombró como Jefe de Gabinete a Capitanich, quién hoy está citado (junto a la ministra Alicia Kirchner) por su participación en este genocidio silenciado. Como consecuencia de estas políticas han sido asesinadas decenas de personas de la comunidad, que se suman a las muertes por desnutrición y falta de atención médica.

En la provincia del Río Negro las comunidades mapuches también sufren los mismos avasallamientos por parte del gobierno provincial para servir a los intereses de las empresas petroleras y las corporaciones agropecuarias. Por eso consideramos que este reclamo de la comunidad Qom representa la lucha de todos los pueblos originarios del país y Latinoamérica por Tierra y Justicia.

Desde la Multisectorial de Cipolletti acompañamos el reclamo, exigimos al gobierno provincial y nacional el cumplimiento de las demandas de la comunidad Qom, y los hacemos responsables de su seguridad

Arrancó un juicio en Roma contra 32 represores sudamericanos

La Justicia inició un proceso contra miembros de las dictaduras de la región por la muerte de 20 italianos. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar.

Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso. [Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso.]
La Justicia italiana inició el jueves un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas de 1970 y 1980 por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.

Troccoli, ex capitán de navío, de 67 años, está acusado de la muerte de seis italianos. Llegó a vivir en Italia tras huir de Uruguay para evitar la cárcel.

El proceso se realiza en una sala de la cárcel romana de Rebibbia.

La Operación Cóndor fue un plan urdido por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal Giancarlo Capaldo inició la investigación en 1999, tras la denuncia de un grupo de familiares.
Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo uruguayo que desapareció el 1 de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que estaba contenta de que se efectuara este proceso. Al mismo tiempo, lamentó no haber tenido ayuda de parte de las autoridades de los países de los militares acusados.

“Los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”, le declaró a la agencia de noticias AP.

Agregó que “esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”, que permanecen desaparecidos.

Aunque seguramente no se les podrá aplicar una eventual condena a los militares procesados, Mihura dijo que “la sociedad tiene muchos otros modos para hacer valer esa condena”.

Además de Troccoli, los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca. También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

El proceso fue suspendido por la jueza hasta el 12 de marzo
El proceso en Italia contra 32 ex militares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, fue suspendido ayer hasta el 12 de marzo, tras desestimar la jueza varias peticiones de las defensas.

La de ayer era una audiencia técnica, en la que se debían resolver peticiones de los letrados defensores y establecerse las acusaciones particulares que actuarán durante el juicio.

Sin embargo, las numerosas reivindicaciones de los defensores llevaron a la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal de Roma, Evelina Colella, a aplazar la vista hasta dentro de un mes.

La cuestión que más tiempo llevó a la magistrada fue la planteada por el abogado Luca Milani, que asiste de oficio a los cuatro acusados peruanos.

El letrado planteó sus dudas sobre la constitucionalidad del proceso, ya que, a su juicio, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y muchos de los imputados ya han recibido condenas en sus respectivos países.

Juan Etchebarne está acusado de secuestrar a 28 personas vinculadas al caso del banco de Hurlingham

Seguirá detenido ex titular de la CNV
Casación Penal denegó el pedido de excarcelación del ex funcionario civil de la dictadura.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, detenido y procesado por el juez federal Daniel Rafecas por el secuestro de 28 personas. Contra cada una de ellas, usó el pretexto de que estaban siendo investigadas por "subversión económica", pero, en verdad, estaban relacionadas con la venta del Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver. La decisión, que implica que Etchebarne deberá seguir la evolución del proceso privado de la libertad, fue adoptada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala Tercera del máximo tribunal penal.
Etchebarne fue detenido en abril pasado, en el marco de la investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con él fueron procesados el ex coronel Francisco D'Alessandri, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y el agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

El juez Rafecas procesó a todos por "secuestros y el sometimiento a torturas" entre septiembre y diciembre de 1978. Las víctimas fueron conducidas al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Todas ellas pertenecían a dos grupos económicos, Chavanne y Grassi, que intervinieron en la compra del Banco de Hurlingham.
La dictadura intentaba hallar el dinero de Montoneros, y, en ese contexto, perpetraron los delitos por los que Etchebarne está detenido. La investigación, que tiene similitud con la que indaga el traspaso de Papel Prensa del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, más el Estado nacional, fue iniciada en junio de 2010.

Entre los secuestrados, están los hermanos René y Luis Grassi, dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi; Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz. Del Grupo Chavanne fueron secuestrados sus propietarios, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne; así como también la esposa de este último, Sara Duggan; su socio, Jorge Tejerina; y directivos del Banco de Hurlingham, entre ellos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. "En su carácter de presidente de la CNV fue partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos 23 personas investigadas, a su instancia, por el Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia del Banco de Hurlingham", sostiene la acusación contra Etchebarne.

Por: Tiempo Argentino

Ordenan investigar a un ex jefe del ejército por el secuestro de tres niñas en 1973 Chile: general implicado en robo de bebés

Juan Emilio Cheyre había tenido que renunciar al Servicio Electoral al saberse del caso del hijo de un argentino.

Por: Tiempo Argentino

La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro y tortura de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro en visita (juez especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, Jaime Franco, hizo lugar a la querella en contra de Cheyre y otros dos militares.

La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad. "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.

Según las investigaciones, el ex jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975. El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.

Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.

En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973. "Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".

Chile : Guayacán, donde ejecutaron a niños

En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra
CONOZCA: Coquimbo, donde dinamitaron a Sonia, Mario y a Germán
El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"¿Qué saben ustedes...?"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".

Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"

Dictadura chilena otro 11 de septiembre : “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria”

Los familiares de las vícitmas de la dictadura chilena marcharon otro año más por la verdad y justiciaEl 11 de septiembre abre viejas heridas

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión a Pinochet y por otros que consideran que no es necesario. Organismos de DD.HH. piden el fin de la impunidad.
“Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue la frase de la movilización de ayer.

Por Christian Palma  -  Desde Santiago

Los rostros de dos mil ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura cívicomilitar chilena encabezaron la tradicional marcha que las agrupaciones de derechos humanos realizan el domingo anterior al 11 de septiembre: ese día, pero en 1973, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado que gobernó Chile a punta de tortura, asesinatos y una política del terror que aún mantiene abiertas muchas heridas.

La simbólica actividad partió en calma. Más de 30 mil personas se congregaron por el centro de Santiago con dirección al Cementerio General, lugar donde se encuentra el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido. Este año, cuando se cumplen 40 desde la irrupción por la fuerza de los militares, la frase “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue el concepto que marcó la marcha. El memorial es el escenario final de la principal romería encabezada por familiares de las víctimas para homenajearlos, y es uno de muchos espacios, monumentos, sitios de memoria que evocan las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Augusto Pinochet.

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión la dictadura y por otros que consideran que no es necesario. En este escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que es momento de mirarse a la cara con quienes quieran construir un país justo y sin impunidad, destacando que para ello la justicia y la memoria son fundamentales.

“Creo que ésta es una hermosa muestra de que éste es un país que no se ha tragado la historia y de que éste no es un tema del pasado. La verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad”, dijo.

Agregó que “el perdón no significa impunidad, las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quiénes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes”.

En esta línea, Pizarro añadió que “son 40 años de lucha junto a la gente. Tenemos una inmensa mayoría de jóvenes que salieron a decir a la calle no a la educación de Pinochet y desde ahí abrir una realidad que estaba oculta y 40 años después estamos más acompañadas que nunca”.

Antes de la caminata, Carabineros detuvo a un menor de edad con bombas molotov que se dirigía a la marcha masiva y otro adulto que portaba ilegalmente un revólver calibre .38. Mientras que en el cementerio, los uniformados ya tenían dispuesto todo un aparataje de seguridad.

Pasado el mediodía, en la intersección de las concurridas calles Bellavista con Recoleta, se registraron los primeros incidentes en medio de la marcha. En ese lugar, Carabineros actuó para controlar a un grupo de encapuchados que intentó saquear y quemar la sucursal de un banco y a otros manifestantes que atacaron una estación de servicio. Lo hizo a través de carros hidratantes y lanzagases.

Más tarde, otros grupos de encapuchados instalaron barricadas y se enfrentaron a la policía uniformada, atacando incluso a la prensa.

Estos hechos son la antesala de lo que podría suceder en los próximos días cuando tanto el gobierno y la oposición conmemorarán un nuevo aniversario del “11” en medio de una campaña presidencial que tiene a dos mujeres como candidatas: Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, ambas hijas de generales de la Fuerza Aérea de Chile en 1973. La primera, de un militar leal a Salvador Allende y la segunda, de otro que participó en la junta militar.

Junto a ello, innumerables reportajes con nueva información acerca de la violación a los derechos humanos y los horrores de la dictadura, la molestia ciudadana por el modelo económico social imperante y un gobierno de derecha que ya no sintoniza con las demandas de la población (más bien las ha reprimido) han reabierto heridas y rabias que podrían crispar los ánimos.

De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que “tenemos información y preocupación de que se van a desarrollar actos de violencia durante estos días y por consiguiente hemos adoptado un plan especial con Carabineros y la Policía de Investigaciones para proteger al máximo la seguridad de las personas”.

El plan de contingencia contemplará un aumento de policías, protección especial al transporte público, patrullajes terrestres y aéreos. Además, señaló que habrá una preocupación especial por proteger a los candidatos presidenciales.

“Le pedimos colaboración a la población para que la policía actúe en forma preventiva como también comprensión, porque tendremos que tomar acciones como desvíos de tránsito para proteger a las personas, tenemos que estar preparados porque hay sectores preparados para utilizar el 11 de septiembre para expresar la violencia”, concluyó.