(Por La Retaguardia) Comenzó el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Formosa. El único imputado es el ex subjefe de la Policía provincial Agustín Echeverría. Se lo juzga por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra tres víctimas: Ramón Luciano Díaz (que continúa desaparecido) y los sobrevivientes Adriano Acosta y Olga Elsa Gauna.
Félix Díaz acampa en la Avenida 9 de Julio, donde atiende el Dios importado desde Europa en 1492. Llegó para hacer notar el corte que mantiene la comunidad a la que pertenece en la ruta 86, en Formosa. Como tuvo poca visibilidad, montó una carpa; quizá así, además de verlo, se escuchen los pedidos de su comunidad.
Alejandra Carrizo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa y psicóloga, unió estas dos problemáticas. Se refirió al inicio de este proceso por crímenes de lesa humanidad y también a la situación que viven actualmente las comunidades originarias en esa zona. La APDH provincial, acompaña ambas causas.
El juicio contra un genocida
El lunes 9 de febrero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa realizó la audiencia preliminar del juicio, cuyo único imputado es Agustín Echeverría, un comisario retirado, miembro de la Policía provincial, que contó con el beneficio de un sobreseimiento durante varios años: “recién en el pasado juicio a Juan Carlos Camicha, que era un miembro del Ejército condenado en 2013, se logra revocar el sobreseimiento y nuevamente se lo detiene. Por obra de la justicia y por esfuerzo de los querellantes, hoy está siendo juzgado”, explicó Alejandra Carrizo en diálogo con el programa radial Oral y Público.
La integrante de la APDH Formosa detalló que en esta instancia a Echeverría se lo juzga por los delitos cometidos contra tres víctimas: “se lo acusa de los delitos de asociación ilícita, aplicación de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en el caso de tres personas. Una de ellas aún continúa en condición de desaparecida, Ramón Luciano Díaz; las otras dos víctimas son Adriano Acosta y Olga Gauna”.
Carrizo es psicóloga y como tal acompaña a los testigos convocados para declarar en este proceso: “acá también hay un programa de acompañamiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros desde la APDH desde hace varios años tenemos un programa de acompañamiento, pero también somos querellantes en esta causa. En realidad somos los únicos querellantes y la abogada por parte de la APDH es la doctora Roxana Silva. La Asamblea es querellante en varias provincias y hay, por suerte, un equipo de abogados, que sería el equipo de lesa humanidad, y en este caso quienes acompañan en Formosa son los doctores Ernesto Moreau y Oscar Rodríguez, integrantes de la APDH Nacional, uno de La Plata y otro de Capital Federal”. En este juicio que recién comienza se espera la declaración de 47 testigos.
El proceso anterior de juzgamiento a represores en Formosa finalizó en noviembre de 2013. En aquella oportunidad se había condenado a Juan Carlos Camicha, Sergio Gil, Luis González, Félix Romero y José Medina a 25 años de prisión; a Mario Osvaldo Sosa a 18; y a Ernesto Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera a 7 años, por los delitos de asociación ilícita, tormentos, desaparición forzada, homicidio y genocidio, en perjuicio de 74 víctimas. Sin embargo, el principal imputado en esa causa, Ángel Ervino Spada, se fugó a los pocos días del inicio de la instancia oral y aún continúa prófugo. Al respecto, Carrizo afirmó: “era el principal imputado, justamente la causa llevaba su nombre. Fue jefe de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Monte 29, y a los pocos días del inicio del juicio, se profuga. Así que está pendiente todavía el juzgamiento contra Spada”.
De todos modos, no es el único caso pendiente en la justicia formoseña: “otra causa que todavía está en espera es la de un comandante de Gendarmería, Horacio Rafael Domato, que estuvo prófugo durante muchísimos años, y creo que hace poco más de un año se lo logra detener, estamos esperando que se realice la elevación a juicio de esta causa”, agregó Carrizo.
Genocidios
La APDH Formosa también actúa en causas vinculadas a los derechos humanos de los pueblos originarios. “Nosotros entendemos los derechos humanos, pero en una dimensión absolutamente integral y actual, que abarca por lo tanto los derechos civiles, políticos, sociales y culturales y también los derechos conocidos como de primera, segunda y tercera generación. Yo soy tucumana, pero estoy en Formosa desde hace muchos años y esta provincia es multiétnica y pluricultural, hay cuatro etnias: qom, wichí, pilagá y nivaclé. Esta es una delegación que desde hace más de una década viene trabajando puntualmente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Lo entendemos como parte de la defensa de los derechos humanos, entenderlos en su integralidad forma parte de nuestro quehacer que nos define como organismo de derechos humanos. En este sentido, quiero remarcar algo fantástico que ocurrió en el juicio anterior por lesa humanidad, en el que se logró la condena de ocho personas integrantes de las distintas formas de fuerzas de seguridad. En el alegato, en particular desde la abogada de la APDH y el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre —y eso se lo tomó como antecedente para la sentencia— aparece el tema de un país asentado sobre genocidios, y el primer genocidio del que se da cuenta es el indígena. En ese alegato ya se menciona la Masacre de Rincón Bomba, que todavía está en instrucción en el Juzgado Federal, pero para nosotros fue muy significativo ligar las prácticas genocidas propias de la dictadura también con el genocidio indígena cometido en nuestro país”, expresó Alejandra Carrizo a Oral y Público.
En cuanto a la Masacre de Rincón Bomba a la que hizo referencia, la psicóloga detalló: “ocurrió en 1945, durante del gobierno de Juan Domingo Perón. Fue una masacre ocurrida contra integrantes de pueblo pilagá, en una localidad al oeste de Formosa, de la que participaron fuerzas de Gendarmería, justamente quienes ahora están custodiando a los qom asentados en la ruta 86 y protestando legítimamente por sus derechos. Mediante engaños, fueron masacrados cientos de indígenas, de los cuales lamentablemente quedan muy pocos sobrevivientes. Los tiempos de la justicia no tienen mucho que ver con los humanos, son como distintas cronologías, y nos preocupa que se van muriendo los sobrevivientes y tenemos pocas posibilidades de que se lleve a juicio a la mayor brevedad. Pero está dentro de lo que fue la Campaña del Desierto y lo que tuvo que ver después acá con la Campaña del Desierto Verde, que alcanzó a las provincias del Litoral, donde había poblaciones indígenas”.
“En el imaginario seguimos con el concepto de indio, vago y maloliente –reflexionó Carrizo–, y eso sigue siendo muy fuerte también en la sociedad formoseña. Por eso cuesta mucho lo que tiene que ver con transformar la mirada hacia considerarlos como sujetos titulares de derechos, y por lo tanto, también sus protestas. En estos días leí una nota interesante que decía que los medios de prensa tomaban la voz de los oprimidos en este momento cuando tenían que ver con los cortes de ruta. A nosotros nos preocupa y es lamentable que se tenga que llegar a esas medidas, pero a veces los que no son escuchados de otra manera, la única forma que tienen de hacerse escuchar es ocupando el espacio público y a veces bordeando acciones que terminan, lamentablemente, siendo delictivas. Y por ende, están todos procesados”.
Visibles solo en la ruta
La Comunidad La Primavera de la etnia Qom se encuentra cortando la ruta 86 desde el 4 de febrero y por tiempo indeterminado. Lo hacen para obtener respuestas a sus pedidos de acceso a la vivienda, a la energía eléctrica y caminos seguros, entre otros reclamos históricos. El qarashé Félix Díaz viajó a la Ciudad de Buenos Aires para denunciar lo que está sucediendo en su provincia e incluso inició un acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer visible el reclamo de su comunidad. Amanda Asijak, esposa de Díaz, relató que la situación en el corte es tensa ya que – por ejemplo – han recibido la visita de patotas, incluso de integrantes de la misma comunidad cercanos al gobierno provincial. En diálogo con Oral y Público, Alejandra Carrizo manifestó la preocupación que está situación generó en la APDH: “esto tiene que ver con la lógica del dominador, del ‘divide y reinarás’. Se están produciendo divisiones muy dolorosas hacia el interior de la comunidad. Y esas divisiones son producidas por el mundo de los blancos y por una política absolutamente clientelar, que reparte dádivas y prebendas, y que genera divisiones, pero que no tiene que ver con el mundo indígena en sí. Es muy doloroso. Nosotros estamos muy preocupados y —voy a utilizar el término— asustados. Por suerte la jueza federal que interviene en la causa, ante una demanda que hizo el defensor del Pueblo de la provincia contra los originarios que están asentados en la ruta, libró un oficio ordenando a Gendarmería que garantice la integridad física de los manifestantes. Eso nos tranquilizó durante un tiempo, pero nos reuniremos con la jueza y con las autoridades competentes para ver cómo se puede lograr allanar el camino y alcanzar alguna solución pacífica y de diálogo. Cabe aclarar que no es mucho lo que piden los qom, piden que todo lo que se haga en pro o en beneficio de la comunidad, toda acción, proyecto o política, se haga siempre con el consentimiento previo, libre e informado de quienes están allí asentados. Eso lo dice Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, parece ser que cuesta mucho respetar esto. De hecho, lleva más tiempo, hace más lentos los procesos, pero el consentimiento es absolutamente necesario, es un derecho y es legítimo”.
Hacia el final de la entrevista con Oral y Público, la psicóloga e integrante de la APDH Formosa volvió a referirse a la importancia de seguir investigando y juzgando los genocidios producidos en nuestro país: “lo que somos hoy tiene mucho que ver con lo que nos pasó en el pasado. Y lo que lograron hacer con el sistema absolutamente perverso de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas no alcanzó solo a las víctimas directas, sino, como suelen decir en los libritos o folletos, a todo el cuerpo social de la nación. Y eso está asentado en nuestra estructura mental, en nuestras maneras de comportarnos. Y necesitamos revertir esto, necesitamos reparar heridas y necesitamos cambiar, y una nueva ciudadanía. Y eso tiene que ver con la posibilidad de la memoria, de la verdad y del acceso a la justicia. Ojalá que lo podamos entender”.
En este punto, Alejandra Carrizo reiteró que es imprescindible que el pueblo asista a las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad: “necesitamos que se sume también la población y que asista a los juicios. Son abiertos, libres, gratuitos. Es importante: concurramos a las audiencias”, finalizó.
También es necesario escuchar lo que las comunidades originarias tengan para decir. Aunque no todas digan lo mismo, el mensaje de la comunidad La Primavera es insistente. Aún así, nadie los atiende; pero tampoco los desmienten
