La investigación sobre el rol de los Consejos de Guerra durante la dictadura

Una estructura para ocultar crímenes

El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo Puricelli. Los tres integraron los Consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria y encubrir sus delitos.

 Por Alejandra Dandan

El juez federal Daniel Rafecas procesó a tres integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado analiza desde 2013 un centenar de expedientes tramitados por esos tribunales militares a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se dieron competencia para actuar como justicia paralela, en los casos que denominaron delitos subversivos. Entre los expedientes, hay más de 140 homicidios calificados que los CGEE nunca investigaron. El juez consideró que los Consejos fueron un mecanismo creado ad-hoc por el aparato represivo del Estado para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria, ocultar los crímenes, enmascarar a los responsables y convertir a las víctimas en victimarios. Las querellas piden que se declare nulo todo lo actuado por los CGEE. Las bases sentadas en este estudio pueden servir como clave de lectura para otros funcionarios y otras estructuras.

El análisis de los casos en conjunto es lo más impactante de la investigación: pese a que las Fueras Armadas construyeron la teoría de los enfrentamientos, las propias “pruebas” de los casos que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente y muestran la constante presencia del estado de indefensión en las víctimas: prácticamente todos los cuerpos están rematados de un tiro en la cabeza; hay gran cantidad de disparos en tórax, abdomen y extremidades; es decir, señala el juzgado, “prácticamente la totalidad del cuerpo”. Hay masacrados por 28 disparos y cuatro casos conmovedores de embarazadas asesinadas, una de ellas –según las pericias señala– con “un útero de 33 centímetros de altura y 20 centímetros, en sentido antero-posterior con un feto masculino de 50 centímetros”.

“Los homicidios de las víctimas en sus domicilios situados en centros urbanos o incluso en la vía pública, concretados usualmente con una violencia inusitada en la que destaca el obsceno poder de fuego generalmente empleado, aparecen como situaciones que importaron una mayor necesidad de cobertura frente a lo cual se habría implementado una tecnología institucional para la impunidad”, señala el juez. Esa “tecnología institucional para la impunidad” refiere a los Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), que se crearon el 24 de marzo con supuestas facultades judiciales, especialmente para intervenir en lo que llamaron delitos subversivos, una categoría que se iba extendiendo. “En los hechos –dice el juzgado–, estos Consejos sirvieron para sustraer sistemáticamente del conocimiento de la Justicia penal, es decir, de los jueces y fiscales de Instrucción de turno, los expedientes en los que constaba la ejecución sumaria de perseguidos políticos.” Esa actividad “estuvo dirigida a la ocultación de los sucesos, lo que implicó la ocultación de las víctimas y victimarios” y “el enmascaramiento de los sucesos bajo versiones inverosímiles”.

Y en ese marco agrega un punto importante: “Los homicidios aparecen tratados como mudos hechos, registrados como acaecidos sin intervención del hombre, sus víctimas aparecen acusadas como ‘subversivas’, luego sobreseídas, en muchos casos ni siquiera designadas por su nombre. Sus autores, en ningún caso aparecen acusados, siempre designados bajo las denominaciones de fuerzas legales, conjuntas, o del orden, y prácticamente nunca identificados, a tal punto que los casos en los que aparecen individualizados, cabe atribuir ello al celo del funcionario ocasionalmente interviniente o a la inercia propia de la burocracia”.
Los responsables

El análisis se mete en una discusión más amplia sobre los supuestos marcos “legales” que se dio la dictadura para ponerlos en discusión, tal como sucede en otras causas. Tal como se están pensando los decretos del PE nacional o los supuestos “blanqueos” en las cárceles. Esto permite diferenciar prácticas supuestamente “legales” de lo “constitucional”. “Estamos pujando desde lo jurídico para de-sarmar las estructuras puramente ‘vigentes’ desde lo legal de la dictadura”, explica el juez a Página/12. “Estamos diciendo que frente a sucesos aberrantes no es posible oponer una mera legalidad aparente. Ello no convalida el terrorismo de Estado, ni en grado de autoría ni en grado de encubrimiento posterior –como es este caso puntual de los CGEE–. El mensaje que se está dando es que frente a crímenes de lesa humanidad, el funcionario público –en este caso militares burócratas, abogados auditores– debe desistir de participar, debe decir que no, caso contrario, no hay ‘legalidad’ que lo ponga a cubierto de una imputación penal.”

Los funcionarios procesados son el coronel del Ejército Jorge Argentino Franco; el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Salaris y el abogado y capitán de Navío de la Armada Eduardo Puricelli. Franco, presidente del Consejo de Guerra Especial Estable, murió luego del procesamiento, según comunicaron sus abogados en el juzgado.

La responsabilidad de cada uno está bien planteada en “Eichmann en Jerusalén” de Hannah Arendt, dice el juez, que lo señala en las más de 900 páginas del escrito. “Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino como un funcionario –dice Arendt– cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad –que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al día–, declarase que él tan sólo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo.”
Los casos

El aporte más importante de este procesamiento es, seguramente, el intento de generar una lectura global sobre expedientes que no analizaron en más de 35 años (ver aparte). Es probable que mucha de esta documentación no haya sido analizada por la Justicia. Sobre todo las pericias. En ocasiones, horrorosas. Es probable, en cambio, que cada familia o querella haya visto su caso, pero la lectura general permite leer las constantes que le dan también a esto carácter sistemático. El correr de los expedientes muestra por ejemplo la “precariedad de las pruebas” y “lo inverosímil de los relatos oficiales”, dice el juzgado. En las causas faltan firmas y sellos indicativos de los funcionarios. También es recurrente el estado de indefensión en el que aparecen las víctimas. Este es el análisis más importante. Rafecas usó expedientes con pericias y en los que “directamente se prescindió de tales estudios periciales propiciándose por el CGEE el sobreseimiento provisional y archivos de los expedientes”. “Frente a las versiones que invariablemente dan cuenta de supuestos enfrentamientos –dice el juez– con las víctimas que culminaron con las muertes de las mismas, las constancias glosadas a diversos expedientes dan cuenta de la inverosimilitud de tales relatos.” Basta confrontar para eso, dice, “la inusitada violencia sufrida por los asesinados frente a la constante ausencia de toda lesión por parte de los perpetradores”. Y cada expediente muestra verdaderos homicidios realizados en ocasiones flagrantes.

Entre los casos paradigmáticos están las embarazadas. Una es Alicia Beatriz Carlevari. En su expediente hay una autopsia. Describe la muerte de un “cuerpo femenino” con “heridas de bala de cráneo, de cara, de tórax y de abdomen. Hemorragia interna”. También describe su útero: “Mide 33 centímetros de altura y 20 centímetros en sentido antero-posterior conteniendo un feto masculino de 50 centímetros (de término) y anexos ovulares”.

Alicia Beatriz Carlevari de Franco tenía 23 años, puede leerse en una breve biografía publicada por Roberto Baschetti en la web. Militaba en la JUP de Arquitectura y en Montoneros. La secuestró una patota del Ejército el 19 de abril de 1977. Tenía un embarazo a término, se lee también, por eso no pudo o no quiso correr. La mataron.

En otro expediente están los nombres de Carlos Alberto Fessia, Nidia Cristina Fontanellas y Estela Mary Altamirano. La autopsia Nº 2852 realizada sobre un cuerpo N.N. “adulto de sexo femenino” hace referencia a la versión policial según la cual la víctima “resultara abatida [...] como consecuencia de un enfrentamiento con fuerzas conjuntas realizado en la calle Martiniano Leguizamón 1139 de la Capital Federal”. El estudio pericial también habla de la masacre: señala que su muerte “fue producida por heridas de bala de cráneo, tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa”. Según la descripción de los facultativos del Cuerpo Médico Forense, “en el cuerpo de la víctima se consignó sobre sus órganos genitales útero aumentado. Al corte vacío, con restos carnosos de aspecto placentario, lo que indicaría que se trataría de la madre de la criatura de días que fue hallada en el domicilio en el que se concretaron los homicidios de las tres víctimas”.

Fessia era secretario general de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Las dos mujeres estaban en la organización. Nidia Cristina además era la pareja de Fessia. Los tres estaban en Mataderos cuando los mataron, aparentemente el 18 de noviembre de 1976. Según la organización, algunos testigos dijeron que hubo despliegue de fuerzas militares y hasta un helicóptero. Nidia Cristina estaba embarazada.

Otro caso habla de los “homicidios calificados” de Norma Matsuyama, de Adriana Gatti Casal y de Eduardo Gabriel Testa. Las dos mujeres estaban embarazadas en el momento de su homicidio. Adriana Gatti Casal murió en el Hospital Alvear, señala el escrito, con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen, destrucción cerebral, hemorragia interna. Norma Matsuyama tenía heridas de bala de cráneo y tórax, hemorragia interna. El útero de Adriana evidenciaba una gesta de aproximadamente siete meses; el de Norma, de nueve. El archivo Baschetti dice en este caso que los mataron el 8 de abril de 1977 cuando las “siniestras fuerzas asesinas” cercaron la casa donde vivía Eduardo Gabriel “Emilio” Testa, en Nueva York y Nazca, de Devoto. Testa era el jefe de la UES, con 20 años. Norma Matsuyama, de 19, era su esposa y la Colorada Adriana Gatti Casal, de 17, hija del dirigente uruguayo secuestrado y desaparecido en Argentina, Gerardo Gatti.

Los sumarios muestran otras constantes. No se ordenan medidas probatorias; los sumarios carecen de actividad alguna de los CGEE y en la justificación de los homicidios, en la mayor parte se queda expuesta la ausencia de lesiones del personal de las “fuerzas conjuntas”.

Con carácter sistemático

1) Hechos cometidos por un concurso premeditado de dos o más personas, lo que se confirma, a su vez, por la reiterada referencia a que en el hecho intervino una pluralidad de personas bajo la denominación de “fuerzas conjuntas”, “legales”, de seguridad, etc., en los casos en que los autores no se encuentran identificados.

2) Alevosía: el estado de indefensión de los cuerpos que habilita a considerar razonablemente que en la inmensa mayoría de los sucesos los perpetradores actuaron con la seguridad del estado de indefensión de las víctimas.

3) Las autopsias dan cuenta constantemente de una gran cantidad de disparos de bala, en tórax, abdomen, cráneo y extremidades; es decir, prácticamente la totalidad del cuerpo de los asesinados, siendo la causa de muerte más destacada la destrucción de masa encefálica a causa de los disparos infligidos. En ese contexto, se destacan casos en los que las mujeres víctimas se encontraban embarazadas, lo que acrecentó su situación de indefensión ante los ataques de los perpetradores.

4) Las situaciones descriptas en los sumarios permiten advertir la desigual situación en la que se encontraban las víctimas, en relación con los funcionarios públicos que perpetraron y ejecutaron el homicidio.

Estos últimos encontraron asegurada la merma o ausencia total de riesgo para sí, mediante las condiciones absolutamente desproporcionadas propias de un despliegue de personal y recursos materiales y de armamento que no se condice con las condiciones en las que encontraban los sujetos pasivos del delito, las que permiten inferir, sin hesitación, la seguridad con la que actuaron los perpetradores, sin peligros serios respecto de que su accionar pudiere verse interrumpido por una acción defensiva de la víctima o de un tercero que resultara equiparable a las posibilidades del accionar de los autores.
Números

La investigación judicial comenzó a fines de 2013 sobre un universo específico: un centenar de expedientes incorporados en el Juicio a las Juntas y causas conexas en los que aparecen procedimientos militares y policiales fraguados para ocultar los homicidios calificados de más de ciento cuarenta (140) víctimas. Rafecas acreditó hasta ahora la responsabilidad de los oficiales de las tres fuerzas armadas con relación a los expedientes en los que se pretendió ocultar los homicidios de ciento veintitrés (123) víctimas y los secuestros de otras trece (13) personas cometidos en los mismos operativos clandestinos.

“Hubo una estrategia de impunidad”

¿La información de estas pericias es conocida? ¿Se usó, por ejemplo, en el Juicio a las Juntas, de donde vienen estos expedientes, o en otra ocasión para probar los casos? –preguntó Página/12 al juez Daniel Rafecas.

–Que yo sepa, nunca fueron publicadas. La verdad que no creo que se hayan usado en juicios previos.

–¿Las familias conocen esta información?

–Sí, claro. Conocen la existencia y el contenido de los expedientes, ellos y sus abogados. El punto es que cada familia y cada abogado conoce su propio caso, como mucho algunos más, es decir, conocen el árbol o algunos árboles, pero no el bosque, quizá lo intuían, pero ahora esto está empezando a ser demostrado judicialmente.

–Lo más impactante de los procesamientos son las autopsias.

–Sí, es que impresiona profundamente. Por meses estuvimos trabajando con estos informes forenses. Resulta desolador pensar que esas víctimas quedaron así, en ese estado, suspendidas durante 35 años. Pienso, ¿acaso hay algo que pueda ser más urgente que esto en términos de verdad y justicia? Es imperioso rescatar del olvido a estas víctimas, sus historias, sus casos, precisamente para demoler el muro de silencio, olvido e impunidad construido gracias a la fachada de los CGEE (hipótesis de “fachada” que se fundamenta en este procesamiento). Las pruebas de las masacres están ahí, para quien quiera verlas. Prácticamente todas las víctimas, en todos los casos, fueron rematadas con un tiro en la nuca o similar. Esto no es menor para la investigación judicial, pues contribuye a la verificación del dolo de encubrimiento de los aquí acusados: frente a este panorama, decir “yo no sabía nada”, o que los casos “estaban presentados como enfrentamientos armados” no puede ser admitido: las propias “pruebas” que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente. Creo que este es un punto fuerte de la imputación plasmada en la resolución. De ahí el énfasis en detallar en cada caso estos aspectos. En suma, lo que surge de este centenar de expedientes es la puesta en marcha de un exterminio por goteo, con una estrategia de impunidad muy clara, a partir de la fabricación de falsos enfrentamientos (una práctica que luego va a continuar en democracia) y de la apropiación de la averiguación de la verdad posterior por parte de estos CGEE, que venían a ser una suerte de tribunales de no-verdad y de no-justicia. Tribunales que, en vez de orientarse a descubrir la verdad y hacer justicia, actuaban en un sentido exactamente opuesto. La Justicia del Estado de Derecho no puede mantenerse indiferente frente a este estado de cosas, y este procesamiento va en ese camino.

Declararon por la masacre del Pabellón Séptimo,ocurrida en la cárcel de Devoto,delito de lesa humanidad

“Un ataque contra una población carcelaria”

La Cámara Federal consideró que no se puede disociar esta matanza de presos comunes cometida en marzo de 1978 de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. En el hecho murieron 64 personas en medio de un incendio.

 Por Irina Hauser

La Sala I de la Cámara Federal les dio la razón a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, del penal de Villa Devoto, y declaró que aquellos hechos, donde murieron 64 presos en medio de un incendio, asfixiados y baleados por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el 14 de marzo de 1978, constituyen un crimen de lesa humanidad y, como tal, no prescribe. Durante años, incluso entrada la democracia, quedó instalada la idea, sembrada por el poder dictatorial e incluso por el Poder Judicial que por años intentó ningunear lo ocurrido, de que se había tratado de un motín en el que se habían alzado los detenidos de esa cárcel. Según describió el tribunal, no se puede disociar esta matanza de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. La causa había sido reabierta este año pero el juez federal Daniel Rafecas, si bien consideró que hubo violación a los derechos humanos, la mandó a los tribunales ordinarios donde se investigan delitos comunes.

La resolución de la cámara, que lleva los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, tiene varios aspectos novedosos, además de la definición de lesa humanidad de la masacre. También acepta como querellantes a los familiares, sobrevivientes y organismos que se presentaron a partir de 2013 pidiendo la reapertura de la causa. Señala, además, que se debe investigar el caso de un preso, el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, que estaba en Devoto al momento de los sucesos y apareció fotografiado con vida en la tapa del diario Crónica un día después de la represión en el penal, pero se encuentra desaparecido. El fallo, además, ordena desentrañar la responsabilidad penal de los jueces que tuvieron la investigación en sus manos, la desestimaron y terminaron cerrándola sin culpables: Guillermo Rivarola, que era juez federal, y Jorge Valerga Aráoz, quien era entonces juez de Instrucción, luego fue camarista y ahora ejerce como abogado.

La masacre se pudo reconstruir con testimonios de sobrevivientes del mismo Pabellón Séptimo y de otros donde había presos políticos. Muchos de ellos son citados de manera detallada en el fallo de la cámara. De allí se desprende que en la noche del 13 de marzo hubo una discusión porque los guardiacárceles querían que los internos apagaran el televisor antes del horario habitual. Al día siguiente el Pabellón Siete fue sometido a una requisa brutal, mucho más feroz que las habituales, con el doble de agentes, que portaban y dispararon armas largas. Los presos contaron que como iban hacia ellos y gatillaban sin más, intentaron protegerse colocando las camas y los colchones contra las rejas, tiraban objetos y les lanzaban gases lacrimógenos, que pudieron haber causado el inicio del incendio igual que unos bidones con querosén. “Quémense de a poco”, les decían los penitenciarios a los detenidos que pedían salir, mientras se acrecentaban las llamas y el humo.

La historia fue conocida por mucho tiempo como el Motín de los Colchones. La causa judicial inicial se focalizó en responsabilizar a los presos y se basó en las versiones de los penitenciarios. Fue cerrada en julio de 1978, luego reabierta en 1984 y cerrada dos años después. Pero nunca se investigó el papel de los agentes penitenciarios, que ni siquiera intentaron apagar el incendio y socorrer a los detenidos. Hoy el análisis es totalmente opuesto: “Ninguna duda cabe de que se trató de un ataque generalizado contra una población carcelaria que fue brutalmente agredida con deliberada intención, a la que se pretendió hacer pasar por victimaria”, dice el voto de Freiler. Para él, es evidente que no hubo una “actuación regular de agentes del Servicio Penitenciario Federal” que “pudieron haber cometido excesos” en una requisa. Cuestionó la complicidad de “innumerables personas que obstaculizaron desentrañar lo sucedido”.

Para argumentar por qué se trata de un delito de lesa humanidad, este camarista explica que “lo que distingue a un crimen de lesa humanidad de un crimen común no es la depravación o crueldad de la conducta, sino el hecho de que ésta sea ejercida por un Estado o una organización cuasi gubernamental en contra de las personas que están bajo su control y a las que deben proteger”. Su colega Ballestero argumenta en el mismo sentido.

Lo que ocurría en el penal de Devoto, señala Freiler, debe ser puesto en contexto: las cárceles operaban bajo control de las Fuerzas Armadas. Esto había sido progresivo, ya desde 1972 en adelante, y en 1978 fue cuando se asignaron ciertas unidades para alojar presos políticos, como Devoto. El Servicio Penitenciario, explica, estaba su-bordinado al Ejército y había una “coordinación de prácticas represivas”. Lo describe “despótico y depravante”. “El manejo interno del penal” era “acorde con la política represiva imperante”, dice. La cárcel de Devoto, señala, no era ajena al uso de la llamada “acción psicológica” que se aplicaba en centros clandestinos de detención para someter a los detenidos.

El puntapié que llevó a revisar las muertes en Devoto fue una investigación de la criminóloga Claudia Cesaroni, quien buscaba los puntos de contacto de lo que padecieron los presos “comunes” y los presos políticos en dictadura. Cesaroni escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, hecho a pulmón, que consiguió enorme visibilidad el día que el Indio Solari –amigo de uno de los muertos allí– lo recomendó en el último recital multitudinario en Mendoza. Denise Feldman, abogada en el caso junto con la autora, dijo que para ellos el fallo es “una gran noticia: es el reconocimiento y la visibilización de que de que los presos comunes fueron también víctimas del circuito del terror de la última dictadura”.

MegaCausa Saint Amant II: Testimoniales

13 agosto, 2014
Pasadas las 12:40 horas, bajo la presidencia del Juez Paulucci, acompañado por Vázquez  y Escobar Cello comenzó una nueva audiencia testimonial en el recinto del Concejo Deliberante de Pergamino.

Además de mantenerse la importante convocatoria de familiares, compañeros y vecinos, se destacó la presencia de jóvenes estudiantes secundarios que llegaban desde una escuela próxima donde habían participado previamente de una charla con Alba Lanzillotto y otros familiares.

Por secretaría se informó que Hugo Santillán una de los testigos citados se encuentra fallecido, y Oscar Vergara, ex-juez de San Nicolás no se encuentra en condiciones de salud para dar testimonio.  De este modo convocaron a los hijos del matrimonio Lanzillotto-Santillán.  A estos dos testigos se sumó Ramiro Mena Lanzillotto, primo hermano de Jorge Francisco y María Lucía Santillán Lanzilloto.

Cabe recordar que el Matrimonio de María Cristina Lanzillotto y Carlos Santillán -ambos militantes del PRT-ERP- fueron secuestrado entre el 9 y 10 de noviembre de 1976.  Carlos en San Nicolás y María Cristina con sus hijitos de poco más de uno y dos años en aquel entonces.

En la declaración de Jorge Francisco, como en la de María Lucía narraron que después del secuestro fueron llevados a una parroquia de Fishertón, en Rosario, quedando al cuidado de una familia que luego de tres meses le entregaron a los abuelos paternos de Santiago del Estero.

Otro aspecto del daño que causó el terrorismo de estado se hizo evidente en el testimonio de estos jóvenes que fueron criados por sus abuelos, entre el silencio obligado sobre la militancia de sus padres y el cuidado extremo, cargado del temor que los apartaba de la busqueda del compromiso con la sociedad.

María Lucía dijo que recien después que falleció su abuelo. Pudo Leer sus papeles donde registraba la busqueda de sus padres. Fue a partir de ese momento que comprendió cuánto los amaban sus padres y que “ese compromiso y esa entrega -de ellos- era su manera de quererlos”.

Posteriormente declaró Ramiro Mena, primo hermano de estos jóvenes, huerfano y criado por su familia paterna. En este caso, aunque de la misma edad que sus primos, su testimonio fue menos personal y mucho más político y reivindicador de la militancia revolucionaria de su familia. Fue una declaración extensa, que no esquivó ningún interrogante de los abogados defensores de los genocidas. Al finalizar fue aplaudido por el público presente.

Paulucci anunció que la próxima audiencia será recién el miércoles 27 de agosto, suspendiendo las dos audiencias programadas para la semana próxima. El motivo sería por la participación de Escobar Cello en el tramo final del Juicio Oral Feced II.

Terminada la audiancia, un grupo de familiares, militantes del Encuentro Ragional y ex-presos políticos se entrevistaron con los jueces manifestando su creciente preocupación por la lentitud con que está avanzando este Juicio Oral.  El TOF 1 ya había anunciado que a partir de septiembre realizarán 2 o 3 audiencias por semana. No obstante los presentes pusieron incapié en hacer más eficiente la convocatoria de los testigos por audiencia, de modo de garantizar un mínimo de 4 o 5 testigos que declaren por jornada.

Asimismo consultar en : http://saintamantdos.wordpress.com/tag/cronicas/ 

 Ver en  : https://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=sharehttps://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=share

El expediente por la coima a jueces para beneficiar a Pedraza... sigue parado

Diez jueces de Primera Instancia y diez camaristas se excusaron en una causa contra miembros de la Cámara de  Casación 

El intento de soborno que nadie quiere investigar

El expediente por la coima a jueces para beneficiar a Pedraza, en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, sigue parado.

 Por Irina Hauser

Uno de los ejemplos más patentes de cómo funciona el corporativismo judicial y de los beneficios de pertenecer a esa gran familia puede apreciarse en un hecho actual: ningún juez quiere investigar a sus colegas de la Cámara de Casación Penal involucrados en un intento de soborno destinado a favorecer al dirigente ferroviario José Pedraza, en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra. En los tres años y medio que lleva la causa, se excusaron diez jueces de primera instancia y diez camaristas que tenían que intervenir. La mayoría ha esgrimido argumentos tales como que trabajó con alguno de los sospechosos, o que le debe su carrera, o que se cruzan en reuniones sociales, que son vecinos, o amigos, o amigos de algún pariente o de otro conocido. Nadie quiere poner el ojo en una presunta coima judicial, y menos de Casación, el máximo tribunal penal. Es más, ni siquiera los pocos jueces que sí intervinieron se animaron a señalar con claridad la imputación contra sus pares, excepto el último, Pablo Ormaechea, que lo hizo en el mismo escrito en el que también resolvió excusarse, por considerarse incompetente, por lo que el expediente sigue en el limbo.

“No caben dudas ahora de que sí existe una imputación formal y concreta en la causa contra los magistrados”, dice la resolución de Ormaechea, en alusión al camarista de Casación Eduardo Riggi, su ex compañero Gustavo Mitchell (quien renunció en medio de la investigación en su contra) y a Mariano González Palazzo, un camarista del crimen que compartía tribunal con ellos como subrogante. Se los acusa, explica, de haber participado en una maniobra que tenía como objetivo beneficiar en una resolución a integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que estaban presos por el asesinato de Ferreyra, y así evitar que la causa avanzara contra la cúpula del gremio. Todo quedó a la vista en una serie de escuchas telefónicas desopilantes, donde Pedraza, sus allegados y un operador en tribunales hablaban hasta de cuánto dinero iban a pagar para comprar la voluntad de los jueces. El primer objetivo clave era lograr que el expediente recayera en la Sala III, que integra Riggi, quien también aparecía en diálogos telefónicos hablando con uno de los protagonistas.

Verdes que queman

Las conversaciones fueron registradas en los primeros meses de la investigación por el asesinato de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, y llevaron a que se abriera otra causa. Una de las frases célebres que quedó grabada en el contestador de Pedraza anunciaba: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”. La voz era de Juan José Riquelme, un agente de la Secretaría de Inteligencia (luego desplazado), que prestaba servicios de lobista y frecuentaba Casación. Hablaba de verdes para aclararle al ex líder ferroviario que tenía que poner dólares, no pesos. Las escuchas permitieron determinar que parte del dinero sería trasladado por Angel Stafforini, contador de la UF y número dos de Belgrano Cargas, al estudio del abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido durante más de una década secretario de Riggi y que conservaba amistad con uno de sus compañeros, Luis Ameghino Escobar, ubicado en la estratégica oficina de sorteo de expedientes, desde donde apostaban a lograr que el caso fuera a manos de los jueces elegidos.

El fiscal Sandro Abraldes describió la trama al detalle en un dictamen de junio de 2011. Pidió indagar a Pedraza, Riquelme, Stafforini, Ameghino Escobar y Aráoz de Lamadrid y dijo que todo llevaba a la participación de los jueces, para quienes pedía más investigación. El juez Luis Rodríguez, había hecho un primer intento de sacarse de encima la causa, apenas la recibió, y mandársela a la jueza Wilma López, quien investigaba el asesinato de Ferreyra, pero ella lo rechazó. Rodríguez tardó más de un año en procesar por cohecho a los implicados en una resolución que se conoció unos pocos días antes de que tuviera la audiencia pública en el Senado para ocupar el cargo de juez federal, tras un concurso en el que había sido denunciado por fraude. En el mismo fallo desvinculó a los jueces, aunque sin sobreseerlos. Tanto la fiscalía como las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Partido Obrero insistieron en que se los investigue.

El juzgado de Rodríguez, vacante, comenzó a tener subrogantes. Primero estuvieron Osvaldo Rappa y Guillermo Rongo, sin avances; desde abril de 2013 se volvió a excusar Wilma López (era esperable, como ya había ocurrido), luego se inhibieron Rappa, Luis Zelaya, Fernando Klappenbach y Jorge Adolfo López.

En muchos casos, el argumento es alguna amistad o cercanía con González Palazzo. En noviembre de 2013, el juez Omar Aníbal Peralta planteó que fue secretario de la Cámara que él integra, que tuvo un “trato frecuente”, “he compartido guardias de hábeas corpus”, “integraciones de salas”, “eventos y festejos dentro y fuera del tribunal” y “reuniones sociales, entre otras –se explayó– las invitaciones del entonces juez de Cámara Abel Bonorino Peró a su domicilio, con participación de ambas esposas”. Después fue designado Fernando Caunedo, pero dijo que trabajó con el camarista fallecido Luis Ameghino Escobar, entre 1988 y 1990, quien lo promovió en la vida académica y la carrera judicial, aunque no recuerda si conoció al hijo, que es quien está imputado. Juan Ramos Padilla informó que conoce a Riggi hace cuarenta años, viven en el mismo edificio, “hemos compartido vacaciones” y “tiene una relación de parentesco” con la madre de sus hijos. Con Mitchell recordó que tiene enemistad manifiesta ya que lo denunció por su presunta participación en la entrega de hijos de desaparecidos en sus tiempos de juez de menores, durante la última dictadura.

Cuando las inhibiciones llegaron a la cámara, también se empezaron a excusar los camaristas, aunque algunos ya lo habían hecho antes. Otra vez, el factor central fue González Palazzo, que es miembro de ese tribunal. Mario Filozof, Ricardo Pinto, Julio Lucini, Carlos Alberto González, Alberto Seijas, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich se escudaron en el trato frecuente con él, algunos en un vínculo más amistoso, y la intención de evitar algún temor de parcialidad. En un momento, el propio González Palazzo para la causa y obviamente se tuvo que excusar. Luis María Bunge Campos dijo que tuvo una “estrecha amistad” con el padre de uno de los imputados, Ameghino Escobar. Mariano Scotto se amparó en que fue compañero de la hija de Mitchell en la secretaría de un juzgado de instrucción, entre 1991 y 1992, y compartieron reuniones sociales.

Al final, cuando tres camaristas aceptaron pronunciarse, en primera instancia ya había terminado el plazo de las subrogancias discutidas, que duran sólo seis meses, lo que de por sí es un plazo irrisorio para avanzar en cualquier pesquisa de cierta envergadura. Le tocaba asumir al juez Ormaechea, quien se declaró incompetente y, a diferencia del resto de sus colegas, para explicar sus razones dijo que existe “una imputación concreta formulada contra” Riggi, Mitchell y González Palazzo y que a partir de ella “puede establecerse que al menos parte de las maniobras denunciadas han afectado intereses nacionales vinculados con la tutela y el resguardo de las instituciones de la República”.

Así fue todo

Riquelme era un personaje conocido en la Cámara de Casación como alguien que frecuentaba ciertos despachos. Sus conversaciones telefónicas eran elocuentes cuando le explicaba a Pedraza en qué consistía el plan. Si bien evitaba nombrar a las personas clave, les ponía apodos. Al abogado Aráoz de Lamadrid le decía “el amigo de la calle Viamonte” (donde está ubicado su estudio), a Ameghino Escobar lo llamaba “el señor de las teclas” (porque los sorteos de expedientes se hacen tipeando en la computadora), al juez Riggi le decía “Don Eduardo” o “el amigo Eduardo”, y cuando se refería al “día dos”, era el 2 de febrero de ese año, 2011, en que ya tenían que haber pagado el soborno.

Al seguir los diálogos, los investigadores detectaron el momento en que Stafforini iba con un maletín lleno de dinero al estudio de Aráoz de Lamadrid. Lo dejó allí y al instante las oficinas fueron allanadas por la Policía Federal, que secuestró 50 mil dólares en un sobre que llevaba el nombre de “Octavio”. Se supone que el abogado –quien había defendido a uno de los integrantes de la patota ferroviaria en los inicios de la causa– entregaría el dinero en Casación, parte a su amigo, quien ya había logrado direccionar el sorteo para que le tocara a la Sala III. El éxito de la operación quedó asentado en seis mensajes de texto entre ellos. Luego, Aráoz le informó a Riquelme: “salió todo perfecto”, “es la sala de nuestro amigo”. “¿De Eduardo?”, le preguntó el lobista. “¡Sí!”, exclamó Aráoz.

En las escuchas, Riquelme se esmeraba porque Pedraza entendiera la ingeniería jurídica y que no era tan fácil conseguir la Sala III. El primer escollo era que los pedidos de liberación de la patota que mató a Ferreyra llegaron a Casación para la feria de verano, un período en que los jueces rotan y que las excarcelaciones se tratan de manera urgente. Necesitaban postergar todo y que estuviera Ameghino Escobar para maniobrar el sorteo de sala. A comienzos de enero, Riquelme le dice al dirigente ferroviario que sus “amigos” no estarían la primera quincena y que había que demorar los trámites. Es más, le dice que lo está llamando desde la casa de “Don Eduardo” quien está “preparando a la gente”.

Más adelante, Riquelme le cuenta a Pedraza que habló con Mitchell. “Quedé en tomar un café el día martes y te manda un abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención”, le dice. Habla de algo enviado al domicilio del ex juez. También le explica que Mitchell le dijo que se iba a ocupar de que no se resolviera nada en la feria, para que pudieran direccionar el caso a fin de mes, y que en febrero estuviera en la Sala III. Eso, le decía, lo había coordinado también con González Palazzo, conocido a su vez –le aclaró– de Aráoz de Lamadrid.

El mismo día del allanamiento, Riquelme habló por teléfono con Riggi. Le dijo que lo va a ir a visitar “el jueves”. “Cómo no, querido”, fue la respuesta. Unos días después, volvieron a hablar. “Sabe lo que pasa ahora –dijo Riggi– ustedes han armado un lío ahí, no sé qué problema hay que salió en los diarios (...) estoy realmente alarmado con las cosas que han dicho los diarios.”

Mucho por remar

El juez Ormaechea afirmó en su declaración de incompetencia que Mitchell habría hecho acuerdos para quedar a cargo de la presidencia de Casación en la feria de verano, para garantizar que el tema no fuera tratado en ese lapso; Riggi tendría garantizada la intervención con posterioridad. Según Ormaechea, el hecho afectó al sistema de justicia, algo que recién ahora se ve en el expediente, y por eso es de competencia federal, un fuero donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi con aval de la cámara ya había rechazado intervenir.

El fiscal actual del caso, Horacio Azzolín, y el CELS apelaron la declaración de incompetencia y aseguran que hay una larga lista de medidas elementales de prueba que ningún juez quiso hacer. Una de ellas es la declaración testimonial de la jueza de Casación Angela Ledesma, quien habría tenido una conversación con Mitchell respecto de la feria judicial. Otras son las declaraciones testimoniales de empleados de Riggi. En una presentación del año pasado, Azzolín deslizó su hipótesis de que el juez Riggi podría haber sido destinatario del soborno aunque, por las escuchas, también sospecha que le habrían hecho un favor para su hijo, para el acceso a una vivienda, sobre lo que también pidió medidas que nunca se hicieron. Todo esto demora también que vayan a juicio oral Pedraza y su pandilla, sobre quienes está terminada la investigación.

Riggi –quien integra Casación desde sus inicios en el menemismo, hace 21 años– tiene una denuncia ante el Consejo de la Magistratura presentada por el CELS en septiembre de 2012, cuya instrucción está a cargo del camarista laboral y consejero Mario Fera. El único movimiento que tuvo fue la presentación de un descargo del propio juez y un pedido de medidas de los denunciantes, en noviembre del año pasado. En la propia Cámara de Casación, Riggi fue extrañamente premiado con una mayor dosis de poder por algunos de sus colegas, a raíz de una pelea interna con el presidente de ese tribunal, Mariano Borinsky. La decisión de cinco votos contra cuatro fue quitarle a Borinsky la subrogancia de un cargo en la Sala IV –que tramita, entre otros, el caso Ciccone– y encomendársela a “Don Eduardo”.

Por el asesinato de Ferreyra ya fueron condenados hace más de un año Pedraza, su número dos, la patota de ferroviarios y un grupo de policías federales. Pero los intentos por hacer naufragar aquella investigación, detectados casi desde el inicio, siguen impunes.

No todo está perdido: Las dos vías para ir contra el juez Hooft

Las dos vías para ir contra el juez

La Secretaría de Derechos Humanos presentará un recurso ante la Corte para que se revise la decisión del Jury que se pronunció por la continuidad del magistrado. En la causa judicial, los querellantes pedirán una serie de pruebas para que Hooft sea indagado.

 Por Adriana Meyer

Lejos de bajar los brazos, los querellantes en la causa penal por delitos de lesa humanidad en la que está imputado el juez marplatense Pedro Federico Hooft piensan seguir dando batalla, y lo harán en dos frentes en forma simultánea. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará un recurso ante la Corte Suprema para que sea revisada la decisión del Jury de Enjuiciamiento, que resolvió su continuidad como magistrado. Y también redoblarán la presión en el expediente, donde está acusado porque habría sido cómplice y funcional al terrorismo de Estado, según la denuncia que originó la causa presentada por el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas. Para eso exigirían una serie de medidas de prueba para que pueda ser concretada la tantas veces postergada declaración indagatoria de Hooft.

El 28 de abril, el Jury resolvió que Hooft no había cometido los delitos de lesa humanidad que se le imputaron, lo restituyó en el cargo y le devolvió el porcentaje de los sueldos que no percibió desde que fue suspendido, el año pasado. “Ahí mismo radica el error, el Jury no está para condenar o absolver, sólo debía determinar si podía o no seguir siendo juez”, se queja una alta fuente oficial consultada por Página/12. Desde la secretaría que conduce Martín Fresneda intentarán recurrir la resolución del Jury, pero tienen muy claro que la causa penal corre por una vía separada, y en ningún caso puede ser un obstáculo para que la Justicia avance. La inmunidad de la que Hooft goza por su condición de magistrado se refiere sólo a que no puede ser arrestado, no hay ningún impedimento para acusarlo ni para que sea sometido a una indagatoria.

Sin embargo, también ahí radica el problema: Hooft faltó siete veces a las audiencias a las que lo citó el juez Martín Bava para que responda por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas, cuando fueron secuestrados abogados marplatenses. Para el fiscal Pablo Larriera, esos delitos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien archivó los hábeas corpus en forma prematura sin dar siquiera una respuesta burocrática a las Fuerzas Armadas. En el caso del abogado Jorge Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y luego con un informe que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, declaró que Hooft visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió a sus pedidos de ayuda. En este expediente ya se habían excusado de intervenir cinco jueces, lo que prenunciaba el apoyo de la corporación judicial que viene recibiendo el cuestionado magistrado.

La última orden vigente del juez Bava es para que se presente el 4 de junio, y si una vez más decidiera no concurrir, tampoco podrían obligarlo con la fuerza pública por los fueros que lo protegen. En este sentido, la fuente consultada dijo que están consensuando con el resto de las querellas solicitar que Hooft sea sometido a exámenes médicos y psicológicos, para determinar si está en condiciones de acudir a la indagatoria que, por ahora, viene esquivando. Incluso también están evaluando una eventual iniciativa para llevar el caso a tribunales internacionales. Pero, mientras tanto, la próxima movida será articulada con todos los actores implicados, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos “para acompañar con todo lo que podamos tanto el juicio penal como la apelación al fallo del Jury, que tuvo aristas vergonzosas”, dijo a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén. “Además se muestra el pensamiento de Sergio Massa en materia de memoria, verdad y justicia, porque sus senadores votaron a favor de Hooft”, dijo en referencia a Patricio Hogan, quien también nombró como asesora personal a la hija del magistrado, y a Héctor Vitale, en quien los organismos de derechos humanos tenían puesta alguna expectativa finalmente defraudada.

Se fugaron dos represores, se hicieron los "enfermitos"

Los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados hace veinte días por delitos de lesa humanidad en esa provincia durante la última dictadura, se encontraban presos en el Penal de Chimbas y habían solicitado su traslado al Hospital Militar para realizarse estudios médicos. 

Los represores se escaparon del hospital y se investiga la posibilidad de que tengan cómplices entre el personal de salud, que hayan facilitado la fuga. Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan. 

Junto a esos dos represores, también fueron sentenciados otros cinco: Osvaldo Martel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francisco Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.

Olivera es hijo del general Olivera Rovere

Detienen a tres ex funcionarios de la justicia por complicidad con la represión

Dos ex jueces y un ex fiscal de San Luis imputados por haber presenciado tormentos a una joven de 19 años secuestrada
Carlos Pereyra González, Eduardo Allende e Hipólito Saá fueron alojados en la penitenciaría puntana por callar el secuestro, los tormentos y el asesinato de Graciela Fiochetti. Anulan prisión domiciliaria de ex magistrado riojano.

En el marco de delitos cometidos en la última dictadura, tres ex funcionarios judiciales de San Luis, los ex jueces federales Carlos Pereyra González y Eduardo Allende, y el ex fiscal Hipólito Saá, quedaron detenidos en los últimos días en la Penitenciaria Provincial. En La Rioja, el ex juez Roberto Catalán también fue llevado a una cárcel común luego de que se revocara su prisión domiciliaria.
En 1976, cuando Graciela Fiochetti fue secuestrada  y asesinada, Pereyra González era secretario del juzgado que estaba a cargo del entonces juez Allende mientras que Saá era fiscal. Los tres ex funcionarios judiciales se encuentran ahora presos por no haber investigado el secuestro, los tormentos y el fusilamiento de la joven que tenía apenas 19 años cuando fue asesinada a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis.
La causa se inició con la prueba surgida en el juicio que en 2008 condenó a cinco ex policías y militares por los tormentos y el fusilamiento de Graciela. En la misma sentencia, el Tribunal Oral Federal de San Luis pidió investigar a los ex jueces para determinar su rol en la última dictadura y puntualmente en este caso.
El pedido de investigación se basó en declaraciones que surgieron en el juicio oral, donde testigos recordaron que Pereyra González, Allende y Saá estuvieron presentes durante los tormentos y abusos sexuales sufridos por Fiochetti en La Granja, el centro clandestino de detención donde estuvo cautiva. Un par de días después, el 21 de septiembre de 1976, la joven fue trasladada a las afueras de la capital puntana y fusilada.
Así lo relató el abogado puntano José Samper al recordar una conversación con Allende y Pereyra González donde le relataron "con tono amargado" haber sido testigos del "espectáculo terrible" de haber visto las torturas sufridas por la joven aunque le aclararon que "por suerte" la iban a poner en libertad.
Luego de esa declaración en el juicio oral se conocieron los dichos del fallecido ex miembro del D2 de San Luis, Jorge Hugo Velázquez, quien ya en 1986 había asegurado que "Pereyra González había ingresado a la oficina donde la joven Fiochetti estaba desnuda, mientras era torturada".
Luego de estos señalamientos, en 2009 el ex juez renunció a su cargo en la justicia mendocina. En ese momento, quien fuera secretario en un juzgado de San Luis ya había ascendido a integrante de la Cámara Federal de Mendoza, puesto que compartió con el destituido Luis Miret y el prófugo Otilio Romano, con pedido de extradición desde Chile, ambos por delitos de lesa humanidad. También integró esa Cámara Julio Petra, quien renunció tras las denuncias recibidas por obstruir las causas contra la represión.
El viernes pasado, luego de que se conociera su pedido de captura, el ex camarista de Mendoza se presentó junto a su abogado ante la justicia de San Luis cuando hacía varios días que era buscado sin éxito.
Mientras avanza la causa por la complicidad judicial en San Luis y Mendoza, en la provincia de La Rioja el viernes pasado fue trasladado a una prisión común al ex juez federal Roberto Catalán procesado por delitos de lesa humanidad. Catalán está acusado de “imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” cometidos en la última dictadura y había sido beneficiado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena con la prisión domiciliaria con el único argumento que es mayor de 70 años.
Apelada la decisión, ahora Piedrabuena debió acatar el fallo de la Cámara Federal de Córdoba y enviar al ex juez a una cárcel común ya que no se probó en la causa que el imputado no pueda ser asistido en un establecimiento penitenciario.

Fuente: Tiempo Argentino

Rompe el silencio un trabajador del cementerio de Punta Alta

“Nos juramos nunca hablar de eso”
Radio Mega de Punta Alta difundió en su página web una entrevista a un trabajador que testimonió sobre el accionar militar durante la dictadura en el cementerio de Punta Alta donde ayer fueron hallados restos humanos que podrían pertenecer a personas detenidas desaparecidas.

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirmó José Palacios.

Agregó que “al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Palacios se desempeña como albañil en la dependencia municipal rosaleña desde 1969 y declaró ante la justicia haber visto “como entraban al cementerio los militares entre los años 1976 y 1977. El lugar, por entonces, se transformó en una zona militar”.

“Cuando entraban al cementerio, a los que estábamos, nos encañonaban con fusiles. Nos retiraban del lugar a unos cien metros y entraban unos militares con las caras tapadas, ellos veían nuestras caras, pero nosotros no la de ellos”, dijo a Radio Mega.

“Nosotros mirábamos de lejos, y si nos movíamos se escuchaba cuando cargaban sus armas, eso daba miedo. En ese momento un suboficial estaba a cargo del cementerio”, continuó y agregó que
“los que nos apuntaban eran los infantes, nos retiraban a cien metros a nosotros y a los empleados municipales que estaban en el lugar. Actuaban en la zona donde encontraron los cuerpos, que por aquellos años era un baldío. En ese lugar permanecían un largo rato”, prosiguió el relato.

La nota firmada por Quique Gomez Lepez completa el testimonio:

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirma Palacios.

Pero el relato del horror siguió: “Al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Indicó que hace poco tiempo, cuando tomó conocimiento que la porción de tierra en cuestión había sido comprada, le dijo a un conocido: “en ese lugar hay muertos”. Le dijeron que era imposible, pero dice: “yo sé lo que vimos, lo que hacían cuando venían, fueron unas 30 veces en dos años, entre 1976 y 1977″.

Palacios dice que no puede asegurar si los cuerpos que tiraban los militares eran de personas vivas o muertas.

“Después de más de 30 años, la historia me cierra, siempre había mucha gente, pero era todo cerrado. Inclusive fui testigo de velatorios a cajón cerrado, donde decían que los cajones no tenían cuerpos sino piedras. Los militares custodiaban los velatorios, y no dejaban que ni siquiera las familias se acercaran”, expuso.

El testigo de los entierros de la dictadura militar en el cementerio, sostiene que “eso nunca se me fue de la cabeza, los julepes (sic) que nos pegábamos eran terribles. Es imposible olvidar todo eso”.

Palacios aclaró que “todo lo que cuento no me lo dijo nadie, lo vi, lo viví. Y lo cuento porque mi vida ya pasó, pero es hora que todos sepan lo que pasaba en el cementerio. Ya no tengo miedo, sólo me gustaría que el que me apuntaba volviera a pararse frente a mí, hoy la situación sería otra”.

El relato del horror en vivo, el de un albañil que a 100 metros observaba junto a otros testigos, el accionar de los militares del proceso. “Son unos 60 metros de fosas, si buscan van a encontrar más de lo que piensan. Por mi parte ya dejé de temer, ya conté lo que vi y callé durante 37 años”.

Un equipo de antropólogos trabaja en el cementerio local

Un grupo de científicos trabaja desde hace instantes en el cementerio local, en el lugar donde la semana pasada un grupo de albañiles encontró restos humanos. Se trata de determinar si se trata de personas desaparecidas en el distrito, durante la dictadura militar de los setenta.

Se trata del equipo de antropología argentino, que en primera instancia se encuentra retirando capas de tierra donde fueron hallados los primeros cuerpos.

La tierra es colocada en recipientes que como todo lo trabajado, será motivo de análisis.

En el lugar se encuentra el fiscal Palazzani, además de la doctora María Tieste.

También observa las tareas el albañil José Palacios, quien en exclusiva para Mega relató el proceso del horror que llevaba adelante la dictadura militar, cuando los militares llegaban al cementerio en jeeps y camionetas.

"Estaban un rato largo, nos mantenían alejados y nos apuntaban, y luego se iban. Entre los años 1976 y 1977 eso lo hicieron unas treinta veces", relató Palacios y cuyo audio se encuentra en Presidencia de la Nación.

Publicado el 07/06/2013 por efemedelacalle

Nora Cortiñas pidió juzgar a jueces cómplices

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, reclamó ayer juicio político "para todos los jueces y fiscales que ocultaron el horror" de la última dictadura. 

En las escalinatas de los Tribunales de Morón, la Madre fue parte de un acto en el que se presentaron públicamente los hábeas corpus originales interpuestos por la desaparición de su hijo Gustavo; de María Elena Peter, delegada sindical que trabajaba en el Juzgado Penal Nº 2 de Morón, y de su esposo Armando Fioritti.

Para Cortiñas, "con su silencio", los jueces, fiscales y funcionarios judiciales permitieron que "se torturara a hombres y mujeres, que se realizaran los vuelos de la muerte y que se apropiaran de los bebés de las madres cautivas".
Entre los funcionarios cuestionados se encuentra el fiscal general Guillermo Nieva Woodgate, quien se desempeñaba como fiscal de Cámaras de la Departamental Morón y no tomó ninguna medida sobre esos recursos.

Procesaron a dos ex magistrados en Santiago del Estero, comprometidos con la dictadura

Están acusados por su actuación durante la última dictadura militar. Habían sido mencionados por numerosos testigos en la megacausa en la que se investigaron los crímenes cometidos en la provincia durante el terrorismo de Estado.

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari ordenó el procesamiento de dos ex magistrados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la dictadura cívico militar. Uno de ellos participó del caso María Soledad.

Se trata de los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo, a los que también se los había acusado de los delitos de “privación ilegítima de la libertad y torturas”. El procesamiento a los ex magistrados surgió tras los juicios por delitos de lesa humanidad en los que varios represores fueron condenados a “prisión perpetua en cárcel común”, entre ellos Musa Azar, que se desempeñó como jefe de Inteligencia en gobiernos democráticos, en las décadas del ’80 y ’90.

Los ex jueces procesados, Roca y Olmedo, al igual que otros ex funcionarios judiciales, entre ellos Luis Eduardo López, Constantino Sogga y Lorna Hernández, fueron mencionados en forma reiterada en el juicio de la denominada “megacausa” de la provincia. Olmedo había integrado el tribunal que condenó a los autores del asesinato de la joven catamarqueña María Soledad Morales.

Durante el juicio oral y público que se realizó el año pasado en Santiago, varios fueron los testimonios que aportaron datos y nombraron a ex jueces, fiscales y militares. Los testigos afirmaron que en reiteradas oportunidades presentaron hábeas corpus ante los ex jueces denunciados, pero nunca recibieron una respuesta favorable. Asimismo, indicaron que fiscales y jueces de la dictadura militar “presenciaban los tormentos al que fueron sometidos con picana eléctrica y submarino” varios presos políticos, en su mayoría desaparecidos.

Estos magistrados no son los primeros en ser imputados por su actuación durante la dictadura, desde la condena al ex juez de Santa Fe, Hermes Brusa, otros miembros del Poder Judicial de distintas partes del país están teniendo que rendir cuentas en Tribunales. Hace pocos días la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja contra la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe y así quedó firme la condena a Brusa por apremios ilegales que le habían dictado en 2009.

En tanto, en Santiago del Estero medio centenar de causas por delitos de lesa humanidad espera sentencia. Además de juicio por la megacausa (grupo I, II y III) y del caso Cecilio Kamenetzky, existen cerca de 50 expedientes se encuentran trabados en distintas etapas del proceso judicial. Entre ellos se encuentran las víctimas y acusados del grupo IV, denominado “los residuales”, ex magistrados y funcionarios del fuero federal, además de personal eclesiástico. Según publicó Nuevo Diario de Santiago del Estero, grupo IV involucra 34 casos de personas que sufrieron persecusión y tormentos.

Entre los “derivados” está el caso del desaparecido Héctor Rubén Carabajal, en el que el año pasado un policía de apellido Luna contó detalles de cómo fue el secuestro y mencionó a Capella (policía exonerado y condenado) como uno de los que participó del secuestro de Carabajal. Ahora se espera que Capella vaya a juicio oral.

La Odessa de los genocidas argentinos

Por Equipo de Política

La Justicia investiga cómo se sustentan los represores prófugos. Las sociedades bajo sospecha. Los casos de Alfonso y Vildoza. Una red que recrea el dispositivo que sirvió para proteger a los jerarcas nazis después de 1946.

Es sabido que a la caída del régimen nazi en Alemania devino una fuga considerable de integrantes de las escuadras SS hacia Sudamérica. De acuerdo con diversos investigadores se creó la ODESSA, una red de colaboración secreta que proveía de fondos y logística para solventar la estadía de los prófugos de la Justicia germana en el exterior. Simón Wiesenthal ubicó a esta organización en el tiempo: 1946 habría sido su fecha de fundación. No obstante las precisiones, el debate sobre cómo funcionó esta central continúa hasta hoy. Lo que nadie rechaza es que tras dejar su país, muchos miembros de las fuerzas paraestatales nazis recibieron ayuda de diversas organizaciones para poder vivir clandestinamente del otro lado del Atlántico. Décadas después, una sospecha similar se ciñe sobre diferentes genocidas procesados por cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la Argentina: se trata de aquellos que burlaron a la Justicia (alrededor de setenta) y viven en la ilegalidad por tiempo indeterminado gracias a una estructura económica que los sostiene.

El 3 de julio de este año, la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, prófuga desde hace más de dos décadas junto a su marido, Jorge Vildoza, segundo jerarca de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entonces comenzó una investigación judicial a cargo de la magistrada federal María Servini de Cubría para determinar la cobertura que les permitió vivir en la clandestinidad durante tantos años. Diez días después de la detención de Grimaldos, acusada de apropiarse junto a su esposo de Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977, la jueza allanó las oficinas de American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década del ’80. ¿La razón? Como la firma está presidida por Jorge Ernesto Vildoza, hijo de la pareja y agente del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura, y Rodolfo Giromini, yerno de los prófugos y ex piloto del Ejército entre 1978 y 1983 –y que actualmente presta sus servicios en Aerolíneas Argentinas–, Servini de Cubría consideró que podía ubicar el paradero de Vildoza padre a partir de los documentos secuestrados.

Pero este no es el único expediente en el que se investiga a American Data: en otra causa se trabaja la hipótesis de que esta firma funcionó como mecanismo de lavado y blanqueo de dinero proveniente de bienes secuestrados a desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Dinero que bien podría haberse utilizado para financiar a otros genocidas prófugos, como declaró Carlos Viñas, tío del bebé apropiado por los Vildoza.

En este marco, el 31 de agosto pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió aplicarle a American Data, de forma novedosa, la controvertida ley contra el financiamiento del terrorismo y congeló los fondos de la empresa así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios. La decisión de la entidad presidida por José Sbatella se basó en la sospecha de que se habría utilizado la firma para “brindar asistencia financiera a los militares prófugos de la Justicia argentina”, según se lee en un comunicado de la Unidad. Por caso, desde American Data S.A. se pagaba el teléfono de Grimaldos.

A esto se suma un dato que no pasó inadvertido para los investigadores: al momento del allanamiento, Vildoza hijo se comunicó con el ex marino Alfredo Astiz, detenido en el Servicio Penitenciario Federal, para comentarle que Servini le estaba allanando la empresa: “¿Les mando saludos de tu parte?”, le preguntó al ex miembro de la Armada según las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza. No fue el primer diálogo entre ambos, por lo que se investiga si existe una organización integrada por ex miembros de la fuerza que provea de dinero, pasajes y pasaportes falsos a sus ex camaradas en el exterior.

“En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, así como también las capturadas, para evadir la Justicia”, agregó la UIF en el documento. El fiscal Patricio Evers aceptó la sanción aplicada por la unidad antilavado y ahora resta la ratificación del juez a cargo del caso. De prosperar, se trataría de un hecho inédito en las causas de lesa humanidad que podría multiplicarse entre las casi tres decenas de represores prófugos que está investigando la UIF. Acaso un ejemplo sirva como botón de muestra para graficar la impunidad que sienten quienes evaden los llamados de la Justicia para aclarar cuentas con el pasado: uno de los casi setenta represores prófugos cambió dólares con su documento de identidad y dejó en evidencia que se encontraba en el país.

Otra empresa sobre la que recaen los ojos de los investigadores es Plus Comunicación S.R.L., una firma integrada por dos socios muy particulares: Eduardo Hernán Alfonso, quien trabajó en diferentes empresas y según sus propias palabras integró el equipo de comunicación de la campaña de Mauricio Macri a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo del general de brigada retirado del Ejército Eduardo Alfonso, quien está prófugo de la Justicia desde mayo de este año, imputado por el secuestro de Beatriz Recchia –quien desapareció tras dar a luz en cautiverio y cuya hija fue apropiada– y por el homicidio de su pareja, Antonio Domingo García, en enero de 1977. Alfonso hijo comparte la conducción de la empresa con Daniel Manuel Reimundes, ex secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, recientemente procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por formar parte de una “empresa criminal” liderada por Juan Bautista Yofre, destinada a comercializar información robada de los correos electrónicos de funcionarios públicos y de la Presidenta de la Nación. Reimundes es un antiguo operador político dentro su fuerza que supo reconvertirse en un próspero empresario, aunque sin descuidar su agenda de contactos. Viejo conocido de Alfonso padre, supo explotar su destino como agregado militar en la embajada argentina en Washington. Según publicó el diario Página 12 años atrás, “el entonces coronel aprovechó para dejar organizada una futura estrategia empresarial vinculada a las telecomunicaciones, inversiones financieras y a grupos internacionales cuya financiación exuda opacidad”. A su regreso fue convocado por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para convertirse en secretario de la fuerza. Entre sus amigos se destaca Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, procesado por montar una red espionaje con recursos del Estado porteño, gestionado por Mauricio Macri –también procesado en aquella causa–.

Por su parte, Alfonso padre –también secretario del Ejército en los gobiernos de De la Rúa y Duhalde– fue gerente de Plus Comunicación S.R.L. hasta el 2004. Por este motivo los investigadores encendieron una luz de alarma: quieren determinar si desde esta firma pudieron salir fondos destinados a solventar su vida clandestina, que ya lleva unos cinco meses. Según se desprende de su razón social, Plus Comunicación tiene diversos objetos sociales entre los que sobresalen el asesoramiento integral en temas referentes a la comunicación, el diseño de la imagen y las relaciones públicas y en temas de reformas del Estado así como en la obtención de fuentes de financiamiento para proyectos en el ámbito nacional e internacional. En su sitio web se publica una amplia cartera de clientes, entre los que se destaca el Jockey Club y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación.

“Cuando los prófugos no tienen una cobertura para mantenerse en la clandestinidad aparecen a los dos o tres días. Son sus vínculos políticos y económicos los que nos impiden encontrarlos. Es fundamental el financiamiento del que disponen”, afirmó a esta revista el fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, quien ganó notoriedad pública en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que concluyó en la ciudad marítima el 12 de septiembre pasado. Allí se juzgó a 17 integrantes del V Cuerpo del Ejército.

Las palabras de Córdoba no son azarosas. La suerte de muchos represores prófugos en Bahía Blanca varía según nivel de cobertura. Una pequeña reseña bastará para tener una dimensión del escenario:

- El teniente coronel retirado Miguel Ángel García Moreno está acusado de asesinar a Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo en noviembre de 1976, entre otros casos. El represor debió haber sido juzgado en el reciente juicio contra los miembros del V Cuerpo del Ejército pero está prófugo. En tribunales creen que está bajo alguna protección política, producto de su trayectoria: García Moreno fue director del Registro Nacional de las Personas durante el interinato presidencial de Duhalde y legislador porteño. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información sobre su paradero.

- Jorge Granada fue agente del Inteligencia del Ejército y es considerado el principal torturador del centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”. En el 2002, el ex comisario Luis Abelardo Patti fue procesado por encubrir su fuga. Así lo dictaminó el juez Ariel Lijo, quien acreditó llamados telefónicos entre ambos. La Justicia lo capturó en una visita a su familia. Fue condenado a cadena perpetua en el reciente juicio de Bahía Blanca.

- Aldo Mario Álvarez fue agente de inteligencia y estuvo a cargo de “La Escuelita”. Está prófugo desde el 2005 con pedido de captura internacional. La Justicia sospecha que pudo recibir algún tipo de financiamiento por parte de la empresa de seguridad Agencia de Investigaciones Privadas Alsina S.R.L., que gerenció hasta el 2000. Lo último que se supo de él es que estuvo recluido en un country del que se escapó minutos antes de que la Justicia apareciera.

- Ricardo Molina es un ex agente de inteligencia que cumplió funciones en la base de Puerto Belgrano. Tiene un pedido de captura nacional. Junto a Álvarez, está inscripto en el Fondo de Recompensas que ofrece la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

- Julián Oscar “Laucha” Corres actuó, cuando era subteniente, en “La Escuelita”. Se lo acusó de casi dos decenas de homicidios y 7 desapariciones. Lo detuvieron en julio del 2008 pero se fugó. Lo hallaron meses más tarde. Pudo burlar a la Justicia gracias a la cobertura que recibió del empresario Héctor Lapeyrade, dueño de la petrolera Chañares Herrados, quien lo invitaba a almorzar, le entregaba celulares y dinero. El empresario fue procesado por encubrir al represor pero falleció antes de recibir una condena. Lo mismo que Corres, quien murió en 2011.

- La contracara de estos casos es el de Jorge Rojas, coronel cuya fuga duró apenas dos días por carecer de dinero para abastecerse.

Hace casi tres décadas que finalizó la dictadura militar en la Argentina. Entre sus consecuencias se contaron miles de desaparecidos, una economía destruida, una sociedad fragmentada y diversas unidades de negocios regenteadas por los protagonistas de aquella época que aún siguen activas. Su desarticulación es una cuenta pendiente de la democracia.

Secretos de una red que ayudó a escapar a los nazis

Uno de los secretos mejor guardados fue quién se encargó de financiar la huida de los jefes nazis. ¿Quién les brindó documentaciones falsas, quién planificó toda la logística de los destinos elegidos y cubrió todos los gastos? A finales de 1947, Simón Wiesenthal (foto), un judío austríaco sobreviviente del Holocausto, considerado uno de los mayores investigadores dedicados a localizar ex nazis para llevarlos ante la Justicia, confirmó la existencia de ODESSA (del alemán: Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen: Organización de Antiguos Miembros de la SS). Se trata de una red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de la SS desde Alemania a otros países.

Según Simon Wiesenthal, ODESSA se fundó en 1946. Entre los viajeros destacados de la ODESSA figuran Martin Bormann, lugarteniente de Hitler, y Adolf Eichmann.

Según el capítulo 3 “Los secretos de Odessa”, del libro Los asesinos entre nosotros, de Simón Wiesenthal: “En un tiempo sorprendentemente corto la ODESSA había establecido una eficaz organización de correos en los lugares más insólitos y valiéndose de alemanes empleados como conductores de camión en el ejército americano y que recorrían la autopista que une Munich y Salzburgo, para el transporte de The Stars and Stripes, el periódico del ejército americano”. De acuerdo a los escritos del investigador, “el conductor entregaba algunos ejemplares del periódico y cruzaba la frontera germano-austríaca, cerca de Salzburgo, con un par de fugitivos nazis escondidos bajo los fajos de The Stars and Stripes”.

La forma de operar de ODESSA estaba muy bien aceitada. “La ODESSA constituía una red eficaz y perfecta. A cada sesenta kilómetros había un Anlaufstelle (etapa de relevo), consistente en un grupo de no menos de tres personas y no más de cinco que sólo conocían las dos etapas más próximas, aquella de donde procedían los fugitivos y aquella a donde eran luego reenviados. Fueron establecidos Anlaufstellen a lo largo de toda la frontera austro-germana… En Lindau, población vecina a la vez de Austria y Suiza, la ODESSA había establecido una compañía de importación-exportación con representantes en El Cairo y en Damasco”. Nada quedaba librado al azar.

Un ex fiscal extraditado

No sólo militares se han fugado del país intentando escaparles a los procesos por violaciones a los derechos humanos. Finalmente pudo ser extraditado de Colombia el argentino Gustavo Modesto Demarchi, un ex fiscal federal acusado por delitos de lesa humanidad en una causa que investiga una serie de homicidios ocurridos entre 1975/76. Fue trasladado por el departamento de Interpol ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, se negó a declarar y sólo habló de cuestiones procesales que a su entender podrían ser irregulares.
Demarchi comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A.

El ex fiscal, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez, están acusados de los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista marplatense Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.

La causa todavía tiene prófugos: Eduardo Salvador Ullúa –ex ayudante fiscal de Demarchi–, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero y Raúl Viglizzo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que ofrezcan datos para dar con sus paraderos.

Hoy Gustavo Modesto Demarchi pasa sus días tras las rejas, en el penal de Marcos Paz, asistido por su hijo, el abogado Juan Manuel Demarchi