FIN DE UN CICLO
Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta diciembre de 2015. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de primera instancia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.
Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( www.mpf.gov.ar y www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar
Otro año de caída
Con 17 juicios parciales concluidos y 115 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar a los genocidas. El debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.
Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Capital federal a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.
Desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 12 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 230 procesados que fallecieron en estos 12 años) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 643 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 130 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los 200 mil represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2 mil procesados, ese 32% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.
Cifras generales
Si analizamos lo que fueron las distintas zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, y subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías y servicios penitenciarios provinciales se han hecho:
- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas. Agregamos aquí el detalle de que en 2015 sólo se realizaron 2 procesos en este ámbito: la causa por la represión en Junín y contra agentes del Batallón 601 por asociación ilícita.
- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 150 condenas. Nuevamente, en 2015 sólo hubo 2 procesos en esta jurisdicción: la causa contra el subjefe de policía de Formosa y la conocida como “Saint Amant 2” en Rosario.
- 44 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 264 condenas. Es esta la jurisdicción donde más juicios hubo este año (7 procesos), a la vez que donde más condenas ha habido en general, incluidas las 28 de este año sólo en el juicio que se realizó en San Luis.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del noroeste bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 13 procesos con 53 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. Este año sólo concluyó en esta jurisdicción el juicio N°11 por hechos de aquella sede de mando militar, referidos a crímenes cometidos desde la Comisaría de Villa Ballester.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 10 juicios que condenaron a 71 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 3 en Bahía Blanca (el último compartió imputaciones con efectivos de la Armada) y 1 en Río Negro.
En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a un total de 50 marinos, 9 prefectos y 8 civiles cómplices de esas patotas. Este año se logró la condena a 5 marinos y 3 prefectos en La Plata, en el juicio a la Fuerza de Tareas 5; además de 9 marinos y 4 prefectos sentenciados en la causa “Fracassi” de Bahía Blanca; la apropiadora de Javier Penino Viñas y los de Florencia Reinhold Siver, delitos cometidos desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, continúa su curso el tercer tramo por los crímenes de la Escuela de Mécánica de la Armada, que lleva 3 años de audiencias, donde han muerto impunes casi una decena de represores, y que se ha convertido en el proceso judicial más complejo de las historia penal argentina.
Además sólo 13 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea y sus patotas condenados a la fecha: este año se sentenció a 2 oficiales de la 5ta Brigada Aérea en el juicio desarrollado en San Luis, y a 5 oficiales de la Fuerza Aérea y un civil de Inteligencia de esa fuerza en la causa Mansión Seré 2 en San Martín. Y hubo sólo 11 integrantes de Gendarmería condenados, en CABA, Córdoba, Tucumán y San Martín.
Por último, en 2015 hubo 2 novedades importantes: el ex juez Manlio Martínez fue el primer ex funcionario judicial de la dictadura condenado por secuestros, prevaricato y asociación ilícita; mientras que los espías del Batallón 601 Leonardo Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que habían llegado procesados por 3 secuestros extorsivos de empresarios entre 1979 y 1981, fueron absueltos por mayoría por el TOF6 de Capital, que entendió cosa juzgada, y transformó el proceso en el primer juicio en que todos los procesados fueron dejados en libertad.
Grises y negros
Curiosamente venimos escuchando desde los sectores del kirchnerismo que cada año que se iniciaba sería realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. Ni siquiera se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. El proceso venía creciendo desde las 19 juicios con 114 condenas de 2010, pasando a 21 procesos finalizados con 86 condenas en 2011. Como decimos, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 aunque se estancó en 23 juicios concluidos creció a 161 condenas. Fue a partir de allí que comenzó a decaer el proceso, llegando en 2014 a 20 juicios con 96 condenas y en 2015 a sólo 17 procesos con 115 condenas, es decir que se volvió a los promedios de 2010, cuando se había pegado el gran salto.
Es tan inocultable el estancamiento de la tendencia que el optimismo que trasmitía el habitual informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publica cada fin de año, se reflejó en un relevamiento estrictamente estadístico este año, dejando de lado los análisis detallados de otros años y sin siquiera alertar sobre el hecho básico de que más procesamientos con menos juicios por años generan un cuello de botella difícil de sortear. (1)
Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores; mientras que los “mega-juicios” (10 represores o más) han caído a 3 sobre 20 en 2014 y 4 sobre 17 en 2015.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Como dijimos, este año sólo llegaron a sentencia los casos Penino Viñas y Reinhold Siver, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver.
En donde se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos. Y si bien esta posición sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país, a los 2 represores condenados hasta el momento (Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero) en los últimos años se han sumado condenas por violación y abuso deshonesto en los juicios Vesubio 2, Villa Urquiza de Tucumán, Mansión Seré 2, Armada de Bahía Blanca y Comisaría de Villa Ballester.
Sin embargo falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Hoy es tiempo de que la justicia recepcione de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.
Domiciliarias y reconciliación
El polémico editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, ha reinstalado el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. (2)
La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.
Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único eje cuestionador de la cárcel común: a ellos se suma un sector de los familiares y víctimas de terrorismo encabezados por Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, que confunden la reconciliación impune con el cumplimiento igualitario de la ley. (3)
Recordamos que este debate tiene un grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle, por razones médicas, la domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas conservan poder y capacidad logística de fugarse y complicar las investigaciones.
Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Con este antecedente cabría preguntarse entonces cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos del vocero de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en esta década el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario, mientras hoy queda un 25% del total de 2.100.
La Plata sigue impune
Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuys familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.
Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.
Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
Conclusión
La puesta en la balanza de estos 12 años de juicios ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Incluso la pretensión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, referida a concluir los juicios en 2015 (4) parece hoy un mal chiste, cuando no un manotazo de ahogado, de quien quiere maximizar su tarea antes de irse, pero que de ninguna manera es practicable porque no puede hacerse a las apuradas lo que no se planificó anteriormente.
Hasta el juez Daniel Rafecas ha reconocido que en estos juicios “el modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”. (5)
Esas voces, que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya los juicios. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.
En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de López.
A 40 años del golpe genocida seguiremos luchando por:
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIO A LAS BANDAS FASCISTAS QUE ACTUARON PREVIO AL GOLPE, A LOS CÓMPLICES EMPRESARIALES, ECLESIÁSTICOS Y DE LA BUROCRACICA SINDICAL.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!
HIJOS LA PLATA
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