Dictadura chilena otro 11 de septiembre : “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria”

Los familiares de las vícitmas de la dictadura chilena marcharon otro año más por la verdad y justiciaEl 11 de septiembre abre viejas heridas

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión a Pinochet y por otros que consideran que no es necesario. Organismos de DD.HH. piden el fin de la impunidad.
“Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue la frase de la movilización de ayer.

Por Christian Palma  -  Desde Santiago

Los rostros de dos mil ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura cívicomilitar chilena encabezaron la tradicional marcha que las agrupaciones de derechos humanos realizan el domingo anterior al 11 de septiembre: ese día, pero en 1973, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado que gobernó Chile a punta de tortura, asesinatos y una política del terror que aún mantiene abiertas muchas heridas.

La simbólica actividad partió en calma. Más de 30 mil personas se congregaron por el centro de Santiago con dirección al Cementerio General, lugar donde se encuentra el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido. Este año, cuando se cumplen 40 desde la irrupción por la fuerza de los militares, la frase “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue el concepto que marcó la marcha. El memorial es el escenario final de la principal romería encabezada por familiares de las víctimas para homenajearlos, y es uno de muchos espacios, monumentos, sitios de memoria que evocan las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Augusto Pinochet.

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión la dictadura y por otros que consideran que no es necesario. En este escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que es momento de mirarse a la cara con quienes quieran construir un país justo y sin impunidad, destacando que para ello la justicia y la memoria son fundamentales.

“Creo que ésta es una hermosa muestra de que éste es un país que no se ha tragado la historia y de que éste no es un tema del pasado. La verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad”, dijo.

Agregó que “el perdón no significa impunidad, las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quiénes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes”.

En esta línea, Pizarro añadió que “son 40 años de lucha junto a la gente. Tenemos una inmensa mayoría de jóvenes que salieron a decir a la calle no a la educación de Pinochet y desde ahí abrir una realidad que estaba oculta y 40 años después estamos más acompañadas que nunca”.

Antes de la caminata, Carabineros detuvo a un menor de edad con bombas molotov que se dirigía a la marcha masiva y otro adulto que portaba ilegalmente un revólver calibre .38. Mientras que en el cementerio, los uniformados ya tenían dispuesto todo un aparataje de seguridad.

Pasado el mediodía, en la intersección de las concurridas calles Bellavista con Recoleta, se registraron los primeros incidentes en medio de la marcha. En ese lugar, Carabineros actuó para controlar a un grupo de encapuchados que intentó saquear y quemar la sucursal de un banco y a otros manifestantes que atacaron una estación de servicio. Lo hizo a través de carros hidratantes y lanzagases.

Más tarde, otros grupos de encapuchados instalaron barricadas y se enfrentaron a la policía uniformada, atacando incluso a la prensa.

Estos hechos son la antesala de lo que podría suceder en los próximos días cuando tanto el gobierno y la oposición conmemorarán un nuevo aniversario del “11” en medio de una campaña presidencial que tiene a dos mujeres como candidatas: Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, ambas hijas de generales de la Fuerza Aérea de Chile en 1973. La primera, de un militar leal a Salvador Allende y la segunda, de otro que participó en la junta militar.

Junto a ello, innumerables reportajes con nueva información acerca de la violación a los derechos humanos y los horrores de la dictadura, la molestia ciudadana por el modelo económico social imperante y un gobierno de derecha que ya no sintoniza con las demandas de la población (más bien las ha reprimido) han reabierto heridas y rabias que podrían crispar los ánimos.

De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que “tenemos información y preocupación de que se van a desarrollar actos de violencia durante estos días y por consiguiente hemos adoptado un plan especial con Carabineros y la Policía de Investigaciones para proteger al máximo la seguridad de las personas”.

El plan de contingencia contemplará un aumento de policías, protección especial al transporte público, patrullajes terrestres y aéreos. Además, señaló que habrá una preocupación especial por proteger a los candidatos presidenciales.

“Le pedimos colaboración a la población para que la policía actúe en forma preventiva como también comprensión, porque tendremos que tomar acciones como desvíos de tránsito para proteger a las personas, tenemos que estar preparados porque hay sectores preparados para utilizar el 11 de septiembre para expresar la violencia”, concluyó.

Los delitos en el "Sheraton": Procesados siete represores

El juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza.

 Por Ailín Bullentini

Entre diciembre de 1976 y abril de 1978, parte de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza, funcionó como un centro clandestino de detención a la orden del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los amplios brazos de terror que cubrió al país durante la última dictadura cívico-militar. “Sheraton”, le decían a ese espacio de secuestro y tortura por el que pasaron víctimas del terrorismo de Estado como el guionista y escritor Héctor Oesterheld y el sociólogo Roberto Carri, entre otros, y así se conoce también a la causa judicial, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que intenta atribuir responsabilidades por tales delitos de lesa humanidad. La causa peligró tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, en mayo pasado, hasta entonces el único acusado con vida, y ahora recobró impulso: a fines de la semana pasada, Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por secuestros y torturas cometidas en ese centro clandestino.

“Se trata de una causa que unos meses atrás parecía que se caía porque tenía pocos imputados y habían muerto, pero que en este último tiempo tuvo un avance significativo”, resumió la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, quien estuvo dos veces secuestrada en el Sheraton y es querellante en la causa, que contempla los delitos cometidos en perjuicio de dieciocho víctimas.

El viernes pasado, el juez federal que lleva adelante la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de acción del Primer Cuerpo del Ejército presentó un dictamen de 336 fojas que ordena y argumenta el procesamiento con prisión preventiva de los coroneles retirados del Ejército Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, el general de brigada retirado Héctor Gamen –el único del grupo ya condenado por sucesos de la última dictadura– y a los comisarios bonaerenses Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano por los hechos sucedidos en el Sheraton, un centro de detención clandestino en el que, según fuentes judiciales, las condiciones de cautiverio eran menos duras que en otros y a las víctimas allí secuestradas se las obligaba a realizar informes de situación para la dictadura.

Tal como reseñó Bisutti, el avance del expediente a la instancia de juicio oral peligró luego de la muerte de Videla, quien era el único responsable vivo por los hechos. Carlos Martínez, jefe del Batallón 601, era el otro, pero había muerto un mes antes.

El renovado impulso a la investigación provino de certezas: la que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983. La reconstrucción de los hechos en esa línea, entonces, tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre aquellas altas esferas y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.

Un trabajo de más de cuatro meses llevó a los “responsables directos” del espacio y los hechos que ocurrieron allí pertenecientes la estructura burocrática preestablecida en las Fuerzas Armadas, de la que se valió el gobierno represor en combinación con la estructura clandestina que montó exclusivamente para los secuestros, las torturas, las desapariciones. Según la didáctica explicación presente en el dictamen de procesamiento de Rafecas, las “Planas Mayores” son los cargos ubicados en unidades burocráticas de “menores dimensiones”. “La inexistencia de grupos ajenos a las Fuerzas Armadas o de seguridad en la perpetración de los hechos, la creación de centros de detención bajo el mando de dichas fuerzas y la utilización de espacios oficiales para el alojamiento de detenidos permite sostener que aquellos que funcionalmente detentaron lugares formales claves, como el oficial de Inteligencia, el oficial de Operaciones, y en definitiva las Planas Mayores de las unidades bajo las cuales funcionaron centros clandestinos no podrían haberse encontrado ajenos a los hechos”, justificó Rafecas en el documento de procesamiento.

Baume y Battafarano eran, entre 1976 y 1978, subcomisarios que estuvieron a cargo de manera sucesiva de la dependencia en la que funcionó el Sheraton. El primero fue procesado por cinco privaciones ilegítimas de la libertad y dos casos de aplicación de tormentos. El segundo, por diecisiete secuestros y siete casos de torturas. El control militar del centro clandestino estuvo a cargo, según concluyó Rafecas, del coronel Antonino Fichera, que está muerto; de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor, Costa y Rodolfo Godoy; del entonces oficial de Inteligencia Cunha Ferré, del oficial de Operaciones Roberto Godoy y del coronel Gamen, quien tenía bajo su mando a la Subzona 11 del Ejército.

Costa quedó procesado y está actualmente detenido por mantener en cautiverio a diecisiete personas y torturar a ocho. El procesamiento de Rodolfo Godoy corresponde a su responsabilidad directa en nueve secuestros y cuatro casos de imposición de tormentos. Rafecas da por probada la responsabilidad de Cunha Ferré, a quien el dictamen señala como el verdadero jefe del Sheraton en base al relato de sobrevivientes y el reconocimiento fotográfico respecto de 14 privaciones ilegítimas de la libertad y siete casos de tortura.

Roberto Godoy y Gamen, considerados por el juez federal como “piezas clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, serían responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8. Según precisaron fuentes judiciales, su rol fue “fundamental no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales”.

Hallan cuerpo de María del Valle Santucho, desaparecida hace 38 años

Se trata de la sobrina de Mario Roberto “Robi” Santucho, comandante del ERP. La joven había sido secuestrada el 19 de diciembre del 75. Fue ubicada en una tumba NN del cementerio de Avellaneda.

VÍCTIMA. María del Valle Santucho, militó en el ERP-PRT. Su padre, Carlos Santucho también fue asesinado por los militares.

Publicado el 30/08/2013 - El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) logró identificar los restos de María del Valle Santucho, que fueron hallados en una tumba NN en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
“Coty” como la llamaban sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrada el 19 de diciembre de 1975, en Lomas de Zamora (Buenos Aires), junto a dos compañeros.
Esta detención se produjo días antes de la fallida toma del arsenal militar de Monte Chingolo por parte de la organización.
La novedad fue proporcionada por el abogado Luis Santucho, quien informó que los restos de su pariente, llegarán entre hoy y mañana para ser inhumados en el panteón de la familia Santucho en el cementerio de La Piedad, en la ciudad capital.
Además, señaló que el próximo 6 de septiembre se organizará un homenaje en su memoria al cual participarán organismos de derechos humanos locales y también representantes de ONG de otras provincias.
Según los archivos de los organismos humanos, “Coty” tenía 26 años (aunque aparentaba mucho menos), cuando fue secuestrada.
Hija de Carlos Iber Santucho y Helvecia Castelli, fue sobrina de Mario Roberto Santucho “Robi”, fundador del ERP y el PRT.
María del Valle integró el frente militar del PRT-ERP y debía participar en una de las operaciones vinculadas con la toma del arsenal militar en Monte Chingolo.
El 19 de diciembre 1975, “Coty” participaba de una reunión con dos compañeros en una casa de Lomas de Zamora.
Sorpresivamente irrumpió en el departamento una unidad policial y los tres fueron detenidos. Su madre interpuso de inmediato un habeas corpus ante la Justicia, sin resultado.
Los detenidos no fueron legalizados, sino que se los derivó al Batallón 601 de Inteligencia Militar para ser interrogados.
Carlos Iber Santucho, padre de María del Valle y hermano de Mario, no militó en el PRT-ERP porque era peronista.
Fue secuestrado el 13 de julio de 1976, a las 17, en su lugar de trabajo y conducido al lugar conocido como “Automotores Orletti”, donde fue torturado hasta morir para obtener información de otros miembros de la familia.
Los detalles de su muerte fueron relatados por Enrique Rodríguez Larreta, ciudadano uruguayo sobreviviente del mismo lugar.

HISTORIA
Corolario de una intensa búsqueda
Publicado el 30/08/2013 - La búsqueda de los restos de María del Valle, era una misión que desvelaba a su tía Blanca, destacada militante de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y hermana de Mario Roberto Santucho.
Este hallazgo se produce después de la muerte de Blanca, pero tiene un importante impacto para la familia, ya que María del Valle ocupará el mismo panteón de su padre, Carlos Iber, también víctima del terrorismo de Estado y cuyos restos fueron identificados en 2009 en Buenos Aires, tras lo cual fueron trasladados a Santiago del Estero.

Fuente: El Liberal

Comenzó el juicio oral contra el perito Roberto Locles por dañar pruebas en elcaso de Mariano Ferreyra

Seis colegas contra el acusado

Locles, acusado de manipular y alterar la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, se negó a declarar. “Fue un momento bastante traumático, repentino y me quedé atónito”, planteó un perito de la policía durante su testimonio.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar ayer al perito Roberto Locles, acusado de manipular la bala extraída del cuerpo de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado por una patota ferroviaria durante una marcha. El imputado se negó a declarar y la querella que representa a Beatriz Rial, la mamá de Ferreyra, evaluó positivamente la jornada de ayer. “Los testigos probaron la acusación”, consideró uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrón. Fueron seis los testimonios de peritos que se escucharon. Otros ocho completarán la nómina el miércoles, cuando el tribunal espera poder también tomar nota de los alegatos de las partes.

Cerca de las 9.30, los jueces Gustavo Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani dieron comienzo al proceso oral que determinará si Locles es culpable o no de haber inutilizado o alterado un medio de prueba, específicamente la bala que mató a Ferreyra. El hecho sucedió cuando, contratado por la defensa del ferroviario Guillermo Uño –estuvo acusado de integrar la patota que mató a Ferreyra y recibió la absolución del Tribunal Oral Nº 21 en abril pasado–, Locles golpeó el proyectil contra una mesa, varias veces, con la aparente intención de convencer al resto de los peritos de que el plomo, antes de impactar en el cuerpo del joven, había rebotado contra la calle. El delito prevé cuatro años de prisión.

Durante la jornada de ayer declararon seis peritos que participaron de aquel momento en el que el acusado marcó la bala. Ellos labraron un acta y tomaron fotos del proyectil modificado para comunicarle el hecho a la jueza Wilma López, a cargo de la determinar lo ocurrido aquella mañana de octubre de 2010 en la que murió Ferreyra y otros tres militantes resultaron heridos. Ella luego radicó la denuncia penal contra Locles. Los cuatro peritos de la Policía Federal, Juan Leguiza, Edgardo Ríos, Matías Romero y Martín Descalzo, así como los dos profesionales aportados en aquella ocasión por el CELS, Silvia Buffarini y Diego Gómez, ofrecieron su testimonio luego de que el acusado se negara a declarar y los jueces rechazaran un pedido de nulidad de la acusación presentado por su defensa.

“Los testigos aportaron relatos que prueban lo que se venía vislumbrando en la instrucción, la acusación contra Locles”, evaluó Efrón, que comparte la querella con su colega Maximiliano Medina. Además de su representación, también participa del juicio la querella en representación de los militantes del PO heridos en las mismas circunstancias en que murió Ferreyra. La acusación está a cargo del fiscal Fernando Fiszer. Para ayer también estaban citados los dos peritos de Gendarmería, María Silvina Lastreti y Gonzalo Díaz, que participaron en aquella junta. El testimonio de Lastreti fue aportado por lectura debido a que se encuentra residiendo en el exterior. A Gómez, que fue trasladado a Neuquén, el tribunal lo citó para el miércoles.

Leguiza, quien durante la junta de peritos fue el encargado de identificar la bala ante sus colegas y de diferenciarla del resto de los plomos que estaban a disposición para manipular en caso de considerarlo necesario para evaluar hipótesis, fue el primero en declarar ayer. “Fue un momento bastante traumático, en cuestión de segundos pasó todo, fue sorpresivo, repentino y me quedé atónito”, planteó ante los jueces sobre el momento en que, según la denuncia en su contra, Locles tomó el proyectil y lo golpeó sobre la mesa en la que trabajaban. “Era la primera vez que sucedía algo así con una prueba de causa”, coincidió Romero.

Según el expediente, Locles golpeó la bala mientras decía: “¿Ven que esto no se deforma?”. En su testimonio, Descalzo lo desmintió: “Cualquier persona se da cuenta de que un proyectil de plomo desnudo se va a deformar si se hace esta operación”. “Cuando lo soltó, lo tomo y veo que tiene un brillo que antes no tenía, dejamos constancia y él se retira sin firmar, lo llamaron por teléfono, salió afuera y cuando volvió dijo que se tenía que ir y pasaría a firmar al día siguiente”, aseguró Leguiza.

Previo a la ronda de testimonios, Locles se negó a prestar declaración indagatoria y sólo dio sus datos personales: “Dentro de media hora cumplo 76”, dijo y anticipó que hablará al final del juicio. Ante la decisión, los jueces ordenaron leer la declaración que prestó en la instrucción de la causa, cuando afirmó que no tuvo voluntad de dañar la prueba. “Nunca tuve intención de hacerlo, estaba muy nervioso, con un ataque de presión y por su dureza no lo hubiese deformado”, se defendió el 1º de abril de 2011 ante el juez Alberto Baños, que lo procesó.

Mientras espera su extradición, un sacerdote prófugo vive en una parroquia de Italia

Franco Revérberi Boschi, ex capellán militar
La fiscalía de San Rafael, Mendoza, requirió su detención y el juez federal ordenó su captura internacional. La APDH de esa ciudad le pidió al Papa que interceda para que el cura "se allane al proceso judicial". Le imputan haber participado en torturas.

Uno de los prófugos por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza es el sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y actualmente, según Interpol, ejercería tareas religiosas en una parroquia de Parma, Italia, mientras se aguarda que un tribunal de ese país lleve a cabo el juicio de extradición.

La captura del sacerdote, de 75 años, fue requerida por el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado y ordenada por el juez federal de esa ciudad, Eduardo Ariel Puigdengolas.

La nacionalidad ítalo-argentina del imputado obstaculizó su detención durante el proceso judicial abierto en Italia a requerimiento del juez argentino para que se decida su captura y envío a nuestro país para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, informó a Fiscales la fiscalía federal de esa ciudad del centro de la provincia de Mendoza. Si el juicio de extradición concluye favorablemente a la petición de las autoridades argentinas, Revérberi Boschi será detenido y enviado a San Rafael para responder por los crímenes que se le imputan.

El pedido de extradición fue remitido en febrero al Ministerio de Justicia italiano y actualmente se encuentra en la Corte di Apelli di Bologna. Según se informó desde la fiscalía sanrafaelina, tanto la embajada argentina en Italia como la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación intervienen en el caso, con el objeto de lograr una resolución favorable y en el menor plazo posible al requerimiento del juez federal mendocino.

En este contexto, la filial San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dirigió a principios de este mes una nota a el Papa Jorge Bergoglio, por intermedio del Nuncio Apostólico en Argentina Monseñor Emil Paul Tscherrig, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Revérberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.

La actuación del sacerdote en el terrorismo de Estado quedó al descubierto durante el primer juicio por esos delitos que se realizó en 2010 en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael.

Durante las declaraciones testimoniales, cinco víctimas mencionaron su presencia -algunas lo describieron al detalle- durante las torturas a las que fueron sometidas principalmente en el centro clandestino de detención conocido como la "Casa Departamental".

Roberto Flores dijo que el cura no los golpeaba pero que presenciaba los suplicios infligidos a los prisioneros y que lo ha visto con una Biblia en la mano. Lo describió vestido con pantalón, camisa y zapatos negros, cuello blanco y un saco, nunca vestido de sotana. Añadió que era de tez trigueña, pelo negro y que medía aproximadamente entre 1,72 y 1,75 metros.

Por su parte, el sobreviviente Sergio Chaqui lo vio pasar en el centro clandestino, y agregó que nunca le dio consuelo espiritual.

Huego Riera, en tanto, agregó que vio al cura en Infantería con la Policía, pero no con los detenidos.

Mario Bracamonte relató que en la Departamental vio al sacerdote en cuatro oportunidades. Una tarde, dijo, hubo una golpiza y luego, como tormento, les hicieron secar el piso con el cuerpo, arrastrándose. Era invierno, cuando las temperaturas en esa ciudad suelen bajar de los -10°.

En ese momento, explicó Bracamonte, levantó la cabeza y vio a Revérberi junto al oficial de la policía mendocina, enlace con las fuerzas armadas, José Mussere; al jefe de la subárea militar 3315, mayor Luis Faustino Suárez; al capitán del Ejército, Luis Stuhldreher, quien fue interventor de la municipalidad de San Rafael; y al teniente del Ejército, Aníbal Guevara.

La víctima dijo que el sacerdote concurría al centro clandestino junto a esos cuatro personajes todas las noches y que un 9 de julio le pegaron una paliza durante cuatro horas a un sindicalista de la UOM de apellido Castro, a quien torturaban ahogándolo en un balde. En ese contexto, Bracamonte vio a Revérberi mirando la situación y cuando lo vio recibió una patada de sus captores, que lo increparon: “qué mirás, negro”.

Stuhldreher está detenido desde abril pasado por crímenes de lesa humanidad, después de dos años de estar prófugo, mientras que Guevara fue condenado a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios.

Por su parte, el testigo Ángel Di Cesare dijo que vio al prelado en varias oportunidades en el centro de San Rafael vestido con traje de combate y con armamento. Agregó que era quien bendecía las armas con las cuales torturaban a las personas.

De testigo a imputado

Durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Mendoza, Revérberi fue convocado a declarar como testigo y, tras su presentación en el debate, se produjeron los testimonios de quienes lo vieron actuando en el contexto de la represión ilegal.

Por ello, el 24 de septiembre de aquél año el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado solicitó que se le reciba indagatoria a Revérberi, pero el juez Puigdengolas rechazó el pedido y delegó la investigación en la misma fiscalía.

Casi un año después, el juez fijó fecha para la indagatoria el 10 de agosto de 2011. El acto nunca  pudo concretarse ya que, a esa altura, el ex capellán se encontraba en Italia y, desde allí, invocó razones de salud que le impedían regresar a Argentina.

Según la Policía Internacional, Interpol, el 10 de mayo de 2011, tres meses antes de que el juez dispusiera su indagatoria, el cura había dejado el país en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino final al aeropuerto internacional de Roma, con escala previa en España. Interpol también informó que el ex capellán se encontraría ejerciendo su actividad religiosa en la Parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, Parma, la ciudad donde nació el 24 de diciembre de 1937.

Tras solicitar una serie de medidas para establecer el verdadero estado de salud del imputado, la fiscalía pidió el 10 de agosto de 2012 al juez federal que dispusiera su rebeldía, ordenara su captura internacional y abriera un proceso de extradición. Esas medidas fueron dispuestas por el juez el 23 de agosto de ese año y, después de los trámtites burocráticos de rigor -paso por la Cancillería y traducción mediante al italiano-, el pedido fue remitido en febrero pasado a Italia.

Santiago del Estero: Denuncian que represores condenados usan celulares y computadoras en Colonia Pinto

Denuncia de organismos de derechos humanos sobre situaciones de privilegio e impunidad de represores detenidos.
Se hicieron presentaciones ante el Tribunal Oral Federal y el juez Federal de Santiago. Temen por la seguridad de víctimas, familiares y testigos de las causas.
Denuncian que represores condenados usan celulares y computadoras en Colonia Pinto
Los planteos fueron efectuados ante el juez federal Guillermo Molinari y el Tribunal Oral Federal.

Publicado el 18/08/2013 - Organismos de derechos humanos locales presentaron una grave denuncia ante el Tribunal Oral Federal y el juez federal de Instrucción, Guillermo Molinari, debido a que tienen información de que los represores que están recluidos en la Unidad Penitenciaria Federal de Colonia Pinto, cuentan con computadoras y celulares.

Advierten que esto les facilitaría el contacto con el exterior, lo que representa un riesgo para la seguridad de las víctimas sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas. También, la posibilidad de fugas y en ese sentido recordaron el caso del ex policía Roberto Díaz Cura, acusado por delitos de lesa humanidad, quien se encuentra prófugo desde mediados de 2011.
Cristina Torres, presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, confirmó que se realizó la presentación que también comprende un pedido de mayores controles tanto a los represores que están en Colonia Pinto, como al ex jefe de los grupos de tareas, Musa Azar Curi, quien cumple su condena en el Hospital Regional.

Torres manifestó que Azar Curi, al encontrarse en un lugar que no es una prisión, tiene mucha libertad de movimiento y contacto con el exterior. Sostuvo que si está enfermo, que directamente sea trasladado al Penal Militar de Ezeiza, que cuenta con un hospital de alta complejidad para atenderlo ante cualquier eventualidad.

Torres comentó que desde la Cárcel Federal de Colonia Pinto donde hay cerca de una decena de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, llegaron “trascendidos con respecto al uso por parte de los detenidos, de celulares y computadoras con los que tendrían posibilidad de comunicación con el exterior”.

“Me parece que esta situación tiene que ser merituada por quienes tienen responsabilidad de la custodia. Consideró que hay un “abuso de comunicación al exterior, teniendo en cuenta que son gente que no colaboró con los procesos de juzgamiento”.
Advirtió que no debe repetirse lo que pasó en San Juan, donde fugaron dos represores o “lo que pasó con Roberto Díaz”.

Sobre Azar Curi, dijo que pidieron el traslado al Penal de Ezeiza, “porque nos ha llegado información de las posibilidades que tiene él en su lugar de detención, de visitas permanentes, no porque no pueda tenerla, sino por lo que significa el manejo de información y la posibilidad de poner en riesgo la seguridad de testigos, víctimas o sus familiares, es lo que nos preocupa”, advirtió.

El represor Appiani cuestionó su expulsión de la Uader, pero la Justicia rechazó su planteo

¡¡Se siente discriminado!!

Jorge Appiani está imputado por violaciones a los derechos humanos.
La expulsión de dos represores de la dictadura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) sigue dando que hablar. Ahora fue la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la que rechazó un planteo por discriminación presentado por Jorge Humberto Appiani, imputado en la megacausa denominada Área Paraná. Appiani cursaba y había aprobado cuatro materias de la carrera de Profesorado de Historia, en el marco del Programa Educación en Contextos de Encierro que la Facultad de Humanidades dicta para internos de las unidades penales. El año pasado el Consejo Superior de la universidad dispuso “la no admisión ni permanencia de condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes”. La medida alcanzaba también al médico Hugo Mario Moyano. Tras la expulsión, Appiani acudió a la Delegación Paraná del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) argumentando que sus derechos habrían sido “vulnerados” y que la expulsión de una universidad pública significaba una “abierta violación a la ley antidiscriminatoria”, entre otros puntos.

El organismo replicó que la negativa de un docente a dictarle clases a un detenido y procesado por delitos de lesa humanidad no constituye un acto discriminatorio y dio por cerrado el caso.

Entonces el represor fue a la Justicia, donde tuvo más reveses: el juez federal Leandro Ríos desestimó la denuncia y Appiani apeló a la Cámara Federal de Apelaciones argumentando que las conclusiones del magistrado “no son producto de la lógica ni del sentido común, sino meros juicios apresurados”. Pero el tribunal que integran Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso tampoco hizo lugar a su planteo, aunque “por la inexistencia de habilidad del denunciante para deducir el recurso”, tal lo expuesto en una resolución del 3 de abril pasado. El represor interpuso entonces un recurso de casación, que también fue rechazado el 2 de mayo por el tribunal, publicó El Diario.

Así las cosas, mientras Appiani continúa con su reclamo por la vía judicial, el acceso a la universidad pública provincial le está vedado.

Appiani está detenido en una Unidad Penal Nº 1 de Paraná desde el 4 de junio de 2009. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En 2011 los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva lo acusaron como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas. La causa, que tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, está casi paralizada por las trabas que han puesto las defensas, especialmente, Appiani, en su propio nombre.

El primero en alzar la voz contra la presencia de los represores como alumnos fue Darío Velázquez, un docente de Historia, quien manifestó su preocupación por la presencia de Appiani en sus clases y pidió que se establecieran criterios para “la admisión de personas procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad”.

En la resolución del consejo superior de la Uader se argumenta, citando al ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, que “la generosidad constitucional es amplísima, pero reconoce como límite la no afectación de la existencia misma de las instituciones y la incolumidad de su naturaleza, pues es elemental función de todo texto constitucional crear instituciones y normar las condiciones para su permanencia y continuidad. Por ende, la garantía de autonomía universitaria –en consonancia con el principio de igualdad–, no puede desnaturalizarse para servir de instrumento legal que destruya la propia universidad”.

Asimismo, se remarcó en la resolución que la decisión no constituye “una sanción jurídica sino ética, lo que excluye toda disquisición filosófica sobre la fundamentación de la pena o sobre los alcances de la inhabilitación que pesa sobre los afectados, porque no hay pena alguna que fundamentar. La universidad puede otorgar premios éticos y también aplicar sanciones del mismo tipo. En nuestro caso, los involucrados participaron de un régimen que asesinó a miles de estudiantes y profesores, razón más que suficiente para aplicar la sanción ética mentada”.

El socio prófugo
Appiani, detenido en Paraná, es socio de Jorge Antonio Olivera, el ex militar que se fugó del Hospital Militar Central el 4 de julio, tres semanas después de haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos en San Juan. Ambos eran socios en un estudio jurídico frente a los tribunales porteños hasta que cayeron presos.

Como abogados lograron que la Justicia dejara sin efecto el recorte salarial a militares en actividad dispuesto por el gobierno de la Alianza; se ofrecieron para representar a kiosqueros porteños tras la sanción de una ordenanza que imponía restricciones horarias para la venta de alcohol; y promocionaban sus servicios entre los ahorristas afectados por el corralito para litigar ante las casas matrices de los bancos extranjeros que tenían filiales en el país. También se presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiendo indemnización para “los hijos de los muertos por la subversión” y promovieron causas en las que pedían investigar los asesinatos de militares, como forma de contrarrestar los juicios por la verdad.

Tras la fuga se supo que Olivera y Appiani habían constituido fideicomiso financiero para cobrar los honorarios de esos juicios que llegó a tener $9.457.804. Estando detenidos vendieron el fondo, pero la Unidad de Información Financiera (UIF) sospecha con ese dinero se habría financiado el escape y la vida de los represores prófugos.