Mostrando entradas con la etiqueta complicidad iglesia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta complicidad iglesia. Mostrar todas las entradas

lunes, 5 de octubre de 2015

La Iglesia de la Dictadura

A Eugenio Zitelli le llegó la justicia terrenal

El ex capellán de la Policía de Rosario será el primer miembro de la Iglesia procesado por delitos de lesa humanidad que será sometido a juicio oral en la provincia. Fue integrante activo de la patota de Feced en el Servicio de Informaciones y justificó la tortura como método de obtención de información.

– Padre, acá además de gente torturada llega gente violada y no importa la edad. Mi suegra de 54 años fue violada y también chicas de 16 años.

– Un momento, la tortura es aceptable porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones habíamos acordado que no porque están en contra de la moral ¿Usted me autoriza a decírselo al Arzobispo?

– Se lo exijo.

Este fue el diálogo entre María Inés Luchetti de Bettanin, mientras estaba detenida en plena dictadura cívico militar en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, con Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario, ocasión en la que era miembro activo de la patota del represor Carlos Feced.

María Inés fue secuestrada en enero de 1977 y, como muchas otras detenidas, había pedido un confesor para poder canalizar a través de la fe y la religión el duro momento que estaba viviendo. Desde 1984 viene denunciando el accionar del ex capellán en este Centro Clandestino de Detención (CCD) y su colaboración con las fuerzas represivas. Bettanin hoy es parte querellante en la causa donde Zitelli está procesado por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas, por 14 víctimas.

martes, 21 de octubre de 2014

La dictadura de Videla y España intercambiaron apoyos, medallas y regalos



El régimen argentino recibió el apoyo del Estado español para acceder a foros internacionales. También hubo un nutrido cruce de condecoraciones militares. Entre los premiados se encuentra el rey Felipe

    Los documentos secretos del intercambio de apoyos y condecoraciones de España con la dictadura de Videla
    España financió a la dictadura de Videla
    Los documentos secretos de los acuerdos comerciales de España con la dictadura de Videla
    La exclusiva de 'Público' sobre cómo España financió a Videla, Trending Topic a nivel nacional
    ‘No me olvides’, la historia de cómo Videla mató en Madrid, llega al Festival de Cine de Bilbao


"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.

Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.

Del mismo modo, varios militares españoles -todos ellos de inocultable raigambre franquista- guardan a día de hoy en sus cajones las distinciones otorgadas por la dictadura de Videla. Uno de los primeros fue el capitán de navío Fernando de Salas, condecorado en una pomposa ceremonia celebrada en la embajada argentina en Madrid. También fueron premiados el general de Brigada Manuel Vallespín - jefe de la Segunda División del Alto Estado Mayor-, a quien el régimen condecoró en agosto de 1977 con la medalla del Ejército argentino, y el jefe de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, homenajeado con la Orden de Mayo al Mérito.

El ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, también fue objeto de una distinción por parte del régimen militar. En octubre de 1981, la Armada argentina -uno de los cuerpos más brutales en materia represiva- designó al hijo de Juan Carlos de Borbón como "Guardiamarina Honoris Causa". La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a La Zarzuela.
Te voto si me votas

Ambos países no sólo intercambiaron medallas y elogios. Durante aquellos años, la dictadura de Videla y el gobierno de Adolfo Suárez establecieron un eficiente sistema que les permitió negociar la participación de sus respectivos estados en distintos organismos internacionales. El encargado de abrir el juego fue un sobrio diplomático español, Manuel Thomás de Carranza. El 28 de julio de 1976, el funcionario redactó una minuta en la que invitaba a Argentina a participar en el séptimo congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales "y a ocupar junto con España -que presidirá dicho evento- la otra Presidencia reservada a un país Hispano-Americano".

El 11 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de UCD se inmiscuyó en una cuestión tan delicada como la disputada soberanía de las Islas Malvinas, reivindicadas por los argentinos y ocupadas por los ingleses. En una nota de tres párrafos, el Ministerio de Asuntos Exteriores -por entonces a cargo de Marcelino Oreja- notificaba que "el Gobierno español, de acuerdo con su tradicional posición, prestará decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas".

"En este sentido -declaraba solemnemente el Ministerio-, se cursan instrucciones a la delegación de España en el XXXI período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que preste su apoyo al proyecto de resolución sobras las Islas Malvinas". Una semana después, el embajador argentino Leandro Enrique Anaya transmitía a Oreja la "complacencia y agradecimiento" de la dictadura "por el apoyo solidario a la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, que concita un unánime sentimiento nacional argentino".
"Lazos de amistad"

Otro de los pactos se selló discretamente a comienzos de agosto de 1977, cuando media España estaba de vacaciones. Según consta en una nota fechada el primer día de ese mes, el gobierno de Suárez aceptó la petición de apoyo que le había formulado el régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque no lo haría gratuitamente. Tras invocar "los tradicionales lazos de amistad hispano-argentina", Exteriores anunciaba que apoyaría al candidato de la Junta Militar "en la seguridad de que la petición de apoyo hecha por España para su reelección (...) recibirá el mismo trato por parte de la delegación argentina".

Aún más increíble resulta la nota del 18 de noviembre de 1978, por medio de la cual Argentina informaba al Gobierno español sobre su postulación "para integrar la Comisión de Derechos Humanos" del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y pedía el respaldo de España, basándose en la "permanente y favorable disposición que ambos gobiernos han evidenciado ante recíprocas aspiraciones llevadas adelante en distintos foros internacionales".

Mientras negociaban estos acuerdos, los diplomáticos de Videla seguían coqueteando con los sectores más ultras del ejército posfranquista: el 15 de febrero de 1977, la embajada argentina destinó 20.000 pesetas a la compra de un obsequio en la lujosa tienda London's Shop para el capitán general de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar Nieto, un excombatiente franquista de la División Azul que había peleado junto a los nazis. Diez días después, la delegación gastó otras 2.152 pesetas en artículos ecuestres que fueron obsequiados al general ultraderechista Jaime Milans del Bosch, quien en 1981 participaría activamente en el fallido golpe de Estado del 23-F. Para Milans, Videla siempre sería un referente.

viernes, 29 de noviembre de 2013

San Luis: Poco a poco se van reconstruyendo las historias y apareciendo los responsables

San Luis (Perl) 28-11-13 Con la de este miércoles ya suman ocho audiencias de este segundo juicio en el que se investigan las responsabilidades que tuvieron militares, policías y civiles inculpados por delitos de lesa humanidad. El martes surgió un indicio que permitiría confirmar la participación de Carlos Pla en el secuestro de Pedro Ledesma. Allí se nombró un vehículo en el que se conducían los dos policías que vieron al entonces capitan llevar al joven secuestrado de las manos de su padre. En la víspera, durante el testimonio de Guillermina Dominga Ledesma, fue mencionado el mismo vehículo: Un Jeep de la policía. En él llegó la policía a hacer una diligencia. Ayer también hubo un testimonio de un ex policía que se retiró de la fuerza en 1992; aportó datos sobre la muerte de Vicente "Yango" Rodríguez. Por su parte, Anibal Franklin Oliveras dio testimonio de su cautiverio e hizo algunas precisiones más sobre lo que sucedía en los centros de detención y también del papel que jugaron algunas autoridades eclesiásticas. "A ustedes hay que extirparles el alma", les dijo el entonces obispo Juan Rodolfo Laise y el capellán Coscarelli les sacaba datos en la confesión y se los daba a los represores, entre otras cosas que se escucharon ayer.

Guillermina Dominga Ledesma, la hermana de Pedro, contó que el joven que continúa desaparecido desde setiembre de 1976, "era estudiante universitario y era maestro rural en una escuelita de campo en la localidad de El Recodo y en sus tiempos libres tenía una actividad extra que era teatro en la Dirección de Cultura de la provincia", y por lo genera actuaban en las plazas y en las calles, "era teatro para todos", aseguró.

Contó asimismo que Pedro Valentín, en esos años "tenía alguna militancia en la Universidad", donde era alumno en la carrera de pedagogía, "muy estudioso, le gustaba mucho la historia, la política, leía sobre esto".

Cuando le pidieron que relatara el momento de la detención, contó que fue un 20 de setiembre; "él se fue de casa estaba de noche 19:30 aproximadamente, con su novia caminando, y creo que a la hora y media, dos horas, a pocas cuadras de mi casa lo detienen en la calle San Juan". Iba acompañado de Juan Cruz Sarmiento y Raúl Cobos. Este último fue baleado en un operativo y "a Pedro se lo llevan".

"Un rato después de esto llega a casa el Ejercito, la policía, estábamos con mi madre, nos allanan la casa, nos asaltan, estaba la puerta abierta cuando entraron, dieron vuelta todo cuanto pudieron. Llegó mi padre cuando ya estaban allanando", recordó y dijo que en el procedimiento "había gente del Ejercito" y que "toda la manzana estaba rodeada" y que Segundo Ledesma "pide que lo dejen pasar, se identifica".

"Eso fue el 20 de setiembre. Pedro llevaba una chomba azul, un sueter azul en la espalda, un par de alpargatas nuevas que le había comprado yo un rato antes a pedido de él. Lo vi cuando se iba con la novia, Catalina Garraza, y me dijo ya vuelvo", rememoró. "Cuando llega mi padre le dicen que Pedro había sido detenido", recordó de aquel día en que la suerte de la familia Ledesma cambió para siempre.

En medio de su relato también hizo referencia a la búsqueda de su padre, que se dirigió con un amigo a la Comisaría Segunda, ubicada en Gobernador Alric y Sarmiento. Hasta allí concurrió con un amigo de apellido Rodríguez, pero los policías le dijeron al amigo que se fuera. Este se quedó en cercanías de la seccional "pero lo alcanza un jeep y le dice que se vaya".

En la antevíspera, otro policía de apellido Sosa, en su testimonio habló del Jeep en el que iba Luis Enriz en un momento posterior, cuando ya Pedro había sido liberado y caminaba con su padre hacia su casa cuando un 'grupo de tareas' los interceptó y se llevó al muchacho luego de golpearlos a ambos. Desde ese Jeep es donde el efectivo de guardia habría visto a Carlos Pla y Víctor Becerra en actitud sospechosa, ya que se le acercaron a un Torino en el que iban ambos represores, los que, tras decirles que se retiraran, luego entraron a una dependencia del Ejército.

Guillermina contó que "cuando a Rodríguez lo echa el jeep llega a mi casa y nos dice “No sé qué pasa se han complicado las cosas, me dijeron que tu papá se iba a demorar mucho”. Mi madre estaba fuera de sí. No sé si pasó hora y media y llegó mi papá muy asustado, le pregunté si le habían pegado o algo pero el negó todo. Estaba muy asustado, cerrando puertas, ventanas, esa noche no dijo nada, pasamos la noche sin dormir como hacían ya dos noches".

"Al otro día en presencia de un médico que controlara la salud de mi madre nos contó lo que había pasado con Pedro desde que Pla le dio la libertad en la Comisaría Segunda hasta que cuando venían caminando se dieron cuenta que un Falcon bordó los venían siguiendo pero Pedro dijo que no pasaba nada y se fueran a la casa rápido".

"Bajan del auto, lo golpearon a mi papá con un arma en la cabeza y cuando estaba tirado en el suelo pudo ver a Pla, su pierna, porque había estado con él minutos antes porque pla se lo entregó a mi hermano y pudo identificar a Becerra, aunque éste estaba encapuchado".

Esto ya era el 22 de setiembre del 76 y "hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con Pedro aunque sabemos que lo mataron porque es obvio", dijo recordando que su hermano "era alegre, tranquilo, nunca manejó un arma en su mano ni siquiera en el Ejército porque había pedido prórroga para el servicio militar".

"Pedro era colaborador con nuestros vecinos, con los niños, tenía esa actividad social de ayudar a todos los que nos necesitaban; juntaba útiles libros para sus alumnos de El Recodo", señaló y de su familia indicó que "éramos humildes pero felices y se nos terminó todo. Tuve que dejar la escuela para poder sacar a mi madre de la cama, nos costó mucho, y para que lo entendiera pasaron más de diez años", dijo entre otras cosas.

Jorge Oliveros

Jorge Oliveros era policía en el año 1976 y continuó en la fuerza hasta 1992 en que renunció. Él habló sobre otro caso que se investiga en este denominado Megajuicio. Recordó que otro efectivo de apellido Carrizo le comentó que mientras había estado de guardia había fallecido Vicente "Yango" Rodríguez.

Si bien dijo que él desconocía que a los presos políticos se les practicara tormentos en la dependencia en la que trabajaba -Investigaciones- y que tampoco sabía como interrogaban en el D2. Pero cuando le preguntaron si alguien podía haberse negado a cumplir una orden del entonces subjefe de la policía, Carlos Pla, respondió tajante: "No sé como me hubiera ido de no cumplir una orden de Pla", ya que lo describió como una persona de modales violentos, que siempre andaba armado "con una Itaka y dos revólveres". "Tuve suerte", dijo al señalar que nunca había recibido una orden directa para aplicar malos tratos.

De Ortubia Salinas -también encausado- dijo que recordaba que era escribiente, "con mucha habilidad para preguntar y volcarlo en el escrito", porque tenía "muy buena redacción", cosa que lo destacaba del resto, ya que la mayoría, incluso él, habían entrado a la fuerza policial "con séptimo grado" de la escuela.

Si bien no aportó mayores datos, en su testimonio hizo referencia a la muerte de Yango Rodríguez, quien murió en un calabozo, de muerte natural según la versión oficial de aquellos años, pero que había sido torturado terriblemente luego de su cautiverio.

Anibal Oliveras

El relato del profesor Anibal Franklin Oliveras tuvo muchas similitudes con el que había brindado en el primer juicio que se desarrolló en San Luis, aunque se detuvo en algunas particularidades.

Esta vez habló de la fisura en el esternon que todavía llevaba de recuerdo de un golpe que le dio en el pecho Carlos Pla, de otro problema que tuvo en la espalda por los golpes sufridos en la tortura y de una secuela por una otitis mal curada, que se le produjo a raíz de haber sido sumergido en 'el submarino', al que fue sometido en un centro clandestino.

Sobre ese centro clandestino, que recien pudo identificar años más tarde, dijo que se encontraba en la calle Chile y que lo descubrió producto de la casualidad, ya que cuando entró a trabajar en la Universidad Nacional de San Luis, la institución alquiló una casona a la vuelta del edificio donde actualmente se ubica el Rectorado y que allí reconoció a ese inmueble como el lugar donde había sufrido torturas en más de una oportunidad.

Oliveras aportó el nombre de cada uno de los compañeros de cautiverio que compartieron con él las celdas de la Penitenciaría y echó luz sobre algunos detenidos sobre los que habría pocas pistas o testimonios que hablen de ellos.

Estaba allí cuando el cura Coscarelli, Capellán del Ejército, descubrieron que les sacaba información durante el sacramento de la confesión y se las daba a los represores. "Cuando nos dimos cuenta, lo hablamos y le dijimos que no volviera más, porque lo íbamos a matar" y el cura no regresó, dijo.

También habló del accionar "patético" de Juan Rodolfo Laise, en una misa que se celebró el 22 de noviembre de 1976, en donde "no dijo que a nosotros tenían que extirparnos el alma", que en palabras de San Agustín se traducirían como "destrozar el cuerpo para salvar el alma".

También Oliveras reiteró lo que había dicho en el juicio anterior, con relación al entonces Secretario Federal Carlos Martín Pereyra González y al Juez Federal Eduardo Allende, que estaban "pared de por medio" de donde se torturaba en la Jefatura de Policía, y que no pudieron no escuchar los tormentos a los que eran sometidos los detenidos que eran llevados a esa oficina.
Informe: Gustavo Senn

viernes, 23 de agosto de 2013

Mientras espera su extradición, un sacerdote prófugo vive en una parroquia de Italia

Franco Revérberi Boschi, ex capellán militar
La fiscalía de San Rafael, Mendoza, requirió su detención y el juez federal ordenó su captura internacional. La APDH de esa ciudad le pidió al Papa que interceda para que el cura "se allane al proceso judicial". Le imputan haber participado en torturas.

Uno de los prófugos por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza es el sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y actualmente, según Interpol, ejercería tareas religiosas en una parroquia de Parma, Italia, mientras se aguarda que un tribunal de ese país lleve a cabo el juicio de extradición.

La captura del sacerdote, de 75 años, fue requerida por el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado y ordenada por el juez federal de esa ciudad, Eduardo Ariel Puigdengolas.

La nacionalidad ítalo-argentina del imputado obstaculizó su detención durante el proceso judicial abierto en Italia a requerimiento del juez argentino para que se decida su captura y envío a nuestro país para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, informó a Fiscales la fiscalía federal de esa ciudad del centro de la provincia de Mendoza. Si el juicio de extradición concluye favorablemente a la petición de las autoridades argentinas, Revérberi Boschi será detenido y enviado a San Rafael para responder por los crímenes que se le imputan.

El pedido de extradición fue remitido en febrero al Ministerio de Justicia italiano y actualmente se encuentra en la Corte di Apelli di Bologna. Según se informó desde la fiscalía sanrafaelina, tanto la embajada argentina en Italia como la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación intervienen en el caso, con el objeto de lograr una resolución favorable y en el menor plazo posible al requerimiento del juez federal mendocino.

En este contexto, la filial San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dirigió a principios de este mes una nota a el Papa Jorge Bergoglio, por intermedio del Nuncio Apostólico en Argentina Monseñor Emil Paul Tscherrig, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Revérberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.

La actuación del sacerdote en el terrorismo de Estado quedó al descubierto durante el primer juicio por esos delitos que se realizó en 2010 en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael.

Durante las declaraciones testimoniales, cinco víctimas mencionaron su presencia -algunas lo describieron al detalle- durante las torturas a las que fueron sometidas principalmente en el centro clandestino de detención conocido como la "Casa Departamental".

Roberto Flores dijo que el cura no los golpeaba pero que presenciaba los suplicios infligidos a los prisioneros y que lo ha visto con una Biblia en la mano. Lo describió vestido con pantalón, camisa y zapatos negros, cuello blanco y un saco, nunca vestido de sotana. Añadió que era de tez trigueña, pelo negro y que medía aproximadamente entre 1,72 y 1,75 metros.

Por su parte, el sobreviviente Sergio Chaqui lo vio pasar en el centro clandestino, y agregó que nunca le dio consuelo espiritual.

Huego Riera, en tanto, agregó que vio al cura en Infantería con la Policía, pero no con los detenidos.

Mario Bracamonte relató que en la Departamental vio al sacerdote en cuatro oportunidades. Una tarde, dijo, hubo una golpiza y luego, como tormento, les hicieron secar el piso con el cuerpo, arrastrándose. Era invierno, cuando las temperaturas en esa ciudad suelen bajar de los -10°.

En ese momento, explicó Bracamonte, levantó la cabeza y vio a Revérberi junto al oficial de la policía mendocina, enlace con las fuerzas armadas, José Mussere; al jefe de la subárea militar 3315, mayor Luis Faustino Suárez; al capitán del Ejército, Luis Stuhldreher, quien fue interventor de la municipalidad de San Rafael; y al teniente del Ejército, Aníbal Guevara.

La víctima dijo que el sacerdote concurría al centro clandestino junto a esos cuatro personajes todas las noches y que un 9 de julio le pegaron una paliza durante cuatro horas a un sindicalista de la UOM de apellido Castro, a quien torturaban ahogándolo en un balde. En ese contexto, Bracamonte vio a Revérberi mirando la situación y cuando lo vio recibió una patada de sus captores, que lo increparon: “qué mirás, negro”.

Stuhldreher está detenido desde abril pasado por crímenes de lesa humanidad, después de dos años de estar prófugo, mientras que Guevara fue condenado a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios.

Por su parte, el testigo Ángel Di Cesare dijo que vio al prelado en varias oportunidades en el centro de San Rafael vestido con traje de combate y con armamento. Agregó que era quien bendecía las armas con las cuales torturaban a las personas.

De testigo a imputado

Durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Mendoza, Revérberi fue convocado a declarar como testigo y, tras su presentación en el debate, se produjeron los testimonios de quienes lo vieron actuando en el contexto de la represión ilegal.

Por ello, el 24 de septiembre de aquél año el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado solicitó que se le reciba indagatoria a Revérberi, pero el juez Puigdengolas rechazó el pedido y delegó la investigación en la misma fiscalía.

Casi un año después, el juez fijó fecha para la indagatoria el 10 de agosto de 2011. El acto nunca  pudo concretarse ya que, a esa altura, el ex capellán se encontraba en Italia y, desde allí, invocó razones de salud que le impedían regresar a Argentina.

Según la Policía Internacional, Interpol, el 10 de mayo de 2011, tres meses antes de que el juez dispusiera su indagatoria, el cura había dejado el país en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino final al aeropuerto internacional de Roma, con escala previa en España. Interpol también informó que el ex capellán se encontraría ejerciendo su actividad religiosa en la Parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, Parma, la ciudad donde nació el 24 de diciembre de 1937.

Tras solicitar una serie de medidas para establecer el verdadero estado de salud del imputado, la fiscalía pidió el 10 de agosto de 2012 al juez federal que dispusiera su rebeldía, ordenara su captura internacional y abriera un proceso de extradición. Esas medidas fueron dispuestas por el juez el 23 de agosto de ese año y, después de los trámtites burocráticos de rigor -paso por la Cancillería y traducción mediante al italiano-, el pedido fue remitido en febrero pasado a Italia.

jueves, 8 de agosto de 2013

Margarita Camus, sobreviviente, sobre los represores fugados: “celebrar el veredicto nos duró solamente veinte días”

Dos represores condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan fueron trasladados al Hospital Militar Central "Cosme Argerich", ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer una consulta médica autorizada por un juez subrogante, en plena feria judicial. Desde allí escaparon y nada más se sabe de ellos. Intentando todavía digerir esta noticia, la jueza de ejecución penal Margarita Camus, sobreviviente y querellante en la causa por la que fueron juzgados, afirmó que los organismos de derechos humanos ya habían advertido sobre algunos antecedentes que daban cuenta de la capacidad de fuga que tenían ambos militares. Además, Camus se refirió a la actuación que tuvieron Jorge Olivera y Gustavo de Marchi durante la última dictadura cívico militar. Por La Retaguardia
 Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

El 4 de julio de este año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Juan condenó a prisión perpetua por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita cometidos contra sesenta víctimas, a Jorge Antonio Olivera, Horacio Julio Nieto y Osvaldo Benito Martel . En tanto, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron 25 años y Alejandro Manuel Lazo 10 años. Tan solo veintiún días después, y sin siquiera haber escuchado los fundamentos de la sentencia, Olivera y De Marchi consiguieron fugarse.

Estaban presos en el Penal de Chimbas en San Juan y pidieron ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para hacer una consulta médica. La solicitud fue autorizada por un juez subrogante y los represores viajaron para ser atendidos en el Hospital Militar Central “Comisario Mayor. Dr. Cosme Argerich” (lleva el mismo nombre que el Hospital General de Agudos, solo que éste se llama Dr. Cosme Argerich, sin el Comisario General). Fue desde este nosocomio, ubicado sobre la calle Luis María Campos, en pleno barrio porteño de Belgrano, que Olivera y De Marchi se fugaron. Es decir, fraguaron un problema de salud para poder llegar al hospital militar y desde allí escaparse.

Margarita Camus es jueza de ejecución penal y, en tanto sobreviviente, fue querellante en el juicio que ahora tiene dos condenados fugados. En diálogo con Oral y Público, afirmó que aún se están recuperando del “mazazo” recibido: “nosotros teníamos clara conciencia de quiénes eran estos personajes, pero evidentemente minimizamos su capacidad para organizar esta fuga. No solamente nosotros, sino distintos actores y organismos que tenían la responsabilidad institucional de evitar que estas cosas pasaran. Obviamente esto ha significado toda una situación muy dura y difícil porque ha sido un juicio muy largo, de veinte meses, en el que la mayoría de las víctimas somos sobrevivientes y nos ha costado mucho en esta provincia llevar adelante el juicio. Celebrar el veredicto nos duró solamente veinte días”, se lamentó.

Sin embargo, Camus aseguró que al igual que muchas otras situaciones que les han tocado vivir, se sobrepondrán y verán cómo transformar este hecho en cuestiones concretas que sirvan para que esto no vuelva a repetirse en ningún lugar del país.

Respecto a quiénes eran y cómo actuaron De Marchi y Olivera durante el Terrorismo de Estado, Camus detalló: “De Marchi tenía el apodo de ‘El loco De Marchi’. Era un tipo arrebatado que iba en una moto Harley Davidson, y era dueño de una whiskería en San Juan, lo que también pinta su catadura moral. Cuando uno de los conscriptos que había participado del Operativo Independencia en Tucumán declaró en el juicio, contó que trabajaba con De Marchi y que después de que volvieron a San Juan él no había tenido que ir más al regimiento, sino que lo habían afectado a la whiskería para que se encargara como soldado de tareas de limpieza. De Marchi es quien el día del golpe de Estado tomó la Legislatura de la provincia y habilitó allí el primer centro clandestino de detención local, donde fueron alojados todos los presos que detuvieron las primeras horas del 24 de marzo. De Marchi es un personaje conocido en San Juan, se retiró del ejército porque tenía un sumario que le habían abierto dentro de la misma fuerza por violación y estupro, pero como era hijo de un general le dieron la posibilidad de pedir la baja. Todo esto que estoy diciendo consta en las actuaciones judiciales y es documentación producida por el propio ejército”.

En cuanto a Jorge Olivera, Camus contó que era teniente, hijo de una persona que con los años fue comandante de Gendarmería: “era el oficial de inteligencia del Regimiento 22 –agregó–, era quien llevaba adelante la batuta de la patota de secuestradores y violadores”. Olivera fue además abogado de varios represores en el desarrollo de otras causas por delitos de lesa humanidad.

En relación a la posibilidad de fugarse, Camus aseguró en diálogo con Oral y Público que había antecedentes: “por ejemplo, Olivera fue el primer militar argentino represor detenido fuera del país. Esto ocurrió en Italia en agosto de 2000. Fue detenido por un hecho producido en San Juan que fue la desaparición de nuestra compañera Marie Anne Erize. Como ella tenía doble nacionalidad, un juez francés ordenó la captura al enterarse de que Olivera estaba en Europa. También durante la feria judicial, y presentando un documento apócrifo de un juez al que después le costó el cargo porque pertenecía a la logia Propaganda 2, Olivera logró su salida de Italia. Permaneció prófugo y cuando se iniciaron los procesos se ordenó su captura; fue finalmente detenido en 2008 con varios documentos falsos en su poder. De Marchi, que había estado detenido y fue excarcelado por jueces cómplices de la Cámara Federal de Mendoza, también estaba prófugo y con documento falso, y fue capturado cuando el juicio ya estaba iniciado e incorporado al mismo”.

Cabe señalar que en esta megacausa hubo otros imputados que están prófugos desde la etapa de instrucción como el ex teniente Carlos Malatto, exiliado en Italia, y los oficiales Eduardo Vic y Juan Carlos Coronel, ex jefe de la Policía de San Juan.

En este sentido, Camus recalcó que todos estos elementos hacen absolutamente insostenible que a los pocos días de haberse dictado el veredicto, cuando todavía falta la lectura de los fundamentos de la sentencia, se haya autorizado este traslado que terminó en fuga sin que exista ningún fundamento. Como jueza de ejecución penal, Camus sabe perfectamente que cuando una persona detenida por una causa común, sin vinculación al Terrorismo de Estado, se enferma, es trasladada a los hospitales públicos de San Juan: Marcial Quiroga y Rawson. Por este motivo, los organismos y las querellas se preguntan desde el primer día cómo es posible que se haya autorizado a estos dos represores a ser atendidos en la Ciudad de Buenos Aires. “Acá no había ni siquiera una simulación de una enfermedad preexistente –señaló Camus–. Esta ha sido una maniobra urdida con varios actores involucrados para que esto termine siendo efectivo. Ninguno de estos dos personajes tenía alguna enfermedad preexistente que sirviera de fundamento para poder trasladarlos a un hospital de alta complejidad que no hubiera aquí en San Juan. Cuando después vimos la autorización para que vayan a dermatología nos pareció una cargada, no lo podemos sentir de otra manera. Por supuesto que en los hospitales públicos de San Juan, en las salitas de los barrios, de las villas, contamos con esa especialidad. Entonces no podemos menos que sentir que acá esto estaba totalmente programado y orquestado. Yo digo que esto va desde hace tiempo, porque ya durante la instrucción el juez federal Leopoldo Rago Gallo le había autorizado a Olivera tener computadora. Nosotros pedimos que cuidaran que no tuviera acceso a internet y esto fue burlado en reiteradas oportunidades. Obviamente los detenidos comunes, que son la mayoría en la cárcel de San Juan, no tienen computadora. O sea que esto también ha generado dentro de los mismos penales esta situación de privilegio a favor de personas que estaban en ese momento imputadas en los derechos más graves que son los de lesa humanidad”.

Tras conocerse la noticia de las fugas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de cada uno de los represores. Pocos días después, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbatella, informaron en conferencia de prensa que habían congelado un fideicomiso de más de nueve millones de pesos perteneciente a Olivera. “Nosotros conocíamos que tenían capacidad económica –dijo al respecto Camus– pero lo del fideicomiso obviamente no lo sabíamos. Durante el proceso también habíamos pedido que para evitar esta posibilidad de fuga se produjera un congelamiento, en ese momento hablábamos de los haberes, para poder tomar algún tipo de recaudo. El socio de Olivera que es con quien tenía el fideicomiso, Jorge Appiani, está detenido en la cárcel de Paraná por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. El hermano de Gustavo de Marchi está cumpliendo una condena de 25 años en Corrientes y era el presidente de la Sociedad Rural correntina. Estamos hablando de gente que pertenecía a sectores oligárquicos y con bastante disponibilidad económica”. A más de una semana, los represores continúan prófugos. “Creo que tienen posibilidades para no estar en el país. Mi corazonada sin ningún elemento objetivo, pura subjetividad, es que están acá, en Argentina”, reflexionó Margarita Camus.

Mientras se investiga cómo se produjo la fuga en el hospital militar, la cartera de justicia elaboró nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de lesa humanidad y creó una comisión que evaluará exhaustivamente el estado de salud de los represores internados en dependencias militares. Lo sucedido con De Marchi y Olivera es la exacta explicación de por qué en los alegatos de las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad se pide cárcel común para los represores. Este pedido no se refiere solamente al lugar físico donde deben cumplir la condena sino también a que no deberían tener ni recibir ningún tipo de privilegio.

Queda esperar que, al momento de la lectura de los fundamentos de la sentencia, Gustavo de Marchi y Jorge Olivera estén sentados en los tribunales para escucharlos junto al resto de los condenados.

miércoles, 12 de junio de 2013

Rompe el silencio un trabajador del cementerio de Punta Alta

“Nos juramos nunca hablar de eso”
Radio Mega de Punta Alta difundió en su página web una entrevista a un trabajador que testimonió sobre el accionar militar durante la dictadura en el cementerio de Punta Alta donde ayer fueron hallados restos humanos que podrían pertenecer a personas detenidas desaparecidas.

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirmó José Palacios.

Agregó que “al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Palacios se desempeña como albañil en la dependencia municipal rosaleña desde 1969 y declaró ante la justicia haber visto “como entraban al cementerio los militares entre los años 1976 y 1977. El lugar, por entonces, se transformó en una zona militar”.

“Cuando entraban al cementerio, a los que estábamos, nos encañonaban con fusiles. Nos retiraban del lugar a unos cien metros y entraban unos militares con las caras tapadas, ellos veían nuestras caras, pero nosotros no la de ellos”, dijo a Radio Mega.

“Nosotros mirábamos de lejos, y si nos movíamos se escuchaba cuando cargaban sus armas, eso daba miedo. En ese momento un suboficial estaba a cargo del cementerio”, continuó y agregó que
“los que nos apuntaban eran los infantes, nos retiraban a cien metros a nosotros y a los empleados municipales que estaban en el lugar. Actuaban en la zona donde encontraron los cuerpos, que por aquellos años era un baldío. En ese lugar permanecían un largo rato”, prosiguió el relato.

La nota firmada por Quique Gomez Lepez completa el testimonio:

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirma Palacios.

Pero el relato del horror siguió: “Al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Indicó que hace poco tiempo, cuando tomó conocimiento que la porción de tierra en cuestión había sido comprada, le dijo a un conocido: “en ese lugar hay muertos”. Le dijeron que era imposible, pero dice: “yo sé lo que vimos, lo que hacían cuando venían, fueron unas 30 veces en dos años, entre 1976 y 1977″.

Palacios dice que no puede asegurar si los cuerpos que tiraban los militares eran de personas vivas o muertas.

“Después de más de 30 años, la historia me cierra, siempre había mucha gente, pero era todo cerrado. Inclusive fui testigo de velatorios a cajón cerrado, donde decían que los cajones no tenían cuerpos sino piedras. Los militares custodiaban los velatorios, y no dejaban que ni siquiera las familias se acercaran”, expuso.

El testigo de los entierros de la dictadura militar en el cementerio, sostiene que “eso nunca se me fue de la cabeza, los julepes (sic) que nos pegábamos eran terribles. Es imposible olvidar todo eso”.

Palacios aclaró que “todo lo que cuento no me lo dijo nadie, lo vi, lo viví. Y lo cuento porque mi vida ya pasó, pero es hora que todos sepan lo que pasaba en el cementerio. Ya no tengo miedo, sólo me gustaría que el que me apuntaba volviera a pararse frente a mí, hoy la situación sería otra”.

El relato del horror en vivo, el de un albañil que a 100 metros observaba junto a otros testigos, el accionar de los militares del proceso. “Son unos 60 metros de fosas, si buscan van a encontrar más de lo que piensan. Por mi parte ya dejé de temer, ya conté lo que vi y callé durante 37 años”.

Un equipo de antropólogos trabaja en el cementerio local

Un grupo de científicos trabaja desde hace instantes en el cementerio local, en el lugar donde la semana pasada un grupo de albañiles encontró restos humanos. Se trata de determinar si se trata de personas desaparecidas en el distrito, durante la dictadura militar de los setenta.

Se trata del equipo de antropología argentino, que en primera instancia se encuentra retirando capas de tierra donde fueron hallados los primeros cuerpos.

La tierra es colocada en recipientes que como todo lo trabajado, será motivo de análisis.

En el lugar se encuentra el fiscal Palazzani, además de la doctora María Tieste.

También observa las tareas el albañil José Palacios, quien en exclusiva para Mega relató el proceso del horror que llevaba adelante la dictadura militar, cuando los militares llegaban al cementerio en jeeps y camionetas.

"Estaban un rato largo, nos mantenían alejados y nos apuntaban, y luego se iban. Entre los años 1976 y 1977 eso lo hicieron unas treinta veces", relató Palacios y cuyo audio se encuentra en Presidencia de la Nación.

Publicado el 07/06/2013 por efemedelacalle

lunes, 3 de junio de 2013

Recuperan hábeas corpus de desaparecidos

Son tres. Las autoridades judiciales habían dicho que fueron destruidos. Uno corresponde al hijo de Nora Cortiñas.
Por: Gerardo Aranguren

Con el foco en la actuación del fiscal federal Guillermo Nieva Woodgate durante la última dictadura, organizaciones de Derechos Humanos y la Asociación Judicial Bonaerense presentarán hoy públicamente tres hábeas corpus recuperados de personas que permanecen desaparecidas y que nunca fueron contestados por la justicia de Morón.

Se trata de los hábeas corpus originales presentados tras la desaparición de María Elena Peter, delegada sindical que cumplía funciones en el Juzgado Penal Nº 2 de Morón, y su esposo, Armando Fioritti. También se descubrió la presentación realizada por la desaparición de Gustavo Morales Cortiñas, hijo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 
El hallazgo complica la situación de Nieva Woodgate, que al momento de los tres secuestros era fiscal de Cámara de la departamental Morón. Se lo acusa de no haber tomado ninguna medida ante estas presentaciones.
Los documentos eran reclamados desde hace tiempo por los organismos de Derechos Humanos, para aportarlos a la justicia en las causas que investigan la complicidad de magistrados y fiscales con el terrorismo de Estado. Pero la justicia de Morón negó que quedaran registros de esos hábeas corpus y argumentó que habían sido destruidos.
A partir de la negativa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Trabajadores Judiciales de Morón iniciaron una investigación paralela, que en marzo de 2013 logró dar con los documentos.
Las presentaciones estaban registradas en un libro de trámites de causas de 1978. Allí, bajo el número 11843, estaba el hábeas corpus interpuesto por Antonio Peter, padre de María Elena, para intentar determinar el paradero de su hija y su yerno Armando Fioritti. En la búsqueda, los abogados se cruzaron con otro expediente: el hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas en beneficio de su hijo Gustavo.
La conferencia de prensa será en las escalinatas de los tribunales de Morón, a las 11. Allí se presentarán los hábeas corpus recuperados. Y la Asociación Judicial Bonaerense conmemorará su 53º aniversario, recordando a María Elena Peter, delegada sindical al ocurrir su desaparición. 
“Vamos a hacer un acto homenaje a la compañera porque no está visibilizado su caso”, explicó Martín Ghiglione, secretario de Derechos Humanos del gremio. Sobre el rol de Nieva Woodgate, señaló que “esta documentación aporta en el sentido de que sabía de la existencia de los hábeas corpus y como funcionario del Ministerio Público Fiscal omitió investigar.”

viernes, 15 de marzo de 2013

Bergoglio : “Es la impunidad total”

Estela de la Cuadra alertó sobre la designación de Bergoglio
Su padre en 1977, cuando su hermana Elena fue secuestrada durante la dictadura y dio a luz una niña que aún ignora su identidad. Bergoglio, entonces sacerdote, lo mandó a hablar con el obispo auxiliar de La Plata y se desentendió del caso.

 Por Diego Martínez

En octubre de 1977, mientras Alicia Zubasnabar de De la Cuadra marchaba con las primeras Madres en Plaza de Mayo y organizaba la incipiente agrupación Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, su esposo fue recibido por el sacerdote Jorge Bergoglio. Elena de la Cuadra había sido secuestrada en febrero, embarazada de cinco meses, y al momento del contacto con el provincial de los jesuitas sus padres sabían, por un anónimo y por un sobreviviente de la Comisaría 5ª de La Plata, que el 16 de junio había tenido una niña en cautiverio y que ya se la habían quitado. Bergoglio escuchó el relato del hombre a pedido del superior general de la Compañía de Jesús, padre Pedro Arrupé. En cuatro líneas derivó el tema al obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, y se desentendió para siempre, según admitió al declarar en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Licha de la Cuadra se convirtió poco después en la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero el cura tampoco se enteró: supo de Abuelas en 1985, durante el juicio a los ex comandantes, aseguró bajo juramento de decir verdad.

“Es un desastre, es la impunidad total”, reflexiona Estela de la Cuadra ante la consulta por la designación de aquel sacerdote como papa de la Iglesia Católica. Estela es hermana de Elena y tía de Ana Libertad, que aún ignora su identidad, y no sale de su asombro de tener que responder decenas de llamados de periodistas de todo el mundo sobre el pasado del flamante papa Francisco. “Pero hay que seguir luchando –propone–. Bergoglio tiene muchas explicaciones que dar. Hay que seguir reclamando para que se abran los archivos del Episcopado durante la dictadura y también los del Movimiento Familiar Cristiano, que tuvo íntima vinculación con la apropiación de niños. ¿Quién puede asegurar que ahí no figure el destino de Ana?”, se esperanza.

Bergoglio recibió a Roberto Luis de la Cuadra en San Miguel el 28 de octubre de 1977, según consta en la nota que escribió para que lo recibieran en el obispado platense. “Tuve una conversación por especial pedido del P. Arrupé”, le aclaró a Picchi. “El le explicará a usted de qué se trata y le agradeceré todo lo que pueda hacer”, apuntó. Los padres de Elena supieron desde el comienzo que estaba secuestrada “en los alrededores de La Plata” porque se los había dicho Emilio Graselli, secretario del vicariato castrense. Por el sobreviviente Luis Velasco y por anónimos que les dejaron bajo la puerta tuvieron la certeza de que la nieta había nacido. “16/6 la señora tuvo una nena, que no saben dónde está la nenita, los padres están bien, De la Cuadra”, decía un escrito que alguien les hizo llegar al día siguiente del parto.

El padre Picchi no tuvo mayores inconvenientes para conocer la verdad que miles de padres desesperados buscaban sin suerte. El dato preciso se lo aportó el subjefe de la Policía Bonaerense, coronel Reynaldo Tabernero, quien murió impune antes de llegar a juicio. El segundo de Ramón Camps le confirmó que la nena había nacido, que había sido entregada a un matrimonio que no podía tener hijos y que sobre el destino de Elena y su compañero Héctor Baratti “no hay vuelta atrás”.

Licha de la Cuadra, que también perdió en manos del terrorismo de Estado a su hijo Roberto José, siguió adelante y se convirtió en la primera presidenta de Abuelas. En 1999, en el Juicio por la Verdad ante la Cámara Federal de La Plata, su hija Estela relató por primera vez la breve gestión de Bergoglio. Volvió a recordarla en septiembre de 2007, en el juicio oral al capellán Cristian von Wernich. “Ese silencio de Bergoglio me indigna. ¿Acaso no tiene nada que decir?”, preguntó ante los jueces. Antes de ser condenado, Von Wernich invocó a Bergoglio para intentar ensuciar a los testigos del juicio. “El cardenal fue muy clarito”, advirtió. “Dice que el demonio es un testigo falso porque está en la mentira, no está en la verdad. Están preñados de malicia”, agregó. Bergoglio no acusó recibo de la invocación ni de la condena.

En 2010, citado por los secuestros de Orlando Yorio y Francisco Jalics en el primer juicio a represores de la ESMA, el cardenal declaró que supo de la existencia de Abuelas durante el Juicio a las Juntas. “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana?”, preguntó Estela al año siguiente, en el juicio por el Plan Sistemático. Los abogados de Abuelas y el fiscal federal Martín Niklison hicieron el pedido y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, debió enviar las preguntas por escrito, privilegio de los altos dignatarios eclesiástico al que decidió acogerse el campechano Bergoglio.

El cardenal juró decir la verdad “por Dios y los Santos Evangelios”, recordó que Arrupé les recomendaba escuchar a quienes pedían ayuda “sobre la búsqueda de sus seres queridos”, pero la memoria le jugó una mala pasada. “No recuerdo los pormenores de la entrevista” con De la Cuadra, afirmó. “No recuerdo que me haya referido que su hija se encontraba embarazada”, escribió bajo juramento. “No recuerdo haber tenido conocimiento de las reuniones que podría haber realizado monseñor Picchi”, apuntó. Aseguró que no informó de la denuncia a otra autoridad que no fuera Picchi y admitió que no hizo ninguna gestión para ayudar a la familia De la Cuadra. Reiteró que supo de la existencia de Abuelas durante el juicio a los comandantes y no se privó de elogiarlas: “Han realizado y continúan haciendo una tarea ciclópea”.

jueves, 14 de marzo de 2013

Bergoglio el entregador

El cardenal Mario Jorge Bergoglio está cada vez más involucrado en la desaparición de sacerdotes y en apoyar a la represión de la última dictadura militar y su pasado no queda tan lejano y cada vez es más negro, mejor dicho: ROJO. A pesar de que el papel que este hombre de la iglesia ocupa en el día de hoy es el de aliarse con los sectores más reaccionarios y más recalcitrantes del país, no es algo novedoso. Bergoglio es desde hace muchos años alguien involucrado a los años más oscuros de Argentina, fue el entregador de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

Marina Rubino junto a su marido Pepe Godino -formo parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo-

La ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de Morón, Marina Rubino –quien en aquellos años estudiaba teología en el Colegio Máximo de San Miguel y había sido alumna de estos dos sacerdotes- dijo hace unos días que dos meses después del golpe militar de 1976 el obispo de Morón, Miguel Raspante, intentó proteger a los sacerdotes Yorio y Jalics porque tenía pavor de que fueran secuestrados, pero el actual arzobispo de Buenos Aires se opuso rotundamente a esta actitud del obispo. Por ende, al negarse a brindarle ayuda a dos personas que corrían grave riesgo se da uno cuenta que no entendió el mensaje que él mismo intenta pregonar en la actualidad, y quizás también fue el mensaje que tuvo en aquellos años.

“Líbreme el Señor de alzar la mano contra el ungido del Señor"

Marina Rubino comentó además que Raspanti, previó a un encuentro privado con Bergoglio, le aclaró que la situación de Yorio y Jalics era muy complicada y que no podía recibirlos en la diócesis, por las malas referencias que Bergoglio le había enviado. Orlando y Francisco no dependían de ninguna autoridad eclesiástica y Raspante le dijo a ella “No puedo dejar a dos sacerdotes en esa situación ni puedo recibirlos con el informe que me mandó. Vengo a pedirle que simplemente los autorice y que retire ese informe que decía cosas muy graves.”

No es raro pensar esto cuando para los genocidas de aquella época  cualquiera que ayudara a pensar era guerrillero y aparentemente, aunque el arzobispo lo niegue tanto en sus discursos como en un libro que sacó hace poco, es muy difícil que pueda defenderse de estas acusaciones.

El sacerdote Alejandro Dausa, quien fuera secuestrado y torturado en Córdoba en el año 1976, -que hoy vive en Bolivia- contó hace poco que cuando estuvo en Cleveland, Estados Unidos, -año 1977- Jalics le dijó que Bergoglio había sido quien lo entregó y en un retiro en Carlos Paz, Córdoba, Yorio realizó la misma declaración sobre quien había sido el que lo denunciado.

La situación de Bergoglio debería ser tratada en la justicia como participe de la última dictadura. A pesar de que desde antaño una gran parte de la cúpula católica se mostró cerca de los regimenes más totalitarios, autoritarios y asesinos en el mundo, habría que saber cuales fueron los actos de quien hoy habla de la pobreza en Argentina. El Vaticano en su tiempo se mostró “amigo” del holocausto nazi, se mostró a la derecha de Augusto Pinochet, de Francisco Franco, de Jorge Rafael Videla, y tanto dictador o nación asesina, Bergoglio, en nuestro país, no estuvo exento al dolor de 30.000 desaparecidos.

Francisco Jalics – Orlando Virgilio Yorio

Orlando Yorio "Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes.”

Francisco Jalics y Orlando Virgilio Yorio fueron privados de su libertad el día 23 de mayo de 1976 cuando se encontraban cumpliendo su misión sacerdotal en una villa del Bajo Flores.

Ambos sacerdotes, y otro grupo de gente, fueron detenidos por personal uniformado y civil armado, notando que varios contaban en su cinturón del uniforme con el ancla de la marina, apoyados por patrulleros de la Policía Federal. Se los encapucho, se los ató y se los subió a un vehículo para trasladarlos.

Jalics y Yorio fueron mantenidos clandestinamente en cautiverio en la ESMA – Escuela Mecánica de la Armada- donde fueron sometidos a distintos malos tratos, a distinto tipos de agresiones y drogados para ser interrogados.

El 22 de octubre de 1976 los dos recuperaron su libertad luego de ser drogados, obligados a subir a un helicóptero y cuando despertaron aparecieron en medio de un campo por la zona de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.