Campesino indígena del MoCaSE VC fue secuestrado y amenazado por empresario y sus sicarios

La Comunidad Indígena “TRES LEONES, ubicada a 150 km al Noreste de la capital de Santiago del Estero, Argentina viene resistiendo y haciendo defensa pacífica del territorio ancestral que innumerables empresarios han pretendido usurpar y desde el 2005 la violencia empresarial y policial han aumentado con tal de amedrentar y desarticular el territorio.

El último accionar violento contra la comunidad, ha sido el 30 de Enero último, cuando Juan M. Santillán estaba en el monte comunitario buscando leña y fue atacado por el empresario Alejandro Porta y sus 7 sicarios: ...

….“Primero me apuntaron, me golpearon y tiraron al suelo, luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta el señor Porta junto con sus cómplices, me llevaron por un camino … me hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren fusilarme con una escopeta 12/70 automática, me niego. Me llevan nuevamente, hasta la camioneta negra Hilux, y me intentan obligar a subir. Me niego, me afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, me dice “te vamos a violar”. Me revelo, mátame ya que mierda le digo. Porta dice: “vete, pero no vuelvas más, sino los voy a matar a tus once hijos, uno a uno, como ratas”.

El conflicto viene desde hace varios años, en el 2005 durante la Intervención Federal de Santiago, se secuestraron armas de la banda que actuaba. Entre los empresarios que quisieron adueñarse del campo Nelson Bollero, Gasparuti, Enrici, Lobo y ahora Damian Alejandro Porta que como todos los anteriores, tienen grupos armados dentro del territorio comunitario.

Desde la Comunidad de Tres Leones se han hecho más de 50 denuncias en la policía, en los juzgados y organismos del estado provincial como la Dirección de Bosques dependiente del Ministro de la Producción Luis Gelid y en otros ámbitos, por los hechos de violencia contra las familias que habitamos el territorio. A pesar de ello la policía de Tintina hace adicionales para los empresarios, no hay investigación para dar con las pruebas a la vista de armas que portan los sicarios, no dan con nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros hijos e hijas, continúan cortados caminos vecinales por los campamentos de bandas armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro territorio.

Basta de bandas armadas al servicio de empresarios que violan nuestros derechos.

Basta de la política de promoción de la Producción a través de la inversión de empresarios delincuentes, bandidos y de políticos, jueces corruptos que los amparan.

Basta. Es tiempo de que podamos seguir trabajando, criar nuestros animales, y seguir produciendo en el monte como siempre lo hemos hecho.

Desde el MOCASE-VC, hacemos responsable al gobierno provincial de lo ocurrido hasta aquí, y lo que pueda suceder, ya que vuelve a darse la misma situación que hace tiempo atrás con los asesinatos de los compañeros Miguel Galván y Cristian Ferreyra. Urge una decisión política para que estas situaciones no sigan repitiéndose.

Adjuntamos también materiales que muestran el reconocimiento del territorio como comunidad indígena

Ni un Muerto más por el derecho a la tierra y el territorio.
Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos.

contacto:
Carilo Olaiz 011 15-5881-1088
Carlos Roldan 0351 15-438-3951

Represión brutal en el penal San Cayetano (Corrientes)

Familiares de los heridos concurren a reclamar ante el ministro de Gobierno

(AW) "Se pudo comprobar que tenían marcas en la espalda y los pies, de los palazos, que fueron acribillados con perdigones de goma en sus espaldas, muslos, nalgas, varios rostros con marcas, laceraciones cerca de los parpados, caras pisoteadas. Muchos revelaron que al ser llevados al sector de sanidad, los golpes siguieron en enfermería". De la denuncia de Hilda Presman, titular de la Red de Derechos Humanos, respecto el ensañamiento que recayó sobre más de 40 detenidos en la mañana del pasado sábado.

Una vez más se reiteraron graves incidentes en el penal de San Cayetano, cuando la totalidad de la población de los pabellones de mínina seguridad, 1 y 2, fueron violentamente reprimidos por el tristemente célebre "Grupo Negro" penitenciario.
Así, los internos sufrieron un aluvión de balas de goma y palos por integrantes del Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias (ETOP) luego de que la población enfrentara una orden de traslado de compañeros de celda extemporánea. Ya que eran las 5 de la mañana cuando personal penitenciario irrumpe con la orden de tres traslados a San Luis del Palmar. Llamó poderosamente la atención la hora y la disposición en día feriado, próximo a la visita, sin poder juntar sus pertenencias ni avisar a la familia. Ante la resistencia al traslado, el grupo de negro y encapuchado, con tonfas (bastones de madera) y balas de goma reprime a la totalidad de la población hasta la hora de ingreso de las visitas del día sábado.
A instancias y junto a los familiares, el subsecretario de Derechos Humanos Manuel Cuevas e Hilda Presman, fueron a la unidad, constataron los hechos y receptaron información directa.
Se pudo comprobar que tenían marcas en la espalda y los pies, de los palazos, que fueron acribillados con perdigones de goma en sus espaldas, muslos, nalgas, varios rostros con marcas, laceraciones cerca de los párpados, caras pisoteadas. Muchos revelaron que al ser llevados al sector de sanidad, los golpes siguieron en enfermería.
Hoy por la mañana, se realizaron las denuncias penales correspondientes ante la fiscalía de turno en feria. Por su parte, un grupo de familiares se entrevistó con ministro de Gobierno Gustavo Valdés y mañana ampliaran denuncia en Fiscalía. Asimismo, solicitarán que la fiscal se constituya en San Cayetano y releve las pruebas in situ.
A la vez, el vicejefe del SPP, Daniel Benítez, reconoció que "se tuvo que reprimir y eso implica golpes, balas de goma, etc". La ferocidad represiva y la confesión, a veces marchan juntas.

Juicio a Rios Montt, el genocida guatemalteco

Rios Montt acusado de delitos de lesa humanidad

 
El ex militar seguirá bajo arresto domiciliario, medida que cumple desde que el año pasado el Ministerio Público lo acusara de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas entre 1982 y 1983.

Un juez guatemalteco dispuso ayer el envío a juicio del dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez, quien por entonces se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército, y se basa en una acusación de la fiscalía que, además, rechaza la solicitud de la defensa para sobreseer y archivar el proceso.

Ríos Montt cumple arresto domiciliario desde enero de 2012, cuando fue acusado por el Ministerio Público de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas durante su régimen. Gálvez decidió que Ríos Montt continúe bajo arresto en su domicilio, y que Rodríguez permanezca recluido en el Hospital Militar, en donde desde mediados del año pasado es tratado por los supuestos padecimientos físicos que sufre. Gálvez dio valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de los ex altos cargos militares en la sangrienta represión militar de la que fueron víctimas los indígenas de la etnia Ixil.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez, y al concluir la diligencia se negaron a responder las preguntas de los periodistas. En su resolución, Gálvez señaló que para ambos ex militares “se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlos a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan”, por lo que no se hace lugar a la petición de la defensa. Asimismo, el magistrado advirtió que la resolución no modifica el actual status legal de los funcionarios sospechados y se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados. Posteriormente convocó a una nueva audiencia para hoy, en la que las partes procesales deberán presentar más pruebas al tribunal.

La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala colmada de representantes de sectores vinculados al proceso judicial. En el lugar estuvieron familiares y amigos de Ríos Montt y Rodríguez, también activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché, en los ’80. Antes de la audiencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a los periodistas que se encontraban en la sala que temía por la “presión mediática” nacional e internacional que podía haber sobre el juez Gálvez a favor del envío al juicio.

Para Palomo, si el juez era “objetivo y analiza los medios de prueba” debía sobreseer o archivar el proceso, reportó la agencia estatal AGN. Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios y dirigentes de organismos defensores de derechos humanos hicieron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del ejército.

Los dos ex militares se encuentran acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando vigente en el ejército, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada, se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.

Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante el conflicto interno de 36 años que padeció el país entre 1960 y 1996.

Mario Alberto Mingolla Montrezza.: De genocida a obispo

Había que verlo con saco de lino, camisa rosa, cuello sacerdotal y un pesado crucifijo sobre el pecho. Así, el 15 de febrero de 2002, llegó desde Buenos Aires al aeropuerto paulista de Guaruhlos. Era un alto dignatario de la llamada Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava. En el hall de arribos lo aguardaba su máxima autoridad regional: el obispo Athanasios. Por la tarde, durante una solemne ceremonia en la Catedral Ortodoxa de San Pablo, al recién llegado se le concedió el honor de encabezar la Capellanía General para la República Argentina.
Lo cierto es que su carrera eclesiástica fue meteórica. Entre tal fecha y el 18 de mayo de 2008, ese hombre fue proclamado primer obispo de dicho credo en el país, pasó a integrar su Santo Sínodo, asumió la capellanía de la Orden Bonaria, se lo elevó al rango de archieparca y obtuvo el obispado de Milán. En esa travesía adoptó el nombre Valerián de Silio. ¿Tanta pompa en el seno de un culto no reconocido por la Cancillería?
Tal interrogante ensombrecía la figura del obispo. ¿Se trataba de un charlatán de feria? No fue del todo posible desestimar esa presunción. En cambio, nadie imaginaba lo que aquel sujeto en realidad era: un represor de la última dictadura militar. Su nombre:   Mario Alberto Mingolla Montrezza.

SOLDADO DE AMÉRICA. En Buenos Aires, durante el mediodía del 2 de septiembre de 1980, el Teatro San Martín parecía una fortaleza.  Un dispositivo con carros de asalto, patrulleros y tropas armadas robustecía ese parecer. Ningún civil podía acercarse sin autorización. Allí transcurría el IV Congreso de la Conferencia Anticomunista Latinoamericana.
Los delegados –entre ellos, anticastristas de Alpha 66, parapoliciales de Guatemala y El Salvador, somocistas prófugos, masones de la logia Propaganda Due, y operadores del pinochetismo– estallaron en una ovación cuando el anfitrión del encuentro, general Guillermo Suárez Mason, concluía su discurso de apertura.
Junto al estrado, un joven con gafas de espejadas aplaudía a rabiar. Pertenecía al Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601 de Inteligencia. Había llegado desde La Paz, Bolivia, a donde regresaría al culminar el encuentro. Su familiaridad con algunos de los presentes resultaba notoria. Era una pieza de valía en el armado internacionalista del Ejército. Todos le decían"Christian". Así se hacía llamar Mingolla.
Sus andanzas por fuera del territorio nacional habían tenido un paso previo: América Central. A fines de 1979 fue enviado de comisión a Honduras –junto a otros 40 oficiales y agentes del Ejército encabezados por el teniente coronel José Osvaldo Riveiro y el mayor Santiago Hoya– para adiestrar, con apoyo de la CIA, a contras nicaragüenses y escuadrones de la muerte de El Salvador, Guatemala y ese país. El GTE tuvo además responsabilidad directa en asesinatos, torturas y desapariciones en toda la región.
Mingolla hizo en Tegucigalpa buenas migas con el comandante del Ejército local, coronel Gustavo Álvarez Martínez, quien llegó a considerar al argentino su brazo derecho y el enlace con los militares enviados desde Buenos Aires. Así fue como Mingolla tuvo una influencia crucial en la creación del Batallón 3-16, una unidad de inteligencia construida a imagen y semejanza del Batallón 601. Participó de tal empresa junto a Juan Ciga Correa, un ex integrante de la Triple A. Los dos eran inseparables.
En tal contexto, el salto de Mingolla hacia Bolivia fue previsible.

EL DELATOR. En el alba del 17 de julio de 1980, la presidenta boliviana, Lidia Gueiler, despertó sobresaltada por el ruido de un helicóptero y los disparos que sonaban a la distancia. La radio transmitía la marcha Talacocha, un signo inequívoco de que su mandato acababa de finalizar de manera abrupta.
El golpe de Estado se inició con el levantamiento de la guarnición militar de de Trinidad, capital del departamento del Beni. El emprendimiento del general Luis García Meza y del coronel Luis Arce Gómez –con el apoyo logístico del criminal de guerra nazi Klaus Barbie (ver recuadro), junto al financiamiento del "Barón de la Cocaína", Roberto Suárez, y un selecto grupo de empresarios santacruceños– se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado en los últimos siete meses.
La preparación del asunto coincidió con el arribo de los militares argentinos: 150 efectivos del Batallón 601; muchos venían de América Central; entre ellos, Mingolla. Se dice que él solía ufanarse del trato afectuoso y paternal que le dispensaba Barbie. El alemán se había fascinado con él. ¿En qué parte de su ser estaba depositado su encanto?
Con apenas 24 años, Mingolla supo encubrir con eficacia ciertos capítulos de su pasado. Sin embargo, una versión indica su temprano vínculo con el grupo fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU). Se cree que esa, justamente, fue la vía que lo llevó a enrolarse como agente civil en el Batallón 601. Hasta hay testimonios que señalan su presencia como interrogador en el centro clandestino que la Policía Federal regenteaba por cuenta del Ejército en sus talleres mecánicos de la calle Azopardo. En Bolivia no ocultó su gran solvencia operativa. Era diestro tanto para infiltrarse en grupos de izquierda como para ir de cacería nocturna, junto con las patotas de nazis alemanes, franceses e italianos traídos por Barbie para la ocasión. Pero también era un gran cultor del contraespionaje; adscripto al Departamento VII –Operaciones Psicológicas–, descolló por el carácter preciso de sus informes. En La Paz, él estaba a sus anchas; ahora esa ciudad era un santuario para represores, mercenarios y terroristas de ultraderecha. No en vano, el ministro Arce Gómez había aconsejado a los opositores "andar con el testamento en el bolsillo". En sólo doce meses hubo 500 asesinatos y cuatro mil detenidos. En semejante cosecha, el papel de Mingolla y sus camaradas de armas no fue menor.
El régimen de García Mesa se derrumbó el 4 de agosto de 1981.
Mingolla quedó entonces al servicio de su reemplazante, el general Celso Torrelio Villa.
Así lo consigna en 1983 el propio "Christián" en un formulario del Ministerio del Interior, sin mencionar su rol en la dictadura de García Meza. Ya gobernaba en aquellos días el presidente democrático Hernán Siles Suazo. ¿Qué retenía a Mingolla en La Paz? ¿Acaso estaba impedido de su libertad? Nada se sabe con certeza al respecto.
Sin embargo, un documento desclasificado de ese ministerio es, en tal sentido, revelador: se trata de un informe firmado por Mingolla el 21 de septiembre de 1983; allí proporciona datos exactos de los grupos paramilitares de la dictadura, los organigramas secretos de los servicios de inteligencia y la identidad de todos sus miembros. En ese paper, Mingolla consumó un auténtico hito en el ejercicio de la delación: se denuncia a sí mismo en tercera persona.
A partir de ese instante, no habrá vestigios de su existencia. 
Hasta el 26 de marzo de 1987. Ese día fue detenido en un paso fronterizo por la Policía Militar de Brasil. Entre sus efectos personales, Mingolla atesoraba 375 kilos de cocaína.

UNA LÍNEA BLANCA DE LUZ. Alojado en un penal del estado de Santa Catarina, Mingolla se relacionó con presos evangelistas. En tales circunstancias, vio la luz del Señor. Y se puso a predicar su palabra. 
Ya cumplida su condena, fungió de capellán penitenciario por cuenta del Consejo Nacional de Pastores. Luego se volcó al culto siriano, antes de recalar en la Iglesia Bielorrusa Eslava. Un espacio desde el cual él no fue ajeno al tráfico de drogas y al lavado de dinero.
Su última aparición pública ocurrió el 2 de diciembre, durante la visita del obispo Athanasios a Buenos Aires. Desde entonces, su paradero es un misterio. Un cúmulo de acusaciones por estafa lo han retirado de circulación. Estaría escondido –dicen– en algún lugar de Polonia.
Quizás alguna vez también sea buscado por sus crímenes contra la humanidad.

Por: Ricardo Ragendorfer

Detenidos cuatro de los siete ex oficiales del ejército chileno procesados por el asesinato de Victor Jara

Santiago de Chile, 2 de Enero 2013. Uno de los detenidos es el coronel retirado Hugo Sánchez Marmonti, quien se entregó en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Al mismo lugar acudió Jorge Smith Gumucio, mientras que Edwin Dimter Bianchi se presentó en los tribunales.

La cuarta persona, que también se entregó en el Tribunal de Apelaciones, todavía no ha sido identificada.
El juez señaló en el auto de procesamiento que el 11 de septiembre de 1973 tropas del Ejército sitiaron la Universidad Técnica del Estado y detuvieron a miles de alumnos, docentes y personal de la institución, entre los que se encontraba el cantautor chileno.

La mayor parte de los detenidos acabaron en el Estadio Chile, el cual fue renombrado como Estadio Víctor Jara en el 2003, custodiado por diversos efectivos del Ejército. Jara fue torturado en dicho edificio y el 16 de septiembre fue ejecutado.
Una vez conocida la noticia, el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, dijo que “nada está consolidado. Hay una resolución importante, pero el juicio no ha terminado.
Caucoto agregó que “hay que prepararse pues estos individuos (militares) tendrán todas las garantías judiciales que Víctor no tuvo".

Ocho antiguos oficiales se encuentran ahora procesados por su muerte, en el caso de Sánchez Marmonti y del teniente Pedro Barrientos Núñez por un presunto delito de homicidio. Las otras seis personas señaladas serían cómplices de la muerte del cantautor.

A mediados de mayo a través de un reportaje del programa “En la Mira”, de Chilevisión, se conoció que el presunto asesino de Jara es Pedro Barrientos, residenciado en Florida (sur de EE.UU) desde el año 1990.

Una vez conocido este reportaje, el abogado de la familia de Víctor Jara instó al Ejército chileno a colaborar con el esclarecimiento de la muerte del cantautor.
Caucoto dijo en su momento que “llevamos 38 años esperando que el Ejército chileno entregue los antecedentes que posee de la causa y no lo ha hecho. Me parece vergonzoso que no tengamos ninguna colaboración de esa institución y no hayan aportado ningún nombre al proceso”.
En el material audiovisual presentado por Chilevisión se puede ver y oír al exmiembro del Ejército chileno, José Paredes, quien dijo que Barrientos “le disparó a Jara casi a quemarropa, porque no le respondía, para mí que ahí lo sacó de quicio y le disparó”.

Por su parte la viuda de Víctor Jara, Joan Jara manifestó en una conferencia de prensa que al fin se está haciendo justicia “por algo por lo que hemos luchado por tantos años”.
Así lo informó la corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell, quien reportó a través de su cuenta en la red social Twitter (@BeatrizteleSUR) que “Joan Jara, viuda de Víctor Jara, comienza su conferencia de prensa mientras ex militares son apresados por homicidio del cantante popular. 'En otra parte de la ciudad está ocurriendo algo por lo que hemos luchado durante años' Joan Jara en referencia a detenciones”.

Michell añadió que “Joan Jara se emocionó en conferencia de prensa en Estadio Víctor Jara, lugar donde fue asesinado el cantautor”.
La hija de Víctor Jara, Manuela Jara pidió que los tribunales de Justicia soliciten la extradición de exmilitar Pedro Barrientos desde EE.UU. Barrientos tiene una orden de detención para ser procesado por asesinato de su padre.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, afirmó que “aquí no hay nada que celebrar. Hay tristeza, impotencia. Esperemos que cuando estén condenados no se les dé beneficios a los militares".
Lira agregó que “le exigimos a la Corte Suprema que pida la extradición de Barrientos porque Estados Unidos debe responder, porque el crimen de Víctor y el de todos los que se cometieron en este país tengan justicia plena".

Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar, apoyado por Washington, contra el presidente Salvador Allende y fue trasladado hasta el Estadio Nacional, convertido en centro de torturas y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese estadio el cantante, quien también era director teatral, fue reiteradamente torturado por los militares por su condición de comunista. Sus compañeros de reclusión en el estadio pudieron observar el resultado de las torturas hasta que desapareció desde las tribunas del local deportivo.

Su cadáver mutilado y con decenas de impactos de bala fue arrojado en un suburbio y luego trasladado a la morgue capitalina, donde pudo finalmente encontrarlo su viuda, Joan Jara.
En el 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años.

Trece (13)absoluciones para que festejen las redes de trata.

- María Jesús Rivero: Ex dueña de la remisería 5 Estrellas. Según la acusación, ordenó –junto con su ex marido Rubén “La Chancha” Ale– a su hermano secuestrar a Marita Verón. La fiscalía la consideró autora intelectual. La fiscalía y la querella habían pedido 25 años de prisión.

- Víctor Rivero: Acusado de secuestrar a Marita por orden
de su hermana María Jesús. Un testigo dijo en el juicio que Rivero le contó cómo lo había hecho y que la sangre de la mujer, a quien golpeó con un arma, nunca salió del asiento del auto que usó en el secuestro. La fiscalía lo consideró autor material y, al igual que la querella, pidió para él 25 años de prisión.

- Daniela Milhein: testigos rescatadas de redes de trata señalaron que reclutaba chicas para ser explotadas en los prostíbulos. Una ex víctima de esas redes contó que en su casa vio dos veces a Marita. La fiscalía la consideró partícipe necesaria y pidió 25 años de prisión, al igual que la querella.

- Alejandro González: ex marido de Daniela Milhein, estaba acusado de haber transportado a Marita hasta La Rioja para entregarla a un prostíbulo, como había hecho con otras mujeres secuestradas que declararon en el juicio. Para la fiscalía, que pidió una condena de 25 años –en coincidencia con la querella–, fue partícipe necesario.

- Irma Medina: Conocida como “Mama Lili”, madre de los mellizos Gómez y dueña de varias whiskerías que funcionaban como prostíbulos alimentados por mujeres secuestradas. Una testigo aseguró que “compró” a Marita Verón. La fiscalía la consideró partícipe necesaria y pidió una pena de 25 años, la misma condena que solicitó la querella.

- José “Chenga” Gómez: Hijo de Medina, los testimonios señalan que obligó a Marita a prostituirse en los locales de su familia, que ella fue su “doña” y tuvo un hijo suyo. Según la fiscalía, fue partícipe necesario, por lo que le cabía una pena de 25 años, con lo que coincidió la querella.

- Gonzalo “Chenguita” Gómez: Hijo de Medina, regenteaba prostíbulos en La Rioja, en uno de los cuales fue vista Marita. Como a su hermano y su madre, la fiscalía lo consideró partícipe necesario y pidió para él 25 años de prisión. Idéntica pena solicitó la querella.

- Mariana Bustos: Casada con Chenga Gómez, participaba de la explotación de los prostíbulos. Para la fiscalía, como partícipe secundaria, le cabían 12 años y medio de prisión; para la querella, 26 años y medio.

- Pascual Andrada: Ex policía encargado de trasladar mujeres secuestradas de Tucumán a La Rioja; en esa rutina habría trasladado a Marita, según fue acusado. Para la fiscalía, como partícipe secundario, le cabían 12 años y medio de prisión; la querella pidió 23 años y siete meses.

- Paola Gaitán: Esposa de Carlos Luna, referida como administradora de los locales bajo el nombre “doña Patricia”. La fiscalía la consideró partícipe secundaria y pidió para ella 12 años y medio; la querella había pedido 23 años y seis meses.

- Juan Derobertis: Encargado de El Desafío, uno de los locales de Medina y sus hijos en los que fue explotada Marita. Por considerarlo partícipe secundario, la fiscalía pidió para él 12 años y medio de prisión; la querella había solicitado 24.

- Carlos Luna: Administraba el prostíbulo El Desafío y formalmente figuraba como responsable del lugar en donde, dijo, las chicas estaban por su voluntad, algo que desmintieron numerosos testimonios. Habría asumido la responsabilidad por gratitud a los Gómez. Para la fiscalía, por ser partícipe secundario, debía cumplir 12 años y medio de prisión; para la querella, 25.

- Azucena Márquez: Fue señalada como regenta de prostíbulos de Medina y Gómez –bajo el nombre de “doña Claudia”–, que comandaba cuando Marita fue vista allí. Para la fiscalía, como partícipe secundaria, le cabía una pena de 12 años y medio; la querella había pedido 25.

La dictadura brasileña expulsó a más de 1000 refugiados por el Plan Cóndor

La Comisión de la Verdad obtuvo un documento que revela aspectos desconocidos del siniestro pacto de exterminio firmado por los militares

 Eran ciudadanos que buscaban protegerse de la persecución en sus propios países. Pero tras la entrega a su nación de origen, la mayoría terminó asesinada. La información estaba en manos de una comisión de la ONU. En los 21 años de la última dictadura (1964-1985), Brasil expulsó a más de mil refugiados sudamericanos tras un pacto sellado con los otros gobiernos del Cono Sur.

Según documentos de las Naciones Unidas a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, de reciente creación, el acuerdo para la expulsión de los exiliados fue pactado entre 78 militares brasileños y argentinos que contaron con el apoyo de las dictaduras de Chile, Paraguay y Uruguay. Esta fase desconocida del Plan Cóndor de coordinación represiva entre los regímenes cívico-militares de la región, consta en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

De acuerdo con la documentación recogida por la Comisión de la Verdad, Brasil entregó a sus países de origen a los ciudadanos opositores que salían de su tierra en busca de protección, una situación que la ONU define como "episodios flagrantes de violación a los Derechos Humanos". En muchos de esos casos –que hasta ahora habían sido considerados como hechos aislados– las personas "devueltas" eran luego asesinadas en sus naciones. Fuentes diplomáticas aseguraron en su momento que los dictadores brasileños rechazaron incluso pedidos de amparo a los refugiados que llegaban a su cancillería con el aval del organismo multilateral.

Según estadísticas de dudosa veracidad, Brasil recibió entre 1977 y 1982 a unas 3300 personas llegadas desde países latinoamericanos en busca de asilo político, pero les concedió ese estatus a sólo 1380, todas transferidas luego a otros lugares. Esa situación fue denunciada en 1979 por el entonces representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Rolf Jenny. La agencia de la ONU señaló en aquellos años que "Brasil no aplica en la práctica la ley de asilo nacional para la gente de izquierda y los no europeos", y que el país mantenía de ese modo una "posición extraoficial".
Además de las investigaciones hechas en Brasil y de la colaboración recibida de la ONU, en su función asignada de investigar todas las formas de abuso de los Derechos Humanos durante los 21 años de la dictadura, la Comisión de la Verdad saldrá a la búsqueda de documentos, archivos policiales y militares, y telegramas diplomáticos sobre aspectos mantenidos en secreto por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Según trascendió ayer en medios diplomáticos, la comisión también tiene decidido pedir el acceso a los archivos diplomáticos de los demás países del Cóndor. 

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