Arrancó un juicio en Roma contra 32 represores sudamericanos

La Justicia inició un proceso contra miembros de las dictaduras de la región por la muerte de 20 italianos. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar.

Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso. [Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso.]
La Justicia italiana inició el jueves un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas de 1970 y 1980 por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.

Troccoli, ex capitán de navío, de 67 años, está acusado de la muerte de seis italianos. Llegó a vivir en Italia tras huir de Uruguay para evitar la cárcel.

El proceso se realiza en una sala de la cárcel romana de Rebibbia.

La Operación Cóndor fue un plan urdido por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal Giancarlo Capaldo inició la investigación en 1999, tras la denuncia de un grupo de familiares.
Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo uruguayo que desapareció el 1 de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que estaba contenta de que se efectuara este proceso. Al mismo tiempo, lamentó no haber tenido ayuda de parte de las autoridades de los países de los militares acusados.

“Los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”, le declaró a la agencia de noticias AP.

Agregó que “esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”, que permanecen desaparecidos.

Aunque seguramente no se les podrá aplicar una eventual condena a los militares procesados, Mihura dijo que “la sociedad tiene muchos otros modos para hacer valer esa condena”.

Además de Troccoli, los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca. También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

El proceso fue suspendido por la jueza hasta el 12 de marzo
El proceso en Italia contra 32 ex militares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, fue suspendido ayer hasta el 12 de marzo, tras desestimar la jueza varias peticiones de las defensas.

La de ayer era una audiencia técnica, en la que se debían resolver peticiones de los letrados defensores y establecerse las acusaciones particulares que actuarán durante el juicio.

Sin embargo, las numerosas reivindicaciones de los defensores llevaron a la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal de Roma, Evelina Colella, a aplazar la vista hasta dentro de un mes.

La cuestión que más tiempo llevó a la magistrada fue la planteada por el abogado Luca Milani, que asiste de oficio a los cuatro acusados peruanos.

El letrado planteó sus dudas sobre la constitucionalidad del proceso, ya que, a su juicio, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y muchos de los imputados ya han recibido condenas en sus respectivos países.

Ordenan investigar a un ex jefe del ejército por el secuestro de tres niñas en 1973 Chile: general implicado en robo de bebés

Juan Emilio Cheyre había tenido que renunciar al Servicio Electoral al saberse del caso del hijo de un argentino.

Por: Tiempo Argentino

La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro y tortura de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro en visita (juez especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, Jaime Franco, hizo lugar a la querella en contra de Cheyre y otros dos militares.

La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad. "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.

Según las investigaciones, el ex jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975. El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.

Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.

En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973. "Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".

Fiscalía romana pide juicio contra militares suramericanos por Plan Cóndor

La justicia italiana acusa a 35 exintegrantes de juntas militares de varias dictaduras suramericanas, que tuvieron lugar en los años 70 y 80, por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Se les acusa de homicidio múltiple pluriagravado y secuestro.
La Fiscalía de Roma solicitó la apertura de un proceso judicial contra 35 miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú, durante las dictaduras que gobernaron estos países en las décadas 70 y 80, cuando se ejecutó en Suramérica el llamado Plan Cóndor, una estrategia diseñada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para eliminar a los militantes de izquierda y  que causó miles de asesinatos y desapariciones.

El fiscal Giancarlo Capaldo precisó que la investigación busca esclarecer la muerte de 23 ciudadanos italianos que fueron asesinados durante los años que los 35 militares estuvieron en servicio activo en sus respectivos países de origen.
El Ministerio Público acusa a cada exmilitar de diferentes cargos, entre los que figuran homicidio múltiple pluriagravado y secuestro, en el marco de la Operación Cóndor, urdida por las dictaduras del Cono Sur para reprimir a la oposición de izquierda en esos países, bajo la coordinación de los Estados Unidos.
La agencia Efe reseñó que, según Capaldo, la audiencia preliminar en la que se decidirá sobre los enjuiciamientos solicitados se celebrará a partir de octubre próximo. Asimismo, señaló que los nombres de los exmilitares se darán a conocer en los próximos días.
De acuerdo con la prensa italiana, los imputados serían 17 uruguayos, dos bolivianos, doce chilenos y cuatro peruanos, todos con edades comprendidas entre los 64 y 92 años
Entre ellos figuran el exministro del Interior boliviano Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el antiguo jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, expresidente peruano.
También mencionan a los exdictadores uruguayos Juan María Bordaberry (fallecido en 2011) y Gregorio Conrado Álvarez Armellino, además del excanciller de ese país Juan Carlos Blanco.
La justicia italiana había ordenado, tres años atrás, la detención de 140 exmilitares y civiles con conexiones con las dictaduras de la región, Sin embargo, debido a problemas burocráticos para entregar la notificación y la muerte de varios representantes de las juntas militares, el número de acusados disminuyó.
En el marco del Plan Cóndor, los Gobiernos suramericanos intercambiaban información para el secuestro y asesinato de miles de personas -incluyendo ciudadanos italianos- que se oponían a los regímenes militares.

Los delitos que no murieron con Videla

El Tribunal Oral Federal 1 resolvió mantener dentro del juicio los casos por los que estaba imputado Videla, ya que pueden aportar pruebas sobre la figura de “asociación ilícita” con la que se acusa a los represores que intervinieron en el Plan Cóndor.

Hubo una decisión importante en el juicio por el Plan Cóndor. El eje sobrevuela nuevamente la figura del dictador Jorge Rafael Videla. De las 106 víctimas incluidas en el proceso, 44 lo tenían como único acusado. Muerto Videla, se abrió la pregunta acerca de qué iba a pasar con esos hechos, porque podían quedar afuera del juicio. A partir de un pedido de la fiscalía y de las querellas, el juez Pablo Laufer del Tribunal Oral Federal 1 –a cargo durante esta semana de la presidencia del juicio– habilitó la declaración de los testigos que iban a hablar sobre esos casos. Laufer entendió que sus testimonios ya “forman parte de la prueba común” del debate y pueden ser necesarios para consolidar elementos en torno de la figura de la “asociación ilícita” con la que se imputa a los represores del Cóndor. La fiscalía y querellas plantearon además otro eje: el derecho a la verdad de las víctimas.

“Hay otros factores”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. “Hace 36 años que se está esperando resolver este tipo de hechos, el derecho a la verdad también es fundamento suficiente aunque lo anterior (la asociación ilícita) alcance para que ciertos hechos deban ser investigados.” Enumeró en ese sentido posiciones que recogen ese criterio de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros antecedentes, para señalar que el Estado tiene una responsabilidad para avanzar. A la posición del “derecho a la verdad” adhirió la querella del CELS y de Alberto Pedroncino. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre este punto. Tomó como eje suficiente para incorporar a los testigos el argumento de la “asociación ilícita”.

“En este juicio se va a debatir la posibilidad de la contribución de más de veinte personas en relación con una asociación ilícita, entonces cualquiera de los hechos imputados son pertinentes si permiten comprobar esa asociación”, indicó la fiscalía. Se entiende que la figura de la asociación ilícita debe ser probada como tal, antes de dar cuenta de qué represor la integró. Así, cada “hecho” de la causa puede aportar pruebas para consolidar esa construcción. La querella del CELS, a cargo de Marcos Kotlik, agregó la dimensión del contexto de crimen de lesa humanidad: entendió que más allá de esta figura, los testimonios hacen a la prueba del ataque sistemático y generalizado contra la población. En ese sentido, quedó dicho algo importante: que una persona durante su testimonio no sólo aporta pruebas sobre un acusado, sino que pone en escena un contexto del cual pueden surgir otros datos y responsabilidades. El tribunal, como se dijo, tomó sólo el tipo de la asociación ilícita para habilitar los testimonios. Videla ya no puede ser acusado, pero los casos que estaban adjudicados a él ingresarán al debate para probar la organización. Esto sucedió con la primera testigo que habló en esa situación.

Del otro lado de una pantalla, desde Canadá, declaró Miryam Dolva Zeballos, compañera durante un tiempo de Eduardo Efraín Chizzola Cano, una de las víctimas de este juicio y parte de las 44 que apuntaban a la responsabilidad de Videla. Eduardo era un uruguayo refugiado en Argentina. Lo secuestraron el 17 de abril de 1976 y su cuerpo apareció días más tarde. Estaba con documentos falsos, tenía signos de tortura y un disparo en la nuca. En ese momento, le tomaron las huellas dactilares, pero lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. A través de la Comisión por la Paz uruguaya, la familia logró finalmente identificarlo en 2000. “En las fotos del cadáver puede verse que es Eduardo”, dijo Miryam en la declaración. “Como no fue identificado (en 1976) estuvo enterrado diez años en una tumba anónima en la Chacarita hasta que diez años después quedó reducido a un osario común. Esa información se obtuvo en la Comisión de la Paz en Montevideo. Han sido años en que no había un lugar para expresar un duelo, y había incertidumbre, un período muy difícil para todos.” Miryam estaba separada de Eduardo, tenían una hija: Verónica Isabel. Ellas dejaron Argentina en junio de 1976. Vivieron dos años en Perú, refugiadas por el Acnur, y luego se fueron a Canadá. Cuando ayer se presentó a declarar vía videoconferencia, la defensa de los represores se opuso y eso dio lugar al debate.

En Uruguay, Eduardo militó en la Resistencia Obrero Estudiantil. “Estaba viviendo clandestinamente y había sido requerido por las fuerzas conjuntas uruguayas. Decidió irse a Argentina. Había muchos compañeros de él que habían sido detenidos y por lo tanto su seguridad corría peligro.” En marzo de 1973 viajó a Argentina. Un mes después, viajó Miryam. Vivieron juntos hasta que se separaron, en septiembre de 1974. Los datos de su hija, como la fecha de nacimiento, empezaron a ser importantes en la sala, como si fueran puntos fijos en una sucesión de hechos atravesados por la persecución y la clandestinidad.

“Tratábamos de vernos cada una o dos semanas para que no perdiera contacto con su hija, pero a veces era difícil. Al principio nos encontrábamos en un bar y otras veces en una placita infantil que no recuerdo dónde estaba.” En ocasiones, era el Café de los Angelitos. Cierta vez, Miryam viajó a Montevideo y perdieron contacto. Eduardo escribió una carta a una casilla de correo para fijar nuevo encuentro. Miryam no se acuerda de qué día lo vio por última vez, pero supone que fue alrededor del 5 de abril de 1976. “Después no supe más nada, pero el 19 de abril apareció el cuerpo de su compañera Telba Juárez en una calle de Barracas, con balazos. Un compañero me contactó para decirme que Eduardo estaba desaparecido desde el 17 de abril y que por favor me pusiera en contacto con sus padres para pedirles que vinieran a buscarlo.”

Eduardo tenía 25 años. Era parte del Partido para la Victoria del Pueblo. Miryam contactó a sus padres. “Fueron a Coordinación Federal, por supuesto no los trataron muy bien, estuvieron uno o tres días y se volvieron a Montevideo sin respuesta de nada.”

El testimonio de Miryam también se volvió importante porque describió a dos represores que originalmente no estaban incluidos en el “caso” de Eduardo: Manuel Cordero y José Gavazzo, coroneles uruguayos que intervinieron en el Plan Cóndor. Cordero fue extraditado desde Brasil a pedido de la Justicia argentina y es uno de los acusados del juicio.

Miryam escuchó sus nombres cuando estaba por irse a Perú. La madre de Eduardo había viajado para despedirla. “Me contó que el 30 de abril o 1° de mayo de 1976 había ido Cordero y otra gente a su casa, y le mostró unos documentos, cédula de identidad y libreta de conducir, y le dijo: esto lo encontramos al lado de un muerto argentino. La mamá de Eduardo, que era muy detallista, me hizo una descripción completa, era Manuel Cordero el que había estado allí. Me dijo que reconoció que la foto era de Eduardo y que la letra de la firma era la de él.”

En la sala, defensores y jueces volvieron a preguntarle por Cordero. Ella explicó que Cordero era una persona conocida: “Vivía en el mismo barrio de la mamá de Eduardo, de manera que ella lo encontraba en la feria a la que iba todas las semanas. Una vez yo fui a la feria y ella me lo mostró, pero realmente no quise mirarlo”.

Continuación del juicio por el Plan Cóndor tras la muerte de Videla

Desaparición y búsqueda en Tropezón

Gladys Estévez declaró desde el Consulado argentino en Uruguay sobre el secuestro de su marido, Ari Cabrera. En el juicio buscan seguir adelante con los 44 casos vinculados con Videla.

 Por Alejandra Dandan

Entrado el otoño de 1976, Gladys Estévez recibió un “papelito arrollado de diario, que era como se mandaban las cosas, no era una carta”, dijo ayer. En el papelito le pusieron dos palabras. “El Tropezón”. Ella vivía en Montevideo, pero andaba en Buenos Aires. Su marido, Ari Cabrera, y sus dos hijas vivían escondidas en Argentina, eran parte del Partido para la Victoria del Pueblo y se habían escapado de la dictadura uruguaya sin saber que iban a ser buscados y encontrados por la coordinación represiva de las fuerzas del Plan Cóndor.

“Tuve que buscar qué era ‘tropezón’”, dijo ayer en la primera audiencia de testigos sobre el Cóndor que empezó a oírse en Buenos Aires. “El dato estaba en un papelito y yo me fui a buscar, pregunté porque nadie me sabía decir qué era. Pero donde me decían a mí que había un ‘tropezón’, allá iba. Estuve recorriendo todo Buenos Aires, anduve en las quintas, después no me podía volver, me trajo un camión que llevaba a las maestras, anduve preguntando de un lado para otro la dirección exacta, hasta llegar a la estación Tropezón, que es antigua, por eso fue difícil encontrarla.”

“Así como recorrí todas las quintas donde no había gente, me subí al camión, anduve por las carreteras y después de las carreteras en ómnibus, iba para todos lados y seguía preguntando con la foto de Ari.” Así llegó a una casa. “La casa de esos señores era una casa sencilla, típica de ustedes, y me acerqué porque vi movimiento adentro y salió el hombre, la mujer no, como que se escondió. La mujer tenía alrededor de la puerta y en la pared las huellas de disparos de armas grandes. No me quisieron dejar pasar.” Gladys encontró a otras dos mujeres. Les mostró la foto. Y las mujeres finalmente le dijeron que sí, que habían visto a Ari ahí: “Que era un muchacho muy bueno, me dijeron que había otra persona con él, y que salía siempre a hacer los mandados. Los vecinos habían escuchado el tiroteo, las balas de afuera hacia adentro, y vieron arrastrar a una de esas personas, a ellos les pareció que era Cabrera, pero no lo podían confirmar”.

Gladys declaró desde el Consulado argentino en Uruguay. Tiene 81 años, la edad que imagina que esas mujeres tendrían en ese 1976 y sobre las que dijo que deben estar “requetemuertas” cuando uno de los defensores intentó preguntarle algo en la hipótesis de convocarlas.

Ari Cabrera es uno de los “casos” del juicio que se inició en Buenos Aires. Había militado como gremialista en el Banco de Brasil, donde trabajaba y luego integró el PVP y se fue al exilio. Como todas las víctimas de este juicio, está desaparecido. Las hipótesis indican que pudo haber estado en el centro clandestino Automotores Orletti o en una casa operativa vinculada con el centro que se usó como sede del Cóndor o incluso en Campo de Mayo.

Ayer se realizó la primera audiencia del juicio sin la presencia de Jorge Rafael Videla, uno de los principales acusados. Y fue la primera audiencia luego de su última declaración y de su muerte. En el juicio nadie lo recordó, ninguno de los jueces del TOF1 mencionó su nombre. No hubo banderas de luto. Durante el fin de semana se había dicho que 44 de los 106 “casos” de esta causa podían caer porque el único acusado era él; fiscalía y querellas, sin embargo, trabajan para que esas 44 historias logren actualizarse y revisarse en el juicio, dado que consideran que no sólo se busca una condena sino que éstos son espacios de “verdad”.
Gladys

–¿Usted tenía alguna relación con Ari Cabrera? –le preguntaron a Gladys al comenzar.

–Fue mi primer esposo –dijo ella–. Las fechas me son muy difíciles de recordar, pero Ari Cabrera era un excelente hombre, y por los años ’70 o más atrás, cuando empezó el problema en Uruguay trabajaba en el Banco de Brasil, era muy querido por todo el mundo. No había corrientes políticas en mi casa en ese momento, yo lo conocía desde los 14 años, no casamos a los 20. Ninguno sabía mucho de política, estábamos muy lejos de todo eso, teníamos 20 años cuando nos casamos, vino mi hija mayor y después la segunda.

Ari había sido criado por una familia rica que lo hizo ingresar al Banco de Brasil. “No eran sus padres biológicos, sino los que lo habían criado. Eran gente de Brasil. Alguna vez comentó que no dejaba de ser el ‘criadito’, pero le dieron todo. Todo dentro de ese ambiente, correcto y fino, diría yo. Yo me asombré cuando fui a verlo de novia porque cuando me presentaron prepararon una mesa fabulosa.”

En ese momento, el presidente del Tribunal la paró. No hubo más mesas fabulosas. La mujer entró de nuevo al banco y a los años de militancia. El trabajo en el banco lo llevó a militar. “Se puso en una lista del gremio y ahí fue que, por supuesto, salió primero. Empezó a llevar a casa unas hojas escritas que me daba a leer y yo decía que parecían ‘armas’ (...) El leía y le interesaba, supongo. Un poco más adelante empezaron a hacer reuniones en mi casa, en las cuales yo estaba descompartimentada y cuando en el Uruguay y en Argentina se declara ya rotundamente y la dictadura empieza a hacer atentados, verdad, lo que uno sabía era que apretaban acá a un grupo y apretaban a otro grupo en la Argentina en el mismo momento. Eso hizo que la gente del PVP resolviera irse a la Argentina porque acá era como que les pisaban los talones, se fueron a la Argentina y... ¡fue peor! –dijo– ¡Porque allá les requetepisaban los talones! Estaba todo organizado. De esa manera fue detenido.”

A Ari le decían el Viejo. Está desaparecido desde comienzos de abril de 1976. Una hipótesis sobre las que se diseñó la causa Cóndor es que los uruguayos que estaban ya escondidos en Argentina y fueron secuestrados por el Cóndor no militaron acá. Gladys encontró los datos del Tropezón; un abogado la acompañó a hacer una denuncia en una comisaría de la zona. Uno de sus yernos estuvo secuestrado en Orletti, el centro clandestino del Cóndor. Allí, él, que es sobreviviente, dijo que uno de los torturadores sugirió que “su suegro” se había muerto producto de la tortura y un paro. Gladys también supo que estaba tratándose del corazón.

En las costas uruguayas aparecieron muertos producto de los vuelos de la muerte. A Gladys le pidieron que fuera a reconocer unas fotos. Ella llamó a una hermana para que fuera. Alguna gente decía que “eran coreanos o algo así por la forma de los ojos”, dijo. “En realidad tenían piedras en los pies y los habían tirado al río, los recogieron y estaban totalmente hinchados por el tiempo que habían pasado en el agua.”

Hicieron preguntas la fiscalía, las defensas y el tribunal. Muchas sobre el Tropezón, el reconocimiento de la casa. Y luego, uno de los jueces le preguntó qué significaba aquello de “apretar” en Argentina y Uruguay que había mencionado. “¿Quiere decir detener?”, dijo. “Si usted quiere suavizarlo”, respondió la mujer.

Avanza en Salta la demolición de un monumento cuya construcción fue ordenada por Videla

Un edil salteño lo consideró, irónicamente, "un homenaje al Plan Cóndor"

    Obreros municipales atacan con martillos el vértice de la absurda pirámide edificada en tiempos de la dictadura.
    El adefesio que mandaron a construir Videla y Bussi en su esplendor. A la impugnación ideológica habría que añadirle la impugnación estética.
 
Salta.- El denominado monumento al Combate de Manchalá, que se encuentra en la capital salteña y que era considerado una reivindicación al Plan Cóndor, se está demoliendo por un pedido formulado por el Concejo Deliberante salteño al gobierno nacional. "Celebro la remoción del monumento porque es un mensaje para los jóvenes que nos muestra que el Estado nunca más debe aniquilar a los disidentes, sino ser el primer garante del cumplimiento de nuestra Constitución", expresó hoy a Télam el concejal Martín Avila, del frente peronista denominado Memoria y Movilización. El edil de la capital salteña fue el autor del proyecto aprobado en el Concejo Deliberante local, mediante el cual se le solicitó al gobierno nacional la remoción de esta estructura, en la que por estas horas trabaja un grupo de obreros.
"El monumento significó la reivindicación del terrorismo de Estado, del Plan Cóndor y era un homenaje al fraticidio, a la muerte de argentinos por argentinos", consideró Avila, al referirse a este combate, que fue parte del denominado "Operativo Independencia".

El Combate de Manchalá ocurrió el 28 de mayo de 1975, en una escuela situada en los montes de Manchalá, cerca de la localidad tucumana de Famaillá, donde se enfrentaron miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con soldados del Ejército Argentino.

Curiosamente, el monumento está ubicado en el escuadrón del Batallón M5 de Ingeniería, en el predio que el Ejército Argentino posee en Salta, sobre la avenida Arenales, en la zona noroeste de la capital salteña, a casi 500 kilómetros de donde ocurrió el combate.

En un artículo recientemente publicado en las redes sociales, Avila reveló que en el operativo Independencia se dio, entre otros, el aberrante hecho de que la escuela ubicada en Famaillá, Tucumán, que se había terminado de construir en diciembre de 1974, se utilizó como centro clandestino. Ese establecimiento -dijo- "se empezó a utilizar, en vez de un centro educativo, como un centro clandestino de detención, en donde pasaron cerca de dos mil argentinos de los cuales casi la totalidad hoy están desaparecidos o asesinados, y fueron desaparecidos por los propios integrantes del Estado terrorista".

Recientemente, por una orden del Ministerio de Defensa de la Nación, se retiraron las imágenes del mundo y el águila que formaban parte del monumento, que supuestamente se levantó para recordar a los conscriptos salteños que se enfrentaron con fuerzas del ERP ese 28 de mayo de 1975.

Actualmente, los obreros demuelen la pirámide de ladrillos que formaba parte de esta estructura. El monumento tenía un cóndor en su parte superior, sobre una mundo apoyado en una pirámide, con América Latina y la Argentina demarcada en rojo. "Deberíamos ser bastantes ilusos para pensar que el mundo que tenía el monumento mencionado, en donde se demarcaba América Latina y la Argentina coloreadas de rojo, era solo un adorno y no un homenaje al Plan Cóndor, ademas de ser un monumento que evoca el fratricidio", expresó Avila en su artículo. En este sentido, el edil agregó: "Por algo, a ese monumento lo mandó a construir el mismo dictador Videla en 1978, y fue inaugurado en 1981".

Nuevas revelaciones sobre el inicio del Plan Cóndor en la Argentina

Un testimonio de primera mano describe el comienzo de la represión coordinada a un mes de la muerte de Perón

Nacido en Uruguay y radicado en Buenos Aires, Andrés Correa fue secuestrado el 30 de agosto del '74, antes del estado de sitio de Isabelita. Era funcionario nacional. Lo torturaban represores de su país. Después, pasó un año preso en Devoto.
 

Por: Carlos Romero

 Andrés Alberto Correa –"Perico", para los amigos– nació en 1948 en La Unión, un barrio popular de Montevideo. A los 17 años, dejó Uruguay y se afincó en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para quienes el 30 de agosto de 1974 lo secuestraron en la localidad bonaerense de San Miguel, Correa era un uruguayo más, y por eso los represores argentinos compartieron la faena de la tortura con sus pares llegados especialmente del otro lado del Río de La Plata.
Hacía un mes que había muerto Juan Domingo Perón y la presidencia estaba en manos de su viuda, María Estela Martínez, con la sombra funesta de José López Rega como telón de fondo. Existía en la Argentina un gobierno constitucional y faltaba casi un año y medio para el golpe. Sin embargo, ya comenzaba a desplegarse ese aparato represivo de escala continental que luego se conocería como Plan Cóndor. Un mecanismo de pinzas que, con el tiempo, iría conjurando a todas las dictaduras sudamericanas en el exterminio sin fronteras de sus rivales políticos.
A principios de 2102, la justicia estableció que el 6 de noviembre del '74, fecha en que Isabelita dictó el estado de sitio, empezaron a darse las "condiciones de posibilidad" para el accionar del Plan Cóndor en el país. Pero a Correa lo "chuparon" 69 días antes, y después de someterlo a vejámenes e interrogatorios, sus verdugos –por momentos argentinos, por momentos uruguayos– lo dejaron en manos de la policía. Una vez "blanqueado", estuvo preso un año en la cárcel de Devoto y al recuperar la libertad todavía restaban varios meses para que los militares y sus socios civiles tomaran el poder.
La historia de Correa es parte de una secuencia de operativos conjuntos que derivaron en los asesinatos de otros tres jóvenes uruguayos: Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, en hechos relatados por Tiempo Argentino en su edición del 9 de septiembre de 2012 (ver aparte). En estos casos, también fechados antes del Estado de sitio, las víctimas fueron secuestradas por un grupo de tareas al mando, según testigos, del comisario motevideano Hugo Campos Hermida.
Al ser detenido, Correa tenía 26 años. Era profesor de Filosofía y funcionario del gobierno nacional en la Dirección de Educación del Adulto (DINEA). Formado desde joven en la fe católica, había cursado el seminario con los Padres Pasionistas y participó del Movimiento de Curas Tercermundistas, aunque nunca se ordenó como sacerdote por sus diferencias con la jerarquía religiosa. Durante la dictadura de Lanusse, se vinculó con Montoneros y Tupamaros, pero cuando Perón, desde el exilio, pidió pasar de la Resistencia a la construcción de las bases para el futuro gobierno de Héctor Cámpora, se sumó a ese sector de la JP abocado a la formación de cuadros técnicos, dejando de lado la opción de la lucha armada.
El día en que lo secuestran, regresaba de un viaje a Paraná y desde el Ministerio de Educación –del que dependía la DINEA–le avisaron que lo buscaba la policía. Agentes de la Federal y del Ejército habían allanado en Moreno una casa que fuera suya, donde dijeron haber descubierto una "cárcel del pueblo".
Mientras se dirigía a la comisaría de la zona para presentar el boleto de compra-venta y demostrar que desde agosto de 1973 esa propiedad ya no le pertenecía, fue interceptado por varios autos con personal de civil. "Cuando me agarran, me dicen que me estaban siguiendo hacía tres meses", remarcó Correa. Lo acompañaba su amigo Francisco Strizzi, que también trabajaba en la DINEA, fue capturado y viviría los mismos vejámenes. "Estoy seguro que el secuestro lo hicieron policías de la Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, gente de la Triple A y del Ejército", sostuvo en la declaración que en 2007 brindó a las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.
Su cautiverio duró 19 días y, en algunos de los varios lugares por los que pasó, pudo reconocer la voz de represores uruguayos, a quienes los argentinos llamaban "los de la Interpol". En diálogo con este diario, Correa relató: "Venían y te decían 'ahora te van a interrogar tus compatriotas'. Por la forma de hablar, enseguida te dabas cuenta de que eran uruguayos. Eran dos o tres y te daban la misma picana. Trabajaban igualito".
Ya por entonces, sin importar la procedencia, los uniformados supieron combinar los negocios con la doctrina de seguridad nacional. "Los uruguayos me torturaban convencidos que yo sabía sobre el nombre de los que habían secuestrado a un empresario italiano y sobre el dinero del rescate, de lo que no tenía la menor idea", detalló Correa, que hace varios años está radicado en Viedma, Río Negro, donde combina la militancia política con el cuidado de una chacra familiar (ver aparte). Con su testimonio y otros elementos que está recopilando junto a un grupo de abogados, espera poder presentarse en breve a la justicia, en el marco de los expedientes donde se investigan los delitos cometidos por el Plan Cóndor y la Triple A.
Estima que lo trasladaron, al menos, a cinco sitios diferentes. "Siempre estuve encapuchado, pero por abajo he visto botas del Ejército y gente de la policía", explicó. Mientras era sometido a tormentos, le preguntaban sobre sus contactos y las actividades realizadas en su antigua casa. Cada tanto, alguien, posiblemente un médico, lo revisaba para ver si podía seguir soportando el castigo.
Cuando lo secuestraron, llevaba consigo una libreta de teléfonos, con "apellidos de familiares, amigos, funcionarios de gobierno, militantes conocidos". Por cada persona que encontraban en la agenda, lo picaneaban y le pedían información. En esas páginas estaba el nombre de Daniel Banfi, a quien había conocido en épocas de noviciado y que luego sería asesinado junto a Jabif y Latrónica. "Días después de mi detención, me dicen que me van a dejar saludar a un amigo. Supe que era Daniel, porque le reconocí la voz y porque le llamó por mi apodo, Perico", contó Correa.
También tiene presentes a otros de sus compatriotas: los verdugos. "En una de las sesiones, se presenta gente de Uruguay, que me tortura y pregunta por personas uruguayas. Estaban totalmente organizados, había una movida sincronización de trabajo. Nos decían, 'bueno, ahora los va a interrogar la Interpol', que es justamente como le decían al Plan Cóndor."
Por último, lo trasladaron a "un edificio viejo, de ventanales altos, puede ser una comisaría". En una oficina, dos o tres personas le dijeron que se había "salvado", que le iban a sacar la capucha y que ellos se iban a cubrir el rostro. Le anticiparon que sería entregado a un juez, "pero que tenía que firmar todas las hojas que estaban en el escritorio, donde supuestamente reconocía que no había sufrido ningún maltrato". Además, le aconsejaron que se fuera del país.
El 18 de septiembre del '74, fue liberado junto a Strizzi y, acto seguido, los detuvo la Bonaerense. Correa no tiene dudas sobre la connivencia: "Nos atan a un árbol en los suburbios de Moreno –precisó–. Inmediatamente, ahí nomás, mediando 50 metros de distancia, apenas nos deja el Falcón o la camioneta de ellos, aparece la policía, que se hacen los boludos, nos desatan, nos sacan la capucha y nos meten incomunicados."
Antes, mientras estuvo desaparecido, el 5 de septiembre el diario La Razón difundió el Comunicado N° 3 de la Triple A, donde una autodenominada unidad de combate "Darwin Pasaponti" (sic) se atribuía su captura, lo acusaba de un accionar "antinacional y antipopular, al servicio de movimientos subversivos", lo dejaba en manos de "las autoridades argentinas para ser juzgado" y le advertía que "si posteriormente continúa con su accionar subversivo, será inmediatamente ejecutado, al igual que los miembros de su familia".
Junto a esta amenaza, se enteró de que pesaba en su contra una orden de captura por parte del juez federal Jorge Luque, de San Martín, porque luego de allanar su ex vivienda, la Secretaría de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA) sostuvo que "era utilizada como reducto, fabricación de explosivos, acondicionamiento de armas y centro de operaciones" por "elementos" del ERP, Tupamaros y otras organizaciones.
Por un año, Correa permaneció preso e incomunicado. "En condiciones similares a las anteriores, pero sin torturas", describió. El juez Luque lo sobreseyó el 27 de agosto y el 31 salió de la cárcel. A los pocos días, frente al recrudecimiento de la represión clandestina, él y su esposa, María Rosa Ilari, emprendieron el exilio interno. Se recluyeron en Bariloche, aceptando el ofrecimiento de una familia amiga.
Debieron pasar tres décadas antes de que, gracias a la ayuda psiquiátrica y el apoyo de sus amigos y familiares, Andrés Correa pudiera contar lo que le tocó vivir. A pesar del tiempo transcurrido, las cicatrices –las visibles y las otras– aún siguen sanando. «
 
los "seminaristas parias" y bergoglio
 
A sus 65 años, Andrés Correa tiene "el día partido": mitad para las labores de su chacra en Viedma y mitad para seguir despuntando el hábito de la militancia política.
Casado con María Rosa Ilari –con quien tuvo cuatro hijos varones–, reserva las noches para escribir sobre cuestiones "de corte filosófico, político y religioso". Por estos días, trabaja sobre alguien a quien conoció en sus años de seminarista y que hoy es el Papa de la Iglesia Católica.
Formado desde su pubertad con los Padres Pasionistas e instruido por los jesuitas, conoció a Jorge Bergoglio en 1968 en el seminario mayor en San Miguel, donde el actual Sumo Pontífice era un estudiante avanzado que impartía cursos en la Facultad de Filosofía y Teología, en el Colegio Máximo.
Sobre su recuerdo de Bergoglio, Correa hizo una descripción breve y clara: "Se mantendría siempre a cierta distancia de nuestra militancia política y pastoral."
Por entonces, cientos de alumnos iniciaron una crítica interna. "Éramos los 'seminaristas parias', rechazados por las autoridades eclesiásticas", contó Correa, que nunca se pudo ordenar sacerdote.
 
los tres jóvenes uruguayos asesinados
 
El 30 de octubre de 1974, los cadáveres de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica aparecieron enterrados en un campo de San Antonio de Areco, con heridas de bala y cubiertos de cal viva. Los tres eran uruguayos y habían sido secuestrados 50 días antes, en dos operativos de los que, según testigos, participó personal vinculado a la Policía Federal y represores llegados del otro lado del Río de La Plata.
La prensa local y las autoridades atribuyeron los asesinatos a la Triple A. De hecho, así es como hoy están encuadrados judicialmente, después de que en 2006 se los integrara a esa causa.
Sin embargo, junto al caso de Andrés Correa, el de estos tres jóvenes –Latrónica tenía 25 años; Banfi, 24; y Jabif, apenas 22– es otro antecedente de una operación conjunta realizada en el país por el Plan Cóndor antes del Estado de sitio dictado el 6 de noviembre del '74.
En la madruga del 13 de septiembre, unos diez hombres de civil que se identificaron como policías federales ingresaron al departamento de Aurora y Daniel Banfi, en Haedo. Los dueños de casa reconocieron al cabecilla: el comisario uruguayo Hugo Campos Hermida, abocado a la represión política a través del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Ese día, en la casa de Haedo también fueron secuestrados Latrónica y otro uruguayo, Rivera Moreno. Campos Hermida –muerto en 2001– les preguntaba por Correa, al que habían detenido dos semanas atrás.
Horas después, un grupo irrumpió en una vivienda de Palermo, de donde se llevaron a Jabif, ante la mirada de su mujer, Alicia Dubra. La medianoche del 12, hombres armados en un Ford Falcon habían levantado en el barrio de Once a Nicasio Romero, también uruguayo.
De las cinco víctimas de este raid de secuestros, sólo Romero y Rivera Moreno serían luego liberados.
Para Meloni y Dubra no hay dudas: "Claramente, estos hechos, por sus características, están dentro del Plan Cóndor”. Por eso, en 2012 Dubra declaró ante la Fiscalía que sigue ese expediente, para que sean incluidos los casos de su esposo, de Banfi y Latrónica. La fiscalía, a cargo del Miguel Ángel Osorio, aún no tomó una decisión.
 
PFA - Asuntos Extranjeros El caso de esa unidad de la Federal, que reprimió a chilenos y uruguayos, podría ser clave.
 
Fuente: Tiempo Argentino

Amistades peligrosas : Massera quería matar a López Rega

Según consignan numerosos cables secretos revelados por wikileaks
En contactos con EE UU, Massera sugirió a la CIA que matara a López Rega
El dictador mantuvo encuentros con la diplomacia estadounidense a partir de 1975. Su encono hacia el "Brujo" y la mirada sobre Isabel Perón.

Por: Gerardo Aranguren y Javier Borelli
El jefe de la Marina expresa sus sentimientos anti López Rega", se tituló el cable secreto de la embajada estadounidense de fecha 30 de junio de 1975, en el que se revela el encono personal que mantenía Emilio Massera con el ministro de Bienestar Social y que lo llevó, incluso, a bromear con su asesinato. Todavía faltaban nueve meses para que Massera integrara la Junta Militar y se convirtiera en uno de los hombres más poderosos y temibles de la Argentina, pero ya era el jefe de la Armada e impulsaba el acercamiento de las tres armas con la delegación de Washington. Este acercamiento era también recomendado por la Cancillería estadounidense, en manos de Henry Kissinger desde noviembre de 1973, como lo confirmaron los cables difundidos el lunes pasado por este diario y lo demuestran los numerosos encuentros y cables difundidos por WikiLeaks.
A mediados de 1975, durante los últimos meses del gobierno de la viuda de Perón, Massera visitó la Embajada de España en Buenos Aires para una cena en su honor. "En una conversación antes de la cena, el almirante Massera comentó sobre la crisis a la que se enfrenta el gobierno de la señora de Perón y cómo el ministro de Bienestar Social, José López Rega, le oculta a ella información vital", relató Joseph Montllor, segundo de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en un despacho enviado a la Secretaría de Estado estadounidense.
"Massera dijo que cuando se reúne con ella, cada vez que trata de darle información objetiva, la entrevista es interrumpida por López Rega", señaló el funcionario. El marino describió al "Brujo" como "un hombre ignorante, que no tiene ningún conocimiento económico", y en una profecía autocumplida, vaticinó: "Su influencia está llevando a la Argentina al momento más oscuro de su historia."
Al parecer, las duras críticas de Massera, quien mantenía una relación cercana con la viuda de Perón, asombraron a sus interlocutores porque inmediatamente aclaró que López Rega conocía bien lo que pensaba sobre él y que su mala relación no era ningún "sentimiento secreto".
El cable, de apenas una página, continúa describiendo la charla durante la cena en la embajada española. "Un argentino que participaba de la conversación dijo en un tono jocoso que, como la CIA es acusada de todo, podríamos descubrir que también está detrás de los problemas de Argentina. En ese momento, Massera comentó con ironía que si la CIA estaba en el negocio de los asesinatos, él tenía un candidato de primera", escribió Montllor.
La frase, que a la luz de los métodos que usaría meses después el jefe de la Marina adquieren un tono siniestro, fue reafirmada horas después cuando, al salir de la embajada con su esposa, le dijo al funcionario estadounidense: "No te olvides de la CIA y mi candidato."
El despacho cierra con un análisis de Montllor sobre el vínculo de Massera, López Rega y la entonces presidenta Martínez de Perón. "Por la forma descuidada en la que se expresó, Massera mostró que no necesita de López Rega, no le tiene miedo y desea que el ministro de Bienestar Social deje la escena pronto y de manera permanente. No habló con el mismo desprecio hacia la señora de Perón, pero la ve como una víctima de la influencia de López Rega, de la cual no puede o no desea librarse", comentó. 
Apenas 11 días después del encuentro, López Rega renunciaría al Ministerio de Bienestar Social y, poco después, se iría del país tras el Rodrigazo, como se conoció al duro ajuste que también le costó el puesto al ministro de Economía Celestino Rodrigo.
Pero la aparición de Massera en la Embajada de España no es el primer contacto que mantuvo el marino con la diplomacia estadounidense. El 11 de diciembre de 1973, la embajada hace un seguimiento de su nombramiento como comandante en jefe de la Armada a través de un editorial de Claudio Escribano, del diario La Nación, en el que se describe a Massera como el "mal menor" para Perón dentro de la fuerza y que funcionaría como "punto de contacto" entre el peronismo y la Armada.
Dos años después, ya muerto Perón, el 14 de marzo de 1975, el embajador se refiere a Massera como "demasiado cercano" a la presidenta María Estela Martínez de Perón y señala el descontento de la Marina con esa relación, aunque aclara: "Que la señora de Perón ya no cuente con apoyo de los militares no significa que ya estén preparados para hacer un movimiento contra ella."
El 26 de julio, Hill volvió a encontrarse con Massera en una cena que organizó en su honor en su residencia. El embajador dijo estar "sorprendido" de los dichos del marino, quien le adelantó que las Fuerzas Armadas estaban determinadas a conseguir la renuncia del canciller Alberto Vignes luego de la salida de López Rega, Rodrigo y Raúl Lastiri. También relató: "El almirante Massera aseguró de manera categórica que no tenía ambiciones políticas personales. De hecho, está preparado para perder su trabajo como resultado de su participación en esos problemas."
Meses después, el jefe de la Armada entraría en la historia como integrante de la dictadura más sangrienta y, justamente por sus ambiciones políticas, comenzaría a chocar con Videla por sus diferentes posturas.   
Uno de los últimos cables referidos a Massera en los documentos difundidos por WikiLeaks es un encuentro que mantuvo con la prensa extranjera. "En palabras coloridas, que provocaron fascinación en los corresponsales extranjeros, Massera dijo que ni él ni Videla son Al Capone y que este gobierno no es una mafia", comentó Hill el 1 de octubre de 1976 y finalizó: "Massera y su personal estaban de ropa de civil. El ambiente era amistoso, de apertura, y (se produjeron) discusiones encendidas sin restricciones excesivas en ninguno de los lados. Él habló siempre de la 'Junta' y no del Presidente o el Gobierno." «


Los ford falcon y el trabajo "encubierto"
Con una frase al pasar, al informar sobre una compra de equipamiento para la persecución del narcotráfico en Argentina, el embajador estadounidense Robert Hill describió como “muy adecuado para el trabajo encubierto” al modelo ‘Falcon’ de Ford, que se convertiría en los siguientes años en símbolo de la represión clandestina.
El cable firmado por Hill, de fecha 25 de octubre de 1974, se titula “Equipamiento para reforzar Narcóticos (de la Policía)”. Allí el embajador requiere permiso para comprar en Argentina automóviles para la Policía Federal y Gendarmería en el marco de un acuerdo interestatal para dar seguimiento a presuntos narcotraficantes ya que, explica, “los autos extranjeros no pueden ser importados salvo a través de los privilegios diplomáticos”.
Para la Policía Federal requiere seis “Ford Falcon Standard” de cuatro puertas y seis cilindros y describe que el Falcon producido en la Argentina es el equivalente al modelo 1960 de los Estados Unidos. El costo de los vehículos: 4300 dólares por unidad.
“Los vehículos serán usados para trabajo clandestino y vigilancia. El Ford Falcon producido en el país es un auto muy común en la Argentina y muy adecuado para el trabajo encubierto”, señaló Hill. Y agregó: “Un intento de usar autos hechos en el extranjero sería peor que contraproducente ya que los traficantes los identificarían inmediatamente.”
Como explica el cable, por su masividad el Falcon (en su mayoría de color verde) fue el vehículo más utilizado por las fuerzas represivas antes y durante la última dictadura para realizar operativos clandestinos de secuestro de personas. 


La teoría de pegar "debajo del cinturón"
Menos de un mes después del golpe, Emilio Massera almorzó con el embajador estadounidense. No fue solo, sino que lo acompañaron varios ministros y secretarios: José María Klix (Defensa), Juan Alemann (Hacienda), Guillermo Klein (Coordinación Económica), entre otros. “Massera se mostró moderado en el tema Derechos Humanos, pero otros en la mesa parecían favorecer una línea más dura. Cuando les pregunté qué pasaría con los miembros del gobierno anterior detenidos, Massera contestó que cada uno está siendo investigado y, de ser necesario, serán juzgados. Alemann, sin embargo, agregó que debía recordar que  todas esas personas son criminales”, relató Robert Hill.
El embajador señaló que toda la mesa estuvo de acuerdo en que “la lucha contra el terrorismo debe ser perseguida vigorosamente”. Y destacó: “El ministro Klix fue más allá. Insistió en que debían ser fanáticos para defender fanáticos y observó que si el otro lado pega debajo del cinturón, también debemos hacerlo nosotros.” Al finalizar el cable, el diplomático dejó “abierto a interpretación” la verdadera intención de los dichos del ministro “pero está claro que Klix no es tan prudente ni cercano a las leyes como Videla”, consideró.


Impresiones
Juan Domingo Perón
"Perón me dio la impresión de estar enteramente lúcido, absolutamente encantador y mucho más vigoroso y saludable en apariencia que lo que han sugerido algunos informes recientes", describió el embajador de los Estados Unidos en Argentina, John Davis Lodge, el 5 de octubre de 1973. Poco más de un mes después, su remplazante Robert Hill, advertiría en otro cable sobre "el serio estado de salud de Perón" y haría planes sobre las posibles líneas de acción ante su eventual muerte.

Jorge Rafael Videla
"Videla está por el momento en una posición suficientemente fuerte para mantener en línea a los duros e imponer un enfoque moderado. El golpe, que culminó en la madrugada del 24 de marzo, puede definirse ahora como de carácter moderado", opinó Hill el día que derrocaron a Martínez de Perón.

María Estela Martínez de Perón
Para el embajador Robert Hill, "la señora de Perón todavía tiene una apariencia frágil y desmejorada (…) tenía un herpes labial y manchas en su rostro, lo que podría indicar un mayor nerviosismo", señaló el 31 de julio de 1974, casi un mes después de la muerte de Perón.

Mario Alberto Mingolla Montrezza.: De genocida a obispo

Había que verlo con saco de lino, camisa rosa, cuello sacerdotal y un pesado crucifijo sobre el pecho. Así, el 15 de febrero de 2002, llegó desde Buenos Aires al aeropuerto paulista de Guaruhlos. Era un alto dignatario de la llamada Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava. En el hall de arribos lo aguardaba su máxima autoridad regional: el obispo Athanasios. Por la tarde, durante una solemne ceremonia en la Catedral Ortodoxa de San Pablo, al recién llegado se le concedió el honor de encabezar la Capellanía General para la República Argentina.
Lo cierto es que su carrera eclesiástica fue meteórica. Entre tal fecha y el 18 de mayo de 2008, ese hombre fue proclamado primer obispo de dicho credo en el país, pasó a integrar su Santo Sínodo, asumió la capellanía de la Orden Bonaria, se lo elevó al rango de archieparca y obtuvo el obispado de Milán. En esa travesía adoptó el nombre Valerián de Silio. ¿Tanta pompa en el seno de un culto no reconocido por la Cancillería?
Tal interrogante ensombrecía la figura del obispo. ¿Se trataba de un charlatán de feria? No fue del todo posible desestimar esa presunción. En cambio, nadie imaginaba lo que aquel sujeto en realidad era: un represor de la última dictadura militar. Su nombre:   Mario Alberto Mingolla Montrezza.

SOLDADO DE AMÉRICA. En Buenos Aires, durante el mediodía del 2 de septiembre de 1980, el Teatro San Martín parecía una fortaleza.  Un dispositivo con carros de asalto, patrulleros y tropas armadas robustecía ese parecer. Ningún civil podía acercarse sin autorización. Allí transcurría el IV Congreso de la Conferencia Anticomunista Latinoamericana.
Los delegados –entre ellos, anticastristas de Alpha 66, parapoliciales de Guatemala y El Salvador, somocistas prófugos, masones de la logia Propaganda Due, y operadores del pinochetismo– estallaron en una ovación cuando el anfitrión del encuentro, general Guillermo Suárez Mason, concluía su discurso de apertura.
Junto al estrado, un joven con gafas de espejadas aplaudía a rabiar. Pertenecía al Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601 de Inteligencia. Había llegado desde La Paz, Bolivia, a donde regresaría al culminar el encuentro. Su familiaridad con algunos de los presentes resultaba notoria. Era una pieza de valía en el armado internacionalista del Ejército. Todos le decían"Christian". Así se hacía llamar Mingolla.
Sus andanzas por fuera del territorio nacional habían tenido un paso previo: América Central. A fines de 1979 fue enviado de comisión a Honduras –junto a otros 40 oficiales y agentes del Ejército encabezados por el teniente coronel José Osvaldo Riveiro y el mayor Santiago Hoya– para adiestrar, con apoyo de la CIA, a contras nicaragüenses y escuadrones de la muerte de El Salvador, Guatemala y ese país. El GTE tuvo además responsabilidad directa en asesinatos, torturas y desapariciones en toda la región.
Mingolla hizo en Tegucigalpa buenas migas con el comandante del Ejército local, coronel Gustavo Álvarez Martínez, quien llegó a considerar al argentino su brazo derecho y el enlace con los militares enviados desde Buenos Aires. Así fue como Mingolla tuvo una influencia crucial en la creación del Batallón 3-16, una unidad de inteligencia construida a imagen y semejanza del Batallón 601. Participó de tal empresa junto a Juan Ciga Correa, un ex integrante de la Triple A. Los dos eran inseparables.
En tal contexto, el salto de Mingolla hacia Bolivia fue previsible.

EL DELATOR. En el alba del 17 de julio de 1980, la presidenta boliviana, Lidia Gueiler, despertó sobresaltada por el ruido de un helicóptero y los disparos que sonaban a la distancia. La radio transmitía la marcha Talacocha, un signo inequívoco de que su mandato acababa de finalizar de manera abrupta.
El golpe de Estado se inició con el levantamiento de la guarnición militar de de Trinidad, capital del departamento del Beni. El emprendimiento del general Luis García Meza y del coronel Luis Arce Gómez –con el apoyo logístico del criminal de guerra nazi Klaus Barbie (ver recuadro), junto al financiamiento del "Barón de la Cocaína", Roberto Suárez, y un selecto grupo de empresarios santacruceños– se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado en los últimos siete meses.
La preparación del asunto coincidió con el arribo de los militares argentinos: 150 efectivos del Batallón 601; muchos venían de América Central; entre ellos, Mingolla. Se dice que él solía ufanarse del trato afectuoso y paternal que le dispensaba Barbie. El alemán se había fascinado con él. ¿En qué parte de su ser estaba depositado su encanto?
Con apenas 24 años, Mingolla supo encubrir con eficacia ciertos capítulos de su pasado. Sin embargo, una versión indica su temprano vínculo con el grupo fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU). Se cree que esa, justamente, fue la vía que lo llevó a enrolarse como agente civil en el Batallón 601. Hasta hay testimonios que señalan su presencia como interrogador en el centro clandestino que la Policía Federal regenteaba por cuenta del Ejército en sus talleres mecánicos de la calle Azopardo. En Bolivia no ocultó su gran solvencia operativa. Era diestro tanto para infiltrarse en grupos de izquierda como para ir de cacería nocturna, junto con las patotas de nazis alemanes, franceses e italianos traídos por Barbie para la ocasión. Pero también era un gran cultor del contraespionaje; adscripto al Departamento VII –Operaciones Psicológicas–, descolló por el carácter preciso de sus informes. En La Paz, él estaba a sus anchas; ahora esa ciudad era un santuario para represores, mercenarios y terroristas de ultraderecha. No en vano, el ministro Arce Gómez había aconsejado a los opositores "andar con el testamento en el bolsillo". En sólo doce meses hubo 500 asesinatos y cuatro mil detenidos. En semejante cosecha, el papel de Mingolla y sus camaradas de armas no fue menor.
El régimen de García Mesa se derrumbó el 4 de agosto de 1981.
Mingolla quedó entonces al servicio de su reemplazante, el general Celso Torrelio Villa.
Así lo consigna en 1983 el propio "Christián" en un formulario del Ministerio del Interior, sin mencionar su rol en la dictadura de García Meza. Ya gobernaba en aquellos días el presidente democrático Hernán Siles Suazo. ¿Qué retenía a Mingolla en La Paz? ¿Acaso estaba impedido de su libertad? Nada se sabe con certeza al respecto.
Sin embargo, un documento desclasificado de ese ministerio es, en tal sentido, revelador: se trata de un informe firmado por Mingolla el 21 de septiembre de 1983; allí proporciona datos exactos de los grupos paramilitares de la dictadura, los organigramas secretos de los servicios de inteligencia y la identidad de todos sus miembros. En ese paper, Mingolla consumó un auténtico hito en el ejercicio de la delación: se denuncia a sí mismo en tercera persona.
A partir de ese instante, no habrá vestigios de su existencia. 
Hasta el 26 de marzo de 1987. Ese día fue detenido en un paso fronterizo por la Policía Militar de Brasil. Entre sus efectos personales, Mingolla atesoraba 375 kilos de cocaína.

UNA LÍNEA BLANCA DE LUZ. Alojado en un penal del estado de Santa Catarina, Mingolla se relacionó con presos evangelistas. En tales circunstancias, vio la luz del Señor. Y se puso a predicar su palabra. 
Ya cumplida su condena, fungió de capellán penitenciario por cuenta del Consejo Nacional de Pastores. Luego se volcó al culto siriano, antes de recalar en la Iglesia Bielorrusa Eslava. Un espacio desde el cual él no fue ajeno al tráfico de drogas y al lavado de dinero.
Su última aparición pública ocurrió el 2 de diciembre, durante la visita del obispo Athanasios a Buenos Aires. Desde entonces, su paradero es un misterio. Un cúmulo de acusaciones por estafa lo han retirado de circulación. Estaría escondido –dicen– en algún lugar de Polonia.
Quizás alguna vez también sea buscado por sus crímenes contra la humanidad.

Por: Ricardo Ragendorfer

La dictadura brasileña expulsó a más de 1000 refugiados por el Plan Cóndor

La Comisión de la Verdad obtuvo un documento que revela aspectos desconocidos del siniestro pacto de exterminio firmado por los militares

 Eran ciudadanos que buscaban protegerse de la persecución en sus propios países. Pero tras la entrega a su nación de origen, la mayoría terminó asesinada. La información estaba en manos de una comisión de la ONU. En los 21 años de la última dictadura (1964-1985), Brasil expulsó a más de mil refugiados sudamericanos tras un pacto sellado con los otros gobiernos del Cono Sur.

Según documentos de las Naciones Unidas a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, de reciente creación, el acuerdo para la expulsión de los exiliados fue pactado entre 78 militares brasileños y argentinos que contaron con el apoyo de las dictaduras de Chile, Paraguay y Uruguay. Esta fase desconocida del Plan Cóndor de coordinación represiva entre los regímenes cívico-militares de la región, consta en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

De acuerdo con la documentación recogida por la Comisión de la Verdad, Brasil entregó a sus países de origen a los ciudadanos opositores que salían de su tierra en busca de protección, una situación que la ONU define como "episodios flagrantes de violación a los Derechos Humanos". En muchos de esos casos –que hasta ahora habían sido considerados como hechos aislados– las personas "devueltas" eran luego asesinadas en sus naciones. Fuentes diplomáticas aseguraron en su momento que los dictadores brasileños rechazaron incluso pedidos de amparo a los refugiados que llegaban a su cancillería con el aval del organismo multilateral.

Según estadísticas de dudosa veracidad, Brasil recibió entre 1977 y 1982 a unas 3300 personas llegadas desde países latinoamericanos en busca de asilo político, pero les concedió ese estatus a sólo 1380, todas transferidas luego a otros lugares. Esa situación fue denunciada en 1979 por el entonces representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Rolf Jenny. La agencia de la ONU señaló en aquellos años que "Brasil no aplica en la práctica la ley de asilo nacional para la gente de izquierda y los no europeos", y que el país mantenía de ese modo una "posición extraoficial".
Además de las investigaciones hechas en Brasil y de la colaboración recibida de la ONU, en su función asignada de investigar todas las formas de abuso de los Derechos Humanos durante los 21 años de la dictadura, la Comisión de la Verdad saldrá a la búsqueda de documentos, archivos policiales y militares, y telegramas diplomáticos sobre aspectos mantenidos en secreto por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Según trascendió ayer en medios diplomáticos, la comisión también tiene decidido pedir el acceso a los archivos diplomáticos de los demás países del Cóndor. 

 Tiempo argentino