Bergoglio el entregador

El cardenal Mario Jorge Bergoglio está cada vez más involucrado en la desaparición de sacerdotes y en apoyar a la represión de la última dictadura militar y su pasado no queda tan lejano y cada vez es más negro, mejor dicho: ROJO. A pesar de que el papel que este hombre de la iglesia ocupa en el día de hoy es el de aliarse con los sectores más reaccionarios y más recalcitrantes del país, no es algo novedoso. Bergoglio es desde hace muchos años alguien involucrado a los años más oscuros de Argentina, fue el entregador de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

Marina Rubino junto a su marido Pepe Godino -formo parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo-

La ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de Morón, Marina Rubino –quien en aquellos años estudiaba teología en el Colegio Máximo de San Miguel y había sido alumna de estos dos sacerdotes- dijo hace unos días que dos meses después del golpe militar de 1976 el obispo de Morón, Miguel Raspante, intentó proteger a los sacerdotes Yorio y Jalics porque tenía pavor de que fueran secuestrados, pero el actual arzobispo de Buenos Aires se opuso rotundamente a esta actitud del obispo. Por ende, al negarse a brindarle ayuda a dos personas que corrían grave riesgo se da uno cuenta que no entendió el mensaje que él mismo intenta pregonar en la actualidad, y quizás también fue el mensaje que tuvo en aquellos años.

“Líbreme el Señor de alzar la mano contra el ungido del Señor"

Marina Rubino comentó además que Raspanti, previó a un encuentro privado con Bergoglio, le aclaró que la situación de Yorio y Jalics era muy complicada y que no podía recibirlos en la diócesis, por las malas referencias que Bergoglio le había enviado. Orlando y Francisco no dependían de ninguna autoridad eclesiástica y Raspante le dijo a ella “No puedo dejar a dos sacerdotes en esa situación ni puedo recibirlos con el informe que me mandó. Vengo a pedirle que simplemente los autorice y que retire ese informe que decía cosas muy graves.”

No es raro pensar esto cuando para los genocidas de aquella época  cualquiera que ayudara a pensar era guerrillero y aparentemente, aunque el arzobispo lo niegue tanto en sus discursos como en un libro que sacó hace poco, es muy difícil que pueda defenderse de estas acusaciones.

El sacerdote Alejandro Dausa, quien fuera secuestrado y torturado en Córdoba en el año 1976, -que hoy vive en Bolivia- contó hace poco que cuando estuvo en Cleveland, Estados Unidos, -año 1977- Jalics le dijó que Bergoglio había sido quien lo entregó y en un retiro en Carlos Paz, Córdoba, Yorio realizó la misma declaración sobre quien había sido el que lo denunciado.

La situación de Bergoglio debería ser tratada en la justicia como participe de la última dictadura. A pesar de que desde antaño una gran parte de la cúpula católica se mostró cerca de los regimenes más totalitarios, autoritarios y asesinos en el mundo, habría que saber cuales fueron los actos de quien hoy habla de la pobreza en Argentina. El Vaticano en su tiempo se mostró “amigo” del holocausto nazi, se mostró a la derecha de Augusto Pinochet, de Francisco Franco, de Jorge Rafael Videla, y tanto dictador o nación asesina, Bergoglio, en nuestro país, no estuvo exento al dolor de 30.000 desaparecidos.

Francisco Jalics – Orlando Virgilio Yorio

Orlando Yorio "Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes.”

Francisco Jalics y Orlando Virgilio Yorio fueron privados de su libertad el día 23 de mayo de 1976 cuando se encontraban cumpliendo su misión sacerdotal en una villa del Bajo Flores.

Ambos sacerdotes, y otro grupo de gente, fueron detenidos por personal uniformado y civil armado, notando que varios contaban en su cinturón del uniforme con el ancla de la marina, apoyados por patrulleros de la Policía Federal. Se los encapucho, se los ató y se los subió a un vehículo para trasladarlos.

Jalics y Yorio fueron mantenidos clandestinamente en cautiverio en la ESMA – Escuela Mecánica de la Armada- donde fueron sometidos a distintos malos tratos, a distinto tipos de agresiones y drogados para ser interrogados.

El 22 de octubre de 1976 los dos recuperaron su libertad luego de ser drogados, obligados a subir a un helicóptero y cuando despertaron aparecieron en medio de un campo por la zona de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

Reflexiones sobre el genocidio

ENTREVISTA A DANIEL FEIERSTEIN

El sociólogo, que en su libro Memorias y Representaciones profundiza sobre el genocidio, sus significados y sus consecuencias, analizó el uso de ese delito que cada vez con más frecuencia se hace en las sentencias contra los represores de la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

La figura del genocidio escaló posiciones en las sentencias de los últimos años contra los represores. Al comienzo fueron fallos “en el marco de un genocidio”, luego un fiscal usó esa figura para acusar directamente por el “delito de genocidio” y el año pasado en Circuito Camps todas las querellas, la fiscalía y el Tribunal acusaron y condenaron por ese delito. ¿Cuáles son los efectos simbólicos de una configuración penal pensada en esos términos? En Memorias y Representaciones –la primera parte de un libro pensado como trilogía–, el sociólogo Daniel Feierstein compara el “genocidio” con los efectos de otras dos representaciones sobre el terror: guerra y crímenes de lesa humanidad. “El objetivo es poder demostrar críticamente las consecuencias de estos relatos tratando de salir de una discusión acerca de si uno sería verdadero y los otros falsos –dice–, parándonos en otra pregunta: ¿qué consecuencias genera para nuestro presente y futuro cada construcción de sentido?”

–¿Por qué Memorias y Representaciones?

–El eje de mi trabajo previo (El genocidio como práctica social) era demostrar que el genocidio constituía una tecnología de poder, que no terminaba con el aniquilamiento material sino que cobraba consistencia en lo que llamé “realización simbólica”: cómo y cuándo el terror cobra sentido en nuestras prácticas. Eso me llevó a analizar el “posgenocidio”, aunque es parte del propio genocidio, preguntarme ¿qué es lo que ocurre después del aniquilamiento y cómo funcionan los procesos de representación? No lo hice sólo con el ánimo de comprender, sino para actuar políticamente. Analizar si existieron maneras de resistir, de limitar las consecuencias del terror. Trabajé con otras disciplinas para entender cómo funciona la memoria, el trauma; cómo afectan nuestros procesos identitarios. Las herramientas de la sociología, la historia o la filosofía no eran suficientes.

–El libro tiene algo de accesible y una preocupación científica. ¿Qué destinatarios pensó?

–Es exageradamente ambicioso porque el posible lector son una cantidad de públicos distintos y hay una preocupación política muy inmediata vinculada con la coyuntura, en relación con los operadores jurídicos y la importancia de comprender los distintos tipos de calificación jurídica. Un lector privilegiado son los jueces, querellantes, fiscales, todos los sectores, incluso los perpetradores y sus defensores. Pero como el eje son los “trabajos de elaboración” hay un intento para que sea accesible a cualquiera, incluso pensar analogías con otros procesos en tanto una hipótesis central es que el genocidio transforma las identidades de todos los miembros de la sociedad y que el terror afecta al conjunto social. Por otro lado, hay una preocupación de plantear una serie de hipótesis arriesgadas en el diálogo interdisciplinario y en especial por el interpelar psicoanalítico.

–En la primera parte recurre a la neurociencia y aparece el eje de la “des-sensibilización”, que va a ser importante en la segunda parte, y la construcción de la figura del genocidio.

–El objetivo es comprender cómo funciona el cerebro y la estructura psíquica que constituyen el sustrato de los procesos con los que quiero trabajar. Una preocupación central es poder desarrollar hipótesis en función del carácter adaptativo de lo que llamo “procesos de des-sensibilización”: comprender cómo nos “ajenizamos” de los procesos de terror que vivimos. Trato de encontrar fundamentos en procesos mucho más primarios y explicar por qué un ser vivo resulta “adaptativo” por perder el registro de sensaciones de aquello sobre lo cual no se tiene capacidad de actuar. Cuando un sistema nervioso es sometido a una agresión frente a la cual no tiene ninguna posibilidad de reaccionar, la única respuesta adaptativa es disminuir su conexión (des-sensibilización) a modo de hacer vivible su continuidad. El dolor es un alerta para la acción, pero si la acción es imposible el dolor se vuelve inútil.

–¿Cómo se vincula con el genocidio esta sociedad que amputa su capacidad de sentir dolor?

–El tercer capítulo intenta cuestionar una mirada que podría llamar de cierto historicismo ingenuo, que cree que la ciencia social podría revelar una única verdad de los hechos. Trato de plantear que nuestro sistema de representación construye sentido, que no es lo mismo que construir verdad. No hay una sola forma dar sentido a la realidad caótica y para constituirnos como sujetos sociales con identidad damos sentido a ese caos de estímulos, priorizamos unos sobre otros. Esto me lleva al eje del libro: tratar de comprender las consecuencias de las tres grandes construcciones de sentido alrededor del “terror” que hemos sufrido como sociedad: los que lo conciben como “guerra”, como “crímenes de lesa humanidad” y como “genocidio”.

–Antes de cada uno, ¿por qué dice que la Justicia tiene un rol prioritario en esa construcción?

–Creo que los efectos de sentido se construyen en muchos planos, pero el jurídico tiene un peso cualitativo, ya que hemos puesto a la Justicia en el rol de sanción de verdades colectivas. Es el ámbito fundamental de sanción de nuestras representaciones colectivas sobre el pasado y por eso el libro.

–¿Cuáles serían esos sentidos?

–Una de las variables más relevantes para analizarlos es la “afección”: la relación entre una “identidad-nosotros” y el proceso de terror-ejercicio en lo social. Hay tres tipos de reconstrucciones claramente distintas. El discurso de la “guerra” piensa en clave binaria, de bandos. Una división social que opone dos identidades y dos grupos. Tiene algunas ventajas porque piensa en términos de grupos, de sujetos sociales. Pero su desventaja es quitar complejidad al ejercicio del terror, es decir, cosifica en roles rígidos a los participantes de ese proceso al ponerlos como bandos. Otro riesgo es la teoría de los dos demonios: al reducirlo a grupos muy pequeños de población y poder plantear la idea de una ajenidad del conjunto social. La idea de que los que confrontaban eran grupos marginales y que el conjunto social se encontraba afuera de la confrontación.

–¿Y los crímenes de lesa humanidad?

–La representación es totalmente distinta, pero su característica se basa en el componente liberal: la comisión de delitos particulares cometidos desde el Estado contra los ciudadanos, por lo tanto el afectado por el terror es el ciudadano en términos individuales. Podemos tener perspectivas más amplias o más acotadas. Que no sólo se ve el secuestro, asesinato, sino la violencia sexual, pero el concepto de lesa humanidad hereda el principio individualista de la lógica penal.

–¿Genocidio?

–Genocidio aporta la potencia del concepto de “grupo”, permite quebrar una lógica binaria y pensar que el terror afecta al conjunto social, incluso incluyendo allí a los propios perpetradores. Que el terror transforma a los sujetos sociales en una cantidad amplísima de niveles y de prácticas. Que es imposible no ser afectado por una sociedad que instala el terror sistemático con respecto al conjunto de su población.

–Ahí hay una “sociedad” reemplazando lo que en otras perspectivas tenía al “Estado”: ¿sociedad como víctima pero también responsable?

–Nos permite pensar la complejidad de que a la vez la mayoría de la población fue víctima de ese terror y responsable de su reproducción. Guillermo O’Donnell lo explicitó de modo brillante con el concepto “liberación de los microdespotismos”.

–¿Y cómo opera lo social “des-sensibilizado”...?

–Creo que una reacción social fuerte de los juicios, aún hoy y pese a la inclusión de la figura de genocidio en numerosas sentencias, es que todavía es profundamente hegemónica la mirada que entiende lo que se está juzgando como lo que les ocurrió a los afectados directos. Lo que ocurrió con gente que no es parte de mi propia identidad, quienes pasaron por un campo de concentración o los familiares y en todo caso la respuesta del ciudadano medio podría ser un mayor o menor nivel de solidaridad o empatía donde sigue siendo fuerte la incapacidad de pensar su propia afección. En ese contexto, con el planteo de genocidio va ganando fuerza el pensar el terror como la destrucción del grupo nacional argentino. El avance en las sentencias y en la discusión colectiva puede ser un aliciente para poner sobre la mesa las afecciones en cada una de nuestras prácticas, tanto de los miembros de la generación que la vivió como de los hijos...

–Usted habla de esto en el libro, pero ¿no sólo los efectos en “hijos” de afectados directos?

–A ese terror legado por sus padres, y legado traumáticamente y no explícitamente, porque fue legado por padres que hegemónicamente creen que ese terror no los tocó. Y entonces ese legado es mucho más inconsciente, pero justamente son los legados más difíciles de revertir y procesar..

Lo político y el politicidio

Se dijo que al no estar incluida la figura de los perseguidos políticos en la Convención, la idea de genocidio despolitiza a las víctimas.

–Creo que eso tiene varios problemas. Por un lado, todos los procesos genocidas a lo largo de la historia tuvieron motivación política. Por otro, pensar la identidad centralmente como política y en particular la identidad política partidaria produce, a mi modo de ver, un empobrecimiento de la comprensión de ese proceso porque deja por fuera montones de relaciones sociales que no remiten a la identidad partidaria. Los delegados gremiales, dirigentes barriales, estudiantes, muchos tenían identidades partidarias, algunos menos claras o cruzadas: lo político nos atraviesa de modos mucho más complejos que lo partidario. La idea de “grupo nacional” termina de instalar la complejidad de los procesos genocidas: la destrucción de vínculos sociales que se vinculan con el rediseño de sistemas de poder, que es en lo que se basa la política, opera en todos los lazos de la política nacional transformando nuestra identidad.

–Otra crítica es que la idea del genocidio aparece determinada por la experiencia nazi.

–Cada representación evoca tipos de analogías distintas. El genocidio está analogado al nazismo, y eso tiene ventajas y desventajas. La cara negativa es su vinculación directa con el racismo y una de las consecuencias más negativas es la experiencia de Guatemala, donde hubo una fuerte despolitización del proceso de exterminio al priorizarse la identidad indígena por sobre el componente nacional y político de los grupos destruidos, que incluían indígenas y ladinos. En el caso argentino se acentuó la idea de grupo-nación y no con su carga racista o étnica, pero permitiendo una fuerte politización. Pero otra forma de esa analogía es muy favorable. En la lucha contra la impunidad está instalado que los perpetradores nazis no pudieron escapar a la condena y, aunque no del todo cierto, opera en la resistencia contra la impunidad como expresan el canto del “Como a los nazis...”.

–¿El “genocidio” cambia las penas?

–Resulta muy sugerente que, pese a que normativa y doctrinariamente las figuras de lesa humanidad y genocidio no deben medirse distinto en términos de penas, haya una tendencia muy creciente a establecer penas más severas y cumplimiento de prisión de condenas más severos en aquellos que reconocen la existencia de genocidio aun cuando no se fundamenta de esa manera. Es particularmente llamativo, muestra la fuerza que imprime el concepto incluso en ámbitos donde no tendría fuerza efectiva. Esto es parte de lo que estoy evaluando en mi segundo volumen.

upo nacional

La idea de “grupo nacional” se usa porque era la que estratégicamente se podía usar en la Convención sobre Genocidio, ¿o cree que da cuenta de otros anclajes?

–Pensar la experiencia argentina como destrucción parcial del grupo nacional argentino surge como respuesta coyuntural técnica a la posibilidad de incluir el “caso argentino” en la Convención a partir de la exclusión de los grupos políticos. Pero esa resolución coyuntural tuvo una potencia conceptual impensada para transformar todo el modo de pensar y representar el genocidio.

–¿Por qué?

–Desde su sanción como concepto jurídico en Naciones Unidas, el genocidio era pensado básicamente en clave binaria: el aniquilamiento de un grupo por otro grupo sin percibir que de ese modo se legitimaba la estructura de pensamiento de los propios genocidas. Como el caso del genocidio nazi, sería un grupo alemán aniquilando a otro grupo judío como si fueran dos entidades esencialmente distintas, que era lo que planteaba el nazismo: que los judíos no eran alemanes, no eran europeos. Por el contrario, la idea del aniquilamiento del “propio grupo” confronta con ese objetivo genocida de separar a una parte de la población del “nosotros”, de un nosotros colectivo. Pero una vez aparecida esta línea fue sugerente volver al creador del término: Rafael Lemkin, un judío polaco que pensaba al genocidio como la destrucción de la identidad de los oprimidos dentro del propio grupo nacional.

De lo posible a lo imposible

¿Cómo ve lo que está pasando con los juicios?

–Me parece que hay un eje entre lo posible y lo imposible. A mi modo de ver, tuvo que ver con la persistencia de un núcleo muy duro de los que tuvieron la terquedad de luchar por lo imposible. Muchos, incluso yo mismo, veíamos como imposible que la Justicia tuviera la flexibilidad de poder darles a los hechos su nombre más preciso. Creo que las sentencias muestran dos cosas. Una, que un proceso puede seguir avanzando en la medida en que hay quien siga reclamando y que sólo podemos conquistar algo cercano a lo posible si luchamos por lo imposible; y dos, el proceso muy básico en el desarrollo del ser humano de fetichización: creer que nuestros productos cobran autonomía en relación con nuestras acciones, y en verdad el proceso de justicia es un producto humano y es afectado por las acciones de los colectivos humanos. Ese proceso que nos hace creer que nuestros productos cobran vida propia y que el derecho tendría sus lógicas que estarían más allá de nosotros, y esta terquedad de aquellos que luchaban pidiendo lo imposible permitió quebrarlo y mostrar que la Justicia es una producción humana y entonces lo imposible es en verdad posible.

Uruguay: declaran inconstitucional la ley que permitía juzgar a militares

Una vuelta a la impunidad en Uruguay

Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.

El gobernante Frente Amplio y otras organizaciones convocaron a una marcha para repudiar el fallo.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.

En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.

La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes”. El portavoz explicó que esa interpretación es “un disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.

Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.

Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).

La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que “tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.

“Uruguay se merece otra Justicia”
-- Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y víctima de la dictadura, dijo ayer que Uruguay “se merece otro tipo de Justicia”, al comentar el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional una ley que impedía la prescripción de los crímenes cometidos en ese período (1973-1985). Macarena Gelman dijo que es “seriamente cuestionable” la decisión de la Corte y que va en contra de “hacer justicia por los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas”. Para Gelman, que ahora tiene 36 años, hechos como el reciente traslado a un tribunal civil de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes del régimen militar, forman parte también de una situación que hace pensar “si el Poder Judicial, desde la dictadura hasta hoy, se está comportando como debe”. Además apuntó que, pese a que el pronunciamiento de la Corte Suprema de ayer se refiere a un caso particular, “genera un antecedente que no es positivo”. Gelman dijo esperar “una respuesta rápida del Estado uruguayo, de sus tres poderes”, para subsanar el obstáculo impuesto por esa decisión “entre otras razones porque internacionalmente está comprometido a hacerlo”. Precisamente, el Estado uruguayo reconoció el año pasado, en virtud de una sentencia impuesta en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por el caso Gelman y se comprometió a suprimir todos los obstáculos legales para el esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Pagina 12

Evitar la extradición de los presos peruanos

CONVOCAMOS A TODOS PARA INFORMAR LA SITUACION DE LOS COMPAÑEROS PERUANOS SOMETIDOS A EXTRADICIÓN

ROLANDO ECHARRI PAREJA es un compañero peruano, pertenece al Partido MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales).-
Fue uno de la veintena de sobrevivientes sobre los trescientos prisioneros políticos asesinados en el Penal de la Isla del Frontón, en Perú.-
Lleva aún en su cuerpo las secuelas de las balas y metralla recibidas.-
Estuvo detenido dos veces y en ambas recuperó su libertad absuelto es decir sin condena alguna.-  Por supuesto continúo su militancia política lo que le valió hostigamientos y persecuciones de todo tipo.-
Estuvo refugiado en la hermana Bolivia reconocido por el ACNUR como perseguido político.-   Sin embargo los grupos parapoliciales peruanos llegaron hasta allí intentando represalias.-
Hace tres años que vino a la Argentina y apenas ingresar se presentó ante el CONARE, o sea la Comisión administrativa que se encarga de los refugiados.-    Solicitó refugio político y acreditó con abundante documentación su carácter de perseguido político en su país.-
Y en los últimos tres años se presentó cada dos meses a firmar dando cuenta de su legalidad y estando a Derecho.-
Ahora fue detenido DENTRO DE LA OFICINA DEL CONARE con fines de extradición.-
De nada ha valido para el Gobierno Argentino el reconocimiento del ACNUR como perseguido político en su país.-
El Gobierno Argentino avasalla diferentes normas, acuerdos  y tratados internacionales y afecta el propio art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.-
Al igual que en el caso de los seis campesinos paraguayos se lo detuvo justamente en el lugar donde deberían respetársele sus derechos.-
Otro de sus compatriotas sufre actualmente igual situación, es JUAN MANUEL CARRANZA LAURENTE, integrante en Perú de la Asociación de Abogados Democráticos organismo que -al igual que nosotros- defiende presos políticos.-
Exactamente igual que la Doctrina Garzón de "todo es ETA", el Gobierno y la Justicia peruana aplican "todo es terrorismo".-
Se es terrorista por ser abogado de presos.-
O se es terrorista como ROLANDO ECHARRI por producir acciones proselitistas legales.-
Veamos los cargos que la Justicia Peruana tiene contra Rolando:
1) Haber agitado una bandera roja con una hoz y un martillo
2) Haber pintado consignas en las paredes
3) Haber efectuado volanteadas en la puerta de una radio
Con estos cargos el Gobierno Argentino ordena detener a Rolando en forma traicionera y violando toda una Historia argentina de refugios y asilos.-
Y con estos cargos el Juez Federal Canicoba Corral ordena mantener la detención que ya lleva dos meses y seguramente se prolongará.-
Pedimos se acompañe a la GREMIAL DE ABOGADOS en esta tarea de evitar que estos compañeros vayan a ser extraditados y sometidos a una Justicia lacaya de los intereses de los grupos económicos y las oligarquías dominantes en Perú.-
Pedimos solidaridad con el compañero detenido en el Penal de Ezeiza, pedimos se lo acompañe y visite, solicitamos la mayor unidad posible en esta situación como ya lo hemos hecho y demostrado en otros casos que nos ha tocado defender.-
Llamamos a todos y todas las compañeras y compañeros, a las organizaciones, a reunirnos el día lunes 25 de febrero a las 17 hs en el salón de actos del subsuelo de ATE seccional Capital, en la calle Carlos Calvo y San José.-
    
ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS
Buenos Aires, Argentina
Febrero 2012

La Odessa de los genocidas argentinos

Por Equipo de Política

La Justicia investiga cómo se sustentan los represores prófugos. Las sociedades bajo sospecha. Los casos de Alfonso y Vildoza. Una red que recrea el dispositivo que sirvió para proteger a los jerarcas nazis después de 1946.

Es sabido que a la caída del régimen nazi en Alemania devino una fuga considerable de integrantes de las escuadras SS hacia Sudamérica. De acuerdo con diversos investigadores se creó la ODESSA, una red de colaboración secreta que proveía de fondos y logística para solventar la estadía de los prófugos de la Justicia germana en el exterior. Simón Wiesenthal ubicó a esta organización en el tiempo: 1946 habría sido su fecha de fundación. No obstante las precisiones, el debate sobre cómo funcionó esta central continúa hasta hoy. Lo que nadie rechaza es que tras dejar su país, muchos miembros de las fuerzas paraestatales nazis recibieron ayuda de diversas organizaciones para poder vivir clandestinamente del otro lado del Atlántico. Décadas después, una sospecha similar se ciñe sobre diferentes genocidas procesados por cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la Argentina: se trata de aquellos que burlaron a la Justicia (alrededor de setenta) y viven en la ilegalidad por tiempo indeterminado gracias a una estructura económica que los sostiene.

El 3 de julio de este año, la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, prófuga desde hace más de dos décadas junto a su marido, Jorge Vildoza, segundo jerarca de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entonces comenzó una investigación judicial a cargo de la magistrada federal María Servini de Cubría para determinar la cobertura que les permitió vivir en la clandestinidad durante tantos años. Diez días después de la detención de Grimaldos, acusada de apropiarse junto a su esposo de Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977, la jueza allanó las oficinas de American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década del ’80. ¿La razón? Como la firma está presidida por Jorge Ernesto Vildoza, hijo de la pareja y agente del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura, y Rodolfo Giromini, yerno de los prófugos y ex piloto del Ejército entre 1978 y 1983 –y que actualmente presta sus servicios en Aerolíneas Argentinas–, Servini de Cubría consideró que podía ubicar el paradero de Vildoza padre a partir de los documentos secuestrados.

Pero este no es el único expediente en el que se investiga a American Data: en otra causa se trabaja la hipótesis de que esta firma funcionó como mecanismo de lavado y blanqueo de dinero proveniente de bienes secuestrados a desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Dinero que bien podría haberse utilizado para financiar a otros genocidas prófugos, como declaró Carlos Viñas, tío del bebé apropiado por los Vildoza.

En este marco, el 31 de agosto pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió aplicarle a American Data, de forma novedosa, la controvertida ley contra el financiamiento del terrorismo y congeló los fondos de la empresa así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios. La decisión de la entidad presidida por José Sbatella se basó en la sospecha de que se habría utilizado la firma para “brindar asistencia financiera a los militares prófugos de la Justicia argentina”, según se lee en un comunicado de la Unidad. Por caso, desde American Data S.A. se pagaba el teléfono de Grimaldos.

A esto se suma un dato que no pasó inadvertido para los investigadores: al momento del allanamiento, Vildoza hijo se comunicó con el ex marino Alfredo Astiz, detenido en el Servicio Penitenciario Federal, para comentarle que Servini le estaba allanando la empresa: “¿Les mando saludos de tu parte?”, le preguntó al ex miembro de la Armada según las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza. No fue el primer diálogo entre ambos, por lo que se investiga si existe una organización integrada por ex miembros de la fuerza que provea de dinero, pasajes y pasaportes falsos a sus ex camaradas en el exterior.

“En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, así como también las capturadas, para evadir la Justicia”, agregó la UIF en el documento. El fiscal Patricio Evers aceptó la sanción aplicada por la unidad antilavado y ahora resta la ratificación del juez a cargo del caso. De prosperar, se trataría de un hecho inédito en las causas de lesa humanidad que podría multiplicarse entre las casi tres decenas de represores prófugos que está investigando la UIF. Acaso un ejemplo sirva como botón de muestra para graficar la impunidad que sienten quienes evaden los llamados de la Justicia para aclarar cuentas con el pasado: uno de los casi setenta represores prófugos cambió dólares con su documento de identidad y dejó en evidencia que se encontraba en el país.

Otra empresa sobre la que recaen los ojos de los investigadores es Plus Comunicación S.R.L., una firma integrada por dos socios muy particulares: Eduardo Hernán Alfonso, quien trabajó en diferentes empresas y según sus propias palabras integró el equipo de comunicación de la campaña de Mauricio Macri a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo del general de brigada retirado del Ejército Eduardo Alfonso, quien está prófugo de la Justicia desde mayo de este año, imputado por el secuestro de Beatriz Recchia –quien desapareció tras dar a luz en cautiverio y cuya hija fue apropiada– y por el homicidio de su pareja, Antonio Domingo García, en enero de 1977. Alfonso hijo comparte la conducción de la empresa con Daniel Manuel Reimundes, ex secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, recientemente procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por formar parte de una “empresa criminal” liderada por Juan Bautista Yofre, destinada a comercializar información robada de los correos electrónicos de funcionarios públicos y de la Presidenta de la Nación. Reimundes es un antiguo operador político dentro su fuerza que supo reconvertirse en un próspero empresario, aunque sin descuidar su agenda de contactos. Viejo conocido de Alfonso padre, supo explotar su destino como agregado militar en la embajada argentina en Washington. Según publicó el diario Página 12 años atrás, “el entonces coronel aprovechó para dejar organizada una futura estrategia empresarial vinculada a las telecomunicaciones, inversiones financieras y a grupos internacionales cuya financiación exuda opacidad”. A su regreso fue convocado por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para convertirse en secretario de la fuerza. Entre sus amigos se destaca Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, procesado por montar una red espionaje con recursos del Estado porteño, gestionado por Mauricio Macri –también procesado en aquella causa–.

Por su parte, Alfonso padre –también secretario del Ejército en los gobiernos de De la Rúa y Duhalde– fue gerente de Plus Comunicación S.R.L. hasta el 2004. Por este motivo los investigadores encendieron una luz de alarma: quieren determinar si desde esta firma pudieron salir fondos destinados a solventar su vida clandestina, que ya lleva unos cinco meses. Según se desprende de su razón social, Plus Comunicación tiene diversos objetos sociales entre los que sobresalen el asesoramiento integral en temas referentes a la comunicación, el diseño de la imagen y las relaciones públicas y en temas de reformas del Estado así como en la obtención de fuentes de financiamiento para proyectos en el ámbito nacional e internacional. En su sitio web se publica una amplia cartera de clientes, entre los que se destaca el Jockey Club y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación.

“Cuando los prófugos no tienen una cobertura para mantenerse en la clandestinidad aparecen a los dos o tres días. Son sus vínculos políticos y económicos los que nos impiden encontrarlos. Es fundamental el financiamiento del que disponen”, afirmó a esta revista el fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, quien ganó notoriedad pública en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que concluyó en la ciudad marítima el 12 de septiembre pasado. Allí se juzgó a 17 integrantes del V Cuerpo del Ejército.

Las palabras de Córdoba no son azarosas. La suerte de muchos represores prófugos en Bahía Blanca varía según nivel de cobertura. Una pequeña reseña bastará para tener una dimensión del escenario:

- El teniente coronel retirado Miguel Ángel García Moreno está acusado de asesinar a Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo en noviembre de 1976, entre otros casos. El represor debió haber sido juzgado en el reciente juicio contra los miembros del V Cuerpo del Ejército pero está prófugo. En tribunales creen que está bajo alguna protección política, producto de su trayectoria: García Moreno fue director del Registro Nacional de las Personas durante el interinato presidencial de Duhalde y legislador porteño. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información sobre su paradero.

- Jorge Granada fue agente del Inteligencia del Ejército y es considerado el principal torturador del centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”. En el 2002, el ex comisario Luis Abelardo Patti fue procesado por encubrir su fuga. Así lo dictaminó el juez Ariel Lijo, quien acreditó llamados telefónicos entre ambos. La Justicia lo capturó en una visita a su familia. Fue condenado a cadena perpetua en el reciente juicio de Bahía Blanca.

- Aldo Mario Álvarez fue agente de inteligencia y estuvo a cargo de “La Escuelita”. Está prófugo desde el 2005 con pedido de captura internacional. La Justicia sospecha que pudo recibir algún tipo de financiamiento por parte de la empresa de seguridad Agencia de Investigaciones Privadas Alsina S.R.L., que gerenció hasta el 2000. Lo último que se supo de él es que estuvo recluido en un country del que se escapó minutos antes de que la Justicia apareciera.

- Ricardo Molina es un ex agente de inteligencia que cumplió funciones en la base de Puerto Belgrano. Tiene un pedido de captura nacional. Junto a Álvarez, está inscripto en el Fondo de Recompensas que ofrece la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

- Julián Oscar “Laucha” Corres actuó, cuando era subteniente, en “La Escuelita”. Se lo acusó de casi dos decenas de homicidios y 7 desapariciones. Lo detuvieron en julio del 2008 pero se fugó. Lo hallaron meses más tarde. Pudo burlar a la Justicia gracias a la cobertura que recibió del empresario Héctor Lapeyrade, dueño de la petrolera Chañares Herrados, quien lo invitaba a almorzar, le entregaba celulares y dinero. El empresario fue procesado por encubrir al represor pero falleció antes de recibir una condena. Lo mismo que Corres, quien murió en 2011.

- La contracara de estos casos es el de Jorge Rojas, coronel cuya fuga duró apenas dos días por carecer de dinero para abastecerse.

Hace casi tres décadas que finalizó la dictadura militar en la Argentina. Entre sus consecuencias se contaron miles de desaparecidos, una economía destruida, una sociedad fragmentada y diversas unidades de negocios regenteadas por los protagonistas de aquella época que aún siguen activas. Su desarticulación es una cuenta pendiente de la democracia.

Secretos de una red que ayudó a escapar a los nazis

Uno de los secretos mejor guardados fue quién se encargó de financiar la huida de los jefes nazis. ¿Quién les brindó documentaciones falsas, quién planificó toda la logística de los destinos elegidos y cubrió todos los gastos? A finales de 1947, Simón Wiesenthal (foto), un judío austríaco sobreviviente del Holocausto, considerado uno de los mayores investigadores dedicados a localizar ex nazis para llevarlos ante la Justicia, confirmó la existencia de ODESSA (del alemán: Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen: Organización de Antiguos Miembros de la SS). Se trata de una red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de la SS desde Alemania a otros países.

Según Simon Wiesenthal, ODESSA se fundó en 1946. Entre los viajeros destacados de la ODESSA figuran Martin Bormann, lugarteniente de Hitler, y Adolf Eichmann.

Según el capítulo 3 “Los secretos de Odessa”, del libro Los asesinos entre nosotros, de Simón Wiesenthal: “En un tiempo sorprendentemente corto la ODESSA había establecido una eficaz organización de correos en los lugares más insólitos y valiéndose de alemanes empleados como conductores de camión en el ejército americano y que recorrían la autopista que une Munich y Salzburgo, para el transporte de The Stars and Stripes, el periódico del ejército americano”. De acuerdo a los escritos del investigador, “el conductor entregaba algunos ejemplares del periódico y cruzaba la frontera germano-austríaca, cerca de Salzburgo, con un par de fugitivos nazis escondidos bajo los fajos de The Stars and Stripes”.

La forma de operar de ODESSA estaba muy bien aceitada. “La ODESSA constituía una red eficaz y perfecta. A cada sesenta kilómetros había un Anlaufstelle (etapa de relevo), consistente en un grupo de no menos de tres personas y no más de cinco que sólo conocían las dos etapas más próximas, aquella de donde procedían los fugitivos y aquella a donde eran luego reenviados. Fueron establecidos Anlaufstellen a lo largo de toda la frontera austro-germana… En Lindau, población vecina a la vez de Austria y Suiza, la ODESSA había establecido una compañía de importación-exportación con representantes en El Cairo y en Damasco”. Nada quedaba librado al azar.

Un ex fiscal extraditado

No sólo militares se han fugado del país intentando escaparles a los procesos por violaciones a los derechos humanos. Finalmente pudo ser extraditado de Colombia el argentino Gustavo Modesto Demarchi, un ex fiscal federal acusado por delitos de lesa humanidad en una causa que investiga una serie de homicidios ocurridos entre 1975/76. Fue trasladado por el departamento de Interpol ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, se negó a declarar y sólo habló de cuestiones procesales que a su entender podrían ser irregulares.
Demarchi comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A.

El ex fiscal, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez, están acusados de los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista marplatense Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.

La causa todavía tiene prófugos: Eduardo Salvador Ullúa –ex ayudante fiscal de Demarchi–, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero y Raúl Viglizzo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que ofrezcan datos para dar con sus paraderos.

Hoy Gustavo Modesto Demarchi pasa sus días tras las rejas, en el penal de Marcos Paz, asistido por su hijo, el abogado Juan Manuel Demarchi

Las prisiones domiciliarias: genocidas libres y sueltos

“Se me cruzó mi apropiador en bicicleta”

Represores con prisión domiciliaria han violado sus condiciones de detención en varias oportunidades. Los organismos de derechos humanos reclaman mecanismos de control más claros y permanentes sobre estos reos.

 Por Irina Hauser

“Hoy, mientras paseaba a mi perri(ta) querida, se me cruzó de frente mi apropiador en bicicleta... ¡¡¡sí, el mismo que decía que no está en condiciones de afrontar un juicio oral por cuestiones de salud, el mismo que tiene prisión domiciliaria!!! Paseaba por enfrente de mi casa... le faltó sacarme la lengua”, escribió el 16 de enero en su muro de Facebook Catalina de Sanctis Ovando, una hija de desaparecidos que recuperó su identidad cuatro años atrás. El represor, Carlos Hidalgo Garzón, quien solía gritarle “subversiva” cuando aún se hacía pasar por su padre, está procesado por más de 200 delitos de lesa humanidad y gozaba de arresto domiciliario en un geriátrico de Belgrano, de donde salía sin problema a pasear por la bicisenda. También se conoció la semana pasada, por un video de la agrupación H.I.J.O.S., que el médico que atendía partos clandestinos en la dictadura Jorge Luis Magnacco paseaba por el Patio Bullrich del brazo de su mujer y caminaba plácido por las calles de Barrio Norte, burlando la detención en su domicilio. Lo hacía gracias al permiso para ir a Tribunales y volver por sus propios medios que le dio el tribunal oral que lo juzga por los crímenes en la ESMA. En ese contexto, los organismos de derechos humanos reclaman un mecanismo de control claro y constante sobre los represores que, por edad o supuesta enfermedad, permanecen detenidos en sus casas. Los actores judiciales y políticos asumen una falla pero juegan al gran bonete. Se han analizado desde reformas legales o reglamentarias hasta la pulsera electrónica, pero aún no hay cambios.

De las 813 personas que están detenidas por crímenes de la última dictadura, el 58,9 por ciento está en unidades penitenciarias; 2,2 por ciento se encuentra en dependencias de fuerzas de seguridad provinciales o federales, 1,1 en hospitales y 37,8 por ciento con detención domiciliaria. Es decir, los represores que están en sus casas son algo más de 300. Así surge del último informe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General.

La discusión sobre los arrestos domiciliarios en casos de delitos de lesa humanidad empieza en los criterios diversos que utilizan los jueces para decidir cuándo corresponde otorgar el beneficio. ¿Cómo estiman –por ejemplo– los peligros reales (de fuga, obstaculización o amenazas o para la integridad física de testigos y víctimas) que encarna un represor? Sigue con un abanico de interpretaciones sobre cómo implementar esas detenciones según la ley de ejecución penal: ¿las deben controlar los tribunales? ¿El Ministerio de Seguridad a través de sus fuerzas? ¿El Patronato de Liberados? ¿Se puede vigilar a un preso domiciliario las 24 horas?

La ley dice que los jueces “pueden” –sin estar obligados– disponer el arresto domiciliario para enfermos terminales, detenidos que padecen enfermedades para las que no hay tratamiento en la unidad carcelaria, mayores de setenta años, discapacitados que reciben trato inhumano en las cárceles, mujeres embarazadas, con hijos menores de cinco años o a cargo de personas con discapacidad. Cuando median cuestiones de salud, los magistrados deberían guiarse por los informes médicos, psicológicos y sociales, según establece la norma que, en cambio, no dice cómo evaluar a los ancianos, lo que lleva a que muchos reciban el arresto domiciliario en forma automática. También estipula que cuando el juez “lo estime conveniente podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado” y que “en ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”.

El represor Juan Miguel Wolk, quien fue jefe del centro clandestino Pozo de Banfield (por donde pasaron los diez estudiantes de La Noche de Los Lápices), se fugó de su arresto domiciliario en mayo pasado, apenas conoció que la Suprema Corte bonaerense lo mandaba a un penal común. Fue el puntapié para que Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, H.I.J.O.S y la agrupación Kaos se presentaran ante la “Comisión Interpoderes”, donde se supone que los tres poderes del Estado intentan mejorar la marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y reclamaron medidas de control sobre las prisiones domiciliarias. “Intentamos marcar el vacío que hay e hicimos propuestas: como que se ocupe el Patronato de Liberados de controlar o que los propios tribunales pauten visitas sorpresivas, con cierta periodicidad”, recuerda Alan Iud, abogado de Abuelas. “Nos mencionaron que la Cámara de Casación podría sacar una acordada, pero ni ese tribunal, ni la Corte ni el Congreso ni el Ejecutivo hicieron nada. Frente a esta nebulosa, los jueces tienen la responsabilidad primaria. Es un despropósito que un acusado que está detenido vaya al juicio en colectivo”, señaló Iud.
Cada maestrito...

La situación del capitán de navío Magnacco ilustra cómo cada tribunal interpreta la ley a su antojo. Durante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos el Tribunal Oral Federal N° 6 (TOF6), que lo condenó a 10 años de prisión, dispuso que tenía que ser trasladado a tribunales desde su detención domiciliaria por la Policía Federal. En cambio, el TOF5, a cargo ahora de las audiencias del megajuicio ESMA, le dio permiso para trasladarse por su cuenta, en rigor con su “garante”, que es la esposa. Así fue como el lunes último, después de negarse a prestar declaración indagatoria, se volvió caminando a su casa, paseó por el shopping y pasó a comprar comida por la fiambrería El Nene. Nadie lo vigilaba, pero lo filmó H.I.J.O.S. Fue la presidenta del TOF6, María Roqueta, quien lo mandó a buscar por la fuerza pública para que diera explicaciones, le revocó el arresto domiciliario y lo mandó a la cárcel de Marcos Paz. Magnacco le dijo que se fue caminando porque no venía el colectivo y el taxi está muy caro, se metió en el Patio Bullrich porque en la calle tenía calor, y aclaró que la caminata le venía bien para hacer ejercicio.

En torno de Hidalgo Garzón también hubo distintos enfoques judiciales. El juez platense Manuel Blanco le había permitido el arresto domiciliario en un geriátrico, tratándose de un paciente psiquiátrico y mayor. Pero precisamente por sus características psicopáticas el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata lo consideró un peligro dentro de esa institución. Fue uno de los argumentos que utilizó esta semana, al mandarlo a una cárcel común. Uno de los jueces, Carlos Rozansky, añadió que era un caso de “doble estándar” porque es “impensable que en causas por delitos comunes se ordene el traslado con prisión preventiva de un imputado por más de 200 delitos y con informes psiquiátricos a un geriátrico con ancianas y sin limitaciones ni restricciones de movilidad, ni seguridad o contención”. De todos modos, es llamativo que ningún tribunal había tenido en cuenta que Catalina, de quien Hidalgo Garzón se apropió cuando era una beba nacida en cautiverio en Campo de Mayo, le tenía miedo al represor –a quien describía como “alcohólico” y “violento”– y fue quizás uno de los motivos por los que por mucho tiempo ella intentó eludir la confirmación de su verdadera identidad. “Siento alivio”, dijo Catalina el jueves, cuando lo mandaron al penal de Ezeiza.

Descontrol
“Es cierto que la responsabilidad es nuestra, de los jueces”, dice Roqueta. “¿Pero cómo controlo? ¿Me instalo en la puerta de la casa del detenido? Tampoco se le puede enrejar el domicilio, no es el propósito. Sí creo que los traslados deben hacerse con la fuerza pública y, en ese punto, debería ser más clara la ley”, advierte. “No obstante, la clave está en el momento de decidir si corresponde otorgar o no la prisión domiciliaria. Ahí deberíamos ser más estrictos”, sostiene.

“Desde el Ministerio Público Fiscal decimos que no es automático que cuando un detenido cumple 70 años accede a la prisión domiciliaria; los fiscales plantean la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y el peligro para los testigos. Incluso si está enfermo, nos oponemos a la domiciliaria si puede ser tratado en el instituto penitenciario. Pero el éxito de nuestra posición ante los jueces es muy variable”, explica Pablo Parenti, quien encabeza junto con Jorge Auat la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración. El año pasado, cuenta, “para colmo encontramos muchos casos de imputados con domiciliaria que no tenían restricción de salida del país, así que si abrían la puerta y se tomaban un micro o un avión nadie les decía nada. Eso llevó a que se dictara una instrucción general para los fiscales”.

El abogado Rodolfo Yanzón, de Kaos, pide no perder de vista que el arresto domiciliario es un derecho que consagra la ley “por el que hemos peleado mucho” y “no podemos debilitarlo”. En este escenario, marca, los jueces tienen que hacer una buena evaluación de cuándo corresponde otorgar una domiciliaria, por ejemplo por razones de salud, ya que “muchos imputados acceden indebidamente”. “Deben analizar si no es una herramienta para eludir la Justicia o presionar de algún modo a los actores del juicio, teniendo en cuenta que han formado parte de estructuras estatales armadas, con suficiente personal y logística.” A la vez, añade, “tenemos que exigir que los jueces ejerzan controles permanentes tanto para constatar el cumplimiento efectivo como en los traslados”.

Parenti señala como un dato llamativo que en una reciente modificación de la ley de ejecución, que se promulgó en enero último, sólo se modificó el régimen de detención domiciliaria para acusados de delitos sexuales, para los que se habilitó un “control externo” del servicio penitenciario o de la policía, “pero nada se dijo de los delitos de lesa humanidad ni otros delitos graves”. Para los crímenes de lesa humanidad, hay unos pocos jueces, además de la Procuración, que sostienen que sí se podría recurrir a fuerzas de seguridad para controlar a los presos domiciliarios.

Los ministerios de Seguridad y de Justicia trabajan en un posible programa de monitoreo conjunto con el uso de pulseras electrónicas, pero hasta ahora no han podido avanzar. La experiencia en ciertas jurisdicciones específicas, como la bonaerense, es que no se podido aplicar con éxito absoluto, por cuestiones básicas como que no alcanzan las pulseras. En la cartera de Justicia también se hicieron intentos para reformar o crear un nuevo patronato, pero también quedaron en el aire.

Un control errático

“En la práctica, los jueces controlan las domiciliarias sólo si lo creen necesario. Pero los patronatos de liberados o instituciones similares no están pensados ni funcionan para garantizar que la persona permanezca en el domicilio (hacen un control socioambiental). Tampoco hay un patronato nacional, sería necesario crearlo, o una instancia de control para todo el país, que dependa de las cámaras, la Corte o el Ministerio de Justicia. Hay en las provincias, fuera de nuestra órbita”, analiza Pablo Parenti, de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración.

En Capital Federal, el Patronato de Liberados es una asociación civil, que recibe fondos de la Corte Suprema y del Servicio Penitenciario Federal. Algunos jueces confían en sus servicios; otros tienen reparos, más aún teniendo en cuenta que un sector de sus empleados protagonizó una importante huelga cuando por un lapso dejó de recibir fondos del máximo tribunal. Hasta hace poco lo dirigía el juez de tribunal oral Hugo Cataldi, uno de los que condenó a Fernando Carrera por la Masacre de Pompeya con pruebas armadas por la Policía Federal.

Los vigilantes les hacen los mandados

Cuando los jueces piden custodias para las prisiones domiciliarias generan un problema al Ministerio de Seguridad, donde el planteo es que si un preso en su casa necesita vigilancia, entonces no debería estar allí sino en una cárcel común. A eso se suma un problema de recursos: por cada detenido harían falta unos cuatro uniformados, de modo que sólo para los casos de lesa humanidad se requerirían unos 1200 agentes, algo que es considerado un despropósito.

En la cartera que conduce Nilda Garré advierten que las custodias permanentes en casas de represores pueden tener un efecto paradójico. Esto lo advirtieron en Tucumán. Allí no hay lugar para todos los detenidos en las cárceles comunes, por ende quedan en las casas. La presencia de un policía, explican en el ministerio, a veces se termina convirtiendo en un privilegio: tienen su vivienda custodiada y alguien que les hace los mandados. Hubo un caso, el de Juan Carlos Benedicto, el primer civil acusado por crímenes de lesa humanidad, que estaba en un instituto psiquiátrico, controlado por policías, y de pronto salía casi todos los días al kinesiólogo o al dentista o a comprar pizza, hasta que un día se fue y no volvió más. Luego lo atraparon en Paraguay.

Los ministerios de Seguridad y de Justicia trabajan en un posible programa de monitoreo conjunto con el uso de pulseras electrónicas, pero hasta ahora no han podido avanzar. La experiencia en ciertas jurisdicciones específicas, como la bonaerense, es que no se ha podido aplicar con éxito absoluto, por cuestiones básicas como que no alcanzan las pulseras. En la cartera de Justicia también se hicieron intentos para reformar o crear un nuevo patronato, pero también quedaron en el aire.

Detuvieron en Neuquén a luchador mapuche perseguido en Chile

El lonko del Lof Chekenco Juan Ciriaco Millacheo, fue detenido en Neuquén, Puelmapu, tras resistir prácticamente una década la persecución del Estado chileno. Fue condenado bajo la Ley Antiterrorista el año 2004 a 10 años de cárcel, por su supuesta participación en un incendio de plantaciones de la forestal Mininco en el fundo Poluco-Pidenco, el año 2001. Desde agosto de 2004 se hallaba en la clandestinidad. Una vez más el estado argentino demuestra ser cómplice de la represión a los pueblos que luchan.-

Chile, 8 de febrero de 2013 (http://www.werken.cl)

Según información emitida por Radio Bío Bío, el lonko del Lof Chekenco Juan Ciriaco Millacheo, fue detenido en Neuquén, Puelmapu, tras resistir prácticamente una década la persecución del Estado chileno.

La información señala que la autoridad mapuche fue detenido por la PDI de Temuco en el territorio mapuche trasandino y tras su captura se iniciaron conversaciones entre ambos estados para que sea regresado a este lado de la cordillera y que la justicia chilena ordene su encarcelamiento.

El lonko fue condenado bajo la Ley Antiterrorista el año 2004 a 10 años de cárcel, por su supuesta participación en un incendio de plantaciones de la forestal Mininco en el fundo Poluco-Pidenco, el año 2001.

Según se confirmó durante las últimas, horas, el Lonko será llevado al Tribunal de Garantía de Collipulli, donde se controlará su detención y establecerá la pena efectiva que cumpliría, teniendo en cuenta que puede existir una prescripción parcial de la condena.

El caso Poluco-Pidenco es emblemático en la historia del movimiento mapuche, por ser el resultado de la "Operación Paciencia", bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando tras el homicidio del joven weichafe Alex Lemún, se inició la agresiva persecución de dirigentes de comunidades mapuche en lucha.

Fueron condenados dirigentes y luchadores de Malleco y Arauco a 10 años de cárcel bajo la Ley Antiterrorista.