Maniobra del represor Leopoldo Flores para frustrar pericia médica

Se trata del ex general de brigada Leopoldo Héctor Flores, de 82 años  -   La maniobra de un represor para frustrar la pericia médica que lo llevará a juicio
El genocida tiene domicilio en Buenos Aires. Poco antes de la audiencia en el Tribunal oral, en Posadas, pidió la suspensión por cuestiones de salud. Sospechosamente la junta médica fue anulada. Ahora habrá que esperar 6 meses.

Por: María Sucarrat

Leopoldo Héctor Flores está detenido con prisión domiciliaria en Buenos Aires, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Misiones. El genocida Flores estuvo a cargo de la represión que diezmó las fuerzas de las Ligas Agrarias misioneras.

Leopoldo Héctor Flores, ex general de brigada y graduado de honor de la Escuela de las Américas, de 82 años, debía ser juzgado en la ciudad de Posadas ante el Tribunal Oral Criminal Federal, a cargo de Eduardo Belfort. A poco de fijar la fecha de la audiencia, los abogados del represor realizaron una presentación aludiendo una incapacidad física y solicitando una junta médica al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La junta se realizó el pasado 31 de julio.
Lo curioso es que el examen médico legal duró apenas 30 minutos, el mismo tiempo que duraron las irregularidades, luego denunciadas por la neuropsicóloga Patricia Solís y la neuróloga Sara Kochen, quienes actuaron por la parte querellante, es decir en nombre de las víctimas.
El objetivo del represor de impedir y postergar el juicio oral en Posadas, fue sostenido por las siguientes irregularidades.
–Jorge F. A. Kiss,el médico forense a cargo de la junta médica, no estuvo presente en el examen.
–En su lugar actuó Martínez Álvarez, quien le presentó a Kiss un acta de la reunión para que él elabore luego el informe final y lo envíe a las autoridades del Tribunal de Posadas.
–Martínez Álvarez no es perito médico. Si bien posee título como neuróloga, no concursó y no puede realizar pericias porque es empleada administrativa del Poder Judicial y no Médico Forense del Cuerpo Médico de la Corte.
–El examen final llevaría la firma de Kiss. Sin embargo lleva la firma de Martínez Álvarez, quizás, con el fin de diluir responsabilidades en la certificación de la salud de los genocidas.
–Mariana Fernández Martínez Álvarez tiene el cargo de jefe de Despacho, del escalafón administrativo (PAT, por Personal Administrativo y Técnico).
Al momento del examen a Flores, además de la enviada por el Cuerpo Médico Forense, estaban Alejandro Antonio Basile, el médico legista en representación del represor y las peritos Kochen y Solís, quienes denunciaron la maniobra, a través de un acta manuscrita. Las médicas explican en el texto que la maniobra de la querella para evitar el examen consistió en interrumpir permanentemente las preguntas realizadas al paciente, que buscaban demostrar que Flores estaba ubicado en tiempo y espacio. "Al tener una conversación fluida con Flores, la simulación se caía, pero al interrumpir los diálogos, eso no se puede certificar", explicaron. Kochen y Solís preparan ahora un informe más exhaustivo que la presentación realizada a solo efecto de salvar el acta y dejar asentada su posición.

En buen romance, mientras la funcionaria del Cuerpo Médico Forense intentaba examinar a Flores con preguntas sencillas a fin de mantener una conversación, Basile interrumpía con insistencia logrando que el represor perdiera la atención.

Por su parte, Martínez Álvarez elevó un informe al médico forense Jorge Kiss en el que explica que la pericia no pudo realizarse debido a la "sistemática obstaculización de las peritos (...) lo que perturbó notablemente al Sr. Flores, quien sumamente asustado, solicitó rerirarse".

Leopoldo Flores está acusado de al menos 21 hechos de aplicación de tormentos y un homicidio calificado perpetrados en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles. Se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles desde octubre de 1975 a octubre de 1977. Fue reemplazado por Antonio José Deimundo Piñeiro.

Según señala 6 Digital de Posadas, en agosto de 2011, la documentación reunida por la Justicia Federal señala que Flores encabezaba operativos en la provincia, siempre bajo control del jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, con asiento en Corrientes."A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente", señaló el fiscal en su pedido de elevación a juicio.

Uno de los principales blancos del Ejército en Misiones fueron los integrantes del Movimiento Agrario, considerados terroristas por las fuerzas armadas, así como también vinculados a Montoneros. Una de las víctimas de la represión relató que el Ejército tomó su vivienda de Pindaití para alojar a los supuestos subversivos mientras se realizaba la búsqueda de Pedro Peczak, líder del Movimiento Agrario. Los dichos coinciden con asientos que se realizaron en los libros del Regimiento, donde constan salidas "en comisión" a Campo Grande, que está a unos 30 kilómetros de Pindaití. Allí quedaron registrados los viajes de Flores hacia lo que por entonces era el "teatro de operaciones". En la causa se señala que el represor estuvo al frente del Regimiento durante la época en que mayores detenciones y secuestros se produjeron en la provincia: de septiembre a noviembre de 1976.

En base a las pruebas colectadas en el expediente, el juez federal Ramón Claudio Chávez procesó a Flores el 16 de julio de 2010, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 26 de octubre. Las pruebas son los testimonios de las víctimas que, en muchos casos, no pueden identificar a los autores materiales de las torturas porque estuvieron con los ojos vendados. 

Unos 4.300 marinos de los tiempos de la dictadura siguen en funciones

Por Mariano Confalonieri
En 1994, los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías fueron a defender sus pliegos de ascenso al Senado de la Nación. El escándalo que se desató fue mayúsculo: se trataba de dos personas que habían integrado, junto a Alfredo Astiz, la patota de la ESMA que comandaba Jorge “el Tigre” Acosta durante la última dictadura militar. Pese a ello, Rolón y Pernías seguían en actividad y el Gobierno buscaba promoverlos. El impacto mediático hizo que, a pedido del entonces presidente Carlos Menem, la Armada retirara sus pliegos.

La mancha del menemismo la arrastra el kirchnerismo. César Milani no es el único militar que estuvo en actividad durante la dictadura: según información oficial, hay al menos 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales de la Marina que siguen en actividad a pesar de haber estado en funciones durante los años de plomo.

Los datos surgen de un pedido que realizaron organismos de derechos humanos en el marco de la megacausa en la que se juzga a los militares que actuaron en el mayor centro clandestino de detención. La respuesta la brindó el Ministerio de Defensa cuando estaba en manos de Nilda Garré, hoy al frente de la representación en la OEA.

Los registros se acotan a la Marina porque las otras fuerzas no ofrecieron los datos. Es decir, puede haber más militares involucrados en la dictadura que sigan trabajando como si nada. Pero la estructura represiva no sólo está vigente en las fuerzas de seguridad nacionales. En la policía de la provincia de Buenos Aires hay más de nueve mil efectivos que prestaron servicios en la dictadura y siguen trabajando. Así se desprende de la causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López. Cuando López desapareció, un fiscal de delitos de lesa humanidad descubrió que 14 de los policías que había señalado el albañil en su declaración en el juicio a Miguel Etchecolatz no sólo seguían en funciones, sino que eran

vecinos de López.

Los datos contradicen a un modelo de gobierno que levanta las banderas de la lucha por los derechos humanos. Para la abogada Myriam Bregman, querellante en la causa ESMA, esto ocurre porque, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el kirchnerismo ha decidido mantener el criterio para las condenas: sólo se juzga a las cadenas de mando y a aquellos represores que fueron identificados por las víctimas.

“La identificación por parte de las víctimas es minoría, porque a los detenidos ilegalmente los tenían aislados, con vendas en los ojos. Y salvo en casos excepcionales, como el de Astiz, que no tenía problemas en mostrarse y reconocer lo que hacía, el resto quedaron todos impunes”, graficó Bregman. Los registros indican que hay 370 condenas por genocidio, y de ese total, sólo 28 con sentencia firme.

Se fugaron dos represores, se hicieron los "enfermitos"

Los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados hace veinte días por delitos de lesa humanidad en esa provincia durante la última dictadura, se encontraban presos en el Penal de Chimbas y habían solicitado su traslado al Hospital Militar para realizarse estudios médicos. 

Los represores se escaparon del hospital y se investiga la posibilidad de que tengan cómplices entre el personal de salud, que hayan facilitado la fuga. Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan. 

Junto a esos dos represores, también fueron sentenciados otros cinco: Osvaldo Martel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francisco Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.

Olivera es hijo del general Olivera Rovere

Denuncian intimidación a un testigo

Publicado por Editor

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación y se solidariza con Alberto Calvo, testigo, sobreviviente y querellante en la megacausa Campo de Mayo, por los violentos hechos de intimidación sufridos en su casa de Zárate. Cabe recordar que en esta etapa de la causa se juzgan, precisamente, los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las localidades de Zárate y Campana.

Los hechos

Alberto Calvo, testigo sobreviviente y querellante en la causa Nº 4012 Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en estos días, denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de personas desconocidas que irrumpieron en su domicilio causando destrozos y golpeándolo en varias oportunidades, ayer al mediodía en la localidad de Zárate.

Su madre, que vive en la parte de adelante de la vivienda, fue atada y tomada de rehén, mientras tiraban libros y rompían algunas cos as. Portaban armas largas, calibre 45, hecho que sorprendió a la víctima, ya que se trata de armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que todo el tiempo los agresores manifestaban que se trataba de un robo, la víctima dijo que no se llevaron ningún objeto de valor ni dinero, que había en ese momento en la vivienda y que ellos pudieron ver. Denunció además que en los días previos había sufrido vigilancia de los movimientos de la casa. Actuaron con cautela, se colocaron guantes de látex antes de tocar los objetos, y le permitieron inclusive, tomar una pastilla para una enfermedad cardíaca que padece Calvo.

Alberto Calvo presentó una denuncia ante la Fiscalía 1º de Zárate, a cargo del Dr. Martín Zocca, con el patrocinio de los abogados Guillermo Barales y Ayelén Ielcich. El Departamento de Derechos humanos de la localidad de Zárate, a cargo de Juan Manuel Aolita, acompañó la denuncia del testigo.

También se elevaron copias de la denuncia ante el Tribunal Oral Federal N° 5 y Juzgado de Instrucción N° 3 de San Martín y Juzgado Federal de Campana, a fin de solicitar la entrada al Sistema de protección de testigos.

Represor que se fuga desde su casa cuando le avisan que está acusado de delitos de lesa humanidad

Prófugo represor que iba a ser juzgado en Formosa
Fuga antes del juicio

Es el capitán retirado Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29. Está acusado por delitos de lesa humanidad. Iba al banquillo el 31 de este mes.

Hay represores de la dictadura que encontraron un modo sencillo y eficaz para evitar llegar a juicio: disfrutan de la excarcelación que le conceden los jueces de primera instancia y las cámaras federales durante la instrucción, que suele durar años, y se fugan semanas antes del comienzo del proceso oral, cuando los tribunales (algunos) ordenan su detención. A mediados de mayo fue el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo quien les hizo pito catalán a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que debieron comenzar el juicio sin el imputado. Esta semana siguió sus pasos el capitán retirado Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29, quien desde el próximo 31 debería ocupar el banquillo de acusados del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Formosa. En ambos casos los magistrados hicieron oídos sordos a los reiterados pedidos de fiscales y/o abogados querellantes para detenerlos y asegurarse la presencia de los acusados en los juicios.

Spada es el principal de los diez imputados de la megacausa Carrillo. Llegó a juicio acusado por 74 privaciones ilegales de la libertad, 43 casos de tormentos y 4 desapariciones. Las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la APDH pidieron su detención en febrero, “en razón del riesgo procesal que implica la libertad y la flagrante violación de las normas del derecho internacional humanitario que conlleva el estado de las presentes actuaciones”. El tribunal, que integran como subrogantes los misioneros Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo Sodá, ordenó las detenciones recién el 5 de junio, cuando fijó la fecha de inicio del juicio oral.

Cuando agentes de la Policía Federal fueron a buscar a Spada a su casa de Resistencia, Chaco, la esposa del militar les dijo que había viajado al interior de la provincia por asuntos de trabajo, informó ayer el sitio Misiones Online. Luego se realizaron allanamientos en los domicilios de sus hijos, titulares de la empresa Litoral Seguridad, quienes dijeron que el padre estaba en Rosario por problemas de salud. Finalmente, este miércoles, el tribunal que debe juzgarlo lo declaró prófugo y ordenó su captura en todo el territorio nacional. Los otros nueve imputados por su actuación en Formosa fueron detenidos: Félix Romero, Luis González y José Medina, con problemas de salud, gozan de arresto domiciliario; en cárceles federales están los militares Juan Carlos Camicha, Faustino Cabrera y Ernesto Ki-shimoto, el gendarme Mario Sosa y el policía Sergio Gil.

En el caso de Bahía Blanca, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani advirtieron varias veces sobre “el riesgo procesal concreto y real” de fuga, que de hecho se había dado antes del primer proceso, con la huida del capitán Miguel Angel García Moreno, quien sigue prófugo. Los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava se olvidaron de la vaca y volvieron a quemarse con leche: ordenaron la detención cuando el juicio era inminente y cuando Arroyo, igual que Spada, ya no estaba en su casa.

Santiago del Estero: Investigan construcción sospechosa y la vinculan al terrorismo de Estado

El Juzgado federal libro oficio a Gendarmería

La denuncia fue interpuesta por el arqueólogo Andrés Chazarreta, funcionario provincial que realizaba excavaciones en Solís y ribera del río Dulce.
Investigan construccion sospechosa y la vinculan al terrorismo de Estado
DETALLES. Especialistas señalan que data de los años 70 u 80 y que es tipo militar.

 Investigadores científicos hallaron una extraña edificación subterránea en Solís y ribera del río Dulce, y no descartan que tenga vinculación con el terrorismo de Estado.
Por este hallazgo, se radicó una denuncia en el Juzgado Federal local que emitió sendos oficios al Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional para hacer un relevamiento en la zona y también a la Municipalidad de la Capital, solicitando que informe si había registros de una construcción.
Según indicaron fuentes judiciales, la denuncia la realizó el Lic. Andrés Chazarreta, director del Museo de Arqueología y Antropología de la provincia “Hnos. Duncan y Emilio Wagner.
El especialista había concurrido al lugar para hacer una investigación científica, anoticiado por vecinos de la zona, de que en el lugar podrían existir restos arqueológicos.
Sin embargo, cuando realizó una prospección en el sitio, se dio con una construcción que le llamó la atención, ya que no tenía ningún tipo de vínculo con el exterior, en tanto que en el interior, observó dos arcos, como si fueran puertas que conducen hacia adentro, pero que están tapadas por tierra.
Chazarreta convocó para que dé su opinión a la licenciada Ana Igareta, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en arqueología, quien busca los vestigios del primer asentamiento de la ciudad de Santiago del Estero.

Sgún las estimaciones de la científica, esta construcción hecha de ladrillos dataría de los años 70 u 80 y es de tipo militar.
Es por ello que Chazarreta con estos datos y las imágenes registradas, radicó la denuncia en el Juzgado Federal local para que se investigue si guarda algún tipo de relación con el terrorismo de Estado.

Antecedentes

Esta no es la primera denuncia que se presenta con respecto a construcciones subterráneas a las que se relaciona como sitios elegidos para torturas de presos políticos durante los años de dictadura.
Son varios los casos: en la sede del Departamento de Informaciones Policiales (DIP) había un sótano que era el lugar destinado para las torturas a los presos políticos.
También se encuentra el caso del casco de la estancia en el campo militar de Santo Domingo, en el que también hay un sótano sospechoso, el cual fue mencionado por algunos relatos de presos políticos. Este lugar fue inspeccionado y resguardado por el juez federal Guillermo Molinari, y luego, también fue motivo de una inspección ocular por parte del Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio público por los crímenes de la Megacausa.
Otras construcciones subterráneas que fueron denunciadas e investigadas son las del campo militar Coronel Holmberg, ubicado en La Guarida, en el departamento Banda.
La última denuncia que se radicó vinculada a estas construcciones como un sótano y relacionadas a un centro clandestino de detención, fue en un campo ubicado en cercanías de Los Pirpintos, departamento Copo. La descripción del lugar, personas y las actividades que allí se realizaban llegaron al abogado Ricardo Abdala Auad quien informó a la Justicia Federal.

Piden investigar si hubo un centro clandestino en la Embajada de Uruguay

El diputado oriental Luis Puig solicitará a la justicia que determine el rol de la sede diplomática de su país en Buenos Aires durante la última dictadura.

Por: Gerardo Aranguren
Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral de la región por esos delitos. 

El legislador Puig se presentará a las 10 en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, para denunciar la existencia de estas celdas en el primer subsuelo del consulado oriental. "El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros", señaló.

La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención.
El funcionamiento de la embajada como un eslabón más de la represión de la dictadura uruguaya fue denunciado por los sobrevivientes hace varios años y en 2011 presentaron ante la justicia argentina documentos para investigar ese rol. "Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados", señaló en ese momento el fallecido Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor, al entregar la documentación.

Entre esos archivos figuraban circulares diplomáticas con listados de ciudadanos buscados por la justicia militar uruguaya por realizar "actividades subversivas". Los listados eran distribuidos en las embajadas y consulados, donde acudían exiliados si querían renovar su pasaporte o realizar algún trámite.

En uno de esos listados, de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del PVP quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.

Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero, que resulta revelador: "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hçubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares."