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miércoles, 18 de mayo de 2016

Indagaron a cuatro integrantes del Batallón de Aviación 601

Los responsables de los vuelos

Los cuatro represores fueron convocados para declarar por el asesinato de Rosa Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. La fiscalía ya había pedido que fueran a juicio oral por otras tres víctimas.

  Por Alejandra Dandan

Los cuatro pertenecieron a la plana mayor del Batallón de Aviación del Ejército 601, corazón de la estructura encargada de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Están detenidos con prisión domiciliaria desde abril del año pasado, acusados por los homicidios de tres víctimas, cuyos cuerpos fueron inhumados como NN entre 1976 y 1978 e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La semana pasada, la jueza federal de San Martín Alicia Vence volvió a convocarlos a los tribunales para ampliar la declaración indagatoria, esta vez por el crimen de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, asesinada antes de un traslado y cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Durante la indagatoria ninguno de los cuatro aportó información, tal como sucedió un año antes. La fiscalía a cargo de la causa ahora espera que la jueza incorpore a esta nueva víctima al listado de hechos por el que ya pidió la elevación a juicio oral.

Los vuelos fueron el método por excelencia del exterminio masivo de miles de prisioneros en Campo de Mayo. Estos cuatro detenidos integraron el Estado Mayor del emblemático Batallón de Aviación 601, en cuya reconstrucción fueron clave las declaraciones de cientos de conscriptos. Entre los ya procesados se encuentran el Jefe y Subjefe del Batallón: Luis del Valle Arce y Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre diciembre de 1975 y diciembre de 1978. También fue indagado Alberto Luis Devoto, a cargo de Inteligencia (S-1) y Personal (S-2) entre diciembre de 1974 y octubre de 1977 y conocido por haber permanecido veinte años en la función pública en el gobierno de José Manuel De La Sota en Córdoba. Otro de los indagados fue Eduardo María Lance, oficial de operaciones (S-3), entre junio de 1976 y febrero de 1978, el único de los cuatro llegó al juzgado solo, sin compañía ni custodia.

–¿Le puedo preguntar de dónde es? –le preguntó al fotógrafo.

–Prensa –dijo él.

–¿Le puedo preguntar por qué me saca fotos?

–¿Usted está imputado en una causa?

–Sí –reconoció.

–Es por eso.

–¡Ah! ¡Pero qué organizados están! –respondió.

A la indagatoria de la semana pasada el juzgado también convocó a Santiago Omar Riveros, entonces a cargo del Instituto de Comando Militares. Los nombres de los integrantes del Batallón de Aviación del Ejército 601 se conocieron el año pasado en el marco de un Informe del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio de Defensa con un pormenorizado análisis de testimonios de conscriptos, legajos y organigramas del Ejército. La anatomía de los vuelos, nombrados en Campo de Mayo como “vuelos fantasmas” o “vuelos sanitarios” estableció que entre 1976 y 1983, el Batallón de Aviación fue la estructura que realizó los vuelos de la muerte con una doble dependencia: institucionalmente, del Comando de Aviación del Ejército Argentino y operativamente, del Comando de Institutos Militares, corazón represivo de la Zona de Defensa IV, a cargo del multicondenado Riveros.

En febrero de este año los fiscales Miguel García Odás y Hugo Bogatti pidieron la elevación a juicio oral de la causa por tres víctimas: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace y Roberto Ramón Arancibia. Dijeron: “desde ese Batallón partieron infinidad de vuelos de avión y/o helicópteros que transportaban personas privadas de la libertad, en la mayoría de los casos del centro de detención clandestino de Campo de Mayo, que eran arrojadas desde las aeronaves a las aguas del Río de la Plata o al océano Atlántico”. “Los vuelos de aviones y helicópteros partían del aeródromo de dicha unidad transportando personas vivas, vendadas y drogadas -Ketalar–, y/o muertas y regresaba las aeronaves sólo con su tripulación. Esas personas vivas y/o muertas constituían la ‘carga’ que fueron arrojadas al río de la Plata y/o al mar –océano Atlántico–, convirtiéndose esos vuelos en los ‘vuelos de la muerte’ y/o ‘vuelos fantasmas’ que fue la forma de exterminio de los miles de detenidos-desaparecidos secuestrados y alojados en los centros clandestinos de detención del país.”

La fiscalía entendió que el accionar de los acusados consistía en organizar, planificar y materializar los denominados vuelos de la muerte, para lo cual “recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas”, a las aeronaves. Las víctimas llegaban hasta la cabecera del aeródromo en vehículos generalmente de gran porte a través de las puertas 1, 4 o 7, cercanos al Batallón de Aviación 601, explicaron. Recorrían una ruta boscosa e ingresaban a Campo de Mayo y al Batallón de Aviación sin control alguno, por orden directa de los superiores del Batallón. Generalmente las aeronaves ya se encontraban esperando en la cabecera de la pista. Los vehículos de transporte se paraban a un costado y las víctimas eran subidas a los aviones. Los Twin Otter tenían una escalera al costado, mientras que los Fiat se cargaban por la parte trasera. “La mayoría de los testimonios dan cuenta que esta operatoria era llevada a cabo por oficiales y suboficiales. Los conscriptos –sigue la elevación– eran relevados de sus puestos o se los obligaba a mirar a otro lado o hacer cuerpo a tierra”. La mayor parte de los vuelos de Campo de Mayo, explicaron, eran nocturnos y al cargar los aviones solían apagarse las luces. La carga de las víctimas duraba aproximadamente media hora y luego el avión partía. Respecto de los helicópteros, continuaron, muchos testimonios refirieron que partían de una zona boscosa cercana “al Campito”. No se ha podido acreditar con certeza si los “vuelos fantasmas” o “vuelos de la muerte” “se encontraban debidamente registrados. Lo que sí se sabe por declaraciones de conscriptos que cumplían funciones en la Torre de Control es que la mayoría de estos vuelos irregulares se dirigían a Punta Indio o a Bahía Blanca y que los pilotos pedían los partes meteorológicos de dichas localidades”.

El cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Rosa militaba en el PRT. Y había vivido en Córdoba hasta mediados de1975. Después, se fue a Zárate Campana donde vivió con su compañero, Abel Omar Pucheta. Ella fue secuestrada en octubre. De acuerdo a los datos de la causa, a Rosa la vieron en Campo de Mayo. Desde 1998 su familia sabe que su cuerpo apareció en Punta Indio y fue enterrado como NN en el cementerio de Magdalena. “La aparición de los restos de nuestra hermana en Punta Indio, lleva a concluir que ella tuvo el triste y doloroso destino de quienes fueron víctimas de los llamados ‘vuelos de la muerte’”, dijeron sus hermanos en un escrito. En 1998, el EAAF determinó que los restos hallados el 4 o 5 de diciembre de 1976 en la costa fueron trasladados al cementerio de Magdalena. Una autopsia realizada en 1976 había determinado que Rosa fue asesinada al menos de tres disparos y posteriormente arrojada a las aguas del Río de la Plata, donde permaneció entre 10 y 12 días. Ya en ese momento, el Registro Nacional de las Personas también había identificado sus huellas pero ninguna de esa información llegó a la familia. El 27 de febrero de 1998, la periodista Lila Pastoriza reveló la participación en el ocultamiento de las pruebas del entonces comisario Julio Cesar Morazzo.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Un represor escondido en el anonimato: Carlos Villanova, uno de los jefes torturadores de Campo de Mayo

Hasta hace pocos días sólo era conocido por los alias que usaba durante el terrorismo de Estado. Un trabajo de investigación permitió identificarlo y arrestarlo. Está acusado de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios.

 Por Ailín Bullentini

El represor Carlos Francisco Villanova se negó a declarar ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence, quien lo había citado para indagarlo por 70 casos de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios cometidos durante la última dictadura cívico-militar en territorio de Campo de Mayo. Villanova fue señalado como el jefe de los torturadores de los militantes de Montoneros que pasaron por los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición. En esa época se hacía llamar “Gordo 1”. Según trascendió, se mostró sorprendido por su detención y se hizo el desentendido ante los hechos en los que se lo involucra. Su defensa solicitó “tiempo para analizar” la documentación que prueba su vínculo con delitos de lesa humanidad y la prisión domiciliaria. El fiscal que interviene en la instrucción, Miguel Angel Bianco García Ordas, se pronunció por rechazar el beneficio. Vence lo supeditó al informe del cuerpo médico forense.

Villanova fue una incógnita para la Justicia argentina durante casi 40 años. Los sobrevivientes de Campo de Mayo y varios otros testigos lo recordaron siempre por sus sobrenombres: “Gordo 1”, “Doctor”, “Tordo” lo nombraron en testimonios ofrecidos en numerosas investigaciones, desde la Conadep hasta las instrucciones judiciales que se apilaron tras la nulidad de las leyes de impunidad y en los juicios orales que las sucedieron. No tenía nombre hasta que, a mediados de esta semana, la unificación de los testimonios, el trabajo de la Fiscalía y el del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitieron otorgarle uno: Carlos Francisco Villanova.

Como no estaba identificado, Villanova nunca fue buscado por la Justicia argentina. No escapaba. Vivió hasta el jueves muy tranquilo en su casa de Vicente López. Hasta 2004, cuando se retiró como oficial mayor, trabajó en la Policía Federal. Luego, brindó servicios en el ámbito privado. El jueves fue detenido. Ayer, ante Vence, se mostró sorprendido por “tanta batahola”. Antes de negarse formalmente al interrogatorio, Villanova dijo ser “un vecino muy conocido de Vicente López”, tan conocido que incluso fue “candidato a concejal” hace “algunos años”, y no entender “de qué se trata toda esta acusación”, informaron fuentes judiciales. La jueza, entonces, pasó a comentarle rápidamente uno a uno los casos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, abusos de las 70 víctimas por los que, por el momento, se lo llamó a declarar. En San Martín no descartan ampliar la nómina de víctimas.

Entre 1976 y 1978, Villanova fue Claudio Federico Vargas y respondió a las órdenes de la Dirección General de Investigaciones como agente de Inteligencia. Su misión estuvo enmarcada en el Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino: a su cargo estuvo el interrogatorio de cada hombre o mujer integrante de la columna Norte de Montoneros que fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. Para los pocos que lograron salir con vida de aquel sitio, el “Tordo” fue el más brutal de los torturadores. “Era uno de los genocidas más buscados de Campo de Mayo”, señaló el abogado Pablo Llonto, querellante en la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos sucedidos en esa repartición del Ejército.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Ordenan investigar a un ex jefe del ejército por el secuestro de tres niñas en 1973 Chile: general implicado en robo de bebés

Juan Emilio Cheyre había tenido que renunciar al Servicio Electoral al saberse del caso del hijo de un argentino.

Por: Tiempo Argentino

La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro y tortura de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro en visita (juez especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, Jaime Franco, hizo lugar a la querella en contra de Cheyre y otros dos militares.

La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad. "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.

Según las investigaciones, el ex jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975. El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.

Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.

En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973. "Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".

lunes, 15 de julio de 2013

Denuncian intimidación a un testigo

Publicado por Editor

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación y se solidariza con Alberto Calvo, testigo, sobreviviente y querellante en la megacausa Campo de Mayo, por los violentos hechos de intimidación sufridos en su casa de Zárate. Cabe recordar que en esta etapa de la causa se juzgan, precisamente, los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las localidades de Zárate y Campana.

Los hechos

Alberto Calvo, testigo sobreviviente y querellante en la causa Nº 4012 Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en estos días, denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de personas desconocidas que irrumpieron en su domicilio causando destrozos y golpeándolo en varias oportunidades, ayer al mediodía en la localidad de Zárate.

Su madre, que vive en la parte de adelante de la vivienda, fue atada y tomada de rehén, mientras tiraban libros y rompían algunas cos as. Portaban armas largas, calibre 45, hecho que sorprendió a la víctima, ya que se trata de armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que todo el tiempo los agresores manifestaban que se trataba de un robo, la víctima dijo que no se llevaron ningún objeto de valor ni dinero, que había en ese momento en la vivienda y que ellos pudieron ver. Denunció además que en los días previos había sufrido vigilancia de los movimientos de la casa. Actuaron con cautela, se colocaron guantes de látex antes de tocar los objetos, y le permitieron inclusive, tomar una pastilla para una enfermedad cardíaca que padece Calvo.

Alberto Calvo presentó una denuncia ante la Fiscalía 1º de Zárate, a cargo del Dr. Martín Zocca, con el patrocinio de los abogados Guillermo Barales y Ayelén Ielcich. El Departamento de Derechos humanos de la localidad de Zárate, a cargo de Juan Manuel Aolita, acompañó la denuncia del testigo.

También se elevaron copias de la denuncia ante el Tribunal Oral Federal N° 5 y Juzgado de Instrucción N° 3 de San Martín y Juzgado Federal de Campana, a fin de solicitar la entrada al Sistema de protección de testigos.