Arrancó un juicio en Roma contra 32 represores sudamericanos

La Justicia inició un proceso contra miembros de las dictaduras de la región por la muerte de 20 italianos. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar.

Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso. [Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso.]
La Justicia italiana inició el jueves un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas de 1970 y 1980 por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.

Troccoli, ex capitán de navío, de 67 años, está acusado de la muerte de seis italianos. Llegó a vivir en Italia tras huir de Uruguay para evitar la cárcel.

El proceso se realiza en una sala de la cárcel romana de Rebibbia.

La Operación Cóndor fue un plan urdido por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal Giancarlo Capaldo inició la investigación en 1999, tras la denuncia de un grupo de familiares.
Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo uruguayo que desapareció el 1 de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que estaba contenta de que se efectuara este proceso. Al mismo tiempo, lamentó no haber tenido ayuda de parte de las autoridades de los países de los militares acusados.

“Los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”, le declaró a la agencia de noticias AP.

Agregó que “esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”, que permanecen desaparecidos.

Aunque seguramente no se les podrá aplicar una eventual condena a los militares procesados, Mihura dijo que “la sociedad tiene muchos otros modos para hacer valer esa condena”.

Además de Troccoli, los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca. También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

El proceso fue suspendido por la jueza hasta el 12 de marzo
El proceso en Italia contra 32 ex militares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, fue suspendido ayer hasta el 12 de marzo, tras desestimar la jueza varias peticiones de las defensas.

La de ayer era una audiencia técnica, en la que se debían resolver peticiones de los letrados defensores y establecerse las acusaciones particulares que actuarán durante el juicio.

Sin embargo, las numerosas reivindicaciones de los defensores llevaron a la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal de Roma, Evelina Colella, a aplazar la vista hasta dentro de un mes.

La cuestión que más tiempo llevó a la magistrada fue la planteada por el abogado Luca Milani, que asiste de oficio a los cuatro acusados peruanos.

El letrado planteó sus dudas sobre la constitucionalidad del proceso, ya que, a su juicio, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y muchos de los imputados ya han recibido condenas en sus respectivos países.

Un exdetenido por violación es funcionario K de DD.HH.

Ultrajó a su exesposa frente a sus hijos

Se trata de Carlos García Muñoz, quien agredió a su víctima con una navaja, la ató, violó y golpeó hasta desmayarla. Fue condenado en España y estuvo 10 años preso.

Carlos Alberto García Muñoz, actual funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y militante kirchnerista, estuvo preso diez años en España por violación.

García Muñoz, además de ser funcionario, recorre el país brindando su testimonio por haberse fugado de la Mansión Seré, un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar.
En 1999, la Justicia española lo procesó y condenó a diez años de prisión por haber agredido sexualmente a su exesposa, María Jesús Anguren Sanjulián.

La aberrante agresión que llevó a Carlos García a la cárcel tuvo lugar el 10 de julio de 1999 en Barcelona, ciudad en la cual se exilió tras su escape de Mansión Seré. La víctima fue su exesposa, a la que ya había agredido con anterioridad. Aquel día, el hombre se presentó en la casa de María Jesús Anguren Sanjulián, de quien estaba separado desde hacía varios meses y quien lo había denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato físico. Esa noche, García Muñoz le exigió que regresara con él y quiso intimar nuevamente con ella. María Jesús se negó. Entonces él sacó una navaja, la agredió, la ató y la violó.

María José Varela, abogada de la víctima, dio detalles escalofriantes respecto al hecho y al proceso judicial. “El hombre procedió a violarla hasta dejarla inconsciente y todo esto mientras los hijos pequeños de la pareja estaban en la casa gritando y pidiendo auxilio”, relató la letrada.

“Cuando él comenzó a hablarle de manera amenazante, ella se encerró en su habitación. Pero no le sirvió de nada, porque él rompió la puerta de una patada, la empujó y le dio un puñetazo. El hombre procedió a violarla hasta dejarla. La víctima, además, se estaba recuperando de una operación de útero, por lo que no podía defenderse”, contó la abogada.
Varela, cuyo bufete se especializa en la defensa de la mujer y de la infancia, no salía de su estupor al enterarse de que el violador de su defendida trabaja hoy para el Estado argentino y ni más ni menos que en el área de Derechos Humanos.

La abogada contó que cuando la policía llegó a la escena del crimen, alertada por los gritos de los niños, García Muñoz todavía estaba agrediendo a la mujer.
Producto del hecho, García Muñoz fue condenado por la sección 5 de la Audiencia de Barcelona. Mientras que su ex, María Jesús, dio a luz a un niño prematuro.

García Muñoz se transformó en un ferviente defensor del modelo: integra la agrupación peronista Descamisados, que actualmente apoya la candidatura presidencial del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y haciéndose presente en innumerables actos políticos. En uno de estos mítines, como el realizado hace muy poco, el 10 de diciembre del año pasado, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, fue la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner quien destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público en su calidad de “sobreviviente” de la dictadura militar instalada en el país desde 1976 a 1983.

Vínculos oscuros entre la Mercedes Benz, los nazis y Perón

Las investigaciones realizadas por la documentalista e historiadora alemana, Gaby Weber, demuestran cómo la Mercedes Benz Argentina se fundó con dinero nazi, a través del empresario argentino Jorge Antonio, amigo personal y consejero de Juan Domingo Perón.

Foto: Archivo La Nación

En La Izquierda Diario venimos publicando una serie de artículos sobre la oscura historia de la empresa de capitales alemanes Mercedes Benz, ubicada en La Matanza. Hemos abordado la historia de lucha de sus trabajadores en la década del ’60 y ’70 ; la de sus sobrevivientes que siguen luchando por justicia por los 14 obreros desaparecidos durante la última dictadura ; y sobre la historia de causa penal contra la empresa que aún hoy goza de total impunidad. Hoy publicamos con esta entrega la oscura historia de su fundación con capitales nazis, su entrada al país y su relación con Perón.

La derrota de los nazis y la fundación de la Mercedes Benz Argentina

Transcurría la Segunda Guerra mundial, hasta que en 1943 los nazis pierden la batalla de Stalingrado a manos del Ejército Rojo. Los alemanes, que sabían que habían recibido un durísimo golpe, comienzan a preparar la retirada, lo que incluye también sacar sus capitales acumulados en Alemania.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso la documentalista alemana Gaby Weber, realizaron una conferencia secreta el 10 de agosto de 1944 en la ciudad de Estrasburgo, Francia, donde recomendaron la fuga de capitales hacia países neutrales. Argentina sería uno de los destinos. El documental, disponible en Netflix, “El escape de Hitler” (2011) de Gueilburt, trata de demostrar, entre otras cuestiones, la llegada desde 1945 de una serie de submarinos nazis a la región de la Patagonia Argentina, entre los que se encontrarían sus riquezas.

En dicho documental nombran la investigación de Gaby Weber, documentalista e historiadora alemana, que ha publicado dos importantes libros al respecto: “La conexión alemana” (2005) y “Los expedientes Eichmann” (2013). Ambas publicaciones y tesis están basadas en documentos de la CIA, a los que pudo acceder y que le costó que EE.UU. le prohibiese la entrada luego de sus primeras investigaciones, y del acceso a archivos alemanes, luego de ganarle dos juicios al Estado alemán como cuenta ella misma en una entrevista realizada por el programa “Leyendo con el autor”.

Weber en esos libros y documentos varios, sostiene que fue Jorge Antonio, un empresario argentino ligado a Perón, quién con el dinero de los nazis fundó la Mercedes Benz en 1951, junto con otras 60 sociedades anónimas. En sus documentos referentes al tema, que se pueden encontrar en su página web, publica el siguiente diálogo con el empresario peronista: “’¿Nunca se había preguntado si administraba dinero nazi?’, ’Con nosotros, los alemanes hicieron mucho dinero’, dice Antonio con una sonrisa, ’Si Usted lo llama lavado de dinero... Yo quería una fábrica de camiones y la conseguí’”.

El vínculo con Perón

Jorge Antonio conoció a Perón en el año 1943, pero luego de 6 años empezaron a frecuentarse y establecer una relación personal, justo cuando se convirtió en director de la Mercedes Benz local. Las denuncias sobre el empresario siempre apuntaron a que su estrecha relación con el poder político internacional y su rol de consejero de Perón le sirvieron para acumular una fortuna que nunca pudo precisar cómo la consiguió. De hecho, como es conocido públicamente, con plata de Jorge Antonio se compraron los terrenos en Madrid donde se construyó Puerta de Hierro, donde se alejó Perón durante el exilio después de 1955.

En el libro El lavado del dinero nazi en la Argentina, Weber demuestra que desde 1951, cuando se establece la sucursal de Mercedes Benz en la Argentina, el dinero de los nazis fue a parar a las arcas de las empresas radicadas en Argentina sin que queden registros contables de esas transferencias. En esta operación resalta el nombre de Jorge Antonio, como amigo de Perón y hombre de confianza de los alemanes en el Río de la Plata, que pasó de de tener apenas un buen sueldo en 1950, a convertirse en accionista o dueño de unas 60 empresas cinco años después.

"Tal como explico en mi libro [dice Gaby Weber], en abril de 1950 Jorge Antonio firma con la empresa alemana un acuerdo, un gentlemen agreement. El plan es fundar Mercedes Benz Argentina con una fábrica de camiones y comenzar de inmediato la exportación de vehículos.

En septiembre de 1951, de la nada, surge Mercedes Benz Argentina. Y en pocos años Antonio y Daimler Benz adquieren sesenta sociedades anónimas. El capital invertido asciende a miles de millones de pesos, que deben haber entrado desde Suiza a la Argentina en valija diplomática o por contrabando. (…) Durante casi cinco años, Antonio y las empresas alemanas desarrollaron un sistema complejo para reciclar el dinero nazi por medio de importaciones y exportaciones.”. La investigación también sostiene que Perón se beneficiaba personalmente con esas negociaciones, que se dieron en los mismos años en que transcurrió su primera presidencia (1946-1952).

El criminal nazi Adolf Eichmann en la Mercedes Benz Argentina

Antonio recibió también de Mercedes Benz listas con nombres de especialistas, personas que resultaban ser nazis y no técnicos. Entre ellos estaba el nazi Adolf Eichmann, Teniente Coronel de las SS, que con documentos de identidad falsificados por el Vaticano arribó al puerto de Buenos Aires el 14 de julio de 1950. En octubre, la policía local le entregó un nuevo documento de identidad. Según la historiadora, fue Jorge Antonio el encargado de esconder el oro nazi con el que se crearon empresas pero también con el que se financió la fuga de sus criminales de guerra.

Incluso Jorge Antonio aceptó que fue él quien personalmente empleó a Eichmann en Mercedes Benz, cuando aún la fábrica no había iniciado la producción. En una entrevista realizada por Felipe Pigna, el empresario peronista declaró: “Pensé que era una monstruosidad lo que había hecho Eichmann, pero pensé también que era la guerra y él no hacía más que cumplir órdenes”. También publica Weber las siguientes declaraciones: “Daimler me pidió darle un puesto de trabajo porque eran técnicos. Lo conocía bajo su nombre verdadero, pero no me interesaba”.

Eichmann, el oscuro personaje nazi que retrata Hannah Arendt en “Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal”, fue el mismo que declaró: “No me arrepiento de nada. Si nosotros hubiéramos matado de los 10,3 millones de judíos a 10,3 millones de judíos yo estaría contento y diría: está bien, liquidamos a un enemigo".

Fue en 1957 la Comisión Interna de los trabajadores quien realizó un reclamo a la gerencia por la captura de Eichmann, que aún por esos años se encontraba trabajando en Mercedes Benz Argentina como electricista.

Todos los testimonios hacen creer que se sabía que Eichmann bajo otra identidad, Klement, trabajaba en la planta. Uno de ellos cuenta: “Prácticamente toda la plana mayor de la empresa estaba integrada por inmigrantes de la Alemania de posguerra. Entre ellos había miembros de la Wehrmacht (ejército alemán), oficiales de la SS (...) Más de uno sabía que Klement en realidad era Eichmann, pero el tema era ’tabú’”.

Cómo Adolf Eichmann salió finalmente de la Argentina también es uno de las líneas de investigación de Gaby Weber. Pero lo cierto es que no fue el único personaje oscuro que estuvo en la Mercedes Benz.

En 1960, días antes del secuestro de Eichmann, asumió la dirección de la empresa William Mosetti. Este había sido oficial de Mussolini, hasta que en 1943 se pasó al bando de EE.UU., cuando consiguió la ciudadanía y se alistó en el Ejército del país imperialista. Luego de finalizada la guerra, había vuelto a trabajar para la petrolera Standard Oil, hasta que el 29 de abril de 1960, luego de que se lo enviase a la Argentina, la asamblea de los accionistas de la Mercedes Benz local lo eligió como Director General hasta 1975. Los trabajadores de la Mercedes Benz y el “Grupo de los 9”, que desafió a la burocracia del SMATA en los ’70, tuvo que enfrentar también a estos oscuros personajes de la Segunda Guerra mundial en el directorio.

La investigación sobre el rol de los Consejos de Guerra durante la dictadura

Una estructura para ocultar crímenes

El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo Puricelli. Los tres integraron los Consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria y encubrir sus delitos.

 Por Alejandra Dandan

El juez federal Daniel Rafecas procesó a tres integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado analiza desde 2013 un centenar de expedientes tramitados por esos tribunales militares a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se dieron competencia para actuar como justicia paralela, en los casos que denominaron delitos subversivos. Entre los expedientes, hay más de 140 homicidios calificados que los CGEE nunca investigaron. El juez consideró que los Consejos fueron un mecanismo creado ad-hoc por el aparato represivo del Estado para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria, ocultar los crímenes, enmascarar a los responsables y convertir a las víctimas en victimarios. Las querellas piden que se declare nulo todo lo actuado por los CGEE. Las bases sentadas en este estudio pueden servir como clave de lectura para otros funcionarios y otras estructuras.

El análisis de los casos en conjunto es lo más impactante de la investigación: pese a que las Fueras Armadas construyeron la teoría de los enfrentamientos, las propias “pruebas” de los casos que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente y muestran la constante presencia del estado de indefensión en las víctimas: prácticamente todos los cuerpos están rematados de un tiro en la cabeza; hay gran cantidad de disparos en tórax, abdomen y extremidades; es decir, señala el juzgado, “prácticamente la totalidad del cuerpo”. Hay masacrados por 28 disparos y cuatro casos conmovedores de embarazadas asesinadas, una de ellas –según las pericias señala– con “un útero de 33 centímetros de altura y 20 centímetros, en sentido antero-posterior con un feto masculino de 50 centímetros”.

“Los homicidios de las víctimas en sus domicilios situados en centros urbanos o incluso en la vía pública, concretados usualmente con una violencia inusitada en la que destaca el obsceno poder de fuego generalmente empleado, aparecen como situaciones que importaron una mayor necesidad de cobertura frente a lo cual se habría implementado una tecnología institucional para la impunidad”, señala el juez. Esa “tecnología institucional para la impunidad” refiere a los Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), que se crearon el 24 de marzo con supuestas facultades judiciales, especialmente para intervenir en lo que llamaron delitos subversivos, una categoría que se iba extendiendo. “En los hechos –dice el juzgado–, estos Consejos sirvieron para sustraer sistemáticamente del conocimiento de la Justicia penal, es decir, de los jueces y fiscales de Instrucción de turno, los expedientes en los que constaba la ejecución sumaria de perseguidos políticos.” Esa actividad “estuvo dirigida a la ocultación de los sucesos, lo que implicó la ocultación de las víctimas y victimarios” y “el enmascaramiento de los sucesos bajo versiones inverosímiles”.

Y en ese marco agrega un punto importante: “Los homicidios aparecen tratados como mudos hechos, registrados como acaecidos sin intervención del hombre, sus víctimas aparecen acusadas como ‘subversivas’, luego sobreseídas, en muchos casos ni siquiera designadas por su nombre. Sus autores, en ningún caso aparecen acusados, siempre designados bajo las denominaciones de fuerzas legales, conjuntas, o del orden, y prácticamente nunca identificados, a tal punto que los casos en los que aparecen individualizados, cabe atribuir ello al celo del funcionario ocasionalmente interviniente o a la inercia propia de la burocracia”.
Los responsables

El análisis se mete en una discusión más amplia sobre los supuestos marcos “legales” que se dio la dictadura para ponerlos en discusión, tal como sucede en otras causas. Tal como se están pensando los decretos del PE nacional o los supuestos “blanqueos” en las cárceles. Esto permite diferenciar prácticas supuestamente “legales” de lo “constitucional”. “Estamos pujando desde lo jurídico para de-sarmar las estructuras puramente ‘vigentes’ desde lo legal de la dictadura”, explica el juez a Página/12. “Estamos diciendo que frente a sucesos aberrantes no es posible oponer una mera legalidad aparente. Ello no convalida el terrorismo de Estado, ni en grado de autoría ni en grado de encubrimiento posterior –como es este caso puntual de los CGEE–. El mensaje que se está dando es que frente a crímenes de lesa humanidad, el funcionario público –en este caso militares burócratas, abogados auditores– debe desistir de participar, debe decir que no, caso contrario, no hay ‘legalidad’ que lo ponga a cubierto de una imputación penal.”

Los funcionarios procesados son el coronel del Ejército Jorge Argentino Franco; el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Salaris y el abogado y capitán de Navío de la Armada Eduardo Puricelli. Franco, presidente del Consejo de Guerra Especial Estable, murió luego del procesamiento, según comunicaron sus abogados en el juzgado.

La responsabilidad de cada uno está bien planteada en “Eichmann en Jerusalén” de Hannah Arendt, dice el juez, que lo señala en las más de 900 páginas del escrito. “Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino como un funcionario –dice Arendt– cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad –que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al día–, declarase que él tan sólo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo.”
Los casos

El aporte más importante de este procesamiento es, seguramente, el intento de generar una lectura global sobre expedientes que no analizaron en más de 35 años (ver aparte). Es probable que mucha de esta documentación no haya sido analizada por la Justicia. Sobre todo las pericias. En ocasiones, horrorosas. Es probable, en cambio, que cada familia o querella haya visto su caso, pero la lectura general permite leer las constantes que le dan también a esto carácter sistemático. El correr de los expedientes muestra por ejemplo la “precariedad de las pruebas” y “lo inverosímil de los relatos oficiales”, dice el juzgado. En las causas faltan firmas y sellos indicativos de los funcionarios. También es recurrente el estado de indefensión en el que aparecen las víctimas. Este es el análisis más importante. Rafecas usó expedientes con pericias y en los que “directamente se prescindió de tales estudios periciales propiciándose por el CGEE el sobreseimiento provisional y archivos de los expedientes”. “Frente a las versiones que invariablemente dan cuenta de supuestos enfrentamientos –dice el juez– con las víctimas que culminaron con las muertes de las mismas, las constancias glosadas a diversos expedientes dan cuenta de la inverosimilitud de tales relatos.” Basta confrontar para eso, dice, “la inusitada violencia sufrida por los asesinados frente a la constante ausencia de toda lesión por parte de los perpetradores”. Y cada expediente muestra verdaderos homicidios realizados en ocasiones flagrantes.

Entre los casos paradigmáticos están las embarazadas. Una es Alicia Beatriz Carlevari. En su expediente hay una autopsia. Describe la muerte de un “cuerpo femenino” con “heridas de bala de cráneo, de cara, de tórax y de abdomen. Hemorragia interna”. También describe su útero: “Mide 33 centímetros de altura y 20 centímetros en sentido antero-posterior conteniendo un feto masculino de 50 centímetros (de término) y anexos ovulares”.

Alicia Beatriz Carlevari de Franco tenía 23 años, puede leerse en una breve biografía publicada por Roberto Baschetti en la web. Militaba en la JUP de Arquitectura y en Montoneros. La secuestró una patota del Ejército el 19 de abril de 1977. Tenía un embarazo a término, se lee también, por eso no pudo o no quiso correr. La mataron.

En otro expediente están los nombres de Carlos Alberto Fessia, Nidia Cristina Fontanellas y Estela Mary Altamirano. La autopsia Nº 2852 realizada sobre un cuerpo N.N. “adulto de sexo femenino” hace referencia a la versión policial según la cual la víctima “resultara abatida [...] como consecuencia de un enfrentamiento con fuerzas conjuntas realizado en la calle Martiniano Leguizamón 1139 de la Capital Federal”. El estudio pericial también habla de la masacre: señala que su muerte “fue producida por heridas de bala de cráneo, tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa”. Según la descripción de los facultativos del Cuerpo Médico Forense, “en el cuerpo de la víctima se consignó sobre sus órganos genitales útero aumentado. Al corte vacío, con restos carnosos de aspecto placentario, lo que indicaría que se trataría de la madre de la criatura de días que fue hallada en el domicilio en el que se concretaron los homicidios de las tres víctimas”.

Fessia era secretario general de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Las dos mujeres estaban en la organización. Nidia Cristina además era la pareja de Fessia. Los tres estaban en Mataderos cuando los mataron, aparentemente el 18 de noviembre de 1976. Según la organización, algunos testigos dijeron que hubo despliegue de fuerzas militares y hasta un helicóptero. Nidia Cristina estaba embarazada.

Otro caso habla de los “homicidios calificados” de Norma Matsuyama, de Adriana Gatti Casal y de Eduardo Gabriel Testa. Las dos mujeres estaban embarazadas en el momento de su homicidio. Adriana Gatti Casal murió en el Hospital Alvear, señala el escrito, con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen, destrucción cerebral, hemorragia interna. Norma Matsuyama tenía heridas de bala de cráneo y tórax, hemorragia interna. El útero de Adriana evidenciaba una gesta de aproximadamente siete meses; el de Norma, de nueve. El archivo Baschetti dice en este caso que los mataron el 8 de abril de 1977 cuando las “siniestras fuerzas asesinas” cercaron la casa donde vivía Eduardo Gabriel “Emilio” Testa, en Nueva York y Nazca, de Devoto. Testa era el jefe de la UES, con 20 años. Norma Matsuyama, de 19, era su esposa y la Colorada Adriana Gatti Casal, de 17, hija del dirigente uruguayo secuestrado y desaparecido en Argentina, Gerardo Gatti.

Los sumarios muestran otras constantes. No se ordenan medidas probatorias; los sumarios carecen de actividad alguna de los CGEE y en la justificación de los homicidios, en la mayor parte se queda expuesta la ausencia de lesiones del personal de las “fuerzas conjuntas”.

Con carácter sistemático

1) Hechos cometidos por un concurso premeditado de dos o más personas, lo que se confirma, a su vez, por la reiterada referencia a que en el hecho intervino una pluralidad de personas bajo la denominación de “fuerzas conjuntas”, “legales”, de seguridad, etc., en los casos en que los autores no se encuentran identificados.

2) Alevosía: el estado de indefensión de los cuerpos que habilita a considerar razonablemente que en la inmensa mayoría de los sucesos los perpetradores actuaron con la seguridad del estado de indefensión de las víctimas.

3) Las autopsias dan cuenta constantemente de una gran cantidad de disparos de bala, en tórax, abdomen, cráneo y extremidades; es decir, prácticamente la totalidad del cuerpo de los asesinados, siendo la causa de muerte más destacada la destrucción de masa encefálica a causa de los disparos infligidos. En ese contexto, se destacan casos en los que las mujeres víctimas se encontraban embarazadas, lo que acrecentó su situación de indefensión ante los ataques de los perpetradores.

4) Las situaciones descriptas en los sumarios permiten advertir la desigual situación en la que se encontraban las víctimas, en relación con los funcionarios públicos que perpetraron y ejecutaron el homicidio.

Estos últimos encontraron asegurada la merma o ausencia total de riesgo para sí, mediante las condiciones absolutamente desproporcionadas propias de un despliegue de personal y recursos materiales y de armamento que no se condice con las condiciones en las que encontraban los sujetos pasivos del delito, las que permiten inferir, sin hesitación, la seguridad con la que actuaron los perpetradores, sin peligros serios respecto de que su accionar pudiere verse interrumpido por una acción defensiva de la víctima o de un tercero que resultara equiparable a las posibilidades del accionar de los autores.
Números

La investigación judicial comenzó a fines de 2013 sobre un universo específico: un centenar de expedientes incorporados en el Juicio a las Juntas y causas conexas en los que aparecen procedimientos militares y policiales fraguados para ocultar los homicidios calificados de más de ciento cuarenta (140) víctimas. Rafecas acreditó hasta ahora la responsabilidad de los oficiales de las tres fuerzas armadas con relación a los expedientes en los que se pretendió ocultar los homicidios de ciento veintitrés (123) víctimas y los secuestros de otras trece (13) personas cometidos en los mismos operativos clandestinos.

“Hubo una estrategia de impunidad”

¿La información de estas pericias es conocida? ¿Se usó, por ejemplo, en el Juicio a las Juntas, de donde vienen estos expedientes, o en otra ocasión para probar los casos? –preguntó Página/12 al juez Daniel Rafecas.

–Que yo sepa, nunca fueron publicadas. La verdad que no creo que se hayan usado en juicios previos.

–¿Las familias conocen esta información?

–Sí, claro. Conocen la existencia y el contenido de los expedientes, ellos y sus abogados. El punto es que cada familia y cada abogado conoce su propio caso, como mucho algunos más, es decir, conocen el árbol o algunos árboles, pero no el bosque, quizá lo intuían, pero ahora esto está empezando a ser demostrado judicialmente.

–Lo más impactante de los procesamientos son las autopsias.

–Sí, es que impresiona profundamente. Por meses estuvimos trabajando con estos informes forenses. Resulta desolador pensar que esas víctimas quedaron así, en ese estado, suspendidas durante 35 años. Pienso, ¿acaso hay algo que pueda ser más urgente que esto en términos de verdad y justicia? Es imperioso rescatar del olvido a estas víctimas, sus historias, sus casos, precisamente para demoler el muro de silencio, olvido e impunidad construido gracias a la fachada de los CGEE (hipótesis de “fachada” que se fundamenta en este procesamiento). Las pruebas de las masacres están ahí, para quien quiera verlas. Prácticamente todas las víctimas, en todos los casos, fueron rematadas con un tiro en la nuca o similar. Esto no es menor para la investigación judicial, pues contribuye a la verificación del dolo de encubrimiento de los aquí acusados: frente a este panorama, decir “yo no sabía nada”, o que los casos “estaban presentados como enfrentamientos armados” no puede ser admitido: las propias “pruebas” que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente. Creo que este es un punto fuerte de la imputación plasmada en la resolución. De ahí el énfasis en detallar en cada caso estos aspectos. En suma, lo que surge de este centenar de expedientes es la puesta en marcha de un exterminio por goteo, con una estrategia de impunidad muy clara, a partir de la fabricación de falsos enfrentamientos (una práctica que luego va a continuar en democracia) y de la apropiación de la averiguación de la verdad posterior por parte de estos CGEE, que venían a ser una suerte de tribunales de no-verdad y de no-justicia. Tribunales que, en vez de orientarse a descubrir la verdad y hacer justicia, actuaban en un sentido exactamente opuesto. La Justicia del Estado de Derecho no puede mantenerse indiferente frente a este estado de cosas, y este procesamiento va en ese camino.

La Tablada: pedirán a la Corte que investigue las cuatro desapariciones

La Comisión de Familiares y Compañeros de los Detenidos-Desaparecidos en La Tablada entregarán mañana un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene investigar el destino de cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron desaparecidos. Carlos Samojedny, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Provenzano participaron del copamiento al cuartel de La Tablada en 1989, fueron detenidos con vida y sus cuerpos nunca aparecieron. “Vamos a mostrar el apoyo social y político que tiene el reclamo por esclarecer lo que ocurrió y castigar a los responsables”, explicó Irene Provenzano, hija de uno de los primeros desaparecidos en democracia.

“Reclamamos una investigación completa e imparcial que permita saber el destino de los desaparecidos y responsabilizar y juzgar a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad actuantes involucrados en las torturas, fusilamientos, y posteriores desapariciones. Los cuatro fueron capturados al interior del Regimiento, existiendo como prueba de ello registros fotográficos, fílmicos y testigos que afirman haberlos visto con vida”, escribieron en el segundo párrafo del petitorio, que ya fue publicado en forma de solicitada y que tiene las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el  Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Irene Provenzano anticipó a Infojus Noticias que también harán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe 55/1997, publicado en 1995 había señalado las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cuartel y recomendó al “Estado argentino realizar una investigación independiente, completa e imparcial al respecto”. Sobre esa base, volverán a plantear la situación de los cuatro militantes desaparecidos.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

“Estas aberraciones se produjeron por agentes del Estado, y su impunidad fue garantizada y avalada por el juez que actuó en la instrucción Gerardo Larrambebere y por el accionar de la Cámara Federal de San Martín, integrada en el año 1989 por los jueces Jorge Barral, Hugo Fossati y Marta Herrera”, indicaron en el texto que mañana presentarán ante la Corte Suprema. También está firmado por Osvaldo Bayer, Horacio González, Eduardo "Tato" Pavlosky, Norman Briski, Vicente Zito Lema, Carlos “Perro” Santillán, Emilio Pérsico, Eduardo Anguita,  Torcuato Di Tella, Eduardo Jozami, Ricardo Forster, Jaime Sorín y Atilio Borón, entre otros.


 La Corte tiene por resolver un pedido para que se rechace el sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” sobre el general Alfredo Arrillaga, quien comandó el operativo de recuperación del cuartel y está señalado como el principal responsable de las desapariciones. El 19 de junio pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el cuál rechazó el sobreseimiento que había firmado la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

En la causa están señalados Arrillaga, quien ya tiene una condena por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, y el mayor Jorge Eduardo Varando, señalado por los fusilamientos de Ruiz y Díaz, quien también actuó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando –como empleado de seguridad del banco HSBC- disparó contra los manifestantes con munición de plomo.

Ruiz y Díaz fueron detenidos en la tarde del 23 de enero. Ambos fueron fotografiados por Eduardo Longoni y se ve claramente como desarmados y heridos son conducidos hacia los fondos del regimiento militar. Luego fueron desaparecidos.

Samojedny y Provenzano se rindieron junto a sus compañeros el 24 de enero por la mañana. Fueron llevados encapuchados y con las manos atadas a la espalda hasta una oficina. Allí fueron torturados junto al resto y Samojedny y Provenzano fueron apartados y del grupo y sacados del lugar. También fueron desaparecidos.

“Después de tantos años transcurridos sin respuestas, esperamos el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revoque definitivamente la prescripción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento sobre Arrillaga emitido por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín”, señalaron los familiares y compañeros de los desaparecidos en La Tablada.

El petitorio que presentarán mañana lleva, además, las firmas de los diputados nacionales Horacio Pietragalla, Juan Cabandié, Victoria Donda, Víctor De Gennaro y  Claudio Lozano; y de los legisladores porteños Maria Rachid, Pablo Ferreyra y Alejandro Bodart. También dieron su respaldo el Espacio Carta Abierta, CTA Autónoma, Confluencia Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán y la Organización Social y Política Los Pibes, entre otros.

 

Novedades en la causa por el “gendarme carancho”

(3/12/2014) En el día de hoy comenzaron a declarar los testigos de la causa en la que la justicia federal de San Isidro investiga el accionar del “gendarme carancho”.

El insólito episodio fue protagonizado por el Comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales quién se arrojó sobre el automóvil de un joven que participaba de una caravana solidaria con los trabajadores despedidos de la empresa LEAR Corporation.

La causa penal N° 54342/2014 está caratulada “López Torales Juan Alberto, Galeano Roberto Ángel, Berni Sergio Alejandro s/ privación ilegal de la libertad, vejación o apremios ilegales y daños”.

En ella se investiga no solo la responsabilidad de López Torales por haberse tirado sobre el capot del auto inventando un accidente, sino también la responsabilidad de Roberto Galeano, un militar que Berni puso al mando de las fuerzas de seguridad, así como del propio Sergio Berni que reivindicado públicamente el bochornoso operativo.

Hoy prestaron declaración testimonial Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que ese día estuvo presente con una delegación de organismos de derechos humanos, entre ellos Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, Alejandrina Barry hija de desaparecidos y María Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada.

También declararon Guillermo Ermili que presenció los hechos y una de las manifestantes que viajaba en el automóvil sobre el cual se arrojó el comandante López Torales. Ella brindó una precisa descripción de cómo se vieron los hechos desde dentro del propio automóvil que fue víctima de esta provocación y también del accionar de Galeano, primero en conjunto con la Gendarmería y después intentando infiltrarse entre los manifestantes. Lo mismo fue sostenido por Fukman.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del PTS, Myriam Bregman y Carlos Platkwoski.

La causa había comenzado a tramitarse ante la justicia provincial y el Fiscal Molina Pico imputó al conductor del auto. Hoy el expediente pasó a la justicia federal y agrupa las denuncias realizadas por el Fiscal Federal de San Isidro Dr. Fernando Domínguez, el Diputado Nacional Manuel Garrido y los abogados del PTS y el CeProDH ante la Procuraduría de Violencia Institucional / PROCUVIN.

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Peña contra la impunidad y la represion