Episodios de violencia en el fútbol, represiones y aparato de inteligencia intacto

El espionaje que avanzó en democracia

En lo futbolístico, 1983 se caracterizó por una serie de muertes y represiones. La Inteligencia policial se concentró en hurgar por qué. Los documentos les echaban la culpa a los partidos de izquierda, a los jóvenes y a “sentimientos contrarios” a las fuerzas policiales.

 Por Juan Ignacio Provéndola

En Argentina, la transición institucional de 1983 no avanzó moldeando cemento fresco, sino quebrando primero el que estaba perpetrado. En ese sentido, el fútbol fue una de las estructuras que más sucumbió al cambio de época. Su adaptación a las nuevas lógicas sociales se produjo en el marco de una furiosa escalada de violencia en los partidos, fenómeno hasta entonces ajeno al fútbol como hábito cultural. Una estadística lo grafica: a lo largo de 1983 se produjeron cinco muertes, cifra record desde el primer registro, datado de 1922. Lejos de ser una situación excepcional, el año marcó a su vez un quiebre en el promedio de fallecimientos, que hasta ese entonces era de 1,7 y a partir de allí pasó a ser de casi seis. Se confecciona por primera vez una “lista de víctimas en el fútbol” para llevar contabilidad de ellas.

Entonces, la violencia en el fútbol comienza a ser entendida como tal. Se problematiza. Básicamente, porque a partir de aquel 1983 se proyecta en dos dimensiones que la definirán de allí en más: la figura del barrabrava contemporáneo, con la aparición pública de José Barrita, el Abuelo, como líder de La Doce, y el despliegue de mecanismos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes aún conservaban altas cotas de poder y toleraban pocos mecanismos de control. Fenómenos que son hijos de ese momento de transición en el que los roles se reordenan de manera vehemente. El fútbol, con la democracia, entra en nuevas tensiones.

Las cinco muertes de aquel año están vinculadas a acciones propias entre las hinchadas: las dos primeras en un tiroteo entre las de Boca y Quilmes, luego un simpatizante de Independiente arrojado de un tren, más tarde otro de Racing atravesado por una bengala lanzada en la Bombonera y, por último, uno de River emboscado por su propia gente.

Sin embargo, pese a no ocasionar de manera directa ninguna de esas muertes, en paralelo comienza a ser cuestionado el rol de las fuerzas de orden en estos episodios, quienes habían sobrevivido a la democracia como garantes de la seguridad, aunque sin actualizar necesariamente sus mecanismos de trabajo.

El despliegue de su aparato represivo era en ocasiones encarnizado, tal como ocurrió en la final del Nacional ’83, entre Independiente y Estudiantes, y el día del descenso de Racing. Cada uno en un estadio diferente de Avellaneda, fueron festivales de gases lacrimógenos, bastonazos, y detenciones a mansalva como la misma figura: el edicto de disturbios en espectáculos públicos. Se labraron sumarios por atentado y resistencia a la autoridad, tumulto, daños agravados y lesiones múltiples. Algunas imágenes siguen dando vueltas y son tremendas. Nunca se había visto tanta brutalidad multiplicada en un mismo partido.

Los dos hechos generaron una fuerte repercusión pública y, naturalmente, alentaron el trabajo de los servicios de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el cuerpo de espionaje de la fuerza que había promovido aquellas represiones. Un profuso expediente acumuló informes de todo tipo sobre esos episodios, las causas que los habían generado, el rol de la propia fuerza y, sobre todo, lo que más obsesionaba a la policía: la evaluación que los medios y la opinión pública hacía de su accionar en los iniciáticos tiempos democráticos

“El periodismo, tanto escrito como oral, en diversos comentarios se mostró contrario al accionar policial” y con “una cierta predisposición constante contra los efectivos de nuestra institución”, explica uno de los partes, que adjunta innumerables recortes de los diarios más importantes. Sin embargo, ese mismo informe menciona –sin más detalles que los siguientes– que se realizó “una encuesta en la población en general”, quien “en su mayoría, coincide que el accionar policial fue correcto, dado como se sucedían los acontecimientos, tildando de sensacionalistas a los medios periodísticos que efectuaron opiniones sobre el tema”.

Walter Stefanini, jefe de la Bonaerense, declaraba públicamente que todo respondía a “un sentimiento deportivo originado en la ubicación de los equipos en la tabla”, aunque por lo bajo ordenaba que se filmaran todos los partidos en su jurisdicción para individualizar a los que inician los disturbios. Lejos de efectuar cualquier tipo de autocrítica sobre su accionar, la policía trataba de interpretar los motivos por los cuales sus tareas recibían duros cuestionamientos de distintos sectores sociales. Los informes rondan sobre la idea de que “en los estadios de fútbol se entreveran, entre el grueso de la hinchada o de los fanáticos, gente activista con diferentes ideas políticas, quienes aprovechan el caos del momento para descargar sus resentimientos personales”.

“No es objetivo enfocar la cuestión analizando el comportamiento de los efectivos policiales, debido a que el episodio que nos ocupa tiene su raíz en el accionar de los grupos juveniles de izquierda, los cuales capitalizan con habilidad el vandalismo de las barras bravas”, apunta uno de los diagnósticos de Inteligencia. Algo que, a la luz de los hechos, poco guardaba con la realidad: en las numerosas represiones desatadas por la policía en las tribunas no se veían activistas políticos sino, más bien, familias y espectadores corriendo desesperadamente frente a los ataques salvajes del garrote. Hinchas, en suma.

Sin embargo, las fuerzas del orden parecían seguir adscribiendo a la teoría de los dos demonios para justificar sus actuaciones represivas a punta de bastón, caballos, balas de goma y gases lacrimógenos. “Se observa un renacer de un viejo sentimiento de rencor, basado en el terror psicológico hacia los uniformados y su simbolismo”, esbozaba otro informe. La “campaña de descrédito de la cual es objeto la mayoría de las fuerzas legales” respondía, según los espías, a “la intensa acción psicológica desplegada por las organizaciones de izquierda, con el consiguiente aprovechamiento de los medios masivos de comunicación social, sumado a la presencia activista de integrantes juveniles pertenecientes a las corrientes políticas que participan de todo evento popular (fútbol, festivales de rock, etc.)”.

No obstante esto, las protestas por las represiones policiales que se desataban cada fin de semana en las tribunas del país no estaban inspiradas en banderías ideológicas, sino en la necesidad de reformular profundamente el rol de las fuerzas de seguridad en la nueva vida institucional que se daba lugar con el retorno de la democracia a la Argentina. En ese sentido, uno de los últimos informes de ese atribulado 1983 postulaba una serie de sugerencias a ser tenidas en cuenta por el personal policial, señalando “la conveniencia de reformular los procedimientos tradicionalmente utilizados”. Entre ellos se reconocía que el uso de los gases lacrimógenos (una de las constantes en ese año) “no ayudan a restaurar el orden sino que, por el contrario, suelen alterarlo con consecuencias imprevisibles”, aunque no hablaba de suprimir su uso sino de hacerlo de manera menos “indiscriminada”. Por otra parte, se planteaba la necesidad de “destacar a los efectivos policiales en lugares estratégicos de las tribunas” y que “las detenciones de los responsables de los incidentes sean llevadas a cabo con la mayor discreción por el personal policial de civil, evitando de esta forma la reacción del público”.

Una nueva lógica se imponía en las tribunas. La democracia dejaba atrás viejos fantasmas pero se desayunaba con otros que demandaban nuevos abordajes. El fútbol ampliaba su ámbito de influencia más allá de la línea de cal y se asumía con complejidades propias de los nuevos tiempos institucionales. La represión no cambiaba de rostro. Apenas se guarecía detrás de nuevas expresiones.

Los archivos de la pelota : Exclusivo el esìonaje policial durante el mundial de fútbol 78

Tras 15 años de clasificación, la Comisión Provincial de la Memoria realizó un dossier sobre la inteligencia que la Bonaerense hacía en el fútbol: la “campaña antiargentina”, los “sabotajes”, la vigilancia a periodistas extranjeros, las drogas que vendrían con los turistas.

 Por Juan Ignacio Provéndola

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó entre 1956 y 1998 y, a lo largo de todo ese tiempo, acumuló toneladas de material dedicado a documentar los movimientos de personas, organizaciones e instituciones que la Bonaerense juzgó sospechosas. Se trata de 4 millones de fojas, 3300 contenedores, 800 videos y otros tantos casetes y cintas abiertas que ocupan un total de 600 estantes. Un registro impresionante del espionaje estatal que la Comisión Provincial por la Memoria, actual custodio del archivo, comienza a mostrar ahora en distintas selecciones documentales tras quince años de orden y clasificación. Página/12 accedió en exclusiva al dossier que la CPM realizó sobre las tareas de la Dippba acerca del fútbol, puntualmente en ocasión del Mundial 78 y durante la vuelta de la democracia, en 1983, circunstancias en las que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas de distintas maneras. Ambos recortes permiten comprender el particular interés que los servicios de inteligencia del Estado manifestaron históricamente sobre esta masiva expresión de la cultura popular argentina. Los documentos desclasificados muestran las obsesiones del espionaje represivo, que llegaban a niveles delirantes: desde la preocupación por la “campaña antiargentina” en el exterior, hasta las advertencias por la infiltración de “subversivos cubanos, japoneses y árabes” que llegarían al país para sabotear el Mundial. Y también el alerta porque durante el torneo “se incrementaría el ingreso de estupefacientes al país” que los “elementos subversivos” usarían “como factor disociador”.
Infiltración Mundial

Una de los asuntos que más desveló a la Junta Militar fue la confirmación del Mundial de 1978. Fuera del país, distintos grupos de exiliados argentinos se habían movilizando ante varios organismos internacionales para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en el próximo anfitrión de la máxima cita futbolística y los rumores de un cambio de sede comenzaron a proliferar. Hubo un cierto temor en los jerarcas del Proceso por perder la organización de un torneo sobre el cual deseaban proyectar una pretendida imagen de pulcritud a todo el planeta.

Si bien la FIFA reconfirmó a fines de 1977 a la Argentina como país organizador y acabó con esas dudas, la decisión no bastó para poner fin a las preocupaciones que rondaban en los altos comandos de las Fuerzas Armadas. Otra profunda inquietud los iba a acechar incluso hasta la propia realización de la Copa del Mundo: la posible intervención de grupos armados. De “factores subversivos”, como definían. La paranoia encontraba un antecedente alarmante en los Juegos Olímpicos de Munich 72, donde el grupo extremista palestino Septiembre Negro se había infiltrado en la concentración de la delegación de Israel y asesinó a once atletas de aquel país. Nadie quería siquiera pensar en un papelón semejante, y fue por eso que los servicios de espionaje de la dictadura no escatimaron esfuerzos en observar todo cuanto pudiera resultar sospechoso.

De esto dan cuenta los innumerables legajos que acumuló la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre el Mundial 78, en donde se observa claramente la inquietud de los servicios por los movimientos que distintas organizaciones realizaban en tono al campeonato que se desarrolló en Argentina durante el mes de junio.

Las tareas comenzaron en 1977. Eso se desprende de uno de los primeros informes, fechado el 26 de octubre de aquel año. Allí, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se remite a la Dippba para expresarle que “importantes miembros de Montoneros mantuvieron entrevistas en Suecia con dirigentes de organismos internacionales afectados a la defensa de los Derechos Humanos con la finalidad de instrumentar una campaña de acción psicológica en tal sentido, a motorizarse en oportunidad de las tareas de organización del Campeonato Mundial de Fútbol”.

El parte (de carácter “estrictamente secreto y confidencial”) describía los aparentes objetivos de Montoneros: “incidir e influenciar a representantes de gobiernos extranjeros un tanto afines a la ideología que profesan los grupos de delincuentes subversivos argentinos para disponer la no participación en el torneo”, la intención de generar durante los meses previos al Mundial “acciones que alteren el orden público y capitalizar psicológicamente eventuales acciones represivas”, “ejercitar eventualmente algún secuestro y/o atentado físico directo contra algún miembro diplomático extranjero acreditado en el país” y “difundir en distintos estadios de fútbol del exterior libelos incitando a los espectadores a no viajar a Argentina, esgrimiendo causales orientadas a crear una falsa imagen de la situación política-social-económica y la falta de garantías individuales”.

Un mes más tarde, un informe da cuenta de pintadas en el estadio Mundialista de Mar del Plata, por entonces en obra. Las mismas tenían la leyenda “Señores compañeros, basta de explotación. Reclame E.R.P.”, acompañadas por estrellas de cinco puntas. “Es la primera manifestación de corte extremista que aparece en el lugar”, alertaba el oficial de inteligencia.
Drogas subversivas

Con el correr de los meses, las tareas de espionaje fueron generando materiales adicionales. Algunos de ellos, de carácter insólito, como el que alertaba en letra mayúscula y clave de telegrama que (sic) “sería inminente ingreso procedente de Chile, y particularmente destino ciudad Mendoza, grupos delincuente subversivos serían cubanos, japoneses y árabes, quienes en su mayoría vendrían munidos pasaportes otorgados en Chile, con finalidad desarrollar actividades para sabotear Mundial 78, desconociéndose modus operandi”.

En ese mismo sentido, otro parte aseguraba que “durante el desarrollo del Mundial se incrementaría el ingreso de estupefacientes al país”. La operación se realizaría “vía Bolivia y sería trasladada a Mar del Plata, para luego ser distribuida al resto del país”. Entre las causas se encontraba la afluencia de turistas, “el número elevado de artistas de nivel internacional generalmente consumidores” y la posible presencia de “grupos de traficantes internacionales” presentes en el país. Naturalmente, detrás de esto se pretendía ubicar a “elementos subversivos (que utilizarían la droga) como factor disociador”.

Pedraza el asesino de Mariano Ferreyra, seguirá preso

La Sala III de la Cámara de Casación Penal ratificó las condenas dictadas por el tribunal de primera instancia contra José Pedraza y todos los condenados por el homicidio de Mariano Ferreyra.

De este modo, Pedraza continuará cumpliendo la condena a 15 años de prisión ordenada por el Tribunal Oral N° 21.

Casación ratificó, asimismo, las penas menores impuestas contra el comisario Hugo Lompizano –que desde la Dirección General de Operaciones monitoreó y aseguró el apoyo brindado por la policía a la patota criminal- y las absoluciones de los barrabravas Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño y del subcomisario Rolando Garay, de la comisaría 30 de Barracas. En el caso de los jefes de los policías Luis Mansilla y Jorge Ferreira, la Cámara incrementó su pena de 10 años a 10 años y 8 meses de prisión.

Los jueces rechazaron tanto los planteos de absolución de las defensas de la patota de Pedraza como el pedido de las querellas, que reclamamos la imposición de prisión perpetua contra Pedraza y los suyos por la calificación del homicidio agravado de Mariano.

Ante el triunfo que implica que los condenados seguirán presos, el fallo no supera el límite del de primera instancia ya que mantiene la impunidad de los cómplices políticos y empresarios del ataque criminal que le costó la vida a nuestro compañero y graves heridas a Elsa Rodríguez. Nuestra querella había reclamado que se profundizara la investigación de las responsabilidades criminales de Aníbal Fernández –que estaba a cargo de la conducción política de la Policía Federal- y de los funcionarios de la secretaría de Transporte y de la ex Ugofe, concesionario del ferrocarril Roca.

Sara Méndez cuenta acerca del juicio a represores uruguayos que comenzó en Roma

La Justicia llega a Italia

Uruguaya, exiliada en la Argentina, fue secuestrada, llevada a Automotores Orletti y trasladada en secreto a Montevideo. Es una de las testigos del juicio italiano y explica este caso de jurisdicción universal.

 Por Alejandra Dandan

Sara Méndez es una las víctimas secuestradas por el accionar conjunto de las fuerzas argentinas y uruguayas durante el Plan Cóndor. Se escapó del golpe de 1973 al otro lado del río, pero fue secuestrada aquí, embarazada. Le tomó 26 años encontrar a su hijo. Aquí estuvo en el Centro Clandestino Automotores Orletti y luego la trasladaron ilegalmente a Montevideo con un grupo de detenidos que continuaron en prisión en ese país. Dio testimonio en numerosas causas y ahora acaba de volver de Italia, donde a quince años de iniciado un expediente comenzó el juicio por los uruguayos con nacionalidad italiana víctimas de la coordinación represiva del Cono Sur.

De paso por Buenos Aires, habla de la potencia de la “jurisdicción universal” y del nuevo rol del Estado uruguayo, que se presentó en Italia como querellante. Pero también de las limitaciones. Menciona el impacto en su país del juicio oral por los crímenes del Cóndor que se realiza en Argentina. Pero sobre todo se detiene en los dilemas de ese proceso de justicia uruguayo, con avances y retrocesos, aun durante los gobiernos del Frente Amplio. Méndez también habla de la Comisión por la Verdad y la Justicia impulsada por Tabaré Vázquez. Y más específicamente de sus problemas: “Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad –señala–. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Esto es lo que nos preocupa: nos da la impresión de que todo vuelve a cero y estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande”.

–¿Qué sucede en Italia? ¿Y por qué es importante ese juicio?

–En junio comenzó un juicio que habíamos iniciado hace quince años, sobre víctimas uruguayas de doble nacionalidad. Fue cuando acá estaban las leyes de Punto final y Obediencia Debida, y en Uruguay estaba la Ley de Caducidad. Tiramos distintas líneas. Así empezaron juicios en España y finalmente en Roma después de quince años. Ahí hay imputados uruguayos, militares, que en su mayor parte ya están presos y procesados en Uruguay. Salvo un capitán de la Armada que cuando fue requerido huyó a Italia porque tenía nacionalidad italiana. Es el único no procesado que es juzgado en Roma. Pero para nosotros esto es importante primero porque cuando se inició no había ninguna posibilidad de justicia. Las condiciones hoy son distintas. Hoy Uruguay es querellante. Y el Frente Amplio es querellante en Italia. Y para nosotros es muy importante que haya un fallo favorable en Italia sobre estos militares que ya fueron procesados en Uruguay porque sería un aval al trabajo de la Justicia uruguaya.

–Dijo, primero. ¿Y segundo?

–Porque es un juicio que asienta las bases de la justicia universal. Es decir, señala que los delitos que no son investigados en el país, tendrán otros países que continúan la tarea. Pero también es importante porque como dije es la primera vez que el gobierno uruguayo asume una responsabilidad y aparece como querellante. Eso es un cambio que comenzó hace diez años cuando el Frente Amplio llega al gobierno. Son pasitos, llenos de trabas, donde la sociedad civil tiene el papel de empujar permanentemente. Pero digo, en alguna medida, las trabas mayores cayeron con la Ley de Caducidad, que fue el gran escollo que tuvimos. Pero frente a este nuevo rol del gobierno nosotros hoy estamos diciendo: ¿qué pasa? ¿Es un cambio? ¿El Estado es querellante?

–¿No creen que da cuenta de un cambio político?

–Mirá, antes de viajar a Roma nosotros dijimos que necesitábamos saber cuál es la estrategia de la fiscalía. ¿Cuál la del abogado representante del gobierno uruguayo? Pero no hemos tenido respuesta. ¿Entonces qué empezamos a ver? Que no tenemos contacto con nadie. Ni con los fiscales, ni con los abogados del gobierno. Pedimos una videoconferencia. Pero nada. Llegamos a Italia y al otro día prácticamente declaramos. El conocimiento cara a cara es casi en el mismo juicio, con todas las dificultades de un país con otra legislación y la traba del idioma. Cuando volvió la primera tanda de testigos empezamos a plantear estas preocupaciones. Porque sería muy lamentable que ese juicio termine absolviendo a los que ya están procesados en Uruguay.

–¿En qué etapa está el juicio?

–Ahora hay una interrupción hasta septiembre por la feria. Nuestro deseo es que los que lleguen en septiembre encuentren un panorama mejor. Eso significa que el gobierno uruguayo asuma, no sólo formalmente, sino en la realidad, el compromiso sobre estos juicios que son muy importantes. Pero además que muestre que hay un cambio real en la postura del gobierno sobre cada uno de estos temas.

–¿Intuyen problemas para los procesamientos?

–Creo que son muchas las acusaciones y los testimonios son muy coherentes. Nosotros, los testigos sobrevivientes de Orletti, hemos atestiguado en montones de lugares con notoria coherencia. Sería difícil que suceda, pero no podemos estar jugando cuando las cosas se pueden hacer de otra forma.

–Tabaré puso en funciones a la Comisión por la Verdad y la Justicia que aparentemente señalaba un cambio. ¿Cuál es la evaluación?

–Cuando Tabaré Vázquez asume, una de las primeras cosas que propone es la revisión del pasado reciente. Señala que va a crear la Comisión por la Verdad y la Justicia y nombra a los integrantes. Hay una persona representante de Madres y Familiares. La persona central que la preside es Macarena Gelman, y después hay mucha gente de Iglesias con un destaque en el compromiso con los derechos humanos. Pero nosotros sentimos en alguna medida que es como volver a empezar. Pero no sólo lo decimos los activistas, sino que el pueblo en general sintió lo mismo: ¡A tantos años crear una comisión, una comisión!

–¿No se articulan los trabajos previos como los de la Comisión para la Paz?

–Esta comisión estaría por encima de la Comisión de Seguimiento que se formó para seguir con el trabajo de la Comisión para la Paz. Está pensada para tener vínculo directo con presidencia. O sea, tiene un valor importante. Y a su vez, si bien aún no estaba consolidada su forma legal, Tabaré Vázquez pidió a los organismos que hagan llegar sus opiniones. Y llegaron las opiniones. Envió Crisol, que reúne a los ex presos políticos y actúa orgánicamente. Envió el Observatorio Luz Ibarburu. Hicieron llegar un beneplácito, pero a su vez teniendo en cuenta que hay mucho tiempo que ha pasado acá. ¡Se nos están muriendo tanto las víctimas como lo victimarios! Y los procesos cuando mueren los victimarios, se cierran. Plantearon una serie de medidas para salvar los déficit del retraso. Algunas, de carácter funcional. Apoyo a los fiscales. Crear unidades de coordinación de causas, cosa que no existe. También a nivel de investigación. Elementos que son funcionales. No tienen gran costo ni materiales ni de organización, pero requieren de una voluntad política. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta. Nunca fueron llamados los organismos. Y lo único que hubo es que sí, ahora existe en forma legal la Comisión por Verdad y la Justicia, que es donde volcamos todas estas inquietudes.

–¿Entonces?

–Tenemos toda la impresión de que es una cuestión de forma, pero en realidad no se han tocado las bases fundamentales para romper la impunidad. No hay una convicción política de que se lleven a cabo. Lo vemos porque en marzo se formó la comisión y recién se institucionalizó en julio. No atiende estos requerimientos formales, que no son sólo formales sino que estructuran el camino. Y da la impresión de que se están empezando de nuevo a juntar la información ¡a 40 años de los hechos! ¿Qué pasó con los trabajos que fueron compilando los organismos de derechos humanos en estos años? Ahora hay un nuevo llamado para que la gente que tenga elementos, aporte. Se reanudaron excavaciones. Desde adentro de la comisión dicen incluso, muy bien, pero tenemos que trabajar con datos. No se pueden estar repitiendo errores.

–¿Tampoco sirvieron los trabajos previos como punto de partida? (N. de la R.: uno de los trabajos mas importantes de estos años fue realizado por historiadores de la Universidad de la República que hicieron un informe con el acceso a archivos estatales.)

–La Comisión para la Paz recogía testimonios. Hizo un llamado a los militares y policías con absoluta reserva del nombre. O sea que así no hay forma de ampliar las investigaciones porque no hay registros sobre de dónde provenía la información porque las garantías eran tales que se operó tomando sólo esos testimonios. Eso sucedió con (Jorge) Batlle. Se supone que la tarea debía haber continuado, pero la Comisión encontró que en hay un panorama bastante más desértico. O sea que no hubo un trabajo como el que esperaban encontrar. Eso nos preocupa: estamos jugando con el tiempo de una forma muy grande. Entonces creo que hay un dilema: ¿hasta dónde hay una voluntad política real del gobierno frentista de terminar con la impunidad permitiendo que se investigue? Pero además, hay otro punto importante en todo esto que es el Ministerio de Defensa.

–Se refiere a Eleuterio Fernández Huidobro. Tabaré es criticado porque volvió a ponerlo en funciones. ¿Aún es de la idea de que no hay que meterse con el pasado?

–Acá se ha hablado mucho de él porque siempre fue muy escandaloso. Hoy sabemos que muchos militares que están en el hospital militar no pasan a declarar cuando la Justicia los llama porque hay un certificado médico que dice que no están en condiciones. Eso dilata los juicios. Cuando la Justicia les requiere información, la mayoría de las veces dice: “Acá no hay información sobre esto”. O la información es tan parca que no sirve para nada. O sea que sin duda hoy las calles de Uruguay están llenas de pintadas que rechazan que se mantenga a este ministro cuando justo estamos entrando en una etapa muy importante y nos queda muy poco tiempo.
El Cóndor en Argentina

–Las querellas sostienen que el Juicio Cóndor aquí es importante también para los países hermanos con procesos de justicia mas difíciles. ¿Cómo cree que esto repercute en Uruguay?

–Yo quiero reivindicar siempre lo de Argentina. Lo que sucedió aquí fue fundamental pero no sólo para los uruguayos, fue fundamental para América, para los países que han pasado dictaduras. Esto muestra que la impunidad va a dejar siempre una brecha por donde se va entrar la justicia. Yo recuerdo aquí reuniones con los fiscales que fueron ejemplares. Me sirvieron a mí como víctima. Digo, yo no estaba sola. Y con mis compañeros sentíamos que eramos parte de un cuerpo. Creo que hay un avance de los derechos humanos a partir de la experiencia argentina.

–El Cóndor en Buenos Aires juzga a un militar uruguayo, el coronel retirado Manuel Cordero. Usted señaló que en los últimos tres años después que cayó la Ley de Caducidad se abrieron numerosas causas, pero no hubo un solo procesamiento. Dijo que creen que se enlenteció la Justicia. ¿Qué significa este juicio que finalmente llega a término sobre alguien como Cordero?

–Me parece que esto es de las cosas más importantes que espero de este juicio. Cordero aparece como un ser tétrico en todas las descripciones. Sádico, que operaba en Uruguay antes del golpe. Que se había especializado en OPR33, que después va a ser el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Y personaje que le gustaba aparecer. Decir su nombre y apellido. Y este juicio es importante porque se ha estado escapando primero a Brasil. Luego acá con esa libertad domiciliaria que la violaba continuamente, pero sobre todo porque es juzgado un personaje tan vil como éste. Y creo que va a ser una de las cosas que va a valer más, cuando sea procesado en Uruguay. Creo que él rompió con lo que eran pautas marcadas ya entre ellos, como el haberse salido del país cuando la Justicia lo buscaba. Un hombre que se la jugó solo.

–¿No piensan por qué Argentina pudo juzgarlo y Uruguay aún no?

–Hubo un problema de países que pidieron la extradición antes. Por eso Brasil lo entrega a la Argentina. Pero en ese momento muchos se alegraron porque dijeron allá lo van a juzgar.

–Habló de las deudas pendientes del Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial con una Corte Suprema muy conservadora?

–Cuando la Ley de Caducidad deja de funcionar (en 2011), nos dimos cuenta de que apareció el gran muro con el que tenemos que empezar a luchar que es el Poder Judicial. Y en los tribunales ahora la pelea es por la caducidad o no de las causas. No computan el tiempo de la dictadura; no computan el tiempo en el que la ley estuvo vigente y, por lo tanto, hay años para pelearla. Pero desde hace tres años no se procesa a nadie. Eso es un tema porque desde que la Ley de Caducidad dejó de estar en vigencia se presentaron muchísimos casos más. Gente que nunca se había presentado sobre todo en el interior del país.

Chile : “Contreras murió en una impunidad impresentable”

Lo dijo Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Se refirió a la muerte de Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el área que manejó durante 17 años y que el principal herramienta del aparato represivo de la dictadura pinochetista. Fue, además, una pieza clave en la creación del Plan Cóndor.

    “En Chile aún no hemos sido capaces de reconstruir nuestra...

Cercado por la justicia, y por diferentes enfermedades, murió a los 86 años el hombre que durante 17 años manejó la red de espionaje más amplia y nutrida de América Latina. Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) de Chile, cumplía una condena de 529 años de cárcel en Punta Peuco, un presidio construido en las afueras de Santiago para encerrar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. “Provoca frustración porque, finalmente, Contreras murió en una impunidad impresentable”, dijo Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que trascendiera la noticia de su muerte. “El dolor que vivió Chile no se desaparece porque muera el jefe del aparato represivo de Pinochet. Necesitamos garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó la dirigente en una entrevista a la televisión chilena.

El 28 de julio pasado, a causa de sus enfermedades avanzadas, Contreras había sido trasladado desde el penal hasta el hospital Militar, en las afueras de Santiago de Chile. El viernes murió allí el hombre que fue una pieza clave en la creación del Plan Cóndor —la coordinación de las dictaduras militares de América del Sur para perseguir borrando las fronteras nacionales a opositores políticos—, y se vanagloriaba de haber manejado una vasta red de 50.000 informantes en Chile y en el exterior. Luego de ser condenado por numerosas masacres en los tribunales de su país, se fue sin mostrar ni una señal de arrepentimiento: desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, se calcula que la dictadura militar chilena torturó y  desapareció a 38.000 personas, según informes oficiales elaborados en democracia.

La primera vez que el mentor de la policía secreta traspuso las rejas fue en octubre de 1995, después de que un tribunal lo condenara a siete años de cárcel como autor intelectual del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976. Al funcionario lo mataron con una bomba que había sido colocada debajo de su auto, y que había sido activada por control remoto por un agente de la CIA, Michael Townley. Cuando lo fueron a detener, Contreras se atrincheró en una finca del sur del país. El propio Pinochet lo llamó por teléfono y le aconsejó entregarse. Desde mucho tiempo atrás, Contreras consideraba que su jefe había abandonado a quienes hicieron el trabajo sucio de la represión. En 1997, aseguró que el ex dictador era el verdadero capo de la DINA.

Familiares de Luciano Arruga por el derecho a saber "¿qué pasó con Luciano?"

“Nos oponemos al pedido de nulidad de la fiscal Roxana Castelli, sí a la investigación y sanción”

Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga le solicitamos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que resolverá el 13/08 a las 11 am el pedido de nulidad de la fiscal, respeten nuestro derecho a saber toda la verdad sobre lo que paso con Luciano Arruga. Les pedimos a los funcionarios: Juan Carlos Hitters (actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires); Carlos Alberto Álvarez (abogado); Diana Graciela Fiorini (abogada); Guillermo Alejandro Britos (legislador); María Elena Torresi (legisladora); Rubén Gustavo Oliva (legislador); Luciano Martini (legislador)y Guido Martín Lorenzino Matta (legislador);definir la fecha de investigación y enjuiciamiento de los funcionarios provinciales que participaron en el proceso de investigación por la Desaparición de Luciano durante 4 años, ocasionando daños irreparables y violando los derechos de quienes en vida buscamos saber la verdad sobre el sufrimiento del joven de 16 años.
El 27 de marzo de 2015 la defensa de la Fiscal Bonaerense Roxana CASTELLI solicitó que se dejara sin efecto la investigación que pesa sobre ella (pedida por la familia del joven muerto y desaparecido Luciano Arruga) argumentando que las tareas de la funcionaria cesaron el 12 de marzo de 2009, fecha en la que fue desplazada por haber cometido serias irregularidades. Por ello, en virtud del tiempo transcurrido solicitaron el fin de la acción por prescripción; pero aproximadamente dos años antes, el 14 de diciembre de 2012 la familia acompañada por el CELS presentó la denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires contra la fiscal Roxana Castelli de la Unidad Fiscal Numero 7 del partido de La Matanza por el mal desempeño de sus funciones (citamos los hechos denunciados):

1) Haber violado la resolución 1390 de la Procuración General, en función de la delegación de la investigación en la Policía Bonaerense, cuyos integrantes eran señalados desde el primer momento de la investigación como sospechosos de la probable comisión de un hecho delictivo.

2) Haber omitido la producción de prueba relevante.

3) Haber ignorado las denuncias de hostigamiento policial sobre Luciano ARRUGA.

4) Haber omitido la correcta identificación de testigos en el lugar donde vivía Luciano ARRUGA.

5) Haber realizado sin la debida diligencia diversos estudios periciales sobre las dependencias policiales y/o los móviles;

6) Haber omitido la investigación de innumerables irregularidades policiales. Haber omitido investigar las torturas sufridas por Luciano en septiembre de 2008 y por otros testigos, a pesar de haber tomado conocimiento de ellas.

7) Haber omitido la realización de medidas de prueba conducentes para determinar lo ocurrido-
No a la nulidad! Si a la investigación y sanción!

Luciano Arruga y todos los pibxs asesinados y desaparecidos por la violencia del Estado presentes!

Llega la Caravana en apoyo al ACAMPE QOM PIWINI

En la tarde del 31 de julio, arribaron desde Formosa referentes de las comunidades originarias para sumarse al acampe que ya supera los 5 meses instalado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, aunque sin respuestas de las autoridades nacionales, en su demanda de restitución de sus tierras.
A las 16.30 arribó a la Torre de los Ingleses, Retiro, el camión que transportaba a los referentes de los pueblos originarios que minutos antes habían llegado desde las comunidades Qom "Potae Napocna Navogoh", Pilagá, Wichí y Nivaclé de la provincia de Formosa. Allí los esperaba una multitud con wiphalas y pancartas que hacían alusión a la consigna que los habían convocado: “La Tierra es nuestra vida”.

La movilización tomó por Avenida Santa Fe, 9 de Julio y se detuvo en el emblemático Obelisco porteño. Allí, frente hombres de rostros curtidos y cansados, mujeres con sus nenes en brazos o cargándolos en sus aguayos, niños que quizás hayan salido por primera vez de su comunidad, y sobre todo muchos jóvenes de las cuatro comunidades, Eduardo Díaz, hijo del líder de la comunidad La Primavera Felix Díaz, tomó la palabra: “Venimos a acompañar a nuestros hermanos que están acá (en el acampe) desde hace más de 5 meses. Venimos porque aunque nos ignoran, no bajamos los brazos y no nos vamos a ir sin una respuesta”, dijo, para continuar: “Estamos ante un gobierno (provincial) racista, que discrimina, que asesina, que nos masacra. El Estado nacional tiene todas las facultades para poner fin a esta situación y que nosotros la venimos soportando desde hace cientos de años. La Constitución Nacional reconoce a la preexistencia de los pueblos originario y, en consecuencia, nuestro derecho legítimo a la tierra. Queremos que se cumpla la constitución, queremos que nos respeten. Venimos hasta acá porque queremos darle visibilidad a este reclamo” afirmó.

Luego, la marcha continúo por diagonal norte hasta Plaza de Mayo donde, de cara a la Casa Rosada, la multitud escuchó en silencio a los líderes originarios que se fueron sucediendo en el micrófono. Los testimonios del despojo relataron los padecimientos producto de la negación de todo. “Me mataron a mi familia”, “No tenemos medicamente”, “violaron a mi hijo”, “Nos sacan los documentos en época de elecciones…”

Luego llegó el turno de referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, Pablo Pimentel de APDH La Matanza y Leandro Despouy, quienes además de reclamar por una pronta solución, resaltaron la importancia de apoyar a las comunidades y, con este acto, fortalecer la Democracia. Todos instaron al ejecutivo a no desaprovechar la oportunidad histórica de comenzar a resolver las demandas de los pueblos originarios.

Al cierre, los líderes se dirigieron al acampe para encontrarse con los hermanos que están viviendo en las carpas de Avenida de Mayo y 9 de Julio y celebrar allí el día de la Pacha Mama. Allí esperan deliberar de manera de acordar cómo continúan esta lucha que nombraron como “La tierra es nuestra vida”.

 

Fuente : indymedia argentina