"REGRÉSENLOS" (discurso de Elena Poniatowska en el Zócalo)

Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero reclamamos aquí en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta: “Regrésenlos”

La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero es muy pobre pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre.

Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la república. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa, miles de mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen pero conciernen sobre todo a los jóvenes porque además de ser el futuro tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice “Sin maíz no hay país”, sin los jóvenes no hay nada.

El pasado miércoles 23 de octubre en una marcha que NO convocó un solo partido, los ciudadanos se organizaron solos e inauguraron una protesta ejemplar, absolutamente fuera de serie. La marcha resultó cinco veces mayor que la consignada por los medios: 350 mil personas, un río de gente seguía entrando y abarrotaba las calles aledañas al zócalo de por si lleno a reventar. La multitud protestaba contra el crimen de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. Los estudiantes fueron cazados, sometidos a la tortura hasta la muerte, a la desaparición forzada, a ejecuciones arbitrarias y ahora los culpables quieren librarse de su responsabilidad acusando a los jóvenes y buscan criminalizarlos al querer ligarlos al cartel de “Los Rojos” o a “Guerreros Unidos”. No se vale desviar la investigación de los hechos y deslizar en conferencias de prensa que se trata de un enfrentamiento entre cárteles. Tampoco se vale implicar a los muchachos en grupos guerrilleros. El “caso Iguala” es una mancha atroz en la vida oficial y política de nuestro país ya de por sí hundida en el lodo.

El periodista París Martínez se preocupó por levantar con amigos y familiares perfiles de los estudiantes. Es justo, a pesar de que solo podamos hacerlo con unas cuantas líneas, que recordemos a cada uno y por eso les pido que después del nombre y la descripción de cada muchacho digamos todos al unísono: “Regrésenlo” así como en la Guardería ABC en Hermosillo cuando la muerte de 49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 dijimos “Presente”, el nombre de cada niño.

1. Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, de Omeapa delgado, de cara espigada, de ojos rasgados apodado “Coreano” camina 4 kilómetros de ida hasta la carretera para tomar el transporte y cuatro de regreso porque quiere ser maestro de primaria en su tierra Omeapa.

2. A Luis Ángel Abarca Carrillo, de 21 años, de la Costa Chica, de San Antonio, municipio de Cuautepec lo apodan Amiltzingo. Muy cariñoso, es miembro de la “Casa Activista” en la que los normalistas pueden inscribirse para recibir formación política. Allá adentro resuena el nombre de Lucio Cabañas. Los ricos de Guerrero consideran revoltosos a los normalistas porque el héroe al que buscan imitar es el guerrillero Lucio Cabañas que también fue maestro.

3. A Marco Antonio Gómez Molina, de 20 años apodado Tuntún de Tixtla le encantan las tocadas de rock, le gusta mucho “Saratoga”, “Extravaganza”, “Los Ángeles del Infierno”. También él es compañero que siempre hace reír de la Casa Activista.

4. A Saúl  Bruno García, de 18 años lo conocen como Chicharrón, y es “desmadroso”, es de los que trata de hacerte reír hasta donde más, muy bromista y amistoso. Es de Tecuanapa y le falta el dedo anular de la mano izquierda porque se lo mordió el molino cuando hacia la masa. Saúl Bruno García rapó a todos los de la “Casa Activista”. Un compañero tenía fotos del momento de la rapada en su celular, pero los policías se lo quitaron.

5. Jorge Antonio Tizapa Legideño, de Tixtla tiene 20 años –dice su mamá–, y tiene un hoyito en la mejilla izquierda. Le gusta trabajar en el campo sembrar granos y hortalizas porque nunca alcanzan los recursos del gobierno estatal para los 500 estudiantes.

6. Abel García Hernández, de Tecuanapa es un niño campesino de 19 años, tiene una mancha atrás de la oreja derecha, es flaquito y mide 1.62 de altura.

7. A Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, de 19 años lo bautizaron como “el Frijolito” y es de la Costa. Parlanchín, siempre está dispuesto a ayudar a las personas”. “El Frijolito” fue el primero en ponerse de pie para donar su sangre cuando la pidieron en Tixtla para un enfermo.

8. Adan Abraján de la Cruz, de 20 años, campesino, es del Barrio de El Fortín, en Tixtla, un pueblo que cuida la Policía Comunitaria. Es del equipo de futbol de los Pirotécnicos de El Fortín, sus amigos lo consideran buen futbolista…

9. Felipe Arnulfo Rosa, campesino es de un rancho del Municipio de Ayutla y tiene 20 años. Se cayó de espaldas siendo chiquito y tiene una cicatriz en la nuca.

10. A Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, lo bautizaron como “Pilas”, por inteligente. “No echa relajo, es sereno y razona mejor que otros, le gusta tener todo en su lugar”. Emiliano fue uno de los 20 alumnos de primer ingreso que, hace dos meses se inscribieron en la Casa Activista. Diez miembros de la Casa Activista se encuentran entre los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre.

11. César Manuel González Hernández, de 19 años es de Huamantla, Tlaxcala, desmadroso, tiene el apodo de “Panotla”, pero también le dicen “Marinela”, porque una vez, en Jalisco, se llevó la camioneta de la empresa que hace pastelitos.

12. Jorge Álvarez Nava, “el Chabelo” de 19 años es del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, tiene una cicatriz en el ojo derecho y es tranquilo. Nunca alburea a nadie, nunca dice una grosería y su paciencia hace que nunca le falte al respeto a nadie. Es uno de los más sensibles de la Casa Activista... Sus padres aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa y se abrazan al hablar de él.

13. José Eduardo Bartolo, Tlatempa, de 17 años es de Tixtla, estudiante de primer año de la Normal Rural. Su padre es albañil de oficio y espera que su hijo sea profesionista.

14. Israel  Jacinto Lugardo, de 19 años es de Atoyac, y sus amigos lo apodan “Chukyto”. Su mamá sostiene un cartel con el rostro de su hijo y lo exhibe ante los automovilistas, durante la toma de la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol. “Él es medio robusto, tiene una cicatriz en la cabeza. Su piel es morena clara, su nariz media chata. Es un buen muchacho, se vino con mucha ilusión a estudiar.

15. Antonio Santana Maestro, apodado Copy porque habla muy bien en público, es reconocido en la Casa del Activista a la que acuden los otros jóvenes. El Copy toca la guitarra, también le gustan los videojuegos, juega con el PSP… pero lo que más le encanta, es la lectura…”

16. Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Su papá viajo desde su tierra apenas se denunció el rapto de los 43 jóvenes normalistas. “Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo. Mi muchacho quiere ser maestro esa es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron… ¡¿Qué vamos a hacer?!”

17. A Luis Ángel Francisco Arzola, de 20 años, sus compañeros normalistas lo conocen como “Cochilandia”, pero nadie sabe por qué. Llegó con el apodo. Es un chavo serio, trabajador, y aquí lo estamos esperando y queremos que él sepa que no vamos a parar hasta encontrarlo”.

18. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, de Apango, municipio Mártir de Cuilapa  tiene 23 años, y sus compañeros consideran que el “ya es grande”. Ellos tienen entre 17 y 20 años. En su pueblo, Apango, era peluquero para salir adelante. Es un chavo bajito, “chido” según sus cuates porque los apoya, da consejos, da todo a cambio de nada. Cuidaba a sus papás y a sus hermanos. Vino a la Normal en el mismo asiento del autobús con un compañero “pero empezaron los balazos y desafortunadamente él corrió para un lado y yo para otro, a él lo arrestaron los policías de Iguala, yo logré escapar, pero desde entonces no lo encuentro…”

19. Benjamín Ascencio Bautista, de 19 años, a quién le dicen “comelón” porque un día se acabó solo todas las galletas en una mesa durante una conferencia es originario de Chilapa. Antes de ingresar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa  fue educador comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Se prepara a voluntarios para alfabetizar en poblaciones marginadas, aisladas, rurales e indígenas de todo el país.

20. Alexander Mora Venancia, de 19 años y proveniente de “El Pericón”, municipio de Tecuanapa, Guerrero, nadie le podía quitar la idea de ser maestro. Le gusta dar clases. Primero ayudó en el campo pero quiso estudiar… “Y yo le exijo –dice su padre- a la autoridad que haga su trabajo como debe ser, que no tape a los culpables de la masacre que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal. Así como vivos se los llevaron, quiero que vivos los regresen…”

21. Leonel Castro Abarca, campesino de la comunidad de “El Magueyito”, municipio de Tecuanapa, no tiene apodo y para sus amigos “es una persona seria, pero con sentido del humor. Sueña con ser maestro, para sacar a su gente adelante.

22. Everardo Rodríguez Bello, de 21 años es originario de Omeapa. Lo conocen como El “Shaggy” porque se parece al de Scooby Doo. Técnico en mecánica automotriz desde el CONALEP se enoja mucho con la desigualdad sobre todo cuando se trata de comida: si a ti te dan seis tortillas y a él cinco, protesta.”

23. Doriam González Parral, de Xalpatláhuac, Guerrero tiene 19 años. Es chaparrito y “se ve como un niñito”, “y por eso le dicen “Kínder”. Causa mucha gracia cuando echa relajo.  Tiene un hermano en la Normal… Los hermanos entraron juntos, es notoria su fraternidad y los dos fueron secuestrados juntos…”

24. Jorge Luis González Parral de 21 años, es el hermano mayor de Doriam, el Kínder, es un compañero serio que ha trabajado en diferentes taquerías y aunque le gustaba quería progresar y escogió ser maestro igual que Kinder su hermano. Su apodo es “Charra” porque tiene una cicatriz en la pierna como si se la hubiera hecho con una charrasca…”

25. Marcial Pablo Baranda,de 20 años habla una lengua indígena y quiere ser maestro bilingüe al lado de otros maestros bilingües que vienen de pueblos todavía más pobres. Es bajito, buena onda,  primo de Jorge Luis y Doriam y sus amigos lo apodan “Magallón”, porque su familia tiene un grupo musical tropical con ese nombre que canta canciones de su tierra la Costa Chica. Se la pasa cantando cumbias y toca la trompeta y las tarolas.

26. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, de Xalpatláhuac, también es de la banda de los Kínder, a él le dicen “Chivo” y es serio y aunque se lleva bien con todos casi no echa desmadre…”

27. A Abelardo Vásquez Peniten, originario de Atliaca, Guerrero, le gusta el futbol. En un partido hace poco metió muchos goles… Nunca echa desmadre, se da a respetar porque nunca le falta al respeto a nadie ni anda criticando. Además del futbol le encanta estudiar porque agarra un libro y agarra otro y otro, y otro.”

28. A Cutberto  Ortíz Ramos de Atoyac le dicen “El Kománder” porque tiene cierto parecido con el cantante de corridos norteños. Tiene una mirada muy fuerte, es robusto, alto, amigable, responde de buena manera. En los campos de cultivo de la escuela le echa ganas… Y le encanta contar un chiste de Bob Esponja, se ríe e imita a la perfección la risa de Bob Esponja…”

29. Bernardo Flores Alcaraz, campesino, tiene 21 años y en su pecho un lunar como una manita de gato… Tiene mucha ilusión de ser maestro y de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En el campo hay mucha gente rezagada en educación y su ilusión es enseñarles…Los 43 normalistas salieron a recabar fondos para hacer sus prácticas, no se vale que les trunquen su vida y los dejen tirados en su sangre…

30. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa de Tixtla apodado el Churro de 21 años es el mayor de cuatro hermanos y “el único apoyo de su mamá” según su prima quien marchó durante cinco horas manteniendo en alto una pancarta con su retrato. Lo invitaron a la jornada de boteo del 26 de septiembre. Es un muchacho sumamente noble que mantiene a una sobrina de un año porque su hermana es mamá soltera y funge como figura paterna. Su prima reclama con furia su presentación así como pide justicia para los muchachos de Tlatlaya en el estado de México que son muchos.

31. Mauricio Ortega Valerio de Matlalapa o Matlinalpa cerca de “La Montaña” 18 años es apodado “Espinosa” porque cuando lo raparon – tradición en la Normal de Ayotzinapa para los alumnos de primer ingreso– le salió cierto parecido con Espinosa Paz, el cantante.

32. A Martín Getsemany Sánchez García de Zumpango, de 20 años, a quién le gusta jugar futbol y le va al Cruz Azul, toda su familia lo busca. Tiene ocho hermanos y durante la marcha del miércoles 22 en Chilpancingo, sus familiares llevaron una manta con su fotografía.

33. Magdaleno Rubén Lauro Villegas de 19 años, conocido como El Magda, es un compa tranquilo y noble que estudia para convertirse en maestro bilingüe, para para dar clases a los niños indígenas que no hablan español…”

34. Giovanni Galindo Guerrero de 20 años conocido como el Espáider, “porque es flaquito y tiene su propio estilo para correr y brincar como si se estuviera colgando de las telarañas igual que el “Hombre Araña”…”

35. A José Luis Luna Torres de 20 años de Amilzingo, Morelos, sus cuates le dicen Pato, porque se parece al Pato Donald y tiene voz de pato. Es serio, tranquilo, siempre te habla bien, es buena onda, pero es callado y no echa mucho desmadre.

36. Julio Cesar López Patolzin de 25 años de Tixtla “no tiene apodo. Le dicen simplemente “El Julio”. Es buena onda el bato pero calladito, no echa mucho relajo, solo se lleva con unos pocos pero siempre es agradable…”

37. A Jonás Trujillo González de la Costa Grande del Ticuí municipio de Atoyác de Álvarez le dicen Beni porque su hermano también está en la Normal de Ayotzinapa pero en segundo año y él se llama Benito… Por lo tanto ellos son los Benis… Es alto, gordito y se lleva muy bien con su hermano. Los dos son muy parecidos, aunque el menor es más alto y más clarito de piel…”

38. A Miguel Ángel Hernández Martínez, de 27 años lo apodan “Botita” porque a su hermano mayor quien también estudia en la Normal le dicen “El Bota” y a él , en automático, le pusieron “el Botita” aunque es de estatura media y gordo, nada desmadroso, siempre amigable, sano, no pesado: No es alburero, es buena onda de echar la mano, pendiente de los demás, un chavo muy solidario con todos, que en la clase le explica al profe y le hace el paro…”

39. Christian Alfonso Rodríguez de 21 años, de Tixtla anhela ser maestro y le gusta la danza folclórica. “A él le dicen “Hugo” porque siempre usa playeras de Hugo Boss. Su primo en la marcha del miércoles 22 se quedó ronco de tanto explicar: “No solo es mi primo, es mi amigo… es una persona muy aplicada, muy dedicada al estudio y a la danza y es injusto que alguien que se entregue y se esfuerce de ese modo, sufra consecuencias trágicas a manos del gobierno…”

40. José Ángel Navarrete González de 18 años comparte una habitación dentro de la Normal con otros dos jóvenes, en la que no hay un solo mueble, ni siquiera camas, sólo pliegos raídos de hule espuma.

41. A Carlos Iván Ramírez Villarreal de 20 años le dicen “El Diablito” La verdad es que es bueno, no se mete con nadie, tranquilo, quiere ser alguien pero en buena onda, no payaso pues…”

42. José Ángel Campos Cantor de 33 años de Tixtla es el de mayor edad de los 43 normalistas desaparecidos. Aunque mayor nunca abusa de los demás, al contrario, apoya en todo, es amigo de todos…”

43. A Israel Caballero Sánchez originario de Atliaca, un pueblito a la mitad del camino entre Tixtla y Apango le dicen “Aguirrito” por gordito. Está preparándose para ser maestro en comunidades indígenas y cuando sus compas le dicen Aguirrito protesta: “No sean cabrones, no me pongan esa chinga…”

Ayotzinapa está destrozado. México está destrozado. Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa conservan los tenis rotos de sus compañeros, su ropa, hasta los cartones que les sirven de cama. Esperan su regreso a pesar de que al extraordinario sacerdote Alejandro Solalinde, protector de los migrantes que ahora mismo celebra misa en Ayotzinapa, varios testigos le dijeron que los estudiantes habían sido asesinados, desmembrados y tirados a una fosa a la que le prendieron fuego. No hay respuesta suficiente entre crimen tan grande. La foto del estudiante del estado de México Julio César Mondragón al que le sacaron los ojos circula en Internet, su rostro desollado. Estamos ante una catástrofe nacional. En cinco estados hay protestas en apoyo a los 43 desaparecidos. México se desangra. La comunidad internacional está escandalizada y considera que México es ahora el país sin guerra más peligroso para los jóvenes. Jóvenes mutilados, jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la indignación. La madre del estudiante de Guadalajara Ricardo Esparza que asistió al Cervantino de Guanajuato dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad? O como se pregunta Gloria Muñoz Ramírez. “¿Hasta dónde ha llegado el terror implantado por el gobierno en el seno de la sociedad?” Frente al terror solo queda la unión de un pueblo que se levanta y grita como lo ha hecho durante días: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas

El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países

DANILO ALBIN Madrid 22/10/2014

El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.

Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.

Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar "cursos de formación" en instalaciones del ejército y la marina española.

Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 "modelo detective" de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.

Intercambio represivo

Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.
El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el "manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales".

En esas mismas fechas, La Moncloa respondió a la generosidad argentina con una propuesta muy especial a uno de sus marinos, el teniente de fragata Jorge Osvaldo Troitiño. De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, Troitiño había viajado a Europa para "prestar servicios en la Agregación Naval" de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval. Gracias al correspondiente permiso otorgado por la Guardia Civil, podía llevar en la cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38. El 6 de mayo de 1978, sus profesores españoles lo eligieron para que realizase una exposición sobre Argentina, de manera que pudiese explicar a sus camaradas las bondades del "régimen político" de Videla y su "desarrollo futuro".
Con ganas de aprender

Troitiño fue uno de los más activos "estudiantes" enviados por la dictadura a España, pero no el único. De acuerdo a los listados oficiales, 33 militares argentinos desfilaron por las dependencias militares de este país entre 1976 y 1983. Siete de ellos se apuntaron al curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército, mientras que otros lo hicieron en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos se encontraba el marino Carlos José Pazo, uno de los torturadores que prestaba funciones en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio del país.

Otro de sus compañeros de torturas, el teniente Néstor Savio, también fue premiado con un viaje a España para realizar el curso de Mando de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz), mientras que Ricardo César Araujo -un marino muy activo en la mal llamada "lucha antisubversiva"- consiguió que sus jefes de la Armada lo enviasen a Madrid "en comisión permanente" -lo que le dotaba de protección gubernamental- para acudir al curso sobre "Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina".

De acuerdo a una nota confidencial del Estado Mayor de la Armada Argentina, Araujo debía permanecer en España entre agosto de 1980 y noviembre de 1981. En su legajo, sus jefes reconocían su "activa participación" en la "lucha contra la subversión" en Bahía Blanca, una ciudad situada a 600 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente por eso, tres décadas más tarde un tribunal de esa localidad lo acusó de "haber formado parte del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas". Cuando viajó a España, Araujo ya cargaba en la espalda todos esos deleznables actos.

La escuela porteña

La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por parte del gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para que realizaran distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina. "Los cursos realizados por estos oficiales se efectúan en virtud de intercambios de alumnos y como consecuencia de acuerdos firmados en reciprocidad con países con los que se mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años y que continúan en la actualidad", justificaba en 1998 el ministerio de Defensa español ante un requerimiento de información efectuado por el juez Baltasar Garzón, quien entonces trataba de investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

De acuerdo al listado proporcionado en aquel momento por Defensa, entre 1979 y 1983 ocho miembros del ejército español realizaron el curso de inteligencia ofrecido por la dictadura. Varios de ellos visitaron las instalaciones de la ESMA, el mismo recinto donde funcionaba el campo de concentración. El entonces comandante Cristóbal Gil y Gil admitiría este extremo frente a Garzón, ante quien tuvo que declarar el 16 de junio de 1998. De acuerdo a su testimonio en la Audiencia Nacional, Gil y Gil -que prestaba funciones en el SECID- había viajado a Buenos Aires en abril de 1981 para participar en un curso de "Estudios de Personal", dirigido al "aprendizaje de técnicas policiales de identificación de huellas y microfilmación de documentación, así como técnicas de modernización del Servicio de Inteligencia".

Al ser consultado sobre sus visitas a la ESMA, el militar aseguró que había estado allí en tres ocasiones. Cuando Garzón le preguntó por los nombres de sus anfitriones, respondió que no se acordaba de ninguno. Ante su falta de memoria, el juez le mostró varias fotos de los represores que se movían por ese centro, pero no sirvió de nada: su mente continuaba en blanco. Los abogados querellantes le preguntaron si había recibido instrucciones "sobre formas de combatir la subversión", a lo que Gil y Gil volvió a contestar con otra evasiva: "esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental".

El comandante del CESID tampoco estaba al corriente de la utilización de la ESMA como campo de concentración, un aspecto que había sido denunciado en varias ocasiones a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. En su declaración, Gil y Gil alegó que ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos. Como mucho, creía que allí existía un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideólogos dispares". El saldo fue de 30 mil personas asesinadas por el terrorismo de estado.

La dictadura de Videla y España intercambiaron apoyos, medallas y regalos

El régimen argentino recibió el apoyo del Estado español para acceder a foros internacionales. También hubo un nutrido cruce de condecoraciones militares. Entre los premiados se encuentra el rey Felipe

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"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.

Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.

Del mismo modo, varios militares españoles -todos ellos de inocultable raigambre franquista- guardan a día de hoy en sus cajones las distinciones otorgadas por la dictadura de Videla. Uno de los primeros fue el capitán de navío Fernando de Salas, condecorado en una pomposa ceremonia celebrada en la embajada argentina en Madrid. También fueron premiados el general de Brigada Manuel Vallespín - jefe de la Segunda División del Alto Estado Mayor-, a quien el régimen condecoró en agosto de 1977 con la medalla del Ejército argentino, y el jefe de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, homenajeado con la Orden de Mayo al Mérito.

El ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, también fue objeto de una distinción por parte del régimen militar. En octubre de 1981, la Armada argentina -uno de los cuerpos más brutales en materia represiva- designó al hijo de Juan Carlos de Borbón como "Guardiamarina Honoris Causa". La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a La Zarzuela.
Te voto si me votas

Ambos países no sólo intercambiaron medallas y elogios. Durante aquellos años, la dictadura de Videla y el gobierno de Adolfo Suárez establecieron un eficiente sistema que les permitió negociar la participación de sus respectivos estados en distintos organismos internacionales. El encargado de abrir el juego fue un sobrio diplomático español, Manuel Thomás de Carranza. El 28 de julio de 1976, el funcionario redactó una minuta en la que invitaba a Argentina a participar en el séptimo congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales "y a ocupar junto con España -que presidirá dicho evento- la otra Presidencia reservada a un país Hispano-Americano".

El 11 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de UCD se inmiscuyó en una cuestión tan delicada como la disputada soberanía de las Islas Malvinas, reivindicadas por los argentinos y ocupadas por los ingleses. En una nota de tres párrafos, el Ministerio de Asuntos Exteriores -por entonces a cargo de Marcelino Oreja- notificaba que "el Gobierno español, de acuerdo con su tradicional posición, prestará decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas".

"En este sentido -declaraba solemnemente el Ministerio-, se cursan instrucciones a la delegación de España en el XXXI período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que preste su apoyo al proyecto de resolución sobras las Islas Malvinas". Una semana después, el embajador argentino Leandro Enrique Anaya transmitía a Oreja la "complacencia y agradecimiento" de la dictadura "por el apoyo solidario a la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, que concita un unánime sentimiento nacional argentino".
"Lazos de amistad"

Otro de los pactos se selló discretamente a comienzos de agosto de 1977, cuando media España estaba de vacaciones. Según consta en una nota fechada el primer día de ese mes, el gobierno de Suárez aceptó la petición de apoyo que le había formulado el régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque no lo haría gratuitamente. Tras invocar "los tradicionales lazos de amistad hispano-argentina", Exteriores anunciaba que apoyaría al candidato de la Junta Militar "en la seguridad de que la petición de apoyo hecha por España para su reelección (...) recibirá el mismo trato por parte de la delegación argentina".

Aún más increíble resulta la nota del 18 de noviembre de 1978, por medio de la cual Argentina informaba al Gobierno español sobre su postulación "para integrar la Comisión de Derechos Humanos" del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y pedía el respaldo de España, basándose en la "permanente y favorable disposición que ambos gobiernos han evidenciado ante recíprocas aspiraciones llevadas adelante en distintos foros internacionales".

Mientras negociaban estos acuerdos, los diplomáticos de Videla seguían coqueteando con los sectores más ultras del ejército posfranquista: el 15 de febrero de 1977, la embajada argentina destinó 20.000 pesetas a la compra de un obsequio en la lujosa tienda London's Shop para el capitán general de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar Nieto, un excombatiente franquista de la División Azul que había peleado junto a los nazis. Diez días después, la delegación gastó otras 2.152 pesetas en artículos ecuestres que fueron obsequiados al general ultraderechista Jaime Milans del Bosch, quien en 1981 participaría activamente en el fallido golpe de Estado del 23-F. Para Milans, Videla siempre sería un referente.

Advertencia judicial por el proyectado metrobus de Paseo Colón

Para no atropellar la memoria

Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar el ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.

La Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las instalaciones del ex centro clandestino de detención (CCD) Club Atlético, ubicado en el Bajo porteño y por donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003, que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.

En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos. Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García, lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de la autopista 25 de Mayo.

Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.

La presentación del CELS recuerda que declaraciones de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22 de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD, por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.

“La necesidad de conservar todo el material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.

El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.

El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no fue respondido.

La Cámara del crimen pide revisar una causa sobre delitos de lesa humanidad

Señal de alarma en tribunales

El abogado del represor Jorge Olivera Rovere presentó un hábeas corpus y, con ese instrumento, la Cámara del Crimen pide la revisión de toda la causa. En el fuero federal hay inquietud por el efecto que pueda tener sobre otros expedientes.

 Por Alejandra Dandan

Jorge Carlos Olivera Rovere fue jefe de los centros clandestinos de detención de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene una condena firme a prisión perpetua y está imputado en numerosas causas de lesa humanidad. Según una resolución de la Cámara de Casación, debería estar detenido en el hospital penitenciario de Ezeiza, pero gracias a la beligerancia jurídica de su abogado continúa con una prisión domiciliaria. Su abogado es el ex juez de la dictadura Norberto Giletta. En los últimos días, presentó un hábeas corpus en la Justicia ordinaria, un fuero ajeno a las causas de lesa humanidad. Un juez rechazó el planteo pero, insólitamente y en una alianza que preocupa, el hábeas corpus fue aceptado por la Sala VI de la Cámara del Crimen, un tribunal que tampoco tiene competencia en esta área y que ahora pide la revisión de toda la causa. Quienes vienen trabajando en este expediente están preocupados por los efectos secundarios.

Lo particular del caso es el modo en que se usó el recurso del hábeas corpus: “La situación es que el defensor pretende una nueva revisión de lo resuelto por los jueces federales a través de un hábeas corpus –señala uno de los funcionarios judiciales más preocupados–. Y ése es un instrumento cuyo fin es definitivamente ajeno porque sólo puede usarse ante detenciones ilegales o por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de libertad”.

El uso de ese recurso, a la vez, podría generar efectos en otras causas. Para estas mismas fuentes, las resoluciones de la Sala VI de la Cámara del Crimen crean un mecanismo irregular “no previsto en la ley que, en definitiva y como mínimo, logra retrasar el ingreso a la prisión y hasta podría llegar a impedir que se cumplan las sentencias”. Es como si un tribunal, a partir de ahora, dijera tener facultades para revisar todo lo que hacen otras zonas de competencia judicial. “Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas federales son contradictorias –explican–. Más aún si se tiene en cuenta que las decisiones de los tribunales de Casación fueron tomadas en el marco de procesos distintos.”

Los “hábeas corpus” fueron uno de los instrumentos invocados por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura para denunciar los secuestros ilegales de sus seres queridos. Giletta, en ese momento, era juez y quien lo asistía como secretario era Alfredo Bisordi. Hoy esos dos nombres son un emblema de cómo gran parte de la Justicia rechazó sistemáticamente los hábeas corpus.
El largo camino a Ezeiza

A fines de 2013, dos salas de Casación se pronunciaron sobre la detención domiciliaria de Olivera Rovere. Una fue la Sala IV. Intervino como Cámara de alzada en el expediente de Jefes de Area, en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército tiene condena firme. El 16 de diciembre, esa sala decidió mantener la prisión domiciliaria. Para entonces, la Corte Suprema había revocado una primera decisión de igual sentido, y de la misma sala, y para este nuevo momento se analizaron nuevos exámenes médicos. El fallo tuvo una disidencia de Mariano Borinsky, que consideró que ante el problema de salud el hospital penitenciario de Ezeiza debía ser equipado como para atenderlo.

Dos días más tarde, se pronunció la Sala II en sentido inverso y en otra causa: revocó la domiciliaria en una causa del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata y ordenaron que Olivera Rovere fuera al hospital penitenciario. Las razones tuvieron en cuenta el contexto de la causa. En ese expediente, Olivera Rovere no estaba condenado sino con una instrucción abierta y en investigación. En ese contexto, consideraron que podían agravarse los eventuales riesgos de fuga. Así las cosas, la sala rechazó una batería de recursos que ya había presentado la defensa: uno ante Casación y otro extraordinario. Confirmó la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Y cuando los Giletta (padre e hijo) intentaron volver a la carga les dijeron que no. Giletta pidió la nulidad. Y el último 14 de agosto, la sala volvió a desestimar su pedido por “inadecuado” dado que debía ir “en queja” ante la Corte.

Un día más tarde, los Giletta finalmente presentaron todo ante la Corte. Para quienes saben de los laberintos jurídicos, el hombre que conoce muy bien estas lides lo único que quiso fue ganar tiempo con estos recursos, para impedir que la orden de traslado a Ezeiza llegue a La Plata. “Es importante aclarar que resulta manifiesto que ese planteo de nulidad –dijo la misma fuente consultada– tuvo como único fin dilatar la devolución de las actuaciones al juzgado de La Plata, para que procediera de acuerdo con lo decidido.”

El punto central son ahora las alianzas que parecen haber conseguido para avanzar con hábeas corpus. Una vez que agotaron todos los recursos federales, los Giletta se presentaron en la Justicia ordinaria. El hábeas corpus recayó en el juzgado de turno que es el Juzgado de Menores 1 de Alejandro Cilleruelo. El defensor denunció allí supuestas “contradicciones” entre las dos salas de la Casación y pidió que no se hiciera efectiva la prisión por razones de salud. El juez Cilleruelo rechazó el recurso “in limine”, pero lo inesperado se presentó cuando aparecieron en escena los tres integrantes de la Sala VI de la Cámara Criminal, cuyos jueces son Ricardo Matías Pinto, Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini.

Ellos dijeron que la posición de Cilleruelo fue prematura; que debía interiorizarse de las incidencias de la Casación y solicitaron un nuevo informe médico. Así, y como en el cuento de la buena pipa, todo volvió a empezar. El juez hizo todo, volvió a rechazar el hábeas corpus e informó a La Plata, pero la Sala VI nuevamente revocó su posición y suspendió el traslado.

“Definitivamente no es esta Sala del Crimen la que debe estudiar si las decisiones de las salas son contradictorias –señalan ahora en Casación–. Es muy común en causas de lesa humanidad que un individuo esté imputado en más de un proceso, y que entonces intervenga más de tribunal. Cada uno será competente para decidir en forma independiente, de acuerdo con las características de cada proceso, y eso no significa que las decisiones sean contradictorias.”

Que en una causa el acusado esté con condena firme y en otra en etapa de investigación justificaría, por ejemplo, que los juzgados tengan posiciones diferentes sobre riesgos y tipo de prisión. Pero más allá de esto, el problema es lo que puede venir: “Esto abre la puerta a que, en casos similares, cualquier decisión tomada por el juez competente sobre la privación de libertad de un imputado sea revisada por un juez de hábeas corpus ajeno a la causa”.

Años atrás, la Cámara Federal de Resistencia hizo algo parecido al liberar a once detenidos por delitos de lesa humanidad. Eso generó un juicio político.

Declararon por la masacre del Pabellón Séptimo,ocurrida en la cárcel de Devoto,delito de lesa humanidad

“Un ataque contra una población carcelaria”

La Cámara Federal consideró que no se puede disociar esta matanza de presos comunes cometida en marzo de 1978 de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. En el hecho murieron 64 personas en medio de un incendio.

 Por Irina Hauser

La Sala I de la Cámara Federal les dio la razón a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, del penal de Villa Devoto, y declaró que aquellos hechos, donde murieron 64 presos en medio de un incendio, asfixiados y baleados por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el 14 de marzo de 1978, constituyen un crimen de lesa humanidad y, como tal, no prescribe. Durante años, incluso entrada la democracia, quedó instalada la idea, sembrada por el poder dictatorial e incluso por el Poder Judicial que por años intentó ningunear lo ocurrido, de que se había tratado de un motín en el que se habían alzado los detenidos de esa cárcel. Según describió el tribunal, no se puede disociar esta matanza de las prácticas represivas de la época ejercidas desde el aparato estatal. La causa había sido reabierta este año pero el juez federal Daniel Rafecas, si bien consideró que hubo violación a los derechos humanos, la mandó a los tribunales ordinarios donde se investigan delitos comunes.

La resolución de la cámara, que lleva los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, tiene varios aspectos novedosos, además de la definición de lesa humanidad de la masacre. También acepta como querellantes a los familiares, sobrevivientes y organismos que se presentaron a partir de 2013 pidiendo la reapertura de la causa. Señala, además, que se debe investigar el caso de un preso, el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, que estaba en Devoto al momento de los sucesos y apareció fotografiado con vida en la tapa del diario Crónica un día después de la represión en el penal, pero se encuentra desaparecido. El fallo, además, ordena desentrañar la responsabilidad penal de los jueces que tuvieron la investigación en sus manos, la desestimaron y terminaron cerrándola sin culpables: Guillermo Rivarola, que era juez federal, y Jorge Valerga Aráoz, quien era entonces juez de Instrucción, luego fue camarista y ahora ejerce como abogado.

La masacre se pudo reconstruir con testimonios de sobrevivientes del mismo Pabellón Séptimo y de otros donde había presos políticos. Muchos de ellos son citados de manera detallada en el fallo de la cámara. De allí se desprende que en la noche del 13 de marzo hubo una discusión porque los guardiacárceles querían que los internos apagaran el televisor antes del horario habitual. Al día siguiente el Pabellón Siete fue sometido a una requisa brutal, mucho más feroz que las habituales, con el doble de agentes, que portaban y dispararon armas largas. Los presos contaron que como iban hacia ellos y gatillaban sin más, intentaron protegerse colocando las camas y los colchones contra las rejas, tiraban objetos y les lanzaban gases lacrimógenos, que pudieron haber causado el inicio del incendio igual que unos bidones con querosén. “Quémense de a poco”, les decían los penitenciarios a los detenidos que pedían salir, mientras se acrecentaban las llamas y el humo.

La historia fue conocida por mucho tiempo como el Motín de los Colchones. La causa judicial inicial se focalizó en responsabilizar a los presos y se basó en las versiones de los penitenciarios. Fue cerrada en julio de 1978, luego reabierta en 1984 y cerrada dos años después. Pero nunca se investigó el papel de los agentes penitenciarios, que ni siquiera intentaron apagar el incendio y socorrer a los detenidos. Hoy el análisis es totalmente opuesto: “Ninguna duda cabe de que se trató de un ataque generalizado contra una población carcelaria que fue brutalmente agredida con deliberada intención, a la que se pretendió hacer pasar por victimaria”, dice el voto de Freiler. Para él, es evidente que no hubo una “actuación regular de agentes del Servicio Penitenciario Federal” que “pudieron haber cometido excesos” en una requisa. Cuestionó la complicidad de “innumerables personas que obstaculizaron desentrañar lo sucedido”.

Para argumentar por qué se trata de un delito de lesa humanidad, este camarista explica que “lo que distingue a un crimen de lesa humanidad de un crimen común no es la depravación o crueldad de la conducta, sino el hecho de que ésta sea ejercida por un Estado o una organización cuasi gubernamental en contra de las personas que están bajo su control y a las que deben proteger”. Su colega Ballestero argumenta en el mismo sentido.

Lo que ocurría en el penal de Devoto, señala Freiler, debe ser puesto en contexto: las cárceles operaban bajo control de las Fuerzas Armadas. Esto había sido progresivo, ya desde 1972 en adelante, y en 1978 fue cuando se asignaron ciertas unidades para alojar presos políticos, como Devoto. El Servicio Penitenciario, explica, estaba su-bordinado al Ejército y había una “coordinación de prácticas represivas”. Lo describe “despótico y depravante”. “El manejo interno del penal” era “acorde con la política represiva imperante”, dice. La cárcel de Devoto, señala, no era ajena al uso de la llamada “acción psicológica” que se aplicaba en centros clandestinos de detención para someter a los detenidos.

El puntapié que llevó a revisar las muertes en Devoto fue una investigación de la criminóloga Claudia Cesaroni, quien buscaba los puntos de contacto de lo que padecieron los presos “comunes” y los presos políticos en dictadura. Cesaroni escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, hecho a pulmón, que consiguió enorme visibilidad el día que el Indio Solari –amigo de uno de los muertos allí– lo recomendó en el último recital multitudinario en Mendoza. Denise Feldman, abogada en el caso junto con la autora, dijo que para ellos el fallo es “una gran noticia: es el reconocimiento y la visibilización de que de que los presos comunes fueron también víctimas del circuito del terror de la última dictadura”.

MegaCausa Saint Amant II: Testimoniales

13 agosto, 2014
Pasadas las 12:40 horas, bajo la presidencia del Juez Paulucci, acompañado por Vázquez  y Escobar Cello comenzó una nueva audiencia testimonial en el recinto del Concejo Deliberante de Pergamino.

Además de mantenerse la importante convocatoria de familiares, compañeros y vecinos, se destacó la presencia de jóvenes estudiantes secundarios que llegaban desde una escuela próxima donde habían participado previamente de una charla con Alba Lanzillotto y otros familiares.

Por secretaría se informó que Hugo Santillán una de los testigos citados se encuentra fallecido, y Oscar Vergara, ex-juez de San Nicolás no se encuentra en condiciones de salud para dar testimonio.  De este modo convocaron a los hijos del matrimonio Lanzillotto-Santillán.  A estos dos testigos se sumó Ramiro Mena Lanzillotto, primo hermano de Jorge Francisco y María Lucía Santillán Lanzilloto.

Cabe recordar que el Matrimonio de María Cristina Lanzillotto y Carlos Santillán -ambos militantes del PRT-ERP- fueron secuestrado entre el 9 y 10 de noviembre de 1976.  Carlos en San Nicolás y María Cristina con sus hijitos de poco más de uno y dos años en aquel entonces.

En la declaración de Jorge Francisco, como en la de María Lucía narraron que después del secuestro fueron llevados a una parroquia de Fishertón, en Rosario, quedando al cuidado de una familia que luego de tres meses le entregaron a los abuelos paternos de Santiago del Estero.

Otro aspecto del daño que causó el terrorismo de estado se hizo evidente en el testimonio de estos jóvenes que fueron criados por sus abuelos, entre el silencio obligado sobre la militancia de sus padres y el cuidado extremo, cargado del temor que los apartaba de la busqueda del compromiso con la sociedad.

María Lucía dijo que recien después que falleció su abuelo. Pudo Leer sus papeles donde registraba la busqueda de sus padres. Fue a partir de ese momento que comprendió cuánto los amaban sus padres y que “ese compromiso y esa entrega -de ellos- era su manera de quererlos”.

Posteriormente declaró Ramiro Mena, primo hermano de estos jóvenes, huerfano y criado por su familia paterna. En este caso, aunque de la misma edad que sus primos, su testimonio fue menos personal y mucho más político y reivindicador de la militancia revolucionaria de su familia. Fue una declaración extensa, que no esquivó ningún interrogante de los abogados defensores de los genocidas. Al finalizar fue aplaudido por el público presente.

Paulucci anunció que la próxima audiencia será recién el miércoles 27 de agosto, suspendiendo las dos audiencias programadas para la semana próxima. El motivo sería por la participación de Escobar Cello en el tramo final del Juicio Oral Feced II.

Terminada la audiancia, un grupo de familiares, militantes del Encuentro Ragional y ex-presos políticos se entrevistaron con los jueces manifestando su creciente preocupación por la lentitud con que está avanzando este Juicio Oral.  El TOF 1 ya había anunciado que a partir de septiembre realizarán 2 o 3 audiencias por semana. No obstante los presentes pusieron incapié en hacer más eficiente la convocatoria de los testigos por audiencia, de modo de garantizar un mínimo de 4 o 5 testigos que declaren por jornada.

Asimismo consultar en : http://saintamantdos.wordpress.com/tag/cronicas/ 

 Ver en  : https://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=sharehttps://www.youtube.com/watch?v=GEhJvxDmpWU&feature=share