Más genocidas mueren impunes en la causas de Lesa Humanidad

TRES AL HILO

La tardanza del Estado en materia de Juicio y Castigo tiene sus consecuencias: en la última semana se contaron las muertes de 3 represores procesados pero sin condena en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Los decesos del guardia de la ESMA Carlos Galián (alias “Pedro Bolita”) que estaba siendo juzgado en causa ESMA 3, del jerarca militar Jorge Olivera

Róvere, a la espera de juicio en 4 causas, y del marino Antonio Mocellini, a punto de ser juzgado en la causa FT5 en La Plata; dan continuidad al esplendor de la impunidad biológica.

El Kioskero de la ESMA
El sábado 18 de abril se conoció la noticia de la muerte del represor de la ESMA apodado “Pedro Bolita” víctima de un cáncer. El suboficial Carlos Galián, de 69 años, había nacido en Humahuaca y sus ojos achinados le hicieron ganar entre sus camaradas de arma el mote de “Bolita”.
Varios años tardó la justicia hasta dar con una foto suya entre los expedientes de la Armada con la que seis sobrevivientes pudieron identificarlo.
Fue procesado en 2010, como uno de los 66 imputados en el tercer tramo de la megacausa ESMA que se está juzgando hace 2 años. Encontrarlo no fue tarea fácil, porque sólo se tenía su apodo del mayor CCD de la Armada: “Pedro Bolita”. Vivía en calle Magallanes 706, en Ciudadela Sur, Provincia de Buenos Aires, y pasó poco tiempo en prisión efectiva, porque sus abogados le consiguieron la domiciliaria en junio de 2010. La defensa había argumentado en el juicio que debía hacerse tres sesiones semanales de hemodiálisis y que “desde que se encuentra enfermo no tiene ocupación”.
Desde hace tiempo los vecinos lo veían baldeando la vereda y atendiendo un kiosco en la esquina de su casa, es decir violando el beneficio que tenía. En febrero pasado esa situación se hizo insostenible y una de las querellas en el juicio lo denunció ante el tribunal.
La respuesta del tribunal que lo juzga, a cargo de los Dres. Palliotti, Bruglia y Obligado, fue que “ha evidenciado una conducta totalmente contraria a las obligaciones que le fueran impuestas”, pero en lugar de enviarlo a un hospital penitenciario, decretaron su alojamiento en el Hospital Naval “Pedro Mallo”. Tal medida, alojar a militares en nosocomios de la propia fuerza, estaba prohibida por el Ministerio de Defensa desde desde 2013, tras la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central y gracias a la gestión de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La elevación a juicio que efectuó el juez Sergio Torres en Abril de 2011 incluyó una profusa acusación para Galián: coautor de 133 casos de secuestros con violencia, de privación ilegítima de la libertad por más de un mes en 462 casos, de 607 casos de imposición de tormentos para obtener información, de 3 casos de imposición de tormentos con resultado muerte, 28 casos de sustracción-retención y ocultamiento de menores, 50 homicidios agravados por alevosía, entre otros delitos.
Es que además de la actividad de los departamentos de ‘logística’, ‘inteligencia’ y ‘operativo’ ejercidos por la oficialidad, la división de tareas del GT 332 de la ESMA incluía los servicios de suboficiales que recibían las denominaciones de “Pedros”, “Verdes” y más tarde “Pablos” y “Pablitos”. Éstos generalmente eran suboficiales o estudiantes de la Escuela y su función era la custodia de los secuestrados, traslado de las comidas desde la cocina hasta el sótano o a “capucha”, vigilancia de los desplazamientos de los prisioneros al baño y participación como personal operativo en secuestros y “paseos”. Asimismo, en numerosas ocasiones tuvieron intervención en los interrogatorios donde las  víctimas eran sometidas a torturas. Estas guardias respondían a un jefe; y consta en la causa que “desempeñaron tal función Víctor Francisco Cardo, Carlos Galián y Víctor Roberto Olivera, en cuyo carácter eran encargados de recibir a los prisioneros cuando ingresaban al centro clandestino y de prepararlos para ser inmediatamente torturados”.

Galián compartió con el médico Jorge Luis Magnacco, además de las tareas en la maternidad clandestina de la ESMA, los paseos violatorios de la domiciliaria, que el doctor realizaba convenientemente por los Shopping de Palermo.
El caso nos toca en lo particular, porque una de nuestras compañeras, María Isabel, nació en esa maternidad en marzo de 1978. Su mamá, Dora Cristina Greco, era odontóloga y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Cristina fue secuestrada el 1º de Octubre de 1976, llevada a la ESMA y liberada tras seis meses. Fue nuevamente secuestrada el 26 de febrero1978 en Mar Del Plata, en presencia de su hija Victoria y embarazada de 8 meses. Fue llevada nuevamente a la ESMA, donde dio a luz a Isabel en marzo de 1978. Cristina continúa desaparecida. Isabel fue sacada de la ESMA por Galián y Magnacco, y entregada por los marinos a su familia materna. Junto a su hermana Victoria lucharon todos estos años para conocer su verdad y hasta para llevar legalmente el apellido de su padre, Armando Prigione, también militante del PCML y detenido desaparecido desde los CCD “Club Atlético” y “El Banco”. En marzo de 2014 Isabel declaró por su caso y el de su mamá Cristina, cerrando un ciclo de 36 años de reconstrucción de su propia historia.
Con el asesinato nunca investigado de Héctor Febres y la muerte de “Pedro Bolita” quedan guardados en un pacto de impunidad el destino y la identidad biológica de un centenar de niñ@s, hoy adultos, nacidos y apropiados desde el edificio de Avenida del Libertador al 8150, que el Estado nacional pretende hoy convertir en una Disneylandia de los Derechos Humanos.

Se murió el genitor de ESMAS, el patrón de la mierda
el húmedo árbitro de vidas y vuelos de la muerte
se murió el palmípedo voraz, el emplumado fósil
ahogado en la viscosidad de su saliva tóxica
una diarrea con moscas muertas se le agolpó en la boca
de comulgar y compraventa y le asfixió las órdenes
los dictados de tortura y bala, de picana eléctrica
se murió la bolsa de basura, el vejete extorsionador
relleno de soberbia, pedazo de la bestia carnívora
ahogado de tanta sangre ajena, de tanto festín
putas, delirios de grandeza,
oh todopoderosa cría del infierno!

El General indemne

El lunes 20 de abril el Juzgado N° 3 de La Plata, a cargo del ex notario hoy subrogante Jorge Eduardo Di Lorenzo, hizo llegar a las querellas de los organismos de DD.HH. Una cédula notificando el fallecimiento el 14 de febrero pasado del genocida Jorge Carlos Olivera Róvere, a la sazón General de Brigada del Ejército y ex Subjefe del Comando del Primer Cuerpo del arma entre febrero y diciembre de 1976, épocas de noche y niebla.
El General contaba 88 años, había nacido en Córdoba capital y pese a haber sido responsable de decenas de CCD en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires pasó la mayoría de sus últimas décadas en un apacible departamento de avenida Callao 1460 Piso 3º, barrio porteño de Recoleta. Fue un pez gordo de la represión en dictadura, y su caso relativiza el criterio oficialista de que “hay que ir por la complicidad civil” porque los responsables militares y policiales ya estarían juzgados plenamente. Recordemos que los dos emblemas del Terror de Estado eludieron la justicia en los últimos 15 años: Videla murió con sólo 2 condenas (por Unidad Penal 1 de Córdoba y por el Plan Sistemático de apropiación de bebés) y Massera falleció impune tras haber sido declarado por el Cuerpo Médico Forense un vegetal humano.
El General Olivera Róvere afrontó un solo juicio oral ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del que recibió una cadena perpetua en octubre de 2009 por 120 casos de secuestros y torturas, junto al jefe del GADA de Ciudadela, Bernardo Menéndez.
Quedó pendiente su responsabilidad en tres de las grandes causas que se instruyen en La Plata, donde estaba imputado por su ubicación en la cadena de mandos y su manejo de las patotas policiales en la zona del Circuito Camps. Estaba procesado desde marzo de 2012 por 9 casos de desapariciones en la Brigada de San Justo, desde abril de ese año por 46 casos del Pozo de Quilmes, y desde diciembre del mismo año por 33 casos del Pozo de Banfield. Pese a ser un mal año para él,
en marzo de 2012 recibió del juez Arnaldo Corazza el beneficio de la domiciliaria.
Pero además, estaba siendo juzgado desde 2013 en los primeros tramos de la causa por el Plan Cóndor, en la que tampoco llegó a escuchar sentencia.
Si con 12 años de demora para movilizar las acusaciones, y muerto el perro se acabó la rabia, lo curioso del caso es que, además de decretar la extinción de la acción penal, el juez Di Lorenzo resolvió el sobreseimiento de Olivera Róvere invocando el artículo 336 inc 1° del Código Procesal Penal. Con esta medida, cada vez más habitual y último eslabón de una cadena de desatinos judiciales, se sella la tríada que amenaza crecientemente la viabilidad de este proceso de juzgamiento: genocida-muerto-impune.

Se murió el gran gusano, el cretino, la gran hiena
ahogado en su propia baba de bilis antropófaga
se murió el capitán de cloacas y lavabos, el nefasto
ahogado en su mar de venenos, en su gran ola de muertos.

Marinero del Terror


Completando una nueva semana trágica, el jueves 16 de abril pasado, el TOF 1 de La Plata comunicó novedades en la causa “Vañek y otros”, conocida como Fuerza de Tareas 5 y que juzgará este año (esperamos) un fragmento de los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona.
Allí, entre las respuestas a diversos pedidos de querellas y defensas, se consigna que el abogado defensor del reo Antonio Mocellini informó de su fallecimiento. Ante ello, el tribunal mandó a que “pasen los autos a resolver”.
El capitán de Corbeta Antonio Ángel Mocellini, de 78 años, fue en dictadura 2do Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°3 entre el 16 de enero y el 22 de diciembre de 1976, y como tal integró la Fuerza de Tareas n° 5, denominación de los grupos de Tareas de la Armada en la Zona de La Plata, Berisso y Ensenada.
A 9 años de anuladas las leyes de impunidad, en agosto de 2012, había sido procesado con prisión preventiva por los casos de 7 víctimas que permanecieron en cautiverio en el BIM 3, sumado a los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo.
Tanto en el requerimiento fiscal como en los procesamientos de la causa FT5 quedó clara la alta jerarquía y la consecuente posición de mando de Mocellini en las patotas del BIM 3. Entre os documentos obrantes están las calificaciones de varios dependientes de esa unidad que firmaba junto a su jefe Fernández Carró, muchas de ellas referidas a “operaciones riesgosas”, es decir a allanamientos y secuestros .
En el caso de los homicidios de Galván y Pampillo, ocurridos el 19 de octubre de 1976 en el marco de un operativo del BIM 3 y la Bonaerense en un edificio de calle 7 y 58, consta en la causa el sumario instruido por la propia Armada, donde se afirma que formaron parte de ese operativo los Oficiales Roberto Eduardo Fernando Guitián y Eugenio González, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Río Santiago, y que Mocellini estaba a cargo.
De hecho, en su legajo personal, constan las felicitaciones al desempeño de Mocellini firmadas por Jorge Errecaborde, por entonces Comandante de la FT5, quien comunica que el capitán de Corbeta “Demostró especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate . (…) Su expresión fluida y firme unida a un equilibrio emocional constante, pese a lo crítico de la situación, lo hacen especialmente apto (...) Coopera espontáneamente mostrándose siempre bien dispuesto para emprender cualquier tarea por dura que esta sea. Por lo expuesto califico la actuación del capitán Mocellini como EXCEPCIONAL”.
Como en otros casos, pese a su caída en desgracia en septiembre de 2012, tres meses más tarde el juez Blanco le dictó la domiciliaria, por lo que no estuvo ni 2 meses en prisión común.
Pero elevada la causa a juicio en marzo de 2014, el TOF N°1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a su camarada Guitián hasta que en mayo de ese año el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, le sumó un nuevo privilegio y decidió trasladarlo junto a decenas de genocidas al pabellón para madres presas de Ezeiza. El hecho de que los peores asesinos de la historia argentina recibieran las laxas condiciones de detención en pabellones pensados para alivianar la prisión a mujeres con niños pequeños, generó un escándalo público aún no subsanado.

El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí.
La muerte impune del prefecto Tomás Méndez en marzo pasado, sumada al deceso aún no confirmado de Mocellini, deja a la próxima causa a juzgarse en La Plata con sólo 8 marineros del terror para enfrentar el debate. Claro, 7 de ellos gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 1 se encuentran cumpliendo prisión efectiva.

Se murió ahogado el decrépito rapaz
el violador, el gran escupitajo del último círculo
se murió de un derrame infecto el verdugo
el desaparecedor, el capo del espanto
en la cama de un hospital el muy secuestrador
tan cama, pozo negro, alabado por ratas
y malnacidos, tan rodeado de un muro
de pura luz-memoria que le mordió los huesos.

Además del quiebre de impunidad que generó la segunda desaparición forzada de Jorge julio López, todo el proceso de juzgamiento está atravesado por una contradicción. A 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se procesó al 1% del real actuante en dictadura, y de ese universo de 2000 genocidas se condenó al 27%. La discusión central es que el carácter imprescriptible de los delitos de Lesa Humanidad no habilita al Estado a plantearse un horizonte de 50 años de juicios, porque la media de los imputados no llegarán vivos a la mitad de ese plazo.

P.D.: Los versos en negrita y cursiva en tres partes corresponden a “La muerte de un infame” de Gabriel Impaglione.

A los tres óbitos... Que en Paz No Descansen.

HIJOS La Plata
Abril 2015

Identificaron los restos de Daniel Mariani, hijo de “Chicha”

Esta semana la Justicia platense rectificó el acta de defunción del joven que fue asesinado en 1977 y enterrado como NN en una fosa común en el cementerio de La Plata. Además se estableció que su muerte fue por el accionar del terrorismo de Estado.

Foto: Fede Surila

“Un duelo tardío y una extraña especie de justicia” fue la frase utilizada por una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, para expresar el sentir de este momento. “Hace unos días que el juez (Jorge) Di Lorenzo determinó con testigos que era Daniel Mariani”, informó y agregó que “ha sido una lucha muy grande; la muerte de mi nuera Diana pudo ser más o menos juzgada pero recién ahora un juez se ocupó de la muerte de mi hijo y me ha reconocido que fue asesinado por la dictadura, y que esos huesos que se encontraron son de Daniel Mariani”.

Daniel y Diana vivían en la famosa casa de 30 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, hoy "espacio de la memoria". Allí fue secuestrada su nieta Clara Anahí de tres meses de vida, que hasta el momento no pudo ser recuperada. En un operativo llevado adelante en noviembre de 1976 por el Ejército y la Policía Bonaerense se desmanteló la vivienda y se acribilló a Diana Teruggi, junto con sus compañeros de militancia Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Alberto Bossio. Daniel, militante montonero, fue asesinado ocho meses después, en 132 y 35 de La Plata.

Durante el juicio “Circuito Camps” culminado en diciembre de 2012 se presentaron elementos probatorios, entre ellos testimonios relevantes que corroboraban el fallecimiento del joven militante en las circunstancias descriptas. “Le tiraron desde adentro de la casa –pretendió entrar trepando un paredón y lo balearon-, cayó en el piso y le dieron a patadas y culatazos. Luego lo subieron a una camioneta y lo cubrieron con una manta”, manifestó una vecina de Chicha. Su cuerpo fue llevado luego al cementerio hasta que en septiembre de 1982 sus restos fueron inhumados.

A partir de esta reconstrucción de los hechos se ordena la rectificación de la partida de defunción.

Una vez más la justicia demoro mucho en llegar, pero Chicha a los 91 años sigue luchando, “No se puede permitir que la gente después de 40 años siga sufriendo sin saber qué pasó. Hay que encontrarlos. La Justicia espera que nosotros aportemos datos, pero el Estado debería averiguar a fondo; yo eso lo sigo reprochando porque se hubieran abierto más archivos, tumbas. Eso lo considero pendiente”, concluyó Chicha.

Hoy más que nunca tenemos que seguir exigiendo justicia, y no dejar pasar la reconciliación que pretende este gobierno, con Milani a la cabeza. Los archivos siguen sin abrirse, las víctimas siguen siendo expuestas a buscar a los represores, los genocidas se mueren de forma natural y se llevan a sus tumbas la verdad sobre qué pasó con los desaparecidos y dónde están los más de 400 hijos apropiados. Mientras que ningún gobierno quiere que se sepa toda la verdad, por eso mantienen sepultados los archivos de la dictadura.

Porque además, aún falta encontrar a Clara Anahí, una de los tantos jóvenes apropiados que el Estado adeuda en memoria de los 30000 desaparecidos, y así lo expresa la misma Abuela de plaza de Mayo, “Pienso estirar mi vida hasta que aparezca”.

Piedra libre para un médico de la dictadura en el Sanatorio Otamendi

Comunicado de prensa
3/3/2015

Cuando decimos que la última dictadura fue cívico-militar lo hacemos porque fueron las Fuerzas Armadas, las empresas de prensa, la cúpula de la Iglesia, los empresarios, los grupos económicos, los médicos, las parteras y miembros del Poder Judicial quienes sostuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en la última dictadura genocida.

Entre los partícipes estuvieron los médicos que rompieron su juramento de proteger la vida. Tal es el caso de Mario Alberto Figueroa, actual Jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi. Figueroa fue jefe del mismo servicio en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado. Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un "enfrentamiento por Fuerzas conjuntas". Pero Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976. A la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día.

Asimismo, Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, fue tirado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.

Exigimos a las autoridades del Sanatorio Otamendi que arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.

H.I.J.O.S. - Capital

Sexto día de lucha Qom en Buenos Aires y Formosa

(APL) “Estamos preocupados por el corte de ruta 86 de los hermanos en Formosa porque hay vecinos criollos que impiden a los indígenas hacer compras en Laguna Blanca, y, a la vez, la policía está siempre con su hostigamiento. Yo voy a seguir en el acampe hasta que sean atendidos nuestros reclamos, hasta que nos reciba la presidenta y lo que tienen que resolver tanto dolor y humillación”. Así lo expresó Félix Díaz, carashé de la comunidad Qom de La Primavera, quien reclama en de 9 de Julio y Avenida de Mayo junto a cinco hermanos, aunque mañana se sumarán otros más. Félix se recuperó hoy, luego de una descompensación que fue atendida en el Hospital Argerich y ya se halla, firme, en la lucha.

Luego de la solidaridad, ampliamente difundida del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel, se sumaron numerosos apoyos que hacia la luchas Qom en Buenos Aires. Entre ellos se halla el de Elia Espén, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el del periodista Herman Schiller y también mandaron su palabras de aliento la Multisectorial de Cipolletti.

SOLIDARIDAD DE ELIA ESPÉN
Estamos acá para acompañar a Félix Díaz el Qom que representa a todos sus compañeros que quedaron allá en Formosa, que siguen siendo atacados y despojados de toda su cultura y de toda su tierra por el famoso gobernador. Yo pregunto ¿no hay alguien que lo pueda parar a ese gobernador? Sí, hay alguien que lo pueda parar: la señora presidenta la podría parar, pero qué pasa? que la señora presidenta defensora de los DD.HH. creo que le interesa poco y nada lo que le está pasando a todos nuestros amigos los aborígenes que deben ser respetados en su cultura porque son los primeros que estuvieron en esta tierra y nadie tiene derecho a despojarlos de nada; pero la señora presidenta lo único que hace es callarse la boca, no nombra a los Qom, no nombra a nadie de los que a ella le parece que no los debe nombrar y pienso que se equivoca.

Yo le pediría como mujer que piense un poco, si es que le da para pensar un poco y bajar un poco su soberbia que la tiene y mucha y es una lástima, porque en este momento no necesitamos soberbia, necesitamos comprensión hacia todo el que sufre porque eso también son DD.HH. – no solamente nuestros queridos desaparecidos- DD.HH. también, siempre digo lo mismo, es el trabajo, la salud, la educación y el respeto que se le debe a todo el que piensa diferente, porque yo pienso diferente y mucha gente piensa diferente y por eso no somos enemigos, de ultima somos disidentes y nada más y nos gustaría sentarnos en frente a los que piensan distinto, discutir, porque de la discusión – buena como debe ser sin atacarse- de la discusión, de los cambios de opiniones de ahí surge lo que verdaderamente tendría que ser este país: un país libre, soberano alejado de toda esta discordia que ha llegado a todos y que todo el mundo está atacándose, que ya no se respeta nadie pero por qué?

Porque de arriba mandan como un mensaje creo yo, “si pensas como yo sos mi amigo y si no sos mi enemigo” eso no debe ser; así que bueno -como dicen los chicos, a ver si se ponen las pilas y defienden un poco a los Qom y a todos los aborígenes y a todos los que luchan por sus derechos. Gracias.

PALABRAS DE HERMAN SCHILLER
Vine a saludar a Félix Díaz y con él a la lucha del pueblo Qom como símbolo de los pobres que están resistiendo la explotación y el avasallamiento. El pueblo Qom es un emblema de todas las luchas que hay en nuestro país, es una lástima que el campo popular – el así llamado campo popular- hoy no haya estado presente, no hay lideres no hay nada, quizás porque acá no pueden cosechar votos, pero están los luchadores y yo me siento muy honrado de haber estado acá y de haber abrazado a Félix Díaz que no solo es un hermano sino un símbolo de lucha”.

APOYO DE LA MULTISECTORIAL DE CIPOLLETTI

Ante el acampe que está llevando a cabo la comunidad Qom “La Primavera” la Capital Federal, la Multisectorial de Cipolletti quiere hacer llegar su adhesión a este legítimo reclamo.
Desde hace unos años los pueblos originarios del norte argentino, en especial las comunidades Qom y Wichí, vienen sufriendo la represión por parte de los terratenientes locales y los gobiernos provinciales de Formosa y Chaco, y el gobierno nacional que a fines de 2013 nombró como Jefe de Gabinete a Capitanich, quién hoy está citado (junto a la ministra Alicia Kirchner) por su participación en este genocidio silenciado. Como consecuencia de estas políticas han sido asesinadas decenas de personas de la comunidad, que se suman a las muertes por desnutrición y falta de atención médica.

En la provincia del Río Negro las comunidades mapuches también sufren los mismos avasallamientos por parte del gobierno provincial para servir a los intereses de las empresas petroleras y las corporaciones agropecuarias. Por eso consideramos que este reclamo de la comunidad Qom representa la lucha de todos los pueblos originarios del país y Latinoamérica por Tierra y Justicia.

Desde la Multisectorial de Cipolletti acompañamos el reclamo, exigimos al gobierno provincial y nacional el cumplimiento de las demandas de la comunidad Qom, y los hacemos responsables de su seguridad

Formosa, entre el juicio contra un genocida y la realidad de los qom

(Por La Retaguardia) Comenzó el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Formosa. El único imputado es el ex subjefe de la Policía provincial Agustín Echeverría. Se lo juzga por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra tres víctimas: Ramón Luciano Díaz (que continúa desaparecido) y los sobrevivientes Adriano Acosta y Olga Elsa Gauna.
Félix Díaz acampa en la Avenida 9 de Julio, donde atiende el Dios importado desde Europa en 1492. Llegó para hacer notar el corte que mantiene la comunidad a la que pertenece en la ruta 86, en Formosa. Como tuvo poca visibilidad, montó una carpa; quizá así, además de verlo, se escuchen los pedidos de su comunidad.
Alejandra Carrizo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa y psicóloga, unió estas dos problemáticas. Se refirió al inicio de este proceso por crímenes de lesa humanidad y también a la situación que viven actualmente las comunidades originarias en esa zona. La APDH provincial, acompaña ambas causas.

El juicio contra un genocida

El lunes 9 de febrero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa realizó la audiencia preliminar del juicio, cuyo único imputado es Agustín Echeverría, un comisario retirado, miembro de la Policía provincial, que contó con el beneficio de un sobreseimiento durante varios años: “recién en el pasado juicio a Juan Carlos Camicha, que era un miembro del Ejército condenado en 2013, se logra revocar el sobreseimiento y nuevamente se lo detiene. Por obra de la justicia y por esfuerzo de los querellantes, hoy está siendo juzgado”, explicó Alejandra Carrizo en diálogo con el programa radial Oral y Público.
La integrante de la APDH Formosa detalló que en esta instancia a Echeverría se lo juzga por los delitos cometidos contra tres víctimas: “se lo acusa de los delitos de asociación ilícita, aplicación de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en el caso de tres personas. Una de ellas aún continúa en condición de desaparecida, Ramón Luciano Díaz; las otras dos víctimas son Adriano Acosta y Olga Gauna”.
Carrizo es psicóloga y como tal acompaña a los testigos convocados para declarar en este proceso: “acá también hay un programa de acompañamiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros desde la APDH desde hace varios años tenemos un programa de acompañamiento, pero también somos querellantes en esta causa. En realidad somos los únicos querellantes y la abogada por parte de la APDH es la doctora Roxana Silva. La Asamblea es querellante en varias provincias y hay, por suerte, un equipo de abogados, que sería el equipo de lesa humanidad, y en este caso quienes acompañan en Formosa son los doctores Ernesto Moreau y Oscar Rodríguez, integrantes de la APDH Nacional, uno de La Plata y otro de Capital Federal”. En este juicio que recién comienza se espera la declaración de 47 testigos.
El proceso anterior de juzgamiento a represores en Formosa finalizó en noviembre de 2013. En aquella oportunidad se había condenado a Juan Carlos Camicha, Sergio Gil, Luis González, Félix Romero y José Medina a 25 años de prisión; a Mario Osvaldo Sosa a 18; y a Ernesto Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera a 7 años, por los delitos de asociación ilícita, tormentos, desaparición forzada, homicidio y genocidio, en perjuicio de 74 víctimas. Sin embargo, el principal imputado en esa causa, Ángel Ervino Spada, se fugó a los pocos días del inicio de la instancia oral y aún continúa prófugo. Al respecto, Carrizo afirmó: “era el principal imputado, justamente la causa llevaba su nombre. Fue jefe de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Monte 29, y a los pocos días del inicio del juicio, se profuga. Así que está pendiente todavía el juzgamiento contra Spada”.
De todos modos, no es el único caso pendiente en la justicia formoseña: “otra causa que todavía está en espera es la de un comandante de Gendarmería, Horacio Rafael Domato, que estuvo prófugo durante muchísimos años, y creo que hace poco más de un año se lo logra detener, estamos esperando que se realice la elevación a juicio de esta causa”, agregó Carrizo.

Genocidios

La APDH Formosa también actúa en causas vinculadas a los derechos humanos de los pueblos originarios. “Nosotros entendemos los derechos humanos, pero en una dimensión absolutamente integral y actual, que abarca por lo tanto los derechos civiles, políticos, sociales y culturales y también los derechos conocidos como de primera, segunda y tercera generación. Yo soy tucumana, pero estoy en Formosa desde hace muchos años y esta provincia es multiétnica y pluricultural, hay cuatro etnias: qom, wichí, pilagá y nivaclé. Esta es una delegación que desde hace más de una década viene trabajando puntualmente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Lo entendemos como parte de la defensa de los derechos humanos, entenderlos en su integralidad forma parte de nuestro quehacer que nos define como organismo de derechos humanos. En este sentido, quiero remarcar algo fantástico que ocurrió en el juicio anterior por lesa humanidad, en el que se logró la condena de ocho personas integrantes de las distintas formas de fuerzas de seguridad. En el alegato, en particular desde la abogada de la APDH y el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre —y eso se lo tomó como antecedente para la sentencia— aparece el tema de un país asentado sobre genocidios, y el primer genocidio del que se da cuenta es el indígena. En ese alegato ya se menciona la Masacre de Rincón Bomba, que todavía está en instrucción en el Juzgado Federal, pero para nosotros fue muy significativo ligar las prácticas genocidas propias de la dictadura también con el genocidio indígena cometido en nuestro país”, expresó Alejandra Carrizo a Oral y Público.
En cuanto a la Masacre de Rincón Bomba a la que hizo referencia, la psicóloga detalló: “ocurrió en 1945, durante del gobierno de Juan Domingo Perón. Fue una masacre ocurrida contra integrantes de pueblo pilagá, en una localidad al oeste de Formosa, de la que participaron fuerzas de Gendarmería, justamente quienes ahora están custodiando a los qom asentados en la ruta 86 y protestando legítimamente por sus derechos. Mediante engaños, fueron masacrados cientos de indígenas, de los cuales lamentablemente quedan muy pocos sobrevivientes. Los tiempos de la justicia no tienen mucho que ver con los humanos, son como distintas cronologías, y nos preocupa que se van muriendo los sobrevivientes y tenemos pocas posibilidades de que se lleve a juicio a la mayor brevedad. Pero está dentro de lo que fue la Campaña del Desierto y lo que tuvo que ver después acá con la Campaña del Desierto Verde, que alcanzó a las provincias del Litoral, donde había poblaciones indígenas”.
“En el imaginario seguimos con el concepto de indio, vago y maloliente –reflexionó Carrizo–, y eso sigue siendo muy fuerte también en la sociedad formoseña. Por eso cuesta mucho lo que tiene que ver con transformar la mirada hacia considerarlos como sujetos titulares de derechos, y por lo tanto, también sus protestas. En estos días leí una nota interesante que decía que los medios de prensa tomaban la voz de los oprimidos en este momento cuando tenían que ver con los cortes de ruta. A nosotros nos preocupa y es lamentable que se tenga que llegar a esas medidas, pero a veces los que no son escuchados de otra manera, la única forma que tienen de hacerse escuchar es ocupando el espacio público y a veces bordeando acciones que terminan, lamentablemente, siendo delictivas. Y por ende, están todos procesados”.

Visibles solo en la ruta

La Comunidad La Primavera de la etnia Qom se encuentra cortando la ruta 86 desde el 4 de febrero y por tiempo indeterminado. Lo hacen para obtener respuestas a sus pedidos de acceso a la vivienda, a la energía eléctrica y caminos seguros, entre otros reclamos históricos. El qarashé Félix Díaz viajó a la Ciudad de Buenos Aires para denunciar lo que está sucediendo en su provincia e incluso inició un acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer visible el reclamo de su comunidad. Amanda Asijak, esposa de Díaz, relató que la situación en el corte es tensa ya que – por ejemplo – han recibido la visita de patotas, incluso de integrantes de la misma comunidad cercanos al gobierno provincial. En diálogo con Oral y Público, Alejandra Carrizo manifestó la preocupación que está situación generó en la APDH: “esto tiene que ver con la lógica del dominador, del ‘divide y reinarás’. Se están produciendo divisiones muy dolorosas hacia el interior de la comunidad. Y esas divisiones son producidas por el mundo de los blancos y por una política absolutamente clientelar, que reparte dádivas y prebendas, y que genera divisiones, pero que no tiene que ver con el mundo indígena en sí. Es muy doloroso. Nosotros estamos muy preocupados y —voy a utilizar el término— asustados. Por suerte la jueza federal que interviene en la causa, ante una demanda que hizo el defensor del Pueblo de la provincia contra los originarios que están asentados en la ruta, libró un oficio ordenando a Gendarmería que garantice la integridad física de los manifestantes. Eso nos tranquilizó durante un tiempo, pero nos reuniremos con la jueza y con las autoridades competentes para ver cómo se puede lograr allanar el camino y alcanzar alguna solución pacífica y de diálogo. Cabe aclarar que no es mucho lo que piden los qom, piden que todo lo que se haga en pro o en beneficio de la comunidad, toda acción, proyecto o política, se haga siempre con el consentimiento previo, libre e informado de quienes están allí asentados. Eso lo dice Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, parece ser que cuesta mucho respetar esto. De hecho, lleva más tiempo, hace más lentos los procesos, pero el consentimiento es absolutamente necesario, es un derecho y es legítimo”.
Hacia el final de la entrevista con Oral y Público, la psicóloga e integrante de la APDH Formosa volvió a referirse a la importancia de seguir investigando y juzgando los genocidios producidos en nuestro país: “lo que somos hoy tiene mucho que ver con lo que nos pasó en el pasado. Y lo que lograron hacer con el sistema absolutamente perverso de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas no alcanzó solo a las víctimas directas, sino, como suelen decir en los libritos o folletos, a todo el cuerpo social de la nación. Y eso está asentado en nuestra estructura mental, en nuestras maneras de comportarnos. Y necesitamos revertir esto, necesitamos reparar heridas y necesitamos cambiar, y una nueva ciudadanía. Y eso tiene que ver con la posibilidad de la memoria, de la verdad y del acceso a la justicia. Ojalá que lo podamos entender”.
En este punto, Alejandra Carrizo reiteró que es imprescindible que el pueblo asista a las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad: “necesitamos que se sume también la población y que asista a los juicios. Son abiertos, libres, gratuitos. Es importante: concurramos a las audiencias”, finalizó.
También es necesario escuchar lo que las comunidades originarias tengan para decir. Aunque no todas digan lo mismo, el mensaje de la comunidad La Primavera es insistente. Aún así, nadie los atiende; pero tampoco los desmienten

Arrancó un juicio en Roma contra 32 represores sudamericanos

La Justicia inició un proceso contra miembros de las dictaduras de la región por la muerte de 20 italianos. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar.

Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso. [Enjuiciado. El ex capitán de navío Jorge Néstor Troccoli es el único acusado presente en el inicio del proceso.]
La Justicia italiana inició el jueves un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas de 1970 y 1980 por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.

Troccoli, ex capitán de navío, de 67 años, está acusado de la muerte de seis italianos. Llegó a vivir en Italia tras huir de Uruguay para evitar la cárcel.

El proceso se realiza en una sala de la cárcel romana de Rebibbia.

La Operación Cóndor fue un plan urdido por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal Giancarlo Capaldo inició la investigación en 1999, tras la denuncia de un grupo de familiares.
Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo uruguayo que desapareció el 1 de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que estaba contenta de que se efectuara este proceso. Al mismo tiempo, lamentó no haber tenido ayuda de parte de las autoridades de los países de los militares acusados.

“Los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”, le declaró a la agencia de noticias AP.

Agregó que “esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”, que permanecen desaparecidos.

Aunque seguramente no se les podrá aplicar una eventual condena a los militares procesados, Mihura dijo que “la sociedad tiene muchos otros modos para hacer valer esa condena”.

Además de Troccoli, los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca. También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

El proceso fue suspendido por la jueza hasta el 12 de marzo
El proceso en Italia contra 32 ex militares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, fue suspendido ayer hasta el 12 de marzo, tras desestimar la jueza varias peticiones de las defensas.

La de ayer era una audiencia técnica, en la que se debían resolver peticiones de los letrados defensores y establecerse las acusaciones particulares que actuarán durante el juicio.

Sin embargo, las numerosas reivindicaciones de los defensores llevaron a la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal de Roma, Evelina Colella, a aplazar la vista hasta dentro de un mes.

La cuestión que más tiempo llevó a la magistrada fue la planteada por el abogado Luca Milani, que asiste de oficio a los cuatro acusados peruanos.

El letrado planteó sus dudas sobre la constitucionalidad del proceso, ya que, a su juicio, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y muchos de los imputados ya han recibido condenas en sus respectivos países.

Un exdetenido por violación es funcionario K de DD.HH.

Ultrajó a su exesposa frente a sus hijos

Se trata de Carlos García Muñoz, quien agredió a su víctima con una navaja, la ató, violó y golpeó hasta desmayarla. Fue condenado en España y estuvo 10 años preso.

Carlos Alberto García Muñoz, actual funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y militante kirchnerista, estuvo preso diez años en España por violación.

García Muñoz, además de ser funcionario, recorre el país brindando su testimonio por haberse fugado de la Mansión Seré, un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar.
En 1999, la Justicia española lo procesó y condenó a diez años de prisión por haber agredido sexualmente a su exesposa, María Jesús Anguren Sanjulián.

La aberrante agresión que llevó a Carlos García a la cárcel tuvo lugar el 10 de julio de 1999 en Barcelona, ciudad en la cual se exilió tras su escape de Mansión Seré. La víctima fue su exesposa, a la que ya había agredido con anterioridad. Aquel día, el hombre se presentó en la casa de María Jesús Anguren Sanjulián, de quien estaba separado desde hacía varios meses y quien lo había denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato físico. Esa noche, García Muñoz le exigió que regresara con él y quiso intimar nuevamente con ella. María Jesús se negó. Entonces él sacó una navaja, la agredió, la ató y la violó.

María José Varela, abogada de la víctima, dio detalles escalofriantes respecto al hecho y al proceso judicial. “El hombre procedió a violarla hasta dejarla inconsciente y todo esto mientras los hijos pequeños de la pareja estaban en la casa gritando y pidiendo auxilio”, relató la letrada.

“Cuando él comenzó a hablarle de manera amenazante, ella se encerró en su habitación. Pero no le sirvió de nada, porque él rompió la puerta de una patada, la empujó y le dio un puñetazo. El hombre procedió a violarla hasta dejarla. La víctima, además, se estaba recuperando de una operación de útero, por lo que no podía defenderse”, contó la abogada.
Varela, cuyo bufete se especializa en la defensa de la mujer y de la infancia, no salía de su estupor al enterarse de que el violador de su defendida trabaja hoy para el Estado argentino y ni más ni menos que en el área de Derechos Humanos.

La abogada contó que cuando la policía llegó a la escena del crimen, alertada por los gritos de los niños, García Muñoz todavía estaba agrediendo a la mujer.
Producto del hecho, García Muñoz fue condenado por la sección 5 de la Audiencia de Barcelona. Mientras que su ex, María Jesús, dio a luz a un niño prematuro.

García Muñoz se transformó en un ferviente defensor del modelo: integra la agrupación peronista Descamisados, que actualmente apoya la candidatura presidencial del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y haciéndose presente en innumerables actos políticos. En uno de estos mítines, como el realizado hace muy poco, el 10 de diciembre del año pasado, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, fue la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner quien destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público en su calidad de “sobreviviente” de la dictadura militar instalada en el país desde 1976 a 1983.