Juzgan a exmilitares por quemar a jóvenes en dictadura chilena

La madre del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri,Veronica de Negri (izq.) y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira (der.).

Los delitos fueron cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet, el 2 de julio de 1986. Estos hechos estuvieron bajo la sombra por casi 30 años. A 28 años del caso de los jóvenes chilenos quemados en una protesta por oponerse a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), este viernes siete exmilitares chilenos fueron detenidos y procesados por la justicia de ese país suramericano. El proceso judicial fue reactivado por el juez especial Mario Carroza. Las aprehensiones se llevaron a cabo luego de que un exrecluta rompiera el pacto de silencio que se mantuvo por casi 30 años. Lee: 12 procesados por la muerte de Víctor Jara Seis de los acusados serán enjuiciados por homicidio calificado y el otro como cómplice, tras haber arremetido contra el fotógrafo Rodrigo Rojasm que en esa época tenía 19 años de edad y a Carmen Gloria Quintana, de 18, en un barrio de Santiago. 

Cómo sucedieron los hechos 

Luego de ser rociados con bencina e incinerados, las víctimas fueron trasladadas por los militares hasta una zona rural en las afueras de Santiago y lanzados a una zanja, de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda. Se calcula que 96 horas después murió Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana aunque tuvo el 62 por ciento del cuerpo quemado, logró sobrevivir y restablecerse por recibir varios años de tratamiento. "Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice", explicó a los periodistas el juez Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Verónica De Negri, la madre de Rodrigo Rojas, dijo que con el procesamiento "el caso no termina, hay que ver cómo sigue". Lea aquí -» Salvador Allende en pocas palabras "Hay que seguir insistiendo en que el pacto de silencio tiene que terminar, todos los militares tienen que ser degradados, todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad tienen que ser degradados", dijo De Negri tras reunirse con el juez Carroza. De Negri solicitó a la presidenta Michelle Bachelet, que "está al mando de todas las Fuerzas Armadas", a degradar a los violadores de derechos humanos. "Yo le pido a ella que mantenga su compromiso, el mismo que tenía cuando estaba conmigo en la Posta Central (en 1986) y me llevó para que viera a Rodrigo y me asegurara de que no se lo habían robado", añadió.

Las cartas de los secuestrados

El centro clandestino funcionó de octubre de 1976 a octubre de 1978. La investigación abarca a unas veinte víctimas, entre ellas Ana María Caruso de Carri y Héctor Oesterheld. Algunos de los represores que irán a juicio son Rodolfo Godoy, Cunha Ferré y Héctor Gamen.

 Por Alejandra Dandan

“Ahora está con nosotros ‘el Viejo’, que es el autor de El Eternauta y el Sargento Kirk. ¿Se acuerdan? El pobre viejo se pasa el día escribiendo historias que hasta ahora nadie tiene intenciones de publicarle.” El viejo Héctor Oesterheld y la autora de esa carta, Ana María Caruso de Carri, aún estaban secuestrados pero vivos, en el centro clandestino de detención y de tortura montado en la subcomisaría de Villa Insuperable, de La Matanza, a la que los represores mencionaban como el Sheraton. El CCD funcionó durante dos años, de octubre de 1976 a octubre de 1978. Ni ellos ni otra gran parte de los detenidos desaparecidos de ese lugar volvió a tener contacto con sus seres queridos desde diciembre de 1977. El juzgado de Daniel Rafecas acaba de elevar a juicio oral y público la investigación de esta causa por unas veinte personas, entre ellos Ana María y el viejo Oesterheld. La causa llega a juicio con su responsable máximo fallecido, el dictador Jorge Rafael Videla, y seis acusados, cuatro militares y dos policías.

“Este centro clandestino –dice Rafecas– mantuvo un doble aspecto, por un lado los detenidos ilegales podrían haber accedido en algunas ocasiones a contactarse con sus familiares mientras estaban cautivos, mediante visitas a sus domicilios, a los que eran llevados por personal policial o militar, o a través de cartas manuscritas que enviaban mediante Jorge Sandobal, policía de la Unidad Regional de Morón, fallecido en el año 2002. A la vez, en algunas ocasiones, se los dejaba circular en el lugar de cautiverio sin capucha ni esposas u otros medios de sujeción. Sin embargo –advierte el juez–, estas concesiones fueron compensadas por la cruel tortura y la desaparición de cada una de las personas que en su momento tuvieron acceso a tales posibilidades.”

El Sheraton o el Embudo funcionó bajo el mando del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, a cargo del ya fallecido coronel Antonino Fichera. El segundo jefe de la unidad militar era el ex coronel Juan Manuel Costa, que llegó a estar procesado en esta causa pero falleció mientras la Cámara Federal revisaba su procesamiento. A juicio oral irán las líneas de mandos que estaban por debajo: el jefe de la plana mayor, Rodolfo Enrique Godoy; el oficial de Inteligencia Cunha Ferré y el oficial de Operaciones Roberto Obdulio Godoy. También Héctor Gamen, segundo jefe y jefe de la plana mayor de la Brigada Décima de Infantería. Y dos subcomisarios que estuvieron a cargo de modo sucesivo de esa dependencia policial: Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano. Rafecas les imputó a los seis la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a unas veinte personas alojadas en el centro clandestino Sheraton y obligadas a realizar tareas para el personal militar en el Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Sobre el trabajo forzado, el juez toma fragmentos de las cartas escritas por los detenidos. Entre ellas, una de Ana María Caruso dirigida a sus hijas Paula, Andrea y Albertina Carri en la que explica que por ahí habían estado los generales “Vaquero, Jáuregui y Martínez”, es decir, dice el juez, tres altos mandos del Estado Mayor del Ejército hoy fallecidos. “El otro día –dice la carta– cuando llamamos estábamos viendo televisión porque estábamos trabajando en una oficina, pero aquí todavía no tenemos televisión (...) A esa oficina vamos a trabajar casi todos los días. El otro día vinieron de visita (a la oficina) 6 generales, entre ellos Vaquero, Jáuregui y Martínez y nos preguntaron algunas boludeces. Los que estábamos ahí no éramos todos, sino un seleccionado de cuatro solamente entre los que estábamos papá y yo. Yo era la única mujer (y a los milicos les cuesta mucho aceptar que una mujer labure en una oficina de ellos).” “Papá” es el sociólogo y escritor Roberto Eugenio Carri.

Otra carta es de Pablo Bernardo Szir, secuestrado el 30 de octubre de 1976 en Ramos Mejía. En noviembre llamó a la familia por primera vez y desde entonces llamó y escribió hasta que se entrevistó con sus hijas en junio de 1977. En una de las cartas describe el lugar de trabajo forzado en el “Cuartel de Ciudadela”: “Bastante seguido vamos al cuartel para los trabajos de oficina, pero también –dijo– a veces pasan largas semanas de encierro y aislamiento”.

En el año 1984, la Conadep describió algunas características de este centro clandestino publicadas luego en el Informe Nunca Más. Como dice Rafecas, allí también está presente la dualidad del espacio en el que convive la presencia de la tortura y del trabajo forzado de los detenidos ilegales, en un escenario donde carceleros y victimarios permiten escribir cartas a los detenidos destinadas a sus seres queridos o mantener contactos ocasionales. “¿Qué se proponían quienes tenían detenidas ilegalmente a un grupo de personas a las que permitían ponerse en contacto con sus familiares?”, se pregunta en ese momento la Comisión. Y responde: “No podemos contestarnos esta obstinada pregunta”. Aquel viejo informe que acaso comenzará a tener algunas respuestas a lo largo de este juicio transcribe otros tres párrafos de una carta de Ana María. Y allí, las sensaciones y especulaciones que atravesaban a quienes estaban en ese lugar. “De todos modos hay algunas cosas que nos preocupan –dice ella–. En primer lugar, lo nuestro no sé cómo va a terminar. Este fin de año, antes de que se concretaran los pases, estuvieron hablando a ver qué hacían con nosotros; supongo que la discusión debe haber sido en la Brigada. Allí hubo tres posiciones: unos decían que ya la guerra estaba casi terminada y nosotros ya no prestábamos ninguna utilidad, por lo tanto había que matarnos; otros decían que ya no éramos útiles y que había que pasarnos a disposición del PEN y otros decían que seguíamos siendo útiles y que lo íbamos a ser por un tiempo largo y, por lo tanto, no podíamos seguir viviendo en esta situación por tanto tiempo. Como no hubo acuerdo, la discusión se postergó, lo cual es favorable, creo yo, porque a medida que pase el tiempo la cosa se ablanda y es más difícil matarnos.”

Por el Sheraton pasaron, además, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial. “Ninguno de los detenidos desaparecidos citados más arriba –continúa el texto de la Conadep– volvió a tener contacto con la familia desde ese diciembre de 1977. Sus captores por fin habían tomado la decisión.”

El juicio oral será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 1 integrado por Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. El mismo tribunal ya dictó condenas en la causa Automotores Orletti y está realizando el juicio por el Plan Cóndor.

Mansión Seré: condenas a 5 ex miembros de la Fuerza Aérea y 3 ex policías

La pena máxima fue para el ex brigadier Miguel Ángel Osses, sentenciado a prisión perpetua. Cinco acusados fueron condenados 25 años, uno a 12 y otro a 9 años de cárcel. El tribunal incluyó también los delitos sexuales. Es la primera vez que se dicta sentencia sobre el rol institucional de la Fuerza Aérea en el terrorismo de Estado.

    Fotos: Guido Piotrkowski.

Los dieciséis meses de juicio oral por los crímenes ocurridos en la sombría Mansión Seré, en tres comisarías y tres bases aéreas de la subzona 16, terminaron con una prisión perpetua, cinco condenas a 25 años de cárcel, otra a 12 años y la última a 9 años, que desataron el llanto y los abrazos de los sobrevivientes y sus familiares en la calle, fuera de las instalaciones del celoso tribunal. “Fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros después de tantos años. Estoy muy emocionada”, dijo Adriana Rapetti a Infojus Noticias con la voz casi quebrada. Su compañero, Oscar Miranda, tenía 25 años, militaba en Montoneros y está desaparecido. A su lado, con un traje cruzado y sombrero de ala corta haciendo juego, a Rubén Galucci, se le llenaban de lágrimas los ojos. “Es un día de júbilo. Valió la pena haber esperado treinta años para escuchar una condena que nos reconcilia con el pasado y la memoria”, alcanzó a decir Galucci antes de que se lo tragaran los brazos de una mujer. El abrazo duró varios segundos, en silencio. Rubén fue el compañero de celda de Miranda y es un hombre muy querido entre los familiares de las víctimas desaparecidas en los centros clandestinos regenteados por la aeronáutica: es que muchas veces, su relato de lo que pasó allí es todo lo que tienen.

Pasadas las 14.30, Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, comenzó la extensa lectura de las penas que recayeron sobre los ocho imputados. El ex brigadier Miguel Ángel Ossés fue el único condenado a prisión perpetua. Se le adjudicó un rosario de delitos: ser coautor de dos o más homicidios agravados, de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de fuerza e intimidación en cinco casos y de abuso deshonesto por otros cuatro. También privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas contra 44 personas y doblemente agravada porque permanecieron secuestradas más de un mes en 51 casos, y los tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos contra las 95 víctimas del juicio.

Daniel Alfredo Scali.

Sus compañeros de jerarquía, los también ex brigadieres Hipólito Mariani y César Miguel Comes, recibieron 25 años porque no fueron acusados por homicidio. A Mariani –que hizo una defensa política en sus últimas palabras, que debieron ser suspendidas por un contemplativo tribunal- se le adjudicaron los mismos casos de abuso sexual con los mismos agravantes, dos casos de abuso deshonesto, las prisiones ilegítimas de la libertad –mismo agravantes- por 27 y 33 casos, y los tormentos agravados contra 60 secuestrados. A Comes, que en sus últimas palabras dijo que no había ordenado o conocido ninguna detención durante su gestión al mando de la subzona 16, le cayeron los mismos delitos pero en distinta cantidad: 41 hechos de privación ilegal de la libertad agravadas por el uso de la violencia y las amenazas y 25 doblemente agravadas por haber durado las detención es más de un mes. Los tormentos agravados los cometió contra 64 víctimas.

Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis –ambos ex cabos de la Fuerza Aérea- y el ex policía Héctor Oscar Seisdedos los sentenciaron a 25 años de prisión. Para los tres fue la primera condena. Scali dijo ser un simple mecánico de mantenimiento de aeronaves G2 Guaraní, pero varios sobrevivientes lo identificaron como un cruel torturador. Lo condenaron por 25 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y 18 doblemente agravada por haber durado el cautiverio más de un mes. También por haber cometido 44 hechos de tormento agravado.

Barberis, al llegar a los tribunales de San Martín.

Barberis fue coautor de 9 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y otros 9 de tormentos agravados. Lo de Seisdedos –que hasta hace pocos años daba charlas como especialista en Seguridad- fue diferente: fue partícipe necesario de los abusos sexuales contra cinco víctimas y coautor en 14 ocasiones de privación ilegal de la libertad agravada por la violencia y las amenazas, y en 12 por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber durado el cautiverio de sus víctimas más de un mes. Y culpable de 24 casos de tormentos.

Los montos de penas más exiguos fueron para los otros dos ex policías bonaerenses: el ex comisario Néstor Rubén Oubiña fue sentenciado a 12 años por haber cometido privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas en 8 ocasiones, 2 más doblemente agravada y un caso de tormento agravado. Al ex cabo Ramón Sosa –que oyó la sentencia al lado de su esposa y su hija y se retiró presuroso por la puerta trasera- lo condenaron a 9 años. Fue responsabilizado como partícipe secundario de ocho hechos de privación ilegal de la libertad agravada y 13 de privación ilegal de la libertad doblemente agravada. Además, le atribuyeron 21 hechos de tormentos agravados.

En sus últimas palabras, Sosa pidió perdón a sus víctimas y dijo que les llevaba la pizza que cocinaba su esposa a los secuestrados de la comisaría. Agregó que “actuó bajo presión”, y destacó que le fue a avisar a la madre de Adriana y Soraida Martín –dos sobrevivientes que hoy estuvieron en la sala- que sus hijas estaban vivas. No les dijo dónde. Cuando el jurado terminó de leer el veredicto, Soraida pidió “un aplauso por los compañeros ausentes”, y llorando, destacó la importancia de “haberlos condenado por los delitos sexuales”.

La causa que se abre

“Estamos conformes con la sentencia”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Martín Niklison, fiscal del juicio y además a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. “Aceptaron todo lo que pedimos, incluso la acusación por los delitos sexuales. En lo único que no coincidimos fue en la pena para los policías”, agregó. La fiscalía había pedido 19 años para Sosa –como partícipe necesario de los crímenes- y 25 para Oubiña. “Tal vez vayamos a recurrirlas. Pero lo importante es que condenamos a los jerarcas”, concluyó.

El fallo del Tribunal Oral Federal N°5 –integrado además por Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler-, también decretó que todos los condenados sigan detenidos y remitir copia de las audiencias al juzgado federal N° 3 de Daniel Rafecas, para que se investiguen los “posibles delitos de acción pública” cometidos por alrededor de treinta personas que no estaban en el banquillo, y en otros lugares mencionados durante las audiencias, como Coordinación Federal, Vesubio, la comisaría de Concordia y hasta “una fábrica de guantes en William Morris”.

Algunos de las personas que el jurado ordenó investigar nunca han pasado por el banquillo de los acusados, y otros ni siquiera son civiles. Por ejemplo, el jefe de personal, el gerente de relaciones industriales y al dueño de la curtiembre Sidec, de donde fue secuestrado Rubén Milstein. “Ellos fueron los que le pidieron a la Fuerza Aérea que me secuestraran. Yo he tenido reuniones donde el mismo brigadier Santuchione que se reunían semanalmente con los jefes de personal de las empresas y le pasaban la lista de la gente que había que secuestrar”, le contó esta tarde a Infojus Noticias. La curtiembre, que en aquella época tenía alrededor de mil empleados, la fundieron y hoy apenas sobrevive como cooperativa con treinta o cuarenta.

A Milstein se lo notaba más liviano, desembarazado por fin de una mochila muy antigua y muy pesada. “Me siento muy bien, hasta me tomaría una cerveza”, le dijo a esta agencia. “Hay una pata importantísima en estos juicios, que son los pequeños sectores concentrados financieros, empresariales que han producido el golpe de estado que hoy se condena acá. Ellos ideologizaron a las fuerzas armadas, le dieron argumentos políticos y religiosos para que se creyeran la salvación de la patria de una amenaza roja”, dijo. “A ellos hay que juzgarlos, porque si no aquello que atravesamos nosotros como generación se puede volver a repetir”, concluyó.

En la calle, la luz de la tarde de San Martín se iba poniendo tenue. En la esquina, sentados en la mesa de un café esperaban los familiares de Nora Etchenique. “Es lo menos que merecían”, dijeron sobre el fallo. El resto de las víctimas de la Fuerza Aérea, que monopolizó la represión ilegal en los partidos de Morón, Merlo y Moreno -y fue condenada como institución por primera vez-, se agolpaban en semicírculo alrededor de los oradores que hablaban en el micrófono de la radio abierta del Colectivo de Comunicación, que le puso la banda de sonido a la histórica jornada. Los aplausos, los abrazos, las lágrimas y las sonrisas se impusieron. Con una demora de casi cuarenta años.

LB/AF/MELRA

Tucumán: Cacique preso por defender la Ciudad Sagrada de los Quilmes

 El encarcelamiento del Cacique Francisco Solano Chaile es el corolario de una larga y sistemática historia de hostigamiento e intentos de desarticulación de la Comunidad India de Quilmes. Su estado de salud empeoró por las condiciones de detención y necesita una respuesta urgente del Juzgado que garantice su integridad física y atención médica.

 Por Sandra Tolosa

La lucha de la Comunidad India de Quilmes no es nueva. Lleva siglos. En ese sector del Valle Calchaquí, los indígenas reducidos por la conquista española fueron en parte trasladados a otras regiones (Quilmes, provincia de Buenos Aires, fue el punto más significativo). Otros quedaron encomendados o escondidos. Aprendieron a ser invisibles, a vivir en la servidumbre y en la negación de sus raíces. Con el tiempo se convirtieron en mano de obra disponible para los terratenientes locales.

Pero la Comunidad India volvió a comprenderse, a reconocerse en su pasado indígena y a defender sus derechos de preexistencia en el territorio allá por los años 70, cuando la lucha por condiciones de vida dignas logró imponerse sobre la negación y el sometimiento que los poderosos locales seguían ejerciendo sobre la gente vallista. Francisco Solano “Pancho” Chaile, Cacique reelegido en cada asamblea por sus comuneros desde hace muchos años, estuvo desde aquellos inicios de la Comunidad, cuando aún era muy joven.

Muchos años después, en enero de 2008, la Comunidad India de Quilmes produjo un hito histórico. Recuperó las hasta allí “Ruinas” de Quilmes, renombrándolas Ciudad Sagrada de los Quilmes en homenaje a la sangre de los antiguos, derramada en ese último bastión de resistencia indígena a los españoles.

El sitio, reconstruido durante la dictadura militar, había sido concesionado en 1992 por diez años al empresario local Héctor Cruz, durante la gestión de Ramón “Palito” Ortega. Favorecido por sus contactos políticos, Cruz hizo uso ilegítimo del espacio, construyendo sobre las estructuras arqueológicas un hotel de lujo, un playón de estacionamiento, un bar e instalaciones sanitarias. Vencida la concesión en 2002, la Comunidad comenzó un largo derrotero de pedidos a la justicia para que el espacio sagrado les fuera restituido y se sacara de allí al empresario. Recién a fines del 2007 se cumplió la orden de desalojo, efectuada por la Fiscalía desde hacía mucho tiempo. Pero el sitio no fue restituido a la comunidad. El Estado provincial, a través del Ente de Turismo, quiso nuevamente su tutela. Ante la negativa y la falta de escucha de los reclamos por vía legal, la Comunidad decidió recuperar esa parte de su territorio ancestral.

La recuperación del sitio en 2008 fue una afrenta para los intereses, tanto del empresario como del mismo Estado. Paralelamente, fue un hito porque demostró la fortaleza política de la Comunidad, permitiendo otras acciones de recuperación territorial en la zona.

Las represalias llegaron rápido y en distintas formas. Las diferentes acciones del Estado que presionaba para lograr el co-manejo del sitio, del empresario que intentaba recuperar su dominio, y de los propietarios locales que se vieron afectados por los pedidos de restitución territorial, fueron presionando a la Comunidad para debilitarla. Abandono, falta de apoyo, represión policial, desalojos y causas judiciales fueron los instrumentos utilizados por el poder para reducir la lucha. Causas penales de diferentes tipos que, iniciadas sobre personas físicas, evitaban la figura de la Comunidad para obviar la Ley Nacional 26.160 que protege provisoriamente a los Pueblos y Comunidades Originarias de acciones de desalojo de sus territorios. Causas sin sustento, basadas en la manipulación de la justicia según los intereses de los poderosos locales. Causas que desgastan, hostigan y atemorizan, y que no tienen otro fin que la desarticulación de la lucha política de las Comunidades que reclaman por sus derechos.

El 6 de junio de 2015 se encarceló al Cacique Chaile de la Comunidad India de Quilmes, provincia de Tucumán. Intentaba una conciliación con el grupo que tomó la Ciudad Sagrada en marzo del 2014, situación que la justicia no ha colaborado en resolver. Comuneros y comuneras vienen reclamando su liberación a las autoridades judiciales, mientras que la organización ANDHES ha elevado un hábeas corpus con el fin de resguardar la delicada salud del Cacique, que se encuentra en tratamiento médico. Sin respuesta alguna, la madrugada del sábado 11 de julio debió ser trasladado de urgencia desde el Centro Judicial de Monteros al Hospital Aráoz de Lamadrid.

La falta de cuidados elementales sobre la salud del Cacique, detenido bajo argumentos que, según su patrocinio legal, carecen de pruebas consistentes para sostener dicha detención, son consecuentes entre sí. Más aún, forman parte de la ya extensa saga de acciones deliberadas de criminalización -de variado grado de absurdidad- sobre referentes indígenas, que parece constituirse en la modalidad actual de desarticulación de las luchas territoriales, sobre todo cuando median intereses privados o del estado. Una desarticulación “legalizada”.

La detención, en un confuso episodio y en un contexto de división y enfrentamiento local, no sólo es una más entre las muchas causas que ya pesan sobre diferentes comuneros: es el corolario de una serie larga y sistemática de intentos de desarticulación de la unidad lograda en 2008 y de su potencial fuerza de lucha. Pero es además un golpe simbólico a la historia misma de la Comunidad, encarnada en el Cacique como figura presente durante toda esa existencia.

El respeto por las autoridades indígenas debe ser una exigencia básica en un país que se jacta de ser plurarista e inclusivo. Las autoridades judiciales son responsables de garantizar la salud del Cacique Chaile y de velar por su cuidado, además de impartir verdadera e imparcial justicia en el caso.

- Texto: Sandra Tolosa, antropóloga, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

- Imagen: Cacique Chaile. Ceremonia de la Pachamama 2009. (Foto de la autora).

(*) Esta nota de opinión -fotografía incluida- puede ser reproducida libremente, total o parcialmente.

El acampe QOPIWINI está rodeado por la policía

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) nos comunicamos con Félix Díaz, qarashe de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, La Primavera, quien nos informó que alrededor de las 4 de la mañana la Policía Federal cercó la zona del acampe, ante la inminencia de un nuevo corte de la avenida 9 de julio. Por RNMA

"Mucha gente corta la calle, pero a nosotros no nos permiten porque somos indígenas. Estamos rodeados de policía, hubo un intento de desalojo. Desde las 4 de la mañana están intimidando, nosotros solamente queremos desde hace 5 meses que la Presidenta nos atienda, para poder volvernos a casa con una respuesta concreta, dijo Félix Díaz en entrevista con la RNMA.
El operativo despliega 15 camionetas con efectivos policiales, un colectivo para detenidos y 10 motos, ademas de perros.


Desde el 14 de febrero de este año, 4 naciones originarias formoseñas (Qom-Pilagá-Wichí-Nivaclé) acampan en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, en lo que se denomina acampe QOPIWINI, a la espera de ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández.

Contacto: Felix Díaz 15-3019-5014

El genocida Milani no se puede ir así nomás para no complicarles la campaña electoral. Tiene que rendir cuentas.

El genocida Milani no se puede ir así nomás para no complicarles la campaña electoral. Tiene que rendir cuentas.

Alguien tiene que pagar por haber encubierto a un genocida. Hay que ir a fondo con el Caso Ledo.

Nilda Garré y Cristina Kirchner tienen que explicar por qué llevaron un genocida al frente del Ejército.

La Presidenta tiene que explicar porqué le dieron a Milani un alto presupuesto, numerosos agentes y alta tecnología para espiar.

Zanini ya está jugando fuerte en la campaña electoral:
“rajemos a Milani, así los progres sólo tienen que tragar el sapo de Scioli”

Lo importante ahora es que la justicia actúe con rapidez y se cumpla el pedido de indagatoria que hizo el fiscal Brito.

No vamos a bajar los brazos hasta saber qué hicieron Milani y sus compinches con el conscripto Alberto Agapito Ledo.

Este gobierno está manchado con la desaparición de Jorge Julio López y
el encubrimiento del secuestro de Alberto Agapito Ledo.

Alguien tendrá que hacerse responsable por haber promovido el ascenso a jefe del Ejército de un genocida como Milani.

Basta de vender falsas imágenes progresistas en el exterior, usando a las embajadas para comprar periodistas y medios.

Los desaparecidos de la cementera

Avance en la investigación sobre la responsabilidad de Loma Negra en delitos de lesa humanidad

El fiscal Walter Romero pidió indagatorias de 18 personas. Entre ellos, los jefes militares de la zona y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Se investiga el secuestro de seis trabajadores el 20 de julio de 1976.

 Por Alejandra Dandan

“Nos llevaron de Loma Negra directo a la cárcel de Azul”, declaró Eustorgio Rodolfo Arenzo ante la Justicia de Instrucción. También llevaron a esa cárcel a otros tres compañeros de la cementera de los Fortabat. “Nos encontramos en la puerta. Entramos a una sala grande, estaban todos con armas largas, eran penitenciarios. No había ningún militar. Había una oficina y nos ponen a los seis contra la pared con las manos levantadas para revisarnos. En ese momento sale el jefe de la cárcel, lo agarra a Peralta y le dice: ¿vos sos Pichirica? Y lo lleva para adentro y le pregunta qué había pasado. Peralta le cuenta que no podían enchufar una bolsa, que habían pedido hablar con el jefe de personal para arreglar el problema y se negó al pedido y nos denunció al Ejército. Entonces el jefe de la cárcel le dice: “Vos sabés que tenemos orden de matarlos, directamente Loma Negra dio orden de matarlos”.

Este es uno de los nuevos testimonios que se agregaron en la causa sobre la responsabilidad de la empresa Loma Negra en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Al concluir el juicio oral por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral ordenó una investigación más amplia sobre la empresa. El expediente sumó nuevas víctimas. Además de Moreno, el fiscal Walter Romero de Azul investiga el secuestro de seis trabajadores detenidos el 20 de julio de 1976. Romero pidió al juez federal de Azul Martín Bava indagatorias de 18 personas por estos casos. Entre ellos, a los jefes militares de la zona, como el entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, jefe de la guarnición militar de Olavarría, pero también sobre personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. En tanto, el fiscal dejó dicho en el escrito que también deberían ser convocadas las personas más emblemáticas de la cementera, como Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky, responsables del área de personal y ejecutivos que fallecieron y “por lo tanto la responsabilidad penal a su respecto se encuentra extinguida”.

Para la fiscalía, el cúmulo de documentos permite sostener como hipótesis la responsabilidad de Loma Negra en estos hechos. “Sin hesitación alguna –sostiene– (se puede decir que) los responsables de la empresa solicitaron a sus socios en el poder tanto la eliminación física de Carlos Alberto Moreno como también la detención de los obreros y del abogado Mario Gubitosi, quien salvó su vida al exiliarse durante largos años en el exterior.” En su teoría señala que “la empresa Loma Negra tenía un especial interés en la reducción de los conflictos gremiales debido a los costos que debía afrontar para el pago de los reclamos laborales, como también el resto de las constancias permiten afirmar que la empresa constituía uno de los soportes empresariales que contribuyeron al mantenimiento de la dictadura”.

Esa conclusión que aún debe evaluar el juez federal Bava es uno de los aportes más singulares a la causa. Es la línea de argumentos que impulsan las querellas, entre otras los hijos de Moreno y su viuda. Una línea que se intuye en cada una de las causas que trabajan la dimensión económica de la dictadura. Pero el mérito aquí es haber llegado al pedido de indagatorias con los papeles bajo el brazo.
Los documentos

Uno de esos papeles es el informe varias veces mencionado en este diario de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración. “A pedido del Ministerio Público, la Ofinec realizó un relevamiento de los 118 libros contables de la empresa Loma Negra que se encuentran en esta fiscalía correspondientes al período 1975-1983.” El escrito hizo hincapié en la evolución de los ejercicios contables y la rentabilidad y costo laboral.

El estudio demuestra que entre el 1º de abril de 1975 y el 31 de marzo de 1976 se registró el nivel más alto de participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, llegando al 19 por ciento. A partir del ejercicio siguiente esa participación cayó abruptamente, hasta alcanar el 9 el 31 de marzo de 1983. “Esta abrupta caída de los ingresos de los trabajadores, que se ve reflejada en los estados contables al analizar el costo laboral en comparación con los ingresos facturados, es la que permite un incremento de la ganancia empresaria”. Durante ese período, “la facturación de la empresa aumenta en forma sostenida”, pero no es acompañado por un incremento de costos general ni laboral. Sobre la cuenta que preveía las indemnizaciones agrega que “se observa la abrupta caída en el importe reservado a partir del año 1976”, del orden de un 72 por ciento, y vuelve a caer durante los dos períodos siguientes “es decir, aquel en el que ocurrió el asesinato del abogado laboralista que llevaba a cabo los juicios contra la empresa Loma Negra SA”.

La causa sumó otros documentos. Entre ellos, y a modo de muestra, dos expedientes laborales judicializados que se pudieron rescatar. En ellos puede verse qué fue pasando con ellos. Y el pase de abogados mientras caían los que los iniciaron, atemorizados, secuestrados o asesinados. Otra de las novedades es la voz en primera persona en la causa de los ex secuestrados que se acercaron finalmente a la instrucción.
Los testimonios

Leonardo Roberto Crespo trabajaba en Loma Negra y era parte de la Asociación Obrera Minera argentina (AOMA). “Don Alfredo –declaró– siempre tuvo buena relación con los militares del regimiento que concurrían a los actos y las fiestas de Loma Negra.” Antes del 24 de marzo, el gremio y los delegados tenían buen diálogo con la empresa. Crespo no se acuerda, de hecho, de medidas de fuerza. “El 24 de marzo se enrareció el clima porque prácticamente en lo gremial no nos atendían, por ahí sí en la parte social (... pero después) directamente no nos atendía porque la línea bajaba de los militares.”

Bajo ese clima “enrarecido”, la empresa hizo avances que significaron “un notable retroceso en las condiciones de trabajo y reportaron a Loma Negra enormes ganancias”, señala la fiscalía. En 1977, cambió “unilateralmente el Convenio Colectivo” de trabajo “que teníamos en cuanto a la parte salarial”, dijo Crespo. “Cambió la categoría, a algunos les rebajó y a otros aumentó. Nos sacó conquistas económicas, como adicionales dentro de las ocho horas. O teníamos dos horas de premio por realizar algún agregado de trabajo.”

Otro testimonio clave fue el de Roberto Omar Gil, miembro de la comisión directiva de AOMA y trabajador de Loma Negra. Gil habla del trabajo de visibilización de la silicosis como uno de los “principales reclamos gremiales que enfrentó Loma Negra a partir de 1974”.

Los trabajadores contrataron a Gubitosi. El los puso en contacto con un médico, hijo de un capataz general de la fábrica, que conocía todos los secretos. El médico era Carlos Alberto Bhürle. “Ahí nos enteramos de que muchos fallecían de tuberculosis, una enfermedad pulmonar, igual a la silicosis. Entonces empezamos a desconfiar y a pensar que en realidad no era tuberculosis sino silicosis. Yo creo que ponían tuberculosis pero en realidad era silicosis.”

“Yo tenía un miedo terrible –dijo Crespo–, soy peronista de cuna y tuve que sacar todos los libros de mi casa e incluso quemar alguno. Dependíamos de que la fábrica un día diga: sacame a este que me molesta, y listo. Todas las maniobras militares se hacían en el campo de Fortabat, en la pampita creo que le llamaban, tenían una relación estrechísima. El Ejército, para agradecerle el préstamo de esos lugares, un día le llevó un cañón con rueda de obsequio a la estancia que está cerca de la fábrica de calera Avellaneda.”

El 10 de junio de 1976 se inició la causa conocida como “Florencio Paniagua por indemnización por incapacidad física”. Gubitosi señaló en la demanda que Paniagua padecía una enfermedad llamada silicosis, producto de las precarias condiciones en que desarrollaba su actividad en el área rompedora de piedras. A Gubitosi lo secuestraron de diciembre de 1976 a marzo de 1977. Probadas las causas, el Tribunal condenó a Loma Negra el 21 de marzo de 1977. Para entonces, ya estaba encaminada otra causa, llamada Zabala, con Moreno en el expediente y nuevamente con eje en la silicosis. Moreno se quedó con la representación de esa causa pero lo secuestraron en abril de 1977. Los trabajadores no consiguieron otro abogado. Preguntaron a Gino Pizzorno, que no aceptó cuando supo que a Moreno lo habían matado, según lo que él mismo declaró en este expediente. Esa reconstrucción también es interesante. La causa siguió con un defensor oficial. El 4 de julio de 1977, la empresa firmó una conciliación muy favorable a sus intereses