Indagaron a cuatro integrantes del Batallón de Aviación 601

Los responsables de los vuelos

Los cuatro represores fueron convocados para declarar por el asesinato de Rosa Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. La fiscalía ya había pedido que fueran a juicio oral por otras tres víctimas.

  Por Alejandra Dandan

Los cuatro pertenecieron a la plana mayor del Batallón de Aviación del Ejército 601, corazón de la estructura encargada de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Están detenidos con prisión domiciliaria desde abril del año pasado, acusados por los homicidios de tres víctimas, cuyos cuerpos fueron inhumados como NN entre 1976 y 1978 e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La semana pasada, la jueza federal de San Martín Alicia Vence volvió a convocarlos a los tribunales para ampliar la declaración indagatoria, esta vez por el crimen de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, asesinada antes de un traslado y cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Durante la indagatoria ninguno de los cuatro aportó información, tal como sucedió un año antes. La fiscalía a cargo de la causa ahora espera que la jueza incorpore a esta nueva víctima al listado de hechos por el que ya pidió la elevación a juicio oral.

Los vuelos fueron el método por excelencia del exterminio masivo de miles de prisioneros en Campo de Mayo. Estos cuatro detenidos integraron el Estado Mayor del emblemático Batallón de Aviación 601, en cuya reconstrucción fueron clave las declaraciones de cientos de conscriptos. Entre los ya procesados se encuentran el Jefe y Subjefe del Batallón: Luis del Valle Arce y Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre diciembre de 1975 y diciembre de 1978. También fue indagado Alberto Luis Devoto, a cargo de Inteligencia (S-1) y Personal (S-2) entre diciembre de 1974 y octubre de 1977 y conocido por haber permanecido veinte años en la función pública en el gobierno de José Manuel De La Sota en Córdoba. Otro de los indagados fue Eduardo María Lance, oficial de operaciones (S-3), entre junio de 1976 y febrero de 1978, el único de los cuatro llegó al juzgado solo, sin compañía ni custodia.

–¿Le puedo preguntar de dónde es? –le preguntó al fotógrafo.

–Prensa –dijo él.

–¿Le puedo preguntar por qué me saca fotos?

–¿Usted está imputado en una causa?

–Sí –reconoció.

–Es por eso.

–¡Ah! ¡Pero qué organizados están! –respondió.

A la indagatoria de la semana pasada el juzgado también convocó a Santiago Omar Riveros, entonces a cargo del Instituto de Comando Militares. Los nombres de los integrantes del Batallón de Aviación del Ejército 601 se conocieron el año pasado en el marco de un Informe del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio de Defensa con un pormenorizado análisis de testimonios de conscriptos, legajos y organigramas del Ejército. La anatomía de los vuelos, nombrados en Campo de Mayo como “vuelos fantasmas” o “vuelos sanitarios” estableció que entre 1976 y 1983, el Batallón de Aviación fue la estructura que realizó los vuelos de la muerte con una doble dependencia: institucionalmente, del Comando de Aviación del Ejército Argentino y operativamente, del Comando de Institutos Militares, corazón represivo de la Zona de Defensa IV, a cargo del multicondenado Riveros.

En febrero de este año los fiscales Miguel García Odás y Hugo Bogatti pidieron la elevación a juicio oral de la causa por tres víctimas: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace y Roberto Ramón Arancibia. Dijeron: “desde ese Batallón partieron infinidad de vuelos de avión y/o helicópteros que transportaban personas privadas de la libertad, en la mayoría de los casos del centro de detención clandestino de Campo de Mayo, que eran arrojadas desde las aeronaves a las aguas del Río de la Plata o al océano Atlántico”. “Los vuelos de aviones y helicópteros partían del aeródromo de dicha unidad transportando personas vivas, vendadas y drogadas -Ketalar–, y/o muertas y regresaba las aeronaves sólo con su tripulación. Esas personas vivas y/o muertas constituían la ‘carga’ que fueron arrojadas al río de la Plata y/o al mar –océano Atlántico–, convirtiéndose esos vuelos en los ‘vuelos de la muerte’ y/o ‘vuelos fantasmas’ que fue la forma de exterminio de los miles de detenidos-desaparecidos secuestrados y alojados en los centros clandestinos de detención del país.”

La fiscalía entendió que el accionar de los acusados consistía en organizar, planificar y materializar los denominados vuelos de la muerte, para lo cual “recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas”, a las aeronaves. Las víctimas llegaban hasta la cabecera del aeródromo en vehículos generalmente de gran porte a través de las puertas 1, 4 o 7, cercanos al Batallón de Aviación 601, explicaron. Recorrían una ruta boscosa e ingresaban a Campo de Mayo y al Batallón de Aviación sin control alguno, por orden directa de los superiores del Batallón. Generalmente las aeronaves ya se encontraban esperando en la cabecera de la pista. Los vehículos de transporte se paraban a un costado y las víctimas eran subidas a los aviones. Los Twin Otter tenían una escalera al costado, mientras que los Fiat se cargaban por la parte trasera. “La mayoría de los testimonios dan cuenta que esta operatoria era llevada a cabo por oficiales y suboficiales. Los conscriptos –sigue la elevación– eran relevados de sus puestos o se los obligaba a mirar a otro lado o hacer cuerpo a tierra”. La mayor parte de los vuelos de Campo de Mayo, explicaron, eran nocturnos y al cargar los aviones solían apagarse las luces. La carga de las víctimas duraba aproximadamente media hora y luego el avión partía. Respecto de los helicópteros, continuaron, muchos testimonios refirieron que partían de una zona boscosa cercana “al Campito”. No se ha podido acreditar con certeza si los “vuelos fantasmas” o “vuelos de la muerte” “se encontraban debidamente registrados. Lo que sí se sabe por declaraciones de conscriptos que cumplían funciones en la Torre de Control es que la mayoría de estos vuelos irregulares se dirigían a Punta Indio o a Bahía Blanca y que los pilotos pedían los partes meteorológicos de dichas localidades”.

El cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán apareció en la costa de Punta Indio en diciembre de 1976. Rosa militaba en el PRT. Y había vivido en Córdoba hasta mediados de1975. Después, se fue a Zárate Campana donde vivió con su compañero, Abel Omar Pucheta. Ella fue secuestrada en octubre. De acuerdo a los datos de la causa, a Rosa la vieron en Campo de Mayo. Desde 1998 su familia sabe que su cuerpo apareció en Punta Indio y fue enterrado como NN en el cementerio de Magdalena. “La aparición de los restos de nuestra hermana en Punta Indio, lleva a concluir que ella tuvo el triste y doloroso destino de quienes fueron víctimas de los llamados ‘vuelos de la muerte’”, dijeron sus hermanos en un escrito. En 1998, el EAAF determinó que los restos hallados el 4 o 5 de diciembre de 1976 en la costa fueron trasladados al cementerio de Magdalena. Una autopsia realizada en 1976 había determinado que Rosa fue asesinada al menos de tres disparos y posteriormente arrojada a las aguas del Río de la Plata, donde permaneció entre 10 y 12 días. Ya en ese momento, el Registro Nacional de las Personas también había identificado sus huellas pero ninguna de esa información llegó a la familia. El 27 de febrero de 1998, la periodista Lila Pastoriza reveló la participación en el ocultamiento de las pruebas del entonces comisario Julio Cesar Morazzo.

Se inicia el juicio por José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit

Crímenes en la RIBA

Por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit están acusados tres represores de la Fuerza Aérea, que controló el circuito represivo en zona oeste.

Por Victoria Ginzberg

José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit desaparecieron el 6 de octubre de 1978. El fue secuestrado en Martínez, en un local donde vendía artículos de cotillón y juguetería. El mismo grupo de tareas irrumpió en el departamento en el que vivía la familia en Palermo y se llevó a su mujer, que estaba embarazada de ocho meses, y a la hija de ambos, Mariana, que tenía quince meses y que luego de unas horas fue dejada con familiares paternos. Patricia parió en la ESMA y su hijo fue localizado en 2000. Pero antes de llegar al centro clandestino emblemático de la Armada, estuvo secuestrada, junto con José, en una casa de la Fuerza Aérea en Morón: la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), cuyo funcionamiento como lugar de cautiverio y su inserción en el circuito represivo de la zona oeste, a cargo de la Fuerza Aérea, fue revelado por la investigación sobre los casos de Pérez Rojo y Roisinblit. Hoy comenzará el juicio en el que serán juzgados tres de los responsables de esos crímenes: Luis Tomás Trillo, que estuvo a cargo de la RIBA; Francisco Gómez, que fue personal civil de Inteligencia de la RIBA y apropiador del niño que Patricia tuvo en la ESMA; y Domingo Omar Rubens Graffigna, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea al momento de los hechos y luego integrante de la segunda junta militar de gobierno.

La participación de la Aeronáutica en crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado es muchas veces subestimada. De hecho, Graffigna terminó absuelto en el Juicio a las Juntas. Sin embargo, dicha fuerza controló el circuito represivo en la zona oeste (la llamada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Morón, Merlo y Moreno), cuyo sitio más importante fue el centro clandestino Mansión Seré, en Castelar, pero incluyó también a la Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada de Morón, las comisarías de Castelar, Haedo y la Primera de Morón, además de la RIBA.

El jefe de la RIBA durante los primeros años de la dictadura fue el comodoro Roberto Oscar Sende, ya fallecido, y su sucesor fue el mayor Trillo, a cargo de la RIBA cuando se produjo el secuestro de Patricia y José. Por encima de Trillo estaban el brigadier Francisco Salinas, también fallecido, que era jefe de Inteligencia de la fuerza, y el propio Graffigna, quien en 1985 fue absuelto de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormentos, reducción a servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica que le imputaba la fiscalía del Juicio a las Juntas. En 2003, el juez español Baltasar Garzón solicitó su extradición y el ex jefe de la Fuerza Aérea estuvo bajo arresto domiciliario. Pero recién en 2013, por orden del juez federal Daniel Rafecas, Graffigna fue detenido y fue a raíz de esta causa, iniciada por Mariana Pérez —hija mayor de Patricia y José— y el abogado Pablo Llonto.

En el juicio que comenzará hoy también participarán como querellantes, representados por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, madre de Patricia y vicepresidenta de ese organismo de derechos humanos, y Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, el hijo que Patricia dio a luz en la ESMA y que fue localizado en 2000. Guillermo fue apropiado por Francisco Gómez y su esposa, Teodora Jofré, quienes fueron condenados por este hecho en 2005. Guillermo fue el primer nieto apropiado encontrado en manos de un miembro de la Aeronáutica: la misma fuerza y las mismas personas que dispusieron y ejecutaron el secuestro de los padres, determinaron el destino del niño.

Hoy, en los tribunales de San Martín, se dará inicio al juicio y los acusados serán interrogados. El miércoles declararán Rosa Roisinblit y Mariana Pérez. La semana próxima la ronda de testimonios la abrirá Guillermo Pérez Roisinblit.

El Ministro Jorge Triaca en la misa por un represor

Ni una misa para los trabajadores

El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas antes de la gran concentración obrera del viernes.

  Por Alejandra Dandan

A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país, el ministro de Trabajo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Angel Egea, un socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice, imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y al brigadier Raúl Lacabanne. El ministro Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas condolencias que recibió Miguel Angel Egea el día de su muerte en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación.

Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. - A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. - Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.

En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.

El otro

Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.

“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”

Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo. Por otro lado, investiga la relación entre esas sociedades locales y otras radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay. Bajo la hipótesis de lavado de dinero, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en 2014 presentó al juzgado un informe en el que entendía que una serie de empresas locales con balances negativos habían recibido entre 2001 y 2013, 19.008.513 pesos. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos dijo la UIF en ese momento, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. La UIF para entonces a cargo de José Sbatella, estaba convencida que detrás de las empresas radicadas en el exterior estaban los mismos nombres de los dueños de esas sociedades en argentina.

En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.

En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William Whamond, el alias de Jorge Radice.

Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.

De la Triple A a la Estrella de la Fortuna

Así se llama el documento que Eduardo Luis Duhalde escribió sobre Egea. El ex secretario de derechos humanos, lo ubica como uno de los miembros de los grupos fundadores de la Triple A en la provincia de Córdoba, precedente del Comando Libertadores de América. En los años ‘70 y ‘80 tuvo varias causas por estafa. De acuerdo al documento de Duhalde, en 1967 fue detenido por usurpación de títulos y honores art. 267; en 1974 tuvo una causa por infracción al 302 de cheque sin fondos y dos causas por estafa. En 1977, tuvo otra causa por estafa. En 1979, dos quiebras. En los ‘80 aparecen las sociedades con los marinos. En los ‘90, llega a Buenos Aires de la mano de Alberto Kohan. Según publicó este diario en 2003, “con el nacimiento del menemismo, se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento y según testimonios periodísticos se lo veía con su jefe y amigo (Kohan) arriba del Menemóvil, vehículo que transportó a no pocos violadores del Código Penal, como el propio Radice”. Cuando Julio César “Chiche” Aráoz, con quien tenía relación desde Córdoba, pasó a desempeñarse como secretario de Energía en 1989, lo llevó como asesor. Egea paralelamente montó una consultora especializada en hidrocarburos en la calle Mitre al 900. Aráoz pasó de Energía a ser interventor en Tucumán y luego ministro de Salud y Acción Social, área de la que dependía Lotería Nacional. El documento de Duhalde, también dice que en 1997, pidió renovación de pasaporte y dio como referencias a Nicolás Ciccone y Hugo Budkin y declara que trabaja en Martiel S.A. Para la época comienzan los contactos con el Casino Flotante. En el año 2000, este diario preguntó por su participación en el Casino Flotante a Jorge Lima que fue vicepresidente de Lotería Nacional durante el menemismo. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12.

Durante esa época, Egea también estaba detrás de una agencia de publicidad. Tenían el juego del Cash y el Loto e imprimían cartones en Ciccone.

Represores condenados escondían en paraísos fiscales lo que robaron a los secuestrados

Represores de la violenta dictadura militar de Argentina (1976-1983), algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, escondieron en paraísos fiscales los bienes que robaron a sus víctimas. En concreto, han aparecido con cuentas en paraísos fiscales, aún activas, integrantes de lo que fue el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en la práctica fue un centro clandestino de detención y exterminio donde se torturaba y asesinaba a personas capturadas que el gobierno no reconocía tener detenidas. 

Se ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares. 

El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.  

Se informa la aparición de las cuentas en los papeles de Panamá confirmaría lo que hasta ahora había sido una mera hipótesis: que las sociedades existen y que están constituidas por los represores argentinos condenados por crímenes de lesa humanidad. 

La investigación del organismo argentino, sin embargo, ha sido frenada de raíz por el nuevo Gobierno argentino del empresario Mauricio Macri, que ha desactivado las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF y amenaza con tirar al traste las investigaciones realizadas y los nuevos descubrimientos en el marco de los papeles de Panamá. 

Genocidas con privilegios: los represores podrán atenderse en hospitales militares

El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo para involucrados en delitos de lesa humanidad.

Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al terrorismo de Estado.

La atención de ex represores de la ESMA en el Hospital Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi (recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas” de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.

La resolución de Martínez, que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín Oficial, menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo del licenciado Angel Tello, ex colaborador de los ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y hombre de confianza del Servicio de Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi “ha sido sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial”, afirma el ingeniero agrónomo Martínez sin mencionar ningún ejemplo. “Los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la atención de los represores.

Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen del informe “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales. En el caso de Marcos Paz denuncia el “déficit crónico” de médicos, “las bajas remuneraciones”, la necesidad de “instrumental y equipamiento médico”, y apunta que en ese complejo penitenciario “no poseen camilla rígida ni collar de sujeción cervical”, entre otras limitaciones.

La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF, lo cierto es que la República podría incumplir sus más elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el “deber de salvaguardar la salud de los reclusos”.

Prófugos y delitos económicos de la dictadura

Desmantelar la UIF - Cesantearon al personal del programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores prófugos. También  fueron despedidos quienes investigan el caso Papel Prensa.

 Por Adriana Meyer

Los despidos masivos en el Estado además de afectar a cada trabajador y a su familia al quitarle el sustento del salario, implican el desmantelamiento de políticas públicas. Tal es el caso de unas sesenta personas que fueron echadas de la Unidad de Investigación Financiera, UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se desempeñaban en un programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores que estaban prófugos y habían conseguido que fueran apresados 23 de ellos. También fueron despedidos quienes trabajaron en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura como Papel Prensa, la apropiación de los bienes de los hermanos Iaccarino y la causa del represor Jorge Vildoza, entre otros, donde también desempeñaron un rol esencial como querellantes.

“Para ellos no hubo terrorismo de Estado, ni siquiera lavado de dinero”, cuenta a Página/12 Nicolás Gómez, un analista que trabajaba en el equipo que consiguió detectar a los represores prófugos, y explica que pudieron hacerlo aplicando la Ley Antiterrorista. Sin embargo, al momento de los despidos no hubo ninguna explicación. “Fue sin causa y afectó a unos 45, ahora hay otras 14 personas que también están en peligro de ser echadas”, agrega. Gómez precisa que el programa de búsquedas de personas requeridas por la Justicia, con una lista de 55 represores, quedó desmantelado.

La UIF había intentado ser querellante en la causa por la adquisición irregular de la empresa Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación durante la dictadura, por el perjuicio que genera al “orden económico y financiero” la posición dominante de la compañía en la producción y distribución de papel para diario y por lavado de activos. En su presentación ante la Justicia, el organismo que conducía José Sbattella había solicitado medidas cautelares para el decomiso de bienes con el objetivo de evitar maniobras que permitieran al grupo controlante cumplir patrimonialmente con una sanción futura y para que cese el daño. El pedido apuntaba a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, por Clarín, y a Bartolomé Mitre por La Nación.

La causa había sido iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si existieron acciones ilegales y articuladas, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, para la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa, que eran propiedad del Grupo Graiver. La UIF quería ser querellante por entender que fueron vulnerados derechos económicos, como el de libre competencia, y por considerar que el accionar posterior de Papel Prensa implicaba una maniobra de lavado de activos. La Cámara de Casación ratificó el año pasado el rechazo de la Justicia en segunda instancia para que el organismo pudiera intervenir en la causa, pero si acaso esta decisión fuera revisada por la Corte Suprema ya no habrá quien accione porque los profesionales que habían impulsado esto integran la lista de despidos.

Lo mismo sucede con la causa por tormentos y privación de la libertad de los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino, donde la UIF también intentó ser querellante porque, además, sufrieron el robo de sus bienes. La intervención de la UIF debía producirse en la parte del caso donde los Iaccarino demandan la restitución de bienes que les fueron arrebatados bajo coacción mientras estaban secuestrados en el centro clandestino El Infierno. La Unidad que ahora está siendo prácticamente neutralizada había logrado que se congele los bienes del represor Jorge Raúl Vildoza, y su mujer Ana María Grimaldos, apropiadores del joven hijo de desaparecidos Javier Penino Viñas. El matrimonio estuvo prófugo dos décadas, y cuando detuvieron a Grimaldos en 2012 declaró que Vildoza había muerto pero como fue cremado con nombre falso no hay forma de verificar si esto es cierto.

Gómez, ahora desocupado, afirma que “ahora podés poner el cartelito de ‘Argentina venga a lavar aquí’ porque echaron al 20 por ciento de las personas que trabajan en el corazón de la UIF, donde se estudian los casos de lavado, y así como quedó puede pasar cualquier cosa, no hay más supervisión de los casos”. El joven, que además está a punto de recibirse de contador, relata que “las dos delegadas del gremio UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), hacen ‘la gran upcn’, absolutamente entreguista nunca hablan de nada y al momento de que se anuncia una oleada grande de despidos dicen que van a hablar y siguen sin hacer nada”. Por eso, ayer los despedidos hicieron una asamblea con miembros de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), quienes a su vez intentaron ser recibidos por las autoridades. “La resistencia recién se está armando”, apunta Gómez.

Ataque nazi a un bar de un activista por la diversidad sexual

A puro golpe

El grupo neonazi Bandera Negra atacó el bar de un activista por la diversidad sexual. Uno de los detenidos ya había sido denunciado.

El ataque a un conocido bar marplatense, el Nevermind, por parte de un grupo de neonazis, derivó en manifestaciones de repudio. El ataque ocurrió durante la mañana del domingo pasado, cuando un grupo conformado por reconocidos y ya denunciados integrantes de una banda neonazi local causó destrozos en el Nevermind, e insultó y amenazó a su dueño, Javier Moreno, un activista por la diversidad sexual. Moreno preside además la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (Amadi). El referente ya había sido amenazado por estos grupos meses atrás, e incluso tuvo asignada custodia policial durante varias semanas. Después del ataque al bar, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación repudió y expresó “su preocupación” por el ataque, aunque por el momento no hubo iniciativa significativa respecto a la seguidilla de amenazas, pintadas y golpizas sufridas por militantes feministas y de la comunidad gay.

“Rechazamos enérgicamente esta agresión. La Argentina no puede permitir ninguna de estas manifestaciones de odio por razones homofóbicas, ni por religión, nacionalidad o cualquier otro motivo que tenga por fin la intolerancia contra colectivos de nuestra sociedad”, expresó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Este “violento ataque a manos de un grupo de individuos armados, quienes además vandalizaron la fachada del local con insignias nazis”, se inscribe en una serie de atentados, golpizas y agresiones que vienen teniendo lugar en esa ciudad en los últimos meses, recordó la Secretaría a través de un comunicado que publicó ayer.

“La Secretaría de Derechos Humanos rechaza enérgicamente y condena este tipo de agresiones que están teniendo lugar en la ciudad de Mar del Plata contra miembros de colectivos de la diversidad sexual, inmigrantes y otras minorías, e insta a las autoridades competentes a investigar estos casos”, recalcaron desde el organismo.

La Secretaría nacional tiene atribuciones como para interesarse directamente en las investigaciones, en impulsar nuevas causas y en ofrecer protección a los perseguidos por discriminación. Por el momento la SDH sigue la opción de rechazar “enérgicamente” después de ocurridas las agresiones. En Mar del Plata, por el momento, no hizo efecto.

A la SDH se sumaron el intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo y el Concejo Deliberante quienes repudiaron los ataques de grupos neonazis y pusieron énfasis en la celeridad de las investigaciones para esclarecer “estos desagradables sucesos”.

Arroyo aseguró que “en una sociedad democrática y pluralista los ataques de sectores autoritarios no pueden darse” e instó a “trabajar para que se terminen con estas acciones que nada ayudan a convivir en un estado de derecho. La violencia y la intolerancia de ideas son ajenas a un gobierno democrático”, agregó el funcionario por primera vez desde que un grupo neonazi apaleó a mujeres durante la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en 2015.

Por su parte, el Concejo Deliberante emitió una declaración en la que reclamó que el Poder Judicial tenga una respuesta pronta a las causas que se iniciaron a partir de estas agresiones y amenazas.

El referente de Amadi aseguró que estos grupos lo “quieren matar” y denunció que, mientras cometían el ataque, los violentos le gritaron que “la policía y Arroyo” están apoyando los hechos de violencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 del domingo, cuando la policía detuvo a un sujeto de 28 años que fue identificado como Nicolás Caputo, apodado “El Rusito” a quien la Fundación La Alameda había denunciado como miembro de la agrupación neonazi Bandera Negra.

En sus cuentas de redes sociales, Moreno describió como desde adentro del local empezaron a oír “gritos cada vez más fuertes y golpes muy contundentes en la puerta”. Según el agredido, los presentes decidieron mantenerse “adentro porque salir implicaba quizá que se realice una confrontación con uso de la fuerza física” algo que en el grupo no deseaban y decidieron evitar.

Moreno aseguró además que los agresores eran “integrantes de Bandera Negra” quienes “golpeaban la puerta y vidrios con caños de pvc con cemento” por lo que hubo “vidrios rotos y paredes marcadas”.

“Todos nos insultaban y nos amenazaban muy pesado adelante de muchos efectivos policiales. Me gritaron cosas como que me van a abrir la panza, que me van a incendiar el local y que van a venir hasta que me encuentren y me van a matar”, afirmó.

La Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de Santa Fe expresó ayer su solidaridad con el presidente de Amadi. Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, hizo llegar la solidaridad a Moreno, y expresó su preocupación “por la reiteración de este tipo de hechos y la impunidad con la que actúan estos grupos”.

“Este tipo de acontecimientos renuevan la vigencia que tiene el reclamo de las organizaciones miembro de la Falgbt para una urgente aprobación de la nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios. Si bien sabemos que ninguna ley modifica automáticamente las condiciones de la discriminación y la violencia, contar con esta herramienta indispensable mejorará significativamente las posibilidades de evitar este tipo de hechos y actuar efectivamente cuando sucedan”, afirmó el funcionario.