viernes, 19 de diciembre de 2014

La Tablada: pedirán a la Corte que investigue las cuatro desapariciones

La Comisión de Familiares y Compañeros de los Detenidos-Desaparecidos en La Tablada entregarán mañana un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene investigar el destino de cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron desaparecidos. Carlos Samojedny, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Provenzano participaron del copamiento al cuartel de La Tablada en 1989, fueron detenidos con vida y sus cuerpos nunca aparecieron. “Vamos a mostrar el apoyo social y político que tiene el reclamo por esclarecer lo que ocurrió y castigar a los responsables”, explicó Irene Provenzano, hija de uno de los primeros desaparecidos en democracia.


“Reclamamos una investigación completa e imparcial que permita saber el destino de los desaparecidos y responsabilizar y juzgar a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad actuantes involucrados en las torturas, fusilamientos, y posteriores desapariciones. Los cuatro fueron capturados al interior del Regimiento, existiendo como prueba de ello registros fotográficos, fílmicos y testigos que afirman haberlos visto con vida”, escribieron en el segundo párrafo del petitorio, que ya fue publicado en forma de solicitada y que tiene las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el  Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Irene Provenzano anticipó a Infojus Noticias que también harán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe 55/1997, publicado en 1995 había señalado las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cuartel y recomendó al “Estado argentino realizar una investigación independiente, completa e imparcial al respecto”. Sobre esa base, volverán a plantear la situación de los cuatro militantes desaparecidos.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

“Estas aberraciones se produjeron por agentes del Estado, y su impunidad fue garantizada y avalada por el juez que actuó en la instrucción Gerardo Larrambebere y por el accionar de la Cámara Federal de San Martín, integrada en el año 1989 por los jueces Jorge Barral, Hugo Fossati y Marta Herrera”, indicaron en el texto que mañana presentarán ante la Corte Suprema. También está firmado por Osvaldo Bayer, Horacio González, Eduardo "Tato" Pavlosky, Norman Briski, Vicente Zito Lema, Carlos “Perro” Santillán, Emilio Pérsico, Eduardo Anguita,  Torcuato Di Tella, Eduardo Jozami, Ricardo Forster, Jaime Sorín y Atilio Borón, entre otros.


 La Corte tiene por resolver un pedido para que se rechace el sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” sobre el general Alfredo Arrillaga, quien comandó el operativo de recuperación del cuartel y está señalado como el principal responsable de las desapariciones. El 19 de junio pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el cuál rechazó el sobreseimiento que había firmado la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

En la causa están señalados Arrillaga, quien ya tiene una condena por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, y el mayor Jorge Eduardo Varando, señalado por los fusilamientos de Ruiz y Díaz, quien también actuó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando –como empleado de seguridad del banco HSBC- disparó contra los manifestantes con munición de plomo.

Ruiz y Díaz fueron detenidos en la tarde del 23 de enero. Ambos fueron fotografiados por Eduardo Longoni y se ve claramente como desarmados y heridos son conducidos hacia los fondos del regimiento militar. Luego fueron desaparecidos.

Samojedny y Provenzano se rindieron junto a sus compañeros el 24 de enero por la mañana. Fueron llevados encapuchados y con las manos atadas a la espalda hasta una oficina. Allí fueron torturados junto al resto y Samojedny y Provenzano fueron apartados y del grupo y sacados del lugar. También fueron desaparecidos.

“Después de tantos años transcurridos sin respuestas, esperamos el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revoque definitivamente la prescripción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento sobre Arrillaga emitido por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín”, señalaron los familiares y compañeros de los desaparecidos en La Tablada.

El petitorio que presentarán mañana lleva, además, las firmas de los diputados nacionales Horacio Pietragalla, Juan Cabandié, Victoria Donda, Víctor De Gennaro y  Claudio Lozano; y de los legisladores porteños Maria Rachid, Pablo Ferreyra y Alejandro Bodart. También dieron su respaldo el Espacio Carta Abierta, CTA Autónoma, Confluencia Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán y la Organización Social y Política Los Pibes, entre otros.

 

jueves, 4 de diciembre de 2014

Novedades en la causa por el “gendarme carancho”

(3/12/2014) En el día de hoy comenzaron a declarar los testigos de la causa en la que la justicia federal de San Isidro investiga el accionar del “gendarme carancho”.

El insólito episodio fue protagonizado por el Comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales quién se arrojó sobre el automóvil de un joven que participaba de una caravana solidaria con los trabajadores despedidos de la empresa LEAR Corporation.

La causa penal N° 54342/2014 está caratulada “López Torales Juan Alberto, Galeano Roberto Ángel, Berni Sergio Alejandro s/ privación ilegal de la libertad, vejación o apremios ilegales y daños”.

En ella se investiga no solo la responsabilidad de López Torales por haberse tirado sobre el capot del auto inventando un accidente, sino también la responsabilidad de Roberto Galeano, un militar que Berni puso al mando de las fuerzas de seguridad, así como del propio Sergio Berni que reivindicado públicamente el bochornoso operativo.

Hoy prestaron declaración testimonial Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que ese día estuvo presente con una delegación de organismos de derechos humanos, entre ellos Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, Alejandrina Barry hija de desaparecidos y María Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada.

También declararon Guillermo Ermili que presenció los hechos y una de las manifestantes que viajaba en el automóvil sobre el cual se arrojó el comandante López Torales. Ella brindó una precisa descripción de cómo se vieron los hechos desde dentro del propio automóvil que fue víctima de esta provocación y también del accionar de Galeano, primero en conjunto con la Gendarmería y después intentando infiltrarse entre los manifestantes. Lo mismo fue sostenido por Fukman.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del PTS, Myriam Bregman y Carlos Platkwoski.

La causa había comenzado a tramitarse ante la justicia provincial y el Fiscal Molina Pico imputó al conductor del auto. Hoy el expediente pasó a la justicia federal y agrupa las denuncias realizadas por el Fiscal Federal de San Isidro Dr. Fernando Domínguez, el Diputado Nacional Manuel Garrido y los abogados del PTS y el CeProDH ante la Procuraduría de Violencia Institucional / PROCUVIN.

Contacto

Myriam Bregman: 15 4170 2398
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
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