Corrientes : Comienza el juicio por la represión a trabajadores de Las Marías

Tras serios obstáculos para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, se iniciará el debate oral el próximo 2 de julio en la Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro.  Por Familiares y víctimas de la Represión en Gobernador Virasoro.

Contactos: Jorge Pérez: 0 375 652-0751/ Noemi Acuña: 011 3032-5456/ Hilda Presman: 3794 390002.

El domingo 1ro de Julio, previo al inicio se movilizarán familiares, victimas y referentes de organizaciones sociales y políticas, quienes concentraran frente al Hospital “Sussini” de Gdor Virasoro para marchar en demanda de MEMORIA- VERDAD Y JUSTICIA a la céntrica plaza Libertad a partir de las 17 hs.

Para familiares y víctimas, es de gran trascendencia haber logrado que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni se constituya en la Localidad de Virasoro para tomar los testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares, produciendo así el primer acto de justicia reparatoria allí en el pueblo donde fueron avasallados sus derechos, despreciados por su humilde condición de trabajadores y ninguneados por los poderosos.-

Un poco de historia

En la década de 1970, los trabajadores rurales e industriales de la empresa Las Marías, de la familia Navajas Artaza, principal empresa de la región que integra todo el circuito productivo de la yerba mate, lograron organizarse gremialmente, encuadrándose respectivamente en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo.

En 1974 realizaron una huelga de 48 horas, que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores. La dictadura cívico-militar instalada en marzo de 1976 cortó el proceso de movilización obrera, mediante la represión de toda actividad de carácter político y gremial.

En ese marco, más de una decena de trabajadores de Las Marías, todos ellos con participación en los sindicatos, fueron secuestrados entre abril de 1976 y julio de 1977. Dos de ellos, Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos.

En estos hechos, que constituyen delitos de lesa humanidad, existen evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.

Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los procedimientos de secuestro, se evidencian en este caso situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores.

La presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente es un fuerte indicio en este sentido. La pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato central, especialmente si se tienen en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Se evidencia, además, un claro conocimiento de los hechos criminales, así como una serie de elementos complementarios que muestran con claridad que la empresa habilitó y facilitó recursos para la comisión de los delitos detallados más arriba.

A la espera de que se juzgaran estos delitos, fallecieron algunos de los trabajadores que sufrieron la privación ilegal de su libertad (como los secretarios generales de STIA y FATRE, respectivamente, Marcelo Acuña y Ramón Aguirre, y el trabajador rural Jacinto Bernal); y varios testigos clave (como el maestro y director de escuela Miguel Ángel Argüello y el militante sindical Alfonso Comparín).

En consecuencia, no solamente muchas de las víctimas no serán tenidas en cuenta en el debate, sino que además los principales responsables de los secuestros y desapariciones quedarán impunes. Respecto de los responsables militares, los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer fallecieron durante el proceso, mientras que el coronel Llamil Reston y el capitán Juan Carlos Sacco fueron apartados por razones de salud. En relación a la responsabilidad que le cabe a Las Marías, a pesar de la evidencia presentada en reiteradas instancias, Adolfo Navajas Artaza, que había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal en carácter de imputado por la desaparición del trabajador Neris Victoriano Pérez, fue sobreseído sin habérsele tomado declaración indagatoria, tras la excusación de una veintena de jueces.

Familiares y víctimas de la Represión en Gobernador Virasoro

Los partícipes necesarios del terror

Procesan y detienen a tres ex oficiales que participaron de la logística del centro clandestino Sheraton

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por el juez Rafecas. Integraron la organización responsable de tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas.

Por Ailín Bullentini

Sheraton funcionó entre 1976 y 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable. 

Un ex oficial del área de Personal, otro de Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1 durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos” para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y ordenó su captura bajo prisión preventiva.

Ricardo Pascual fue oficial de Personal del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978 y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los mismos”, planteó el juez.

Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte, fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1 entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas, transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad, asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.

La investigación judicial comprobó “la íntima relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley, conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.

En ese sentido, los procesamientos “completan un poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa: “En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos para que todo aquello suceda”, analizó.  

Justicia tardía

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton –el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar. 

Esos casos, justamente, fueron los primeros en ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy, quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad; el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume. 

“Llaman la atención todos los hechos relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de tormentos y al menos tres homicidios. 

La abogada de la familia Carri destacó: “A más de una década de la reapertura del proceso de justicia sobre los hechos de la dictadura, hay investigaciones que recién están llegando a la etapa del debate oral y público. Estamos hablando no solo de hechos a analizar sino de víctimas y familiares de víctimas que décadas y décadas después de batallar recién  ahora empiezan a obtener un poco de justicia”.