jueves, 21 de mayo de 2015

Nuevo testimonio contra el general César Milani

Este martes 19 de mayo se presentó a prestar declaración testimonial el sobreviviente Oscar Schaller. 

Se refirió a su detención ilegal y torturas sufridas en 1976 en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja durante los primeros meses de la dictadura genocida, ratificando las denuncias sobre el rol cumplido en esos años por el actual general César Milani

Schaller brindó su valioso testimonio ante la Unidad Fiscal de San Martín acompañado por los Dres. Carlos Platkowski y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que preside la abogada Myriam Bregman.

La declaración tuvo lugar por requerimiento del Dr. Horacio Salman, fiscal federal de Primera Instancia ante el Juzgado Federal de La Rioja, y durante la misma Schaller ratificó lo testimoniado en 2014 ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Este nuevo testimonio cobra gran valor en el marco de las reiteradas denuncias que pesan sobre el jefe del Ejército Argentino, César Milani, designado por Cristina Fernández de Kirchner y sostenido en su cargo pese a la creciente cantidad de denuncias de ex detenidos desaparecidos sobre su participación en la dictadura.

El testimonio de Schaller se suma a las denuncias de Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido Alberto Ledo; de Alfredo Olivera, también detenido por el grupo de tareas de Milani en La Rioja, y de Plutarco Schaller.

En su declaración, Schaller repasó las vivencias de su familia en la capital riojana a partir de 1976. Se explayó sobre la detención e incomunicación de su madre -ya fallecida- Angélica del Rosario Soria, en su propio domicilio, luego de un primer encierro en dependencias de las fuerzas represivas. Ya conocidas por su testimonio en juicios anteriores son las condiciones de detención del padre de Oscar, Plutarco, periodista del diario El Independiente, quien permaneció detenido durante ocho años, recuperando la libertad recién en 1984.

Schaller ratificó el rol cumplido por el actual general Milani en el noroeste argentino.


Contactos:
Myriam Bregman: (011) 15 4170 2398
Matías Aufieri: (011) 15 4928 4681
Carlos Platkowski: (011) 15 5059 0144

sábado, 9 de mayo de 2015

Acompañamos a los trabajadores del Hospital Evita de Lanús. Repudiamos el represor Roberto Cabrera



Desde el espacio Justicia Ya La Plata acompañamos a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Interzonal General de Agudos “Evita” de Lanús, quienes han decidido rechazar la atención a un genocida de la última dictadura. Se trata de Roberto Cabrera, que ingresó en la noche de ayer a la Unidad Coronaria del nosocomio con un cuadro leve y a la espera de la colocación de un marcapasos.

El represor Roberto Antonio Cabrera ingresó a la Policía bonaerense en 1951, y se desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús desde el 24/3/76 hasta el 29/5/78. Participó activamente de las patotas de Investigaciones que comandaba el genocida Miguel Etchecolatz y que asolaron la zona sur del conurbano desde los 29 Centros Clandestinos de Detención del llamado “Circuito Camps”.


Cabrera fue condenado a 18 años de prisión por el TOF 1 de La Plata en diciembre de 2012 por 19 casos de secuestros y torturas cometidos en el CCD denominado “Puesto Vasco”, que funcionó en dictadura en la Sub-comisaría de Don Bosco, en Quilmes. Fue reconocido por los sobrevivientes Liberman, Papaleo, Miralles y Alvite entre otros, quienes coincidieron en que Cabrera quedaba a cargo del lugar cuando no estaba el represor llamado “Rojas”.


Apoyamos el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud que no quieren ser cómplices de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país por la peor de las dictaduras que sufrió nuestro pueblo. Rechazamos las presiones a las que los compañeros están siendo sometidos de parte de la dirección del hospital para que atiendan a semejante asesino.


La responsabilidad del Estado sobre la custodia y atención médica de los genocidas de la última dictadura no puede ser delegada en la responsabilidad individual de los trabajadores. Mucho menos cuando el Estado tiene a su disposición todas las herramientas técnicas para otorgar la atención médica que estos asesinos reclaman, pero hacerlo en las dependencias del hospital de penal de Ezeiza.


Asimismo llamamos a las organizaciones sindicales ATE y CICOP a acompañar la decisión de los trabajadores del Evita de Lanús y a sostener esta medida, que excede las “razones humanitarias” y compromete el derecho a no realizar una tarea con la que fundadamente no se está de acuerdo.

 

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES


Justicia Ya La Plata
8 de Mayo de 2015

Detuvieron en Vicente López a un coronel retirado del Ejército por delitos de lesa humanidad

Se trata de Carlos Alfredo López Patterson, quien tenía un pedido de captura de la Justicia Federal de San Juan. La detención del represor tuvo lugar en la localidad de Florida y ahora quedó a disposición del juez Leopoldo Rago Gallo en San Isidro.

El coronel (re) del Ejército, Carlos Alfredo López Patterson, fue detenido hoy en el partido bonaerense de Vicente López, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que se sustancia en San Juan.

Según informó un comunicado del Ministerio de Seguridad, “personal de la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior procedió a la detención de Carlos Alfredo López Patterson, DNI 7.699.953, argentino, nacido el 6 de abril de 1949?.

La detención del represor se llevó a cabo en Avellaneda 260, Florida, en la vía pública, y fue trasladado a la Delegación San Isidro.

La orden fue librada por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo”, en el marco de la causa ‘FMZ 54004077/1975 – Olmos Cruz Alejandro y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”.

lunes, 4 de mayo de 2015

La causa por delitos de lesa humanidad relacionados con la empresa Loma Negra

Los cómplices civiles en la cementera

La fiscalía requirió allanamientos, indagatorias y la prohibición de salir del país para 18 personas, entre ellas el represor Ignacio Aníbal Verdura. El expediente sumó la investigación por el secuestro de seis trabajadores de la empresa de Fortabat.

 Por Alejandra Dandan

El fiscal de Azul Walter Romero pidió indagatorias, allanamientos y prohibición de salida del país para 18 personas en una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad vinculados a Loma Negra, la emblemática cementera de Amalia Lacroze de Fortabat. Entre ellos hay integrantes de las Fuerzas Armadas y personal civil de inteligencia. Uno de los nombres más simbólicos es el del entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe de la guarnición militar de Olavarría. El represor fue condenado por la causa Monte Peloni, pero nunca fue llamado a indagatoria por este caso y fue citado como “testigo” durante lo que puede pensarse como la primera etapa de este proceso: el juicio oral por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno, al final del cual el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata pidió investigar a la comisión directiva de Loma Negra porque entendió que había elementos que suponían la participación de la empresa en su secuestro y asesinato. El expediente incorporó un nuevo tramo a la investigación, por el secuestro de seis trabajadores de la cementera denunciados en julio de 1976 por los directivos Ernesto Cladera y Jacinto Takieldin, ambos ya fallecidos y alcanzados por el punto final biológico, como sucedió con otros responsables de la empresa, incluida la señora de Fortabat.

La semana pasada se cumplieron 38 años de la desaparición de Carlos Moreno. Su hijo Matías, su hermano Martín y su viuda Susana Mabel Lofeudo se presentaron como querellantes en el juzgado federal de Martín Baba, en Azul, que tiene a cargo la instrucción de la causa. Se sumó la querella de las secretarías de derechos humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. El dato es significativo: este tramo de la causa por la complicidad civil hasta ahora no tenía querellantes. “Esta presentación es importante para nosotros porque permite profundizar las investigaciones sobre las responsabilidades civiles durante la última dictadura que ponen en evidencia los intereses de los grupos económicos hegemónicos, como Loma Negra, o Ledesma entre otras”, dijo Matías. “Estas empresas se beneficiaron claramente con el modelo económico de la última dictadura y contribuyeron al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a través del secuestro y las desapariciones de trabajadores y abogados laboralistas, como condición necesaria para la implementación de ese modelo.”

El fiscal Romero sostuvo en su presentación que “a partir de valiosos testimonios aportados por personal de la empresa que prestaba servicio en la época de los sucesos que aquí se ventilan, se logró confirmar la hipótesis inicial en relación a la participación de la empresa en los hechos que damnificaron a Moreno. A su vez, se obtuvieron elementos de prueba suficientes que permitieron ampliar el objeto procesal inicial de estas actuaciones, incluyéndose así las detenciones ilegales sufridas por Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Alvarez y José Ricciardi, todos ellos empleados de la fábrica Loma Negra”.

Estas presentaciones tienen dos antecedentes importantes. El pedido del TOF de Mar del Plata que condenó a los responsables materiales del asesinato de Moreno y ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de Loma Negra. Hoy parece extraño, pero en septiembre de 2013 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó las condenas, pero además confirmó el impulso para esa investigación ad hoc sobre el directorio y la complicidad.

El otro dato de esta causa es la prueba documental. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración, a cargo de Judith König, estudió los libros contables de la empresa. La Ofinec analizó rentabilidad y costo laboral y concluyó que “la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar y redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 1977 del abogado”. En el rubro contable, la Ofinec encontró que la empresa ponía los importes que iba a erogar en materia de indemnizaciones. “No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos”, explicó König. “Vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho (el asesinato de Moreno) sucedió en el ‘77, y para el año siguiente el importe bajaba. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.” Y ante la pregunta de si esa enorme caída tuvo que ver con el asesinato de Moreno, explicó que “está más marcado con la extinción del factor litigante”.